Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00718-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2026-00718-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2026-00718-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2026-00718-01
Demandante: NÉSTOR ELÍAS VERGARA MÁRQUEZ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC)
Tema: Revoca sentencia – Declara improcedencia de la acción de
cumplimiento por subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 3 de junio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia, accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Néstor
Elías Vergara Márquez demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil —
en adelante CNSC—por el supuesto incumplimiento de los artículos 28 del
Acuerdo 205 del 2024, 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023 y el anexo
técnico del Acuerdo 205 de 2024, con el fin de que se conforme y publique la
lista de elegibles en el proceso de selección DIAN 2667, respecto de la OPEC
225561.
2. Hechos1:
2. Precisó que, mediante Acuerdo 205 de 2024, la CNSC convocó el proceso de
selección DIAN 2667.
3. Aseguró que, de acuerdo con la información oficial, el aviso de apertura se
divulgó el 11 de octubre de 2024.
1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones
sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.
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Demandante: Néstor Elías Vergara Márquez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil
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4. Indicó que, está inscrito en el mencionado proceso para el empleo de OPEC
225561, denominado Gestor II, con código de inscripción 907860953.
5. Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023, el
proceso debía culminar, desde la convocatoria hasta la conformación de la
lista de elegibles, a más tardar en octubre de 2025.
6. Agregó que, el 19 de diciembre de 2025 se publicaron los resultados definitivos
de la prueba de valoración de antecedentes. Sin embargo, a la fecha de
presentación de la acción, la CNSC no ha conformado ni publicado la lista de
elegibles correspondiente al OPEC 225561.
7. Finalmente, el accionante indicó que agotó el requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, mediante petición radicada el
16 de abril de 2026. La entidad respondió y le indicó que la lista se publica de
manera progresiva.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
8. Mediante providencia de 6 de mayo de 20262, el magistrado sustanciador del
Tribunal Administrativo de Antioquia, admitió la demanda y ordenó la
notificación de la CNSC. Además, mediante auto del 21 de mayo ordenó
vincular como tercero con interés a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- y a los participantes de la convocatoria.
4. Contestación de la demanda
9. La CNSC consideró que la acción de cumplimiento es improcedente. En este
punto se refirió al requisito de constitución en renuencia, precisando las
características que debe contener la solicitud orientada a ese fin.
10. Afirmó que el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 dispone que el tiempo
de duración del proceso de selección, desde la convocatoria hasta la
conformación de las listas de elegibles, será máximo de 12 meses; no
obstante, la norma no establece que todas las listas deban expedirse
simultáneamente, ni se configura una nulidad del proceso por la expedición
progresiva de ellas.
11. Aseguró que, desde octubre de 2025 se expidieron y publicaron listas de
elegibles dentro del mismo proceso de selección, lo que evidencia que se
avanzó hacia la etapa de conformación de listas en el término legal y en
cumplimiento de la finalidad normativa.
12. Defendió que el término del artículo debe entenderse como un mandato
dirigido a garantizar la ejecución oportuna del proceso y no como una causal
automática de vulneración de derechos cuando el proceso continúa en curso
2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal.
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y no se ha consolidado afectación. que el accionante no ha sido excluido del
proceso ni desplazado de lista alguna.
13. Sostuvo que el accionante no ha sido excluido del proceso; además, no existe
lista de elegibles conformada para la OPEC 225561 ni se ha hecho
nombramiento en contravía de una lista vigente. Por tanto, la situación jurídica
del actor no ha sido afectada de manera concreta ni definitiva. Adicionalmente,
no hay vulneración de ningún derecho adquirido porque el actor permanece
en el ámbito de la expectativa legítima.
14. Reiteró que la norma no establece un término perentorio final para la
expedición simultánea de todas las listas. En todo caso, relató que desde
octubre de 2025 ha expedido y publicado varias listas de elegibles, con lo que
se evidencia el cumplimiento del término legal, así como la ejecución
progresiva y diligente del proceso de selección.
15. Puntualizó que el OPEC de interés del accionante está en el grupo 5, para el
que se proyecta expedir la lista de elegibles entre el 6 y el 10 de julio de 2026
«siempre que durante dicho período no se presenten actuaciones
administrativas o decisiones judiciales que puedan incidir en el normal
desarrollo del proceso”. S
16. Sandra Viviana Valencia, Diego Armando Vanegas, Andrea Sánchez Bedoya
y María Angélica Buitrago Márquez se presentaron como participantes del
proceso de selección DIAN 2667, para el empleo identificado con OPEC
225561 y coadyuvan integralmente las pretensiones de la acción de
cumplimiento.
