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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00212-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00212-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Segundo.- Negar las medidas provisionales solicitadas por la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés y el señor Alex Alberto Ramírez Nuza. Tercero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, quien actúa mediante su representante legal, contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones aquí expuestas. Cuarto.- Reconocer personería al abogado Carlos Alfaro Fonseca como apoderado de la señora Evis Eulalia Livingston Howard en los términos del poder allegado con la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-00212-00 Accionante: Fundación Misión Archipiélago de San Andrés Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00212-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00212-00
Accionante: FUNDACIÓN MISIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad electoral.
Defectos fáctico y sustantivo. Requisito de subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés, quien actúa
mediante su representante legal1, contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de enero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia y de las
comunidades étnicas, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la prueba de Richard
Martínez Olivera y del demandado Alex Alberto Ramírez Nuza.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 029 del 21 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés.

3. ORDENAR al Tribunal proferir una nueva sentencia que valore correctamente las
pruebas digitales de acuerdo con los estándares de la Ley 527 de 1999 y el salvamento
de voto, garantizando el debido proceso”.

2. Hechos

La accionante relató que el Partido Liberal Colombiano mediante Resolución núm.
7787 de 11 de agosto de 2023, otorgó el aval al señor Alex Alberto Ramírez Nuza,
quien, posteriormente, fue inscrito para las elecciones municipales de Providencia

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Señor Richard Martínez Olivera.
1

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y Santa Catalina Islas para el 2024 – 2027 por la “Coalición Providencia y Santa
Catalina Islas Justas para la vida”.

Sostuvo que mediante el acto administrativo contenido en el formulario E-26 ALC
de 30 de octubre de 2023, proferido por la comisión escrutadora municipal, declaró
electo al señor Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde municipal de Providencia
y Santa Catalina Islas.

Afirmó que los señores Gilbert Kenin Bush Brown y Evis Eulalia Livingston Howard,
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral (radicado núm. 88001-23-33-
000-2023-00067-00 acumulado al 88001-23-33-000-2023-00059-00), presentaron
demanda contra la elección del señor Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde del
municipio de Providencia y Santa Catalina Islas para el periodo 2024 – 2027, al
considerar que incurrió en la causal de anulación prevista en el numeral 8 del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 (doble militancia).

Relató que el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en auto de 31 de julio de 2024, ordenó tener como coadyuvantes
de la parte demandada a la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés y a la
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES.

Señaló que el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en sentencia de 21 de abril de 2025, declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y declaró la nulidad de la elección del señor Alex Alberto
Ramírez Nuza como alcalde del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas
para el periodo 2024 – 2027 contenida en el formulario E-26 ALC de 30 de octubre
de 2023, al considerar que se demostró la configuración de la causal de doble
militancia, pues el demandado brindó apoyo a una candidata al concejo de la
mencionada entidad territorial por el grupo significativo de ciudadanos denominado
“Reverdecer de las islas REDI”, a pesar de que para tales comicios la colectividad
a la que pertenecía el señor Ramírez Nuza (Partido Liberal Colombiano) contaba
con aspirantes propios al concejo de esa entidad territorial.

Resaltó que un integrante del Tribunal salvó el voto, con sustento en que se
apartaba de la valoración que se hizo de las videograbaciones aportadas al
proceso, pues “al haber sido tachada la autenticidad de esta prueba, se imponía
una valoración probatoria mucho más rigurosa y estricta al caso sometido bajo
estudio, máxime si se tiene en cuenta que el dictamen pericial allegado al proceso
puso en entredicho aspectos técnicos esenciales como la autenticidad, integridad
y procedencia de las videograbaciones”. En consecuencia, se evidenciaba una
ausencia de pruebas claras, suficientes y concluyentes que permitieran determinar
con certeza y más allá de toda duda razonable, que el demandado incurrió en la
prohibición legal de doble militancia.

Finalmente, manifestó que los señores Huffington Robinson Hon Lenny y Alex
Alberto Ramírez Nuza, así como la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
– Asocapitales y la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés interpusieron
recurso de apelación, los cuales fueron concedidos por auto de 5 de agosto de 2025

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por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y se encuentra en trámite ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió en defecto fáctico, por cuanto la
valoración de las pruebas digitales fue subjetiva y no se sujetó a parámetros
tecnológicos verificables como los metadatos y el análisis forense digital. Agregó
que se ignoró las conclusiones del informe UID que advierte mala práctica en la
recolección, incumplimiento de protocolos y alteración en su estructura interna.

