Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00143-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00143-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2026-00143-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 41001-23-33-000-2026-00143-01
Demandante: Fabio Alejandro Sotelo Reyes
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Revoca orden de cumplimiento para rechazar la demanda por
no acreditarse el requisito de procedibilidad de la renuencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación contra
la sentencia del 14 de agosto de 2026, mediante la cual la Sala Sexta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Huila accedió a las pretensiones de la demanda de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Fabio
Alejandro Sotelo Reyes demandó a la Fiscalía General de la Nación con el propósito
de que se ordenara el cumplimiento del artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. En
consecuencia, pidió ordenar su nombramiento en período de prueba en el empleo
de Asistente de Fiscal II, para el cual integra la lista de elegibles conformada dentro
del Concurso de Méritos FGN 2024.
2. Hechos
En resumen, el accionante explicó que participó en el concurso de méritos FGN 2024
para proveer empleos de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y que
fue incluido en la lista de elegibles conformada mediante la Resolución 30700-00195
del 28 de mayo de 2026 para el empleo de Asistente de Fiscal II.
Señaló que, el 9 de junio de 2026, presentó una solicitud ante la Fiscalía General de
la Nación relacionada con el desarrollo del concurso. En ella pidió información sobre
las razones del retraso en la publicación de la lista de elegibles, el cronograma o
fecha estimada del estudio de seguridad, la realización de la audiencia pública de
escogencia de vacantes, los términos estimados para proferir el acto de
nombramiento y la fecha y lugar de posesión. Asimismo, solicitó que se realizara su
nombramiento en período de prueba dentro de los veinte días siguientes a la firmeza
de la lista de elegibles, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
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Demandante: Fabio Alejandro Sotelo Reyes
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 41001-23-33-000-2026-00143-01
Indicó que la Subdirección de Talento Humano de la FGN respondió, mediante oficio
del 2 de julio de 2026, que, antes de efectuar los nombramientos en período de
prueba, debía culminarse el estudio de seguridad previsto en el artículo 39 del
Decreto Ley 020 de 2014 y, posteriormente, adelantarse la audiencia pública de
escogencia de vacantes regulada en el Acuerdo 001 de 2025.
A juicio del demandante, esa posición desconoció el término de veinte días hábiles
previsto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014, por cuanto las actuaciones
relacionadas con el estudio de seguridad y la escogencia de vacantes no podían
modificar, suspender o diferir el plazo legal para efectuar el nombramiento en período
de prueba.
3. Admisión de la demanda
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda,
mediante auto del 6 de julio de 2026, ordenó notificar a la Fiscalía General de la
Nación -Comisión de la Carrera Especial-. En la misma providencia negó la medida
provisional solicitada por el actor y requirió a la accionada para que rindiera el informe
correspondiente y allegara los antecedentes administrativos relacionados con el
concurso y el nombramiento pretendido.
4. Informes
La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el nombramiento en período de prueba no podía efectuarse antes de
culminar el estudio de seguridad previsto en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley
020 de 2014 y de adelantar la audiencia pública de escogencia de vacantes regulada
por el Acuerdo 001 de 2025. Explicó que estas actuaciones integran el régimen
especial de carrera y deben armonizarse con el artículo 40 del mismo decreto ley.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 14 de agosto de 2026, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró
acreditado el requisito de renuencia y concluyó que el artículo 40 del Decreto Ley
020 de 2014 contiene un mandato claro, expreso, imperativo y exigible, radicado en
cabeza del nominador de la Fiscalía General de la Nación, consistente en efectuar
el nombramiento en período de prueba dentro de los veinte días hábiles siguientes
al recibo de la lista de elegibles.
El a quo estimó que el estudio de seguridad y la audiencia pública de escogencia de
vacantes, aunque forman parte del procedimiento de provisión, no tienen la
virtualidad de modificar, suspender o ampliar el término fijado por el legislador. En
consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación -Subdirección de Talento
Humano- que, dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria del fallo, diera
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Demandante: Fabio Alejandro Sotelo Reyes
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cumplimiento al mandato legal respecto del señor Fabio Alejandro Sotelo Reyes y
adoptara las actuaciones necesarias para efectuar su nombramiento en período de
prueba.
