Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00228-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00228-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2026-00228-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00228-01
Demandante: José Gabriel Ortega Gómez
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Tema: Revoca rechazo por renuencia. Confirma improcedencia por
gasto
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 23 de julio de 2026. En dicha providencia, la Sala de Decisión 002 del
Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó la demanda respecto de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE– por falta de renuencia y
declaró improcedente la acción frente a las demás entidades demandadas1.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José Gabriel
Ortega Gómez demandó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al
Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras–, al Establecimiento Público Ambiental –
EPA Cartagena–, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE– y al Distrito de Cartagena –Secretaría de Planeación–, con el fin de
obtener el cumplimiento de los artículos 2.2.12.2.1 y 2.2.12.2.2 del Decreto 1076 de
2015, adicionados por el artículo 1.º del Decreto 1384 de 2023. En los siguientes
términos formuló sus pedimentos:
PRIMERA: Que se ordene a las entidades accionadas dar cumplimiento efectivo a lo
dispuesto en los artículos 2.2.12.2.1 y 2.2.12.2.2 del Decreto 1384 de 2023.
SEGUNDA: Que se ordene a las entidades accionadas iniciar de manera inmediata
el proceso de formulación del Plan de Etnodesarrollo y del Plan de Manejo Ambiental
del Consejo Comunitario de La Boquilla, mediante la designación de equipo técnico,
definición de cronograma y apertura de mesa de trabajo interinstitucional.
1 En el ordinal primero de la sentencia, el Tribunal declaró no probada la excepción de cosa juzgada. Sin
embargo, este aspecto no fue objeto de la impugnación concedida.
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Demandante: José Gabriel Ortega Gómez
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
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TERCERA: Que se ordene a las entidades accionadas establecer una ruta clara,
articulada y verificable, con cronograma definido, para la formulación de dichos
instrumentos.
CUARTA: Que se disponga la coordinación interinstitucional entre las entidades
accionadas para el cumplimiento de las obligaciones legales señaladas.
2. Hechos
En síntesis, la parte actora señaló que el Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra de La Boquilla es una autoridad étnico-territorial reconocida conforme a la
Ley 70 de 1993 y al Decreto 1745 de 1995, cuyo territorio fue objeto de titulación
colectiva mediante la Resolución 0467 de 30 de marzo de 2012, expedida por el
entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER–.
Indicó que los planes de etnodesarrollo y de manejo ambiental constituyen
instrumentos fundamentales para la gobernanza y administración del territorio
colectivo, cuya formulación debe contar con el apoyo técnico, institucional y
financiero de las autoridades competentes. Afirmó que la ausencia de medidas
concretas para iniciar esos instrumentos impide el ejercicio efectivo del gobierno
propio y de la planificación territorial.
Manifestó que, el 23 de marzo de 2026, requirió previamente a las entidades
demandadas para que cumplieran las disposiciones invocadas y definieran las
acciones inmediatas, los responsables, el cronograma y los recursos necesarios.
Sostuvo que únicamente CARDIQUE emitió respuesta, mediante el Oficio 1768 de
9 de abril de 2026, pero que esta no acreditó el cumplimiento material de lo
solicitado. Respecto de las demás autoridades, afirmó que guardaron silencio y no
adoptaron actuaciones efectivas para apoyar la formulación de los planes.
3. Admisión de la demanda
En auto de 25 de junio de 20262, el ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades accionadas. Asimismo,
vinculó a la representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de
La Boquilla, para que interviniera si lo consideraba pertinente.
4. Informes
4.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a las
pretensiones. Negó haber recibido la petición invocada por el actor y sostuvo que
no se acreditó la renuencia. Además, afirmó que ha desarrollado actuaciones para
dar cumplimiento al Decreto 1384 de 2023, entre ellas una ruta jurídica y técnica
2 Previa remisión por competencia funcional del Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
auto de 22 de abril de 2026, y previa manifestación de impedimento que el ponente del Tribunal efectuó en el
trámite de primera instancia y que fue declarado infundado en decisión de 27 de mayo de 2026.
