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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00149-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00149-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 5 de junio de 2026, del Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Demandante: José Alonso Arcos Isaza Demandados: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas y otra Rad: 08001-23-33-000-2026-00149-01 SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00149-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2026-00149-01
Demandante: JOSÉ ALONSO ARCOS ISAZA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC)-
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
(DIAN)

Tema: Confirma sentencia – Declara improcedencia de la acción
de cumplimiento por subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 5 de junio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José
Alonso Arcos Isaza demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil -en
adelante CNSC- y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
por el supuesto incumplimiento de los artículos 36 del Decreto Ley 927 de
2023, artículos 12 y 13 del Acuerdo CNSC No. 019 de 2024 y la Resolución
CNSC No. 2644 del 20 de marzo de 2026.

2. Hechos1:

2. Precisó que la DIAN reportó la existencia masiva de vacantes definitivas del
empleo Gestor II, Código 302, Grado 02, Ficha MERF AT-OP-3013,
certificadas oficialmente en los Radicados 2025DP000263681 y
2026DP000025875.

3. Además, afirmó que los actos concretos omitidos por las demandadas son dos:
la formalización del reporte de dichas vacantes en el aplicativo SIMO (Módulo

1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones

sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.
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Entidades) por la DIAN, bajo la modalidad específica de «Solicitud de Uso de
Lista» y radicar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la correspondiente
solicitud formal de autorización de uso de la lista de elegibles conformada por
la Resolución CNSC No. 2644 del 20 de marzo de 2026.

4. Aseguró que, las pretensiones formuladas, son obligaciones objetivas y
colectivas frente a la totalidad de los integrantes de la OPEC 225546 y frente
al interés público en el principio del mérito, no actos particulares de contenido
subjetivo.

5. Afirmó que, la DIAN se encuentra en situación de desacato manifiesto y
omisión continuada de sus deberes funcionales frente al mandato imperativo,
reglado e inobjetable del inciso primero del artículo 36 del Decreto Ley 927 de
2023 en su versión vigente, tras la Sentencia C-197 de 2025. Existiendo una
lista en firme y vacantes definitivas del mismo empleo sin proveer, incluyendo
aquellas ocupadas transitoriamente en encargo y provisionalidad, respecto de
las cuales, gracias a la decisión de la Corte, ya no existe restricción normativa
alguna el deber de usar la lista en estricto orden descendente es automático,
imperativo e inmediato.

6. Que la omisión de la DIAN de solicitar el uso de la lista de la Resolución 2644
de 2026 para proveer los cargos de la ficha AT-OP-3013 creados por el
Decreto 419 de 2023 no solo contraviene el artículo 36 del Decreto Ley 927 de
2023 y el artículo 6 de la Ley 1960/2019: también desconoce el mandato
sistemático del artículo 3 del Decreto 419 de 2023, que ordenó la provisión
gradual de esos empleos precisamente para los años en los que la lista está
vigente. El legislador extraordinario y el ejecutivo diseñaron la cadena
normativa para que el concurso 2024 y su lista resultante fueran el instrumento
de provisión de los cargos de la ampliación en 2026.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

7. Mediante providencia de 13 de mayo de 20262, el magistrado sustanciador del
Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda y ordenó la
notificación de la DIAN y la CNSC. Además, ordenó vincular como tercero con
interés a los ciudadanos que tengan la condición de elegibles dentro de la lista
conformada por la Resolución CNSC No. 2644 del 20 de marzo de 2026.

4. Contestación de la demanda

8. En calidad de coadyuvantes, se hicieron parte en el proceso dentro del término
legal otorgado, las siguientes personas: i) Bardo Javier Vélez Gómez, ii)
Dayana Paola Acosta Lara, y iii) Daniel Alfonso Jaimes Suárez, en su
condición de elegibles dentro de la lista conformada por la Resolución CNSC
No. 2644 del 20 de marzo de 2026.

2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal.

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9. La DIAN consideró que la acción de cumplimiento es improcedente. Indicó
que, el actor persigue el análisis de una situación particular respecto del uso
de la lista de elegibles de la cual hace parte, aportando evidencias que a su
juicio permiten inferir que tanto la UAE DIAN, como la CNSC se han sustraído
de su deber legal de reportar y/o autorizar las vacantes que considera deben
ser provistas con la Resolución No. 2644 del 20 de marzo de 2026.

