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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00923-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00923-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00923-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00923-01
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ministerio del Interior
Tema: Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT),
confirma negativa por falta de prueba del incumplimiento.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Fundación para el Estado de
Derecho contra la sentencia de 9 de julio de 2026, por medio de la cual la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el
Estado de Derecho, en adelante FEDe. Colombia, demandó al Ministerio del Interior
con el propósito de que se hicieran efectivos el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019
y los artículos 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2 del Decreto 1066 de 2015, adicionados por el
Decreto 1033 de 2021. En consecuencia, pidió lo siguiente

[E]l cumplimiento material de lo dispuesto en los artículos 249 de la Ley 1955 de 2019
y 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2 del Decreto 1066 de 2015, adicionado por el Decreto 1033 de
2021, se solicita respetuosamente al H. Tribunal ORDENAR al Ministerio accionado
cumplir con sus obligaciones de creación, puesta en funcionamiento, consolidación,
administración y divulgación del REAT, en forma tal que permita la inscripción,
renovación y actualización de los EAT, y garantice entre otros, el interés público, los
principios de transparencia y publicidad de la función administrativa y el derecho de
acceso ciudadano a la información.

Lo anterior, a efectos de garantizar entre otros, el interés público, los principios de
transparencia y de publicidad y el acceso ciudadano a la información.

2. Hechos

La accionante explicó que el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 previó un registro
nacional para los convenios de conformación y los estatutos de los Esquemas
Asociativos Territoriales. Agregó que el Decreto 1033 de 2021 asignó expresamente

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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ministerio del Interior
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al Ministerio del Interior el funcionamiento del REAT y le impuso consolidar,
administrar y divulgar la información relativa a la conformación y operación de los
EAT.

Sostuvo que, pese a que el decreto ordenó poner en marcha el registro dentro de los
dos meses siguientes a su expedición, en la página web institucional no encontró
una herramienta funcional que permitiera consultar de manera completa la
información del registro ni los certificados que, por disposición reglamentaria, deben
publicarse en el portal del REAT.

Como sustento, aportó capturas de las rutas disponibles en el portal del Ministerio.
Señaló que la sección de integración y asociatividad territorial no ofrecía un acceso
directo al REAT; que la ventanilla de trámites y servicios tampoco permitía consultar
los certificados y que el buscador general remitía a una página denominada «Sistema
de Registro Esquemas Asociativos Territoriales EAT», desde la cual era posible
ingresar al módulo de consulta pública.

La Fundación indicó que ese módulo únicamente exhibía dos campos de búsqueda
-nombre y NIT del EAT-. Al diligenciarlos con información de la Asociación de
Municipios del Occidente Antioqueño -AMOCCIDENTE-, identificada en fuentes
públicas como un esquema asociativo existente, la consulta no arrojó registros. El
mismo resultado se produjo al buscar por el nombre, por el NIT y por ambos datos
de manera conjunta.

Añadió que el informe de gestión del Ministerio correspondiente a 2025 daba cuenta
de trece nuevos esquemas registrados, pero que no se halló información pública
sobre ellos ni un enlace que permitiera consultar los actos o certificados de registro.
A su juicio, esa discordancia mostraba que el portal existía formalmente, aunque no
operaba como el registro público exigido por las normas invocadas.

El 28 de abril de 2026, FEDe. Colombia requirió al Ministerio del Interior para que
cumpliera las disposiciones invocadas en la demanda y, por ende, los deberes de
creación, puesta en funcionamiento, administración y acceso público al REAT.
Solicitó, en particular, un sistema funcional que permitiera consolidar, registrar,
actualizar, administrar y consultar la información de los EAT. La entidad no respondió
dentro del término previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

3. Admisión de la demanda

El ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la solicitud en auto
de 12 de junio de 2026 y ordenó notificar a al Ministerio accionado y al Ministerio
Público.

