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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04043-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04043-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Salomón Saad Corredor, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 13 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-04043-00 Accionante: Salomón Saad Corredor Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04043-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04043-00
Accionante: SALOMÓN SAAD CORREDOR
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.
Defectos sustantivo y fáctico. Proceso en curso para el momento de
la presentación de la tutela

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Salomón Saad Corredor, quien actúa en nombre propio,
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Se proteja mi derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, dejando sin efectos la sentencia accionada y ordenar proferirla nuevamente
subsanando los yerros”.

2. Hechos

La parte demandante relató que la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante
CNSC), no ha expedido ni publicado la lista de elegibles correspondiente al proceso
de selección DIAN 26671, específicamente respecto de la OPEC 225533 frente a la
cual se postuló

Sostuvo que el 19 de diciembre de 2025, culminó la etapa de pruebas, con la
publicación de los resultados definitivos de la prueba de valoración de

1
Mediante Acuerdo núm. 205 del 10 de octubre de 2024, se convocó y estableció las reglas del proceso de selección de
ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa
de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, Proceso
de Selección Dian 2667”
1

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Accionante: Salomón Saad Corredor

antecedentes, por lo que desde ese momento la CNSC debía proceder a conformar
y adoptar la lista de elegibles en estricto orden de mérito, conforme al artículo 28
del Acuerdo 205 de 2024 y al numeral 32.4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de
2023.

Señaló que, ante el incumplimiento de las normas citadas, agotó el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, mediante petición
radicada el 17 de febrero de 2026 bajo el número 2026RE063390, en la que solicitó
a la CNSC publicar la lista de elegibles. Aseveró que la entidad respondió, mediante
oficio 2026RS041487 del 4 de marzo de 2026, en el que informó que los resultados
definitivos fueron publicados el 19 de diciembre de 2025 y que se encontraba
adelantando trámites técnicos y administrativos para expedir las listas durante el
primer semestre de 2026, de manera paulatina.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos, el 13 de marzo de 2026 presentó demanda
con el fin de que se ordenara el cumplimiento inmediato del deber omitido por la
CNSC consistente en expedir la lista de elegibles correspondiente al proceso de
selección DIAN 2667, OPEC225533, en virtud de lo previsto en los artículos 28 del
Acuerdo 205 del 2024 y 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023. Precisó que el
asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander, que le
asignó el radicado núm. 68001-23-33-000-2026-00165-00.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander por sentencia de 9 de abril de
2026, declaró el incumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil
de lo establecido en el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 y, en consecuencia,
ordenó a la entidad conformar y publicar la lista de elegibles del proceso de
selección DIAN 2667, OPEC 225533, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la providencia. Lo anterior, al considerar que las normas invocadas,
contenían un mandato imperativo e inobjetable que obligaba a la accionada a
culminar los procesos de selección con la conformación de la lista de elegibles
dentro del término máximo de doce meses contados desde la convocatoria. Aunque
reconoció que ninguna disposición fijaba un plazo específico para publicar cada
lista de elegibles, sostuvo que sí existía un término máximo para agotar todas las
etapas del concurso, el cual había sido ampliamente superado por la entidad.

Finalmente, manifestó que la CNSC interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, el cual fue resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en sentencia de 21 de mayo de 2026, a través de la cual revocó la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander para, en su lugar, declarar improcedente la
acción de cumplimiento por desatender el requisito de subsidiariedad, en tanto la
controversia excedía el ámbito propio de ese mecanismo constitucional, pues la
pretensión del actor implicaba cuestionar la legalidad del acto administrativo que
reguló la convocatoria, en la medida en que pretendía imponer un límite temporal
para la publicación de la lista de elegibles distinto al previsto en sus reglas.

Además, precisó que el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023, disposición en la
que el Tribunal sustentó la orden impartida, no había sido objeto del requisito de
constitución en renuencia ni de la solicitud de cumplimiento formulada por el actor,
por lo que ese mandato no podía servir de fundamento para acceder a las
pretensiones. En consecuencia, concluyó que la discusión debía ventilarse
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mediante el medio de control de nulidad, sin que se acreditara un perjuicio grave e
inminente que justificara desplazar ese mecanismo ordinario de defensa.

