Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2026-00346-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00346-01
Demandante: Defensoría del Pueblo
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Tema: Revoca orden de cumplimiento para rechazar la demanda por
no acreditarse el requisito de procedibilidad de la renuencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones interpuestas 1 por el Ministerio de Justicia y del
Derecho; la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia; la Corporación
Autónoma Regional del Tolima; la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira; el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; la Corporación Autónoma Regional de Sucre; la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina; la Corporación Autónoma Regional de Nariño; la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico; la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge; la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique; la Corporación Autónoma Regional del Magdalena; el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones2 y la Corporación
Autónoma Regional de la Orinoquia contra la sentencia del 28 de abril de 2026,
mediante la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró el incumplimiento del artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y le ordenó, en
coordinación con las demás entidades allí señaladas, elaborar, formular, desarrollar
e implementar el sistema de información, registro y monitoreo previsto en esa
disposición.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Defensoría del
Pueblo demandó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los ministerios
1 Se precisa que, por medio de auto de 25 de junio de 2026, el ponente devolvió el expediente al Tribunal para
que se pronunciara sobre los memoriales que radicaron ante esa instancia la Corporación Autónoma Regional
del Magdalena y la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia. Luego de resuelto lo pertinente por el
ponente de la primera instancia, en auto de 16 de julio de 2026, el expediente regresó a esta Corporación el 4
de agosto de esta anualidad, índice 17 de SAMAI.
2 Esta impugnación fue rechazada por el Tribunal, en auto de 9 de junio de 2026, dado que se radicó hasta el 19
de mayo de 2026. No obstante, la Sala tendrá en cuenta dicha impugnación en esta sentencia toda vez que la
decisión de 28 de abril de 2026 fue objeto de alaracón y complementación en providencia de 22 de mayo de
2026. Por tanto, en virtud de las previsiones del artículo 26 de la Ley 393 de 1997 y 302 del CGP, la impugnación
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones resulta oportuna.
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Demandante: Defensoría del Pueblo
Demandados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
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de Defensa y de Justicia y del Derecho, y a las 33 Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible del país3, con el propósito de que se hiciera
efectivo el artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021. En consecuencia, pidió ordenar: (i)
crear de manera inmediata un sistema de información, registro y monitoreo
interoperable, actualizado y estandarizado para controlar, prevenir y evitar el tráfico
ilegal de fauna y flora silvestre; (ii) elaborar, formular, desarrollar e implementar ese
instrumento, con georreferenciación y mapeo, incluidas las condiciones diferenciales
de corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera; (iii) poner en
funcionamiento aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas para recibir
denuncias ciudadanas; (iv) fijar un cronograma para ejecutar esas medidas, en
coordinación con las entidades señaladas en la norma y con el apoyo de las
instituciones científicas allí previstas y (v) establecer un mecanismo de seguimiento
periódico que genere informes trimestrales.
2. Hechos
La accionante explicó que el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre amenaza la
biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas y la seguridad nacional, debido a su
relación con estructuras de criminalidad organizada. Luego, señaló que la Ley 2153
de 2021 fue expedida para enfrentar ese fenómeno mediante la creación de un
sistema de información, registro y monitoreo de alcance nacional.
