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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02862-00

Fecha
30 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02862-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez
Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

Tema: tutela contra providencia judicial y actuaciones administrativas de
cumplimiento. Subtema 1: medio de control de nulidad electoral. Subtema 2:
improcedencia por presentación reiterada de acciones de tutela. Subtema 3:
requisitos de inmediatez, argumentación suficiente y subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la fundación Misión Archipiélago de San
Andrés y el señor Richard Nicolás Martínez Olivera contra la Sección Quinta de esta
corporación y otros.

1. Síntesis del caso

El señor Richard Nicolás Martínez, en nombre propio y como representante de la
fundación Misión Archipiélago de San Andrés (MASA), presentó escrito de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a elegir y ser elegido y los
derechos culturales del pueblo raizal.

Dichas garantías las consideró vulneradas por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio del Interior y el departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de abril de
2025 dentro del expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00 y las
actuaciones posteriores tendientes a dar cumplimiento a ese fallo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor César Daniel Castro Muñoz presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral el 22 de noviembre de 2023, por conducto de su
apoderado judicial Carlos Manuel Alfaro Fonseca, ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado2, con la pretensión de que se anulara el formulario E-26 GOB
del 3 de noviembre de 2023 que declaró la elección del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez como gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, al considerarlo incurso en la prohibición de doble
militancia, en la modalidad de apoyo, prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 20113.

3. Agotado el proceso, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de única instancia el 3 de abril de 20254, en la que resolvió declarar la
nulidad de la elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
contenida en el formulario E-26 GOB del 3 de noviembre de 2023, al encontrarlo
incurso en la causal de inhabilidad de doble militancia, en la modalidad de apoyo.

4. Como fundamento de su decisión, la Sala electoral analizó los dictámenes
periciales aportados por el demandado respecto de los videos relacionados con el
apoyo brindado al señor Luis Torres James y explicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esa sección5, no resultaba indispensable conocer quién grabó el
video, ya que lo relevante de las pruebas era que no tuvieran signos de alteraciones
o manipulaciones que trastornaran la veracidad de los hechos representados en las
imágenes y declaraciones del archivo.

5. En concreto, expuso lo siguiente:

149. En este caso los videos no tienen signos de alteración que lleven a concluir que
han sido alterados y que cambian o modifican lo que ellos contienen, toda vez que
entre las conclusiones a las que se llega, se indica que se hicieron grabaciones de la
pantalla, que pudo ser más corta que el video original, o afirmaciones genéricas de
que pudo haber sido editado, sin embargo no se alega alguna en concreto en cuanto
a su contenido, esto es, no se indicó alguna posible alteración respecto a las
manifestaciones que allí se hacen.

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 2, certificado E7B56ADAB86C40C4
EB9DBDDBBE302B2E 238A7EC7A06CB6C3 B54950CC8BF691DA.
2
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 3, certificado núm. BFE018D6CF09FC71
5B644695FF2133C7 0B36AC3A54D0C2C9 8AAD5BE6EC25F683.
3
Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, índice 176.
5
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-
2023-00106-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

[…]

152. Precisado lo anterior, y dado que se insiste, en este caso no se alegó de manera
concreta una edición en cuanto al contenido de los videos, se procederá a valorarlos6.

6. Luego, revisó los videos y encontró que el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez apoyó de manera inequívoca al candidato Luis Torres James, quien fue
avalado por el Nuevo Liberalismo para la Asamblea Departamental. Agregó que, al
analizar las palabras usadas por el demandado, resultaba evidente que:

[M]anifiest[ó] un apoyo claro al decir necesitamos marcar a la asamblea por un amigo,
y acto seguido afirma que necesitaba que fuera parte de la duma departamental el
candidato número 51 de la alianza del Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia
Justas Libres, que corresponde al señor Luis Torres James7.

7. Posteriormente, debido a unas recusaciones, solicitudes, recursos y nulidades
que fueron presentados en el proceso ordinario, las secciones Primera y Quinta de
esta corporación dictaron los siguientes autos: 30 de abril, 5 de junio, 7 y 24 de julio,
3 y 26 de septiembre, 14 de octubre, 18 y 27 de noviembre de 2025, 29 de enero, 5
y 25 de marzo, 17 y 27 de abril y 13 y 25 de mayo de 2026.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera y la fundación Misión Archipiélago
de San Andrés (MASA) solicitaron en el escrito de tutela8 que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, a elegir y ser elegido y los derechos culturales del pueblo raizal; que
se deje sin efectos la sentencia del 3 de abril de 2025 y, en consecuencia, que se
ordene lo siguiente:

3. […] a la Sección Quinta del Consejo de Estado que emita un nuevo
pronunciamiento en el que se resuelvan de fondo todas las solicitudes, nulidades y
recusaciones pendientes, y se valore integralmente el dictamen pericial sobre la
autenticidad de los medios magnéticos bajo los estándares de la Ley 527 de 1999.

4. […] al señor Presidente de la República abstenerse de expedir decretos de
ejecución de la sentencia cuestionada, garantizando la estabilidad institucional del
Archipiélago y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

5. […] la traducción oficial al idioma Creole de las principales providencias de este
trámite y del proceso de nulidad, garantizando la participación efectiva de la
comunidad raizal y eliminando barreras de discriminación institucional.

6. COMPULSAR COPIAS de la presente acción de tutela, de la sentencia del 3 de
abril de 2025 y de la aclaración de voto del Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
ante la Comisión de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que
investiguen las presuntas irregularidades en el ejercicio de la función jurisdiccional9.

6
Se transcribe incluso con errores de texto.
7
Se transcribe incluso con errores de texto.
8
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 2, certificado E7B56ADAB86C40C4
EB9DBDDBBE302B2E 238A7EC7A06CB6C3 B54950CC8BF691DA.
9
Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

9. Como fundamento de sus pretensiones, los accionantes manifestaron que
participaron en el proceso de nulidad electoral como coadyuvantes del señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez y que presentaron diversas solicitudes, recursos,
recusaciones y nulidades que fueron tildadas arbitrariamente por la autoridad
judicial como dilatorias y que no fueron resueltas de fondo.

10. Indicaron que, «ante la evidente mora injustificada, la falta de imparcialidad de
los magistrados y las graves irregularidades procesales», acudieron a la Fiscalía
General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Investigación de Acusación
de la Cámara de Representantes las respectivas denuncias, así como informaron al
presidente de la República sobre la violación sistemática de derechos
fundamentales.

11. Afirmaron que, pese a lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado
profirió y dejó en firme la sentencia del 3 de abril de 2025, con lo cual incurrió en un
defecto procedimental y fáctico, pues no agotó los términos legales para resolver
las peticiones pendientes de los intervinientes.

12. Alegaron la configuración de un defecto sustantivo por la «insalvable
contradicción y una flagrante vulneración al principio de seguridad jurídica», pues
se «convalidó un sustento legal […] a sabiendas de que carecía de aplicación para
el caso concreto».

13. También agregaron que el ponente consignó en su aclaración de voto la
verdad jurídica de que la causal de doble militancia es aplicable a las adhesiones y
no a las coaliciones política, y que se omitió la valoración integral de la prueba
pericial aportada respecto de los videos aportados al proceso, pues carecían de
integridad, trazabilidad forense, estaban editados, alterados, no coincidían los
movimientos fisonómicos, entre otros cargos de inconformidad.

14. Respecto de la Presidencia de la República, explicaron que le advirtieron y
notificaron de las irregularidades del proceso judicial, pero que la entidad se «limitó
a dar traslados administrativos sin adoptar medidas de protección efectivas» sin
cumplir su obligación constitucional de velar por derechos fundamentales.

15. Reprocharon que el 8 de abril de 2026 se libraran de forma masiva e
injustificada oficios de cumplimiento de la sentencia, no obstante que se
encontraban pendientes por resolver múltiples memoriales de nulidad, recusaciones
e, incluso, acciones de tutela, con lo cual se instrumentalizó el fallo para desplazar
el mandato popular.

16. Finalmente, solicitaron como medida cautelar que se suspendiera la sentencia
del 3 de abril de 2025 y que se ordenara a la presidencia de la República que se
abstenga de ejecutar la decisión de la Sección Quinta.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

2.3. Trámite procesal

17. La tutela fue radicada ante la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, autoridad que, en auto del 13 de abril de 2026, ordenó remitir el
asunto al Consejo de Estado10. En esta corporación correspondió al despacho del
magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez de la Subsección A de la Sección Tercera;
no obstante, aquel manifestó su impedimento para conocer el asunto con
fundamento en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal dada
su amistad estrecha con uno de los magistrados que integran la Sala accionada11.