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4. Informe

4.1. El Ministerio del Interior, pese a haber sido notificado de la existencia del
presente medio de control, guardó silencio

4.2. El agente del Ministerio Público solicitó negar las pretensiones. Consideró que
la demanda cuestionaba la funcionalidad y el alcance de una herramienta que ya
había sido creada, por lo que la verificación de su cobertura correspondía a los
órganos de control y no al juez de cumplimiento. En su criterio, no se demostró que
la entidad hubiera desatendido las normas invocadas.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 9 de julio de 2026, la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. El
Tribunal estableció que las disposiciones reclamadas contenían obligaciones claras,
expresas y exigibles relacionadas con la creación, puesta en funcionamiento,
administración y garantía de acceso público al REAT.

No obstante, estimó acreditado el cumplimiento, pues al consultarse el sitio web del
Departamento Nacional de Planeación sobre asociatividad territorial y su visor, en
los que encontró fichas acerca de la ubicación, composición, población, estado y
relaciones funcionales de distintos EAT, concluyó que el deber reclamado estaba
atendido y por ende no era posible ordenar el cumplimiento.

6. Impugnación

La accionante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las
pretensiones. Afirmó que el Tribunal confundió el Registro de Esquemas Asociativos
Territoriales, a cargo del Ministerio del Interior, con el Kit y el Visor Territorial de
Asociatividad administrados por el DNP, cuya finalidad es metodológica, pedagógica
y de asistencia técnica.

Explicó que el procedimiento de registro culmina con un acto administrativo expedido
por la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio, la incorporación de
la información al REAT y la publicación del certificado correspondiente. En su criterio,
el a quo no verificó ninguna de esas actuaciones y, por ello, no se podía tener por
demostrado el cumplimiento.

Destacó que el propio DNP distingue los instrumentos al señalar que el REAT es
administrado por el Ministerio del Interior y opera en articulación con el Kit de
Asociatividad Territorial, pero, en su criterio, la complementariedad entre ambos no
autoriza a sustituir el registro oficial por una plataforma de información general.

Añadió que en la página web del Ministerio es en donde se publican los certificados
de los EAT por lo que solicitó ordenar la implementación y operación integral del
REAT.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 9
de julio de 2026 de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393
de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 9
de julio de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

De ser superados los anteriores interrogantes, ¿el artículo 249 de la Ley 1955 de
2019 y los artículos 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2 del Decreto 1066 de 2015 contienen
mandatos imperativos, expresos e inobjetables a cargo del Ministerio del Interior y
está demostrado su incumplimiento respecto del funcionamiento y la consulta pública
del REAT?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta

2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la
tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-

00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).

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acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se pretenda
la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior9.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este10 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del

7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-

00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9 Sentencia antes citada.
10
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[13] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»14.

Para este caso, el 28 de abril de 2026, FEDe. Colombia solicitó al Ministerio del
Interior cumplir el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 2.2.5.2.1 y
2.2.5.2.2 del Decreto 1066 de 2015. Identificó los deberes de poner en
funcionamiento, administrar y garantizar el acceso público al REAT y explicó las
deficiencias encontradas en los portales institucionales. El Ministerio no respondió
dentro del término previsto en la Ley 393 de 1997. Por tanto, dicha situación permite
tener por acreditado el requisito de procedibilidad.

3.4. Procedencia de la acción

En este caso, la accionante exigió a al Ministerio del Interior el obedecimiento de los
artículos 249 de la Ley 1955 de 2019 y 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2 del Decreto 1066 de
2015 que disponen lo siguiente:

LEY 1955 DE 2019
(Mayo 25)

13
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
14 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación

n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD.

ARTÍCULO 249. ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES -EAT-. La
conformación y registro de las asociaciones de departamentos, distritos, municipios;
regiones de planificación y gestión de que trata la Ley 1454 de 2011, se adelantará
conforme al siguiente procedimiento: i) Expedición de la ordenanza departamental,
acuerdo municipal y/o distrital de cada una de las entidades territoriales interesadas,
autorizando al gobernador o alcalde para conformar el correspondiente Esquema
Asociativo Territorial - EAT; ii) Suscripción del convenio interadministrativo con las
entidades territoriales por medio del cual se conforma el respectivo EAT; iii) Documento
de los estatutos que regularán la conformación y funcionamiento del EAT de acuerdo
con la ley 1551 de 2012, incluyendo la descripción del patrimonio y aportes de las
entidades que conforman el respectivo EAT; iv) Adopción de un plan estratégico de
mediano plazo que contenga las objetivos, metas y líneas de acción para el cual se
conforma el EAT.

