RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-41-000-2022-00203-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00203-01

Acción de cumplimiento

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
174 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00203-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Problema jurídico

  1. ¿Hay lugar a ordenar el acatamiento del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 65 de 1993 para que se ordene el traslado del exsenador condenado, de acuerdo con los supuestos de la disposición invocada?

Reglas

  1. La acción de cumplimiento no procede si existen otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de la ley o del acto administrativo, salvo perjuicio grave e inminente.

    «con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de»
  2. Controvertir la legalidad de una orden de traslado de un recluso escapa a la acción de cumplimiento, porque este medio no fue previsto para ese tipo de controversias.

    «cumplimiento por cuanto este medio no fue previsto para ese tipo de»
  3. Para constituir la renuencia no es necesario que la petición diga expresamente que busca ese efecto; basta que de su contenido se infiera el obedecimiento del deber.

    «solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es»
  4. La renuencia se agota solo respecto del caso que la reclamación explica, pues delimita el objeto del cumplimiento solicitado.

    «se refiere al mencionado caso, razón por la cual, bajo esos términos se entiende»

Decisión

Se confirma la sentencia del 19 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la acción de cumplimiento, porque lo pretendido exige controvertir la legalidad del acto de traslado por medios ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2022 por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2022-00203-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de junio de 2022

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
Demandante: ANGÉLICA LOZANO CORREA
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -
INPEC

Temas: Confirma la decisión de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia de
19 de abril de 2022, proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la acción, por
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora Angélica Lozano Correa, quien invocó su calidad de senadora de la
República, promovió el medio de control de cumplimiento contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, con el fin de obtener el acatamiento
del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 65 de 19931.

1.2. Pretensiones de la demanda

“1. Se ORDENE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dar cumplimiento
inmediato a lo establecido en las citadas normativas, y en consecuencia que se
proceda con el traslado inmediato del exsenador Pulgar a un establecimiento
ordinario de reclusión.

2. Se ORDENE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dar cumplimiento
inmediato a lo establecido en las citadas normativas, y en consecuencia que se

1
Parágrafo que fue adicionado al artículo 29 de la Ley 65 de 1993 ”Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”, a través del artículo 5° de la Ley 2014 de 2019 “Por medio de la cual se
regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública,
así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras
disposiciones.”.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

proceda a examinar caso a caso la procedencia de la aplicación del parágrafo
segundo del artículo 29 de la Ley 65 de 1993, ordenando inmediatamente el
traslado de los servidores o exservidores públicos condenados, por los graves
delitos contra la administración pública que allí se reseñan, a establecimientos
ordinarios de reclusión.”2.

1.3. Hechos

La demanda se sustentó en los siguientes supuestos fácticos, que se resumen de
la siguiente forma:

• La accionante indicó que el 30 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley 2014 de
2019, que en su artículo 5° introdujo el parágrafo 2° al artículo 29 de la Ley 65 de
1993 en el que se establece que la reclusión en lugares especiales no será
procedente para “los servidores o ex servidores públicos condenados por cometer
delitos de “(…) cohecho por dar u ofrecer” y “(…) tráfico de influencias de servidor
público (…)”, entre otros delitos, por los cuales deberán ser recluidos en
pabellones especiales para servidores públicos dentro del respectivo
establecimiento penitenciario o carcelario.

• Informó que el 25 de junio de 2021, la Corte Suprema de Justicia condenó a 58
meses y veinticinco 25 días de prisión al exsenador Eduardo Pulgar Daza por los
delitos de tráfico de influencias y cohecho, pena que purgaba en la cárcel La
Picota en Bogotá.

• Indicó que el mencionado condenado, mediante petición de 9 de julio de 2021,
pidió al director general del INPEC, que autorizara su traslado al Batallón Vergara
y Velasco de Malambo (Atlántico), en virtud de la cercanía a su núcleo familiar.

• El 12 de julio de 2021, el INPEC remitió por competencia la solicitud al
comandante del Ejército Nacional para que estudiara su viabilidad.

• El 13 de julio de 2021, el director de Centros de Reclusión Militar, le asignó cupo
en la cárcel y Penitenciaría para miembros de la Fuerza Pública de Malambo.

• El 18 de julio de 2021, el INPEC efectuó el traslado desde la cárcel La Picota en
Bogotá a la cárcel para miembros de la Fuerza Pública de Malambo.

• El 21 de julio de 2021, con ocasión de la implementación de la Ley 2014 de
2019, la accionante presentó petición al INPEC sobre: i) el procedimiento para el
traslado de condenados a Guarnición Militar, ii) la legalidad del traslado de
Eduardo Pulgar Daza y iii) la naturaleza de la cárcel para miembros de la Fuerza
Pública de Malambo.