6. Impugnación
La Fiscalía General de la Nación solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
Alegó, en síntesis, que el Tribunal realizó una lectura aislada del artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014 y desconoció que los artículos 35 y 39 del mismo estatuto
exigen, con carácter previo al nombramiento, la realización y resultado favorable del
estudio de seguridad. Sostuvo que el plazo legal debe interpretarse
sistemáticamente con esas disposiciones y con las reglas del Concurso de Méritos
FGN 2024.
Agregó que el mandato invocado no es incondicionalmente exigible mientras estén
pendientes actuaciones legalmente necesarias para determinar la habilitación del
elegible y la plaza correspondiente. También advirtió las dificultades operativas
derivadas de la realización de centenares de estudios de seguridad y audiencias de
escogencia y afirmó que la entidad ha adelantado progresivamente las actuaciones
necesarias, por lo que la demora no implica el incumplimiento de la norma invocada.
Finalmente, defendió la obligatoriedad del Acuerdo 001 de 2025 expedido por la
Comisión de la Carrera Especial y afirmó que la audiencia pública de escogencia
constituye una garantía del mérito, la igualdad y el debido proceso de todos los
integrantes de las listas. Manifestó que «no ha incurrido en omisión ni renuencia» y
pidió revocar integralmente la decisión de primera instancia1.
7. Impedimento
El Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez, el 22 de septiembre de 2026, manifestó
impedimento para conocer y tramitar el presente asunto, con fundamento en la causal
contemplada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso, en
adelante CGP2, por cuanto a su cónyuge le asiste interés directo en las resultas del
proceso. Sin embargo, el mencionado impedimento fue declarado infundado por los
demás integrantes de la Sección en auto de esta misma fecha.
1 El actor presentó memoriales, índices 4, 8 y 13, de SAMAI en los que solicitó información del trámite de segunda
instancia e impulso procesal, respectivamente, y con el fin de que se dicte la sentencia de segunda instancia en
este trámite. La Secretaría General emitió el respectivo informe al actor tal y como consta en el índice 6 de
SAMAI.
2 «ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.»
3
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 14
de agosto de 2026 de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150
y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de
«las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 14
de agosto de 2026. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».
3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
4
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Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
5
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(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la
tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
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urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior11.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho lo siguiente:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
12Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),
MP. Mauricio Torres Cuervo.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.
Para este caso, revisadas las pruebas aportadas con la demanda, la Sala observa
que el señor Fabio Alejandro Sotelo Reyes allegó la solicitud presentada a la Fiscalía
General de la Nación el 9 de junio de 2026 y la respuesta emitida por la Subdirección
de Talento Humano el 2 de julio siguiente. Sin embargo, no se satisface con las
exigencias propias de la reclamación previa prevista en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997.
En efecto, apreciado integralmente el escrito del 9 de junio de 2026, se advierte que
su finalidad principal fue obtener información acerca del desarrollo del concurso y de
las actuaciones pendientes para la provisión del empleo. El actor pidió conocer: (i)
los motivos del retraso en la publicación de la lista de elegibles; (ii) el cronograma o
fecha estimada para adelantar el estudio de seguridad; (iii) la fecha proyectada de la
15 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
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audiencia pública de escogencia de vacantes; (iv) los términos estimados para
proferir el acto de nombramiento y (v) la fecha y lugar de posesión. Es decir, la
petición estuvo orientada a establecer el estado del trámite y las fechas en las que
la administración proyectaba culminar sus diferentes etapas. Los términos fueron los
siguientes:
Ciertamente, en uno de los numerales el interesado solicitó que se realizara su
nombramiento en período de prueba dentro de los veinte días siguientes a la firmeza
de la lista de elegibles y mencionó el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. No
obstante, esa manifestación debe examinarse en el contexto general del escrito. La
sola cita de la disposición y la expresión del interés en ser nombrado no bastan para
configurar la reclamación de cumplimiento, pues el requerimiento previo debe
exteriorizar de manera inequívoca que se atribuye a la autoridad la inobservancia de
un deber legal y se le exige superar ese incumplimiento.