18. El expediente fue remitido al despacho del magistrado José Roberto Sáchica
Méndez de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien
con auto del 11 de mayo de 202612 aceptó el mencionado impedimento, avocó el
conocimiento del asunto y ordenó remitirlo al despacho de la magistrada Elizabeth
Becerra Cornejo, dado que había admitido la tutela con radicado núm. 11001-03-
15-000-2026-00118-00 que tiene «similitud fáctica y jurídica» con la acción de la
referencia.

19. Finalmente, el despacho ponente, en auto del 26 de mayo de 202613, admitió
la acción; vinculó a los señores César Daniel Castro Muñoz y Nicolás Iván Gallardo
Vásquez y a todas las personas naturales y jurídicas que participaron como partes
e intervinientes en el proceso con radicado núm. 2023-00103-00; tuvo como
pruebas los documentos aportados con la tutela; requirió el expediente ordinario;
pidió a la Secretaría General de esta corporación que certificara los escritos de
amparo que han radicado Richard Nicolás Martínez Olivera, Nicolás Iván Gallardo
Vásquez y la fundación Misión Archipiélago de San Andrés.

2.4. Intervenciones

20. La parte accionante presentó memorial en el que se opuso al archivo definitivo
del proceso ordinario de nulidad electoral, cuestionó el auto admisorio de la tutela
2026-00118-00 que negó la solicitud de medida cautelar, pese a que la magistrada
ponente tuvo conocimiento de la orden emitida por el juez penal. Adujo que el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez aplicó una tesis en el caso del gobernador
del Archipiélago distinta a la del alcalde de Providencia, a quien absolvió de los
cargos en un caso idéntico. Sostuvo que existe un «ping-pong judicial» en el trámite
de unas acciones de tutela14.

21. La Sección Quinta del Consejo de Estado15, por conducto del magistrado
ponente, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad

10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 2, certificado D288BB66E8F7C60A
A8BAFDEDA7CF9DBF D6F00DE3DD2185BD 7737F5981021EC5A.
11
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 5, certificado 15B45756DE38F9ED
553461731C11953E 9A26828AD9E4B603 DDC7CF67E245DBB4.
12
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 14, certificado C143B8677793F260
2ED98C968A7C338A 12A589D299002862 5BE485F031BA85CB.
13
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 22, certificado EA2838359D521BEA
CF1AD246ADBD79DD B007B3A803730600 B23BFC277557B66E.
14
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 29, certificado ACF87560B0324668
14C6503FC3F17902 D33BBBBCC90331FB 192C5D1E8F18F73D.
15
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 32, certificado A07A0558B497236C
8A6A45B5B8DEEAC3 7502D508FA8D06D2 C6579B7B8FF5A87E.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

electoral y de algunas acciones de tutela iniciadas al respecto, como aquellas con
radicados 2025-06646-00, 2025-07397-00 y 2026-02809-00. Indicó que la sentencia
del 3 de abril de 2025 quedó ejecutoriada el 7 de abril de 2026 y que, con
posterioridad, fueron radicadas nuevas solicitudes de nulidad.

22. Afirmó que los hechos que sustentan la vulneración ya fueron discutidos en
sede de tutela y que se evidencia un uso temerario e indiscriminado del mecanismo
constitucional para dilatar el proceso electoral. Por las razones expuestas, consideró
que no se quebrantaron derechos fundamentales y solicitó que se estudiara la
posible configuración de actuaciones temerarias y se negaran las pretensiones de
amparo.

23. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera, en nombre propio, presentó recurso
de reposición contra el auto del 26 de mayo de 2026, dado que no accedió a la
petición de medida cautelar, para lo cual argumentó que es un «grave error»
pretender asimilar las anteriores tutelas interpuestas por la fundación Misión
Archipiélago de San Andrés con la de la referencia.

24. Alegó que el Decreto 0506 de 2026, «designó a la señora Vilma Jay López
como gobernadora encargada» no consumó un hecho porque carece de presunción
de legalidad y fue expedido con desviación de poder y falsa motivación, ya que
omitieron la petición de recomposición de la terna y nombraron a una persona ajena
a la coalición política «Avanzar es posible»16.

25. Posteriormente, en un nuevo memorial17, formuló recusación formal contra la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, pues presentó en contra de dicha autoridad
judicial denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de
prevaricato por acción y fraude procesal, situación que configura una enemistad
grave que compromete el principio de neutralidad.

26. La Procuraduría General de la Nación18 y el Consejo Nacional Electoral19
contestaron que no vulneraron derechos fundamentales y que no están llamadas a
responder en el presente trámite, por lo que solicitaron que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

27. La Presidencia de la República de Colombia manifestó que la tutela debe ser
declarada improcedente en atención a la autonomía e independencia judicial y por
ausencia de vulneración de derechos fundamentales, y que, además, no tiene
legitimación en la causa por pasiva. Pidió que se nieguen las pretensiones20.

16
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 35, certificado 826D012DAF37A374
5F74A5D97D1A8D69 F8B5C9999D5FEAFE 7D603F288BD139E5.
17
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 36, certificado 89C5A5A3BAEC43E0
2971165B40C3761A 81E68151E692E708 9C26CF7BCB10BB39.
18
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 37, certificado D2F863F7D4A0DFDF
677B155EF2F5BE20 208F1270AA86C498 3DBEC6CD9CD9FE46.
19
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 39, certificado 23039C3240703CBD
311CDA1F0CAE1ACE 3889F2FD70FB3C9D 3FBA7885651818D6.
20
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 40, certificado B7B8EBCE1C3715A1
7AB33F3CFC648B15 A1C3F313F99DB6E5 E7F676F7F91838CF.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

28. La Secretaría General del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el auto admisorio, informó que Misión Archipiélago de San Andrés y los señores
Richard Nicolás Martínez Olivera y Nicolás Iván Gallardo Vásquez han iniciado en
esta corporación las siguientes tutelas relacionadas con el proceso de nulidad
electoral21:

Radicado Accionante Accionado
2026-03757-00 Richard Nicolás Martínez Olivera Sección Quinta del Consejo de Estado
2026-03693-00 Richard Nicolás Martínez Olivera Ministerio del Interior
2026-02348-00 Richard Nicolás Martínez Olivera Sección Quinta del Consejo de Estado
2025-06646-00 Nicolás Iván Gallardo Vásquez Sección Quinta del Consejo de Estado
2026-00118-00 Misión Archipiélago de San Andrés Sección Quinta del Consejo de Estado
2026-02809-00 Nicolás Iván Gallardo Vásquez Sección Quinta del Consejo de Estado
2025-07397-00 Richard Nicolás Martínez Olivera Sección Quinta del Consejo de Estado
y otros
2025-05321-00 Misión Archipiélago de San Andrés Sección Quinta del Consejo de Estado
y otros
2025-02206-00 Misión Archipiélago de San Andrés Sección Quinta del Consejo de Estado
Tabla 1: Tutelas relacionadas por la Secretaría General del Consejo de Estado en cumplimiento de
lo ordenado en el auto admisorio.

29. El Ministerio del Interior alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva
debido a la inexistencia de competencias para responder por las actuaciones del
Consejo de Estado y afirmó que no vulneró derechos fundamentales22.

30. La parte tutelante presentó nuevo memorial en el que reiteró la recusación y,
además, solicitó la «nulidad absoluta» porque la magistrada Elizabeth Becerra
Cornejo estaba desprovista de competencia legal para deliberar, aprobar o firmar la
sentencia. Además, formuló otros cargos dirigidos a la tutela con radicado núm.
2026-00118-00 y pidió que se decretara como medida cautelar de urgencia que se
ordenara suspender el trámite del proceso ordinario de nulidad electoral23. Por
último, radicó memoriales de impulso procesal24.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera y
Misión Archipiélago de San Andrés contra la Sección Quinta del Consejo de Estado
y otros.

