Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05551-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05551-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-05551-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05551-00
Demandante: Richard Nicolas Martínez Olivera
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Tutela providencia judicial. Nulidad electoral. Doble militancia.
Intervención de tercero. Sanción de desacato.
Decisión: Improcedente por falta de relevancia constitucional
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Richard
Nicolas Martínez Olivera contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 16 de julio de 2026, Richard Nicolas Martínez Olivera, actuando en nombre
propio y en su condición de representante legal y director de la fundación – Misión
Archipiélago de San Andrés – M.A.S.A, presentó acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia1,
con ocasión del Auto del 10 de julio de 2026 proferido en el proceso de nulidad
electoral No. 88001-23-33-000-2023-00059-00/01/022 (expediente principal), al que
fue acumulado el proceso No. 88001-23-33-000-2023-00067-00.
2. A título de amparo constitucional, solicitó: (i) decretar la nulidad del Auto del
10 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado; (ii) dejar
sin efectos las multas y requerimientos incidentales como consecuencia de dicha
nulidad; y (iii) disponer la entrega formal del expediente original del proceso al grupo
competente de la Fiscalía General de la Nación para el análisis de las presuntas
irregularidades denunciadas.
3. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela y anexos, se observa que
Evis Eulalia Livisgston Howard y Gilbert Kenin Bush Browm presentaron demandas
separadas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto de
elección de Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde del municipio de Providencia
y Santa Catalina para el periodo 2024-2027, según acta de escrutinio general
1 Mencionó también el reconocimiento de la identidad, autonomía, diversidad étnica y cultural de la comunidad
raizal ancestral y el principio de la legitimidad institucional frente al agotamiento de recursos internos.
2 El auto fue notificado por estado el 14 de julio de 2026.
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 5 de febrero de 2026.
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Demandante: Richard Nicolas Martínez Olivera
contenida en el formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2023. La anterior demanda
se identificó bajo el radicado 88001-23-33-000-2023-00059-00/01/02 (principal) al
que fue acumulado el proceso No. 88001-23-33-000-2023-00067-00.
4. En la demanda se alegó que el accionante incurrió en la causal de doble
militancia en la modalidad de apoyo, debido a que se inscribió como candidato a la
Alcaldía de Providencia y Santa Catalina por la «Coalición Providencia y Santa
Catalina Islas Justas para la Vida»3, y recibió apoyos de Lery Henry Aniseto Taylor,
candidato a la asamblea departamental por el partido Centro Democrático. Además
impulsó la postulación de candidatos al concejo municipal por el partido Centro
Democrático, Nuevo liberalismo y Cambio Radical, y apoyó la postulación de un
candidato que se inscribió por el grupo significativo de ciudadanos «Reverdecer de
las Islas REDI». Resaltó que apoyó la aspiración de un candidato a la asamblea por
la coalición «Nuevo Liberalismo – Conservador – Colombia Justa Libres».
5. A juicio de los demandantes, Alex Alberto Ramírez Nuza incurrió en doble
militancia en la modalidad de apoyo, al respaldar candidaturas para conformar
Concejo de Providencia y Santa Catalina Islas y la Asamblea del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, distintas de las que
inscribió el Partido Liberal Colombiano para esas corporaciones. En el proceso,
intervino como tercero interesado la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés
por conducto de su representante legal, Richard Nicolas Martínez Olivera.
6. Mediante Auto del 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado ordenó la apertura de un incidente sancionatorio contra Richard Nicolas
Martínez Olivera, al considerar que había presentado una solicitud temeraria con
fines dilatorios. Lo anterior, debido a que insistió en recusar a los magistrados de
dicha Sección, pese a que en varias oportunidades se le había indicado que tal
actuación era improcedente, por cuanto su condición de tercero interviniente no le
otorgaba legitimación para promoverla. Posteriormente, mediante Auto del 23 de
enero de 2026, la Sección concluyó que el señor Martínez Olivera incurrió en
conductas dilatorias del proceso y le impuso la sanción correspondiente. Esta
decisión fue confirmada mediante Auto del 5 de febrero de 2026.