La Sala constata que el 26 de mayo de 2026, el accionante solicitó aclaración de la
sentencia al considerar que su parte resolutiva resultaba incongruente con las
razones expuestas en la motivación. Sostuvo que la providencia mezcló dos
fundamentos distintos para declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento,
pues, de un lado, afirmó que no se había constituido en renuencia respecto del
artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 y, de otro, señaló que la controversia
implicaba un debate sobre la legalidad de las reglas de la convocatoria. Además,
pidió que se precisara si la decisión revocó el fallo por falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad o por subsidiariedad, y que se aclarara el alcance de la
referencia al medio de control de nulidad, al estimar que este no constituía un
mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento de las normas que regulaban la
conformación de las listas de elegibles.

Por auto de 11 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la
solicitud de aclaración porque concluyó que el accionante no pretendía despejar
conceptos o frases oscuras de la parte resolutiva ni de la motivación con incidencia
en ella, sino controvertir las razones jurídicas que sustentaron la sentencia. Precisó
que la providencia fue clara al declarar improcedente la acción de cumplimiento por
subsidiariedad, de modo que la referencia a la falta de constitución en renuencia
respecto del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 constituyó únicamente un
elemento contextual del análisis y no la razón determinante de la decisión.
Asimismo, aclaró que la sentencia no obligó al actor a demandar la nulidad del
concurso, sino que señaló que cualquier discusión sobre la compatibilidad entre las
reglas de la convocatoria y el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 correspondía
al juez de legalidad, por lo que las solicitudes formuladas buscaban reabrir el debate
jurídico resuelto en la sentencia y no aclarar una verdadera ambigüedad.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado desconoce el derecho fundamental al debido proceso e incurre en
defecto fáctico y sustantivo.

En cuanto al defecto fáctico adujo que la autoridad judicial accionada partió de la
premisa equivocada de que la acción de cumplimiento planteaba un debate de
legalidad sobre el acto administrativo que reguló la convocatoria, cuando, en su
criterio, la controversia se circunscribió a exigir que la CNSC cumpliera el deber
expreso de conformar y publicar la lista de elegibles. En ese sentido, afirmó que
ninguna de las partes cuestionó la validez del acto administrativo ni solicitó un
pronunciamiento sobre su legalidad.

Sobre el defecto sustantivo sostuvo se configuró porque la Sección Quinta del
Consejo de Estado consideró que el artículo 29 del Acuerdo 205 de 2024 y el
artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 eran incompatibles, cuando, a su juicio, el
propio Acuerdo remitía expresamente al Decreto Ley 927 de 2023 como norma
rectora del proceso de selección, por lo que ambas disposiciones debían aplicarse
de manera complementaria y no excluyente. Asimismo, afirmó que la Sección
Quinta interpretó de manera equivocada el requisito de subsidiariedad al concluir
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que el medio de control de nulidad constituía un mecanismo idóneo, pese a que, en
su criterio, dicho proceso no permitía obtener el cumplimiento de la norma cuya
observancia reclamó mediante la acción de cumplimiento y, por el contrario,
conducía a discutir su validez, lo que desnaturalizaba la finalidad de ese mecanismo
judicial e impedía obtener una respuesta de fondo sobre su solicitud.

4. Trámite procesal

Por auto de 1 de junio 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado y vinculó al trámite a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC) como terceros con interés. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró el 3 de junio de 2026, los oficios
correspondientes con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado

El consejero ponente solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque, a
su juicio, el accionante pretende reabrir el debate propio de la acción de
cumplimiento y convertir la tutela contra providencia judicial en una tercera
instancia. Sostuvo que los argumentos de la acción de tutela no evidencian una
vulneración de derechos fundamentales, sino una simple inconformidad con la
interpretación jurídica adoptada por el juez natural respecto de la procedencia de la
acción de cumplimiento y del alcance de las normas aplicables.

De manera subsidiaria, afirmó que la sentencia cuestionada no incurrió en defecto
fáctico, pues no supuso hechos inexistentes ni efectuó una valoración arbitraria del
material probatorio. Indicó que examinó la demanda de cumplimiento, la solicitud
de constitución en renuencia, la respuesta de la CNSC, el Acuerdo 205 de 2024 y
el Decreto Ley 927 de 2023, a partir de los cuales concluyó razonablemente que la
controversia planteaba una discrepancia entre las reglas de la convocatoria, la
pretensión del actor y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Santander.

