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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00482-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00482-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia de 15 de mayo de 2026 de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00482-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00482-01
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandada: Defensoría del Pueblo
Tema: Registro Público de Acciones Populares y de Grupo, revoca
orden para negar lo pretendido.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la
sentencia de 15 de mayo de 2026, por medio de la cual la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el
Estado de Derecho, en adelante FEDe. Colombia, demandó a la Defensoría del
Pueblo con el propósito de que se hiciera efectivo el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, reglamentado por la Resolución 0396 de 2003. En consecuencia, pidió ordenar
a la entidad: (i) mantener completo y actualizado el Registro Público Centralizado de
Acciones Populares y de Grupo; (ii) permitir la consulta de la demanda, el auto
admisorio y las decisiones judiciales; (iii) efectuar una verificación integral para
completar y corregir la información faltante; y (iv) adoptar medidas que aseguren la
actualización continua del sistema.

2. Hechos

La accionante explicó que la plataforma institucional del Registro Público
Centralizado de Acciones Populares y de Grupo contiene registros incompletos,
inconsistentes o desactualizados y que no permite acceder a los documentos
remitidos por los despachos judiciales. Como ejemplos, mencionó las acciones
relacionadas con el río Bogotá, el páramo de Santurbán, la bahía de Cartagena, la
concesión Ruta del Sol y los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca.

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Demandada: Defensoría del Pueblo
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Añadió que el formulario de consulta exige criterios como las partes, el número de
radicación, el tema, el punto de recepción, los derechos invocados o la ubicación
territorial. A su juicio, la falta de listados generales, navegación guiada e
instrucciones visibles limita el carácter público del registro.

Mediante escrito del 29 de octubre de 2024, radicado el 18 de diciembre siguiente,
solicitó a la Defensoría cumplir el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y la Resolución
0396 de 2003, mediante la publicación y administración del registro y el acceso al
expediente de las acciones populares y de grupo.

La entidad respondió el 26 de diciembre de 2024. Informó que el sistema se
alimentaba con los autos admisorios enviados por los despachos judiciales y que, en
algunos casos, recibía información incompleta, circunstancia ante la cual oficiaba a
la autoridad respectiva. También indicó que había identificado inconsistencias en la
información pública, que un equipo adelantaba labores de búsqueda y actualización
y que había revisado 2.142 radicados.

En esa respuesta anunció que, durante 2025, implementaría un nuevo sistema de
información —flujo BPM— con la posibilidad de anexar expedientes híbridos para
consulta ciudadana. La Fundación sostuvo que, al verificar la plataforma en enero de
2026, persistían las deficiencias.

El 3 de febrero de 2026, la accionante formuló un nuevo requerimiento de
cumplimiento. Reiteró la falta de acceso a las piezas procesales, los problemas de
consulta, la información incompleta o desactualizada y la ausencia de algunos
procesos de relevancia nacional.

3. Admisión de la demanda

El ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la solicitud en auto
de 6 de abril de 2026 y ordenó notificar a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio
Público. Luego por medio de auto de 23 de abril de 2026 se decretaron las pruebas
en este trámite.

4. Informes

4.1. La Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones. Señaló que organizó el
Registro Público Centralizado y que este se encuentra disponible para consulta
ciudadana mediante una plataforma que no exige registro previo.

Precisó que el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 le asigna organizar el registro, pero
radica en los jueces la obligación de remitir la demanda, el auto admisorio y el fallo
definitivo. Por ello, la incorporación y actualización de la información depende de los
documentos que suministren las autoridades judiciales.

Indicó que la Ley 472 de 1998 y la Resolución 0396 de 2003 no ordenan publicar
digitalmente todas las piezas procesales. Según explicó, la resolución diferencia

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entre el expediente que conforman las regionales con los documentos recibidos y la
ficha de análisis destinada a la consulta ciudadana.

También manifestó que el número de radicación es apenas uno de los criterios
disponibles, pues el sistema permite consultar por demandante, demandado, tema,
punto de recepción, departamento y derecho colectivo. En consecuencia, negó que
la consulta estuviera condicionada a conocer previamente el radicado.

Frente a los registros señalados por la actora, sostuvo que adelantó actuaciones de
verificación y corrección: remitió memorandos a las defensorías regionales,
implementó un plan de actualización en VISION WEB y gestionó con el Consejo de
Estado mecanismos de articulación. Informó, además, que algunos procesos ya
estaban registrados y que otros se encontraban en trámite de incorporación o
actualización.