21
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 44, certificado 510074A7F52CB996
06D2F9C6191A18FF D155456E46D7B085 262695FF826CB99F.
22
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 44, certificado 84E977A3711647C8
887062798083CC68 6F8D49768323CEDF 76C92BDAD18DA575.
23
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 53, certificado FBD8E48963F48A1D
737F56AD9549BB21 4175A5F535B6EB19 7E4C1C60DE82645D.
24
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02862-00, índice 56, certificado 6C2895D5A5A5F75D
03AC4BA7DCA783BB 5FA27D7214B893A0 19A3CCCBFA42DF7D.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

3.2. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa por activa de la fundación Misión Archipiélago de
San Andrés y el señor Richard Nicolás Martínez Olivera está acreditada porque
fueron reconocidos como terceros dentro del proceso de nulidad electoral en el que
fue expedida la providencia que, a juicio de estos, desconoció sus derechos
fundamentales.

33. También, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y de la Presidencia de la República de Colombia,
porque son las autoridades a las que la parte accionante les atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales con ocasión del proceso de nulidad electoral y el
cumplimiento de la sentencia del 3 de abril de 2025.

34. Cuestión distinta ocurre con el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del
Interior y el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en la medida en que no tienen legitimación en la causa por pasiva, pese a
que fueron accionados, toda vez que la parte tutelante no identificó alguna acción u
omisión que les sea atribuida y en las pretensiones de amparo no se busca que se
emita alguna orden a estas. Por tal motivo, se dispondrá la desvinculación del
trámite constitucional.

3.3. Cuestiones preliminares

35. Antes de estudiar el cumplimiento de los requisitos generales en el caso
concreto, es preciso advertir que la parte accionante interpuso: i) recurso de
reposición contra el auto admisorio del 26 de mayo de 2026, dado que no accedió
a la petición de medida cautelar; ii) recusación contra la magistrada Elizabeth
Becerra Cornejo en su condición de ponente; y iii) nulidad de todo lo actuado.

3.3.1. Recursos en trámites de tutela

36. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el único instrumento
establecido para cuestionar las providencias adoptadas por los jueces de tutela es
la impugnación contra el fallo de primera instancia, por lo que no resulta procedente
ningún recurso contra las decisiones que se adopten en un trámite de tutela o en el
curso de los incidentes que se adelantan con posterioridad.

37. Lo anterior, por cuanto la finalidad de la acción de tutela es la protección pronta
de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados y que solo se logra
con una decisión célere a través de un trámite sumario que, por lo mismo, no puede
someterse a los mecanismos propios de los procesos ordinarios, de lo contrario, se
desconocería el carácter especial del juicio de amparo25 en el que, en palabras de
la Corte Constitucional no caben el ritualismo ni el tecnicismo26.

25
Corte Constitucional, sentencia T-298 de 2023.
26
Corte constitucional, sentencia T-162 de 1997.

8

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38. Sobre el punto, la Corte Constitucional27 explicó en un principio lo siguiente:

[…] 1. El juez de tutela no puede remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee
y para lo que quiera; al respecto la norma del Decreto 306 de 1992 invocada por el
Tribunal es muy precisa:

Artículo 4° - De los principios aplicables para interpretar el procedimiento
previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las
disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de
Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto.

En primer lugar, es claro que la norma no permite aplicar cualquier disposición del
Código citado al trámite de la tutela; la remisión únicamente puede hacerse a los
principios generales. Y en segundo lugar, la aplicación de dichos preceptos sólo será
posible en la medida en que no sean contrarios a lo dispuesto en el Decreto 2591 de
1991. Por lo tanto, no es plausible considerar que el artículo invocado por el Tribunal
sea el sustento para que unas normas del Estatuto mencionado, que consagran un
recurso procesal, sean aplicadas al trámite de la tutela.

[…]

Así pues, por un lado, al ser la impugnación diferente de la apelación, no hay razón
para que el recurso de queja que procede contra el auto que niega la segunda de
estas figuras procesales, tenga que proceder contra el auto que niega la primera. Y
por otro, si se acepta que son diferentes, pero se insiste en que son figuras parecidas,
las similitudes que se encuentren entre ellas no son argumentos suficientes para
justificar aplicaciones analógicas, pues las diferencias entre una y otra institución
procesal se deben, no sólo a las características propias de cada una de ellas, sino
básicamente, a lo disímiles que son los procesos a los que pertenecen
respectivamente […]».

39. Más adelante, la Corte reiteró su criterio sobre la improcedencia de los
recursos ordinarios en sede de tutela, así:

Por ello, el trámite de esta acción es, conforme a su regulación por el Decreto 2591
de 1991 desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan
ante las distintas ramas de la jurisdicción del Estado.

Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analogía todas las
normas del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción de tutela, pues de
esa manera podría darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso
civil, pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento “sumario”, esto es
simplificado, breve, donde no es posible ni la admisión de todos los incidentes que si
lo serían en un proceso civil o en un proceso contencioso-administrativo, como
tampoco son de recibo los recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591
de 1991 […]28.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala rechazará por improcedente el recurso de
reposición que presentó la parte tutelante contra el auto admisorio del 26 de mayo

27
Ibidem.
28
Corte Constitucional, Auto 270 de 2002.

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de 2026. En todo caso, no hay lugar a considerar el decreto de una medida cautelar
dado que la presente sentencia decidirá sobre las pretensiones de amparo.

3.3.2. De la recusación contra la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo

41. El señor Richard Nicolás Martínez Olivera presentó memorial de recusación
contra la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, pues consideró que incurrió en los
«delitos de Prevaricato por Acción y Fraude Procesal».

42. Al respecto, es preciso recordar que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991
establece que en el trámite de las acciones de tutela no procede la recusación, y
que, el juez que se considere incurso en una causal de impedimento prevista en el
Código de Procedimiento Penal deberá declararse impedido. Sobre este punto, la
Corte Constitucional ha dicho29 lo siguiente:

En esta línea, la Corte ha declarado la improcedencia de las solicitudes de recusación,
con fundamento en tres razones principales: (i) de acuerdo con la normatividad
aplicable, en ningún caso es procedente la recusación; (ii) existiendo regulación
especial y específica para el proceso de tutela, la solicitud no debe estar sustentada
en disposiciones propias del Código General del Proceso; y, (iii) el magistrado
recusado no manifiesta estar incurso en alguna de las causales de impedimento
previstas expresa y taxativamente en el Código de Procedimiento Penal, norma
aplicable por remisión expresa del Decreto Ley 2591 de 1991.

43. De acuerdo con el alto tribunal, el propósito del legislador con la restricción
contenida en el artículo 39 ibidem fue impedir que las partes pudieran
«instrumentalizar la figura de la recusación» y «obstaculizar o entorpecer el trámite»
constitucional de tutela, que por mandato constitucional es célere y preferente30.

44. En consecuencia, la recusación presentada por la parte accionante no será
tramitada, toda vez que, por expreso mandato legal y conforme a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, es improcedente. En ese orden, será rechazada para
evitar que se afecte el trámite célere y preferente de la acción de tutela.

3.3.3. Nulidades en trámites de tutela

45. El artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 tampoco
establecen causales de nulidad procesal, sus consecuencias o el procedimiento para
solicitarlas o declararlas en trámites de tutela. No obstante, la jurisprudencia
constitucional ha definido que eso no significa que en el trámite de la solicitud de
amparo no se puedan configurar irregularidades o vicios que afecten su validez y que
impliquen un desconocimiento de las garantías del debido proceso de los sujetos que
intervienen31.

46. En este orden, la Corte Constitucional ha precisado que, por analogía, se pueden
aplicar las causales de nulidad dispuestas en el artículo 133 del CGP, siempre que no

29
Corte Constitucional, auto A-311 de 2025.
30
Corte Constitucional, auto A-892 de 2025.
31
Corte Constitucional, sentencia T-661 de 2014.

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sean contrarias a los principios de celeridad y eficacia que caracterizan a la acción de
tutela.

47. Así pues, en atención a lo dispuesto en el CGP, se ha pronunciado sobre la
nulidad de lo actuado en múltiples procesos de tutela, con ocasión de la
configuración de diversas causales de nulidad previstas en el artículo 133 ibidem,
por ejemplo: (i) la indebida notificación de las partes32, (ii) la falta de competencia
de la autoridad judicial para resolver la controversia33 y (iii) la pretermisión de
instancia34. De esta manera, ha referido lo siguiente:

Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que
vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador – y excepcionalmente
el constituyente- les ha atribuido la consecuencia – sanción- de invalidar las
actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la
actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido
proceso […]35.

