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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06646-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06646-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Modifíquense los numerales tercero y cuarto la sentencia del 5 de diciembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, dispónese: 1°) Declárense improcedente la acción de tutela promovida por el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, respecto de la alegada violación directa de la convención, el defecto sustantivo, el defecto fáctico, el desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución, relacionado con la alegada aplicación meramente formal de la prohibición de doble militancia. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas. 42 Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01 Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez Acción de tutela Declárase la falta de legitimación en la causa por activa, respecto del defecto por violación directa de la Constitución por vulneración de los artículos 7 y 10 de la Constitución Política. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06646-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

18 de junio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Demandante: NICOLÁS IVÁN GALLARDO VÁSQUEZ
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE PRESUNTOS YERROS
PROCEDIMENTALES Y SUSTANCIALES EN EL TRÁMITE
DEL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL ADELANTADO
EN CONTRA DEL ACTO DE ELECCIÓN DEL
GOBERNADOR DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA EL PERIODO
2024-2027.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral adelantado contra su elección como
gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como diversas actuaciones surtidas
durante el trámite de dicho proceso, por considerar que incurrieron en diversos defectos contra
providencia judicial. No obstante, la Sala modificará parcialmente la sentencia impugnada
respecto de los numerales tercero y cuarto y, en su lugar, los declarará improcedente los defectos
por distintas razones, con excepción del defecto por violación directa de la Constitución frente al
cual se declarará la falta de legitimación en la causa por activa y, en lo demás se confirmará la
decisión.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de sentencia del
5 de diciembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR las solicitudes que presentó el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez de: i) nulidad, en la que cuestionó la competencia de la Sala; ii) tramitar
en lenguaje creole la acción de tutela, y iii) rechazar los argumentos que formuló
la autoridad accionada. Lo anterior, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente: i) los recursos interpuestos contra
el auto del 14 de noviembre de 2025, y ii) la recusación formulada por el señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez contra los magistrados Elizabeth Becerra

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

Cornejo y Juan Enrique Bedoya Escobar por los motivos consignados en la
parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela que presentó el señor
Nicolás Iván Gallardo Vásquez, frente a las siguientes causales específicas: i)
defecto de violación directa de la Constitución, por no permitir la participación
en el proceso electoral en lenguaje de señas y creole; ii) violación directa de la
Constitución por desconocimiento de las normas convencionales; y iii)
sustantivo, por falta de notificación de los partidos políticos y de terminación del
proceso por abandono. Lo anterior, por los fundamentos desarrollados en este
fallo.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de amparo que formuló el señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez, respecto de las demás reparos contenidos en el escrito
de tutela, por las razones expuestas en esta providencia

(…)”. (Negrillas y mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2025, el señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez promovió proceso de acción de tutela en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, para que le sean amparados sus derechos fundamentales de
igualdad, debido proceso, elegir y ser elegido y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de unos supuestos errores procedimentales que
se produjeron en el curso del trámite del proceso de nulidad electoral y la configuración
de unos defectos en la providencia del 3 de abril de 2025.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El 4 de julio de 2023, el Partido Liberal Colombiano le otorgó el aval al señor Nicolás
Iván Gallardo Vásquez para aspirar a la Gobernación del departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para el periodo constitucional 2024–2027.

2) El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales, en las cuales
obtuvo el mayor número de votos y el 3 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora
del departamento de San Andrés expidió el formulario E-26 GOB, mediante el cual fue
declarado gobernador para el periodo 2024-2027

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

6) El 23 de noviembre de 2023, el señor César Daniel Castro Muñoz presentó demanda
en contra de su elección, por considerar que se incurrió en la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo, por cuanto se configuró la causal de anulación
electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 20111.

3) Mediante auto del 1 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda y sus reformas, al tiempo que negó la medida cautelar de suspensión
provisional del acto acusado, por considerar que no existían pruebas técnicas idóneas
que respaldaran la supuesta doble militancia.

4) A través de un extenso escrito la parte demandada contestó el libelo y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por estimar que los argumentos de los actores no
configuraban la causal de nulidad electoral, pues, únicamente demostraban que la
campaña fue legítima y que, en su momento, el candidato recibió apoyos, los cuales
agradeció públicamente, sin que por ello se pueda inferir que se configuró la doble
militancia en la modalidad de apoyo; además, formuló tacha de falsedad respecto de los
videos que fueron aportados junto con la reforma de la demanda, por cuanto, a su juicio,
estos adolecen de “incorrecciones técnicas” por posibles alteraciones o modificaciones.

5) En auto del 11 de julio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado i) fijó el litigio,
ii) negó la práctica de una prueba técnica solicitada por el Partido Liberal, iii) dispuso
dictar sentencia anticipada, iv) ordenó correr traslado para alegar de conclusión, v)
ordenó requerir a los señores Doralba Matilda Newball y Dagoberto Bowie, quienes
habían manifestado su interés de intervenir en el proceso, para que, si a bien lo tenían,
lo hicieran en idioma castellano, vi) declaró no probada la excepción de inepta demanda
formulada por la parte demandada, quien consideraba que en el libelo se acumularon de
forma indebida causales de índole subjetivo y objetivo y, vii) en relación con la tacha de
falsedad planteada por la parte demandada frente a unos videos, precisó que la
manifestación del demandado no cumplió con la carga respecto de especificar en qué
consistía la falsedad alegada, puesto que se limitó a señalar que los videos adolecen de
incorrecciones técnicas por posibles alteraciones y modificaciones pero, en ningún
momento se alegó que la imagen o la voz no correspondan a la del demandado, por lo
cual, con sustento en el precedente jurisprudencial de la propia Sección Quinta del

1
La demanda fue reformada posteriormente en dos ocasiones antes de ser admitida y el proceso se registró
con el número de radicación 11001-03-28-000-2023-00103-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

Consejo de Estado en casos similares, concluyó que los reproches en contra de esa
prueba no debían ser tramitados en los términos de los artículos 269 y 270 del CGP como
una tacha de falsedad, sin perjuicio de lo cual en la sentencia se analizarían tales
argumentos para determinar si los videos podían valorarse o si, por el contrario, fueron
alterados en su contenido.

6) El 16 de julio de 2024, los apoderados del demandado y del Partido Liberal Colombiano
interpusieron recurso de reposición y en subsidio de súplica, en particular, el primer
recurrente lo hizo frente a 1) la decisión de tramitar el asunto por la vía de sentencia
anticipada por considerar que la decisión de negar el trámite de la tacha de falsedad y,
en su lugar, dictar sentencia anticipada vulneraba sus derechos, 2) la negativa a decretar
la prueba pericial solicitada por ese partido y, 3) la exigencia para que los ciudadanos
aludidos previamente intervinieran en idioma castellano.

7) Respecto al tercer punto, afirmó que el análisis resultó ser equivocado, pues, el
despacho estimó que se presentó un video “ininteligible”, cuando en realidad se trataba
de lenguaje de señas, derivado de la condición de sorda de la señora Doralba Matilda
Newball, y, además, se asumió que esta conocía el idioma castellano por el simple hecho
de que su cédula estaba firmada, lo cual no es cierto; y respecto del señor Dagoberto
Bowie, por cuanto allegó su escrito en creole, lengua del pueblo raizal del archipiélago.

8) Agregó que si bien la decisión no indicó textualmente que se negaba la intervención
de tales terceros, en estricto sentido ese era el resultado, por cuanto, únicamente se
otorgó el término de ejecutoria de la providencia para aportar en lengua castellana los
respectivos memoriales y, aunque el artículo 104 del CGP establece que los procesos
judiciales deben adelantarse en el idioma castellano, también lo es que esa disposición
dispone que las partes pueden implementar otras lenguas o dialectos que existen en el
país, para lo cual los operadores judiciales pueden designar a un auxiliar de la justicia o
particular para que interpreten esos documentos.