Una vez conformado, el EAT deberá registrar el convenio de conformación y sus
estatutos en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales que para el efecto
ponga en funcionamiento el Gobierno nacional, quien podrá definir los requisitos,
condiciones y procedimiento para el suministro de la información a que haya lugar.

Las entidades territoriales a través de los EAT conformados según el procedimiento
descrito anteriormente y constituidos como persona jurídica de derecho público,
podrán presentar proyectos de inversión de impacto regional a los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión - OCAD, y ser designados como sus ejecutores,
conforme a la normativa vigente y aplicable. Para la presentación del proyecto, este
deberá contar con concepto favorable de los alcaldes o gobernadores, según sea el
caso, de las entidades territoriales conformantes del EAT.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la Ley 136 de 1994 y las
normas que las modifiquen, complementen o reglamenten, los EAT podrán prestar
servicios públicos, desempeñar funciones administrativas propias o las que las
entidades territoriales o el nivel nacional le deleguen, ejecutar obras de interés del
ámbito regional, cumplir funciones de planificación o ejecutar proyectos de desarrollo
integral. Para tal fin deberán cumplir con las condiciones de experiencia, idoneidad y
los demás requisitos dispuestos en las normas vigentes y aplicables, incluyendo la Ley
142 de 1994 y las que la modifiquen o sustituyan. Los EAT podrán, igualmente,
asociarse con operadores autorizados por la autoridad competente para la prestación
de los correspondientes servicios.

Los EAT conformados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley continuarán
sometiéndose a sus respectivas normas de conformación y funcionamiento, hasta
tanto el Gobierno nacional habilite el referido sistema de registro. Una vez habilitado,
los EAT ya conformados tendrán un plazo máximo de un (1) año para registrase. Sin
perjuicio de lo anterior, los EAT que busquen acceder a los recursos de los OCAD y
asumir las competencias definidas en el presente artículo deberán estar registrados
en el sistema en mención.
[…]

DECRETO 1033 DE 2021
(Septiembre 1)
"Por el cual se adiciona el Título 5 denominado "Esquemas Asociativos
Territoriales" a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Interior, con el fin de reglamentar el
funcionamiento de los Esquemas Asociativos Territoriales - EAT"

[…]

9
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ministerio del Interior
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00923-01

ARTÍCULO 2.2.5.2.1. Registro de Esquemas Asociativos Territoriales. El
Ministerio del Interior tendrá a su cargo el funcionamiento del Registro de Esquemas
Asociativos Territoriales -REAT- previsto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019.
Este Registro consolidará, administrará y divulgará la información relativa a la
conformación y funcionamiento de los EAT.

Para este efecto, además de la información aportada por los documentos obligatorios
que deben ser anexados para otorgar el registro a los que hace referencia el artículo
2.2.5.2.2, del presente Decreto, el REAT podrá contener los siguientes campos de
registro, como mínimo:

