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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00249-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2026-00249-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia de 14 de julio de 2026 de la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se declara improcedente la acción de cumplimento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. 16 Ver sentencia C-157 de 1998. 17 Ver sentencia C-1194 de 2001. 10 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Demandante: Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S. Demandado: CORMACARENA Radicación: 50001-23-33-000-2026-00249-01 TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2026-00249-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00249-01
Demandante: Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S.
Demandada: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA
Tema: Revoca negativa para declarar la improcedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S. contra
la sentencia del 14 de julio de 2026, por medio de la cual la Sala de Decisión Oral
Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento promovida contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial La Macarena, en adelante CORMACARENA.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

La Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S., por medio de su representante legal, presentó
acción de cumplimiento contra CORMACARENA. Con la interposición de este medio
de control pretende que se ordene a la autoridad accionada cumplir los artículos 38
de la Ley 99 de 1993, 2.º de la Ley 2273 de 2022 y 9.º del Acuerdo 004 de la
Asamblea Corporativa del 7 de octubre de 2022, así como la Resolución PS-
GJ.1.2.3.26.0061, «por medio de la cual se adopta y ratifica la Política de Prevención
del Daño Antijurídico de CORMACARENA para la vigencia 2026-2027».

En concreto, pidió ordenar a la entidad accionada: (i) adelantar las actuaciones
necesarias para convalidar, verificar y dictaminar el contenido del oficio PM.GPO-
1.3.15.1149 del 15 de octubre de 2015, relativo a las determinantes ambientales del
predio «La Camelia», ubicado en Villavicencio; (ii) revisar sus archivos físicos,
magnéticos y digitales y establecer la correspondencia técnica, jurídica e institucional
del documento; (iii) practicar un dictamen sobre su contenido, fechas, autoría y firma;
(iv) determinar si existe falsedad material o ideológica y (v) comunicar al municipio
de Villavicencio el resultado de esa actuación.

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Demandante: Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S.
Demandada: CORMACARENA
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00249-01

2. Hechos

La accionante afirmó que, desde el 9 de julio de 2025, remitió a CORMACARENA
una copia digital del oficio PM.GPO-1.3.15.1149, que contendría las determinantes
ambientales del predio «La Camelia», identificado con la cédula catastral
01000400040025000 y la matrícula inmobiliaria 230-15645. Solicitó aclarar su
alcance y abrir un expediente para definir las determinantes aplicables a los barrios
Bosques de la Riviera, etapas 1, 2 y 3.

Explicó que existía una diferencia entre el área de protección hídrica incorporada en
los actos de legalización de esos asentamientos y la que figuraba en el documento
de 2015. Según indicó, la Dirección de Formalización y Mejoramiento Integral de
Barrios del municipio de Villavicencio requirió que la autoridad ambiental validara su
expedición y existencia para continuar el trámite de modificación o aclaración de
aquellas decisiones.

Señaló que promovió una acción de tutela por la falta de respuesta integral a sus
peticiones. Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025 se amparó su derecho
de petición y, el 14 de octubre siguiente, el superior confirmó la protección y ordenó
a CORMACARENA emitir una contestación clara, precisa y actualizada sobre las
determinantes ambientales consultadas.

El 20 de enero de 2026, la sociedad pidió a la Corporación estudiar y convalidar el
oficio, verificar si había sido elaborado por la entidad, certificar la vinculación y la
firma del funcionario que aparecía como suscriptor, confrontar los emblemas
institucionales y elaborar un informe de coherencia técnica y geográfica. El 10 de
febrero siguiente, CORMACARENA respondió que no había localizado el documento
en sus archivos y que, por ello, no podía efectuar el análisis solicitado.

La demandante agregó que promovió una nueva tutela el 12 de marzo de 2026. El
Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio amparó parcialmente su derecho de
petición el 26 de marzo y, al día siguiente, CORMACARENA informó que, aunque no
encontró el oficio, lo comparó con documentos oficiales de 2015 y advirtió que sus
emblemas, logotipos, direcciones y demás información institucional correspondían a
los utilizados en esa época.

Finalmente, el 17 de marzo de 2026, la Inmobiliaria presentó un escrito dirigido
expresamente a constituir en renuencia a CORMACARENA respecto de las
disposiciones y deberes endilgados en la demanda de cumplimiento. La entidad lo
contestó el 8 de abril siguiente y sostuvo que las disposiciones invocadas contenían
lineamientos generales, pero no un deber específico, concreto y exigible que
permitiera acceder a lo solicitado.

