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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00301-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00301-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia de 11 de junio de 2026 del Tribunal Administrativo de Santander para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento por subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00301-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00301-01
Demandante: Andrea Catalina Hincapié González
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Tema: Revoca orden de cumplimiento para declarar la improcedencia
por subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandada contra la sentencia de
11 de junio de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander
accedió a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Andrea
Catalina Hincapié González demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil —en
adelante CNSC—por el presunto incumplimiento de los artículos 28 del Acuerdo 205
del 20241, 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023, con el fin de que se conforme y
publique la lista de elegibles en el proceso de selección DIAN 2667, respecto de la
OPEC 225449.

En la demanda se indicó lo siguiente: «[…] ya se cuentan con resultados definitivos
desde el 19 de diciembre de 2025, pero se pide esperar todo el primer semestre de
2026 para publicar las listas, sin expresar razones concretas que impidan la
publicación de la lista de la OPEC 225449 [2]».

2. Hechos

La parte actora alegó que la CNSC no ha expedido ni publicado la lista de elegibles
correspondiente al proceso de selección DIAN 2667, específicamente respecto de la
OPEC 225449 frente a la cual la actora se postuló.

1 Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer

empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso
de Selección DIAN 2667
2 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.

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Demandante: Andrea Catalina Hincapié González
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00301-01

Según la demanda, el 19 de diciembre de 2025, culminó la etapa de pruebas, con la
publicación de los resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes,
por lo que desde ese momento la CNSC debía proceder a conformar y adoptar la
lista de elegibles en estricto orden de mérito, conforme al artículo 28 del Acuerdo 205
de 2024, el artículo 33 y al numeral 4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023.

La actora sostuvo que, aunque dichas disposiciones no fijan un término específico
para expedir la lista, el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 establece que el
proceso de selección, desde el acto de convocatoria hasta la conformación de listas
de elegibles, no puede superar los doce meses.

En ese sentido, indicó que la convocatoria fue expedida el 10 de octubre de 2024,
razón por la cual dicho plazo se encontraría ampliamente vencido. Además, señaló
que para la fecha de presentación de la demanda ya habían transcurrido más de dos
meses y medio desde la publicación de los resultados definitivos, sin que la CNSC
hubiera expedido la respectiva lista.

Como soporte de su solicitud, la demandante afirmó que, en otros procesos de
selección adelantados por la misma entidad, la publicación de las listas de elegibles
se anunció en un término mucho menor después de quedar en firme los resultados
definitivos. Por ello, estimó que era razonable exigir la publicación inmediata de la
lista de la OPEC 225449.

Finalmente, la accionante indicó que agotó el requisito de procedibilidad previsto en
el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, mediante petición radicada el 20 de abril de 2026,
bajo el número 2026RE139383, en la que solicitó a la CNSC publicar la lista de
elegibles. La entidad respondió, mediante oficio 2026RS075323 del 5 de mayo de
2026, en el que informó que los resultados definitivos fueron publicados el 19 de
diciembre de 2025 y que se encontraba adelantando trámites técnicos y
administrativos para expedir las listas durante el primer semestre de 2026, de
manera paulatina.

3. Admisión de la demanda

En auto de 7 de mayo de 2026, la ponente del Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda y ordenó notificar a la CNSC y al Ministerio Público. Igualmente,
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y a los participantes del
Proceso de Selección DIAN 2667, para el empleo de Gestor III, código AT-FL-3006,
OPEC 225449.

4. Informes

4.1. La CNSC se opuso a la prosperidad de la acción. Solicitó que se declarara
improcedente o, subsidiariamente, que se negaran las pretensiones. Alegó que el
plazo de doce meses previsto en el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 no exige
la expedición simultánea de todas las listas de elegibles, sino que busca asegurar el
avance oportuno del proceso de selección. Afirmó que las listas pueden conformarse
progresivamente según las particularidades de cada OPEC, tales como el número

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de aspirantes, las reclamaciones, las validaciones técnicas, la revisión de puntajes y
la resolución de recursos.

También explicó que la expedición escalonada obedeció a la contingencia
administrativa que atravesaba la DIAN por la provisión de cargos con listas de una
convocatoria anterior y por el cumplimiento de múltiples órdenes judiciales, situación
que habría generado una congestión operativa significativa. Por ello, la CNSC y la
DIAN concertaron un cronograma dividido en siete grupos, ubicando la lista de la
OPEC 225449 en el sexto, con publicación proyectada para agosto de 2026. Añadió
que anticipar judicialmente esa expedición podría alterar la planeación institucional y
las actuaciones posteriores de verificación, nombramiento y posesión, y precisó que
la ubicación actual de la accionante constituía apenas una expectativa, pues aún no
existía una lista definitiva, publicada y en firme.