Indicó que el artículo 3.º de la Ley 2153 encargó al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en coordinación con las demás autoridades demandadas, y
con el apoyo de varias instituciones científicas, la elaboración, formulación,
desarrollo e implementación del sistema dentro de los 18 meses siguientes. Añadió
que, al presentarse la demanda, habían transcurrido más de cuatro años —
3 (1) La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en adelante CAM; (2) la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, en adelante CAR; (3) la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en adelante
CARDER; (4) la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, en adelante CARDIQUE; (5) la
Corporación Autónoma Regional de Sucre, en adelante CARSUCRE; (6) la Corporación Autónoma Regional de
Santander, en adelante CAS; (7) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico,
en adelante CDA; (8) la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en
adelante CDMB; (9) la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, en adelante
CODECHOCÓ; (10) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en adelante CORALINA; (11) la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en
adelante CORANTIOQUIA; (12) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La
Macarena, en adelante CORMACARENA; (13) la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare, en adelante CORNARE; (14) la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, en adelante
CORPAMAG; (15) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, en adelante
CORPOAMAZONIA; (16) la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en adelante CORPOBOYACÁ; (17) la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en adelante CORPOCALDAS; (18) la Corporación Autónoma
Regional del Cesar, en adelante CORPOCESAR; (19) la Corporación Autónoma Regional de Chivor, en adelante
CORPOCHIVOR; (20) la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en adelante CORPOGUAJIRA; (21) la
Corporación Autónoma Regional del Guavio, en adelante CORPOGUAVIO; (22) la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de La Mojana y El San Jorge, en adelante CORPOMOJANA; (23) la Corporación Autónoma Regional
de Nariño, en adelante CORPONARIÑO; (24) la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, en
adelante CORPONOR; (25) la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, en adelante CORPORINOQUIA;
(26) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, en adelante CORPOURABA; (27) la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, en adelante CORTOLIMA; (28) la Corporación Autónoma Regional del Atlántico,
en adelante CRA; (29) la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en adelante CRC; (30) la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, en adelante CRQ; (31) la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar,
en adelante CSB; (32) la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en adelante CVC; y (33) la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, en adelante CVS.
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aproximadamente 54 meses— desde la promulgación de la ley, sin que aquel
estuviera implementado.
Manifestó que la información sobre los ingresos y egresos de especímenes recibidos
por los centros de atención y valoración era remitida trimestralmente por las
autoridades ambientales, sin mecanismos suficientes de validación, control o
georreferenciación. Agregó que el Portal de Información sobre Fauna Silvestre no
permitía consultar las cifras, estadísticas y estudios previstos en la regulación, lo cual
impedía integrar la información e identificar los puntos críticos del tráfico de especies.
Mediante el oficio OF-DDP-RAD-A-027201 de 2024, la Defensoría solicitó al
Ministerio de Ambiente información sobre el avance del sistema. El 30 de julio de ese
año, la entidad respondió que este aún no había sido creado y que adelantaba
gestiones para contratar a su desarrollador. En 2025, la accionante pidió nuevamente
información y, el 25 de junio siguiente, el Ministerio indicó que realizaba actuaciones
técnicas y administrativas para diseñarlo e implementarlo, aunque todavía no existía
una plataforma unificada y operativa.
Durante 2024 y 2025, la Defensoría también remitió solicitudes de información a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y a otras entidades
nacionales. Según expuso, las respuestas mostraron que la mayoría no contaba con
el sistema previsto en la Ley 2153 de 2021, ni con herramientas permanentes de
georreferenciación o aplicaciones móviles especializadas, sino con formatos internos
y canales ordinarios para recibir denuncias.
El 22 de diciembre de 2025, la entidad formuló solicitudes semejantes a los institutos
de investigación, a los ministerios de Defensa, Justicia y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, y al Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia. A partir de las respuestas recibidas, sostuvo que
existían aportes y herramientas institucionales aisladas, pero no un sistema nacional
integrado, y atribuyó al Ministerio de Ambiente la omisión principal en su creación,
articulación y puesta en funcionamiento.
3. Admisión de la demanda
El ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la solicitud, en auto
de 5 de marzo de 2026, y ordenó notificar como autoridades accionadas: al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los ministerios de Defensa y de Justicia y del
Derecho y a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
del país a las 33; asimismo, vinculó como terceros con interés: al Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos, Alexander Von Humboldt; el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en adelante IDEAM; el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas en adelante SINCHI; el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras, en adelante INVEMAR; el Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico, en adelante IIAP y el Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Luego, por medio de providencia
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de 8 de abril de 2026, ordenó corregir algunas de las notificaciones personales
realizadas y vinculó como tercero con interés al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
4. Informes
4.1. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones, porque el
artículo 4.º de la Ley 2153 de 2021 atribuye la vigilancia y el control a la Policía
Nacional y a las autoridades ambientales, no al Ejército Nacional, cuya misión
constitucional no comprende las funciones reclamadas.