Por último, propuso la falta de integración del contradictorio porque la acción se
dirigió solo contra la Defensoría, aunque los jueces también son destinatarios del
artículo 80. Agregó que los errores aislados o registros pendientes no demuestran
una renuencia estructural, pues se trata de una obligación permanente que ejecuta
con la información recibida.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 15 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró infundada la excepción de falta
de integración del contradictorio y accedió a las pretensiones.

Consideró que el artículo 80 contiene un mandato imperativo a cargo de la
Defensoría. En su criterio, la obligación no se agota con crear un registro, sino que
comprende consolidarlo, verificarlo, actualizarlo y garantizar el acceso efectivo a la
información. Añadió que la eventual omisión de los jueces no exonera a la entidad,
porque esta debe gestionar el flujo de datos y superar los vacíos existentes.

Valoró los memorandos, planes de actualización y gestiones interinstitucionales
como prueba de que el registro estaba incompleto al promoverse la acción.
Asimismo, estimó que la remisión judicial de la demanda, el auto admisorio y el fallo
carecería de utilidad si los ciudadanos no pudieran consultar esos documentos.

En consecuencia, ordenó a la Defensoría que, dentro de seis meses, (i) garantizara
que el registro contenga la totalidad de las acciones interpuestas en el país,
debidamente actualizadas; (ii) incorporara y pusiera a disposición del público la
demanda, el auto admisorio y el fallo y (iii) implementara un sistema de consulta
abierta que no exija conocer previamente el número de radicación.

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6. Impugnación

La Defensoría del Pueblo solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones. En
primer lugar, sostuvo que el Tribunal efectuó una interpretación extensiva del artículo
80 y creó obligaciones que no están contenidas de forma clara, expresa e inobjetable
en la disposición, en especial la publicación digital de todas las piezas procesales y
el diseño de una plataforma con características determinadas.

Explicó que la obligación legal consiste en organizar un registro centralizado y
público, mientras que los jueces deben remitir la información. Afirmó que recibir los
documentos para procesar sus datos y archivarlos no equivale a administrar un
expediente judicial electrónico. Añadió que SAMAI y la Consulta Nacional Unificada
de Procesos son los sistemas dispuestos por la Rama Judicial para acceder a las
actuaciones.

Indicó, además, que la publicación masiva de documentos exige verificar las reglas
sobre datos personales, información sensible y reserva. En su criterio, la orden de
acceso abierto a todas las piezas no consideró esas restricciones.

En segundo lugar, alegó que las actuaciones de actualización acreditan el
cumplimiento de una obligación continua y no su inobservancia. Reiteró que los
procesos mencionados por la actora fueron registrados, corregidos o incluidos en los
planes institucionales antes del fallo.

En tercer lugar, cuestionó la conclusión sobre las barreras de consulta, porque la
propia solicitud de cumplimiento reconoció que la plataforma ofrece diversos criterios
alternativos al número de radicación.

En cuarto lugar, insistió en que la alimentación del registro proviene de los despachos
judiciales y la Defensoría no puede incorporar aquello que no le ha sido remitido. Por
esa razón, consideró que debieron vincularse las autoridades judiciales y distribuirse
la contribución de cada obligado.

Finalmente, señaló que las órdenes son desproporcionadas: exigen garantizar la
totalidad del registro, publicar documentos y rediseñar el sistema dentro de seis
meses, aunque esos resultados dependen de terceros y de condiciones técnicas y
jurídicas que no controla unilateralmente. De manera subsidiaria, solicitó excluir las
órdenes de publicación y rediseño, limitar el mandato a las actuaciones que puede
ejecutar autónomamente, efectuar un llamado a los jueces para que cumplan la
remisión documental y adecuar el plazo1.

1 En el trámite de segunda instancia, la Fundación accionante presentó escrito con el cual busca oponerse a la

impugnación de la entidad accionada (índice 4 de SAMAI). A su turno, la defensoría del Pueblo radicó un escrito
de oposición a el mencionado memorial (índice 8 de SAMAI). Sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta el
contenido de dichos memoriales, toda vez que la Ley 393 de 1997 no previó oportunidad procesal para
controvertir los argumentos de la impugnación ni oponerse de forma indefinida y/o por fuera de la oportunidad
procesal a la impugnación de la sentencia de primera instancia.

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7. Impedimento

El Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez, el 31 de agosto de 2026, manifestó impedimento
para conocer y tramitar el presente asunto. Lo anterior, tras considerar que podría estar
incurso en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del
Proceso2. Sin embargo, el mencionado impedimento fue declarado infundado por los
demás integrantes de la Sección en auto de esta misma fecha.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 15
de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393
de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 15
de mayo de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

De ser superados los anteriores interrogantes, ¿el artículo 80 de la Ley 472 de 1998
contiene un mandato imperativo, expreso e inobjetable a cargo de la Defensoría del
Pueblo y la actora acreditó su incumplimiento?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.