10. Afirmó que, la presente acción no es el mecanismo idóneo para cuestionar la
legalidad, conveniencia o razonabilidad de las decisiones administrativas
adoptadas por la entidad, ni para imponer una determinada lectura normativa;
lo anterior, permite concluir que frente al tema existe una controversia legal
que no es definible por parte del juez constitucional en sede de acción
cumplimiento, sino que debe ventilarse a la luz del medio de control
correspondiente ante el juez natural.

11. Sostuvo que, al no existir una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
la acción se torna improcedente, pues no puede utilizarse este mecanismo
constitucional para imponer a la administración una determinada lectura
normativa ni para forzar decisiones técnicas que el ordenamiento jurídico ha
reservado a la esfera administrativa.

12. Informó que, en la Convocatoria DIAN 2024, para el cargo GESTOR II, Código
302, Grado 2 con Ficha de Empleo «AT-OP-3013»; se ofertaron 88 vacantes
definitivas, siendo el estado actual de provisión mediante la OPEC No. 225546,
el siguiente:

13. Además, señaló que, de los 161 empleos en vacancia definitiva Gestor II,
Código 302, Grado 02 con ficha AT-OP-3013 de la Convocatoria 2667 de

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2024, fueron ofertados en cuatro (4) OPEC, de las cuales 88 corresponden a
vacantes definitivas ofertadas mediante la OPEC No. 225546:

14. En atención a lo anterior, con posterioridad a la provisión de los cargos
originalmente ofertados, será la CNSC la entidad que defina si autorizará o no
por uso de lista - ULE los nombramientos en los empleos de Gestor II, Código
302, Grado 02, ficha AT-OP-3013, cuyas vacantes se hayan generado con
posterioridad al cierre de la Convocatoria.

15. La CNSC por su parte, por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se
denieguen las pretensiones de la presente acción de cumplimiento, por cuanto
no se configura incumplimiento atribuible a ellos, dado que la entidad ha venido
adelantando de manera progresiva la expedición y publicación de las listas de
elegibles, conforme a la complejidad técnica del proceso y al cumplimiento de
las etapas previas requeridas para cada OPEC, lo que descarta cualquier
omisión injustificada, precisando a su vez, que dicha publicación no se realiza
de forma simultánea, sino gradual, habiéndose iniciado en octubre de 2025,
continuado en marzo de 2026 y proyectado hasta agosto de 2026. En
consecuencia, no es procedente afirmar la existencia de incumplimiento
cuando el proceso se encuentra en curso y conforme a su programación.

16. Indicó que, el artículo 33 del Decreto Ley 927 de 2023 establece que el proceso
de selección debe desarrollarse en un término máximo de 12 meses desde la
convocatoria hasta la conformación de las listas de elegibles. No obstante,
dicha disposición no impone la obligación de expedir todas las listas de
elegibles de manera simultánea, por el contrario, el proceso de selección es
de carácter complejo y estructurado por etapas, lo que implica que la
expedición de listas se realice de manera progresiva, en atención a las
particularidades de cada OPEC, número de aspirantes, reclamaciones y
validaciones técnicas. Así las cosas, el cumplimiento de la norma se
materializa con el inicio oportuno de la expedición de listas dentro del término
legal, lo cual ocurrió desde octubre de 2025.

17. Puntualizó que, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política y la
Ley 909 de 2004, el ingreso a la carrera administrativa debe realizarse
mediante concurso público de méritos, regido por reglas previamente
definidas, en este sentido, el Acuerdo No. 205 de 2024 constituye la norma
reguladora del Proceso de Selección DIAN 2667, siendo de obligatorio
cumplimiento para la administración y los participantes, conforme al artículo

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2.2.18.6.1 del Decreto 1083 de 2015. Por tanto, la CNSC debe ceñirse
estrictamente a las etapas, procedimientos y verificaciones previstas en la
convocatoria, lo que justifica la expedición gradual de las listas de elegibles.