4.2. La CORANTIOQUIA afirmó que desarrolla labores de control, monitoreo,
registro y georreferenciación del tráfico de fauna silvestre. Sostuvo que ha cumplido
sus funciones regionales y que la implementación del sistema nacional corresponde
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4.3. El INVEMAR alegó falta de legitimación por pasiva, porque su función es
exclusivamente científica y de apoyo técnico sobre biodiversidad marina y costera.
Señaló que no es autoridad ambiental ni responsable de crear el sistema, aunque
aporta información mediante el SIAM y el SiB Colombia.
4.4. La CORNARE sostuvo que la creación del sistema corresponde al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y que las demás entidades dependen de su
actuación. Indicó que genera registros, georreferencia puntos críticos, participa en
operativos y desarrolla campañas para prevenir el tráfico ilegal de fauna.
4.5. La CORALINA señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
debe liderar e implementar el sistema y que su participación depende de las
directrices impartidas por esa cartera. Propuso falta de legitimación por pasiva y falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad.
4.6. El Instituto SINCHI manifestó que es una entidad de investigación científica y
no una autoridad ambiental. Por ello, sostuvo que carece de competencia para
cumplir directamente el artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021.
4.7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible alegó falta de renuencia,
pues las peticiones preguntaron por la implementación de la ley, pero no exigieron
su cumplimiento. Reconoció su responsabilidad y afirmó que el sistema se encuentra
en estructuración técnica e institucional, con revisión de información y articulación
interinstitucional.
4.8. La CVC sostuvo que la implementación del sistema corresponde al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y alegó falta de legitimación por pasiva. Añadió
que la norma requiere desarrollo técnico y presupuestal, mientras la Corporación ha
realizado operativos, campañas y reportes, sin incurrir en renuencia.
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4.9. La CAS afirmó que la creación, implementación y gestión del sistema
corresponden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Alegó falta de
legitimación por pasiva, pues su función es secundaria y se limita a brindar apoyo
cuando el Ministerio haya creado el sistema.
4.10. La CORPOBOYACÁ sostuvo que la creación del sistema compete al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que no ha sido convocada para su
implementación. Indicó que remite reportes y alegó que la solicitud informativa de la
Defensoría no la constituyó en renuencia.
4.11. La CDMB señaló que la responsabilidad principal corresponde al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con asesoría de MinTIC y coordinación de las
CAR. Afirmó que mantiene registros internos mediante su CAV y que no ha
incumplido la Ley 2153 de 2021.
4.12. La CORPOCALDAS alegó que no existe un mandato inobjetable a su cargo y
que no puede reportar en un sistema aún inexistente. Indicó que utiliza la herramienta
SURVEY y dispone de canales para recibir denuncias; por ello, propuso falta de
legitimación por pasiva.
4.13. El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las pretensiones, porque
la Ley 2153 de 2021 no le atribuye un mandato claro, expreso y exigible. Agregó que
sus funciones no comprenden diseñar o administrar sistemas ambientales y propuso
falta de legitimación por pasiva.
4.14. La CORPOGUAVIO manifestó que carece de competencia para coordinar un
sistema nacional y debe atender las directrices del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Indicó que participa en operativos, atiende fauna mediante
convenios y reporta la información al IDEAM y al Ministerio.
4.15. La CORPOURABÁ sostuvo que ha cumplido la Ley 2153 de 2021 y ha estado
disponible para participar en las reuniones convocadas por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. Alegó que no fue debidamente constituida en renuencia y
que respondió de fondo las solicitudes de información de la accionante.
4.16. La CORPOMOJANA afirmó que no ha incumplido la ley y que no se acreditó
su constitución en renuencia. Alegó falta de legitimación por pasiva y señaló que
cuenta con inventarios, registros, rutas de tráfico e informes de decomisos dentro de
los municipios de su jurisdicción.
