Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2026-00042-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2026-00042-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 88001-23-33-000-2026-00042-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Primero (1.º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 88001-23-33-000-2026-00042-01
Demandante: Leandro Pájaro Balseiro
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina –CORALINA–
Tema: Revoca la sentencia de primera instancia para rechazar la
demanda por falta de constitución en renuencia y negar la
pretensión de la demanda por falta de legitimación en la causa
por pasiva sustancial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Leandro Pájaro Balseiro contra la
sentencia del 18 de agosto de 2026 del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Leandro
Pájaro Balseiro demandó a la Corporación Autónoma Regional Ambiental de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, en adelante la CORALINA, para que
cumpliera los artículos segundo y quinto de la Resolución 005 del 5 de enero de
2021. En el escrito se formuló el siguiente pedimento:
Respetuosamente se solicita al honorable JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE SAN ANDRÉS ISLA determinar bajo sentencia, garantizar que se de y/o se haga
efectivo el cumplimiento de este acto administrativo contenido de la RESOLUCIÓN
005 DEL 05 DE ENERO DE 2021-EXPEDIENTE 041-2020- PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE
APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE
TENDIDO DE CABLE SUBMARINO AMХ-1 CV9 en aguas territoriales colombianas."
en sus ARTÍCULOS SEGUNDO y QUINTO DE SU RESUELVE.
2. Hechos
El actor afirmó que en 2020 comenzó la construcción de la estación terrestre del
cable submarino de CLARO en San Andrés y que el proyecto produjo impactos
ambientales en el sector. Señaló que la Resolución 005 de 2021 impuso obligaciones
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de compensación y de presentación de informes de cumplimiento ambiental, cuyo
cumplimiento cuestionó.
Expuso que el 16 de marzo de 2023 y el 5 de junio de 2026 dirigió escritos a
CORALINA para que ordenara cumplir la resolución. Indicó que no obtuvo respuesta
de fondo y que, según miembros de la comunidad, la compensación ambiental no se
había realizado. Con esas solicitudes estimó agotado el requisito de renuencia.
3. Admisión de la demanda
A través de auto del 22 de julio de 20261, el magistrado ponente del Tribunal a quo
admitió la demanda y ordenó notificar a la CORALINA, así como al Ministerio Público.
4. Informes
La CORALINA se opuso a las pretensiones, sostuvo que la compensación y acto
administrativo que se pide cumplir corresponden al beneficiario del plan de manejo
ambiental y que sus propias funciones son de evaluación, control y seguimiento.
Afirmó que ha mantenido comunicaciones con el particular beneficiario para definir
una iniciativa ambiental que permita cumplir la medida.
También alegó la existencia del procedimiento sancionatorio ambiental e invocó las
excepciones de buena fe, inexistencia de la obligación y que no fue renuente a
ningún deber a su cargo.
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 18 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina tuvo por acreditada la renuencia con los escritos de
marzo de 2023 y junio de 2026, declaró improcedente la acción porque consideró
que las obligaciones reclamadas recaían en el particular beneficiario del plan y no en
CORALINA. Pese a ello, estimó que la CORALINA no ha definido directrices
necesarias para ejecutar la compensación. Por esa razón, la exhortó a que indicara
al beneficiario de la licencia contenida en el acto que se pidió acatar cómo cumplir
esa medida y le ordenó presentar al expediente un informe detallado de su actuación,
dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia de primera
instancia.
6. Impugnación
El demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia, señaló que habían
transcurrido más de cinco años sin que se cumpliera la resolución y cuestionó que el
Tribunal se limitara a exhortar a CORALINA. Consideró insuficiente esa medida ante
las omisiones que le atribuye a la entidad.
1 Previa remisión por competencia qe realizó el Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
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Con apoyo en la sentencia C-1194 de 2001, destacó que la acción de cumplimiento
busca asegurar la eficacia de la ley y de los actos administrativos. Añadió que las
autoridades tienen el deber de hacer cumplir sus propias decisiones y pidió sustituir
la expresión «exhortar» por «ordenar», para obtener el cumplimiento de los artículos
segundo y quinto de la Resolución 005 de 2021.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 18
de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º y 26 de la Ley 393 de
1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo
n.º 080 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que establece la competencia de la Sección Quinta para conocer de las apelaciones
contra las providencias susceptibles de ese recurso dictadas por los tribunales
administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento.