17. Alegaron que el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 contiene un mandato
claro y concreto; no obstante, la CNSC pretende modificar el alcance material
normativo aduciendo circunstancias administrativas que no tienen la
capacidad jurídica de desplazar una norma con fuerza material de ley.
18. Estimaron que la «publicación progresiva» no tiene soporte normativo en los
preceptos que rigen el concurso público (Decreto Ley 927 de 2023, Acuerdo
205 de 2024 y Anexo Técnico). Desde ahí, alegan que esa figura fue creada
administrativamente, sin competencia.
19. La DIAN consideró que la entidad carece de legitimación en la causa por
pasiva porque es a la CNSC a quien le corresponde elaborar la lista de
elegibles, tal como lo dispone el artículo 4º del artículo 31 de la Ley 909 de
2004 y el Acuerdo 205 del 10 de octubre del 2024. Por esa razón, pidió que se
declare su falta de legitimación por pasiva
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5. Sentencia de primera instancia3
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de sentencia de 3 de junio
de 2026, resolvió acceder a las pretensiones de la acción.
21. Para el efecto, consideró que de los preceptos normativos demandados como
incumplidos surge un mandato imperativo e inobjetable dirigido a la CNSC.
Dicho deber debía cumplirse máximo el 11 de octubre de 2025 porque la
convocatoria se surtió a través del Acuerdo 205 de 2024 publicado el 11 de
octubre de 2024; además, porque las etapas previas del proceso ya
concluyeron, tal como lo afirmó la misma accionada y consta en la página web
habilitada para las comunicaciones y notificaciones del concurso.
22. Resaltó que no procede acoger la falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la DIAN, toda vez que su vinculación al proceso se hizo a título
de tercero con interés y no como integrante de la parte pasiva. Como
consecuencia, su vínculo se dio para garantía del debido proceso, dado que
la decisión está relacionada con un concurso de méritos propio a la entidad;
esto, no equivale a una vinculación como demandada, dado que ninguna
pretensión se eleva frente a ella y las normas invocadas se refieren a la CNSC.
23. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la CNSC que, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, realice las
gestiones internas necesarias para que, en el mismo término, conforme y
adopte en estricto orden de mérito la lista de elegibles para el OPEC 225561
del Proceso de Selección DIAN 2667.
24. La anterior decisión fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la CNSC,
la cual fue negada por medio de auto de 11 de junio de 2026.
6. La impugnación4
25. La CNSC impugnó el fallo de primera instancia al considerar que el Tribunal
hizo una interpretación extensiva del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023,
pues dicha norma solo establece un término global máximo de duración del
proceso de selección, pero no contiene un mandato concreto, específico e
inmediato de expedir la lista de elegibles de una OPEC determinada en una
fecha precisa, ni exige que todas las listas se publiquen de forma simultánea.
26. Sostuvo que el proceso DIAN 2667 es complejo, comprende múltiples OPEC
y exige validaciones diferenciadas sobre requisitos mínimos, puntajes,
antecedentes, reclamaciones, actuaciones administrativas y eventuales
3 Índice 00028 de Samai. Expediente del tribunal.
4 La sentencia de 3 de junio de 2026 fue notificada ese mismo día (envío de correo) y el escrito
de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 10 de junio de 2026, término que
se encuentra oportuno.
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procesos judiciales, razón por la cual la expedición progresiva de listas
responde a criterios técnicos y jurídicos razonables.
27. Añadió que el accionante no tiene un derecho adquirido, sino apenas una
expectativa legítima, porque aún no existe lista de elegibles en firme ni
posición consolidada que le otorgue derecho al nombramiento.
28. Finalmente, explicó que, atendiendo lo solicitado por el tribunal, informó que la
lista de elegibles correspondiente a la OPEC 225561 del Proceso de Selección
DIAN No. 2667 se proyecta expedir en la semana comprendida entre el 06 y
el 10 de julio de 2026, siempre que durante dicho período no se presenten
actuaciones administrativas o decisiones judiciales que puedan incidir en el
normal desarrollo del proceso.
29. Finalmente, se refirió a la sentencia proferida por esta Corporación el 21 de
mayo de 2026 en un caso similar, el cual resulta plenamente aplicable al
presente asunto, toda vez que el accionante pretende obtener, por vía de
acción de cumplimiento, la expedición inmediata de la lista de elegibles de una
OPEC específica, pese a que dicha actuación se encuentra sujeta a las reglas
del Acuerdo 205 de 2024, al cronograma institucional, a las validaciones
técnicas y administrativas propias del proceso y a la programación dispuesta
por la CNSC en coordinación con la DIAN. Por tanto, la acción debe declararse
improcedente por subsidiariedad, al existir un debate de legalidad del acto de
convocatoria que excede el objeto de la acción de cumplimiento.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
30. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 3 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, según lo dispuesto en los artículos 1505 y 1526 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.