Señaló que en la sentencia objetada se configuró el defecto sustantivo, por
desconocimiento de la Ley 527 de 1999, pues el Tribunal aplicó erróneamente las
reglas del Código General del Proceso relacionadas con las pruebas documentales,
porque ignoró que “según el artículo 2° de la Ley 527 de 1999 y el artículo 247 del
CGP, los videos MP4 son mensajes de datos que requieren un estándar de prueba
más riguroso”.

Manifestó que la sentencia de 21 de abril de 2025 vulnera el principio de
congruencia, pues existen “dudas técnicas sobre la autenticidad e integridad de las
pruebas digitales, la decisión de anular la elección no superó el estándar de ‘más
allá de toda duda razonable’. La sentencia desconoce el principio de presunción de
inocencia y genera una condena injusta basada en pruebas cuya confiabilidad fue
seriamente cuestionada”.

En escrito adicional, el demandante solicitó como medida provisional la suspensión
de los efectos de la sentencia de nulidad electoral, pues “permitir que la nulidad se
ejecute antes del control constitucional tornaría inocua la protección de los
derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso”.

4. Trámite procesal

Por auto de 23 de enero de 2026, el magistrado sustanciador requirió al señor
Richard Nicolás Martínez Olivera para que allegara en debida forma los documentos
que lo acreditaran como director de la Fundación Misión Archipiélago de San Andrés
y que precisara si actuaba a nombre propio o simplemente de la mencionada
fundación.

Atendido el requerimiento, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera manifestó que
su “intervención no es a título personal, sino en ejercicio de las facultades y
estatutarias que me corresponden como representante legal de esta institución
[Fundación Misión Archipiélago de San Andrés]”. Por consiguiente, aportó los
documentos que demostraban la calidad de director de la mencionada fundación.

Por lo anterior, en proveído de 5 de febrero de 2026, se admitió la demanda y ordenó
notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. De igual modo, se vinculó
a los señores Gilbert Kenin Bush Brown, Evis Eulalia Livingston Howard, Alex
Alberto Ramírez Nuza, Hon Lenny Huffington Robinson, Partido Liberal
Colombiano, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Asociación

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Colombiana de Capitales – ASOCAPITALES. Igualmente, se notificó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 19915 a 19920 de
9 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión. Sin
embargo, al no poder ubicar a los señores Gilbert Kenin Bush Brown y Hon Lenny
Huffington Robinson, el 5 de febrero de 2026 se publicó un aviso en la página web
del Consejo de Estado.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

La presidenta de la corporación solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que contra la sentencia objetada se interpuso recurso
de apelación que cursa ante el Consejo de Estado, quien deberá determinar si los
alegatos planteados por la hoy accionante prosperan o no.

Resaltó que la solicitud de amparo constituye un ejercicio abusivo del derecho, pues
el proceso de nulidad electoral ha sido sistemáticamente obstruido, al punto que se
han impuesto sanciones al evidenciarse conductas dilatorias y temerarias.

5.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil

El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se desvincule de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que en el contexto de sus
competencias y funciones constitucionales y legales no tiene injerencia en
decisiones que tomen los jueces y magistrados.

5.3. Respuesta del Partido Liberal Colombiano

El director jurídico pidió que se accediera al amparo de los derechos fundamentales
de la parte actora y se deje sin efectos la sentencia objetada, con el fin de que se
ordene proferir una nueva decisión en la que se valore la prueba digital conforme
con el régimen jurídico de los mensajes de datos y los estándares técnicos, con
garantía del debido proceso.

Afirmó que la decisión cuestionada analizó las videograbaciones exclusivamente
bajo la categoría de documentos prevista en el Código General del Proceso y
descartó la aplicación del régimen especial de los mensajes de datos regulado por
la Ley 527 de 1999.