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 18
de agosto de 2026. Para lo anterior, se plantean los siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora agotó el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia,
de conformidad con el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) normas
contra las que procede; (iii) requisito de procedibilidad de la renuencia y su
acreditación en el caso concreto; y (iv) causales de procedencia, en particular la
relativa a normas que establecen gastos.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo2 para que toda persona pueda «… acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 3.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «… cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º]. La falta de acreditación de
este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela ni el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración, sin perjuicio de la precisión jurisprudencial sobre gastos apropiados
[artículo 9.º]. La configuración de una causal de improcedencia impide abordar el
fondo del asunto.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde
la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
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Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar la
alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones.
No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento
como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal
señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y
subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la
acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten
los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio 8.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior11.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en tal
sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha
con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»13.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-
000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
12
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario
conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063
(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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Igualmente, esta Sección14 ha dicho lo siguiente:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [15]
(Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que «la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
15 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de
2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
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de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16 (se destaca).
En el caso concreto, el actor aportó los escritos del 16 de marzo de 2023 y del 5 de
junio de 2026. Ambos fueron dirigidos a la CORALINA con el propósito anunciado de
constituirla en renuencia. Lo anterior en los siguientes términos:
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-
000-2016-00690-01 (ACU), y de 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01
(ACU), M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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De la lectura integral de esos escritos, la Sala advierte que el actor pidió a la entidad
ordenar al beneficiario del plan de manejo ambiental que cumpliera las obligaciones
impuestas en los artículos tercero y quinto de la Resolución 005 de 2021. En efecto,
primero, en el escrito del 16 de marzo de 2023, solicitó que el director «se sirva
ordenar dar cumplimiento» a la resolución. Citó las obligaciones de los artículos
tercero y quinto y afirmó que esas determinaciones «no han sido acatadas por el
beneficiario CLARO». Es decir, el reclamo se centró en la conducta del particular
beneficiario de la licencia y en la intervención de la CORALINA para que le ordenara
a este su cumplimiento.
A su turno, en el escrito del 5 de junio de 2026 se insistió en que se ordenara al
beneficiario CLARO cumplir el artículo quinto. Transcribió la medida de
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compensación a cargo del beneficiario y pidió que se ejecutara «con la
correspondiente retroactividad».
Es decir, las solicitudes dirigidas a la autoridad contienen la petición de cumplimiento
de unas normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el
señalamiento preciso de las disposiciones que consagran una obligación y la
explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
A su turno, no obra respuesta por parte de la accionada a los mencionados
requerimientos. Sin embargo, en la demanda se pidió el obedecimiento del artículo
segundo de la Resolución 005 de 2021, el cual, como se observa, no fue precisado
en las peticiones aportadas por el demandante.
En consecuencia, para la Sala se acreditó la constitución en renuencia a la
demandada solo respecto del artículo 5 de la Resolución 005 de 2021, y no está
probada la renuencia frente al artículo 2.º. Por tanto, se impone revocar parcialmente
la sentencia de primera instancia para, en su lugar rechazar la demanda respecto
del artículo 5 de la Resolución 005 de 2021. En consecuencia, se continuara con el
estudio de procedencia de la acción y, en caso de encontrarse superado, se pasará
al fondo del asunto.
3.4. Procedencia de la acción
En este caso, el accionante exigió a la CORALINA el obedecimiento del artículo 5 de
la Resolución 005 de 2021 que dispone lo siguiente:
[…]
[…]
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La referida norma se encuentra vigente dado que está derogada o con alguna
afectación judicial que no permita tener por acreditado el primer requisito de
procedencia.
Además, la Sala considera que el presente caso cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de
la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia17 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En este caso, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio de
defensa judicial para lograr que Coralina cumpla con el deber que se le endilga, lo
que, en principio, torna procedente el ejercicio de la acción.
Tampoco se evidencia que lo pretendido pueda ser discutido vía acción de tutela, ni
que el cumplimiento de las normas que se piden acatar impliquen un gasto no
presupuestado.
3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,
a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes18.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos de
los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la norma
prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo
estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los mandatos imperativos, expresos e inobjetables
que son susceptibles de ser materializados por medio de este mecanismo judicial.
Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente manera:
17 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.
18 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas.
(Diccionario de la Real Academia Española).
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Demandada: CORALINA
Radicación: 88001-23-33-000-2026-00042-01
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos
ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades
públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda
actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de
realizar»19.
Como se indicó en el acápite 3.1. de esta decisión, el estudio del fondo del asunto
corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, en este asunto, se observa
que el artículo 5 de la Resolución 005 de 2021 prevé como obligación una medida
de compensación ambiental al beneficiario del plan de manejo ambiental. Es decir,
la disposición no impone a la CORALINA ejecutar esa compensación ni contiene, a
su cargo, una orden concreta e incondicionada con el alcance pretendido por el actor.
