Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00165-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00165-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00165-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de mayo de 2026
Demandante: Salomón Saad Corredor
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00165-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00165-01
Demandante: Salomón Saad Corredor
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Tema: Revoca orden de cumplimiento para declarar la improcedencia
por subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandada contra la sentencia de
9 de abril de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander
accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Salomón Saad
Corredor demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil —en adelante CNSC—
por el presunto incumplimiento de los artículos 28 del Acuerdo 205 del 20241 y 32.4
del Decreto Ley 927 de 2023, con el fin de que se conforme y publique la lista de
elegibles en el proceso de selección DIAN 2667, respecto de la OPEC 225533.
En la demanda se indicó lo siguiente: «[…] la tarea pendiente por parte de la
Comisión es enlistar y publicar a los elegibles, especialmente sencilla en lo
correspondiente a la OPEC 225533 en la cual se consta de apenas 15 aspirantes
[2]».
2. Hechos
La parte actora alegó que la CNSC no ha expedido ni publicado la lista de elegibles
correspondiente al proceso de selección DIAN 2667, específicamente respecto de la
OPEC 225533 frente a la cual el actor se postuló.
1 Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso
de Selección DIAN 2667
2 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.
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Demandante: Salomón Saad Corredor
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
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Según la demanda, el 19 de diciembre de 2025, culminó la etapa de pruebas, con la
publicación de los resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes,
por lo que desde ese momento la CNSC debía proceder a conformar y adoptar la
lista de elegibles en estricto orden de mérito, conforme al artículo 28 del Acuerdo 205
de 2024 y al numeral 32.4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023.
El actor sostuvo que, aunque dichas disposiciones no fijan un término específico para
expedir la lista, el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 establece que el proceso
de selección, desde el acto de convocatoria hasta la conformación de listas de
elegibles, no puede superar los doce meses.
En ese sentido, indicó que la convocatoria fue expedida el 10 de octubre de 2024,
razón por la cual dicho plazo se encontraría ampliamente vencido. Además, señaló
que para la fecha de presentación de la demanda ya habían transcurrido más de dos
meses y medio desde la publicación de los resultados definitivos, sin que la CNSC
hubiera expedido la respectiva lista.
Como soporte de su solicitud, el demandante afirmó que, en otros procesos de
selección adelantados por la misma entidad, como CNSC 5 y Entidades del Orden
Territorial 10, la publicación de las listas de elegibles se anunció en un término mucho
menor después de quedar en firme los resultados definitivos. Por ello, estimó que
era razonable exigir la publicación inmediata de la lista de la OPEC 225533, más aún
cuando, según afirmó, se trata de una OPEC con solo quince aspirantes.
Finalmente, el accionante indicó que agotó el requisito de procedibilidad previsto en
el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, mediante petición radicada el 17 de febrero de
2026 bajo el número 2026RE063390, en la que solicitó a la CNSC publicar la lista de
elegibles. La entidad respondió, mediante oficio 2026RS041487 del 4 de marzo de
2026, en el que informó que los resultados definitivos fueron publicados el 19 de
diciembre de 2025 y que se encontraba adelantando trámites técnicos y
administrativos para expedir las listas durante el primer semestre de 2026, de
manera paulatina.
3. Admisión de la demanda
En auto de 16 de marzo de 2026, el ponente del Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda y ordenó notificar a la CNSC y al Ministerio Público.
4. Informe
La CNSC se opuso a la prosperidad de la acción al señalar que las normas invocadas
por el accionante no fijan un término específico para expedir la lista de elegibles de
la OPEC 225533, y que el proceso de selección DIAN 2667 comprende múltiples
empleos ofertados, cada uno con dinámicas propias relacionadas con número de
aspirantes, reclamaciones, validaciones técnicas y revisiones administrativas.