18. Afirmó que, tras consultar el Sistema de apoyo para la Igualdad, Mérito y
Oportunidad- SIMO, identificó que el aquí demandante se inscribió para el
empleo denominado GESTOR ll, Código 302, Grado 2, OPEC 225546, ID de
inscripción 932257756, en el marco del Proceso de Selección DIAN 2667,
siendo admitido en razón a que acreditó los requisitos mínimos, presentando
las Pruebas Escritas, obteniendo 80.21 puntos, ocupando la posición 166
después de desempates en la lista de elegibles conformada mediante
Resolución 2644 del 20 de marzo de 20262, lo que constituye una mera
expectativa a ser nombrado en periodo de prueba, supeditado a que los
titulares de varias de esas vacantes sean retirados del servicio dentro de la
vigencia de la lista, debido a su posición en la misma.

19. Finalmente, indicó que la norma excluye cualquier posibilidad de uso
automático, discrecional o anticipado de las listas de elegibles, imponiendo a
la administración el deber de actuar dentro de un marco reglado que garantice
la transparencia del proceso y la prevalencia del principio del mérito. Como
consecuencia, la utilización de la lista no constituye una facultad arbitraria ni
un deber inmediato frente a cualquier aspirante, sino una actuación
administrativa reglada que solo puede desplegarse cuando se verifiquen
integralmente los supuestos normativos, el uso de listas de elegibles exige
necesariamente la existencia previa de vacantes definitivas debidamente
reportadas y validadas, lo cual constituye un presupuesto habilitante del
procedimiento administrativo correspondiente.

5. Sentencia de primera instancia3

20. El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia de 5 de junio
de 2026, resolvió declarar la improcedencia de la acción cumplimiento.

21. Para el efecto, consideró que las disposiciones invocadas no contienen, para
el caso concreto del accionante y de los coadyuvantes, un mandato expreso,
imperativo y directamente aplicable que imponga a la DIAN y a la CNSC el
deber específico e inmediato de reportar como equivalentes las vacantes cuya
existencia y naturaleza se encuentran controvertidas.

22. Por el contrario, concluyó que, lo que se pretende es que el juez defina el
alcance de tales disposiciones, resuelva una discusión sobre equivalencias
funcionales y vacancias y, con base en ello, reconozca una situación jurídica
particular, lo cual resulta ajeno a la finalidad de este mecanismo constitucional.

3 Índice 0002 de Samai.

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6. La impugnación4

23. El actor, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia. Como soporte de
su petición, sostuvo que, entre las pretensiones no están la de ser nombrado
en periodo de prueba en una de las vacantes, sino que la DIAN reporte en el
SIMO las vacantes definitivas.

24. Afirmó que, tampoco pretende un pronunciamiento previo del juez
constitucional sobre la equivalencia de los cargos sino el adelantamiento por
la CNSC del Estudio Técnico de Procedencia de Uso de Lista y emisión del
acto administrativo de autorización correspondiente.

25. Añadió que tampoco pretende beneficios subjetivos para sí mismo o para los
coadyuvantes sino el cumplimiento, por la DIAN y la CNSC, de los deberes
objetivos derivados del art. 36 inciso 2.° del Decreto Ley 927/2023, del art. 6.°
de la Ley 1960/2019 y de los arts. 12, 13 y 14 del Acuerdo CNSC 019/2024.

26. Finalmente, se refirió a los argumentos expuestos por las entidades en las
contestaciones de la demanda para refutar cada uno de ellos con el fin de
demostrar que se encuentran en renuencia frente a las normas demandadas
como incumplidas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

27. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 5 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, según lo dispuesto en los artículos 1505 y 1526 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.

4 La sentencia de 5 de junio de 2026 fue notificada ese mismo día (envío de correo) y el escrito

de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 10 de junio de 2026, término que
se encuentra oportuno.
5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de

radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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2. Objeto de la decisión

28. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 5 de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.

29. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:

30. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la entidad
demandada de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?

31. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse,
si se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción y, en caso de
superarse, determinar si existe en cabeza de la demanda un deber legal que
ha sido incumplido.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

32. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

33. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia
esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].

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34. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o
iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

35. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales
se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos
5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de
la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

36. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

37. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

38. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.

39. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.

40. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-

1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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41. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.

42. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, allegó copia
del escrito remitido por correo electrónico el 31 de marzo de 2026, a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, bajo el
radicado No. 2026DP000096783 y el Formulario No. 1474953054369, así
como ante la CNSC, en el cual solicitó el cumplimiento de las mismas normas
indicadas en la demanda.

43. En relación con la Resolución CNSC No. 2644 del 20 de marzo de 2026, se
advierte que esta solo contiene 8 artículos a través de los cuales se «conforma
y adopta la Lista de Elegibles para proveer ochenta y ocho (88) vacante(s)
definitiva(s) del empleo denominado GESTOR II, Código 302, Grado 2,
identificado con el Código OPEC No. 225546, del Sistema Específico de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas».

44. En el expediente no obra constancia de la contestación de las entidades
demandadas; por tanto, la Sala entiende agotado el requisito de constitución
en renuencia, según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

45. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia
de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir,
su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante
invocó como disposiciones incumplidas los artículos 36 del Decreto Ley 927
de 2023, artículos 12 y 13 del Acuerdo CNSC No. 019 de 2024 y la Resolución
CNSC No. 2644 del 20 de marzo de 2026 que disponen lo siguiente:

ACUERDO 019 de 2024
(…)

12. Reporte de Empleos en Vacancia Definitiva. Es el registro de empleos en
vacancia definitiva que realizan las entidades en el SIMO - Módulo ENTIDADES
[2], en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.6.34. del Decreto número
1083 de 2015, las normas que regulan la materia y aquellas que las modifiquen
o sustituyan, en consonancia con las directrices, instrucciones y lineamientos
impartidos por la CNSC; independientemente de la manera en la que puedan ser
provistos, es decir: a) Para agotar los órdenes de provisión señalados en las
normas de carrera, diferentes a las listas de elegibles. b) Para ser parte de la
OPEC en un proceso de selección de ascenso o abierto, según corresponda. c)
Para ser autorizado por uso de lista, en aplicación de las directrices, instrucciones
y lineamientos impartidos por la CNSC.

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13. Estudio Técnico de Procedencia de Uso de Lista. Trámite administrativo que
adelanta la CNSC, con el fin de establecer si un empleo de carrera administrativa
en vacancia definitiva reportado en el SIMO - Módulo ENTIDADES, cumple con
los requisitos previstos para que opere el uso de lista para su provisión.
[…]

DECRETO 927 DE 2023
(junio 07)

ARTÍCULO 36. Uso de lista de elegibles. Una vez provistos los empleos objeto
del concurso, la lista de elegibles tendrá una vigencia de un (1) año, contado a
partir de su firmeza.

La lista de elegibles deberá ser utilizada en estricto orden descendente para
vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria, siempre y cuando los
requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes.

PARÁGRAFO 1. Si al hacer uso de la lista de elegibles no se acepta el
nombramiento o no se acude a la posesión dentro del término establecido en las
normas legales se entenderá que la persona queda excluida de la lista y se
continuará con la provisión de los empleos en estricto orden de resultados.

PARÁGRAFO 2. Para asegurar que la Entidad adelante sus competencias en
todas las seccionales y delegadas con altos niveles de excelencia y con los
mejores perfiles profesionales, los empleados públicos que superen el periodo de
prueba deberán permanecer en el lugar o sede donde se encuentra el empleo
público mínimo dos (2) años. Lo anterior sin perjuicio de las potestades que
corresponde al Director de reubicación de los empleos públicos en la planta
global y flexible y, en general, de manejo de personal para atender las
necesidades del servicio.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. En aplicación de los principios de economía,
sostenibilidad fiscal y austeridad del gasto, las listas de elegibles resultantes de
los concursos realizados en virtud del parágrafo transitorio del artículo 32 del
Decreto-Ley 071 de 2020, luego de que los empleos ofertados sean provistos en
estricto orden de méritos, deberán ser utilizadas dentro del término de su vigencia
para proveer vacantes generadas con posterioridad a las convocatorias, así como
aquellas derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando
los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes.

El proceso de selección cuya convocatoria y reglas se encuentran establecidas
en el Acuerdo No. CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, seguirá su
curso con independencia de la etapa en que se encuentre y, una vez conformada
la lista de elegibles, esta deberá ser utilizada dentro del término de su vigencia
para proveer las vacantes ofertadas y aquellas que se generen con posterioridad
derivadas de la ampliación de la planta de personal, siempre y cuando los
requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes.