7. Mediante Auto del 26 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado ordenó la apertura de un segundo incidente sancionatorio en contra de
Richard Nicolas Martínez Olivera, por conductas dilatorias al radicar dos (2) escritos
de recusación4, 3 solicitudes de suspensión5 y un incidente de nulidad6, a pesar de
que se le había advertido que le estaba vetado elevar este tipo de solicitudes de
manera autónoma dentro del proceso.
3 Conformada por los partidos liberal, conservador Colombia, y Centro Democrático. El Partido Liberal
Colombiano inscribió sus propias listas para el Concejo Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas, así
como la Asamblea del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4 Frente a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado
5 Solicitaba la suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta tanto la justicia penal se pronunciara sobre un
«entramado criminal de pruebas falsas que sustentan este proceso»
6 Debido a que en una anotación del 19 de marzo en SAMAI se registró como «AL DESPACHO PARA
SENTENCIA», sin tener en cuenta que no se había resuelto una recusación contra los magistrados de la sala
electoral.
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8. Mediante Sentencia del 21 de abril de 2026 el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina anuló el acto contenido en el formulario
E.26 ALC de 30 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró la elección de
Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde del municipio de Providencia y Santa
Catalina Islas, para el periodo 2024-2027, debido a que consideró que el elegido
incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. Contra la
providencia el demandado7, el ciudadano Huffington Robinson Hon Lenny8, la
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales9, la fundación Misión Archipiélago
de San Andrés10 presentaron recurso de apelación
9. Mediante Auto del 30 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, declaró que el señor Martínez Olivera incurrió en la conducta descrita en el
artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, por la presentación de varios escritos
temerarios con fines dilatorias, los días 5, 12 y 19 de marzo de 2026.
10. Mediante Sentencia del 21 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. La decisión se sustentó en que no se acreditó que el
demandado hubiere incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo, pues
las pruebas allegadas al expediente no permitían demostrar de manera clara y
concluyente la configuración de la causal invocada.
11. El 27 de mayo de 2026, el señor Martínez Olivera presentó ante la Sección
Quinta del Consejo de Estado un memorial en el cual manifestó que no pagaría las
sanciones económicas impuestas en su contra. Sostuvo que la sentencia de
segunda instancia evidenciaba que no había actuado con temeridad y que el fiscal
delegado ante la Corte Suprema de Justicia había ordenado la ruptura de la unidad
procesal para que la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Representantes
investigaran las presuntas irregularidades ocurridas dentro del proceso.
12. El 10 de junio de 2026, el accionante formuló recusación contra todos los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al considerar que se
configuraban las causales 1 y 7 del artículo 141 del CGP, debido a circunstancias
relacionadas con el conocimiento previo de diversos asuntos judiciales por parte de
dichos funcionarios.
7 indicó que no era posible tener por acreditada la incursión en doble militancia, resaltando que, ante la falta de
archivos originales, no era posible garantizar su originalidad, autenticidad, correspondencia con el archivo fuente
e integridad. Agregó que la duda derivada de las pruebas debía resolverse en favor del elegido. Concluyendo
que el Tribunal desconoció la prueba pericial aportada por la defensa.
8 Indicó que no se cumplió con el estándar probatorio para acreditar la doble militancia.
9 Manifestó que los dictámenes periciales aportados por la defensa evidenciaron que la prueba audiovisual
carecía de elementos técnicos mínimos para garantizar su validez. Agregó que la valoración ignoró los
parámetros sobre los mensajes de datos de que trata la Ley 527 de 1999. Concluyó que los elementos de juicio
que aportó la parte actora no satisfacen el estándar probatorio que exige el Consejo de Estado.
10 Alegó el desconocimiento de la prueba pericial presentada por el demandado. Argumentó que la mayoría del
pueblo raizal apoyó al demandado por lo que el Tribunal debió darle un enfoque étnico al asunto. Concluyó que
en el expediente no existen pruebas que conduzcan a doble militancia.