1. El número y fecha de inscripción.
2. Identificación del EAT.
3. Identificación del representante legal.
4. Nombre o identificación del EAT.
5. Domicilio.
6. Objeto.
7. Entidades territoriales que conforman el EAT.
8. El Registro único Tributario del EAT.
9. Dominio o dirección de internet.
10. Aportes financieros y demás recursos que las entidades territoriales conformantes
aportan al EAT.
11. Soportes de la constitución del EAT aportando la documentación señalada en el
artículo 2.2.5.1.2. del presente Decreto.
12. Habilitación legal para contratar, en la que se especifique si el EAT está activo,
liquidado, si no está operando u otros estados aplicables.
13. Antecedentes disciplinarios y fiscales del representante legal del EAT reportados·
mediante certificación de la autoridad competente suministrada por el EAT.
14. Antecedentes fiscales del EAT como persona jurídica reportados mediante
certificación de la autoridad competente suministrada por el EAT.
15. Experiencia contractual del EAT mediante la certificación correspondiente de los
contratos celebrados por el EAT, expedida por la entidad contratante de los mismos.
16. Código de actividad desarrollada según el Registro Único Tributario - RUT, de ser
aplicable.
17. Competencias y funciones delegadas al EAT.
18. Hechos interjurisdiccionales declarados en el Plan Estratégico de Mediano Plazo.
19. Proyectos de impacto regional establecidos en el Plan Estratégico de Mediano
Plazo.
20. Novedades.

PARÁGRAFO 1. Con excepción de los documentos e información mencionados en el
artículo 2.2.5.2.2. del presente Decreto, la demás documentación e información
incluida en este artículo podrá ser aportada voluntariamente por el EAT que desea
registrarse y no será requisito obligatorio para que se otorgue el registro por parte del
Ministerio del Interior.

PARÁGRAFO 2. El Registro de Esquemas Asociativos Territoriales incluirá un
aplicativo para el diligenciamiento de los campos de registro definidos en el presente
artículo, a través del cual se podrá intercambiar, registrar, almacenar información con
los diferentes sistemas de información del Gobierno nacional que se consideren
relevantes para el seguimiento de los recursos públicos y reportes de información
relacionada con los EAT.

PARÁGRAFO 3. El Ministerio del Interior pondrá en marcha y funcionamiento el REAT
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del presente decreto.
Adicionalmente, podrá definir un régimen de prealistamiento del REAT previo a su
puesta en marcha, con la finalidad de garantizar que los EAT cumplan con las
condiciones y requisitos de registro definidos en la normatividad complementaria.

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PARÁGRAFO 4. Las entidades públicas de cualquiera de los niveles de gobierno
podrán consultar y verificar la información que repose en el REAT, para la delegación
de competencias de que trata el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011.

PARÁGRAFO 5. Los EAT entre entidades territoriales nacionales y las de países
vecinos y fronterizos a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley 1454 de 2011
deberán cumplir con el registro en los términos previstos en el presente decreto.

PARÁGRAFO 6. La información contenida en el REAT podrá ser consultada por las
entidades públicas del Gobierno nacional, con el propósito de hacer seguimiento a la
gestión de los EAT, elaborar políticas públicas, programas y proyectos
gubernamentales relacionados con la asociatividad territorial.

ARTÍCULO 2.2.5.2.2. Documentación para el registro y verificación de los
EAT. Una vez surtido el trámite de conformación al que hace referencia el artículo
2.2.5.1.2. del presente Decreto, el representante legal del EAT deberá inscribirlo en el
Registro de Esquemas Asociativos Territoriales - REAT, que en virtud de lo dispuesto
en el presente Título, será creado y puesto en funcionamiento por el Ministerio del
Interior.

Los EAT renovarán y actualizarán el registro anualmente, conforme con los requisitos
y el trámite que para tales efectos establezca el Ministerio del Interior.

Los EAT aportarán, como mínimo, y como requisito indispensable para su registro la
siguiente documentación e información:

1. Los documentos a los que hace referencia el artículo 2.2.5.1.2. a excepción del Plan
Estratégico de Mediano Plazo, que para efectos del registro corresponderá a la versión
previa de la que trata el artículo 2.2.5.5.1. del presente Título para el proceso de
conformación del EAT.
2. Identificación del representante legal.
3. Nombre o identificación del EAT.
4. Domicilio.
5. Objeto.
6. Entidades territoriales que conforman el EAT.
7. El Registro Único Tributario del EAT.

