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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00273-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00273-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 19 de junio de 2026 de la Sala de Decisión 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar, pero por lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2026-00273-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 13001-33-33-000-2026-00273-01
Demandante: José Gabriel Ortega Gómez
Demandados: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y otros
Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia de
19 de junio de 2026, por medio de la cual la Sala de Decisión 6 del Tribunal
Administrativo de Bolívar declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José Gabriel
Ortega Gómez demandó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en
adelante ANLA, a la Agencia Nacional de Infraestructura, en delante ANI, y a la
Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS, por el presunto incumplimiento del
artículo 2, numeral 1, de la Resolución 1290 del 13 de octubre de 2015. En la
demanda se formularon las siguientes pretensiones:

[…] . PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXPRESA. Que se ordene a
la CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S. cumplir de manera
inmediata la obligación contenida en el Artículo Segundo, numeral 1 de la Resolución
1290 del 13 de octubre de 2015, la cual autorizó y ordenó la ejecución de la obra
denominada «Nueva Calzada (Sector 4)». Esta obligación es expresa y vigente, según
consta en la página 15 (Tabla 0-3, Ítem 3) y se detalla técnicamente en la página 24
(Unidad Funcional 1, Sector 4) de la citada Resolución, donde se define textualmente
su alcance como: «Construcción de una nueva calzada de servicio bidireccional y
cicloruta entre las abscisas K2+860.84 y K4+460».

2. SEGUNDA: Que se ordene a las entidades accionadas garantizar la movilidad
segura de la comunidad de La Boquilla, mediante la ejecución efectiva de la obra
ordenada en la Resolución 1290 de 2015, dentro de un término perentorio fijado por el
despacho, debiendo las entidades accionadas presentar un cronograma de ejecución
que garantice el cumplimiento efectivo de la orden impartida, bajo apercibimiento de
las medidas coercitivas previstas en la Ley 393 de 1997.

3. TERCERA: Que se ordene a las entidades accionadas rendir informes periódicos al
despacho sobre el avance del cumplimiento de la orden impartida, con intervención del

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Demandante: José Gabriel Ortega Gómez
Demandados: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y otros
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Ministerio Público, a efectos de garantizar la verificación y seguimiento efectivo de la
misma [1].

2. Hechos

La parte actora indicó que, mediante la Resolución 1290 del 13 de octubre de 2015,
la ANLA otorgó licencia ambiental a la sociedad Concesión Costera Cartagena
Barranquilla SAS, para la ejecución del proyecto denominado «Construcción
Segunda Calzada Carretera Cartagena-Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1 entre el
PR0+000 al PR7+500 de la vía al Mar», localizado en el departamento de Bolívar,
particularmente en el Distrito de Cartagena de Indias, y correspondiente, en lo que
interesa al presente asunto, al sector comprendido entre el Anillo Vial de Crespo y
La Boquilla.

Indicó que, en desarrollo de ese proyecto, se contempló para el denominado Sector
4 la construcción de una calzada de servicio bidireccional y ciclorruta, obligación
desarrollada en el Plan de Manejo Ambiental, específicamente en la ficha GS-07
«Accesibilidad, seguridad de la población y fomento a la seguridad vial», medida 4
«Restablecimiento de accesibilidad», que previó una vía de servicio con andén y
ciclorruta en el tramo comprendido entre las abscisas K1+225 y K4+460.

Sostuvo que dicha obra no fue ejecutada en su totalidad, pues únicamente se
construyó el tramo comprendido entre las abscisas K1+225 y K2+860, mientras
permanece pendiente el sector comprendido entre K2+860 y K4+460,
correspondiente a la zona de La Boquilla.

Afirmó que la propia ANLA, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento
ambiental, constató el incumplimiento de esa obligación. En particular, refirió que
mediante el auto 010593 del 29 de noviembre de 2024 se verificó que la obra no
había sido ejecutada integralmente y que esa situación ocasionaba restricciones a la
movilidad, incremento en los tiempos de desplazamiento y riesgo de accidentes
debido al tránsito en contraflujo.