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13. Mediante Auto del 19 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado dispuso abstenerse de tramitar y resolver los cuestionamientos formulados
por el accionante respecto de las sanciones impuestas en el proceso. Asimismo,
ordenó estarse a lo dispuesto en el Auto del 30 de abril de 2026, mediante el cual
se había dispuesto abstenerse, en lo sucesivo, de tramitar y decidir cualquier
intervención de Richard Nicolas Martínez Olivera, en su condición de tercero
interviniente, que no estuviera encaminada a respaldar la posición procesal del
demandado en el asunto, por exceder las facultades propias de dicha calidad
procesal.
14. Lo anterior, debido a que las sanciones impuestas en las providencias del
23 de enero y 30 de abril de 2026 cobraron firmeza, y por ende, constituyen títulos
ejecutivos a favor del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, la
Sección Quinta consideró que carecía de competencia para pronunciarse
nuevamente sobre dichas solicitudes, pues cualquier controversia relacionada con
el cumplimiento de tales decisiones debía plantearse dentro del correspondiente
trámite de cobro coactivo. En cuanto a la recusación formulada, sostuvo que esta
era extemporánea, toda vez que fue presentada después de haberse proferido la
sentencia de segunda instancia de 21 de mayo de 2026, mediante la cual se resolvió
de fondo la controversia.
15. Inconforme con la anterior decisión, el accionante presentó recurso de
reposición. En su escrito sostuvo que el incidente sancionatorio cuya apertura fue
dispuesta el 26 de marzo de 2026 había quedado superado por la sentencia
definitiva de 21 de mayo de 2026 y que no le impuso sanción alguna. Asimismo,
alegó la vulneración de su derecho al debido proceso por la presunta omisión en la
valoración de la prueba pericial; adujo el desconocimiento de la condición étnica y
cultural del pueblo raizal; afirmó que se configuraban vías de hecho; y sostuvo que
la existencia de una acción de tutela en curso impedía la ejecución de las sanciones.
Finalmente, insistió en que las decisiones adoptadas restringían indebidamente su
intervención en el proceso y reiteró la existencia de circunstancias que, en su
criterio, daban lugar a impedimentos dentro de la actuación.
16. Mediante Auto del 10 de julio de 2026, la Sección Quinta dispuso no reponer
el Auto del 19 de junio de 2026. Para sustentar su decisión, señaló que las
sanciones impuestas dentro del trámite incidental sancionatorio correspondían a
una actuación autónoma e independiente del proceso principal, razón por la cual su
validez y eficacia no dependían de la decisión adoptada en este último. Asimismo,
precisó que la sentencia de segunda instancia tenía por objeto resolver el fondo de
la controversia electoral y no pronunciarse sobre actuaciones incidentales
sancionatorias. Finalmente, sostuvo que la ausencia de referencia a dichas
sanciones en la sentencia no implicaba su revocatoria ni afectaba la firmeza de las
decisiones que las impusieron.
17. Particularmente frente al reparo relacionado con la omisión en la valoración
de un dictamen pericial, el desconocimiento de la condición raizal y la presunta
configuración de vías de hecho, se indicó que tales repararos controvertían la
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valoración probatoria dentro del proceso principal y versaban sobre aspectos ajenos
al objeto del recurso de reposición. Por esta razón, se concluyó que no resultaba
procedente emitir pronunciamiento sobre dichas materias.
18. Asimismo, indicó que en el auto cuestionado no se efectuó pronunciamiento
alguno orientado a limitar las facultades procesales del accionante, ni se ordenó la
apertura de incidente alguno con posterioridad al 21 de mayo de 2026. En
consecuencia, consideró que los cuestionamientos formulados no guardaban
relación con el contenido material de la providencia recurrida.
19. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que el Auto del 10 de julio
de 2026 desconoció que la Fiscalía 6 delegada ante la Corte Suprema de justicia
adelantaba una investigación penal relacionada con las actuaciones de magistrados
del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés dentro de este asunto. En
su criterio, al ordenar la devolución del expediente al Tribunal, se comprometía la
integridad de elementos relevantes para dicha investigación, al punto de equivaler
a la entrega del «cuerpo del delito y el elemento material probatorio» a los
denunciados.
20. Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico, al omitir la existencia
de la orden emitida por una autoridad de la Fiscalía relacionada con el expediente
judicial, el cual consideró un elemento probatorio relevante dentro de la
investigación penal. Sostuvo además que la devolución del expediente
obstaculizaba las labores investigativas adelantadas por esa entidad. De igual
forma, indicó que incurrió en un defecto procedimental derivado de la ausencia de
un enfoque étnico adecuado, al considerar que las solicitudes formuladas por la
fundación fueron calificadas erróneamente como actuaciones dilatorias,
desconociendo los derechos de participación y defensa de la comunidad raizal.
Finalmente, manifestó que el auto omitió valorar un peritaje técnico que, según su
dicho, evidenciaba la manipulación de las videograbaciones del proceso y la
exclusión del idioma nativo creole.
Intervenciones11
21. El Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina envío el link de acceso a la copia digital del proceso No. 88001-23-
33-000-2023-00059-00 y No. 88001-23-33-000-2023-00067-00 acumulados.
22. Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que el asunto carecía de
relevancia constitucional, pues la tutela pretendía reabrir el debate surtido dentro de
11 Mediante Auto de 21 de julio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado y vinculó a Gilberth Kenin Bush Brown, Evis Eulalia Livingston Howard, Alex
Alberto Ramírez Nuza y la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se negó la
medida provisional solicitada.
Inconforme con la decisión el accionante presentó recurso de reposición argumentando que la medida
provisional era necesaria, debido a que al ordenar el regreso del expediente al Tribunal existía peligro de
alteración probatoria. Solicitó que se le ordenara al Tribunal la suspensión inmediata de cualquier actuación
física o digital en el proceso con Rad. No 88001-23-33-000-2023-00059-02 y ordenara enviar una copia
magnética e indexada idéntica de todo el expediente a la Fiscalía 6 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
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los incidentes sancionatorios que culminaron con la imposición de sanciones al
accionante, sin satisfacer además la carga mínima de argumentación exigida para
cuestionar una providencia judicial. Agregó que dichas sanciones no guardaban
relación con las denuncias que el actor afirmó haber presentado contra algunos
magistrados, sino que obedecían a una conducta reiterada de dilación procesal.
23. Indicó que los cuestionamientos formulados por el accionante recaían sobre
asuntos que no fueron objeto de pronunciamiento en el auto controvertido y que, en
realidad, buscaban reabrir el debate relativo a sanciones que ya habían adquirido
firmeza, bajo el argumento de que constituían una represalia por las denuncias
presentadas contra la Sala Electoral y por el presunto desconocimiento de los
derechos de la comunidad raizal.
24. Sostuvo que las sanciones se sustentaron en la insistencia del accionante
en promover actuaciones que excedían las facultades inherentes a su condición
procesal. Asimismo, resaltó que la pertenencia a la comunidad raizal no exime del
cumplimiento de las cargas procesales previstas en el ordenamiento jurídico, razón
por la cual la conducta que consideró dilatoria no podía justificarse en la
representación de dicha comunidad.
25. Señaló que en el auto no se debía valorar pruebas relacionadas con la
existencia de una investigación penal contra los magistrados del Tribunal, pues el
análisis se concentró exclusivamente en los cuestionamientos extemporáneos
formulados frente a sanciones previamente impuestas. Añadió que los reparos
relativos a la presunta omisión en la valoración de la prueba pericial no resultaban
procedentes, toda vez que tales materias no fueron objeto de estudio en el Auto de
10 de julio de 2026.
26. Finalmente indicó que el accionante había promovido 2 acciones de tutela
relacionadas con los mismos hechos objeto del presente trámite: (i) Rad. No. 11001-
03-15-000-2026-02348-0022, donde cuestionaba tanto las decisiones que
rechazaron sus recusaciones como las sanciones impuestas en su contra, las
cuales atribuyó a una supuesta animadversión de la autoridad judicial; (ii) Rad. No
11001-03-15-000-2026-05570-00, controvertía igualmente el auto cuestionado, al
sostener que existía una represalia judicial materializada mediante incidentes
sancionatorios; que se ordenó devolver el expediente al tribunal de origen pese a
las investigaciones penales que, según afirmó, cursaban contra magistrados de esa
corporación; y que la sentencia de segunda instancia guardó silencio respecto de
las sanciones impuestas. Por ello, solicitó remitir el expediente a la Fiscalía General
de la Nación para establecer la posible comisión de delitos contra la administración
de justicia. Según la autoridad accionada, estas actuaciones evidencian que el actor
ha promovido de manera reiterada los mismos cuestionamientos por distintas vías
procesales.
27. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera con posterioridad a la notificación
del auto admisorio presentó escrito mediante el cual interpuso recurso de reposición
y/o solicitud de reconsideración frente a la decisión que negó la medida provisional,
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con fundamento en un supuesto hecho sobreviniente derivado de la devolución del
expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
y solicitó nuevamente la adopción de medidas cautelares orientadas a impedir
cualquier actuación sobre dicho proceso.
28. Gilberth Kenin Bush Brown, Evis Eulalia Livingston Howard, Alex Alberto
Ramírez Nuza y la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia no se
pronunciaron.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa: sobre la alegada temeridad
30. En el informe rendido dentro del presente trámite, la Sección Quinta del
Consejo de Estado puso de presente que el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
ha promovido otras acciones de tutela relacionadas con actuaciones y decisiones
adoptadas en el marco del proceso electoral adelantado respecto de la elección del
alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina. Con fundamento en ello,
solicitó valorar la posible configuración de una actuación temeraria.
31. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
temeridad se configura cuando una misma persona promueve de manera
simultánea o sucesiva varias acciones de tutela que presentan identidad de partes,
hechos, pretensiones y causa petendi, sin que exista una justificación objetiva que
explique la nueva solicitud de amparo. La verificación de tales presupuestos exige
un análisis material de las demandas involucradas, a fin de establecer si el
accionante pretende someter una misma controversia constitucional al
conocimiento de distintos jueces o reabrir un debate ya planteado mediante otra
acción de tutela.
32. En el presente asunto, la autoridad judicial accionada informó la existencia
de otros procesos constitucionales promovidos por el actor, entre ellos los radicados
11001-03-15-000-2026-02348-00 y 11001-03-15-000-2026-05570-00. Sin
embargo, la información allegada al expediente resulta insuficiente para establecer
con certeza la concurrencia de los elementos exigidos para declarar la temeridad,
en particular la identidad de hechos, pretensiones y causa petendi respecto de las
acciones constitucionales referidas.
33. De esta manera, aunque de los documentos aportados puede advertirse
que dichas actuaciones guardan relación con el mismo contexto procesal y con
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decisiones adoptadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
proceso electoral de Providencia y Santa Catalina, no obra en el expediente
información suficiente que permita concluir que las controversias constitucionales
planteadas sean idénticas a la que se somete a consideración de la Sala en esta
oportunidad. De manera especial, respecto del proceso radicado 11001-03-15-000-
2026-05570-00 únicamente se cuenta con referencias parciales sobre su existencia
y trámite, sin que sea posible reconstruir integralmente los hechos, pretensiones y
cargos allí formulados.
34. Ahora bien, en relación con el proceso de tutela radicado 11001-03-15-000-
2026-02348-00, la Sala verificó directamente en el sistema de consulta judicial
SAMAI que dicho trámite culminó con sentencia12, cuyo contenido permite concluir
que la controversia allí planteada no coincide con la que se examina en esta
oportunidad. Ello a pesar de que ambas acciones guardan relación con actuaciones
surtidas en el marco del proceso electoral adelantado respecto de la elección del
alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina y con decisiones adoptadas
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la tutela identificada con el radicado
2026-02348-00 versó sobre actuaciones y cuestionamientos distintos a los
formulados en el presente asunto, razón por la cual no se configura la identidad de
hechos, pretensiones y causa petendi exigida para declarar la temeridad.
35. En consecuencia, la Sala no encuentra acreditados los presupuestos
necesarios para declarar la configuración de una actuación temeraria. Lo anterior,
sin perjuicio de advertir que el accionante ha promovido diversas actuaciones
constitucionales relacionadas con un mismo escenario litigioso.
Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar, previa verificación de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la parte
actora, al proferir el Auto de 10 de julio de 2026, mediante el cual resolvió no reponer
la decisión que se abstuvo de tramitar las solicitudes de levantamiento de las
sanciones impuestas al accionante y dispuso la devolución del expediente al tribunal
de origen.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del
requisito de relevancia constitucional, como se expone a continuación:
38. De acuerdo con la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra
su razón de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como
en la necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la
12 Sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
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autonomía e independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra
providencia judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y
garantías fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario13.
39. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), señaló que este
requisito exige la concurrencia de varios elementos: (1) una carga argumentativa
por parte de el accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la
controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el
asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una
instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
40. En consecuencia, quien solicita el amparo debe explicar con claridad,
detalle y coherencia los hechos que dieron origen a la supuesta vulneración,
identificar los derechos fundamentales presuntamente afectados y sustentar sus
afirmaciones con rigor jurídico y probatorio. Solo así puede considerarse acreditada
la existencia del defecto alegado y su impacto en los derechos invocados14.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Sobre este requisito, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2025. «67. La Corte
Constitucional ha reiterado que la tutela contra providencias judiciales procede únicamente de forma
excepcional, en atención al respeto por la autonomía judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica. No
obstante, esta acción puede ser admitida siempre que se satisfagan estrictamente los requisitos generales y
específicos de procedencia, y se acredite una afectación directa a derechos fundamentales. Este estándar es
aún más riguroso cuando se impugnan decisiones proferidas por altas cortes, debido a su carácter de órganos
de cierre dentro del sistema judicial. En tales casos, la intervención del juez constitucional solo se justifica si la
providencia cuestionada es manifiestamente incompatible con el contenido y los límites de los derechos
fundamentales, o si genera una anomalía de tal magnitud dentro del orden jurídico que haga imperiosa su
corrección. Esta exigencia no pretende imponer requisitos formales contrarios a la naturaleza de la acción de
tutela ni desconocer su carácter informal, sino que responde a la necesidad de que el actor fundamente con
claridad la afectación alegada y sustente adecuadamente la presunta infracción constitucional.
68. En este contexto, la Corte también ha reconocido que, en casos excepcionales en los que la tutela es
invocada por un sujeto de especial protección constitucional, es posible flexibilizar el estándar de
argumentación. No obstante, esta flexibilización no implica la eliminación de los requisitos procesales mínimos
exigidos, sino que impone al juez constitucional la obligación de considerar con particular atención las
condiciones de vulnerabilidad de los solicitantes. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que, conforme al principio de que "el juez conoce el derecho", es responsabilidad del juez de tutela interpretar
y adaptar los hechos a las instituciones jurídicas pertinentes según las circunstancias del caso.
[…]
70. No obstante, la flexibilización en el marco de estas acciones constitucionales no significa que la tutela sea
un mecanismo de carácter ilimitado ni que se desdibujen los requisitos mínimos de procedencia. Si, tras aplicar
este principio, se identifica una causal que aparentemente justifica la tutela, es fundamental en todo caso que
en las acciones de tutela contra providencias de altas cortes se acredite de manera preliminar la actuación
arbitraria o manifiestamente contraria de la autoridad judicial demandada. En otras palabras, no basta con
señalar que ha habido una vulneración; es necesario demostrar que la actuación de la autoridad judicial fue
evidentemente incompatible con los derechos fundamentales del accionante. Si no se acredita esta actuación
arbitraria o contraria a los derechos fundamentales de forma preliminar, entonces no se puede considerar
satisfecho el requisito general de procedencia de la tutela, que exige una identificación clara y razonada de los
hechos que vulneran los derechos humanos.
71. Esta exigencia previa no es una formalidad innecesaria, sino una garantía de que se acredite la necesidad
de intervención del juez de tutela y el respeto por las competencias del juez natural. Así, si la actuación judicial
no refleja una transgresión evidente de los derechos fundamentales, la acción de tutela debe ser declarada
improcedente, pues no se ha cumplido con los requisitos para que proceda el amparo constitucional. De esta
forma, se busca equilibrar el derecho de acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos fundamentales,
respetando al mismo tiempo la independencia judicial y evitando el abuso de la acción de tutela en casos donde
no exista una vulneración clara y directa. Esto asegura que la tutela se convierta en un mecanismo eficaz para
corregir injusticias manifiestas, sin desbordar su función constitucional.»