9) Finalmente, más de 70 ciudadanos, mediante escritos independientes manifestaron su
desacuerdo con la decisión en relación con la participación de esos terceros, con base
en que debía prevalecer el interés que estos tienen en la causa sobre el idioma que
manejan.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

10) Con proveído del 22 de agosto de 2024, el magistrado ponente confirmó lo relativo al
trámite de sentencia anticipada y la fijación del litigio; en cuanto al trámite de la tacha de
falsedad de los videos ratificó que el artículo 270 del CGP exige que al tachar una prueba
debe explicarse en qué consiste la falsedad y que en este caso el demandado se limitó a
controvertir su contenido, por lo cual, de conformidad con la tesis imperante en la materia
no se le podía dar el trámite de tacha2, porque esta solo “procede cuando se pretende
desvirtuar la autenticidad del documento, es decir, cuando se intenta demostrar que se
duda de la autoría de cierto documento atribuido en su contra”, lo cual no se alegó en
este caso; en cuanto a la participación de los terceros, declaró la falta de legitimación por
activa de los referidos ciudadanos y de la parte demandada para proponer recurso de
reposición con el fin de oponerse a la decisión que les ordenó que, si a bien lo estimaban,
podían pronunciarse en idioma castellano, por estimar que no eran los llamados a
controvertir la decisión, toda vez que no era su derecho a participar en el proceso el que
estaba en controversia.

11) Además, sostuvo que “es necesario aclarar que la intervención de los señores
Dagoberto Bowie y Doralba Matilda Newball no ha sido negada, simplemente se les instó
para que allegaran sus manifestaciones a través de medios escritos en castellano para
que tanto el juez como los demás sujetos procesales entendieran el objeto de su
vinculación al presente trámite judicial y sea claro si pretenden respaldar a alguna de las
partes. Además, se precisa que se les otorgó como plazo para pronunciarse la ejecutoria
del auto del 11 de julio de 2024, ya que este es el término establecido para hacerse parte
como tercero en el proceso electoral”.

12) Asimismo, anotó que esta Corporación solicitó apoyo para la traducción del video en
lenguaje de señas y del escrito en lengua raizal, sin embargo, no fue posible lograr la
traducción al castellano de esos pronunciamientos, en consecuencia, si los interesados
conocieron del proceso y quisieron intervenir, ello era indicativo de que conocían el idioma
o tenían interacción con alguien que podía comunicarse con ellos y que hablaba el idioma
oficial del proceso, sin embargo, como los directamente interesados tampoco se
pronunciaron dentro del término que se les otorgó, se adoptó la determinación de seguir
con el curso del proceso; por último, fue en esta oportunidad en la que se aceptó la
intervención de la sociedad sin ánimo de lucro Misión San Andrés.

2
Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 7 de febrero del 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-01599-00,
MP Nicolás Yepes Corrales, citado en el auto del 6 de junio de 2024, exp. 11001032800020240004600 MP
Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

13) En auto del 16 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó
el recurso de súplica por improcedente, porque la providencia que requirió a los terceros
para que presentaran sus memoriales en castellano no era una de las providencias
enlistadas en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011 o en los numerales 1 a 8 del artículo
243, es decir, que no era pasible de ser controvertida a través de ese mecanismo.

14) En segundo lugar, porque el demandado no estaba legitimado para interponer un
recurso que afecta a terceros y que no impugnaron la decisión directamente (Dagoberto
Bowie y Doralba Matilda Newball) o que afectara a un tercero que desistió del recurso de
súplica, como ocurrió con el partido Liberal Colombiano.

15) El 21 de noviembre de 2024, el magistrado ponente ordenó al perito designado por
la defensa del gobernador responder el cuestionario formulado por el apoderado del
Partido Liberal Colombiano con el fin de esclarecer aspectos técnicos sobre el video
aportado como prueba de la supuesta doble militancia.

16) El 15 de diciembre de 2024, el perito ratificó su dictamen pericial y concluyó que el
video utilizado por el actor popular había sido alterado digitalmente3.

17) Durante el trámite, la defensa del gobernador aportó traducciones no oficiales de los
memoriales presentados en lengua nativa por los intervinientes mencionados, sin
embargo, según la parte actora, dichas traducciones no fueron incorporadas al
expediente ni valoradas por el despacho, con lo cual se excluyó de facto a los ciudadanos
raizales que pretendían ejercer su derecho de participación en su lengua.

18) A pesar de que se realizaron solicitudes a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ), al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y al Ministerio de las
Culturas para disponer de traductores en lengua nativa, lenguaje de señas o braille, las

3
“(…) 7. ¿En este caso, la evidencia es confiable?
Respuesta: No, técnicamente la evidencia presentada no se puede tener como confiable. Los análisis
detectaron las siguientes deficiencias:
● Alteraciones evidentes: Cambios en audio y video que comprometen la autenticidad. Existe una variación
de tiempo entre el audio y las escenas del video, lo que evidencia de lejos que el archivo ha sido
manipulado, por lo que es técnicamente imposible certificar su autenticidad, integridad y/o que no haya sido
alterado.
● Ausencia de un código hash: Nunca se utilizó un código hash para garantizar la integridad.
● Inconsistencias en los metadatos: Las fechas y atributos presentaron discrepancias deliberadas que
sugieren manipulación (…)”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

entidades no ofrecieron una respuesta garantista y, a pesar de ello, continuó el trámite
del proceso sin adoptar ninguna medida de inclusión o ajuste razonable.

19) Mediante providencia de única instancia del 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la nulidad del acto demandado con fundamento en la
configuración de la causal de doble militancia bajo la modalidad de apoyo.

20) En particular, concluyó que el demandado, en su condición de miembro activo y
afiliado al Partido Liberal, colectividad que inscribió su propia lista para la asamblea
departamental, prestó apoyo directo a varios candidatos de partidos distintos al suyo,
entre ellos, el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y otras organizaciones políticas, apoyo
que se materializó en actos positivos y concretos durante eventos públicos, discursos,
publicaciones y mensajes que constituyeron un respaldo indebido contrario al artículo 2
de la Ley 1475 de 2011 y al numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, que
consagra esta conducta como causal autónoma de nulidad electoral.

21) Además, aclaró que la pertenencia étnica del candidato no era suficiente para eximirlo
del cumplimiento del régimen de inhabilidades y que no podía aplicarse un trato
diferenciado en materia de doble militancia únicamente por su condición de miembro de
la comunidad raizal.

Fundamento de la vulneración

La parte actora sustentó las razones por las cuales consideró que el asunto reviste
relevancia constitucional y se configuraron unos defectos por diversos errores
procedimentales en el proceso de nulidad electoral y en la sentencia del 3 de abril de
2025, que lo definió, con los siguientes argumentos:

Defectos en contra de la sentencia del 3 de abril de 2025

En primer lugar, la parte actora alegó que la providencia cuestionada adolece un defecto
fáctico, porque la declaratoria de nulidad de su elección se sustentó en dos
videograbaciones aportadas mediante escrito del 27 de noviembre de 2023, después de
radicada la demanda, en formato MPA, con duración de un minuto y cincuenta y nueve
segundos y de tres minutos y nueve segundos, respecto de los cuales la Sección Quinta
de esta Corporación concluyó que acreditaban los actos constitutivos de doble militancia,

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
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pese a que no reunían las condiciones necesarias para ser valoradas como prueba dentro
del proceso electoral.

En primer término, las videograbaciones carecían de aptitud probatoria porque no
satisficieron las exigencias previstas en los artículos 243 y 244 del Código General del
Proceso, disposiciones que catalogan los videos como documentos y condicionan su
valoración a la acreditación de su autenticidad y originalidad.

Para sustentar ese planteamiento, expuso que en la sentencia de 21 de octubre de 2021,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso con radicación
no. 47001-23-33-000-2020-00075-01 se concluyó que una copia de un video extraído de
Facebook no podía valorarse como prueba ante la imposibilidad de contrastarla con el
archivo original y establecer si había sido modificada.

En segundo término, las dudas sobre la autenticidad, originalidad e integridad de los
videos fueron advertidas desde las primeras etapas del proceso y nunca fueron
despejadas antes de proferirse la sentencia; de hecho, la defensa cuestionó su
confiabilidad y la propia accionada advirtió dificultades relacionadas con su aptitud
probatoria, al punto de negar la medida cautelar solicitada, sin embargo, estas fueron el
fundamento para declarar la nulidad de la elección.

Aunque se aportó un dictamen pericial elaborado por un ingeniero de sistemas cuya
idoneidad profesional no fue controvertida durante el proceso, en el que se concluyó que
los archivos analizados no correspondían a los videos originales, sino a grabaciones
obtenidas a partir de contenidos presuntamente publicados en Facebook y que, además,
constituían fragmentos de videos de mayor duración; que carecían de metadatos que
permitieran identificar su origen y autoría; no disponían de mecanismos que garantizaran
su integridad e inalterabilidad; y presentaban rastros compatibles con procesos de edición
o manipulación digital, tales archivos sirvieron de fundamento al fallo.