48. En el asunto bajo estudio, la parte accionante solicitó que se declare la
«nulidad absoluta» con fundamento en que la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo
estaba desprovista de competencia legal para deliberar, aprobar o firmar la
sentencia que corresponda emitir en primera instancia, pues fue recusada en el
trámite de tutela.

49. Al respecto, cabe decir que, además de que no proceden las recusaciones en
el trámite de tutela, la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo no manifestó
encontrarse en situación de impedimento prevista en el artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. Por tal razón, no se configura alguna razón que afecte la
competencia de la Sala o de la mencionada autoridad para conocer y decidir sobre
el escrito de amparo. En ese orden, se negará la solicitud de nulidad.

3.4. Problema jurídico

50. Antes de formular el problema jurídico a resolver, es preciso aclarar que la
acción de tutela está interpuesta, por una parte, contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por proferir la sentencia del 3 de abril de 2025 y otras
actuaciones del proceso de nulidad electoral; y, por otra parte, contra la Presidencia
de la República de Colombia, con ocasión del cumplimiento del mencionado fallo.

51. En tal sentido, la Sala debe determinar si ¿el escrito de amparo cumple con
los presupuestos generales de procedibilidad? En caso afirmativo, corresponderá
establecer si ¿las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a elegir y
ser elegido y los derechos culturales del pueblo raizal de la parte tutelante?

32
Véanse, entre otras, las siguientes providencias: Auto 287 de 2001, Auto 315 de 2006, Auto 360 de 2015, y
Auto 002 de 2017.
33
Corte Constitucional, auto A-596 de 2017.
34
Véanse, entre otras, las siguientes providencias: Auto 026 de 1996, Auto 188 de 2003, y Auto 123 de 2009.
35
Corte Constitucional, sentencia T-165 de 2010, criterio reiterado en sentencias T – 661 de 2014, SU – 116 de
2018, entre otros.

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3.4.1. Procedencia de la acción de tutela

52. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley.

53. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado36 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, con el fin de evitar que dentro de los procesos judiciales se
haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional37.

54. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

55. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales38 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

56. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución39.

57. Ahora bien, cuando el mecanismo constitucional no está dirigido en contra de
una providencia judicial solo son dos los requisitos de procedencia: la subsidiariedad
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
37
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
39
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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y la inmediatez40. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable41; y el segundo
consiste en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable,
pues de lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de
tutela queda en entredicho […]»42.

3.5. Caso concreto

58. En el asunto bajo estudio, el señor Richard Nicolás Martínez, en nombre propio
y como representante de la fundación Misión Archipiélago de San Andrés, presentó
solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, a elegir y ser elegido y a los culturales
del pueblo raizal.

59. Estas garantías las consideraron vulneradas por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en el proceso de nulidad electoral iniciado contra el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez, por un lado, por presuntas irregularidades en la valoración
probatoria, la aplicación normativa y vicios procesales, materializados con la
sentencia del 3 de abril de 2025; y, por otro lado, porque dicho fallo quedó
ejecutoriado pese a que había múltiples solicitudes, recursos, recusaciones y
nulidades que no fueron resueltas de fondo.

60. También, por la Presidencia de la República, por dar cumplimiento al
mencionado fallo de nulidad electoral pese a que fue informada de las
irregularidades y vicios en que se incurrió en el proceso ordinario.

3.5.1. Cargos contra la sentencia del 3 de abril de 2025

61. La parte accionante manifestó que se configuró un defecto sustantivo en la
sentencia del 3 de abril de 2025, por la «insalvable contradicción y una flagrante
vulneración al principio de seguridad jurídica», pues se «convalidó un sustento legal
[…] a sabiendas de que carecía de aplicación para el caso concreto».

62. También, que el ponente consignó en su aclaración de voto que la causal de
doble militancia es aplicable a las adhesiones, pero no a las coaliciones políticas, y
que la referida providencia omitió la valoración integral de la prueba pericial
aportada sobre los videos aportados al proceso, pues carecían de integridad,
trazabilidad forense, estaban editados, alterados, no coincidían los movimientos
fisonómicos, entre otros cargos de inconformidad.

63. Al respecto, es necesario tener en cuenta que, del certificado emitido por la
Secretaría General del Consejo de Estado en cumplimiento del requerimiento del
auto admisorio y de la revisión de la plataforma Samai, la Sala encuentra que el
señor Richard Nicolás Martínez Olivera, ya sea en nombre propio o como
representante de la fundación Misión Archipiélago de San Andrés, ha adelantado

40
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
41
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
42
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.

13

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las siguientes acciones de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado
con ocasión del expediente de nulidad electoral y la sentencia del 3 de abril de 2025:

# Radicado Pretensiones Cargos Decisión
1 11001- «Se revoque el auto [sic] «i) se desconocieron los Consejo de Estado,
03-15- de fecha tres (03) de abril derechos colectivos del Sección Tercera,
000- de dos mil veinticinco pueblo raizal por Subsección B, sentencia
2025- (2025) dentro de la exigirles a dos del 19 de mayo de 2025:
02206-00 demanda de nulidad intervinientes «2º) Declárase
proceso 11001-03-28- interesados hacerlo en improcedente la acción de
000-2023-00103-00 que idioma castellano, ii) se tutela presentada por la
le anuló la elección del aplicaron las normas parte actora por
doctor NICOLAS IVAN sobre la doble militancia incumplimiento del
GALLARDO VASQUEZ, sin tener en cuenta el requisito de relevancia
para ser gobernador del contexto étnico y se constitucional frente a los
Departamento de San valoraron indebidamente defectos endilgados a la
Andres, Providencia y unos videos que fueron sentencia.
Santa Catalina, para tachados de falsedad y, 3º) Deniégase la acción
el periodo 2024-2027»43. por último, iii) se omitió el de tutela en lo referente al
trámite de consulta argumento relacionado
previa»44. con la
necesidad de adelantar el
trámite de consulta
previa».
2 11001- «ordenar, la no aplicación «ordenó la anulación de Sección Cuarta del
03-15- de las sentencias45 en la elección del Consejo de Estado, auto
000- ambos procesos mandatario, apoyado en del 26 de septiembre de
2025- judiciales, objeto de esta una ley, que, por no 2025:
05321-00 acción constitucional, por haber sido actualizada a «Rechazar la acción de
cuanto dichas sentencias, los avances tecnológicos tutela presentada por el
no encajan en la actuales, tal como lo es señor Richard Nicolás
constitución, violan el la ley 1475 de 2013, Martínez Olivera en
derecho internacional permite que se puedan nombre propio y en
humanitario y los presentar pruebas para calidad de representante
compromisos de demostrar la doble de la sociedad Misión
Colombia, para la militancia, fabricadas en Archipiélago De San
protección de las laboratorio y mediante Andrés, de conformidad
comunidades étnicas los últimos avances con lo dispuesto por el
protegidas, como las acá tecnológicos, que ofrece artículo 17 del Decreto
involucradas como la ciencia y la inteligencia 2591 de 1991».
víctimas de una ley, artificial, lo cual la ley
inconstitucional, obsoleta mencionada no previó,
y que, por ser obsoleta, se tal como ocurrió en esta
presta para la corrupción demanda».
y la violación de los
derechos humanos en los
procesos judiciales de
doble militancia»46.
3 11001- «primero: se ampare el «Se tomó la decisión de Subsección B de la
03-15- derecho al debido anular la elección […] Sección Tercera del
000- proceso a mi coadyuvado SIN MOTIVACION, SIN Consejo de Estado,

43
Escrito de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02206-00.
44
Extraído de la sentencia del 19 de mayo de 2025 proferida dentro del expediente de tutela con radicado núm.
11001-03-15-000-2025-02206-00.
45
En esta oportunidad, la acción de tutela cuestionó el proceso de nulidad electoral con radicado núm. 11003-
03-15-000-2023-00103-00 y el núm. 88001-23-33-000-2023-00059-00 adelantado ante el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
46
Escrito de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05321-00.