Agregó que, mediante el auto 006513 del 31 de julio de 2025, la ANLA ordenó iniciar
procedimiento sancionatorio ambiental contra la concesionaria por el presunto
incumplimiento de la medida 4 de la ficha GS-07 del Plan de Manejo Ambiental,
específicamente respecto de la construcción del tramo de la calzada de servicio
bidireccional comprendido entre las abscisas K2+860.84 y K4+460.

Manifestó que, pese a las actuaciones adelantadas por la autoridad ambiental, la
obra continuaba sin ejecutarse y que las medidas implementadas por la
concesionaria no sustituían la obligación prevista en la licencia ambiental,
circunstancia que, a su juicio, mantenía afectadas las condiciones de movilidad y
seguridad vial de los habitantes de La Boquilla.

1 Se transcribe tal cual aparece en la demanda de cumplimiento.

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Con el propósito de constituir en renuencia a las accionadas, el 27 de marzo de 2026
el señor José Gabriel Ortega Gómez presentó, ante la ANLA, la ANI y la Concesión
Costera Cartagena Barranquilla SAS, solicitud de cumplimiento, en la que requirió la
ejecución inmediata de la obligación que estimó contenida en la Resolución 1290 de
2015.

Ante la persistencia del incumplimiento alegado, promovió la presente acción con el
propósito de que se ordenara ejecutar la calzada de servicio bidireccional y la
ciclorruta, garantizar condiciones seguras de movilidad para la comunidad de La
Boquilla y disponer la presentación de un cronograma e informes periódicos sobre el
avance de las obras.

3. Admisión de la demanda

En auto de 20 de mayo de 2026, el ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda y ordenó notificar a las accionadas y al Ministerio Público. Luego,
por medio de providencia de 17 de junio de 2026, decretó las pruebas dentro del
presente trámite judicial.

4. Informes

4.1. La Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS se opuso a las
pretensiones y sostuvo que la construcción del tramo reclamado dejó de formar parte
de sus obligaciones contractuales. Explicó que las dificultades para adelantar la
gestión predial con el Consejo Comunitario de La Boquilla dieron lugar al
reconocimiento de un evento eximente de responsabilidad y a la posterior
modificación del contrato de concesión, mediante la cual se excluyó el tramo
pendiente y se reasignaron los recursos destinados a su construcción. Agregó que
la licencia ambiental es un acto habilitante y condicionado, pero no constituye por sí
misma la fuente de la obligación contractual de construir. Finalmente, alegó la
improcedencia de la acción por falta de renuencia, existencia de otros mecanismos
judiciales y ausencia de un mandato imperativo e inobjetable.

4.2. La ANLA afirmó que ha ejercido las funciones de control y seguimiento que le
corresponden, pues verificó el presunto incumplimiento de las obligaciones
ambientales y, mediante el auto 006513 del 31 de julio de 2025, ordenó iniciar
procedimiento sancionatorio ambiental contra la concesionaria. Por ello, consideró
que no resulta procedente obtener mediante la acción de cumplimiento una orden
que desconozca o interfiera con las etapas y garantías propias de dicho
procedimiento administrativo. También alegó la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial y la ausencia de renuencia.

4.3. La ANI manifestó que no es titular de la licencia ambiental ni ejecutora de las
medidas de manejo previstas en ella y que la responsabilidad por su cumplimiento
corresponde a la concesionaria. Explicó que, como consecuencia del evento
eximente de responsabilidad, se desafectó parte del tramo inicialmente previsto para
la calzada de servicio y la ciclorruta. Finalmente, sostuvo que la acción era