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para la gestión ambiental de los territorios colectivos y el Convenio 040 de 2026,
orientado a los lineamientos para la formulación de los planes.
Indicó que el Consejo Comunitario de La Boquilla sería priorizado en una segunda
fase con asistencia técnica y financiera, condicionada a la presentación de un
cronograma de actividades y de una propuesta económica por parte de aquel.
Solicitó negar las pretensiones y, subsidiariamente, que cualquier orden de
cumplimiento se sujetara a un plazo de cuarenta y ocho meses.
4.2. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE–
solicitó desestimar la acción. Alegó que respondió el requerimiento mediante el
Oficio 1768 de 9 de abril de 2026 y que nunca se ha negado a cumplir las
disposiciones invocadas. Expuso que participó en mesas de trabajo
interinstitucionales durante 2024, aportó información técnica y determinantes
ambientales y manifestó su disposición para acompañar la formulación de los
instrumentos.
También invocó la causal de improcedencia relativa a normas que establecen
gastos, pues el apoyo pretendido exige la destinación de recursos públicos. Afirmó
que no existe un mandato claro, expreso e inobjetable y propuso la excepción de
cosa juzgada, con fundamento en la acción adelantada en 2025.
4.3. El Distrito de Cartagena de Indias se opuso a la demanda porque las
actuaciones solicitadas están sujetas a planeación, coordinación y disponibilidad
presupuestal. Sostuvo que las disposiciones no le atribuyen la formulación exclusiva
de los planes, sino un deber concurrente de apoyo técnico y financiero, con respeto
de la autonomía del Consejo Comunitario. Agregó que el silencio frente a la petición
no demuestra, por sí solo, el incumplimiento del mandato.
4.4. El Establecimiento Público Ambiental –EPA Cartagena– pidió negar las
pretensiones. Señaló que ejerce como autoridad ambiental urbana del Distrito y que
el territorio colectivo de La Boquilla no se encuentra dentro del perímetro urbano
legal, razón por la cual atribuyó a CARDIQUE la competencia ambiental sobre ese
sector.
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 23 de julio de 2026, la Sala de Decisión 002 del Tribunal
Administrativo de Bolívar rechazó la demanda frente a CARDIQUE por falta de
renuencia y declaró su improcedencia respecto del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior –DACNARP–, EPA Cartagena y el
Distrito de Cartagena –Secretaría de Planeación–.
En cuanto a CARDIQUE, entendió que su respuesta no era nugatoria, porque
expresó disposición para brindar apoyo y explicó la necesidad de adelantar la
interlocución con los representantes del Consejo Comunitario. Respecto de las
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demás entidades, tuvo por acreditada la renuencia ante la falta de respuesta al
requerimiento.
En relación con las disposiciones invocadas, sostuvo que no contienen, por sí solas,
un mandato imperativo, claro y expreso, ya que su ejecución demanda la
coordinación de varias autoridades, la participación del Consejo Comunitario y
actuaciones técnicas, administrativas y presupuestales. Añadió que la pretensión
de disponer recursos humanos, técnicos y financieros, conformar equipos y definir
cronogramas implicaba gasto público y quedaba comprendida en la prohibición del
parágrafo del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.
6. La impugnación
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia. En resumen, alegó
que el Tribunal confundió la formulación integral y la ejecución de los planes con el
deber de iniciar las actuaciones administrativas necesarias para apoyarlos.
En primer lugar, sostuvo que las expresiones empleadas por las normas, en
particular el verbo «apoyarán», imponen deberes obligatorios y no facultades
discrecionales. A su juicio, la concurrencia de varias entidades y la participación de
la comunidad no eliminan la exigibilidad del mandato; por el contrario, hacen
necesario individualizar las actuaciones de cada autoridad y ordenar su
coordinación.