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2025- doctor Niciolas Ivan PRUEBAS. La falta de sentencia del 14 de mayo
07397-00 Gallardo Vásquez, en la motivación [de] la de 2026:
demanda de nulidad por sentencia […] del 03 de «50. En ese orden de
doble militancia. segundo: abril de 2025, en contra ideas, la Sala concluye
se conceda como medida del Gobernador Raizal, que la presente acción
provisional de defensa, la es la pieza clave o motivo reproduce una
suspensión de la principal por el cual se controversia
sentencia proferida por la deben conceder las constitucional que ya fue
Sección Quinta del pretensiones de la planteada y decidida por
Consejo de Estado, el día presente acción de tutela esta corporación en el
03 de abril de la presente como mecanismo de expediente 11001-03-15-
anualidad, que ordenó la protección transitorio, 000-2025-02206-00. La
anulación de la elección porque la accionada […], nueva demanda no
del gobernador de San no dio cumplimiento al introduce una situación
Andrés elegido por voto principio de fáctica o jurídica
popular para gobernar el TRANSPARENCIA Y DE autónoma que justifique
Archipiélago durante el CERTEZA que deben reabrir el debate, sino que
periodo 2024-2027». imprimirle los servidores insiste en obtener, por vía
judiciales, al fundar sus de tutela, la suspensión o
decisiones judiciales, pérdida de efectos de la
más en casos como la misma sentencia electoral
presente, donde la previamente cuestionada.
sentencia, implica la Por tanto, se configura la
decisión arrebatarle a temeridad prevista en el
más de 20.00 electores a artículo 38 del Decreto
su gobernante, elegido 2591 de 1991, razón por
por voto popular». la cual la demanda de
tutela será rechazada.
[…]
QUINTO: RECHAZAR
POR TEMERIDAD la
presente solicitud de
amparo presentada
por Richard Martínez
Olivera.».
4 11001- «2. La nulidad de todas Adujo que el poder que Subsección B de la
03-15- las actuaciones otorgó el señor César Sección Segunda del
000- subsiguientes a la Daniel Castro Muñoz al Consejo de Estado,
2026- presentación de la abogado Carlos Manuel sentencia del 11 de mayo
00118-00
demanda en el proceso Alfaro Fonseca dentro de 2026:
con radicado 2023- del proceso judicial «Segundo: Declarar la
00103-00, incluyendo la electoral contiene falta de legitimación en la
sentencia de nulidad, inconsistencias y no causa por activa de la
debido a la falta de cumplió con los fundación Misión
personería del requisitos [legales]. Archipiélago de San
demandante principal. […] Andrés, para presentar la
3. A la Sección Quinta del […] el quorum de la Sala tutela con la pretensión de
Consejo de Estado que que decidió la sentencia amparo del derecho
estudie y valore la prueba del 3 de abril de 2025 fundamental al debido
del dictamen pericial estuvo afectado con la proceso del señor el
aportado por la defensa, ausencia de uno de los Nicolás Iván Gallardo
que concluye la falta de magistrados, de manera Vázquez».
confiabilidad de la prueba que el demandado no
digital presentada por la tuvo la posibilidad de ser
parte actora. juzgado por la totalidad
4. Que se investigue la de jueces naturales […].
falta de quórum en la […] al proceso ordinario
sesión de decisión del 3 fueron aportados varios

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de marzo de 2025 y se dictámenes periciales
determinen las que concluyeron que los
consecuencias videos del demandante
procesales de dicha no garantizaban la
irregularidad». integridad, inalterabilidad
ni rastreabilidad de su
contenido […]».
Tabla 2: Relación de acciones de tutelas iniciadas por el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, en
nombre propio o como representante de Misión Archipiélago de San Andrés, contra la Sección
Quinta.

64. De lo expuesto, cabe destacar que en la primera y cuarta acción fungió como
tutelante la fundación Misión Archipiélago de San Andrés; en la tercera, el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera; y en la segunda, estos dos de manera conjunta.
Sin embargo, aunque legalmente la mencionada fundación es una persona jurídica
autónoma con derechos propios, lo cierto es que el señor Richard Nicolás Martínez
Olivera actúa a través de ella en su condición de representante legal.

65. En este punto, es preciso recordar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
prevé que, cuando un mismo escrito de tutela sea interpuesto por una persona o su
representante ante distintos jueces, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes de amparo, por constituir actuaciones temerarias. Dicha norma,
de acuerdo con la Corte Constitucional47, encuentra sustento en el deber de actuar
conforme con los mandatos superiores de buena fe y de colaboración con la
administración de justicia para evitar que la labor judicial resulte afectada.

66. Ahora bien, para que se estructure una actuación temeraria por presentación
simultánea o sucesiva de tutelas, deben concurrir los siguientes elementos:

(i) Identidad de partes, es decir, que las acciones de tutela se hayan interpuesto por
la misma persona (ya sea de forma directa o por medio de apoderado o
representante) y se dirija contra el mismo demandado.

(ii) Identidad de causa petendi, esto es, que el ejercicio repetido de la acción de tutela
se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

(iii) Identidad en el objeto, o en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos
fundamentales48.

67. Además de los anteriores elementos, es necesario que el juez de tutela
determine si el accionante carece o no de un motivo justificado para hacer uso del
mecanismo de defensa de derechos fundamentales. Según el alto tribunal
constitucional, ello se traduce en que debe estar demostrado que la parte activa
obró con mala fe, deslealtad procesal o infringiendo el principio de moralidad
administrativa49.

47
Corte Constitucional, sentencia T-254 de 2023.
48
Ibidem.
49
Corte Constitucional, sentencia T-504 de 2024.

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68. En todo caso, la Corte advierte que en los eventos en que sobrevenga la triple
identidad, pero no haya temeridad, los escritos de amparo serán improcedentes,
pues el ejercicio simultáneo o sucesivo de las tutelas puede ser consecuencia de
«(i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho»50.

69. En el caso concreto, la Sala observa que la acción estudiada en esta
oportunidad y las tutelas anotadas en la tabla 2 fueron iniciadas por el señor Richard
Nicolás Martínez Olivera, en nombre propio, en representación de la fundación
Misión Archipiélago de San Andrés o en ambas condiciones, contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con ocasión del proceso de nulidad electoral con
radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00103-00.

70. En todos los referidos trámites, la pretensión principal buscó que se dejara sin
efectos o se anulara la sentencia del 3 de abril de 2025 que declaró la nulidad de la
elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por supuestos vicios en la aplicación
normativa de la causal de doble militancia, por indebida valoración probatoria de los
videos aportados con la demanda y los dictámenes periciales, entre otros
argumentos.

71. En ese orden, esta Sala considera que se estructura la triple identidad entre la
presente solicitud de amparo y las relacionadas en la tabla 2, en la medida en que
existe coincidencia de partes: por activa, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera,
en nombre propio o en representación de Misión Archipiélago de San Andrés y, por
pasiva, la Sección Quinta del Consejo de Estado; de causa petendi, pues todas las
acciones están sustentadas en supuestos vicios del proceso de nulidad electoral; y
de objeto, porque buscan que la sentencia del 3 de abril de 2025 no surta efectos.

72. Lo anterior, al margen de que, en cada una puedan existir diferencias que no
alteran sustancialmente el asunto, como, por ejemplo, que en algunas se incluyan
otras autoridades accionadas o se adicionan reparos contra la Sección Quinta de
esta corporación durante el trámite del proceso ordinario, toda vez que coinciden en
los elementos de la triple identidad.

73. En cuanto a la mala fe requerida para advertir una actuación temeraria, es
necesario indicar que en todos los escritos de amparo se manifestó el juramento
exigido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, consistente en que no se habían
interpuesto otras acciones por los mismos hechos y argumentos.

74. En principio, dicho juramento carece de veracidad al tener en cuenta que
existen varias acciones que cumplen con la triple identidad; no obstante, se infiere
que la parte actora, por posible desconocimiento específico en el ejercicio de este
mecanismo constitucional, pudo incurrir en el error de convencimiento de que sus
tutelas son diferentes por incluir nuevos accionados, cargos distintos o reproches

50
Ibidem.

17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

formulados en otros términos, pese a que todos son interpuestos contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con la misma pretensión de que se deje sin efectos
la sentencia del 3 de abril de 2025.

75. Además, cabe destacar que, en memoriales aportados por el accionante, este
reconoce la existencia de los otros trámites de tutela, de manera que no pretende
ocultar sus actuaciones al juez constitucional como un acto de mala fe o deslealtad
procesal.