4.17. El Instituto Alexander Von Humboldt sostuvo que su función se limita a
brindar apoyo científico e información sobre biodiversidad, pues no es autoridad
ambiental. Indicó que la dirección del sistema corresponde al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y que ha participado en los espacios interinstitucionales
convocados.
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4.18. La CORPONARIÑO alegó falta de legitimación por pasiva, porque la creación
del sistema corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su
intervención es concurrente y subordinada. Añadió que la plataforma nacional
requerida excede su competencia territorial y capacidad presupuestal.
4.19. La CORTOLIMA sostuvo que carece de competencia para diseñar o
implementar el sistema tecnológico nacional, función atribuida al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afirmó que cumple sus deberes regionales
mediante operativos, vigilancia, educación ambiental y reporte de información.
4.20. La CORPONOR informó que administra un CAV en el municipio de El Zulia y
utiliza la información prevista en la Resolución 2064 de 2010 para identificar rutas de
tráfico. Agregó que realiza controles y remite a las autoridades competentes los
hechos que pueden constituir delito.
4.21. La CORMACARENA sostuvo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible debe liderar, reglamentar, financiar y coordinar la implementación del
sistema. Indicó que, dentro de sus posibilidades presupuestales, ha contratado
actividades destinadas a prevenir y controlar el tráfico ilegal de especies silvestres.
4.22. La CRA alegó que el artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021 no contiene un
mandato claro, imperativo e inobjetable a su cargo. Afirmó que ya aplica protocolos
y sistemas para controlar el tráfico de fauna y flora y solicitó negar las pretensiones.
4.23. La CARDIQUE sostuvo que las solicitudes de información de la Defensoría no
constituyeron una reclamación de cumplimiento y, por tanto, no se acreditó la
renuencia. También alegó que la pretensión implica gastos y afirmó que dispone de
la plataforma Ambientic para recibir y georreferenciar reportes ambientales.
4.24. La CORPOGUAJIRA afirmó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible debe crear y dirigir el sistema, mientras su participación depende de los
lineamientos y la plataforma nacional. Propuso las excepciones de falta de
renuencia, inexigibilidad de la obligación y cumplimiento de sus funciones
misionales.
4.25. La CARSUCRE alegó falta de legitimación por pasiva, porque su intervención
es concurrente y subordinada a la actuación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Alegó que no puede imputársele la falta de una plataforma nacional cuya
creación excede sus competencias y presupuesto.
4.26. La CRQ afirmó que la dirección y creación del sistema corresponden
privativamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Alegó que su
participación está subordinada a la existencia de la infraestructura y los lineamientos
nacionales, por lo que no existe una omisión atribuible a la Corporación.
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4.27. La CORPOCHIVOR informó que opera un CAVR, lleva registros de la fauna
atendida y realiza operativos con la Policía Nacional. Propuso falta de legitimación
por pasiva, porque la creación del sistema corresponde al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y su función es de coordinación.
4.28. La CORPOAMAZONÍA sostuvo que no existe un mandato individual, claro y
actualmente exigible a su cargo, pues su participación depende de la actuación
previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Añadió que el juez no
puede crear ni individualizar obligaciones que la ley no estableció.
4.29. La CRC señaló que la creación e implementación del sistema corresponden al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que las CAR cumplen labores de
apoyo. Alegó que carece de competencia para diseñarlo unilateralmente y propuso
falta de legitimación por pasiva.
4.30. La CAM sostuvo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejerce
la rectoría del SINA y debe crear la plataforma nacional. Indicó que las CAR
únicamente aportan información y reportes regionales, por lo que alegó falta de
legitimación para responder por la ausencia del sistema.
4.31. La CAR señaló que la obligación principal corresponde al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y que ha cumplido sus deberes de registro y
reporte mediante el CAV, sus bases digitales y la aplicación APLICAR. Alegó que no
se acreditó incumplimiento ni renuencia atribuible a la Corporación.