Asimismo, sostuvo que tampoco se configuró un defecto sustantivo, porque la
providencia aplicó las reglas propias de la acción de cumplimiento y concluyó que
no era posible ordenar el cumplimiento del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023,
ya que dicha disposición no fue objeto de la constitución en renuencia ni de la
solicitud de cumplimiento formulada en sede judicial. Agregó que el Acuerdo 205
de 2024 contenía una regla específica sobre la publicación de las listas de elegibles,
cuya interpretación correspondía al juez competente dentro del control de legalidad,
sin que la tutela pudiera utilizarse para imponer una interpretación distinta de
normas respecto de las cuales existía una diferencia hermenéutica razonable.

Finalmente, defendió la aplicación del requisito de subsidiariedad y precisó que la
sentencia no obligó al actor a promover un medio de control de nulidad para obtener
la publicación de la lista de elegibles o su eventual nombramiento. Explicó que ese
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mecanismo judicial fue mencionado únicamente como el instrumento idóneo para
cuestionar la validez de las reglas de la convocatoria, en caso de considerar que
estas desconocían una norma superior o regulaban de manera indebida la
oportunidad para publicar las listas de elegibles. En ese sentido, sostuvo que la
acción de cumplimiento no podía utilizarse para sustituir el control de legalidad del
acto administrativo de convocatoria ni para modificar indirectamente sus reglas,
mientras estas conservaran la presunción de legalidad. Agregó que el actor no
acreditó un perjuicio grave e inminente que justificara desplazar el mecanismo
ordinario de defensa y que el hecho de haber obtenido una decisión adversa no
configuró una vulneración de sus derechos fundamentales

5.2. Respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Por medio de apoderado judicial solicitó que se le desvinculara del trámite, en la
medida en que carecía de legitimación en la causa por pasiva, porque la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados se derivó exclusivamente de
la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y no de una
actuación atribuible a la DIAN. Añadió que la obligación de conformar y expedir las
listas de elegibles correspondía de manera exclusiva a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, mientras que la DIAN únicamente actuaba como entidad destinataria
de dichas listas, sin competencia para intervenir en el concurso de méritos o en la
providencia judicial cuestionada.

De manera subsidiaria, sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente,
pues la sentencia cuestionada se limitó a efectuar una interpretación razonable del
requisito de subsidiariedad previsto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997. En ese
sentido, afirmó que la decisión de remitir el debate al medio de control de nulidad
frente a la controversia interpretativa existente entre el Decreto Ley 927 de 2023 y
el Acuerdo 205 de 2024 constituyó una conclusión jurídicamente válida del juez
natural y no evidenció la configuración de un defecto fáctico o sustantivo que
justificara la intervención excepcional del juez de tutela.

5.3. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil

A través de apoderado judicial solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en
tanto las actuaciones adelantadas por la entidad se encuentran ajustadas a derecho
y no existió vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante.

En particular, afirmó que el Acuerdo 205 de 2024 constituía la norma reguladora
del proceso de selección y que el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 no
imponía la obligación de expedir simultáneamente todas las listas de elegibles
dentro del término de doce meses, sino únicamente de culminar el proceso de
conformación de listas dentro de ese plazo. Añadió que la publicación de las listas
se efectuaba de manera progresiva conforme culminaban las actuaciones técnicas
y administrativas de cada OPEC, por lo que no existía una dilación injustificada ni
una vulneración de derechos fundamentales. También sostuvo que el accionante
solo ostentaba una expectativa legítima y no un derecho adquirido al
nombramiento, pues la lista de elegibles correspondiente a su empleo aún no había
sido conformada.

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Adicionalmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que las pretensiones se dirigían exclusivamente a dejar sin efectos una sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, decisión sobre la cual la
CNSC carecía de competencia para intervenir, modificar o revocar.