76. Por las razones expuestas, esta Sala considera que hay lugar a declarar la
improcedencia de los reparos interpuestos contra la sentencia del 3 de abril de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en los términos descritos
por la Corte Constitucional, dado que se cumple con la triple identidad, sin que en
esta oportunidad se pueda advertir una actuación de mala fe.

77. Por otra parte, resulta oportuno abordar el estudio del requisito de inmediatez
en el caso concreto.

78. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

79. Ahora bien, cuando la solicitud de tutela se presenta contra una providencia
judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica
y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente ha
definido un litigio y una situación jurídica en particular.

80. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado51 explicó que el término de inmediatez cobra
mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se dirige a cuestionar providencias
judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró
que, para que el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable,
se debía presentar la tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación o
ejecutoria de la providencia reprochada.

81. Por su parte, la Corte Constitucional también ha considerado el término de 6
meses como un parámetro de razonabilidad:

41. Por la importancia que reviste la garantía de estos principios, la jurisprudencia
constitucional ha considerado el tiempo de seis meses como un parámetro de
razonabilidad:

“Como parámetro general, en varias providencias, esta Corporación ha dicho

51
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

que ante la inexistencia de un término definido, en algunos casos se ha
considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podría
declararse la improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las
particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que
justifiquen la inactividad del accionante”.

42. Lo anterior no significa que aquel corresponda a un término de caducidad, o que
seis meses sea el tiempo máximo de lo que se considera razonable. Por el contrario,
la Corte Constitucional ha reconocido que la razonabilidad no está establecida de
antemano y que es tarea y competencia del juez valorarla en cada caso52.

82. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»53.

83. En relación con el concepto de «razonabilidad», el alto tribunal constitucional
indicó desde sus inicios54 que la inmediatez es un plazo que está determinado por
la finalidad misma de la tutela y que debe ser ponderado en cada caso concreto a
partir de los hechos, de manera que se trata de un «tiempo prudencial y adecuado»
que no vulnere derechos de terceros. En tal sentido, también es una obligación del
juez verificar cuándo la solicitud de amparo no fue interpuesta de manera razonable.

84. Específicamente, en cuanto a la tutela contra providencias judiciales, la Corte
explicó lo siguiente:

Esta Corporación también ha señalado que la inmediatez adquiere particular
relevancia cuando se trata de la impugnación de providencias judiciales, en tanto no
puede mantenerse indefinidamente la incertidumbre sobre la firmeza de las
decisiones. En ese sentido, si bien de manera excepcionalísima procede la acción de
tutela contra providencias judiciales, cuando estas constituyan una vía de hecho, la
naturaleza grosera y protuberante del defecto que habilita el amparo exige que su
solicitud sea inmediata. Por ello, no resulta admisible que las partes afectadas dejen
transcurrir pasivamente el tiempo para, con posterioridad a un lapso razonable,
cuestionar la actuación judicial y solicitar su revisión. Dicha inacción, salvo que cuente
con una justificación suficientemente fundada, evidencia la ausencia de un perjuicio
que requiera el remedio urgente para el cual fue concebida la acción de tutela55.

85. Pues bien, esta Sala ha acogido, de manera pacífica y como regla general, el
criterio de inmediatez fijado por el Consejo de Estado56, entendido como un plazo
razonable de 6 meses contado desde la ejecutoria de la providencia objeto de tutela
hasta la interposición de la acción.

86. En todo caso, y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, no se desconoce que el mencionado requisito depende
exclusivamente de las circunstancias de cada caso, por cuanto son las

52
Corte Constitucional, sentencia T-473 de 2024.
53
Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
54
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
55
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2026.
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

particularidades de los hechos los que determinan que el tiempo transcurrido desde
el hecho generador de la vulneración de derechos fundamentales y la interposición
de la solicitud de amparo fue razonable, prudencial y adecuado.

87. En el asunto bajo estudio, la Sección Quinta de esta corporación, mediante
auto proferido el 13 de mayo de 2026, indicó que la sentencia del 3 de abril de 2025
quedó ejecutoriada el 7 de abril de 2026, según constancia secretarial.

88. Así pues, en principio, de acuerdo con la regla que esta Sala ha aplicado de
manera pacífica para efectos de analizar el requisito de inmediatez, dicho
presupuesto estaría superado en esta oportunidad, toda vez que desde la ejecutoria
de la sentencia objeto de reparos hasta la interposición de la tutela no transcurrieron
más de 6 meses.

89. Sin embargo, en atención a los parámetros definidos por la Corte
Constitucional sobre la materia, es preciso estudiar si en el caso concreto la solicitud
de amparo fue interpuesta en un plazo razonable, prudencial y adecuado.

90. Revisadas las actuaciones surtidas en el expediente ordinario de nulidad, con
posterioridad al fallo del 3 de abril de 2025 las secciones Primera y Quinta de esta
corporación emitieron las siguientes providencias que resolvieron unas solicitudes
de aclaración, adición, recusaciones, recursos y nulidades presentados:

Índice Fecha del Solicitante(s) Tipo de solicitud Decisión
auto
199 30 de abril Richard Nicolás Aclaración y adición de Se negó la solicitud.
de 2025 Martínez la sentencia, con el fin
Olivera, en de que se efectuara la
nombre propio y traducción de la
en providencia al idioma
representación creole.
de la Misión
Archipiélago de
San Andrés
246 5 de junio Nicolás Iván Recusación contra los Se rechazaron de plano las
de 2025 Gallardo magistrados de la recusaciones presentadas
Vásquez y Sección Primera y los contra los magistrados de
Richard Nicolás integrantes de la Sala las secciones Primera y
Martínez Olivera que firmaron la Quinta.
sentencia del 3 de abril
de 2025.

272 7 de julio de Partido Liberal Nulidad procesal Se rechazaron de plano las
2025 Colombiano y contra el auto del 5 de solicitudes.
Richard Nicolás junio de 2025,
Martínez Olivera mediante el cual se
decidió sobre las
solicitudes de
recusación
presentadas.

301 24 de julio Nicolás Iván Nulidad procesal Se estuvo a lo resuelto en el
de 2025 Gallardo contra el auto del 5 de auto del 7 de julio de 2025 y,
Vásquez junio de 2025,

20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

mediante el cual no se en consecuencia, se negó la
tuvieron en cuenta los solicitud.
argumentos
esgrimidos por el
Director Jurídico del
Partido Liberal
Colombiano.
353 3 de Nicolás Iván Recurso de reposición No se repuso el auto dictado
septiembre Gallardo contra el auto del 24 de el 24 de julio de 2025.
de 2025 Vásquez, julio de 2025, mediante
Partido Liberal el cual se ordenó estar Se rechazó de plano el
Colombiano y a lo resuelto en el auto recurso interpuesto por el
Richard Nicolás del 7 de julio de 2025. señor Richard Nicolás
Olivera Martínez Olivera.
Martínez.
375 26 de Nicolás Iván Nulidad procesal Se rechazaron de plano las
septiembre Gallardo contra el auto del 3 de solicitudes.
de 2025 Vásquez y septiembre de 2025.
Richard Nicolás Se ordenó a la Secretaría de
Martínez la Sección Primera que
Olivera cualquier solicitud relativa a
insistir en la recusación de
los magistrados de las
secciones Quinta y Primera
del Consejo de Estado, o en
la nulidad del proceso por
estos mismos hechos, no
sea remitida al despacho.
394 14 de Richard Nicolás Solicitud de traducción Se rechazó de plano la
octubre de Martínez al idioma creole de los solicitud.
2025 Olivera actos que se hubieran
emitido y se emitieran
a partir del 6 de julio de
2025.
447 18 de Misión Nueva recusación Se puso en conocimiento de
noviembre Archipiélago de contra los magistrados los magistrados la nueva
de 2025 San Andrés de la Sección Quinta recusación para que se
del Consejo de Estado. pronunciaran al respecto.
461 27 de Nicolás Iván Recusación Se rechazó de plano la
noviembre Gallardo presentada por Nicolás recusación planteada contra
de 2025 Vásquez y el Iván Gallardo Vásquez los magistrados de la
Partido Liberal contra los magistrados Sección Primera de esta
Colombiano de la Sección Primera corporación.
de esta corporación.
Se declaró infundada la
Recusación recusación formulada contra
presentada por el los magistrados de la
Partido Liberal Sección Quinta.
Colombiano y por el
señor Nicolás Iván Se conminó a los sujetos
Gallardo Vásquez procesales a que se
contra los magistrados abstuvieran de entorpecer y
de la Sección Quinta dilatar desarrollo del
de esta corporación. proceso.
499 29 de enero Nicolás Iván Solicitud de aclaración Se negaron las solicitudes
de 2026 Gallardo y adición del auto presentadas.
proferido el 27 de
noviembre de 2025.

