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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00410-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00410-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026 del Tribunal Administrativo de Santander que declaró improcedente la acción de cumplimento, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00410-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00410-01
Demandante: Gilda Fuentes Galván
Demandadas: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y otro
Tema: Confirma sentencia que declaró la improcedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Gilda Fuentes Galván contra
la sentencia del 16 de julio de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Santander declaró improcedente la acción de cumplimiento promovida contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, y la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Gilda Fuentes
Galván presentó acción de cumplimiento contra la DIAN y la CNSC. Pretende que
se ordene a las autoridades accionadas cumplir el parágrafo transitorio del artículo
36 del Decreto Ley 927 de 2023 y el artículo 13 del Acuerdo 019 de 2024.

En concreto, pidió declarar que las entidades incumplieron esas disposiciones al no
autorizar ni utilizar, para proveer vacantes definitivas iguales o equivalentes, la lista
conformada mediante la Resolución 13095 del 17 de junio de 2024, correspondiente
al empleo Gestor II, Código 302, Grado 2, OPEC 198483, ficha CC-AU-3007.

2. Hechos

La accionante afirmó que se inscribió en el proceso de selección DIAN 2022 para el
empleo Gestor II, Código 302, Grado 2, identificado con la OPEC 198483 y la ficha
CC-AU-3007, respecto del cual se ofertaron inicialmente cincuenta y tres (53)
vacantes.

Explicó que, mediante la Resolución 13095 del 17 de junio de 2024, la CNSC
conformó la lista de elegibles de ese empleo. Señaló que, sin desempates, ocupa la
posición 211.

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Indicó que el Decreto 419 de 2023 amplió la planta de personal de la DIAN y creó
2.377 empleos adicionales de Gestor II, Código 302, Grado 2. En su criterio, esas
vacantes, las provistas en provisionalidad o encargo y las que se encontraban sin
proveer debían cubrirse con las listas del concurso de 2022.

Agregó que, mediante oficios de septiembre y octubre de 2024, la DIAN solicitó a la
CNSC ampliaciones de listas para empleos de Gestor II y que posteriormente fueron
autorizados usos y recomposiciones. Afirmó que la lista a la que pertenece avanzó
hasta la posición 177.

Sostuvo que la sentencia C-197 de 2025 retiró del ordenamiento la restricción que
impedía usar esas listas respecto de empleos provistos mediante encargo o
provisionalidad. Por ello, estimó que las demandadas debían aplicar el parágrafo
transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y adelantar el trámite previsto
en el artículo 13 del Acuerdo 019 de 2024.

Adujo que el Proceso de Selección DIAN 2667 de 2024 ofertó nuevas vacantes del
mismo empleo, pese a que todavía existían listas del concurso de 2022, y que la
negativa a emplear la Resolución 13095 de 2024 desconoció el mérito y las reglas
sobre provisión de la planta ampliada.

Con el fin de dar cumplimiento al requisito de procedibilidad de que trata el artículo
8.° de la ley 393 de 1997, en concordancia con el artículo 161 numeral 3.° del CPACA
2, el 19 de mayo de 2026, la actora radicó ante las accionadas solicitud de
cumplimiento de las disposiciones invocadas en la demanda, no obstante, superado
el término legal, la autoridad administrativa no emitió respuesta.

3. Admisión de la demanda

El ponente del Tribunal Administrativo de Santander, en auto de 17 de junio de 2026,
admitió la solicitud y ordenó notificar a la DIAN, a la CNSC y al Ministerio Público.

4. Informes

4.1. La CNSC se opuso a la prosperidad de la demanda de cumplimiento, explicó
que la Resolución 13095 de 2024 conformó la lista para cincuenta y tres (53)
vacantes de la OPEC 198483 y que la demandante no ocupó una posición meritoria.
Precisó que cualquier uso adicional dependía de la vigencia de la lista, de la
existencia y reporte de vacantes definitivas y de la identidad o equivalencia de
requisitos y funciones.

Según la CNSC, la última autorización relacionada con la lista tuvo lugar el 5 de junio
de 2026. Para alcanzar la posición de la accionante debía respetarse el mejor
derecho de quienes la antecedían y no se había reportado una solicitud de uso o
movilidad para la OPEC 198483.