2
Se transcribe tal cual se formuló en el escrito de demanda.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

• El 30 de julio de 2021, el director del INPEC informó que: i) el trámite de traslado
de condenados a guarnición militar, se rige por las previsiones del artículo 73 de la
Ley 65 de 1993, ii) la competencia para trasladar personal privado de la libertad
en calidad de condenados, está asignada exclusivamente en la Dirección General
del INPEC, pero aclaró que en el caso del traslado a Guarnición Militar el INPEC
no es autónomo para asignar, fijar u ordenar el traslado, sino que se deben agotar
los trámites ante la Dirección de Centros de Reclusión Militar y, posteriormente, se
puede iniciar el procedimiento administrativo para el respectivo traslado, iii)
precisó que la cárcel para miembros de la Fuerza Pública de Malambo es un lugar
especial de reclusión en los términos del artículo 29 del Código Penitenciario y
Carcelario y afirmó que: “El citado establecimiento es un lugar de reclusión en
casos especiales, teniendo como sustento lo dispuesto en el inciso 2 del artículo
27 de la Ley 65 de 1993, debido que se rige por normas especiales, tal como lo
establece además la Resolución No. 2601 de 2017, la cual en su parte motiva
dispone que se le atribuye al Ministerio de Defensa Nacional unas funciones con
respecto a estos centros especializados”.

• El 30 de julio de 2021, la demandante presentó solicitud de información al
INPEC sobre las acciones adelantadas por dicha entidad en cuanto a la
prohibición de autorizar la reclusión en lugares especiales cuando se trate de los
condenados, por los delitos definidos en el parágrafo 2° del artículo 5 de la Ley
2014 de 2019.

• El 6 de agosto de 2021, el director del INPEC respondió “[…] las personas que
se establecen en el parágrafo citado en precedencia, no podrán ser trasladados a
sitios de reclusión especial, por lo tanto, el INPEC tiene el deber de respetar y
aplicar esta disposición legal a partir de su entrada en vigencia”.

• El 5 de agosto de 2021, la accionante radicó petición ante el INPEC, el ministro
de Defensa y el director de Centros de Reclusión Militar, en la que solicitó
información sobre las razones por las cuales permitieron y autorizaron el traslado
de Eduardo Pulgar a la cárcel para miembros de la Fuerza Pública de Malambo,
en incumpliendo del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 65 de 1993.

• El 12 de agosto de 2021, el director INPEC respondió: “Se reitera a la
Honorable Senadora, que las actuaciones del INPEC estuvieron enmarcadas en el
ejercicio del derecho fundamental de petición del exsenador Pulgar, que como a
cualquier otro ciudadano del común, se le dio trámite a su petición, en torno al
traslado por competencia de la misma a la entidad y funcionario competentes para
su atención, obteniendo el ciudadano la respuesta que está en el oficio Radicado
No. 2021363001438211: MDN-COGFMCOEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DICER-
1.9”.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

Indicó que el ministro de Defensa y el director de Centros de Reclusión Militar no
dieron respuesta.

• El 17 de febrero de 2022, con la finalidad de constituir en renuencia, solicitó al
INPEC el acatamiento del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 65 de 1993, para
el caso del exsenador Eduardo Pulgar Daza. Indicó que se emitió respuesta
negativa bajo el radicado No. 2022EE0031681 en Oficio No. 8120-OFAJU-81203-
GRECO, razón por la cual acudió a la acción de cumplimiento.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

El asunto fue repartido a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, a través de auto de ponente de 8 de marzo
de 2022, admitió el medio de control y ordenó notificar al INPEC y al Ministerio
Público.

1.4.2. Informe

1.4.2.1. El INPEC se opuso a las pretensiones de la demanda, refirió a los
aspectos generales de procedencia del presente medio de control y argumentó
que quien debe determinar el lugar de reclusión de un condenado aforado es el
juez de la causa en su providencia condenatoria quien además tiene a su cargo la
ejecución de la pena, caso contrario la entidad, con base en un ponderado
análisis, respecto a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad,
personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta, e incluso el
acercamiento familiar, puede establecerlo, mediante acto administrativo respecto
del cual se presume su legalidad.

En esa medida, precisó que lo buscado por la accionante es discutir la legalidad
de la Resolución N° 005005 del 15 de julio de 2021, expedida por la Dirección
General del INPEC, por medio e la cual se autorizó el traslado de Eduardo Pulgar
Daza, para lo cual cuenta con el medio control de nulidad simple en donde
además puede solicitar la aplicación de medidas cautelares como la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos. En virtud de lo anterior,
solicita se declare la improcedencia de la acción constitucional formulada por la
accionante.