5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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2. Objeto de la decisión
31. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 3 de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
32. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:
33. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la entidad
demandada de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?
34. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse,
si se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción y, en caso de
superarse, determinar si existe en cabeza de la demanda un deber legal que
ha sido incumplido.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
35. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
36. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia
esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].
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37. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o
iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
38. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales
se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos
5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de
la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
39. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
40. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
41. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.
42. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.
43. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-
1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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44. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
45. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó copia
de la petición que dijo haber sido enviada a la CNSC el 16 de abril de 2026,
en el cual solicitó el cumplimiento de las mismas normas indicadas en la
demanda.
46. S bien en el proceso no obra constancia de la fecha de envío, está la respuesta
otorgada por la entidad, el 24 de abril de 2026, negándose a lo solicitado. De
conformidad con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de
constitución en renuencia, según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
47. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia
de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir,
su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante
invocó como disposiciones incumplidas los artículos 28 del Acuerdo 205 del
2024 y 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023 que disponen lo siguiente:
ACUERDO 205
10 de octubre del 2024
Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de
Ingreso y Ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al
Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, Proceso de Selección DIAN 2667.
[…]
CAPÍTULO VI LISTAS DE ELEGIBLES ARTÍCULO 28. CONFORMACIÓN Y
ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones
del numeral 32.4 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023, la CNSC
conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para
proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso
de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados
en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados.
PARÁGRAFO 1. En el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso los
correspondientes elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen
derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertadas en el mismo
proceso.
PARÁGRAFO 2. El concepto de unificación de las listas de elegibles, de que trata
el artículo 15 del Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024 o la norma que lo
modifique o sustituya, será aplicable en este proceso de selección, según las
disposiciones de esa norma.
[…]
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DECRETO 927 DE 2023
(junio 07)
Por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados
públicos de la Unidad Administrativa Especial (DIAN) y la regulación de la
administración y gestión de su talento humano
[…]
Artículo 32. Etapas del proceso de selección para ingreso y ascenso. El proceso
de selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
comprende: (i) la convocatoria; (ii) el reclutamiento; (iii) la aplicación y evaluación
de las pruebas de selección; (iv) la conformación de la lista de elegibles y (v) la
vinculación a la carrera en período de prueba.
El contenido y objeto de estas etapas se define a continuación:
[…]
32.4 Lista de elegibles. La lista de elegibles se conformará en estricto orden de
mérito de acuerdo con la sumatoria de los puntajes ponderados obtenidos por el
aspirante de las pruebas de selección definidas en la convocatoria. La Comisión
Nacional del Servicio Civil enviará la lista de elegibles a la Entidad dentro de los
10 días hábiles siguientes para realizar, en estricto orden de resultados, los
correspondientes nombramientos en período de prueba.
[…].
ARTÍCULO 33. EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN.
En consideración a los principios de celeridad y eficacia de la función
administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, y para un
adecuado y oportuno funcionamiento del Sistema Específico de Carrera
Administrativa, el tiempo de duración del proceso de selección, desde el acto de
convocatoria hasta la conformación de las listas de elegibles, será máximo de
doce (12) meses.
48. De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción,
esto es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en
este caso, dado que las disposiciones transcritas no han sido derogadas por
el legislador o declaradas inexequible por parte de la jurisdicción.
49. Sin embargo, en cuanto a la subsidiariedad, la Sala advierte que la pretensión
de la demanda de cumplimiento, más allá del obedecimiento de las
disposiciones invocadas, implica un debate de legalidad respecto del acto
administrativo que contiene las reglas de la convocatoria, como pasa a
explicarse.
6. Caso concreto
50. En efecto, la parte demandante pretende que publique la lista de elegibles en
el proceso de selección DIAN 2667, respecto de la OPEC 225561, para lo cual
exigió en sede administrativa y judicial el cumplimiento de los artículos 28 del
Acuerdo 205 del 2024 y artículos 32.4 y 33 del Decreto Ley 927 de 2023.