En tercer término, la demandada desestimó indebidamente las conclusiones del dictamen
pericial e hizo una valoración lectura parcial del informe técnico, a pesar de que esa
prueba debía prevalecer y no fue objetada, pues el peritaje sí identificó elementos
específicos que evidenciaban procesos de edición, manipulación e intervención sobre los
archivos audiovisuales y explicaba de manera detallada las razones por las cuales no era
posible garantizar su autenticidad, originalidad e integridad.

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En segundo lugar, se configuró un defecto por desconocimiento del precedente
judicial, en consideración a que i) la sentencia de 3 de abril de 2025 se apartó de manera
injustificada de la línea jurisprudencial que la propia Sección Quinta del Consejo de
Estado ha construido en relación con las coaliciones, las adhesiones políticas y la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo y ii) aun en el evento de
admitirse la existencia de un cambio jurisprudencial, la autoridad judicial accionada
desconoció el precedente relativo a la denominada “jurisprudencia anunciada”, por aplicar
inmediatamente la nueva regla al caso concreto.

Para sustentar ese planteamiento, la parte actora invocó las sentencias de 21 de julio de
2016 (rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01), 3 de diciembre de 2020 (rad. 68001-23-33-
000-2019-00867-02), 24 de septiembre de 2020 (rad. 11001-03-28-000-2019-00074-00),
9 de marzo de 2023 (rad. 11001-03-28-000-2022-00147-00) y 22 de agosto de 2024 (rad.
11001-03-28-000-2023-00154-00), así como la sentencia SU-213 de 2022 de la Corte
Constitucional, según las cuales los candidatos inscritos por coalición podían recibir y
brindar apoyos políticos tanto a los partidos coaligados como a los partidos adherentes.

Por otro lado, aun si se admitiera que la sentencia de 3 de abril de 2025 introdujo
válidamente una nueva interpretación sobre las relaciones entre coaliciones, adhesiones
y doble militancia, dicha regla no podía ser aplicada inmediatamente al caso concreto,
para lo cual adujo como sustento las sentencias de 26 de marzo de 2015 (rad. 11001-03-
28-000-2014-00034-00), de unificación de 26 de septiembre de 2017 (rad. 25000-23-41-
000-2015-02491-01) y de 12 de agosto de 2021 (rad. 11001-03-28-000-2021-00030-00),
sobre jurisprudencia anunciada.

En tercer lugar, la parte actora alegó la configuración de una violación directa de la
Constitución porque la accionada declaró la nulidad de su elección a partir de una
concepción exclusivamente formal de la prohibición de doble militancia, sin demostrar
una afectación real a los principios constitucionales que dicha institución busca proteger,
particularmente la lealtad partidista, la libertad del elector y el fortalecimiento del sistema
de partidos políticos.

c) Defectos dirigidos contra actuaciones procesales desarrolladas durante el
trámite del proceso de nulidad electoral

La parte actora alegó la configuración de una violación directa de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos por desconocimiento del artículo 8 de dicho

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instrumento internacional, con fundamento en que el proceso de nulidad electoral fue
tramitado y decidido en única instancia, sin garantizar la posibilidad de recurrir la decisión.

Aun si se admitiera que el juez puede restringir derechos políticos mediante una sentencia
de nulidad electoral, el trámite judicial adelantado desconoció las garantías previstas en
el artículo 8 de la Convención Americana, particularmente el derecho a la doble instancia,
para lo cual citó los casos Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Herrera Ulloa vs. Costa
Rica y Arboleda Gómez vs. Colombia.

Alegó la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento de los artículos
180, 182A y 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en consideración a que la Sección Quinta del Consejo de Estado se apartó
de las reglas que gobernaban el trámite del proceso de nulidad electoral, tanto en lo
relativo a la fijación del litigio como respecto de las notificaciones que debían surtirse a
los partidos políticos que respaldaron su candidatura.

Los artículos 180 y 182A del CPACA fueron desconocidos al desbordar los límites fijados
para la controversia dentro del proceso electoral, ya que una vez agotadas las etapas de
contestación y reforma de la demanda, mediante auto de 11 de julio de 2024 se dispuso
tramitar el asunto mediante sentencia anticipada y se fijó el litigio en torno a la presunta
vulneración del artículo 107 de la Constitución Política y del artículo 29 de la Ley 1475 de
2011 por la supuesta configuración de doble militancia en la modalidad de apoyo, decisión
que fue confirmada mediante auto de 22 de agosto de 2024.

La fijación del litigio delimitó los hechos y disposiciones normativas sobre las cuales debía
recaer la decisión judicial. No obstante, la sentencia fundamentó la declaratoria de nulidad
en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, disposición que no fue incorporada a la fijación
del litigio ni identificada como una de las normas llamadas a orientar la decisión.

De otra parte, el artículo 277 del CPACA fue desconocido por considerarse válidamente
surtida la notificación de la demanda a los partidos políticos que respaldaron la
candidatura del actor y por abstenerse de aplicar la consecuencia procesal prevista para
el incumplimiento de esa carga.

El literal e) del numeral primero de dicha disposición prevé que los partidos y movimientos
políticos quedan notificados mediante avisos publicados en periódicos de amplia

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
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circulación dentro de la respectiva circunscripción electoral, actuación que no puede
confundirse con el informe a la comunidad previsto en el numeral quinto del mismo
artículo, pues ambas cumplen finalidades distintas dentro del proceso electoral.

Los partidos integrantes de la coalición que avaló la candidatura del accionante nunca
fueron notificados mediante los avisos exigidos por la ley y dentro del expediente no
obraba prueba que acreditara la realización de dichas publicaciones. En consecuencia,
la parte demandante incumplió una carga procesal expresamente prevista por el
legislador.

De conformidad con el literal g) del numeral primero del artículo 277 del CPACA, la falta
de acreditación de esas publicaciones dentro de los veinte días siguientes a la notificación
del auto admisorio al Ministerio Público imponía declarar la terminación del proceso por
abandono.

La parte actora también alegó la configuración de una violación directa de la
Constitución por desconocimiento de los artículos 7 y 10 superiores, por considerar que
la Sección Quinta del Consejo de Estado impidió la participación efectiva de integrantes
de la comunidad raizal del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina dentro del proceso de nulidad electoral y que varias personas presentaron
intervenciones en creole, lengua reconocida como oficial en dicho territorio junto con el
castellano, no obstante, mediante auto de 11 de julio de 2024 la autoridad judicial
accionada condicionó su intervención a la presentación de memoriales en idioma
castellano.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se conceda el AMPARO de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, así como el derecho
político a elegir y ser elegido5, de los que es titular NICOLÁS IVÁN GALLARDO
VÁSQUEZ, vulnerados por la autoridad judicial accionada, a través del fallo del
3 de abril de 2025, referido en precedencia.

SEGUNDA: Que se deje sin efectos lo actuado a partir, inclusive, del auto
admisorio de la demanda proferido el 01 de febrero de 2024.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA: Que se deje sin efectos lo actuado
a partir del auto de 11 de julio de 2024, mediante el cual se dispuso trámite de
procedimiento abreviado y se corrió traslado para alegar.

SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA: Que, SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia del 3 de abril de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el trámite judicial 11001-03-28- 000-2023-000103-00, que declaró la
nulidad de mi elección como Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, periodo 2024-2027, y, en consecuencia, se PROFIERA por el Juez
Constitucional o se le ORDENE a la Sala accionada emitir una nueva decisión,
en la que, bajo un adecuado análisis de su precedente, y a la luz de una correcta
valoración de las pruebas allegadas al expediente, niegue las pretensiones de
la demanda formulada en contra del Gobernador legítimamente elegido, como
medida para restablecer, no solo sus derechos fundamentales, sino, a la vez,
los derechos políticos de los más de 20.363 electores, que apoyaron su
aspiración a la Gobernación de San Andrés, así como el derecho de los partidos
y movimientos políticos que aunaron esfuerzos para lograr la extraordinaria
votación con la que fue elegido.

TERCERA SUBSIDIARIA: Que, como consecuencia de los yerros
procedimentales que se alegan en esta acción contra algunos de los autos y
providencias dictados durante el curso del proceso – diferentes de la sentencia–
, se ORDENE a la Sección Quinta retrotraer el trámite judicial adelantado en
contra de la elección del Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (2024-2027), en aras de subsanar las irregularidades procesales
cometidas por la autoridad judicial demandada, como medida de protección de
los derechos de defensa y de contradicción del elegido.

CUARTA SUBSIDIARIA: Que, bajo el AMPARO de los derechos fundamentales
mencionados, los jueces de tutela adopten las medidas pertinentes que
garanticen la efectividad de los derechos dentro del proceso de nulidad electoral
que se cuestiona.”. (Fl. 1 - 3 del escrito de la demanda de tutela).