4.2. La DIAN solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al sostener que la conformación, adopción, modificación y publicación de las
listas de elegibles del Proceso de Selección DIAN 2667 corresponde exclusivamente
a la CNSC; explicó que su competencia solo surge una vez la lista queda conformada
y en firme, momento a partir del cual debe adelantar actuaciones posteriores como
los desempates, las audiencias de escogencia de vacante y los nombramientos en
período de prueba. Asimismo, reconoció que la accionante participó en el concurso,
pero afirmó no tener conocimiento directo sobre su posición, la culminación de las
etapas técnicas ni la existencia de impedimentos respecto de la OPEC 225449, por
tratarse de asuntos propios de la Comisión.

4.3. La señora Martha Isabel Martínez Pizarro, vinculada desde el auto admisorio
por ser parte de los concursantes de la OPEC 225449, manifestó no ser parte de
«los puestos meritorios», pero sí tener interés en la conformación de la lista de
elegibles.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 11 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander accedió a
las pretensiones de la demanda. Al respecto, declaró que la CNSC incumplió el
artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023. En consecuencia, le ordenó conformar y
publicar la lista de elegibles del proceso de selección DIAN 2667, OPEC 225533,
dentro de los diez días siguientes a la notificación de la providencia.

Para llegar a la anterior conclusión, el Tribunal precisó que, aunque no existe una
norma que fije un término específico para publicar la lista de una OPEC 225449
concreta después de los resultados definitivos, el artículo 33 del Decreto Ley 927 de
2023 sí contiene un mandato imperativo e inobjetable, consistente en que todo el
proceso de selección, desde la convocatoria hasta la conformación de listas de
elegibles, debe durar máximo doce meses. Así las cosas consideró que, como el
Acuerdo 205 fue expedido el 10 de octubre de 2024, concluyó que ese plazo vencía
el 11 de octubre de 2025 y que, para la fecha del fallo, ya estaba ampliamente
superado. Además, señaló que la propia CNSC reconoció que el proceso seguía en

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etapa de conformación de listas, pues la valoración de antecedentes terminó el 19
de diciembre de 2025.

Finalmente, el Tribunal no acogió la defensa de la CNSC relativa a la complejidad
del concurso, la existencia de múltiples OPEC, las validaciones técnicas, las
revisiones administrativas y el cronograma progresivo acordado con la DIAN. A juicio
de la Sala, esas circunstancias podían eventualmente justificar una imposibilidad de
cumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito, pero debían ser probadas por la
entidad, lo cual no ocurrió. Por ello concluyó que el plazo legal de doce meses no
era discrecional, sino un mandato perentorio, claro y directo que la CNSC incumplió.

La anterior decisión fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la CNSC, la
cual fue negada por medio de auto de 24 de junio de 2026.

6. Impugnación

La CNSC impugnó el fallo de primera instancia al considerar que la participación de
la accionante en el concurso únicamente le otorga una expectativa legítima, mas no
un derecho adquirido, pues todavía no existe una lista de elegibles conformada y en
firme ni una posición consolidada dentro del número de vacantes. Añadió que la
expedición de las listas está condicionada a la culminación de todas las etapas
técnicas y administrativas del proceso, a la verificación integral de puntajes,
antecedentes y requisitos, y a la revisión de eventuales decisiones judiciales que
puedan incidir en la situación de los aspirantes. Sostuvo, además, que el artículo 33
del Decreto Ley 927 de 2023 no exige la expedición simultánea de todas las listas,
por lo que su publicación progresiva, conforme al cronograma concertado con la
DIAN, no constituye una dilación injustificada ni un incumplimiento del término legal.

Asimismo, alegó que el fallo desconoció el precedente vertical fijado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 21 de mayo de 2026, radicado
68001-23-33-000-2026-00165-01, según el cual una controversia semejante debe
declararse improcedente por subsidiariedad. Explicó que el Acuerdo 205 de 2024
atribuye a la CNSC la facultad de fijar la fecha de publicación de las listas y goza de
presunción de legalidad, de manera que ordenar su expedición inmediata implicaría
controvertir el alcance y validez del acto de convocatoria, asunto reservado al medio
de control de nulidad. Por ello, solicitó revocar la sentencia y declarar improcedente
la acción de cumplimiento, al existir otro mecanismo judicial y no haberse acreditado
un perjuicio grave e inminente3.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 11
de junio de 2026 del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo

3 Revisado el expediente digital de SAMAI en primera instancia, se observa que la DIAN y la CNSC, esta última

luego de haber impugnado la decisión adversa a sus intereses, presentaron memorial a índices 23 y 38 en los
cuales informaron haber dado cumplimiento a la decisión de primera instancia.