En segundo lugar, controvirtió el rechazo frente a CARDIQUE. Explicó que la
manifestación de disposición futura, no satisfacían la solicitud concreta de iniciar el
apoyo a la formulación de los planes. Consideró que el Tribunal equiparó
indebidamente la existencia formal de una respuesta con el cumplimiento efectivo
de las normas.
En tercer lugar, afirmó que no pretende la creación de partidas presupuestales, la
modificación del presupuesto ni la asignación judicial de recursos. Precisó que
solicita designar responsables, convocar al Consejo Comunitario, instalar una mesa
de trabajo, establecer una ruta y un cronograma e identificar el apoyo técnico y las
fuentes de financiación disponibles. Subsidiariamente, pidió conceder esas
actuaciones iniciales, aun si no resultaba posible ordenar la asignación de recursos
o la culminación de los instrumentos.
Finalmente, invocó la finalidad constitucional de la acción, la protección especial de
la comunidad y las afectaciones territoriales, ambientales y culturales. Sostuvo que
la decisión impugnada valida una inactividad indefinida, incurre en contradicción al
reconocer actuaciones pendientes y no examina de forma separada las
pretensiones ni las competencias de las entidades demandadas.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 23
de julio de 2026 de la Sala de Decisión 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º y 26 de la Ley 393 de 1997,
125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo n.º
080 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que establece la competencia de la Sección Quinta para conocer de las apelaciones
contra las providencias susceptibles de ese recurso dictadas por los tribunales
administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento.
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 23
de julio de 2026, que rechazó la demanda respecto de CARDIQUE y declaró
improcedente la acción frente a las demás demandadas. Para lo anterior, resolverá
los siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora agotó el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia,
de conformidad con el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿La acción resulta procedente para el cumplimiento de los artículos 2.2.12.2.1 y
2.2.12.2.2 del Decreto 1076 de 2015, adicionados por el Decreto 1384 de 2023?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) normas
contra las que procede; (iii) requisito de procedibilidad de la renuencia y su
acreditación en el caso concreto; y (iv) causales de procedencia, en particular la
relativa a normas que establecen gastos.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo3 para que toda persona pueda «… acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de
15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 4.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «… cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º]. La falta de acreditación de
este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]5.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela ni el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración, sin perjuicio de la precisión jurisprudencial sobre gastos apropiados
[artículo 9.º]. La configuración de una causal de improcedencia impide abordar el
fondo del asunto.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde
la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
7
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acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello
la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo
residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al
Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento
judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio9.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior12.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14.
Igualmente, esta Sección15 ha dicho lo siguiente:
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º 76001-23-31-
000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
12 Sentencia antes citada.
13Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario
conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia».
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063
(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[16] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que «la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»17
(se destaca).
16 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de
2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
17 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-
33-000-2016-00690-01 (ACU), y de 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01
(ACU), M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00228-01
En el caso concreto, la parte actora acompañó con la demanda el requerimiento
fechado el 23 de marzo de 2026, dirigido a las entidades accionadas. En él identificó
expresamente las dos disposiciones cuya observancia persigue y reclamó apoyo
efectivo, técnico, institucional y financiero para formular los planes de etnodesarrollo
y de manejo ambiental del Consejo Comunitario de La Boquilla. Como primera
solicitud pidió el «cumplimiento efectivo» de esas normas, además de acciones
inmediatas, un cronograma, la identificación de recursos y una ruta articulada de
trabajo. La solicitud se dirigió a las siguientes direcciones electrónicas:
La CARDIQUE contestó mediante el Oficio 1768 de 9 de abril de 2026. En primer
término, precisó que atendía al peticionario como integrante de la comunidad y no
como su representante legal. Luego informó sobre las reuniones de 21 de octubre
y 13 de noviembre de 2024, el aporte de información técnica y determinantes
ambientales y la estructuración de un esquema de trabajo interinstitucional. No
obstante, aclaró que durante 2025 no registró solicitudes formales ni actuaciones
adicionales que permitieran continuar esas actividades.