Actuación procesal

Mediante auto de 14 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela promovida por el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y, vinculó, como
terceros con interés, al señor César Daniel Castro Muñoz, y a todas las personas,
naturales y jurídicas, que participaron como partes o intervinientes dentro del proceso con
radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00103-00, al tiempo que negó la medida cautelar
solicitada por el accionante, encaminada a suspender los efectos de la sentencia de 3 de
abril de 2025 mientras se resolvía la solicitud de amparo (índice 13 de Samai).

Durante el trámite constitucional, la parte accionante presentó diversas solicitudes de
nulidad, cuestionó la competencia de la Sala para conocer del asunto, solicitó que
determinadas actuaciones fueran surtidas en idioma creole, interpuso recursos contra

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

decisiones adoptadas dentro de la actuación y formuló recusación contra los magistrados
Elizabeth Becerra Cornejo y Juan Enrique Bedoya Escobar.

En la sentencia de primera instancia del 5 de diciembre de 2025 se negaron las
solicitudes de nulidad, la petición encaminada a que la acción de tutela fuera tramitada
en idioma creole y los cuestionamientos formulados frente a la competencia de la Sala
para conocer del asunto, igualmente, se rechazaron por improcedentes los recursos
interpuestos contra el auto de 14 de noviembre de 2025 y la recusación formulada contra
los magistrados Elizabeth Becerra Cornejo y Juan Enrique Bedoya Escobar (índice 38 de
Samai).

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado i) declaró improcedente la acción de tutela respecto de los
cuestionamientos dirigidos contra las providencias del 29 de noviembre de 2023, 14 de
diciembre de 2023, 18 de enero de 2024, 22 de febrero de 2024 y 14 de marzo de 2024,
proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad
electoral, por no cumplir el requisito de subsidiariedad y ii) negó el amparo frente a la
sentencia de 3 de abril de 2025 dictada por esa misma autoridad judicial, por concluir que
no se configuraron los defectos sustantivo, fáctico, procedimental, de desconocimiento
del precedente ni la violación directa de la Constitución alegados por el accionante.

Respecto del defecto sustantivo, concluyó que la accionada realizó una interpretación
razonable de las disposiciones que regulan la reforma de la demanda en el proceso
electoral y de las normas constitucionales y legales relativas a la doble militancia en la
modalidad de apoyo.

En particular, la decisión de admitir los memoriales presentados los días 24 y 27 de
noviembre de 2023 como reforma de la demanda obedeció a una interpretación
jurídicamente razonable del artículo 278 del CPACA y la interpretación efectuada sobre
los presupuestos de la doble militancia correspondía al ámbito de autonomía judicial de
la autoridad accionada.

En relación con el desconocimiento del precedente, estimó que la accionada no se apartó
arbitrariamente de la jurisprudencia aplicable, sino que resolvió el caso con fundamento

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

en las reglas jurisprudenciales vigentes sobre la configuración de la doble militancia en
la modalidad de apoyo, de manera que no se evidenció un apartamiento injustificado ni
una omisión de los precedentes relevantes.

Frente al defecto fáctico, consideró que la valoración probatoria efectuada por la
autoridad accionada fue razonada y se apoyó en el análisis conjunto del material
probatorio obrante en el expediente, ya que la demandada estudió expresamente los
dictámenes técnicos aportados por la defensa respecto de los videos cuestionados y
explicó las razones por las cuales tales elementos no desvirtuaban su valor demostrativo.

Por ello concluyó que la controversia planteada por el accionante correspondía a una
discrepancia con la apreciación probatoria realizada por el juez natural y no a una
valoración arbitraria o caprichosa de las pruebas.

Impugnación

El señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, Partido Liberal Colombiano y la señora Kimberly
Torres Saltos impugnaron la decisión de primera instancia con base en los siguientes
argumentos:

El señor Gallardo Vásquez señaló que el a quo aplicó de manera restrictiva e incorrecta
los criterios de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y desestimó sin un
examen suficiente los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente
que atribuyó a la sentencia de nulidad electoral.

En particular, insistió en que la autoridad judicial accionada interpretó erróneamente el
artículo 278 del CPACA, desconoció las reglas sobre fijación del litigio y sentencia
anticipada, se apartó de los precedentes sobre doble militancia y valoró indebidamente
los videos y dictámenes periciales que sirvieron de fundamento a la declaratoria de
nulidad de su elección, así como reiteró las alegaciones relacionadas con la participación
de la comunidad raizal en lengua creole (índice 43 de Samai).

El Partido Liberal Colombiano sostuvo que la sentencia de tutela incurrió en errores
procesales y constitucionales al desconocer las reglas de reparto, rechazar
indebidamente la reposición y la recusación, negar la protección lingüística de la
comunidad raizal y restringir la intervención de terceros. Adicionalmente, reiteró que la

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

sentencia electoral de la Sección Quinta incurrió en múltiples defectos sustantivos,
procedimentales y fácticos, consistentes en la indebida reforma de la demanda electoral,
la omisión de las publicaciones exigidas por el artículo 277 del CPACA, la alteración de
la fijación del litigio, la falta de garantías para la participación de la comunidad raizal y la
valoración irregular de los videos y dictámenes periciales que sustentaron la declaratoria
de nulidad de la elección del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vásquez. Por ello solicitó
revocar la sentencia de tutela, conceder el amparo y dejar sin efectos la sentencia
electoral de 3 de abril de 2025 (índice 44 de Samai).

La señora Kimberly Torres Saltos manifestó que la providencia resolvió indebidamente
las recusaciones dentro del mismo fallo que decidió el fondo de la acción constitucional,
omitió efectuar un examen material de los cuestionamientos sobre imparcialidad judicial,
restringió el control constitucional propio de la acción de tutela y afectó las garantías de
defensa y contradicción al no existir un pronunciamiento previo, autónomo e
independiente sobre tales solicitudes (índice 45 de Samai).

Actuación en segunda instancia

Mediante providencia del 23 de febrero de 2026, el magistrado ponente y el consejero
Alberto Montaña Plata, manifestamos impedimento, con fundamento en los numerales 4
y 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, sin embargo, en proveído del 19 de mayo de
2026 se declaró infundado.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3)
cuestionamientos contra actuaciones durante el trámite del proceso de nulidad electoral,
y 4) cuestionamiento contra la sentencia.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de unos supuestos errores procedimentales que
se produjeron en el curso del trámite del proceso de nulidad electoral y en la providencia
del 3 de abril de 2025.

Para efectos del presente análisis y por razones metodológicas, la Sala abordará los
cuestionamientos formulados por la parte actora en dos grupos, en primer lugar, estudiará
aquellos dirigidos contra actuaciones surtidas durante el trámite del proceso de nulidad
electoral, relacionadas con presuntas irregularidades procesales y, en segundo lugar,
examinará los reproches formulados contra la sentencia de 3 de abril de 2025, referidos
a los defectos atribuidos a dicha providencia.

En los términos en que fue planteada la controversia, la Sala modificará la sentencia
impugnada respecto de los numerales tercero y cuarto y, en su lugar, los declarará
improcedente los defectos por distintas razones, con excepción del defecto por violación
directa de la Constitución por vulneración de los artículos 7 y 10 de la Constitución Política
frente al cual se declarará la falta de legitimación en la causa por activa y, en lo demás
se confirmará la decisión, por las razones que pasan a exponerse:

Cuestionamientos contra actuaciones durante el trámite del proceso de nulidad
electoral

3.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

3.2. Análisis del requisito de subsidiariedad frente al defecto por violación directa
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

1) La parte actora sostuvo que el proceso de nulidad electoral adelantado contra su
elección como gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina desconoció el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, porque fue tramitado y decidido en única instancia, sin que existiera la
posibilidad de controvertir la sentencia de 3 de abril de 2025 ante una autoridad judicial
superior, circunstancia que, en su criterio, vulneró las garantías derivadas del debido

2) Para la Sala, este reparo es improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante contó con la oportunidad de plantear durante
el trámite del proceso electoral, particularmente en la contestación de la demanda, la
supuesta incompatibilidad entre el régimen de única instancia previsto para esta clase de
controversias y los estándares convencionales que ahora invoca como fundamento de la
solicitud de amparo.