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Explicó que, aunque la prueba de valoración de antecedentes culminó, el 19 de
diciembre de 2025, desde entonces adelanta los trámites técnicos, administrativos y
de verificación necesarios para conformar correctamente las listas, las cuales se
expiden de manera progresiva. Además, sostuvo que ya había publicado cuatro listas
en el Banco Nacional de Listas de Elegibles desde octubre de 2025, lo que
evidenciaría una gestión diligente, y precisó que, conforme al cronograma acordado
con la DIAN, la OPEC del actor fue ubicada en el grupo cuatro, con expedición
prevista entre el 25 y el 29 de mayo de 2026; por ello, afirmó que no existe una
dilación injustificada ni vulneración de derecho alguno.
5. Sentencia de primera instancia
En fallo de 9 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las
pretensiones de la demanda. Al respecto, declaró que la CNSC incumplió el artículo
33 del Decreto Ley 927 de 2023. En consecuencia, le ordenó conformar y publicar la
lista de elegibles del proceso de selección DIAN 2667, OPEC 225533, dentro de los
diez días siguientes a la notificación de la providencia.
Para llegar a la anterior conclusión, el Tribunal precisó que, aunque no existe una
norma que fije un término específico para publicar la lista de una OPEC concreta
después de los resultados definitivos, el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 sí
contiene un mandato imperativo e inobjetable, consistente en que todo el proceso de
selección, desde la convocatoria hasta la conformación de listas de elegibles, debe
durar máximo doce meses. Así las cosas consideró que, como el Acuerdo 205 fue
expedido el 10 de octubre de 2024, concluyó que ese plazo vencía el 11 de octubre
de 2025 y que, para la fecha del fallo, ya estaba ampliamente superado. Además,
señaló que la propia CNSC reconoció que el proceso seguía en etapa de
conformación de listas, pues la valoración de antecedentes terminó el 19 de
diciembre de 2025.
Finalmente, el Tribunal no acogió la defensa de la CNSC relativa a la complejidad
del concurso, la existencia de múltiples OPEC, las validaciones técnicas, las
revisiones administrativas y el cronograma progresivo acordado con la DIAN. A juicio
de la Sala, esas circunstancias podían eventualmente justificar una imposibilidad de
cumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito, pero debían ser probadas por la
entidad, lo cual no ocurrió. Por ello concluyó que el plazo legal de doce meses no
era discrecional, sino un mandato perentorio, claro y directo que la CNSC incumplió.
La anterior decisión fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la CNSC, la
cual fue negada por medio de auto de 22 de abril de 2026.
6. Impugnación
La CNSC impugnó el fallo de primera instancia al considerar que el Tribunal hizo una
interpretación extensiva del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023, pues dicha
norma solo establece un término global máximo de duración del proceso de
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selección, pero no contiene un mandato concreto, específico e inmediato de expedir
la lista de elegibles de una OPEC determinada en una fecha precisa, ni exige que
todas las listas se publiquen de forma simultánea.
Sostuvo que el proceso DIAN 2667 es complejo, comprende múltiples OPEC y exige
validaciones diferenciadas sobre requisitos mínimos, puntajes, antecedentes,
reclamaciones, actuaciones administrativas y eventuales procesos judiciales, razón
por la cual la expedición progresiva de listas responde a criterios técnicos y jurídicos
razonables.
Añadió que el accionante no tiene un derecho adquirido, sino apenas una expectativa
legítima, porque aún no existe lista de elegibles en firme ni posición consolidada que
le otorgue derecho al nombramiento. También afirmó que la orden de publicar la lista
en diez días desconoce la estructura reglada del concurso, afecta el principio de
legalidad, puede comprometer derechos de terceros y supone una indebida
injerencia judicial en competencias técnicas de la CNSC.