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3. Admisión de la demanda

El ponente del Tribunal Administrativo del Meta admitió la solicitud, en auto de 16 de
junio de 20261 y ordenó notificar a la CORMACARENA y al Ministerio Público.

4. Informe

La CORMACARENA se opuso a las pretensiones de la demanda, alegó que no
existe una omisión actual y las normas citadas contienen lineamientos generales, no
un deber específico e inmediatamente exigible. Sostuvo que el reclamo previo no
satisfizo materialmente la renuencia, que la controversia se relaciona con el
cumplimiento de fallos de tutela y que la actora no identificó una conducta concreta
de tiempo, modo y lugar cuya ejecución pudiera ordenarse por esta vía.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de julio de 2026, la Sala de Decisión Oral Cuatro del
Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda. Consideró
que las disposiciones invocadas por la accionante no contienen un mandato
imperativo e inobjetable que obligue a la accionada a reconocer la autenticidad del
oficio controvertido. Explicó que el artículo 38 define la naturaleza y las funciones
generales de CORMACARENA; el artículo 2.º de la Ley 2273 establece definiciones;
el artículo 9.º del Acuerdo 004 enumera competencias institucionales, y la resolución
únicamente adopta una política interna de prevención del daño antijurídico.

6. Impugnación

La Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S. solicitó revocar la sentencia y acceder a las
pretensiones. Sostuvo que las funciones de planificación y gestión de información
ambiental no son simples directrices, y que CORMACARENA debe preservar y
verificar sus documentos en ejercicio de las funciones que el ordenamiento jurídico
le impone. Alegó formalismo excesivo y desconocimiento de la buena fe, la confianza
legítima, el efecto útil de las normas y el Acuerdo de Escazú.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 14
de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad
con los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como con el
artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena

1 Previa remisión por competencia que realizó esta Corporación en auto de 23 de abril de 2026 e inadmisión de

la demanda que realizó el ponente en providencia de 5 de junio de 2026.

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del Consejo de Estado, que atribuye a la Sección Quinta el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias dictadas por los tribunales administrativos en
primera instancia dentro de las acciones de cumplimiento.

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 14
de julio de 2026. Para ello, deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora acreditó el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia respecto de las normas cuyo cumplimiento reclama, en los términos del
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿El presente asunto supera los requisitos de procedibilidad de la acción de
cumplimiento?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) normas
contra las que procede; (iii) requisito de procedibilidad de la renuencia y, superado
este aspecto, (iv) los demás presupuestos de procedencia y el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 3.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la
tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la

3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se pretenda

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-

00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-

00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.

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la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho lo siguiente:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

10 Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-

2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.

En este caso, está acreditado que, el 17 de marzo de 2026, la Inmobiliaria Mi Hábitat
S.A.S. presentó ante CORMACARENA un escrito titulado «Artículo 8.º de la Ley 393
del 29 de julio de 1997 – Procedibilidad de la acción de cumplimiento». En él solicitó
el inmediato cumplimiento del artículo 38 de la Ley 99 de 1993; de la Ley 2273 de
2022, concretada en su artículo 2.º; del artículo 9.º del Acuerdo 004 del 7 de octubre
de 2022, y de la Resolución PS-GJ.1.2.3.26.0061.

La CORMACARENA respondió, mediante el oficio PM.GPO.1.3.85.26.993 del 8 de
abril de 2026, que las disposiciones citadas consagran lineamientos y obligaciones
generales, sin establecer un deber específico, concreto y exigible en los términos
formulados; por ello, calificó la orden pretendida como genérica e indeterminada y
afirmó que no existía un incumplimiento normativo verificable.

En consecuencia, la Sala concluye que la Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S. acreditó la
constitución en renuencia de CORMACARENA respecto del artículo 38 de la Ley 99
de 1993, el artículo 2.º de la Ley 2273 de 2022, el artículo 9.º del Acuerdo 004 del 7
de octubre de 2022 y la Resolución PS-GJ.1.2.3.26.0061. Superado este
presupuesto, corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos de
procedencia y, de ser del caso, el fondo del asunto.