Esa circunstancia no se presentó en el escrito de 9 de junio de 2026. La lista de
elegibles fue conformada mediante la Resolución 30700-00195 del 28 de mayo de
2026 y la solicitud se radicó el 9 de junio siguiente, cuando aún no habían
transcurrido los veinte días hábiles a los que alude el artículo 40 del Decreto Ley 020
de 2014. Por tanto, el escrito no podía fundarse en la expiración del término cuyo
supuesto desconocimiento constituyó posteriormente la causa de la demanda. De
hecho, el propio contenido de la petición revela que el interesado estaba recabando
información a partir del retraso que atribuía a la publicación de la lista y procurando
conocer cómo y cuándo continuarían las etapas subsiguientes del concurso.
En esas condiciones, la solicitud podía servir como antecedente o como medio para
recaudar elementos acerca de un eventual incumplimiento posterior, pero no
reemplazaba la exigencia previa y directa de obedecer la disposición una vez
configurado el supuesto fáctico que hacía exigible el deber. En otros términos,
solicitar información sobre el trámite, indagar por los términos estimados de
nombramiento y pedir que este se produzca de acuerdo con la disposición invocada,
antes de que venza el plazo legal que se considera obligatorio, no equivale a
reclamar el cumplimiento de un deber ya desatendido.
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Demandante: Fabio Alejandro Sotelo Reyes
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 41001-23-33-000-2026-00143-01
Tampoco la respuesta del 2 de julio de 2026 subsana esa deficiencia. Como se
expuso, la renuencia se determina a partir de la correspondencia entre la
reclamación previa y la respuesta o el silencio de su destinatario. Por ello, la
contestación mediante la cual la Fiscalía informó las actuaciones que, a su juicio,
debían agotarse antes del nombramiento no puede transformar retroactivamente una
solicitud esencialmente informativa en una reclamación de cumplimiento ni permite
deducir resistencia frente a un deber que, en los términos exigidos por la Ley 393 de
1997, no le había sido previamente reclamado.
Considerar satisfecho el requisito por la sola inclusión, dentro de ese conjunto de
solicitudes informativas, de una referencia al artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014
y de la aspiración de ser nombrado privaría a la entidad accionada de la oportunidad
de conocer, antes del proceso, que se le atribuía concretamente el incumplimiento
del término legal y de adoptar la actuación que el interesado estimaba omitida. Esa
conclusión desdibujaría la finalidad de la renuencia como presupuesto de
procedibilidad y convertiría cualquier petición relacionada con la aplicación futura de
una norma en un requerimiento de cumplimiento.
Así las cosas, el señor Fabio Alejandro Sotelo Reyes no acreditó la constitución en
renuencia de la Fiscalía General de la Nación. Al faltar este presupuesto de
procedibilidad, la jurisdicción no fue activada válidamente para examinar si el artículo
40 del Decreto Ley 020 de 2014 contenía, para el caso particular, un mandato
actualmente exigible ni para definir el alcance de las etapas previas previstas en el
régimen especial de carrera. Lo anterior no es obstáculo para que el actor, una vez
exija el cumplimiento del deber legal a la Administración, pueda acudir nuevamente
a este mecanismo constitucional con su pretensión de cumplimiento. En
consecuencia, corresponde revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la
demanda, sin pronunciamiento sobre la procedencia ni el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia del 14 de agosto de 2026 de la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar, rechazar la demanda de
cumplimiento presentada por Fabio Alejandro Sotelo Reyes contra la Fiscalía
General de la Nación por no acreditarse que se agotó el requisito de constitución en
renuencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
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TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado
GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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