PARÁGRAFO 1. En la radicación de la solicitud de registro por parte del representante
legal del EAT, se deberá aportar la documentación señalada en el presente artículo.
En caso de que no se anexe la documentación completa o que la misma no cumpla
con los requisitos esenciales para estimarse como completa, en aplicación a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015, el Ministerio del Interior requerirá al representante legal del EAT,
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación, para que aporte la
documentación faltante en el término máximo de un (1) mes. Se entenderá que el
peticionario ha desistido de su solicitud de registro cuando no satisfaga el
requerimiento señalado anteriormente, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual al previsto inicialmente.

PARÁGRAFO 2. Una vez habilitado el Registro de Esquemas Asociativos
Territoriales, todos los EAT, incluidos los conformados con anterioridad a la entrada
en vigencia de Ley 1955 de 2019, tendrán un plazo de doce (12) meses para
registrarse y para aportar la documentación definida en el presente artículo.

PARÁGRAFO 3. En el caso de las Áreas Metropolitanas, se deberá aportar copia
legible de la protocolización en notaría del proyecto de conformación, certificación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil con los resultados de la consulta popular,
así como el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en los
términos del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013.

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PARÁGRAFO 4. En el caso de las Regiones Administrativas y de Planificación deberá
aportarse copia legible de la protocolización en notaría del proyecto de conformación
y copia del concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en los
términos del artículo 30 de la Ley 1454 de 2011.

PARÁGRAFO 5. La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del
Interior emitirá el acto administrativo correspondiente para el registro del EAT, una vez
verifique que se han aportado los documentos e información establecidos por el
presente artículo e ingrese tal información en el REAT. En todo caso, para la emisión
del acto administrativo, será necesario contar con el visto bueno del Departamento
Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Descentralización y Desarrollo
Regional o la que haga sus veces en lo relacionado con el Plan Estratégico de Mediano
Plazo, de conformidad con los criterios establecidos en el presente Decreto.

PARÁGRAFO 6. El certificado de registro del EAT se publicará en el portal web del
REAT para su consulta pública.

PARÁGRAFO 7. Contra el acto que rechace el registro procederán los recursos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
[…]

Las referidas normas se encuentran vigentes dado que no se encuentran derogadas
o con alguna afectación judicial que no permita tener por acreditado el primer
requisito de procedencia.

Además, la Sala considera que el presente caso cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de
la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia15 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

En este caso, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio de
defensa para lograr que el Ministerio del Interior cumpla con los deberes que se le
endilgan, lo que, en principio, torna procedente el ejercicio de la acción.

Tampoco se evidencia que lo pretendido pueda ser discutido vía acción de tutela, ni
que el cumplimiento de las normas que se piden acatar impliquen un gasto no
presupuestado.

3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,

15 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.

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a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes16.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos de
los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la norma
prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo
estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.

Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los mandatos imperativos, expresos e inobjetables
que son susceptibles de ser materializados por medio de este mecanismo judicial.
Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente manera:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos
ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades
públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda
actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de
realizar»17.

El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en el caso
concreto, debe ordenarse a la accionada lo que pretende la actora. Al respecto, las
normas transcritas contienen varias competencias o funciones: (i) el Gobierno
nacional debe habilitar un registro para los convenios de conformación de los EAT y
sus estatutos; (ii) el Ministerio del Interior tiene a su cargo su funcionamiento; (iii) el
registro debe consolidar, administrar y divulgar la información de los EAT; (iv) debe
incluir un aplicativo para diligenciar los campos definidos; (v) la Dirección de
Gobierno y Gestión Territorial debe expedir el acto de registro e ingresar la
información al REAT, una vez verifique que fueron aportados los documentos
exigidos y (vi) el certificado debe publicarse en el portal para consulta pública.

El destinatario de los deberes de funcionamiento, administración y divulgación está
individualizado: es el Ministerio del Interior. Sin embargo, las mismas disposiciones
distribuyen actuaciones entre esa cartera y los EAT. El artículo 249 de la Ley 1955
de 2019 dispone que, una vez conformado, el EAT deberá registrar su convenio de
conformación y sus estatutos; a su vez, el artículo 2.2.5.2.2 establece que su

16 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas.