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improcedente porque el acto administrativo invocado no contiene, a su juicio, una
obligación clara, expresa y exigible a su cargo, existen otros mecanismos judiciales
y no se acreditó su renuencia.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 19 de junio de 2026, la Sala de Decisión 6 del Tribunal
Administrativo de Bolívar declaró improcedente la acción de cumplimiento.
Consideró que, aunque el actor sí acreditó el requisito de constitución en renuencia,
pues, el 27 de marzo de 2026, solicitó a las accionadas el cumplimiento de la
Resolución 1290 de 2015, no se satisfacían los demás presupuestos de procedencia
previstos en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997. En particular, estimó que el
demandante disponía de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz, de naturaleza
colectiva, mediante el cual podía procurar la ejecución de la obra y la protección de
la movilidad de la comunidad de La Boquilla; además, destacó que la ANLA había
iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental relacionado con el
incumplimiento alegado. Finalmente, señaló que no se demostró la existencia de un
perjuicio grave e inminente que permitiera superar la subsidiariedad de la acción. Por
estas razones, concluyó que no correspondía efectuar un estudio de fondo sobre el
deber reclamado y declaró improcedente la acción.

6. Impugnación

La parte actora sostuvo, en primer lugar, que el Tribunal equiparó indebidamente la
acción popular en curso con la acción de cumplimiento, pese a que tienen objetos y
pretensiones diferentes. Explicó que la primera, promovida desde 2022, busca
proteger derechos colectivos relacionados con el acceso e ingreso seguro a La
Boquilla, mientras que la presente acción pretende específicamente obtener el
cumplimiento de la obligación contenida en la Resolución 1290 de 2015, consistente
en construir la calzada de servicio bidireccional, andén y ciclorruta. Por ello, reprochó
que el Tribunal no hubiera analizado concretamente la identidad, idoneidad y eficacia
de la acción popular antes de considerarla un mecanismo judicial alternativo.

En segundo lugar, cuestionó que el Tribunal considerara el procedimiento
sancionatorio ambiental adelantado por la ANLA como otro mecanismo para
satisfacer sus pretensiones, pues este es un trámite administrativo y no un
instrumento judicial de defensa en los términos del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

Añadió que su finalidad es determinar la existencia de una infracción e imponer las
sanciones correspondientes, pero no obtener directamente la ejecución material de
la obra reclamada. Asimismo, señaló que las providencias de la Corte Suprema de
Justicia aportadas al expediente habían descartado la tutela para obtener el
cumplimiento de la Resolución 1290 de 2015, por lo que declarar también
improcedente esta acción generaría, a su juicio, un riesgo de denegación material de
justicia.

Finalmente, afirmó que el Tribunal omitió valorar adecuadamente la afectación actual
de la comunidad y los argumentos relevantes aportados al proceso, pues la propia
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ANLA constató el incumplimiento y los riesgos derivados de la falta de ejecución de
la obra. Agregó que la Resolución 1290 de 2015 contiene una obligación clara,
expresa, vigente y exigible que no podía ser dejada sin efectos por modificaciones
posteriores del contrato de concesión ni por la redistribución de los recursos
destinados a las obras. Con fundamento en ello, solicitó revocar la sentencia,
declarar procedente la acción, estudiar de fondo el deber reclamado e impartir las
órdenes necesarias para su efectivo cumplimiento.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 19
de junio de 2026 de la Sala de Decisión 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y
243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del
12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de
«las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 19
de junio de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto
(iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial

2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 3.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]4.

3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-

00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).

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Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se pretenda
la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la

8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-

00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»15.

En el caso concreto, el accionante acompañó escrito, del 27 de marzo de 2026, en
el que le solicitó a las accionadas el cumplimiento del artículo 2, numeral 1, de la
Resolución 1290 del 13 de octubre de 2015, para que las accionadas, respecto del
proyecto denominado «Construcción Segunda Calzada Carretera Cartagena-
Barranquilla, Ruta 90 A, Tramo 1 entre el PR0+000 al PR7+500 de la vía al Mar»,
localizado en el departamento de Bolívar, dispongan: a) cronograma cierto de
ejecución de la obra; b) entidad responsable de su ejecución; c) fecha de inicio y
terminación de la construcción; d) medidas provisionales para mitigar los impactos
mientras se ejecuta la obra. Al respecto, obra en el expediente respuesta del 6 de
abril de 2026 de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS en la que se
indicó que la disposición invocada no contiene un deber imperativo e inobjetable.