Finalmente, explicó que, conforme al cronograma concertado con la DIAN, la OPEC
225533 fue ubicada en el grupo 4 y su lista se proyecta expedir entre el 25 y el 29 de
mayo de 2026, siempre que no existan actuaciones administrativas o judiciales que
alteren el desarrollo del proceso; por ello pidió revocar la sentencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 9
de abril de 2026 del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así
como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de
la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 9
de abril de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
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En caso de encontrarse superado lo anterior, se debería determinar lo siguiente:
¿Las normas invocadas como incumplidas en la demanda contienen el deber
imperativo, expreso y exigible a cargo y que sea exigible a la demandada a través
de este medio de control?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto
(iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
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concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional11.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
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o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),
MP. Mauricio Torres Cuervo.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
15 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda escrito de 17 de
febrero de 2026, bajo el número 2026RE063390, en la que solicitó a la CNSC el
cumplimiento del artículo 28 del Acuerdo 205 del 2024 y de las disposiciones del
numeral 32.4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023, con el fin de que se
publique la lista de elegibles en el proceso de selección DIAN 2667, respecto de la
OPEC 225533.
La entidad respondió, mediante oficio 2026RS041487 del 4 de marzo de 2026, en el
que informó que los resultados definitivos fueron publicados el 19 de diciembre de
2025 y que se encontraba adelantando trámites técnicos y administrativos para
expedir las listas durante el primer semestre de 2026, de manera paulatina.
Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que la respuesta de la demandada es contraria
al querer del ciudadano. Por tanto, se pasará al estudio de procedencia de este
medio de control.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 28 del Acuerdo 205 del 2024 y 32.4 del
Decreto Ley 927 de 2023 que disponen lo siguiente:
ACUERDO 205
10 de octubre del 2024
Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de
Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes
al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Demandante: Salomón Saad Corredor
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00165-01
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, Proceso de Selección DIAN 2667
[…]
CAPÍTULO VI LISTAS DE ELEGIBLES ARTÍCULO 28. CONFORMACIÓN Y
ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones del
numeral 32.4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023, la CNSC conformará y
adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para proveer las vacantes
definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en
la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las
pruebas aplicadas, debidamente ponderados.
PARÁGRAFO 1. En el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso los
correspondientes elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen
derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en el mismo proceso.
PARÁGRAFO 2. El concepto de unificación de las listas de elegibles, de que trata el
artículo 15 del Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024 o la norma que lo modifique o
sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa
norma.
[…]
DECRETO 927 DE 2023
(junio 07)
Por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados
públicos de la Unidad Administrativa Especial (DIAN) y la regulación de la
administración y gestión de su talento humano
[…]
Artículo 32. Etapas del proceso de selección para ingreso y ascenso. El proceso
de selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
comprende: (i) la convocatoria; (ii) el reclutamiento; (iii) la aplicación y evaluación de
las pruebas de selección; (iv) la conformación de la lista de elegibles y (v) la vinculación
a la carrera en período de prueba.
El contenido y objeto de estas etapas se define a continuación:
[…]
32.4 Lista de elegibles. La lista de elegibles se conformará en estricto orden de mérito
de acuerdo con la sumatoria de los puntajes ponderados obtenidos por el aspirante de
las pruebas de selección definidas en la convocatoria. La Comisión Nacional del
Servicio Civil enviará la lista de elegibles a la Entidad dentro de los 10 días hábiles
siguientes para realizar, en estricto orden de resultados, los correspondientes
nombramientos en período de prueba.
[…]
De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción, esto
es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este caso,
dado que las disposiciones transcritas no han sido derogadas por el legislador o
declaradas inexequible por parte de la jurisdicción.
Sin embargo, en cuanto a la subsidiariedad, la Sala advierte que la pretensión de
la demanda de cumplimiento, más allá del obedecimiento de las disposiciones
invocadas, implica un debate de legalidad respecto del acto administrativo que
contiene las reglas de la convocatoria, como pasa a explicarse.
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Demandante: Salomón Saad Corredor
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00165-01
En efecto, la parte demandante pretende que publique la lista de elegibles en el
proceso de selección DIAN 2667, respecto de la OPEC 225533, para lo cual exigió
en sede administrativa y judicial el cumplimiento de los artículos 28 del Acuerdo 205
del 2024 y artículo 32.4 del Decreto Ley 927 de 2023.