15
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Demandante: Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S.
Demandado: CORMACARENA
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00249-01

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

En este caso, la accionante exige el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 99 de
1993; de la Ley 2273 de 2022, concretada en su artículo 2.º; del artículo 9.º del
Acuerdo 004 del 7 de octubre de 2022, y de la Resolución PS-GJ.1.2.3.26.0061.,
disposiciones que se encuentran vigentes y, por lo cual el primer requisito de
procedencia se encuentra satisfecho.

No obstante, La Sala advierte que la finalidad de la demanda no es obtener la
ejecución objetiva de alguna de las disposiciones respecto de las cuales se acreditó
la renuencia. La Inmobiliaria actora pretende que CORMACARENA convalide el
oficio PM.GPO-1.3.15.1149 del 15 de octubre de 2015 o determine su falsedad;
establezca si fue expedido por la entidad; verifique su autor, firma, fecha y contenido;
defina su alcance técnico y jurídico y comunique el resultado al municipio de
Villavicencio.

Esa declaración no constituye la consecuencia directa e inequívoca de una norma.
Exige resolver una controversia fáctica y probatoria sobre la procedencia archivística
y la autenticidad de un documento, así como establecer sus efectos sobre las
determinantes ambientales del predio «La Camelia». Además, la propia demanda
explica que esa definición es requerida para continuar la modificación o aclaración
de los actos de legalización de los barrios Bosques de la Riviera y superar la
afectación que el área de protección hídrica produciría sobre determinados lotes.

Por ello, la orden reclamada incidiría directamente en una situación urbanística y
patrimonial concreta de interés para la accionante. Para concederla, el juez tendría
que establecer primero si el oficio existe, si es auténtico, cuál era la competencia de
quien aparece como firmante, qué información ambiental regía en 2015 y si su
contenido puede emplearse para modificar decisiones administrativas posteriores.
Tales materias desbordan la constatación del incumplimiento de un deber
preexistente.

Los argumentos relativos al artículo 38 de la Ley 99 de 1993 y al artículo 9.º del
Acuerdo 004 de 2022 no desvirtúan esta conclusión. El hecho de que
CORMACARENA tenga funciones de planificación ambiental, administración de
información o coordinación institucional no determina, sin una actuación adicional,
que deba autenticar un documento específico, dictaminar su falsedad o reconocerle
efectos sobre un predio. La buena fe, la confianza legítima y el principio de efecto útil
orientan la actuación administrativa, pero no crean por sí mismos el deber particular
pretendido.

En ese sentido, conviene remembrar que el fin que busca el mecanismo judicial
consignado en el artículo 87 de la Constitución Política, no puede ser el de dirimir
controversias jurídicas, o el reconocimiento de un derecho particular. Lo anterior, fue
expresamente señalado por la Corte Constitucional en los siguientes términos:

9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S.
Demandada: CORMACARENA
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00249-01

El objeto y finalidad de la acción de cumplimiento es otorgarle a toda persona, natural
o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del
acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo. 16

Dicho criterio ha sido reiterado por el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, la cual ha enfatizado lo siguiente:

La acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de deberes que emanan
de un mandato, contenido en la ley o en un acto administrativo, imperativo, inobjetable
y expreso. Así como el objeto de la acción de cumplimiento no es el reconocimiento
de derechos particulares en disputa, tampoco lo es el cumplimiento general de las
leyes y actos administrativos. Dicha acción no consagra un derecho a la ejecución
general e indiscriminada de todas las normas de rango inferior a la Constitución ni un
derecho abstracto al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico. Su objeto fue
especificado por el propio constituyente: asegurar el “cumplimiento de un deber
omitido” contenido en “una ley o acto administrativo” que la autoridad competente se
niega a ejecutar.17

Finalmente, la Sala pone de presente que la accionante dispone de los
procedimientos administrativos y de los medios judiciales pertinentes para debatir las
decisiones relacionadas con la legalización urbanística, los efectos de las
determinantes ambientales y la situación jurídica del predio, máxime que no fue
alegado ni está probada la existencia de perjuicio grave e inminente que permita
aplicar la excepción del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

En suma, se revocará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones,
para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia de 14 de julio de 2026 de la Sala de Decisión Oral
Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar, se declara improcedente la acción de cumplimento, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

16 Ver sentencia C-157 de 1998.
17 Ver sentencia C-1194 de 2001.

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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Inmobiliaria Mi Hábitat S.A.S.
Demandado: CORMACARENA
Radicación: 50001-23-33-000-2026-00249-01

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado

GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

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