14
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación

n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Gabriel Ortega Gómez
Demandados: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y otros
Radicación: 13001-33-33-000-2026-00273-01

Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, toda vez que en el expediente no se observa que
respuesta por parte de la ANI ni el ANLA y la de la sociedad Costera Cartagena
Barranquilla SAS resulta contraria al querer de la actora. Por tanto, se pasará al
estudio de procedencia de este medio de control.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es el
acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La demandante invocó como
disposición incumplida el artículo 2, numeral 1, de la Resolución 1290 del 13 de
octubre de 2015, vigente, por lo que satisface en este caso el primer presupuesto
de procedencia.

Sin embargo, en cuanto a la subsidiariedad, la Sala advierte que confirmará la
sentencia impugnada. Si bien la acción popular y la acción de cumplimiento tienen
naturaleza y presupuestos distintos, lo relevante para efectos del artículo 9 de la Ley
393 de 1997 es establecer si existe otro instrumento judicial idóneo para obtener la
protección pretendida. En este caso, el actor busca la construcción de una calzada
de servicio bidireccional, andén y ciclorruta, así como garantizar la movilidad segura
de la comunidad de La Boquilla, pretensiones estrechamente relacionadas con los
derechos colectivos cuya protección se persigue mediante la acción popular que
actualmente se encuentra en curso. Por ello, la diferencia formal entre ambos
mecanismos no desvirtúa la existencia de otro instrumento judicial apto para atender
la situación material planteada.

De otra parte, le asiste razón al recurrente al señalar que el procedimiento
sancionatorio ambiental adelantado por la ANLA no constituye otro instrumento
judicial, pues se trata de una actuación administrativa. Además, como lo reconoce el
propio impugnante, dicho trámite tiene una finalidad sancionatoria, correctiva o
retributiva, dirigida a establecer la eventual responsabilidad por la infracción de las
obligaciones ambientales e imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo,
esa finalidad es ajena a la acción de cumplimiento, cuyo objeto es hacer efectivo un
deber contenido en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo,
y no establecer responsabilidades ni imponer sanciones. Por tanto, aunque la Sala
se aparta de este fundamento del Tribunal, ello no conduce a revocar la decisión.

Asimismo, como lo informaron las accionadas en la ejecución del proyecto do
«Construcción Segunda Calzada Carretera Cartagena-Barranquilla, Ruta 90 A,
Tramo 1 entre el PR0+000 al PR7+500 de la vía al Mar», se reconoció un evento
eximente de responsabilidad y se modificó el contrato de concesión, situación que
implicó la exclusión del tramo pendiente y se reasignaron los recursos destinados a
su construcción. Es decir, la construcción del tramo de la calzada de servicio
bidireccional comprendido entre las abscisas K2+860.84 y K4+460, que se pretende
materializar con este mecanismo judicial, implicaría que el juez de cumplimiento

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ordene la apropiación y ejecución de un nuevo presupuesto, sin embargo ello no es
procedente porque conlleva un gasto que no se encuentra acreditado que está
presupuestado.

Finalmente, tampoco se acreditó un perjuicio grave e inminente que permita superar
la causal de improcedencia. Aunque la actor refiere dificultades de movilidad y
riesgos de accidentalidad para la comunidad de La Boquilla, tales circunstancias no
demuestran la necesidad excepcional de intervención del juez de cumplimiento pese
a la existencia del mecanismo judicial colectivo. En consecuencia, se confirmará la
sentencia que declaró improcedente la acción, sin que corresponda efectuar un
pronunciamiento de fondo sobre la existencia, alcance o exigibilidad de la obligación
invocada.

Del anterior análisis, se concluye que esta Sección confirmará la sentencia proferida
el 19 de junio de 2026, pero de conformidad con razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 19 de junio de 2026 de la Sala de Decisión 6
del Tribunal Administrativo de Bolívar, pero por lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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