Finalmente, señaló que la definición de liderazgo, cronogramas, recursos y rutas de
trabajo requería la participación de los representantes legales del Consejo
Comunitario. Reiteró su disposición para acompañar los espacios de articulación
que se promovieran, conforme a sus funciones y capacidades institucionales, y
concluyó que no existía una negativa frente a las obligaciones invocadas.
La Sala no comparte la conclusión del Tribunal según la cual esa manifestación de
disposición excluye la renuencia. La verificación del presupuesto exige confrontar la
respuesta con el querer concreto del ciudadano, entendido como el objeto del
requerimiento de cumplimiento y no como su mera satisfacción subjetiva. Esta
conclusión no comporta declarar que CARDIQUE incumplió un mandato imperativo
e inobjetable, ni desconoce la participación que corresponde al Consejo
Comunitario. Únicamente establece que el actor formuló previamente el reclamo y
obtuvo una respuesta que no accedió a su objeto concreto, de modo que agotó la
exigencia del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. La determinación de la obligación
exigible, de su alcance y de la eventual responsabilidad de cada entidad
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corresponde a un examen de fondo distinto al estudio del requisito de procedibilidad
de esta acción.
En cuanto a las demás demandadas, la constancia de correo acredita la remisión
del requerimiento a las direcciones institucionales allí relacionadas, incluida la del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como lo estableció el Tribunal, no
se acreditó respuesta de esas autoridades dentro del término previsto por el artículo
8.º de la Ley 393 de 1997. En consecuencia, se mantiene la conclusión sobre el
agotamiento del presupuesto frente a ellas.
Por lo expuesto, se revocará el numeral segundo de la sentencia apelada, que
rechazó la demanda respecto de CARDIQUE. Superado el requisito de
procedibilidad, corresponde examinar las causales de procedencia antes de
cualquier pronunciamiento sobre el mandato invocado.
3.4. De las causales de procedencia
Ahora bien, como se explicó en el acápite de generalidades de esta providencia, el
estudio de procedencia antecede al examen de fondo del asunto. En este caso, el
actor solicitó el cumplimiento de los artículos 2.2.12.2.1 y 2.2.12.2.2 del Decreto
1076 de 2015, adicionados por el artículo 1.º del Decreto 1384 de 2023, normas que
se encuentran vigentes y que, en lo pertinente, disponen lo siguiente:
DECRETO 1076 DE 2015
ARTÍCULO 2.2.12.2.1. Plan de etnodesarrollo. En armonía con lo dispuesto en los
artículos 47, 49 y 57 de la Ley 70 los planes de etnodesarrollo, se constituyen en el
principal instrumento para ejercer la gobernanza en los territorios colectivos, los
cuales estarán articulados a los instrumentos de planificación, uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de los servicios
ecosistémicos.
Los planes o esquemas de ordenamiento territorial, los planes de acción de las
autoridades ambientales y los planes de gestión regional PGAR; al igual que los
demás instrumentos de planificación y ordenación local y regional deben ser
complementarios del Plan de Etnodesarrollo.
En armonía con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 y en los artículos 61 y 64
de la Ley 70 de 1993, para la formulación e implementación de los planes de
etnodesarrollo en los territorios colectivos de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible destinará las partidas presupuestales anuales correspondientes.
En los Consejos Comunitarios donde no existieren planes de etnodesarrollo, las
autoridades competentes apoyarán su formulación.
ARTÍCULO 2.2.12.2.2. Plan de manejo ambiental de los territorios colectivos
adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente. Es el mecanismo
propio de gobierno y manejo del territorio colectivo, que adopta el Consejo
Comunitario, como un instrumento de planificación del uso, manejo y administración
ambiental del territorio y de los recursos naturales renovables.