Las competencias generales de evaluación, control y seguimiento de la autoridad
ambiental no modifican el destinatario de la obligación establecida en el acto ni
permiten atribuirle, por esa sola circunstancia, el mandato cuyo cumplimiento se
solicita. En consecuencia. se debe negar lo pretendido por falta de legitimación en la
causa por pasiva sustancial.
Para resolver si, pese a lo anterior, la acción puede dirigirse contra la autoridad
encargada de imponer el cumplimiento al beneficiario, es necesario precisar que el
artículo 6.º de la Ley 393 de 199720 en su primer inciso circunscribe la acción frente
a particulares a las acciones u omisiones relacionadas con el ejercicio de funciones
públicas y únicamente para obtener el cumplimiento de estas a su turno; el segundo
inciso permite dirigir la acción contra el particular o contra la autoridad competente
para imponerle el cumplimiento, pero condiciona expresamente esa alternativa a que
se esté «en el evento contemplado en este artículo».
La expresión citada remite al supuesto del primer inciso. Por consiguiente, la
alternativa de demandar a la autoridad no constituye una habilitación autónoma para
reclamar, por esta vía, cualquier obligación de un particular sometido a vigilancia
administrativa. Es decir, se requiere que el particular actúe o deba actuar en ejercicio
19 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social de
derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
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Artículo 6.- Acción de cumplimiento contra particulares. La Acción de Cumplimiento procederá contra acciones
u omisiones de particulares que impliquen el incumplimiento de una norma con fuerza material de Ley o Acto
administrativo, cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, pero sólo para el
cumplimiento de las mismas.
En el evento contemplado en este artículo, la Acción de Cumplimiento podrá dirigirse contra el particular o contra
la autoridad competente para imponerle dicho cumplimiento al particular.
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de funciones públicas y que el deber cuyo cumplimiento se persigue corresponda a
ese ejercicio, pues una lectura que prescinda de esa condición eliminaría la limitación
establecida por el legislador.
En este caso, el beneficiario del plan de manejo ambiental debe ejecutar la
compensación como una obligación derivada del instrumento de manejo ambiental
de su proyecto. El cumplimiento de esa carga no implica el ejercicio de una función
pública, no supone la atribución de potestades administrativas ni la actuación en
nombre de la autoridad ambiental; la finalidad de protección del ambiente y la
sujeción del proyecto al control de la CORALINA no convierten, por sí mismas, la
actividad del particular beneficiario en una función pública. Así como tampoco se
identifica en el asunto una atribución de tal naturaleza respecto de la compensación
reclamada.
En consecuencia, para la Sala no se configura el supuesto que permite acudir al
artículo 6.º de la Ley 393 de 1997 para exigir a la CORALINA que imponga al
beneficiario el cumplimiento del artículo quinto. Esta conclusión no releva al particular
de sus obligaciones ambientales ni desconoce las competencias de control y
seguimiento de la entidad; asunto que delimita la exigibilidad del mandato invocado
mediante esta acción.
En resumen, la norma que se pide cumplir no contiene un deber imperativo e
inobjetable a cargo de la accionada, es decir, desde el punto de vista sustancial, la
accionada no está llamada a soportar la pretensión procesal lo que implica su falta
de legitimación en la causa por pasiva sustancial y la alternativa procesal del artículo
6.º ibidem no resulta aplicable a la obligación examinada. Así, aunque se acreditó la
renuencia respecto del artículo quinto de la Resolución 005 de 2021, la pretensión
del actor no prospera. Por tanto, se impone revocar la improcedencia declarada en
la primera instancia para rechazar la demanda en cuanto al cumplimiento del artículo
2 de la Resolución 005 de 2021 por falta de renuencia y negar lo pretendido respecto
del artículo 5 de la Resolución 005 de 2021, de acuerdo con lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia del 18 de agosto de 2026 del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su lugar, se dispone
lo siguiente:
Rechazar la demanda presentada por Leandro Pájaro Balseiro contra la
CORALINA, por no acreditarse el requisito de constitución en renuencia
respecto del artículo 2 de la Resolución 005 de 2021, de acuerdo con lo
explicado en esta decisión.
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Negar al pretensión de la demanda de cumplimiento en cuanto al artículo 5 de
la Resolución 005 de 2021, por falta de legitimación en la causa por pasiva
sustancial.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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