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4.2. La DIAN pidió declarar improcedente la acción por inexistencia de un deber
claro, expreso y actualmente exigible. Sostuvo que las normas citadas contienen
reglas generales cuya aplicación exige verificar vacantes definitivas, requisitos de
estudio y experiencia, funciones, competencias y equivalencia entre empleos.
Manifestó que esas comprobaciones son técnicas y administrativas, no mecánicas,
y que el juez de cumplimiento no puede imponer una interpretación sobre la
equivalencia funcional ni sustituir a las autoridades competentes en la administración
de la planta global.

Informó que las cincuenta y tres (53) vacantes inicialmente ofertadas fueron
provistas, que las novedades y recomposiciones fueron autorizadas por la CNSC y
que no existían vacantes de la OPEC 198483, ni empleos funcionalmente
equivalentes, susceptibles de provisión con la lista invocada.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 16 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró improcedente la acción de cumplimiento.

Consideró acreditada la constitución en renuencia, porque la actora dirigió a ambas
entidades, el 19 de mayo de 2026, solicitudes expresas de cumplimiento de las
mismas disposiciones invocadas en la demanda y, al vencimiento del término legal,
no se había producido respuesta.

Sin embargo, concluyó que el estudio del parágrafo transitorio del artículo 36 del
Decreto Ley 927 de 2023 y del artículo 13 del Acuerdo 019 de 2024 estaba ligado a
la Resolución 13095 de 2024, que conformó la lista de elegibles y cuya vigencia,
según la información aportada al proceso, terminó el 26 de junio de 2026.

Asimismo, advirtió que la pretensión exigía definir equivalencias entre cargos,
procesos y subprocesos, avanzar la lista hasta la posición de la actora y determinar
si le asistía el derecho a un nombramiento. Esas cuestiones particulares y
controvertidas exceden el objeto de la acción de cumplimiento.

6. Impugnación

La accionante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las
pretensiones. Alegó que el Tribunal partió de una premisa fáctica equivocada al
considerar vencida la lista de la Resolución 13095 de 2024, pues el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, mediante auto interlocutorio 1049 del 25
de junio de 2026, suspendió su término de vigencia y, en cumplimiento de esa orden,
la CNSC expidió el Auto 359 del 26 de junio siguiente y registró en el Banco Nacional
de Listas de Elegibles su ampliación hasta el 24 de julio de 2026. Por ello, sostuvo
que la lista estaba vigente cuando se dictó y notificó el fallo apelado y que la omisión
de verificar ese hecho le ocasionó un perjuicio irremediable.

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También controvirtió que su solicitud implicara decidir una situación subjetiva.
Explicó que no pide un nombramiento por fuera del orden de mérito, sino que la DIAN
y la CNSC cumplan el deber de usar la lista hasta agotarla respecto de vacantes
definitivas del mismo cargo y ficha, incluidas las ocupadas en provisionalidad o
encargo. Afirmó que ocupa la posición 211 —y no la 253 señalada por la DIAN— y
que existen cargos suficientes para que la lista avance hasta ese lugar; en
consecuencia, reiteró que el parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927
de 2023 y el artículo 13 del Acuerdo 019 de 2024 contienen un mandato obligatorio
cuyo cumplimiento puede ordenarse por esta vía.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 16
de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 243 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como con el
artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado, que atribuye a la Sección Quinta el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias dictadas por los tribunales administrativos en
primera instancia dentro de las acciones de cumplimiento.

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 16
de julio de 2026. Para ello, deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora acreditó el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia respecto de las normas cuyo cumplimiento reclama, en los términos del
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿El presente asunto supera los requisitos de procedibilidad de la acción de
cumplimiento?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) normas
contra las que procede; (iii) requisito de procedibilidad de la renuencia y, superado
este aspecto, (iv) los demás presupuestos de procedencia y el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de

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para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la
tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce

3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.

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funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se pretenda
la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior9.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este10 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»11. Igualmente, esta Sección12 ha dicho lo siguiente:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-

00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9 Sentencia antes citada.
10Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),

MP. Mauricio Torres Cuervo.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-

00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.

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administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[13] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»14.

En este caso, está acreditado que, el 19 de mayo de 2026, la accionante requirió a
las autoridades demandadas el cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 36
del Decreto Ley 927 de 2023 y el artículo 13 del Acuerdo 019 de 2024, con el fin de
que autorizaran y utilizaran, para proveer vacantes definitivas iguales o equivalentes,
la lista conformada mediante la Resolución 13095 del 17 de junio de 2024,

13
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
14 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación

n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.