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Los planes de manejo ambiental se elaborarán por parte de los consejos
comunitarios, como autoridades étnicas en los territorios, con el apoyo técnico y
financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las autoridades
ambientales correspondientes y las entidades territoriales en cuya jurisdicción se
encuentre ubicado el territorio colectivo y debe contener entre otros los siguientes
aspectos:
[…]
Este plan debe ser aprobado de manera conjunta por parte del Consejo Comunitario,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la autoridad ambiental de la
jurisdicción.
Una vez aprobado, este instrumento servirá de insumo para las acciones y
actividades, programas, proyectos de las autoridades ambientales de la jurisdicción,
en el marco de sus competencias y deberá articularse con sus Planes de Inversión
Anual (PAI), donde se incorporarán las partidas presupuestales necesarias para su
ejecución.
De la lectura integral de las normas se advierte que el apoyo reclamado involucra
gasto público. El artículo 2.2.12.2.1 vincula expresamente tanto la formulación como
la implementación de los planes de etnodesarrollo con la destinación de partidas
presupuestales anuales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por su parte, el artículo 2.2.12.2.2 contempla apoyo técnico y financiero para la
elaboración del plan de manejo ambiental y, adicionalmente, la incorporación de
partidas en los planes de inversión anual para su ejecución.
Por tal motivo, debe examinarse la prohibición del parágrafo del artículo 9.º de la
Ley 393 de 1997, según el cual la acción no podrá perseguir el cumplimiento de
normas que establezcan gastos. Esta disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 1998. Al respecto, señaló lo
siguiente:18
En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se
contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente
puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe
garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa
de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás,
resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto
ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema
presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de la
democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del erario
provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y
descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura.
18 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 29 de abril de 1998, M. P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
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La restricción responde al respeto de las competencias y de los procedimientos que
rigen la programación y ejecución del gasto público. No obstante, conforme a la
precisión jurisprudencial, la sola incidencia económica de una norma no determina
automáticamente la improcedencia: debe verificarse si el gasto ya se encuentra
presupuestado y apropiado. Cuando ello está acreditado, esa circunstancia permite
superar esta causal y continuar con los demás presupuestos del medio de control;
no supone, por sí misma, que las pretensiones deban prosperar.
En el presente asunto no se encuentra acreditada una apropiación destinada a
cubrir el apoyo específico para la formulación de los instrumentos del Consejo
Comunitario de La Boquilla que el actor pretende activar mediante orden judicial. La
previsión reglamentaria de destinar recursos no demuestra, por sí misma, que estos
hayan sido incorporados y apropiados en los presupuestos de las autoridades
llamadas a concurrir. Tampoco el señalamiento de posibles fuentes de financiación
equivale a la acreditación de una partida disponible para el objeto reclamado.
La referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al Convenio 040
de 2026 no modifica esa conclusión. Según su intervención dicho convenio se dirige
al desarrollo de lineamientos, mientras que el apoyo al Consejo Comunitario de La
Boquilla fue anunciado para una segunda fase y condicionado a la presentación de
un cronograma y de una propuesta económica. Esas afirmaciones no permiten
establecer la existencia, el alcance ni la suficiencia de una apropiación aplicable al
apoyo concreto cuya puesta en marcha se solicita. No se desconoce la gestión
informada; se advierte que su mención no acredita el presupuesto que permitiría
superar la causal de improcedencia.
En ese orden, la Sala no comparte el reparo del impugnante según el cual la
precisión de sus pretensiones elimina su incidencia presupuestal. Es cierto que la
demanda solicitaba iniciar la formulación mediante equipo técnico, cronograma y
mesa interinstitucional, y que en la impugnación insiste en actuaciones iniciales, sin
exigir al juez definir el contenido final de los planes. Sin embargo, esa delimitación
no altera el contenido objetivo de las disposiciones cuya ejecución reclama: el apoyo
previsto en ellas comprende componentes técnicos y financieros y se proyecta
sobre la organización y financiación del proceso de formulación.