4.32. La CARDER alegó indebida constitución en renuencia, porque la Defensoría
únicamente solicitó información y no reclamó el cumplimiento del artículo 3.º de la
Ley 2153 de 2021. Añadió que la implementación del sistema requiere la iniciativa y
coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no puede
ejecutarse aisladamente.
4.33. La CORPORINOQUIA afirmó que ha cumplido sus funciones mediante
actividades de georreferenciación, monitoreo, elaboración de mapas, atención de
fauna y acciones de control. Agregó que esas labores se encuentran incorporadas
en su Plan de Acción 2024-2027 «Orinoquia Sostenible y Biodiversa».
4.34. La CORPAMAG sostuvo que ha ejecutado progresivamente actividades de
georreferenciación, monitoreo, atención de fauna y reporte de información. Alegó
falta de legitimación por pasiva y afirmó que la Defensoría presentó una solicitud de
información, pero no una reclamación idónea para constituirla en renuencia.
4.35. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
alegó que su función es accesoria y se limita a brindar asesoría técnica al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Propuso falta de legitimación y de renuencia, y
sostuvo que la controversia podía tramitarse mediante una acción popular.
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4.36. La CVS sostuvo que la creación del sistema corresponde al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y que su participación depende de la plataforma y
los lineamientos nacionales. Alegó falta de legitimación por pasiva y de renuencia,
pues respondió solicitudes informativas que no reclamaban el cumplimiento del
artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 28 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el incumplimiento del artículo
3.º de la Ley 2153 de 2021 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Consideró que la disposición contiene un mandato imperativo, actual e
inobjetable, cuyo cumplimiento corresponde principalmente a ese Ministerio, en
coordinación con los demás ministerios y corporaciones demandadas, con el apoyo
de los institutos de investigación y la asesoría de MinTIC.
Asimismo, concluyó que, pese a las reuniones, estudios y gestiones informadas por
el Ministerio, el sistema continuaba en estructuración técnica e institucional después
de vencido el plazo legal de 18 meses. En consecuencia, ordenó al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible que, dentro de los seis meses siguientes, y con la
coordinación, el apoyo y la asesoría de las demás entidades señaladas en la norma,
elaborara, formulara, desarrollara e implementara el sistema de información, registro
y monitoreo, incluidas las condiciones diferenciales de los territorios de frontera.
Mediante providencia de 22 de mayo de 2026, el Tribunal aclaró y complementó la
sentencia de primera instancia, concluyó que la CVS había contestado
oportunamente la demanda; adicionó los argumentos de la mencionada Corporación
Autónoma Regional y los desestimó, pues mantuvo la decisión que declaró el
incumplimiento de la disposición invocada.
6. Impugnaciones
6.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó revocar su inclusión en la orden
judicial, pues la coordinación prevista en el artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021 no le
asigna competencias ambientales ni el deber autónomo de crear el sistema, atribuido
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Subsidiariamente, pidió precisar
el alcance de su intervención.
6.2. La CORANTIOQUIA pidió revocar la orden judicial, porque la creación del
sistema corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su
participación se limita a coordinar y aportar información. Afirmó que atendió los
requerimientos de información de la accionante y cumplió sus funciones regionales
y, por ello, no fue constituida en renuencia; subsidiariamente, solicitó excluir
obligaciones tecnológicas o presupuestales.
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6.3. La CORTOLIMA sostuvo que el deber principal recae en el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y su intervención es secundaria y subordinada.
Señaló que cumplió sus funciones, alegó falta de competencia para responder por la
omisión y pidió revocar la orden respecto de la Corporación.
6.4. La CVC solicitó revocar parcialmente el fallo de primera instancia, porque no es
destinataria de un mandato autónomo e inmediatamente exigible. Señaló que
cumplió sus competencias mediante operativos, campañas y reportes al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que no existe incumplimiento atribuible
a la Corporación.
6.5. La CORPOGUAJIRA pidió revocar la orden del Tribunal, pues la creación del
sistema compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su intervención
depende de los lineamientos y la plataforma que este defina. Alegó que nunca se le
exigió cumplir el artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021 y, subsidiariamente, solicitó
ampliar el plazo a 18 meses.