En consecuencia, sostuvo que no existía una conducta atribuible a esa entidad que
hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales solicitaron que se desvinculara de la acción de tutela, al considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que al
estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , se negará las solicitudes de
2

desvinculación, porque ostentan interés directo en el asunto, pues integraron la
parte accionada en el proceso de acción de cumplimiento objeto de controversia.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia
proferida el 21 de mayo de 2026 en el proceso núm. 68001-23-33-000-2026-00165-
01 incurrió en defectos fáctico y sustantivo.

4. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro

2
Sentencia T-005 de 2022.
6

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medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
3
en particular del requisito de la subsidiariedad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
4
corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
5
jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un

3
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
5
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
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mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
6
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
7
aquellos diseñados por el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
en los procesos ordinarios”8.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Salomón Saad Corredor, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela contra la sentencia de 21 de mayo de 2026, por medio de la cual la Sección
Quinta del Consejo de Estado revocó la sentencia de 9 de abril de 2026 para, en su
lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento por no superar el requisito
de subsidiariedad.

En criterio del actor, la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico y
sustantivo porque asumió, de manera equivocada, que la acción de cumplimiento
planteaba un debate sobre la legalidad del acto administrativo que reguló la
convocatoria, cuando su pretensión se limitó a exigir el cumplimiento del deber de
conformar y publicar la lista de elegibles. Asimismo, afirmó que la Sección Quinta
interpretó erróneamente el artículo 29 del Acuerdo 205 de 2024 y el artículo 33 del
Decreto Ley 927 de 2023 al considerar que existía una incompatibilidad entre ambas
disposiciones y con fundamento en ello concluyó que el medio de control de nulidad
era el mecanismo idóneo para resolver la controversia, pese a que, en su criterio,
dicho proceso no permitía obtener el cumplimiento de las normas invocadas
mediante la acción de cumplimiento.

6
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
7
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
8
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8

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En ese escenario y descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que declarará
la improcedencia de la solicitud de amparo, porque la acción de tutela no cumple
con el requisito de la subsidiariedad.

En efecto, como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, uno de
los supuestos de improcedencia de la acción de tutela se configura en aquellos
casos en los que el interesado acuda a su ejercicio cuando se encuentre un
mecanismo judicial en trámite, salvo que demuestre la configuración o existencia de
un perjuicio irremediable, evento en el que resultaría procedente el análisis como
mecanismo transitorio.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la presente solicitud de amparo resulta
improcedente, pues para el momento de su interposición -el 26 de mayo de 2026-,
el accionante había promovido una solicitud de aclaración contra la sentencia de 21
del mismo mes y año9, a través de la cual cuestionó, en esencia, los mismos
aspectos que en esta acción plantea como defectos fáctico y sustantivo. Así pues,
tanto en dicha solicitud como en la demanda de tutela insistió en que la Sección
Quinta interpretó erróneamente la controversia al considerar que existía un debate
de legalidad sobre el acto de convocatoria y sostuvo que se equivocó al concluir
que el medio de control de nulidad constituía el mecanismo idóneo para resolver el
asunto.

Verificado el Sistema para la Gestión Judicial Samai10 -índice 00010-, se pudo
constatar que dentro de las actuaciones del proceso de acción de cumplimiento con
radicado núm. 68001-23-33-000-2026-00165-01, el actor pidió que se aclarara si la
sentencia se revocó por falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad o por
falta de subsidiariedad. Igualmente, pidió que se le explicara cómo la nulidad del
acto administrativo del concurso puede lograr que se publique la lista de elegibles,
en tanto conforme la lógica del procedimiento si se demanda la nulidad del acto y
se accede a sus pretensiones, el concurso perdería sus efectos por ilegal y nunca
nombrarían. En ese orden, precisó que no pretende controvertir la legalidad del acto
sino su aplicación.

Ahora bien, al revisar la demanda de tutela, la Sala advierte que el accionante
reprodujo, en esencia, los mismos cuestionamientos formulados en la solicitud de
aclaración. En efecto, insistió en que la Sección Quinta incurrió en defecto fáctico al
considerar que la controversia implicaba un debate sobre la legalidad del acto de
convocatoria, pese a que, en su criterio, nunca cuestionó su validez, sino que
únicamente pretendió exigir el cumplimiento de las normas que regulaban la
publicación de la lista de elegibles. Del mismo modo, reiteró que la autoridad judicial
interpretó de manera equivocada el requisito de subsidiariedad al sostener que el
medio de control de nulidad constituía el mecanismo idóneo para resolver la
controversia, pese a que, a su juicio, dicho proceso no permitía obtener el
cumplimiento pretendido mediante la acción de cumplimiento y alegó que no existía
la supuesta incompatibilidad entre el Acuerdo 205 de 2024 y el artículo 33 del
Decreto Ley 927 de 2023.