3) En efecto, desde el inicio de la actuación judicial el actor conocía que la demanda de
nulidad electoral era competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en única
instancia, no obstante, durante el curso del proceso no promovió cuestionamiento alguno
encaminado a controvertir ese aspecto ni solicitó la adopción de medidas orientadas a
garantizar la revisión de la decisión por una autoridad judicial diferente.

4) Así las cosas, pese a conocer desde el comienzo del proceso la regla procesal que
ahora considera contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no
formuló reparo alguno frente a ella y únicamente planteó la inconformidad una vez fue
proferida la sentencia que declaró la nulidad de su elección, circunstancia que desconoce
el carácter subsidiario de la acción de tutela y la imposibilidad de emplearla para subsanar
oportunidades procesales desaprovechadas dentro del trámite ordinario.

5) En consecuencia, la Sala concluye que, en lo que a este reparo se refiere, la acción
de tutela incumple el requisito de subsidiariedad, pues el actor no planteó en la
oportunidad procesal correspondiente la inconformidad que ahora pretende someter al
conocimiento del juez constitucional por esta vía excepcional, razón por la cual este
reparo será declarado improcedente.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

3.3. El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata4”
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia
de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar
además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales5”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
“urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los

4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas
adicionales).
5
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración
o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos una decisión
judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria de la
providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como una
de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del tiempo
conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su
contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo
que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios
tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa
juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término
de 6 meses en estricto puede resultar riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad
de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se
hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y
hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

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Acción de tutela

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”6.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos7”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales
el amparo constitucional siempre será procedente.

3.4 Análisis del requisito de inmediatez frente al defecto sustantivo

6) Respecto de los artículos 180 y 182A del CPACA, la parte actora sostuvo que la
autoridad judicial demandada desbordó los límites fijados para la controversia dentro del
proceso electoral, porque mediante auto de 11 de julio de 2024, confirmado el 22 de
agosto siguiente, dispuso tramitar el asunto mediante sentencia anticipada y fijó el litigio
en torno a la presunta vulneración del artículo 107 de la Constitución Política y del artículo
29 de la Ley 1475 de 2011 por la supuesta configuración de doble militancia en la
modalidad de apoyo.

7) Afirmó que dicha delimitación constituía una garantía del debido proceso y del derecho
de defensa, pues definía los hechos y disposiciones normativas sobre los cuales recaería
la decisión judicial, no obstante, la sentencia de 3 de abril de 2025 fundamentó la
declaratoria de nulidad en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, disposición que no había
sido incorporada a la fijación del litigio ni identificada como parámetro para resolver la
controversia, circunstancia que modificó indebidamente el marco normativo del proceso.

8) De otra parte, alegó el desconocimiento del artículo 277 del CPACA porque, a su juicio,
durante el trámite del proceso electoral no se surtieron las publicaciones exigidas para

6
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
7
Ibidem.

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Acción de tutela

notificar a los partidos políticos que integraban la coalición que respaldó su candidatura
y, pese a ello, se continuó con el trámite del proceso.

9) Sostuvo que los partidos Liberal Colombiano, Cambio Radical, Centro Democrático y
Conservador Colombiano nunca fueron notificados mediante los avisos previstos en
dicha disposición y que, conforme al literal g) del numeral primero del artículo 277 ibidem,
la falta de acreditación de tales publicaciones dentro del término legal imponía declarar
la terminación del proceso por abandono y ordenar el archivo del expediente.

10) La Sala observa que ambos cuestionamientos recaen sobre decisiones procesales
adoptadas con anterioridad durante el trámite del proceso electoral, en efecto, los
reproches relacionados con la fijación del litigio y la procedencia de la sentencia
anticipada fueron resueltos mediante auto del 11 de julio de 2024 y posteriormente
confirmados por auto de 22 de agosto del mismo año, mientras que la controversia
relativa a la alegada terminación del proceso por abandono también fue examinada y
decidida en esa última providencia, en la que la accionada rechazó expresamente la
interpretación propuesta por la defensa respecto del artículo 277 del CPACA.

11) En consecuencia, si el auto de 22 de agosto de 2024 fue notificado por estado el 23
de agosto de 2024 y la acción de tutela fue promovida el 21 de octubre de 2025, resulta
evidente que transcurrió un lapso superior a un año desde la notificación de las decisiones
realmente cuestionadas, razón por la cual no se satisface el requisito de inmediatez.

12) Asimismo, la parte actora alegó el desconocimiento del artículo 278 del mismo código
con base en que la Sección Quinta del Consejo de Estado validó una reforma de la
demanda por fuera de la oportunidad procesal expresamente prevista por el legislador.

13) Según expuso, la demanda electoral inicialmente presentada no incluyó hechos
relacionados con el presunto apoyo brindado a Luis Torres James, no obstante, mediante
memoriales radicados los días 24 y 27 de noviembre de 2023 fueron incorporados nuevos
supuestos fácticos, documentos y las videograbaciones que posteriormente sirvieron de
fundamento para declarar la nulidad de su elección.

14) Indicó que mediante auto del 1 de febrero de 2024 la Sección Quinta del Consejo
Estado consideró que dichos memoriales constituían una reforma de la demanda y
concluyó que podían ser admitidos por haber sido presentados dentro del término de

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

caducidad del medio de control electoral, interpretación que desconoció el artículo 278
del CPACA, pues dicha disposición únicamente autoriza la reforma de la demanda dentro
de los tres días siguientes a la notificación del auto admisorio al demandante y no permite
introducir nuevos hechos, cargos o medios de prueba antes de la admisión de la
demanda.

15) Además, tal irregularidad fue advertida por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil
en la aclaración de voto formulada respecto de la referida providencia y, como
consecuencia de esa decisión, fueron incorporados al proceso elementos fácticos y
probatorios que posteriormente sirvieron de sustento para declarar la nulidad de su
elección.

16) Sobre el particular, la Sala considera que este cuestionamiento tampoco satisface el
requisito de inmediatez, pues, en efecto, aunque el actor presenta el cargo como un
defecto atribuido a la sentencia de 3 de abril de 2025, del contenido mismo de la demanda
de tutela se advierte que la inconformidad recae realmente sobre la decisión adoptada
mediante auto del 1 de febrero de 2024, providencia en la cual la accionada determinó
los memoriales radicados los días 24 y 27 de noviembre de 2023 como una reforma de
la demanda y dispuso su incorporación al proceso electoral.

17) Basta observar que la totalidad de la argumentación desarrollada por el accionante
se encuentra dirigida a cuestionar la legalidad de esa determinación, pues sostiene que
los hechos relacionados con Luis Torres James no hacían parte de la demanda inicial,
que fueron introducidos mediante escritos posteriores y que la autoridad judicial
desconoció las exigencias previstas en el artículo 278 del CPACA al admitirlos como una
reforma válida.

18) Así las cosas, el agravio que se alega surgió desde el momento en que se profirió la
referida providencia y no con ocasión de la sentencia que posteriormente resolvió el
medio de control electoral.

19) De otra parte, se advierte que dicha discusión no solo fue planteada oportunamente
por la defensa dentro del proceso electoral, sino que fue reiterada y resuelta en
decisiones posteriores, particularmente en el auto de 22 de agosto de 2024, mediante el
cual se confirmaron las determinaciones adoptadas durante el trámite del proceso y

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Acción de tutela

mantuvo la incorporación de los hechos y medios de prueba relacionados con Luis Torres
James.

20) Por consiguiente, el término de inmediatez debe contabilizarse desde las
providencias que definieron esa controversia procesal y no desde la sentencia de 3 de
abril de 2025, de modo que si el auto del 22 de agosto de 2024 fue notificado por estado
el 23 de agosto siguiente y la presente acción de tutela fue promovida el 21 de octubre
de 2025, transcurrió un lapso superior a un año desde la notificación de la decisión
realmente cuestionada, término que excede ampliamente el plazo razonable que la
jurisprudencia constitucional ha considerado, sin que el accionante hubiera ofrecido una
justificación suficiente para explicar su inactividad durante ese período.

21) En realidad, bajo la apariencia de un cuestionamiento dirigido contra la sentencia de
3 de abril de 2025, lo que se pretende es reabrir una discusión procesal que quedó
definida mediante providencias ejecutoriadas varios meses antes de la presentación de
la solicitud de amparo, circunstancia que impide tener por satisfecho el requisito de
inmediatez y conlleva a declarar improcedente este reparo.

3.5 La legitimación en la causa por activa para presentar acciones de tutela

Los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1992 establecen que
toda persona puede acudir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares en los casos señalados
por el referido decreto.

En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”.