Sin embargo, revisado el acto de convocatoria en su artículo 29 dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 29. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que
disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web, www.cnsc.gov.co,
enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman
y adoptan las Listas de Elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de
selección. [destaca la Sala]
En la demanda se refirió a las previsiones del artículo 33 del Decreto Ley 927 de
2023, para indicar que allí se encontraba el elemento temporal para tener por
cumplido el deber de tener publicada la lista de elegibles (12 meses desde el acto de
convocatoria), pero lo cierto es que dicha norma no fue objeto de la constitución en
renuencia ni se exigió su obedecimiento en sede judicial. En todo caso, el Tribunal
ordenó su cumplimiento al estimar que a partir del artículo 33 del Decreto Ley 927
de 2023 se derivaba el deber de conformar y publicar la lista de elegibles del proceso
de selección DIAN 2667, OPEC 225533.
Lo anterior denota una discrepancia entre las reglas del concurso (artículo 29 del
Acuerdo 205 del 2024), lo pretendido por el actor y lo ordenado por el a quo, a partir
de las previsiones de una disposición que no fue objeto del requisito de procedibilidad
de la renuencia en este caso (artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023). Tal
circunstancia, para esta Sala implica la existencia de una discusión de legalidad del
acto de convocatoria que escapa al objeto de este medio de control.
Así las cosas, como la parte actora puso de presente sus inconformidades sobre el
tiempo que ha demorado la publicación de la lista de elegibles del empleo al cual
aspira, pero del contenido material del acto de convocatoria se observa que tal deber
no está sometido al límite temporal del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 sino
al que estime la CNSC, tal discrepancia no compete ser resuelta por el juez
constitucional, sino por el juez de la legalidad de los actos a través de la simple
nulidad. Ello, si se tiene en consideración que, en virtud del principio de legalidad, lo
dispuesto en la convocatoria 205 de 2024 se presume conforme con el ordenamiento
jurídico hasta tanto la autoridad competente declare lo contrario.
Si bien esta Sección, en otras oportunidades17, ha ordenado el cumplimiento de
normas en los trámites de convocatoria en curso, ello ha ocurrido cuando la norma
que se pide cumplir contiene el deber imperativo, expreso e inobjetable que
corresponde con lo pretendido y no existe discusión con el acuerdo de convocatoria
que rija el respectivo procedimiento de selección, pero tal circunstancia no ocurre en
17 Por ejemplo en el siguiente caso: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado 25000-23-41-000-2025-00695-01, M. P. Omar Joaquín Barreto
Suárez.
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esta oportunidad, pues, para esta Sala, no puede pasar por desapercibido, que no
se podía ordenar el cumplimiento del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 porque
esa disposición no fue objeto del requisito de procedibilidad de la renuencia y, como
se anotó, en el acuerdo que rige el proceso existen previsiones sobre la expedición
de las listas de elegibles que contradice el mandato que procura el extremo aquí
accionante; por tanto, mantener la orden del Tribunal a quo implicaría transgredir el
derecho al debido proceso de la Administración y la presunción de legalidad que
ampara al Acuerdo 205 de 2024.
En ese orden de ideas, la demanda trasciende al simple objetivo de cumplimiento de
las normas invocadas como sustento de la acción, en busca de su eficacia, puesto
que llevan al análisis de fondo sobre la validez de las actuaciones previstas y
desplegadas en el marco de trámite administrativo de selección y que se consideran
que deben llevarse a cabo bajo un límite temporal que no previó el acuerdo 205 de
2024.
De este modo, no se comparte lo expuesto y concluido por el Tribunal, pues este
asunto implica un debate que desconocería la legalidad del acto de convocatoria.
Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante» (resaltos propios), lo cual no fue alegado ni en el
escrito de la demanda, ni en la impugnación.
Así las cosas, la Sala precisa que, para discutir la validez y legalidad del acto de
convocatoria, la parte actora tiene a su alcance otro mecanismo ordinario de defensa
judicial, como es el medio de control de nulidad.
Así las cosas, se impone revocar la sentencia impugnada que accedió a la s
pretensiones para, en su , declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento
por subsidiariedad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia de 9 de abril de 2026 del Tribunal Administrativo
de Santander para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento
por subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
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TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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