9
Radicada el 25 de mayo de 2026.
10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=880012333000202300059021100103.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04043-00
Accionante: Salomón Saad Corredor

Así las cosas, la Sala concluye que, la acción de tutela se promovió de manera
paralela al proceso constitucional de cumplimiento sin que se evidenciara una
decisión que pusiera fin al proceso o siquiera que resolviera sobre la solicitud de
aclaración, lo que permite concluir que se desatendió el carácter residual y
subsidiario de este mecanismo de protección constitucional de derechos
fundamentales.

En este punto, es importante aclarar que aun cuando se advierte que la Sección
Quinta del Consejo de Estado en auto interlocutorio de 11 de junio de 2026,
notificado el 17 de junio de 2026, resolvió negar la solicitud de aclaración, ello no
obsta para considerar que la verificación del requisito objetivo de subsidiariedad
contra las providencias objetadas se debe realizar con los elementos fácticos
existentes para la presentación de la solicitud de amparo11. De ahí que se concluya,
que para el 26 de mayo de 2026, no se había proferido decisión definitiva en la
acción de cumplimiento.

La Corte Constitucional en la sentencia T-140 de 2023, precisó que la verificación
de los requisitos generales de procedencia cuando se cuestiona una providencia
judicial se debe realizar para el momento en el que se presentó la solicitud de tutela,
pues de lo contrario se suprimiría el requisito previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en virtud del cual “esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, supuesto último que no
se demostró en esta oportunidad, pues la parte actora no advirtió ni probó la
existencia de una situación grave, urgente, impostergable e inminente que requiriera
la intervención inmediata del juez de tutela. En esa ocasión sostuvo:

“Ahora bien, respecto de este requisito, es importante anotar que, por regla general, la
tutela resulta improcedente contra sentencias cuando es utilizada como mecanismo
alterno a los procesos judiciales consagrados por la ley o cuando se pretende reabrir
términos procesales por no haberse interpuesto oportunamente los recursos dispuestos
por el Legislador. Así, la subsidiariedad implica haber recurrido a las instancias,
solicitudes y recursos que las partes tengan a su disposición, para concluir que, aparte
de la acción de tutela, ya el demandante no cuenta con otra forma de defensa”.

Valga recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con sustento en el
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el
requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional está
vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
12
interior del trámite ordinario” .

Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela no cumplió el requisito
de subsidiariedad para el momento en el que fue interpuesta, en tanto se presentó
11
Ver las sentencias núm. 11001-03-15-000-2026-00212-00 de 5 de marzo de 2026, CP Luis Antonio Rodríguez Montaño y
11001-03-15-000-2026-00913-01 de 11 de junio de 2026, CP Luis Antonio Rodríguez Montaño.
12
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
10

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Accionante: Salomón Saad Corredor

paralelamente al trámite de la acción de cumplimiento, en la que se insiste, no se
había dictado una decisión definitiva, lo que desconoció su carácter residual y
subsidiario, por lo que no podía erigirse de manera simultánea a los medios
previstos en el ordenamiento jurídico. Es decir, por regla general no se puede acudir
a ella cuando el interesado ha acudido a otro medio de defensa judicial ante el juez
natural, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.
13
De conformidad con la jurisprudencia constitucional , “si bien por regla general la
tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el trámite
procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de
defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los
cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar
excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez
constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración”.

En el asunto bajo estudio, la Sala observa que el señor Saad Corredor no invocó la
configuración de un perjuicio irremediable para el momento de la interposición de la
acción de tutela, ni de las pruebas y manifestaciones de las partes se podría advertir
su configuración.

Así las cosas, al quedar demostrada la inobservancia del requisito de la
subsidiariedad, resulta suficiente para declarar la improcedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, se abstiene de seguir con la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Salomón Saad Corredor, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

13
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04043-00
Accionante: Salomón Saad Corredor

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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