En similares términos, la Corte Constitucional se ha pronunciado para indicar que “la
acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre8”.

A su vez, en la sentencia T-552 de 2006 la misma Corporación se refirió a la necesidad
de acreditar el interés de quien acude en procura de la protección de los derechos
fundamentales y señaló que “la legitimación en la causa por activa en los procesos de
tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados”.

Ahora bien, no puede desconocerse que el mecanismo de amparo diseñado en la
Constitución Política de 1991 como un medio de defensa de los derechos fundamentales
presenta entre sus características especiales la informalidad, lo cual implica que no tiene
mayores formalismos o requisitos rigurosos de procedibilidad.

Sin embargo, atendiendo a su propia naturaleza jurídica y sin obviar dicho carácter
informal, la Corte Constitucional ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela está
sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales
se destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En este sentido, analizado el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y 10
del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha sostenido que son titulares de la acción
las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por
cuanto son estas quienes se encuentran habilitadas para solicitar el amparo
constitucional en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado.

Igualmente, en el caso de que los titulares de los derechos violados no estén en
condiciones de promover su propia defensa, como se analizó, la ley autoriza la agencia
oficiosa de derechos ajenos; no obstante, para ello el agente debe manifestar

8
En Sentencia T-1020 de 2003.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

expresamente dicha circunstancia ante la autoridad judicial que tiene a su cargo el
conocimiento de la acción.

En suma, de lo hasta aquí explicado es posible concluir que la acción de tutela se puede
presentar i) por la persona que estima vulnerados sus derechos fundamentales, esto es,
por el directamente afectado, ii) por medio de representantes legales, como en el caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas;
iii) a través de un agente oficioso; y, iv) por intermedio de un abogado debidamente
facultado.

3.6 Análisis del defecto por violación directa de la Constitución

1) La parte actora alegó la configuración de una violación directa de la Constitución por
desconocimiento de los artículos 7 y 10 superiores por considerar que la autoridad judicial
demandada omitió aplicar las disposiciones constitucionales que reconocen y protegen
la diversidad étnica, cultural y lingüística de la Nación colombiana y, en particular, los
derechos de la comunidad raizal del departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

2) Ello, porque durante el trámite del proceso de nulidad electoral varios integrantes de
dicha comunidad presentaron intervenciones en idioma creole, lengua oficial en el
departamento Archipiélago junto con el castellano, no obstante, la autoridad judicial
accionada condicionó la consideración de tales escritos a su presentación o traducción
al castellano, exigencia que, en su criterio, desconoció el carácter cooficial de dicha
lengua e impuso una carga desproporcionada a quienes pretendían intervenir dentro del
proceso.

3) La Sala considera que este cuestionamiento no satisface el requisito de legitimación
en la causa por activa, pues del contenido de la demanda se advierte que el defecto no
se estructura a partir de una afectación directa de los derechos fundamentales del
accionante sino sobre una presunta vulneración de los derechos lingüísticos, culturales y
de acceso a la administración de justicia de terceros, concretamente de las personas que
pretendieron intervenir dentro del proceso electoral mediante memoriales presentados en
idioma creole y respecto de quienes se habrían adoptado las decisiones que ahora se
cuestionan.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

4) En efecto, los argumentos desarrollados en la solicitud de amparo se encuentran
dirigidos a censurar la forma en que la accionada tramitó las intervenciones presentadas
por integrantes de la comunidad raizal, las exigencias relacionadas con su traducción al
castellano y las medidas adoptadas para permitir su participación dentro del proceso
judicial, circunstancias que, de acreditarse, recaerían directamente sobre la esfera
jurídica de quienes formularon dichas intervenciones y no sobre los derechos
fundamentales del actor, quien comparece a esta actuación en condición de demandado
dentro del proceso electoral y no como titular de los derechos presuntamente
desconocidos.

5) De otra parte, no se advierte que la acción de tutela hubiera sido promovida por las
personas respecto de las cuales se predica la afectación ni que el accionante hubiera
actuado como agente oficioso de aquellas, tampoco se acreditó la existencia de
circunstancias que les impidieran acudir directamente ante el juez constitucional para
procurar la protección de sus derechos fundamentales.

6) En esas condiciones, como el reproche formulado se encuentra encaminado a
cuestionar una presunta afectación de derechos cuya titularidad corresponde a terceros
y no al accionante, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
actor., de conformidad con lo expuesto.

4. Cuestionamientos contra la sentencia del 3 de abril de 2025

4.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de

28
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Acción de tutela

requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente9, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
solo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal10”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

9
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Acción de tutela

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales11”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Acción de tutela

Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales12”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden

12
Ibidem.

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Acción de tutela

a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios”13.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

13
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

4.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico porque la sentencia de 3
de abril de 2025 otorgó valor probatorio a dos videograbaciones utilizadas para acreditar
el apoyo brindado a Luis Torres James, pese a que, las conclusiones del dictamen pericial
aportado por la defensa dichos archivos carecían de autenticidad, originalidad e
integridad y la Sección Quinta las desestimó injustificadamente.

2) No obstante, como ya lo ha señalado esta Corporación en similar oportunidad, para la
Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se
dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos,
analizados y resueltos con ocasión de la contestación de la parte demandada, los
recursos, las intervenciones de terceros14 y las pruebas obrantes en el expediente.

3) En efecto, en la contestación de la demanda, los diferentes recursos que presentó y
los alegatos, la parte demandada del proceso de nulidad electoral indicó, en similares
términos a los que ahora plantea la aquí actora, que los videos que sustentaban las
acusaciones del demandante frente al supuesto apoyo ofrecido a Luis Torres James
adolecían de incorrecciones técnicas que permitían dudar de la autenticidad de su
contenido por posibles alteraciones y modificaciones y, por tanto, debían ser tachados de
falsos, en los siguientes términos:

14
El Partido Liberal, según la sentencia cuestionada, manifestó “56. Finalmente dijo que el demandado es
raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que el Tribunal de Cundinamarca en el expediente
2021-216 profirió un fallo que protegió el derecho a la participación política y a la integridad cultural de la
comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ordenando al Estado expedir tarjetas
electorales y material electoral en la lengua nativa de los raizales, y afirmó que sería interesante conocer
las actuaciones que el Consejo de Estado ha realizado con la finalidad de dar a conocer las líneas
jurisprudenciales trazadas y si le ha dado la publicidad en la lengua nativa de los raizales sanandresanos.
57. Sostuvo que el demandado es miembro de una minoría étnica y lingüística que requiere de un
tratamiento diferenciado, y de accederse a las pretensiones se vulneraría el mandato popular y
democrático, generando la carga de librar un nuevo proceso electoral en momentos en donde los recursos
se pueden destinar a otros fines”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

“A partir de los metadatos relacionados con el audio del archivo de video, se
evidencia que no hay indicios evidentes de que el sonido haya sido editado ya
que los parámetros del audio, como el formato, los canales, los bits por muestra
y la tasa de muestreo, son consistentes con un archivo de audio estándar sin
manipulación significativa; no obstante, los metadatos por sí solos pueden no
proporcionar una imagen completa, y ponen en duda su integridad.

Se trata de una grabación de pantalla de un fragmento de video que omite la
mayoría de la información presente en él, por lo que no hay garantía de la
autenticidad del video o de la información en él contenida.

El video, evidentemente, fue recortado, lo que denota que el original tiene más
información y, si tiene corte al final, es muy probable que, igualmente, le hagan
falta partes a su inicio.

Finalmente, el hecho de que el video 15 y el 16 se refieran al mismo suceso, el
hecho de que el video 16 tenga mayor duración, es prueba suficiente de que el
15 está fragmentado, una razón más para no descartar su autenticidad,
integridad, originalidad, entre otros.

Sobre la base de estas apreciaciones técnicas, y fundada en los mandatos de
los artículos 269 y 270 del Código General del Proceso, esta defensa formula
tacha de falsedad respecto de los videos que sustentan las acusaciones del
demandante, referidas al inexistente apoyo que mi prohijado habría ofrecido a
Luis Torres James, en el término de la campaña política que precedió su
designación democrática como Gobernador del departamento de San Andrés,
periodo 2024-2027.

En relación con los requisitos para la postulación de la tacha de falsedad, el
referido artículo 270 de la Ley 1564 de 2012 consagra:

“Quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir
las pruebas para su demostración”.