6.6. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó revocar el fallo del
a quo, reiteró que ha adelantado la estructuración técnica e institucional del sistema
y no ha permanecido inactivo. Afirmó que el plazo de seis meses es materialmente
imposible por la contratación, el desarrollo tecnológico y la coordinación
interinstitucional; subsidiariamente, pidió ampliarlo a 18 meses.
6.7. La CARSUCRE pidió revocar la sentencia del Tribunal y excluirla de la orden,
pues la creación e implementación del sistema corresponden al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la coordinación no constituye una obligación
autónoma de resultado. Afirmó haber cumplido su papel mediante la participación
institucional y el suministro de información.
6.8. La CORALINA solicitó revocar la orden de primera instancia, porque la
arquitectura e implementación del sistema nacional son competencia del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su función regional se limita a aportar
información conforme a sus directrices. Sostuvo que no puede exigírsele desarrollar
software ni asumir cargas tecnológicas ajenas a su competencia.
6.9. La CORPONARIÑO pidió revocar la sentencia, al considerar que el artículo 3.º
de la Ley 2153 de 2021 atribuye al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la
creación del sistema y que su intervención es concurrente y subordinada. Explicó
que solo puede suministrar información cuando exista el marco tecnológico nacional,
cuya implementación excede su jurisdicción y presupuesto.
6.10 La CDA solicitó revocar la orden del Tribunal, pues sus competencias
regionales no comprenden la creación de plataformas o sistemas nacionales. Afirmó
que la obligación principal corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y su participación se limita a colaborar y suministrar información conforme
a los lineamientos que este defina.
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6.11. La CORPOMOJANA pidió revocar o modificar la orden, porque no es titular del
deber de crear e implementar el sistema nacional pretendido. Alegó que esa
obligación corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que ha
cumplido su función de apoyo y coordinación dentro del ámbito de sus competencias.
6.12. La CARDIQUE alegó que la Defensoría únicamente formuló solicitudes de
información y nunca le reclamó expresa y precisamente el cumplimiento del artículo
3.º de la Ley 2153 de 2021, por lo que no fue constituida en renuencia. Añadió que
implementar el sistema exige gastos no presupuestados y pidió rechazar la solicitud.
6.13. La CORPAMAG pidió revocar la sentencia del Tribunal, porque la Defensoría
solo le solicitó información y no reclamó el cumplimiento del artículo 3.º de la Ley
2153 de 2021, de modo que no se acreditó la renuencia. Añadió que el liderazgo
corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que ha cumplido sus
funciones regionales.
6.14. La CORPORINOQUIA pidió revocar parcialmente el fallo, porque su deber de
coordinación depende de que el MADS cree la plataforma y defina los lineamientos
nacionales. Sostuvo que las solicitudes de la Defensoría fueron informativas y no
constituyeron renuencia; subsidiariamente, pidió limitar su intervención al suministro
de información y apoyo técnico.
6.15. EL MinTIC. Solicitó revocar su inclusión en la orden, pues el artículo 3.º de la
Ley 2153 de 2021 únicamente le asigna una asesoría técnica accesoria, no una
obligación autónoma de resultado. Agregó que las comunicaciones de la Defensoría
fueron solicitudes de información y no requerimientos de asesoría, por lo que no se
configuró la renuencia.
7. Impedimento
El Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez, el 7 de septiembre de 2026, manifestó
impedimento para conocer y tramitar el presente asunto. Lo anterior, tras considerar
que podría estar incurso en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del
Código General del Proceso4. Sin embargo, el mencionado impedimento fue
declarado infundado por los demás integrantes de la Sección en auto de esta misma
fecha.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 28
de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393
4 Índice 7 de SAMAI.
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de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 28
de abril de 2026. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a las accionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo5 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.
5 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
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De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo 6.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]7.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la
tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios
y directrices.