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correspondiente al empleo Gestor II, Código 302, Grado 2, OPEC 198483, ficha CC-
AU-3007.

Dentro del término previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, las autoridades
no emitieron respuesta. En consecuencia, se entiende superado este presupuesto,
y corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos de procedencia y, de
ser del caso, el fondo del asunto.

3.4. Procedencia de la acción de cumplimiento

En este caso, la accionante exige el cumplimiento del parágrafo transitorio del
artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y el artículo 13 del Acuerdo 019 de 2024,
normas que se encuentran vigentes.

Sin embargo, lo pretendido, esto es, que las accionadas provean las vacantes
definitivas iguales o equivalentes, de la lista conformada mediante la Resolución
13095 del 17 de junio de 2024, correspondiente al empleo Gestor II, Código 302,
Grado 2, OPEC 198483, ficha CC-AU-3007, implica establecer qué vacantes
definitivas existían durante la vigencia de la Resolución 13095 de 2024, si fueron
reportadas oportunamente, si correspondían al mismo empleo o a uno equivalente y
si sus requisitos y funciones coincidían con los de la OPEC 198483. También habría
que determinar los efectos de las autorizaciones, recomposiciones y nombramientos
efectuados, la posición de la demandante después de los desempates y el mejor
derecho de las personas que la antecedían.

Precisamente, tales aspectos conllevan una controversia. La recurrente afirma que
existen suficientes vacantes de la misma ficha y cargo para superar su posición 211,
incluidas plazas ocupadas en provisionalidad o encargo; las demandadas sostienen
que las vacantes inicialmente ofertadas fueron provistas, que el avance llegó hasta
la posición 177 y que no existen vacantes de la OPEC 198483 ni empleos
funcionalmente equivalentes susceptibles de provisión con esa lista. La discrepancia
sobre si la posición correcta es la 211, la 253 o la resultante de los desempates
confirma, además, que el resultado pretendido depende de constataciones fácticas
y administrativas que no son pacíficas.

La afirmación de que no se pretende un nombramiento directo o que la lista esté o
no vigente tampoco modifica esa conclusión. Aunque la orden se formule como el
uso general de la lista y el respeto del mérito, la propia impugnación sostiene que
hay cargos suficientes para que aquella avance hasta la posición de la actora. El
efecto buscado está ligado, entonces, a su situación individual y solo podría
alcanzarse después de resolver las controversias sobre vacantes, equivalencias,
orden de elegibilidad y decisiones administrativas.

En un asunto de contornos semejantes, esta Sección, mediante sentencia del 9 de
julio de 2026, radicación 08001-23-33-000-2026-00149-01, precisó que la acción de
cumplimiento no es un mecanismo paralelo para resolver de fondo controversias

9
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gilda Fuentes Galván
Demandados: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y otro
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00410-01

jurídicas sobre la equivalencia de cargos y el uso de listas de elegibles, pues ello
exige efectuar juicios técnicos y de legalidad y puede conducir al reconocimiento de
una situación subjetiva. Esa consideración resulta aplicable al presente caso.

Así, una orden favorable no surgiría de la simple lectura de las normas: exigiría que
el juez definiera las condiciones fácticas y jurídicas que anteceden al resultado
reclamado, sustituyera a la administración en el estudio técnico y revisara la legalidad
de sus decisiones. Esos debates cuentan con los procedimientos administrativos y
los medios de control previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA, según
corresponda.

La invocación de un perjuicio irremediable tampoco permite desplazar la
subsidiariedad. La recurrente lo hace consistir en que el fallo se apoyó en un dato
equivocado sobre la vigencia de la lista, pero no acreditó desde la presentación de
la demanda una afectación grave e inminente distinta de la expectativa de que la lista
avanzara hasta su posición, ni explicó por qué los mecanismos ordinarios resultaban
inidóneos para controvertir las decisiones relacionadas con el reporte y uso de las
vacantes.

En suma, se confirmará la improcedencia porque la pretensión exige resolver
controversias técnicas, probatorias y jurídicas y persigue un efecto particular que
excede el objeto de este mecanismo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026 del Tribunal Administrativo
de Santander que declaró improcedente la acción de cumplimento, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

10
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Demandante: Gilda Fuentes Galván
Demandados: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– y otro
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00410-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
III.

11
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