2 Índice 7 de SAMAI.

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3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 4.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el

3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la
tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.

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cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior11.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
9 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11 Sentencia antes citada.
12
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»16.

Para este caso, la Fundación accionante presentó un primer requerimiento, el 18 de
diciembre de 2024. Luego, el 3 de febrero de 2026, reclamó nuevamente el
cumplimiento del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y cuestionó la integridad,
actualización y consulta del registro. La Defensoría respondió el 11 de marzo de
2026, cuando ya había transcurrido el término previsto en la ley 393 de 1997.Por
ello, como lo concluyó el Tribunal, se satisfizo el requisito de renuencia.

15
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación

n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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3.4. Procedencia de la acción

En este caso, la accionante exigió a la accionada el obedecimiento del artículo 80 de
la Ley 472 de 1998 que dispone lo siguiente:

LEY 472 DE 1998
(agosto 5)
Diario Oficial No. 43.357, de 6 de agosto de 1998
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones.

[…]
ARTICULO 80. REGISTRO PÚBLICO DE ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO.
La Defensoría del Pueblo organizará un Registro Público centralizado de las Acciones
Populares y de las Acciones de Grupo que se interpongan en el país. Todo Juez que
conozca de estos procesos deberá enviar una copia de la demanda del auto admisorio
de la demanda y del fallo definitivo. La información contenida en este registro será de
carácter público. […]

La referida norma se encuentra vigente dado que no se encuentra derogada o con
alguna afectación judicial que no permita tener por acreditado el primer requisito de
procedencia.

Además, la Sala considera que el presente caso cumple con el requisito de la
subsidiariedad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de
la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia17 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

En este caso, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio de
defensa para lograr que la Defensoría del Pueblo cumpla con los deberes que se le
endilgan, lo que, en principio, torna procedente el ejercicio de la acción.

Tampoco se evidencia que lo pretendido pueda ser discutido vía acción de tutela, ni
que el cumplimiento de las normas que se piden acatar impliquen un gasto no
presupuestado.

3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,

17 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.

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a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes18.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos de
los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la norma
prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo
estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.

Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los mandatos imperativos, expresos e inobjetables
que son susceptibles de ser materializados por medio de este mecanismo judicial.
Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente manera:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos
ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades
públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda
actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de
realizar»19.

El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en el caso
concreto, debe ordenarse a la accionada lo que pretende la actora. Al respecto, la
Sala precisa, además de lo anotado, que la acción de cumplimiento, por su
naturaleza constitucional y legal, no está prevista para definir controversias
interpretativas ni para construir, por vía judicial, el alcance subjetivo de una
disposición normativa cuando este no surge de manera clara de su propio texto. Su
procedencia exige que la norma invocada contenga un mandato imperativo, expreso
e inobjetable, esto es, una orden normativa clara, actual y directamente exigible
respecto de la autoridad demandada.

La parte actora pretende hacer efectivo el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, cuyo
contenido deriva tres mandatos. El primero ordena a la Defensoría organizar el
Registro Público Centralizado. El segundo impone a todo juez que conozca de
acciones populares o de grupo enviar la demanda, el auto admisorio y el fallo
definitivo. El tercero establece que la información del registro es pública.

18 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas.

(Diccionario de la Real Academia Española).
19 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social de

derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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El deber de organizar el registro está expresado en términos imperativos y tiene
como destinataria a la Defensoría. También es permanente, pues no se agota con
su creación: la entidad debe administrar e incorporar la información que recibe.

Sin embargo, el artículo no atribuye exclusivamente a la demandada la producción y
el suministro de los datos. El registro se alimenta con las piezas que los jueces deben
remitir. Es decir, resulta sometido el deber a una condición. La Resolución 0396 de
2003, que reglamentó la disposición, conserva esa distribución al referirse a los
documentos allegados por el respectivo despacho judicial y a la información enviada
por las defensorías regionales, seccionales y el Consejo de Estado.

Por esa razón, la completitud y actualización material del registro no dependen
únicamente de la Defensoría. La obligación de incorporar una actuación determinada
presupone que la entidad haya recibido el documento judicial correspondiente.

La existencia de un mandato imperativo y la prueba de su incumplimiento son
cuestiones distintas. Conforme a la regla de la carga de la prueba, onus probandi,
entonces, correspondía a la Fundación demostrar los hechos que permitieran atribuir
la omisión a la demandada.