Agregó que las videograbaciones en formato digital constituyen información
generada y almacenada en medios electrónicos y encajan dentro del concepto legal
de mensaje de datos. Por consiguiente, ese régimen jurídico especial establece
criterios específicos de integridad, confiabilidad y conservación que no pueden ser
ignorados cuando el soporte probatorio es digital.

Sostuvo que reducir el análisis a la noción clásica de documento implica aplicar un
estándar menos exigente al previsto por el legislador para este tipo de prueba, lo
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que configura un defecto sustantivo en la selección y aplicación de la norma
pertinente.

Finalmente, manifestó que la nulidad de una elección popular no es una decisión
ordinaria, pues afecta el derecho fundamental a elegir y ser elegido, la estabilidad
institucional y la voluntad ciudadana expresada en las urnas, razón por la cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado ha construido un estándar probatorio
especialmente exigente, así que, cuando existen dudas técnicas objetivas sobre la
integridad del medio probatorio central, el funcionario judicial debe despejarlas con
rigor, de lo contrario, la decisión carece de la solidez constitucional necesaria para
alterar el resultado democrático.

5.4. Respuesta del señor Alex Alberto Ramírez Nuza

El vinculado informó que la sentencia objetada incurrió en los defectos i) fáctico,
por la valoración que se realizó de los archivos digitales (videos) como pruebas
documentales, lo que desconoció los criterios establecidos en la Ley 527 de 1999,
y ii) sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en tanto la Corte
Constitucional ha señalado que las causales de la nulidad electoral debe
interpretarse restrictivamente por su impacto en la democracia, para lo cual invoca
las sentencias C-490 de 2011 y SU-316 de 2021.

Así las cosas, solicitó una medida provisional consistente en la suspensión de los
efectos de la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal, con el fin de
que se dicte una decisión por el juez de tutela antes de que se resuelva la apelación
y se vuelva inocua la decisión que se dicte en el mecanismo constitucional.

5.5. Respuesta de la señora Evis Eulalia Livingston Howard

El apoderado de la vinculada informó que la acción de tutela se interpone con la
finalidad de que se dilate el proceso ordinario en el curso de la segunda instancia,
por lo cual ya se han impuesto sanciones por esas prácticas desarrolladas por una
de las partes.

5.6. Los señores Gilbert Kenin Bush Brown, Hon Lenny Huffington Robinson y
la Asociación Colombiana de Capitales – ASOCAPITALES, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se desvinculara de la
acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
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Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala negará la
2

solicitud de desvinculación de la entidad, pues fue vinculada al proceso de nulidad
electoral y si bien, en la sentencia objetada se declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva a su favor, lo cierto es que fue objeto de
recurso de apelación y el proceso se encuentra en curso en segunda instancia.

2.2. Respecto a las solicitudes de suspensión de los efectos de la sentencia
objetada como medida provisional elevada por la Fundación Misión Archipiélago de
San Andrés y el señor Alex Alberto Ramírez Nuza, la Sala advierte que estas serán
negadas, teniendo en cuenta que el recurso de apelación se surte en el efecto
suspensivo de conformidad con el artículo 2923 de la Ley 1437 de 2011.

Por consiguiente, mientras se adelanta la segunda instancia ante la Sección Quinta
del Consejo de Estado, la decisión de primera instancia no genera efectos, razón
suficiente para que no sea procedente la petición de medida provisional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, la presunción de inocencia y de las comunidades étnicas de la Fundación
accionante.

4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un

2
Sentencia T-005 de 2022.
3
ARTÍCULO 292. Apelación de la sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o
dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado
oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia. Sustentado el recurso, se enviará al superior a más
tardar al día siguiente para que decida sobre su admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en el
que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, por tres (3) días. Si
ambas partes apelaren, los términos serán comunes. Contra el auto que concede y el qué admite la apelación no procede
recurso. PARÁGRAFO . Los Secretarios serán responsables de las demoras que ocurran en el envío de los expedientes.
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perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
4
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
5
corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
6
jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
7
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

4
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
6
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
7
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
7

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Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
8
aquellos diseñados por el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
en los procesos ordinarios”9.