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dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así
como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de
la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 11
de junio de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

En caso de encontrarse superado lo anterior, se debería determinar lo siguiente:

¿Las normas invocadas como incumplidas en la demanda contienen el deber
imperativo, expreso y exigible a cargo y que sea exigible a la demandada a través
de este medio de control?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto
(iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo4 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y

4 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo5.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]6.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política7.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»8.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado9.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-

00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).

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Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional12.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14. Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el

10 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
12 Sentencia antes citada.
13
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[16] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»17.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda escrito de 20 de abril
de 2026, bajo el número 2026RE139383, en la que solicitó a la CNSC el
cumplimiento del artículo 28 del Acuerdo 205 del 2024, 32, numeral 4, y 33 del
Decreto Ley 927 de 2023, con el fin de que se publique la lista de elegibles en el
proceso de selección DIAN 2667, respecto de la OPEC 225449.

La entidad respondió, mediante oficio 2026RS075323 del 5 de mayo de 2026, en el
que informó que los resultados definitivos fueron publicados el 19 de diciembre de
2025 y que se encontraba adelantando trámites técnicos y administrativos para
expedir las listas durante el primer semestre de 2026, de manera paulatina.

Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que la respuesta de la demandada es contraria
al querer del ciudadano. Por tanto, se pasará al estudio de procedencia de este
medio de control.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone

16
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
17 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación

n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 28 del Acuerdo 205 del 2024, 32.4 y 33 del
Decreto Ley 927 de 2023 que disponen lo siguiente:

ACUERDO 205
10 de octubre del 2024

Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de
Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes
al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, Proceso de Selección DIAN 2667
[…]
CAPÍTULO VI LISTAS DE ELEGIBLES ARTÍCULO 28. CONFORMACIÓN Y
ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones del
numeral 32.4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023, la CNSC conformará y
adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para proveer las vacantes
definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en
la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las
pruebas aplicadas, debidamente ponderados.

PARÁGRAFO 1. En el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso los
correspondientes elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen
derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en el mismo proceso.

PARÁGRAFO 2. El concepto de unificación de las listas de elegibles, de que trata el
artículo 15 del Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024 o la norma que lo modifique o
sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las disposiciones de esa
norma.
[…]

DECRETO 927 DE 2023
(junio 07)

Por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados
públicos de la Unidad Administrativa Especial (DIAN) y la regulación de la
administración y gestión de su talento humano
[…]
Artículo 32. Etapas del proceso de selección para ingreso y ascenso. El proceso
de selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
comprende: (i) la convocatoria; (ii) el reclutamiento; (iii) la aplicación y evaluación de
las pruebas de selección; (iv) la conformación de la lista de elegibles y (v) la vinculación
a la carrera en período de prueba.

El contenido y objeto de estas etapas se define a continuación:
[…]
32.4 Lista de elegibles. La lista de elegibles se conformará en estricto orden de mérito
de acuerdo con la sumatoria de los puntajes ponderados obtenidos por el aspirante de
las pruebas de selección definidas en la convocatoria. La Comisión Nacional del
Servicio Civil enviará la lista de elegibles a la Entidad dentro de los 10 días hábiles
siguientes para realizar, en estricto orden de resultados, los correspondientes
nombramientos en período de prueba.
[…]

Artículo 33. Ejecución oportuna de los procesos de selección. En consideración a
los principios de celeridad y eficacia de la función administrativa de que trata el artículo

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209 de la Constitución Política, y para un adecuado y oportuno funcionamiento del
Sistema Específico de Carrera Administrativa, el tiempo de duración del proceso de
selección, desde el acto de convocatoria hasta la conformación de las listas de
elegibles, será máximo de doce (12) meses.
[…]

De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción, esto
es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este caso,
dado que las disposiciones transcritas no han sido derogadas por el legislador o
declaradas inexequible por parte de la jurisdicción.

Sin embargo, en cuanto a la subsidiariedad, la Sala advierte que la pretensión de
la demanda de cumplimiento, más allá del obedecimiento de las disposiciones
invocadas, implica un debate de legalidad respecto del acto administrativo que
contiene las reglas de la convocatoria, como pasa a explicarse.