21

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

Vásquez y
Richard Nicolás
Martínez Olivera
529 5 de marzo Richard Nicolás Recusación contra los Se rechazó por
de 2026 Martínez Olivera magistrados de la improcedente la solicitud.
y Misión Sección Quinta de esta
Archipiélago de corporación.
San Andrés
554 25 de marzo Richard Nicolas Recurso de reposición, Se negó la solicitud y se
de 2026 Martínez Olivera en subsidio, de súplica, declaró improcedente el
contra el auto proferido recurso de súplica.
el 30 de abril de 2025.
556 25 de marzo Nicolás Iván Aclaración y adición de Se negaron las solicitudes.
de 2026 Gallardo la sentencia proferida
Vásquez, el el 3 de abril de 2025. Se ordenó abstenerse de
Partido Liberal resolver las solicitudes de
Colombiano, el recusación y las demás
Partido Nuevo peticiones consistentes en
Liberalismo y aclaración, adición, nulidad,
Glessy Bent prejudicialidad, exclusión
Forbes. probatoria y suspensión del
proceso, presentadas por
los señores Nicolás Iván
Gallardo Vásquez y Richard
Nicolás Martínez Olivera,
por ser abiertamente
impertinentes y dilatorias.
602 17 de abril Nicolás Iván Solicitudes Se ordenó abstenerse de
de 2026 Gallardo presentadas por: resolver las demás
Vasquez, solicitudes instauradas por
Richard Nicolás Nicolás Iván Gallardo el demandado Nicolás Iván
Martínez Vásquez, Richard Gallardo Vásquez, el
Olivera, los Nicolás Martínez Director Jurídico del Partido
partidos Liberal Olivera y los partidos Liberal y Richard Nicolás
Colombiano, Liberal y Nuevo Martínez Olivera.
Nuevo Liberalismo, para que
Liberalismo, se declare la nulidad Se rechazaron de plano las
Cambio Radical del auto proferido el 25 solicitudes presentadas,
y Centro de marzo de 2025. incluida la del Centro
Democrático Democrático y se tuvo como
coadyuvante al Partido
El Partido Centro Cambio Radical.
Democrático presentó
memorial el 9 de abril
de 2026, con el fin de
que se declarara la
nulidad de la sentencia
proferida el 3 de abril
de 2025, por haber
incurrido en defecto
sustantivo al omitirse la
notificación por aviso
del proceso,
circunstancia que
impidió el ejercicio del
derecho de defensa.

22

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

617 27 de abril Partido Solicitud de nulidad de Se rechazó de plano la
de 2026 Conservador todo lo actuado dentro solicitud de nulidad
Colombiano y del proceso. instaurada por el Partido
Richard Nicolás Conservador Colombiano.
Martínez Olivera Solicitudes
presentadas por el Se ordenó abstenerse de
señor Richard Nicolás resolver las demás
Martínez Olivera, solicitudes, instauradas por
condensadas en una el señor Richard Nicolás
tabla. Martínez Olivera, por ser
dilatorias e injustificadas.

Se exhortó al señor Richard
Nicolás Martínez Olivera
para que se abstenga de
continuar con la
presentación de memoriales
abiertamente impertinentes
y con ánimo dilatorio.
638 13 de mayo Richard Nicolás Solicitudes Se ordenó el archivo del
de 2026 Martínez Olivera presentadas por el proceso.
señor Richard Nicolás
Martínez Olivera. Se ordenó abstenerse de
resolver las solicitudes
instauradas por el señor
Richard Nicolás Martínez
Olivera, debido a que
buscaban dilatar el proceso.
654 25 de mayo Richard Nicolás El señor Richard Se ordenó estarse a lo
de 2026 Martínez Olivera Nicolás Martínez dispuesto en el proveído del
Olivera presentó 13 de mayo de 2026,
solicitudes, entre ellas mediante el cual se ordenó
la nulidad de todo lo el archivo del presente
actuado, proceso.
especialmente del auto
proferido el 13 de mayo
Se ordenó abstenerse de
de 2026, mediante el
resolver las solicitudes
cual se dispuso elinstauradas por el señor
archivo de la presente
Richard Nicolás Martínez
actuación. Olivera, por cuanto
buscaban la dilatación del
proceso.
Tabla 3: Resumen de los autos proferidos en el proceso ordinario de nulidad electoral con
posterioridad a la sentencia del 3 de abril de 2025.

91. En particular, la Sala revisó las providencias emitidas con posterioridad al auto
del 30 de abril de 2025, el cual negó las peticiones de aclaración y adición de la
sentencia, y encontró que estas se limitaron a resolver solicitudes, recursos,
nulidades y recusaciones abiertamente improcedentes por infundados, carentes de
sustento legal, reiterativos y dilatorios, tal y como lo expuso las secciones Primera
y Quinta del Consejo de Estado.

92. Pues bien, la fundación Misión Archipiélago de San Andrés, por conducto de
su representante legal el señor Richard Nicolás Martínez Olivera, presentó el 21 de
abril de 2025 escrito de amparo con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02206-
00 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia

23

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

emitida en el proceso de nulidad electoral. Por su parte, la tutela de la referencia fue
interpuesta el 14 de abril de 2026, es decir, transcurrido casi un año.

93. En atención a lo expuesto, es preciso advertir que el fallo del 3 de abril de 2025
quedó ejecutoriado el 7 de abril de 2026 debido a que, bajo parámetros de legalidad,
debían ser resueltos todos los recursos, solicitudes, nulidades y recusaciones, a
pesar de que finalmente resultaran improcedentes. Sin embargo, dicha formalidad
no puede ser un criterio en el caso concreto para estudiar el cumplimiento del
requisito de inmediatez, toda vez que la parte tutelante pudo ejercer la defensa de
sus derechos fundamentales desde el 21 de abril de 2025 que presentó la primera
acción.

94. Aplicar la regla general de inmediatez y contar seis meses como plazo
razonable desde el 7 de abril de 2026 cuando quedó ejecutoriado el fallo del 3 de
abril de 2025, sería permitir que dicha decisión judicial sea cuestionada durante más
de 18 meses desde que fue proferida y notificada, como consecuencia de que los
recursos, solicitudes, nulidades y recusaciones improcedentes extendieron su
ejecutoria, circunstancia que desconoce los postulados de cosa juzgada y seguridad
jurídica, así como el derecho al debido proceso de la contraparte.

95. En este punto, es preciso traer a colación el auto del 10 de junio de 202657
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró que el señor
Richard Nicolás Martínez Olivera incurrió en las conductas descritas en los
numerales 5 del artículo 79 del Código General del Proceso y 5 del artículo 60A de
la Ley 270 de 1996, toda vez que presentó múltiples solicitudes con fines dilatorios,
dentro del expediente de nulidad electoral; y le impuso multa de 10 smlmv58.

96. Lo anterior, por los siguientes argumentos:

Como se observa del recuento de los antecedentes del proceso y de cada una de las
actuaciones adelantadas en el mismo, el señor Richard Nicolás Martínez Olivera ha
presentado múltiples memoriales luego de haberse resuelto tres recusaciones
presentadas contra la Sección Quinta de esta Corporación: la primera, formulada por
el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez -demandado en el proceso de nulidad
electoral- y el señor Richard Martínez Olivera, en calidad de tercero coadyuvante del
demandado en mención. La segunda, formulada por el señor Gallardo Vásquez y, la
tercera, presentada por el señor Martínez Olivera.

Todas las recusaciones fueron resueltas por la Sección Primera, mediante los autos
el 5 de junio y 27 de noviembre de 2025 y 5 de marzo de 2026, ordenando su
devolución al juez de la causa.