(Diccionario de la Real Academia Española).
17 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social de

derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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representante legal deberá inscribirlo, aportar la documentación mínima y renovar y
actualizar anualmente el registro.

Por tanto, la información con la que se alimenta el REAT debe ser suministrada
inicialmente por los EAT. La obligación del Ministerio de verificar los documentos,
ingresar la información, expedir el acto de registro y publicar el certificado presupone
que el representante legal haya adelantado la solicitud y aportado la información
exigida. Lo mismo ocurre con la renovación y la actualización: la actuación de la
entidad depende de que el EAT cumpla previamente las cargas que la regulación le
asigna.

Ahora bien, la existencia de un mandato imperativo y la prueba de su incumplimiento
son cuestiones distintas. Conforme a la regla de la carga de la prueba, correspondía
a la Fundación demostrar los hechos que permitieran atribuir la omisión al Ministerio
del Interior. La sola vigencia de las disposiciones o el carácter permanente de los
deberes no releva a la parte actora de acreditar que la autoridad dejó de ejecutar una
conducta que ya le era concretamente exigible.

En concreto, debía individualizar uno o varios EAT que, después de su conformación,
hubieran solicitado el registro, la renovación o la actualización y suministrado la
documentación correspondiente y que, pese a ello, el Ministerio hubiera omitido
tramitar la solicitud, incorporar o actualizar la información, expedir el acto
administrativo o publicar el certificado. Ninguno de esos supuestos fue acreditado en
el expediente.

La Sala no desconoce que en el portal del Ministerio existe una página denominada
«Sistema de Registro Esquemas Asociativos Territoriales EAT» y un módulo de
consulta pública. Esa circunstancia demuestra que el aplicativo fue implementado
formalmente y que dispone de mecanismos de inicio de sesión, registro de usuarios
y consulta por nombre o NIT del esquema.

En el dominio institucional de la accionada,
https://eat.mininterior.gov.co/ConsultaPublica/Index arroja los resultados que se
muestran a continuación:

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No obstante, contrario a lo alegado por la accionante, no está probado que un EAT
hubiera cumplido previamente el procedimiento y remitido la información necesaria
para que el Ministerio la incorporara al REAT. La ausencia de datos en una consulta
puede obedecer a que el esquema no adelantó el registro o no suministró la
documentación, sin que la interfaz permita establecer a cuál de los sujetos
corresponde esa circunstancia.

Como se indica en la propia página, el registro de usuario debe estar precedido del
diligenciamiento del formulario previsto para el trámite. No existe prueba de que un
representante legal hubiera agotado ese paso y que, aun así, el sistema o el
Ministerio le impidieran continuar con la solicitud. De igual manera, la referencia
general del informe de gestión de 2025 a nuevos esquemas registrados no
individualiza una solicitud, un acto o un certificado que el Ministerio hubiera omitido
incluir, actualizar o divulgar.

El Tribunal tuvo por atendidos los deberes porque encontró fichas de caracterización
y un visor en el sitio de asociatividad del DNP. La Sala precisa que esas herramientas
son distintas del REAT y no sustituyen el registro a cargo del Ministerio del Interior.
Sin embargo, esa diferencia no conduce a acceder a las pretensiones, pues la parte
actora tampoco demostró el incumplimiento atribuible a la demandada. El silencio de
la entidad permitió tener por satisfecho el requisito de renuencia, pero no constituye,
por sí solo, prueba del incumplimiento material.

En suma, aunque las normas invocadas contienen deberes relacionados con el
funcionamiento, la administración y la divulgación del REAT, la parte actora no
acreditó que EAT constituidos hubieran cumplido las cargas de registro y suministro
de información y que, pese a ello, el Ministerio accionado hubiera omitido incluir,
actualizar o divulgar los datos y certificados correspondientes. Por consiguiente, se
confirmará la sentencia que negó las pretensiones, aunque por las razones
expuestas en esta providencia.

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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ministerio del Interior
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00923-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado

GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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