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41. Adicionalmente, la Sala recuerda que cuando la acción de tutela se dirige
contra providencias de una alta corte, la carga argumentativa del accionante se
torna especialmente exigente. Ello obedece a que el juez constitucional no puede
convertirse en una instancia adicional de las decisiones adoptadas por los órganos
de cierre de las jurisdicciones ni sustituir los criterios jurídicos empleados por éstos
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. En consecuencia,
corresponde al actor demostrar con un grado reforzado de claridad, precisión y
suficiencia por qué la providencia cuestionada constituye una actuación
ostensiblemente arbitraria o lesiva de derechos fundamentales, pues la sola
inconformidad con la decisión adoptada o la reiteración de argumentos ya
examinados por el juez natural no satisfacen las exigencias propias de la relevancia
constitucional.
42. En el caso bajo estudio, la Sala advierte que el señor Richard Nicolás
Martínez Olivera no cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para
acreditar la relevancia constitucional de la controversia planteada. Si bien invocó la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y atribuyó a la providencia cuestionada la configuración
de dos defectos, no explicó de manera clara, concreta y suficiente cómo las razones
expuestas en el Auto de 10 de julio de 2026 constituyeron una actuación arbitraria,
caprichosa o manifiestamente irrazonable con incidencia directa en los derechos
fundamentales invocados. La jurisprudencia ha señalado que no basta con alegar
la afectación de derechos fundamentales para satisfacer este requisito de
procedibilidad, pues corresponde al actor demostrar por qué la controversia
trasciende el ámbito de la mera inconformidad con la decisión judicial y adquiere
relevancia constitucional.
43. En particular, aunque el accionante invocó la configuración de un defecto
fáctico y de un defecto procedimental, no identificó con precisión cuál era el deber
jurídico presuntamente desconocido por la Sección Quinta del Consejo de Estado
al resolver el recurso de reposición, ni explicó por qué las pruebas que echa de
menos resultaban determinantes para la decisión adoptada. Tampoco desarrolló
una argumentación encaminada a demostrar de qué manera la providencia
cuestionada desconoció una garantía procesal específica o afectó de forma
concreta los derechos fundamentales cuya protección solicita.
44. Por el contrario, la demanda agrupa una serie de inconformidades
relacionadas con distintos aspectos del proceso electoral y de las actuaciones
posteriores surtidas en su desarrollo, entre ellas, las sanciones impuestas dentro de
los incidentes sancionatorios, la valoración probatoria efectuada en el proceso
electoral, las investigaciones penales que, según afirma, cursan contra algunos
magistrados y la presunta afectación de los derechos de la comunidad raizal. Sin
embargo, tales cuestionamientos son expuestos de manera fragmentada y sin una
construcción argumentativa que permita establecer un vínculo claro entre esas
circunstancias y la vulneración de derechos fundamentales atribuida al Auto de 10
de julio de 2026.
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45. Precisamente, la falta de correspondencia entre los reproches formulados y
el contenido material de la providencia demandada evidencia la insuficiencia
argumentativa advertida. De esta manera, el Auto de 10 de julio de 2026 se limitó a
resolver el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 19 de junio de 202615
y a reiterar que las sanciones previamente impuestas habían adquirido firmeza, así
como la autonomía del trámite incidental frente al proceso principal. No obstante, la
mayor parte de los cuestionamientos planteados en la tutela se orientan a
controvertir actuaciones, decisiones y circunstancias distintas a aquellas que
constituyeron objeto de decisión en la providencia cuestionada.
46. En el presente asunto, la Sala no encuentra desarrollado un reproche
constitucional concreto que habilite el examen excepcional propio de la tutela contra
providencias judiciales.
47. Ahora bien, no se advierte que la providencia cuestionada hubiera resuelto
aspectos relacionados con la presunta investigación penal a la que hace referencia
el accionante, pues su objeto se limitó al estudio del recurso de reposición
interpuesto. De igual forma, la devolución del expediente al despacho de origen
constituye una consecuencia ordinaria de la culminación de la segunda instancia,
sin que se hubiera acreditado la existencia de una orden específica de autoridad
competente que prohibiera dicha actuación o dispusiera la retención del expediente.