Dichas peticiones han consistido en reiteradas solicitudes de nulidad (18 de junio, 9
de septiembre, 14 de octubre, 16 de diciembre de 2025, entre otras), recursos de
reposición (6 de agosto de 2025), derechos de petición (9 de julio de 2025),
aclaraciones y adiciones de providencias (4 y 5 de diciembre de 2025).
Para el Despacho, la presentación de tales solicitudes configura conductas dilatorias

57
Samai, expediente núm. 11001-03-28-000-2023-00103-01, índice 22, certificado FE2DED70A34DA283
FB27038F5C01EA89 E23E453AA2684EFD 8B0238E33A80ACDB.
58
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

24

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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

sancionables al tenor del artículo 295 del CPACA.

Las actuaciones dilatorias del señor Richard Nicolás Martínez Olivera, en su calidad
de tercero impugnador y coadyuvante del demandado han sido también advertidas
por la Sección Quinta de esta Corporación, en diversas providencias, como se
observa del recuento de los antecedentes de esta decisión. A manera de ejemplo, en
las últimas decisiones de dicha sección (13 y 25 de mayo de 2026) se relacionó un
aproximado de 16 peticiones impertinentes presentadas entre el 22 de abril y el 20 de
mayo de 2026.

97. Por las razones expuestas, la Sala encuentra que los cargos de amparo
dirigidos contra la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado deben ser declarados improcedentes, por cuanto cumple con
los requisitos de la triple identidad respecto de tutelas anteriores y por no superar el
presupuesto de inmediatez.

3.5.2. Cargos contra actuaciones posteriores al fallo ordinario

98. Los accionantes manifestaron que presentaron diversas solicitudes, recursos,
recusaciones y nulidades que fueron tildadas «arbitrariamente» por la autoridad
judicial como «dilatorias» y que no fueron resueltas de fondo, lo que ocasionó que
la sentencia del 3 de abril de 2025 quedara en firme. Agregaron que la Sección
Quinta del Consejo de Estado incurrió en los defectos procedimental y fáctico, pues
no agotó los términos legales para resolver las peticiones pendientes de los
intervinientes.

99. Revisados los cargos de inconformidad, es preciso recordar frente al requisito
de exposición suficiente de hechos y argumentos, que el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No
obstante, la solicitud de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la
acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera amenazado, el
nombre de la autoridad accionada y la descripción de las demás circunstancias
relevantes para decidirla.

100. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.

101. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la

25

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia
judicial.

102. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»59.

103. Pues bien, en el asunto bajo estudio, la parte tutelante reprochó que las
diversas solicitudes, recursos, recusaciones y nulidades que presentó en el proceso
ordinario de nulidad electoral con posterioridad a la sentencia fueran calificados
como dilatorios y alegó que no fueron resueltos de fondo.

104. Al respecto, la Sala observa que, pese a que los distintos autos proferidos con
posterioridad al fallo contienen las razones por las cuales se rechazó de plano por
improcedente, declaró infundado o se abstuvo de tramitar dichas actuaciones, el
escrito de amparo no formuló argumentos concretos que permitieran advertir la
posible configuración de un defecto en las consideraciones de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, más allá de expresar una simple inconformidad.

105. Por otro lado, la parte tutelante adujo que la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos procedimental y fáctico, pues no agotó los términos legales
para resolver las peticiones «pendientes» formuladas por los intervinientes.

106. Frente a este cargo, la Sala advierte que no fueron identificados cuáles
asuntos no habían sido atendidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
falencia argumentativa que impide un pronunciamiento de fondo, pues el juez de
tutela debe garantizar la autonomía judicial y no invadir la órbita de competencia de
los jueces ordinarios de manera oficiosa; con mayor razón, si se tiene en cuenta el
contenido de la tabla 3 según la cual con posterioridad al fallo del 3 de abril de 2025
han sido emitidos más de 16 autos con pronunciamientos sobre las diversas
solicitudes, recursos, recusaciones y nulidades.

107. Por las razones consignadas con anterioridad, la Sala concluye que los
reparos de la parte accionante contra las actuaciones posteriores a la sentencia de
primera instancia no superan el requisito general de suficiencia argumentativa,
puesto que se reducen a simples afirmaciones e inconformidades que carecen de
sustento fáctico y jurídico.

59
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.
25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).

26

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

3.5.3. Acción de tutela contra la presidencia de la República

108. Por último, la parte tutelante sostuvo que informó al presidente de la República
sobre la violación sistemática de derechos fundamentales ocurrida con la decisión
del proceso ordinario de nulidad electoral y le advirtió y notificó de las irregularidades
del proceso judicial, pero que la entidad se «limitó a dar traslados administrativos
sin adoptar medidas de protección efectivas» y sin velar por la defensa de los
derechos fundamentales. Por tal motivo, pidió que se ordenara a la mencionada
autoridad no dar cumplimiento a la sentencia del 3 de abril de 2025.

109. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de
subsidiariedad exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6
del Decreto 2591 de 199160 que el juez constitucional, por un lado, verifique que el
accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan
idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de
acuerdo con las particularidades de cada caso61.

110. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos
no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables62.

111. En el asunto bajo estudio, la Presidencia de la República emitió el Decreto
0471 de 2026 por medio del cual convocó a «nuevas elecciones para elegir
Gobernador del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina», en atención a lo ordenado en la sentencia del 3 de abril de 2025 y en
cumplimiento de los artículos 303 de la Constitución y 30 de la Ley 1475 de 2011.

112. En ese orden, la Sala considera que los reparos contra la Presidencia de la
República están dirigidos a cuestionar el Decreto 0471 de 2026, por cuanto fue ese
acto el que materializó los efectos de la decisión de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

113. En tal sentido, cabe destacar que el señor Richard Nicolás Martínez Olivera
promovió medio de control de nulidad contra dicho decreto, al que le correspondió
el radicado 11001-03-28-000-2026-00181-00, que cursa ante la Sección Quinta de
esta corporación.

114. Así las cosas, dado que actualmente se discute ante el juez ordinario sobre la
legalidad del Decreto 0471 de 2026, este juez constitucional carece de competencia,
en atención al requisito de subsidiariedad que rige la acción de tutela, para efectuar

60
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
61
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
62
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.

27

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

un estudio de fondo y, por lo tanto, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo.

115. Finalmente, por sustracción de materia, no hay lugar a emitir un
pronunciamiento sobre las pretensiones de traducción oficial al idioma creole de las
principales providencias de este trámite y del proceso de nulidad y de «compulsa»
de copias, dado que los argumentos de la tutela resultaron improcedentes.

116. En todo caso, respecto de la solicitud de traducción al idioma creole de las
providencias emitidas en el trámite de tutela, es preciso recordar que, de acuerdo
con el artículo 104 del Código General del Proceso, en los procesos judiciales
deberá «emplearse el idioma español».

117. Además, la parte accionante ha efectuado todas sus intervenciones en el
lenguaje castellano en esta tutela y en las otras que ha iniciado, así como la parte
accionada y los terceros intervinientes, de manera que el derecho al acceso a la
administración de justicia no se advierte amenazado o vulnerado y en consecuencia,
no resulta pertinente adoptar alguna acción afirmativa en tal sentido.

4. Conclusión

118. Por las razones expuestas en esta providencia, la Sala declarará la
improcedencia de la tutela interpuesta por el señor Richard Nicolás Martínez, en
nombre propio y como representante de la fundación Misión Archipiélago de San
Andrés, dado que incurrió en triple identidad con otras acciones anteriores y no
superó los requisitos generales de inmediatez, subsidiariedad y hechos y
argumentos.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Desvincular del trámite constitucional al Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio del Interior y el departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por los motivos contenidos en esta providencia.

Segundo: Rechazar el recurso de reposición, por improcedente, que presentó la
parte tutelante contra el auto admisorio del 26 de mayo de 2026.

Tercero: Rechazar la recusación que presentó la parte accionante contra la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, por las razones expuestas en esta sentencia.

Cuarto: Negar la solicitud de nulidad que formuló la parte tutelante, de conformidad
con las consideraciones consignadas en este fallo.

28

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02862-00 (4416)
Accionante: Misión Archipiélago de San Andrés y Richard Nicolás Martínez Olivera
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otros

Quinto: Declarar la improcedencia de la tutela interpuesta por el señor Richard
Nicolás Martínez, en nombre propio y como representante de la fundación Misión
Archipiélago de San Andrés, por las razones expuestas en esta sentencia.

Sexto: Rechazar las demás pretensiones de amparo relacionadas con la traducción
de providencias al lenguaje creole y de «compulsa de copias», por los motivos
expuestos en esta decisión.

Séptimo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Octavo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

29

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