De conformidad con lo reproducido, la formulación de la tacha exige no solo la
expresión de las razones que sustentan la ausencia de autenticidad del video,
sino también los medios de prueba que refrendan el dicho de quien la postula.
En el caso particular, y como ha sido enlistado en líneas previas, los videos –
pruebas documentales aducidas por el accionante–, adolecen de una serie de
incorrecciones técnicas que permiten dudar de la autenticidad de su contenido,
por posibles alteraciones y modificaciones, fundadas en los dictámenes de
peritos especializados que se aportan con esta contestación, solicitando de esta
manera la exclusión total de los medios de convicción que pretenden relacionar
a mi defendido con la candidatura de Torres James a la Asamblea de San
Andrés. De esta manera, en el asunto de autos, la tacha de falsedad cumple
con los requisitos y presupuestos legales para ser tramitada, lo que supone
(Fl.88 de la contestación – índice de 43 Samai).

4) Posteriormente, en la providencia del 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado analizó ampliamente los aludidos videos para determinar si podrían ser
valorados o, por el contrario, debía descartarlos si se encontrara que su contenido fue
alterado –se transcribe in extenso por su importancia para el caso concreto–, de la
siguiente manera:

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

“121. Revisados los anteriores requisitos, se procederá a analizar las pruebas
que obran en el expediente.

122. En relación con el valor probatorio de las fotografías, videos e
impresiones de pantalla, el artículo 243 del Código General del Proceso
dispone: (…).

124. De acuerdo con esta disposición, los documentos se presumen auténticos
siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No
obstante, deben analizarse en contexto, conforme con las reglas de la sana
crítica.

125. Precisado lo anterior, se tiene que respecto al apoyo a Delford Brackman
Ortiz en la demanda se allegaron las siguientes pruebas:

https://www.facebook.com/reel/830464618705311

126. Frente a este video, debe decirse que al tratar de consultarse sale la
siguiente información: (…).

128. Como lo ha dicho en varias oportunidades esta Corporación, las fotos
deben valorarse según lo establece el artículo 243 del CGP, aplicable por
remisión de los artículos 296 y 211 del CPACA.(…)

148. Sobre este tipo de afirmaciones en los dictámenes periciales, esta
sala ha dicho que conocer quién grabó el video no resulta indispensable,
en la medida que lo relevante de la prueba es que no contenga signos de
alteración o manipulación que trastornen la veracidad de los hechos
representados en las imágenes del archivo, especialmente frente a las
declaraciones contenidas en aquel.

149. En este caso los videos no tienen signos de alteración que lleven a concluir
que han sido alterados y que cambian o modifican lo que ellos contienen, toda
vez que entre las conclusiones a las que se llega, se indica que se hicieron
grabaciones de la pantalla, que pudo ser más corta que el video original, o
afirmaciones genéricas de que pudo haber sido editado, sin embargo no se
alega alguna en concreto en cuanto a su contenido, esto es, no se indicó alguna
posible alteración respecto a las manifestaciones que allí se hacen.

150. En cuanto a las posibles ediciones que tengan los videos, esta
Corporación en varias ocasiones ha enfatizado en que eso no lleva
automáticamente a proclamar su falsedad, por lo que mientras no se
desvirtúe su autenticidad, debe valorarse a la luz de la sana crítica y en
conjunto con las demás pruebas que obren en el expediente. De manera
concreta se ha dicho: (…). 152. Precisado lo anterior, y dado que se
insiste, en este caso no se alegó de manera concreta una edición en
cuanto al contenido de los videos, se procederá a valorarlos.

153. En el video que dura 01:59, primero se enfoca al público y luego al
demandado, y quien graba está ubicado en la parte de abajo con el público, no
en la tarima, muy cerca del demandado hablando. El segundo video, que tiene
una duración de 03:10, que fue grabado de un perfil denominado “Luis Fernando
Llamas Pereiras” de una red social, contiene la misma grabación, solo que el
video es más largo, porque comienza desde antes.

154. Analizados los mismos, se encuentra que corresponde a un evento
público de campaña en donde en la parte de atrás hay un pendón grande
en el que se lee Luis Torres James y Nicolás y se ve tanto la imagen de ese
señor, como la del demandado. Así mismo, se ve una tarima en donde hay una

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

mesa con personas sentadas, y al frente una gran cantidad de personas que
asisten al evento. En la tarima se encuentra el demandado usando una camisa
roja y tiene un micrófono en la mano, y dice lo siguiente:

Necesitamos marcar la diferencia, necesitamos marcar primero por una
asamblea, con un amigo, con una persona que tiene todas las cualidades, todo
mi respaldo y por eso también es el primero de la lista, porque es una persona
doliente de este territorio, y que necesitamos que sea parte de la duma
departamental marcando Alianza del Nuevo Liberalismo, Conservador,
Colombia Justas Libres, numero 51, es muy fácil, es el primero, entonces no
nos podemos equivocar (...)

155. Para esta Sala es claro que de lo dicho por el demandado se advierte
un apoyo claro e inequívoco por parte de él al candidato Luis Torres James
del Nuevo Liberalismo para la Asamblea departamental, puesto que al
verificar el pendón que se ve en la parte de atrás del video, se advierte que
el mismo tiene el número 51 de la coalición formada por los partidos
Nuevo Liberalismo, Conservador y Colombia Justas Libres.

156. Al revisar con detenimiento las palabras del demandado es evidente que
manifiesta un apoyo claro al decir necesitamos marcar a la asamblea por un
amigo, y acto seguido afirma que necesitaba que fuera parte de la duma
departamental el candidato número 51 de la alianza del Nuevo Liberalismo,
Conservador y Colombia Justas Libres, que corresponde al señor Luis Torres
James.

157. En este punto, debe leerse en contexto toda la intervención del
demandado, puesto que su acto de apoyo se evidencia de las frases que
integran su discurso, ya que (i) indica que necesitamos marcar por la asamblea,
(ii) luego se refirió a un amigo que tiene todas las cualidades para esa
corporación y del cual manifestó «tiene todo mi respaldo», para después (iii)
señalar que es el primero de la lista, y finalizar diciendo que necesita que sea
parte de la duma departamental y referir, de forma inequívoca, al partido y
número en la tarjeta electoral del aspirante.

158. De manera que su intervención está dirigida a mandar un mensaje
inequívoco al electorado consistente en el sufragio a favor del señor Luis Torres
James a la Asamblea.

159. Finalmente, de la revisión del video, es claro que el evento se hizo durante
la campaña política, puesto que de la intervención del demandado, es clara su
condición de candidato a la gobernación.

160. Ahora bien, la defensa de la parte accionada considera que los videos
allegados con el escrito inicial no pueden ser valorados, en razón a que no
cuentan con el consentimiento expreso del señor Nicolás Iván Gallardo
Vásquez. Al respecto, la Sala considera que esta autorización no se requiere al
tratarse el registro fílmico de un evento público de una campaña política, por lo
que no le aplica esa restricción.

161. De manera que al haberse predicado dicho apoyo inequívoco y concreto,
en un evento público, con la asistencia de varias personas, es claro que no se
requería una autorización para su grabación y que además constituye un apoyo
indebido.

162. Asimismo dentro del expediente obra una declaración extrajuicio rendida
por el señor Luis Manuel Torres James el 5 de diciembre de 2023, en la cual
señala que fue candidato por la coalición del partido Nuevo Liberalismo, partido
Conservador Colombiano y partido Colombia Justa Libres a la Asamblea

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06646-01
Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

Departamental 2024- 2027, ocupando el renglón número 01, correspondiente al
número cincuenta y uno (51) en la lista abierta que avaló la coalición. Indicó que
su coalición tuvo como candidato a la gobernación al demandado, a quien él
apoyó, aún sabiendo que la lista por la que el señor Gallardo Vásquez pedía el
voto, era la del Partido Liberal.

163. Frente a esta prueba debe decirse que si bien el señor Luis Torres asegura
que el demandado apoyó la lista a la Asamblea del Partido Liberal, dicha
afirmación no indica de ninguna manera que no lo respaldó a él en su
candidatura, tal como se observa en los videos antes mencionados.

164. Precisado lo anterior, esta sala debe señalar que no le asiste razón a
la parte demandada cuando afirma que en este caso no se debe aplicar el
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ya que es claro por todo lo explicado con
antelación, que la doble militancia aplica para los casos de la adhesión, y
además está probado en el expediente, que el partido Liberal tenía lista
propia para la Asamblea departamental, y que el demandado apoyó a un
candidato del Nuevo Liberalismo”. (negrillas de la Sala).