1.4.2.2. El Ministerio Público guardó silencio.

1.4.3. Sentencia de primera instancia

En fallo de 19 de abril de 2022, la subsección “B” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

“[...] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cumplimiento
del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 65 de 1993 modificado por el
artículo 5°de la Ley 2014 de 2019 formulada por la señora ANGELICA
LOZANO CORREA, de conformidad con las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia. [...]”3.

El Tribunal concluyó que lo pretendido por la actora, era improcedente por
subsidiariedad, porque implicaba controvertir la legalidad de la Resolución N°
005005 del 15 de julio de 2021, a través de la cual el INPEC resolvió conceder en
favor del señor Eduardo Pulgar Daza un traslado al Centro de Reclusión Militar de
Malambo, Atlántico; en esa medida, tiene a su alcance los medios ordinarios
(artículos 137 y 138 del CPACA) dispuestos por resolver este tipo de
controversias, en el marco de las cuales el juez natural a través de un nutrido
debate probatorio determinará si el acto administrativo debe ser retirado del
ordenamiento jurídico o si por el contrario debe permanecer por ser legalmente
proferido.

1.4.4. Impugnación

La accionante impugnó la providencia de primera instancia y solicitó que fuera
revocada, para lo cual indicó que la norma que invocó contiene un mandato
imperativo e inobjetable que prevé una obligación de no hacer, la cual, en su
criterio, se encuentra desatendida por la demandada con ocasión del traslado que
se efectuó respecto de Eduardo Pulgar Daza. Señaló que no solo buscaba el
cumplimiento de la norma frente a ese caso, sino de todos los condenados que
estuvieran en los supuestos de la prohibición para que cumplieran su pena, de
acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 65 de 1993.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del
19 de abril de 2022 de la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3º de la Ley 393 de 19974, 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento

3
Se transcribe tal cual aparece en la decisión recurrida.
4
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 20115,
así como en el artículo 13, numeral 7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la
Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “[…] las apelaciones contra
las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento. […]”.

2.2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
19 de abril de 2022 de la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente las pretensiones de la
demanda, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:

¿En el presente asunto, hay lugar de ordenar el acatamiento del parágrafo 2° del
artículo 29 de la Ley 65 de 1993 para que se ordene el traslado de Eduardo
Pulgar Daza de acuerdo con los supuestos de la disposición invocada?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de procedibilidad; y,
(iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Generalidades de la acción6

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
6
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, con ponencia de Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación
20001-23-33-000-2016-00371-01 MP Alberto Yepes Barreiro ; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez (E).
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en acatamiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”7.

Sin embargo, para que prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º) 8.

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts.
5º y 6º).

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (Art. 8º).

7
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo acatamiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso
que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. También son
causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o de normas que establezcan gastos a
la administración (Art. 9º).

2.3.2. Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y requisitos

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción
comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”10.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello,
es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa del obedecimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto
de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado11.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
10
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Dra. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento
paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime
a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el
evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”12.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,13 a menos que estén
apropiados;14 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 Superior15.

2.3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este16 y
que esta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días
siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre el requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en tal
sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente

12
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
13
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
14
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15
Sentencia ibídem.
16
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”.17

Sobre el tema, esta Sección18 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos […]19” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
18
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP: Susana Buitrago.
19
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano20.

Al expediente, la parte actora acompañó copia de la solicitud remitida al INPEC el
12 de febrero de 2022, en la que pidió que pidió el acatamiento del parágrafo 2°
del artículo 29 de la Ley 63 de la siguiente manera:

“[…] III. CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA

En consecuencia, se insta al INPEC a que se sirva a remitir a mis correos de
notificación, la orden inmediata de traslado del ex Senador Eduardo Pulgar a un
pabellón para servidores públicos de un establecimiento ordinario de reclusión.

En el evento de no contar con dicho acto administrativo, se le requiere dé inmediato
cumplimiento a lo preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 29 del Código
Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y ordene el traslado inmediato del ex
senador Pulgar a un establecimiento ordinario de reclusión.”.

Debe precisarse que en la demanda la actora pretende el cumplimiento de la
norma invocada respecto del caso del señor Eduardo Pulgar Daza y de todos los
condenados que se encuentren en los supuestos de la disposición. Sin embargo,
lo cierto, es que ese último aspecto no fue requerido en esos términos de acuerdo
con el referido escrito, es decir, si bien se realizó el señalamiento preciso de la
disposición, la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento solo
se refiere al mencionado caso, razón por la cual, bajo esos términos se entiende
que se agotó la renuencia.

2.3.4. Análisis del caso concreto

2.3.4.1. Disposiciones que se aluden desatendidas

La parte actora pretende el cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley
65 de 1993 que dispone:

20
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

“LEY 65 DE 1993
(agosto 19)
Diario Oficial No. 40.999, de 20 de Agosto de 1993.
Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
[...]