En efecto, la parte demandante pretende que publique la lista de elegibles en el
proceso de selección DIAN 2667, respecto de la OPEC 225449, para lo cual exigió
en sede administrativa y judicial el cumplimiento de los artículos 28 del Acuerdo 205
del 2024, 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023.

Sin embargo, revisado el acto de convocatoria en su artículo 29 dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 29. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que
disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web, www.cnsc.gov.co,
enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman
y adoptan las Listas de Elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de
selección. [destaca la Sala]

Lo anterior denota una discrepancia entre las reglas del concurso (artículo 29 del
Acuerdo 205 del 2024), lo pretendido por la actora y lo ordenado por el a quo, a partir
de las previsiones del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023. Tal circunstancia,
para esta Sala implica la existencia de una discusión de legalidad del acto de
convocatoria que escapa al objeto de este medio de control.

Así las cosas, como la parte actora puso de presente sus inconformidades sobre el
tiempo que ha demorado la publicación de la lista de elegibles del empleo al cual
aspira, pero del contenido material del acto de convocatoria se observa que tal deber
no está sometido al límite temporal del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 sino
al que estime la CNSC, tal discrepancia no compete ser resuelta por el juez
constitucional, sino por el juez de la legalidad de los actos a través de la simple
nulidad. Ello, si se tiene en consideración que, en virtud del principio de legalidad, lo
dispuesto en la convocatoria 205 de 2024 se presume conforme con el ordenamiento
jurídico hasta tanto la autoridad competente declare lo contrario.

Si bien esta Sección, en otras oportunidades18, ha ordenado el cumplimiento de
normas en los trámites de convocatoria en curso, ello ha ocurrido cuando la norma

18 Por ejemplo, en el siguiente caso: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado 25000-23-41-000-2025-00695-01, M. P. Omar Joaquín Barreto
Suárez.

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que se pide cumplir contiene el deber imperativo, expreso e inobjetable que
corresponde con lo pretendido y no existe discusión con el acuerdo de convocatoria
que rija el respectivo procedimiento de selección, pero tal circunstancia no ocurre en
esta oportunidad.

Al respecto, en las sentencias del 21 de mayo19 y de 2 de julio de 202620 la Sala
estudió casos en el que se demandó a la CNSC por el supuesto incumplimiento de
los artículos 28 del Acuerdo 205 del 2024, 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023.
En la primera de esas oportunidades no se indicó el incumplimiento del artículo 33
del Decreto Ley 927 de 2023 y en el segundo caso sí; sin embargo, en ambos casos
se llegó a la misma conclusión que en esta oportunidad, dado que, lo realmente
atacado, son los términos de la convocatoria contenidos en el acuerdo.

Así, para esta Sala, no puede pasar por desapercibido, que en el acuerdo que rige
el proceso existen previsiones sobre la expedición de las listas de elegibles que
contradicen el mandato que procura el extremo aquí accionante; por tanto, mantener
la orden del Tribunal a quo implicaría transgredir el derecho al debido proceso de la
Administración y la presunción de legalidad que ampara al Acuerdo 205 de 2024.

En ese orden de ideas, la demanda trasciende al simple objetivo de cumplimiento de
las normas invocadas como sustento de la acción, en busca de su eficacia, puesto
que llevan al análisis de fondo sobre la validez de las actuaciones previstas y
desplegadas en el marco de trámite administrativo de selección y que se consideran
que deben llevarse a cabo bajo un límite temporal que no previó el Acuerdo 205 de
2024.

De este modo, no se comparte lo expuesto y concluido por el Tribunal, pues este
asunto implica un debate que desconocería la legalidad del acto de convocatoria.

Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante» (resaltos propios), lo cual no fue alegado ni en el
escrito de la demanda, ni en la impugnación.

Así las cosas, la Sala precisa que, para discutir la validez y legalidad del acto de
convocatoria, la parte actora tiene a su alcance otro mecanismo ordinario de
defensa judicial, como es el medio de control de nulidad.

Del anterior análisis, se concluye que esta Sección revocará la sentencia proferida
el 11 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, de conformidad con razones
aquí expuestas.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de mayo de 2026,

radicado 68001-23-33-000-2026-00165-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de julio de 2026,

radicado 05001-23-33-000-2026-00718-01, M.P. Omar Joaquín Barreto suárez.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia de 11 de junio de 2026 del Tribunal Administrativo
de Santander para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento
por subsidiariedad, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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