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acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política8.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»9.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado10.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,11 a menos que estén apropiados;12 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
11 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
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competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior13.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito
que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal
o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este14 y que la autoridad
se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a
la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»15. Igualmente, esta Sección16 ha dicho lo siguiente:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos[17] (Negrillas fuera de texto).
13 Sentencia antes citada.
14Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063 (ACU),
MP. Mauricio Torres Cuervo.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-2011-
00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
17 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
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En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento
de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»18.
Para este caso, revisado las pruebas aportadas por la Defensoría del Pueblo19, la
Sala observa que la accionante adjuntó solicitudes de información, escritos de
alcance o ampliación de tales solicitudes, reiteraciones para obtener respuesta de
información y las contestaciones emitidas por las distintas entidades requeridas. Sin
embargo, en ninguno de esos documentos se evidencia que se exigió el
cumplimiento del artículo 3.º de la Ley 2153 de 2021.
En efecto, los memoriales estuvieron dirigidos a conocer la existencia, estado,
operación o funcionamiento del sistema de información, registro y monitoreo de
tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territorio nacional; las actuaciones
adelantadas por cada entidad; los datos disponibles y las dificultades presentadas
durante su implementación. En algunos de los escritos se mencionó la Ley 2153 de
2021, pero en ninguna se reclamó a las accionadas que se elaborara, formulara,
desarrollara o implementara el sistema previsto en su artículo 3.º, ni identificó una
conducta concreta que cada destinataria debiera ejecutar para superar el supuesto
incumplimiento.
Por tanto, esos documentos acreditan que la Defensoría se encontraba acopiando,
contrastando y verificando información para establecer el estado de implementación
del sistema y recaudar elementos relacionados con su eventual incumplimiento. Esa
actividad podía servir como antecedente o sustento probatorio de una reclamación
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre
de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez, entre otras.
19 Índice 2 de SAMAI en el trámite de primera instancia.
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posterior, pero no reemplazaba la exigencia previa y directa de obedecer la
disposición, en otros términos, solicitar información sobre el cumplimiento de una
norma no equivale a reclamar su cumplimiento. Las respuestas de las entidades
tampoco subsanan esa deficiencia pues su finalidad fue atender esos pedimentos de
información más no la exigibilidad de la disposición luego invocada en la demanda.
Como se expuso, la renuencia se determina a partir de la correspondencia entre la
reclamación previa y la respuesta o el silencio de su destinatario. Por ello, la
contestación de una solicitud informativa no puede transformar retroactivamente ese
escrito en una reclamación de cumplimiento ni permite deducir una negativa frente a
un deber que nunca fue exigido.
Considerar satisfecho el requisito con tales comunicaciones privaría a las accionadas
de la oportunidad de conocer que se les atribuía el incumplimiento del artículo 3.º de
la Ley 2153 de 2021 y de adoptar, antes del proceso, la actuación que se estimaba
omitida. En esas condiciones, la demanda resultaría sorpresiva y se desconocerían
sus derechos al debido proceso, de contradicción y de defensa, pues serían llamadas
a responder judicialmente por haberse resistido a una exigencia que previamente no
les fue formulada.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo no acreditó la constitución en renuencia
de las entidades accionadas. Al faltar este presupuesto de procedibilidad, la
jurisdicción no fue activada válidamente para examinar el cumplimiento material de
la disposición ni para establecer cuál entidad debía ejecutar el mandato. Por ello,
corresponde revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la solicitud de
cumplimiento, sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia de 28 de abril de 2026 de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, rechazar
la demanda de cumplimiento de la Defensoría del Pueblo por no acreditarse que
se agotó el requisito de constitución de renuencia a las autoridades demandadas.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.
TERCERO. Advertir a la Secretaría General de esta Corporación que el envío de
mensajes electrónicos para notificación dirigidos a la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, se realicen al
correo electrónico informado en la documental del índice 123 del trámite de SAMAI
en primera instancia: coordinacionjuridica@cdmb.gov.co
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CUARTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado
GLORIA MARIA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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