51. Sin embargo, revisado el acto de convocatoria en su artículo 29 dispuso lo
siguiente:
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ARTÍCULO 29. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha
que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su sitio web,
www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos
administrativos que conforman y adoptan las Listas de Elegibles de los empleos
ofertados en el presente proceso de selección. [destaca la Sala]
52. El Tribunal ordenó su cumplimiento al estimar que a partir del artículo 33 del
Decreto Ley 927 de 2023 se derivaba el deber de conformar y publicar la lista
de elegibles del proceso de selección DIAN 2667, OPEC 225561.
53. Lo anterior denota una discrepancia entre las reglas del concurso (artículo 29
del Acuerdo 205 del 2024) y lo pretendido por el actor al procurar la aplicación
del artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023. Tal circunstancia, para esta Sala
implica la existencia de una discusión de legalidad del acto de convocatoria
que escapa al objeto de este medio de control.
54. En efecto, como la parte actora puso de presente sus inconformidades sobre
el tiempo que ha demorado la publicación de la lista de elegibles del empleo
al cual aspira, pero del contenido material del acto de convocatoria se observa
que tal deber no está sometido al límite temporal del artículo 33 del Decreto
Ley 927 de 2023 sino al que estime la CNSC, tal discrepancia no compete ser
resuelta por el juez constitucional, sino por el juez de la legalidad de los actos
a través de la simple nulidad. Ello, si se tiene en consideración que, en virtud
del principio de legalidad, lo dispuesto en la convocatoria 205 de 2024 se
presume conforme con el ordenamiento jurídico hasta tanto la autoridad
competente declare lo contrario.
55. Si bien esta Sección, en otras oportunidades11, ha ordenado el cumplimiento
de normas en los trámites de convocatoria en curso, ello ha ocurrido cuando
la norma que se pide cumplir contiene el deber imperativo, expreso e
inobjetable que corresponde con lo pretendido y no existe discusión con el
acuerdo de convocatoria que rija el respectivo procedimiento de selección,
pero tal circunstancia no ocurre en esta oportunidad.
56. Al respecto, en la sentencia del 21 de mayo de 202612 la Sala estudió un caso
en el que se demandó a la CNSC por el supuesto incumplimiento de los
artículos 28 del Acuerdo 205 del 20241 y 32.4 del Decreto Ley 927 de 2023.
En esa oportunidad no se indicó el incumplimiento del artículo 33 del Decreto
Ley 927 de 2023; sin embargo, se llegó a la misma conclusión que en esta
oportunidad, dado que, lo realmente atacado, son los términos de la
convocatoria contenidos en el acuerdo.
57. Así, para esta Sala, no puede pasar por desapercibido, que en el acuerdo que
rige el proceso existen previsiones sobre la expedición de las listas de
11 Por ejemplo, en el siguiente caso: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 16 de octubre de 2025, radicado 25000-23-41-000-2025-00695-01, M. P. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de mayo
de 20216, radicado 68001-23-33-000-2026-00165-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Néstor Elías Vergara Márquez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil
Rad: 05001-23-33-000-2026-00718-01
elegibles que contradicen el mandato que procura el extremo aquí accionante;
por tanto, mantener la orden del Tribunal a quo implicaría transgredir el
derecho al debido proceso de la Administración y la presunción de legalidad
que ampara al Acuerdo 205 de 2024.
58. En ese orden de ideas, la demanda trasciende al simple objetivo de
cumplimiento de las normas invocadas como sustento de la acción, en busca
de su eficacia, puesto que llevan al análisis de fondo sobre la validez de las
actuaciones previstas y desplegadas en el marco de trámite administrativo de
selección y que se consideran que deben llevarse a cabo bajo un límite
temporal que no previó el Acuerdo 205 de 2024.
59. De este modo, no se comparte lo expuesto y concluido por el Tribunal, pues
este asunto implica un debate que desconocería la legalidad del acto de
convocatoria.
60. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o
acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio
grave e inminente para el accionante» (resaltos propios), lo cual no fue
alegado ni en el escrito de la demanda, ni en la impugnación.
61. Así las cosas, la Sala precisa que, para discutir la validez y legalidad del acto
de convocatoria, la parte actora tiene a su alcance otro mecanismo ordinario
de defensa judicial, como es el medio de control de nulidad.
62. Del anterior análisis, se concluye que esta Sección revocará la sentencia
proferida el 3 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia para
en su lugar declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, de
conformidad con razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia de 3 de junio de 2026, del Tribunal
Administrativo de Antioquia, para en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de cumplimiento, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
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Demandante: Néstor Elías Vergara Márquez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil
Rad: 05001-23-33-000-2026-00718-01
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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