48. Aunado a lo anterior, los documentos aportados no permiten concluir que
las sanciones hubieran sido impuestas por la pertenencia del accionante a la
comunidad raizal o por su calidad de representante de la fundación. Por el contrario,
las providencias señalan expresamente que tales medidas obedecieron a
actuaciones calificadas como dilatorias, entre ellas la presentación de recusaciones,
solicitudes de suspensión y peticiones de nulidad formuladas por quien intervenía
en calidad de tercero dentro del proceso. En consecuencia, no se advierte que la
imposición de las sanciones hubiera tenido fundamento en consideraciones étnicas,
culturales o identitarias.
49. En este contexto, la Sala concluye que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, pues los reproches formulados por el accionante no
guardan una relación directa con el contenido material de la providencia
demandada. En efecto, la mayoría de sus cuestionamientos recaen sobre la
valoración probatoria efectuada en el proceso electoral, la legalidad de las
sanciones impuestas en actuaciones incidentales y la existencia de investigaciones
penales, asuntos que no constituyeron materia de decisión en el Auto de 10 de julio
de 2026. Así, lejos de plantear una vulneración concreta de derechos fundamentales
atribuible a dicha providencia, el actor pretende reabrir controversias ya definidas
en otros escenarios procesales.
15 En este auto se decidió abstenerse de tramitar y resolver los reparos formulados por el tercero Richard Nicolas
Martínez Olivera contra las sanciones impuestas en el proceso.
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50. En cuanto a la solicitud de compulsa de copias formulada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, sustentada en el presunto uso abusivo de la acción
de tutela y en la supuesta falta de veracidad de algunas afirmaciones realizadas por
el accionante, la Sala considera que la presentación de múltiples acciones
constitucionales, la formulación de denuncias contra funcionarios judiciales, la
defensa de determinadas tesis jurídicas o la insistencia en pretensiones
previamente desestimadas no constituyen, elementos suficientes para inferir la
posible comisión de una conducta punible. En consecuencia, al no advertirse
circunstancias concretas que justifiquen poner tales hechos en conocimiento de la
autoridad penal competente, se negará la solicitud de compulsa de copias.
51. Finalmente, respecto al escrito denominado «recurso de reposición y/o
solicitud de reconsideración» presentado por el accionante contra la decisión que
negó la medida provisional solicitada, en el que sostuvo que la devolución del
expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
constituía un hecho sobreviniente que materializaba el riesgo previamente advertido
y justificaba la adopción de medidas urgentes de protección.
52. Al respecto, se advierte que contra la decisión que resuelve sobre la
solicitud de medida provisional dentro del trámite de tutela no procede el recurso de
reposición invocado por el accionante.
53. De igual manera, la jurisprudencia constitucional16 ha precisado que, dada
la naturaleza especial, preferente y sumaria de la acción de tutela, no resulta
admisible incorporar por analogía recursos previstos en los procedimientos
ordinarios, pues ello desnaturalizaría el diseño procesal establecido por el legislador
para este mecanismo constitucional. En consecuencia, el recurso de reposición
formulado por el accionante será rechazado por improcedente.
Conclusión
54. En síntesis, la Sala concluye que la presente acción de tutela no satisface
el requisito de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional del
amparo contra providencias judiciales, toda vez que el accionante no cumplió con
la carga argumentativa mínima necesaria para demostrar la existencia de una
vulneración de derechos fundamentales atribuible al Auto de 10 de julio de 2026
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, al no
encontrarse acreditados los presupuestos que habilitan la intervención del juez
constitucional, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. Asimismo,
se negará la solicitud de compulsa de copias formulada por la autoridad accionada
y se rechazará por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la
decisión que resolvió la medida provisional.
16 Ver Corte Constitucional Auto 270 de 2002 y Auto 287 de 2010.
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En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Richard Nicolas Martínez Olivera, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud presentada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado respecto a la remisión de copias a la Fiscalía.
TERCERO. NEGAR el recurso de reposición formulado contra la decisión que negó
la medida provisional.
CUARTO. RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por
el señor Richard Nicolás Martínez Olivera contra la decisión que negó la medida
provisional solicitada dentro del presente trámite constitucional,
QUINTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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