En particular, el componente económico no aparece únicamente en la fase posterior
de implementación. El artículo 2.2.12.2.1 menciona expresamente la formulación al
prever las partidas anuales, y el artículo 2.2.12.2.2 incorpora el apoyo financiero en
la elaboración misma del plan de manejo ambiental. Por tanto, distinguir entre iniciar
y culminar los instrumentos no permite suponer que toda la primera fase es ajena a
las decisiones presupuestales. La orden de activar el apoyo, en los términos
generales y articulados solicitados, irradiaría esos aspectos sin que se encuentre
demostrado su respaldo presupuestal.
El impugnante sostiene que solo pretende iniciar las actuaciones necesarias para
formular los planes. Sin embargo, las normas invocadas prevén apoyo técnico y
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financiero desde esa etapa. Por ello, limitar la solicitud a la conformación de un
equipo, la instalación de una mesa y la fijación de un cronograma no elimina el
componente presupuestal del apoyo reclamado, cuya apropiación no se acreditó.
Por esa misma razón, tampoco procede ordenar parcialmente esas actuaciones.
Aunque el actor no solicita una suma determinada ni la creación de un rubro, busca
hacer efectivo un apoyo que según las disposiciones invocadas requiere recursos.
En las condiciones acreditadas en este proceso, esa orden encuentra la limitación
prevista en el parágrafo del artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.
Esta conclusión hace innecesario examinar si las normas contienen un mandato
claro, expreso y exigible, qué obligación corresponde a cada entidad o si hubo
incumplimiento. Por tanto, la Sala confirmará la improcedencia únicamente por la
razón presupuestal expuesta, sin acoger las consideraciones del Tribunal sobre la
inexistencia de un mandato imperativo, pues ello corresponde al fondo del asunto.
Finalmente, la especial protección de la comunidad y las afectaciones ambientales
y territoriales alegadas no permiten superar esta causal de improcedencia. Esta
decisión no exonera a las entidades de sus deberes ni determina si sus actuaciones
anteriores fueron suficientes para cumplir las normas invocadas. Además, si el actor
considera que esas afectaciones amenazan o vulneran derechos colectivos, como
el goce de un ambiente sano o el equilibrio ecológico, puede acudir a la acción
popular, previo cumplimiento de sus requisitos, y corresponderá a la autoridad
judicial de ese mecanismo examinar esa situación y adoptar, si procede, las
medidas de protección necesarias.
En conclusión, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia apelada, porque
el demandante agotó el requisito de renuencia frente a CARDIQUE. En su lugar,
declarará improcedente la acción también respecto de esa entidad. Asimismo,
confirmará el numeral tercero, por las razones expuestas en este acápite, al
configurarse la causal relativa a normas que establecen gastos cuya apropiación no
se encuentra acreditada.
III FALLA:
PRIMERO. Revocar el numeral segundo de la sentencia de 23 de julio de 2026,
proferida por la Sala de Decisión 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que
rechazó la demanda respecto de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE– por falta de renuencia. En su lugar, declarar improcedente
la acción de cumplimiento frente a esa entidad, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Confirmar el numeral tercero de la sentencia de 23 de julio de 2026,
proferida por la Sala de Decisión 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que
declaró improcedente la acción promovida por José Gabriel Ortega Gómez contra
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior –
DACNARP–, el Establecimiento Público Ambiental –EPA Cartagena– y el Distrito
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Demandante: José Gabriel Ortega Gómez
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00228-01
de Cartagena –Secretaría de Planeación–, pero por las razones expuestas en el
acápite de procedencia de esta sentencia.
TERCERO. Notificar a las partes y a la vinculada en la forma prevista en el artículo
22 de la Ley 393 de 1997.
CUARTO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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