En todo caso, las listas de elegibles a que hace referencia el presente parágrafo
transitorio no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto
mediante encargo o provisionalidad. Estos cargos públicos deberán ser ofertados
en una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en este Decreto-Ley.

46. Finalmente, la Resolución 2644 de 20 de marzo de 2026 es el acto
administrativo «Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para
proveer ochenta y ocho (88) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado
GESTOR II, Código 302, Grado 2, identificado con el Código OPEC No.
225546, del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de

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10

Demandante: José Alonso Arcos Isaza
Demandados: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas y otra
Rad: 08001-23-33-000-2026-00149-01

personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN 2667 – Ingreso».

47. De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción,
esto es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en
este caso, dado que las disposiciones transcritas no han sido derogadas por
el legislador o declaradas inexequible por parte de la jurisdicción.

48. Sin embargo, en cuanto a la subsidiariedad, la Sala advierte que la pretensión
de la demanda de cumplimiento, más allá del obedecimiento de las
disposiciones invocadas, implica un debate de legalidad respecto del acto
administrativo que contiene las reglas de la convocatoria, como pasa a
explicarse.

6. Caso concreto

49. La jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este mecanismo
constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer derechos
subjetivos11 o resolver controversias que cuentan con otros medios de
defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el
de dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo
alguno»12. De lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva
de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho
en el caso concreto, se anularía el principio de separación funcional de
jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos
procesales ordinarios y contencioso administrativos»13.

50. De allí que esta acción no proceda para «exigir el cumplimiento de
obligaciones consagradas en los contratos estatales, imponer sanciones,
hacer efectivo los términos judiciales de los procesos, o perseguir
indemnizaciones, por cuanto, para dichos propósitos, el ordenamiento
jurídico establece otros cauces procesales, al tratarse de situaciones
administrativas no consolidadas. Asimismo, por expresa disposición
legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar frente a normas que
generen gastos […]»14.

11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-

23-41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-
00499-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad.
19001-23-33-000-2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de
abril de 2025. Rad. 68001-23-33-000-2025-00074-01.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-

23-41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
13 Id.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. núm. 25000-

23-41-000-2013-00444-01.

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11

Demandante: José Alonso Arcos Isaza
Demandados: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas y otra
Rad: 08001-23-33-000-2026-00149-01

51. En el caso objeto de estudio se advierte que, si bien el accionante solicitó el
acatamiento de diversos artículos, lo cierto es que sus pretensiones se
encuentran encaminadas a reprochar que la DIAN no haga uso de la lista de
elegibles establecida para el empleo al cual optó en la convocatoria 2667.

52. En ese sentido, la Sala advierte que la acción de cumplimiento deviene
improcedente porque, contrario a procurar por el obedecimiento del
ordenamiento jurídico, el demandante lo que pretende es que el juez de
constitucional realice un pronunciamiento sobre la equivalencia de los cargos
y el uso de las listas de elegibles, aspectos que escapan de la órbita de acción
de este medio de control, pues como ya se señaló, la acción de cumplimiento
no es una acción paralela para resolver «de fondo todas las controversias
jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso concreto» .

53. En efecto, la controversia planteada supone determinar la legalidad de la
decisión adoptada por la DIAN mediante la Resolución 2644 de 2024, así
como determinar la equivalencia de los cargos y la eventual utilización de la
lista de elegibles para el empleo Gestor II, Código 302, Grado 02.

54. Dicho examen implicaría realizar un juicio de legalidad sobre dicho acto
administrativo, cuestión que debe ventilarse a través de los medios de control
previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA (nulidad simple o nulidad y
restablecimiento del derecho) y no mediante la acción de cumplimiento;
ahora, si lo que pretende es ser nombrado con el uso de una lista de elegibles
que está vigente, debería intentar previamente agotar la vía gubernativa y
solicitarle a la DIAN lo correspondiente.

55. Adicionalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de
prueba que fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de
un perjuicio irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.

56. Así las cosas, esta sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 5 de junio de 2026, del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

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Demandante: José Alonso Arcos Isaza
Demandados: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas y otra
Rad: 08001-23-33-000-2026-00149-01

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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13

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