ARTÍCULO 29. RECLUSIÓN EN CASOS ESPECIALES. Cuando el hecho punible
haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
funcionarios y empleados de la Justicia Penal, Cuerpo de Policía Judicial y del
Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que
gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva
se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas
por el Estado. Esta situación se extiende a los exservidores públicos respectivos.

La autoridad judicial competente o el Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares
especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a
la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo,
sus antecedentes y conducta.

<Inciso adicionado por el artículo 5 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el
siguiente:> También procederá la reclusión en establecimiento o pabellón especial
cuando se haya ordenado el arresto de fin de semana, el arresto ininterrumpido, el
cumplimiento de fallos de tutela que impliquen privación de la libertad superior a
diez (10) días y las privaciones de la libertad a las que se refiere el inciso cuarto del
artículo 28 de la Constitución Política.

PARÁGRAFO. Las entidades públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la
construcción de los centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros,
podrán participar entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 2014 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Lo dispuesto en el inciso 2, en ningún caso aplicará
a los servidores o ex servidores públicos condenados por cometer delitos de
peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho
por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin
cumplimientos de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico
de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción,
falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenazas a testigo,
ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, o delitos que
atenten el patrimonio del Estado, quienes deberán ser recluidos en pabellones
especiales para servidores públicos dentro del respectivo establecimiento
penitenciario o carcelario. […]”.

Esta Sección encuentra que se cumple con el primero de los requisitos de
procedencia de la acción constitucional, toda vez que se busca la materialización
de una ley vigente.

2.3.4.2. De los requisitos de procedibilidad de la acción

Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá
cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para
hacer efectivo obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que se cause
un perjuicio grave e inminente para el accionante.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

De igual forma, en reiterada jurisprudencia21 esta Sección ha desarrollado “la
existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia de la acción,
en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable. Así, en
sentencia de 24 de mayo de 2012, se reiteró que “la razón de ser de esta causal de
improcedencia es garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea
efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que
han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones.”

Bajo este panorama, en el presente caso, más allá del simple acatamiento de la
disposición que invocó la accionante en la demanda, lo pretendido implica que se
controvierta la legalidad de la orden de traslado contenida en la Resolución N°
005005 del 15 de julio de 202122, expedida por la Dirección General del INPEC,
por medio de la cual se autorizó el traslado de Eduardo Pulgar Daza, desde la
cárcel La Picota en Bogotá a la cárcel para miembros de la Fuerza Pública de
Malambo (Atlántico) y que se disponga su traslado nuevamente en La Picota, en
atención a que, en su criterio, se inobservaron las previsiones del parágrafo 2° del
artículo 29 de la Ley 65 de 1993, asunto que escapa a la competencia del juez de
cumplimiento por cuanto este medio no fue previsto para ese tipo de
controversias, como acertadamente lo señaló la demandada.

Sobre el particular, la Sala precisa que, en cuanto a decisiones referentes al
traslado de reclusos adoptadas por los directores de establecimientos
penitenciarios y carcelarios, esta Sección ha indicado que la acción deviene
improcedente:

“[…] las decisiones que resuelven situaciones atinentes al traslado de reclusos, son
actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, excepcionalmente, la Corte Constitucional, en sede de acción de
tutela, ha admitido que se flexibilice el requisito de subsidiariedad, ante
circunstancias especiales que giran en torno a la protección de derechos
fundamentales de los reclusos y su entorno familiar.”23.

En ese sentido, debe confirmarse la sentencia de primera instancia toda vez que
por medio de esta acción no es posible controvertir la legalidad de las decisiones
de la administración por cuanto el ordenamiento jurídico previó los medios de
defensa ordinarios idóneos y eficaces para resolver el debate que se propone
entre los argumentos de la demandada y la autoridad demanda.

21
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado N° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado N° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU).
M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado N° 05001-23-31-000-2006-
01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo.
22
Páginas 17 y 18 del documento .pdf “ED_18CONTESTACIONINPEC(.pdf) NroActua 2”, índice 2
de SAMAI.
23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de noviembre de 2020, radicación 25000-23-
41-000-2020-00417-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Angélica Lozano Correa
Demandado: INPEC
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01

Debe precisarse que en la impugnación se insiste en la existencia de un mandato
imperativo e inobjetable, pero no se expusieron argumentos dirigidos a controvertir
la conclusión del juez a quo en cuanto a la improcedencia por subsidiariedad o
que no se pueda acudir al juez natural de la legalidad de los actos administrativos
ante la configuración de un perjuicio irremediable, aspecto que en todo caso se
debió alegar desde la presentación de la demanda para que permita, de forma
excepcional, superar el requisito señalado. En consecuencia, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2022 por la
Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.