5. Estudio y solución del caso concreto

La Fundación Misión Archipiélago de San Andrés sostiene que el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia
y de las comunidades étnicas, al supuestamente incurrir en el defecto sustantivo,
al valorar las pruebas digitales allegadas al proceso y declarar la nulidad de la
elección del señor Alex Alberto Ramírez Nuza como alcalde del municipio de
Providencia y Santa Catalina Islas para el periodo 2024 – 2027 contenida en el
formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2023.

Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo, porque la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad.

En efecto, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de
los supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos
casos en los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un
mecanismo judicial en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de
un perjuicio irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como
mecanismo transitorio.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la solicitud de amparo constitucional
promovida por los demandantes es improcedente, en tanto para el momento en que
se presentó -15 de enero de 2026-, el proceso de nulidad electoral se encontraba
en trámite de segunda instancia ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
mediante proveído de 28 de noviembre de 2025 admitió el recurso de apelación.

8
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
9
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8

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En efecto, verificado el Sistema para la Gestión Judicial Samai10 -índice 00099-, se
pudo constatar que dentro de las actuaciones del medio de control de nulidad
electoral con radicado num. 88001-23-33-000-2023-00067-00 acumulado al 88001-
23-33-000-2023-00059-02, las últimas actuaciones adelantadas corresponden al
paso del expediente al despacho sustanciador para resolver recurso de súplica
radicado por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera (director de la Fundación
Misión Archipiélago de San Andrés) contra el proveído de 23 de enero de 202611,
por medio del cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de las
facultades correccionales y sancionatorias, lo sancionó con multa de 10 smlmv, por
desplegar conductas tendientes a dilatar el proceso.

Dicho en otros términos, la acción de tutela se promovió de manera paralela al
proceso ordinario sin que se evidencie una decisión que ponga fin al proceso, lo que
permite concluir que se desatendió el carácter residual y subsidiario de este
mecanismo de protección constitucional de derechos fundamentales.

Es decir, que en este caso concreto la verificación del requisito objetivo de
subsidiariedad contra las providencias objetadas se debe realizar con los elementos
fácticos existentes para la presentación de la solicitud de amparo. Para ese
momento -15 de enero de 2026-, lo cierto es que todavía no se había dictado una
decisión que pusiera fin al proceso de nulidad electoral.

Valga recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con sustento en el
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional está
vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
12
interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no cumplió el requisito
de subsidiariedad para el momento en el que fue interpuesta, en tanto se presentó
paralelamente al proceso de nulidad electoral en el que no se había dictado una
decisión definitiva, lo que desconoció su carácter residual y subsidiario, por lo que
no podía erigirse de manera simultánea a los medios previstos en el ordenamiento
jurídico. Es decir, por regla general no se puede acudir a ella cuando el interesado
ha acudido a otro medio de defensa judicial ante el juez natural, salvo que se
demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
13
De conformidad con la jurisprudencia constitucional , “si bien por regla general la
tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite
procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de

10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=880012333000202300059021100103.
11
También se sancionó al señor Alex Alberto Ramírez Nuza con multa de 2 smlmv.
12
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
13
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los
cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar
excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez
constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración”.

En el asunto bajo estudio, la Sala observa que la fundación demandante no invocó
la configuración de un perjuicio irremediable y si bien, se mencionó en la solicitud
de medida provisional presentada por el señor Alex Alberto Ramírez Nuza, lo cierto
es que este lo sustentó en el hecho de que era necesario suspender los efectos de
la sentencia de 21 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que per se no constituye un perjuicio
con la connotación de irremediable, más aún cuando, se insiste, los efectos de dicha
decisión se encuentran suspendidos en virtud del recurso de apelación que se
interpuso y que se encuentra en curso ante la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

Así las cosas, al quedar demostrada la inobservancia del requisito de la
subsidiariedad, resulta suficiente para declarar la improcedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, se abstiene de seguir con la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Segundo.- Negar las medidas provisionales solicitadas por la Fundación Misión
Archipiélago de San Andrés y el señor Alex Alberto Ramírez Nuza.

Tercero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la Fundación
Misión Archipiélago de San Andrés, quien actúa mediante su representante legal,
contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, por las razones aquí expuestas.

Cuarto.- Reconocer personería al abogado Carlos Alfaro Fonseca como apoderado
de la señora Evis Eulalia Livingston Howard en los términos del poder allegado con la
tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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