En concreto, debía individualizar casos en los que el juez hubiera remitido la
demanda, el auto admisorio o el fallo definitivo y, pese a la recepción de esos
documentos, la Defensoría hubiera omitido incorporarlos o actualizar el registro.

Las consultas aportadas muestran que determinada información no aparecía en la
plataforma o se encontraba incompleta o desactualizada. No demuestran que el
despacho judicial hubiera enviado previamente las piezas previstas en la ley, ni la
fecha y condiciones en que la Defensoría las recibió.

Existe, además, una diferencia entre la información que obra en el sistema adoptado
por la entidad y aquella que una consulta determinada permite visualizar. Tanto los
requerimientos previos como la demanda fundaron el reproche en lo que mostraba
la interfaz pública y en la forma de acceso mediante el módulo y sus campos de
búsqueda.

Esos elementos permiten establecer el resultado que arrojaba la interfaz al momento
de las verificaciones y las dificultades que la actora encontró para consultar. Sin
embargo, no acreditan que la información o los documentos no obraran en la base,
repositorio o archivo que integra el registro administrado por la Defensoría. La falta
de visualización en una búsqueda no equivale, por sí sola, a la inexistencia de la
información en el sistema.

El artículo 80 de la Ley 472 de 1998 tampoco especificó que el registro debiera operar
mediante un módulo electrónico determinado, ni definió sus campos, filtros, rutas de
acceso o forma de presentación. Por ello, las características del mecanismo de
consulta no demuestran, sin prueba adicional, que la Defensoría haya omitido
organizar o alimentar el registro en los términos del mandato legal.

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Esto ocurre con las acciones relacionadas con el río Bogotá, el páramo de
Santurbán, la bahía de Cartagena, la concesión Ruta del Sol y los diputados de la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca. La actora identificó los procesos y la
información que consideraba ausente, pero no aportó constancia de una remisión
judicial desatendida.

La respuesta de 26 de diciembre de 2024 tampoco suple esa prueba. Aunque la
Defensoría reconoció inconsistencias detectadas en la información pública y señaló
que había revisado 2.142 radicados, explicó que el sistema se alimentaba con lo
enviado por los despachos y que, en algunos eventos, la información llegaba
incompleta.

Los memorandos dirigidos a las regionales, el plan de actualización de VISION WEB
y las gestiones ante el Consejo de Estado evidencian labores de depuración e
incorporación. Las respuestas sobre procesos en trámite de actualización muestran
rezagos, pero no identifican una pieza oportunamente remitida por un juez que
hubiera quedado sin registrar por omisión de la Defensoría.

Cuando el cumplimiento de una disposición distribuye actuaciones entre varias
autoridades, la decisión debe identificar la conducta exigible a cada una, sin trasladar
a una entidad competencias o cargas radicadas en otra.

El Tribunal dedujo el incumplimiento de la sola existencia de información faltante y
atribuyó a la Defensoría la responsabilidad por la totalidad del resultado. Esa
inferencia desconoce que el artículo 80 separa el suministro judicial de la
administración del registro.

La falta de vinculación de autoridades judiciales indeterminadas no conduce a anular
el trámite. La demanda no señaló un despacho concreto cuya remisión se
pretendiera exigir ni aportó prueba que permitiera identificarlo como responsable. Lo
decisivo es que no se demostró el incumplimiento atribuible a la única entidad
demandada.

La misma conclusión se proyecta sobre la orden de garantizar que el registro
contenga la totalidad de las acciones interpuestas en el país: sin prueba de que toda
la información fue suministrada, no puede imponerse a la Defensoría un resultado
que depende de terceros.

De otra parte, aunque el artículo 80 establece que la información contenida en el
registro es pública, no ordena de forma expresa la publicación digital de la totalidad
de cada demanda, auto admisorio y fallo, ni equipara el registro con la interfaz
destinada a su consulta. Tampoco prescribe una arquitectura tecnológica, listados
generales, rutas de navegación o criterios de búsqueda determinados. La Resolución
0396 de 2003 diferencia el archivo documental de la ficha de análisis destinada a
consulta.

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La Sala precisa que esta decisión no releva a la Defensoría de organizar, administrar
y mantener el registro con la información recibida. Si respecto de un proceso
concreto se acredita que el juez remitió la demanda, el auto admisorio o el fallo y que
la entidad, pese a recibirlos, omitió incorporarlos o actualizar el registro, podrá
advertirse un incumplimiento atribuible. En consecuencia, se revocará la sentencia
impugnada y se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia de 15 de mayo de 2026 de la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, negar
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado

GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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