5) Asimismo, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial demandada se
pronunció puntual y expresamente sobre el argumento dirigido a la supuesta necesidad
de aplicar un enfoque diferencial de la siguiente manera:

“165. De igual forma, se advierte que la parte demandada asegura que por
ser raizal, debe darse prevalencia a los derechos de las minorías étnicas,
no obstante, debe reiterarse que la prohibición de la doble militancia debe
aplicarse sin distinción alguna a las condiciones particulares de los
candidatos, como pertenecer a una comunidad raizal.

166.De acuerdo con lo anterior, el demandado incurrió en la prohibición
de la doble militancia, toda vez que el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011,
claramente dispone que quienes aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos
a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliado, y como en este caso está debidamente demostrado que el Partido
Liberal, al cual pertenece el demandado, tenía lista propia para la
asamblea departamental, su apoyo debía ser para estos candidatos, sin
que la adhesión que hizo el partido Nuevo Liberalismo lo excluya de tal
obligación.

167. Por consiguiente, en este caso, sin ninguna duda, se encuentra
demostrada la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, y
por tanto se debe declarar la nulidad de la elección acusada, razón por la que
no hay lugar a hacer estudios adicionales”. (negrillas por fuera del original).

6) La misma suerte corre el defecto por desconocimiento del precedente en el que la
parte actora alegó su configuración, con base en que la sentencia de 3 de abril de 2025
se apartó de manera injustificada de la línea jurisprudencial construida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en relación con las coaliciones, las adhesiones políticas y
la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo y que, además, desconoció

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

la doctrina de la denominada jurisprudencia anunciada al aplicar inmediatamente al caso
concreto una nueva interpretación sobre tales materias.

7) La Sala considera que dicho defecto carece de relevancia constitucional, pues no se
orienta a demostrar la omisión de un precedente vinculante ni la ausencia de
pronunciamiento respecto de las providencias invocadas por el accionante, sino que
expresa una discrepancia con la interpretación jurídica que la autoridad judicial accionada
efectuó de tales antecedentes jurisprudenciales.

8) En efecto, la discusión relativa a las coaliciones, las adhesiones políticas y su
incidencia en la configuración de la doble militancia por apoyo fue planteada por la
defensa durante el trámite del proceso electoral y constituyó uno de los aspectos
expresamente analizados en la sentencia de 3 de abril de 2025, ya que la autoridad
judicial examinó el argumento según el cual el Partido Nuevo Liberalismo se había
adherido a la candidatura del entonces gobernador electo y precisó que la coalición y la
adhesión constituyen figuras diferentes, para lo cual acudió a su propia jurisprudencia y
desarrolló las características y efectos jurídicos de esta última institución dentro del
sistema electoral colombiano.

9) Asimismo, concluyó que las adhesiones constituyen manifestaciones de apoyo político
que no eliminan ni modifican los deberes de fidelidad partidista cuando el partido que
avaló al candidato ha inscrito aspirantes propios para la corporación pública
correspondiente.

10) De igual manera, la providencia cuestionada abordó el análisis de los presupuestos
exigidos para la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo y reiteró
que dicha prohibición opera cuando el partido o movimiento político al que pertenece el
candidato ha inscrito aspirantes propios al cargo de elección popular de que se trate,
circunstancia que encontró acreditada respecto del Partido Liberal Colombiano y la
elección de diputados a la Asamblea Departamental.

11) Así las cosas, se advierte que la accionada se pronunció expresamente respecto de
la incidencia de las adhesiones políticas en el caso concreto y expuso las razones por las
cuales consideró que la adhesión alegada por el Partido Nuevo Liberalismo no impedía
la configuración de la doble militancia atribuida al demandado.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

12) En esas condiciones, lo que realmente pretende el accionante es que el juez
constitucional sustituya la interpretación efectuada por el juez natural de la controversia
y concluya que la lectura correcta de los precedentes invocados era la propuesta por la
defensa, particularmente aquella según la cual las adhesiones producen los mismos
efectos jurídicos que las coaliciones para efectos de excluir la configuración de la doble
militancia por apoyo, sin embargo, la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye un mecanismo para replantear discusiones hermenéuticas ya resueltas por la
jurisdicción competente ni para imponer una determinada lectura de los precedentes
judiciales cuando la autoridad accionada se pronunció expresamente sobre ellos y
expuso las razones que sustentan su decisión.

13) La misma conclusión se advierte respecto del reproche relacionado con la
denominada jurisprudencia anunciada, pues dicho planteamiento parte de la premisa de
que la sentencia de 3 de abril de 2025 introdujo un cambio en la línea jurisprudencial
existente sobre coaliciones, adhesiones y doble militancia, no obstante, la Sala considera
que dicha interpretación corresponde igualmente a una discrepancia frente al alcance
atribuido por la autoridad judicial.

14) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los
derechos invocados en el mecanismo constitucional la parte actora reprodujo, bajo la
denominación de defecto fáctico y desconocimiento del precedente, argumentos que ya
habían sido planteados durante el trámite del proceso electoral, tanto en relación con la
autenticidad, originalidad e integridad de los videos que sirvieron de fundamento para
declarar la nulidad de la elección, como respecto del alcance jurídico de las adhesiones
políticas, las coaliciones y la configuración de la doble militancia en la modalidad de
apoyo.

15) No obstante, frente a tales planteamientos la autoridad judicial accionada se
pronunció expresamente en la sentencia de 3 de abril de 2025, pues, de una parte,
analizó las objeciones formuladas contra las videograbaciones y concluyó que no existían
elementos concretos que permitieran afirmar la alteración de su contenido y, de otra,
examinó la incidencia de las adhesiones políticas en el caso concreto, explicó las razones
por las cuales distinguió dicha figura de las coaliciones y justificó la configuración de la
doble militancia atribuida al demandado.

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Acción de tutela

16) Así pues, aunque la parte actora pretende atribuir a tales circunstancias la
configuración de defectos fácticos y de desconocimiento del precedente, lo cierto es que
los fundamentos que soportan la acción de tutela corresponden a una reiteración de
argumentos que fueron propuestos por la defensa durante el trámite del proceso ordinario
y que fueron objeto de pronunciamiento expreso por parte de la Sección Quinta al resolver
el medio de control electoral.

17) Por consiguiente, la Sala concluye que la presente acción carece de relevancia
constitucional, pues su verdadero propósito consiste en reabrir debates probatorios e
interpretativos que fueron ampliamente discutidos y resueltos por el juez natural de la
controversia, escenario frente al cual la acción de tutela no constituye una instancia
adicional para revisar la valoración de las pruebas ni la interpretación jurídica adoptada
por la autoridad judicial competente.

18) Finalmente, la parte actora alegó la configuración de una violación directa de la
Constitución porque la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de su
elección a partir de una concepción exclusivamente formal de la prohibición de doble
militancia, sin demostrar una afectación real a los principios constitucionales que dicha
institución busca proteger, particularmente la lealtad partidista, la libertad del elector y el
fortalecimiento del sistema de partidos políticos.

19) La Sala considera que dicho cuestionamiento carece de relevancia constitucional, ya
que el actor plantea su desacuerdo con la interpretación jurídica efectuada por la
autoridad judicial accionada acerca de los elementos necesarios para configurar la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo.

20) Se observa que la tesis de la demanda de tutela consiste en afirmar que la sentencia
de 3 de abril de 2025 debió realizar un examen adicional encaminado a demostrar una
afectación concreta de la lealtad partidista, de la libertad del elector o del sistema de
partidos políticos y que la sola acreditación de un acto de apoyo no resultaba suficiente
para declarar la nulidad de la elección, sin embargo, ese planteamiento corresponde a
una determinada comprensión del alcance de la prohibición de doble militancia y no a la
formulación de un problema constitucional independiente.

21) Además, la providencia cuestionada no ignoró la finalidad constitucional de dicha
institución ni prescindió de las razones que justifican su existencia dentro del sistema

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Acción de tutela

democrático, por el contrario, se partió de la consideración de que la prohibición de doble
militancia constituye un mecanismo orientado a garantizar la disciplina partidista, la
coherencia del sistema de partidos y la transparencia de la contienda electoral y, con
fundamento en esa comprensión, concluyó que el apoyo brindado por el demandado a
un candidato perteneciente a una colectividad distinta de aquella que había inscrito
candidatos propios para la Asamblea Departamental configuraba la conducta proscrita
por el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

22) Así las cosas, la inconformidad del accionante se dirige a sostener que la autoridad
judicial debió adoptar una interpretación diferente de la prohibición de doble militancia y
exigir requisitos adicionales para su configuración, particularmente la demostración de
una afectación material específica respecto de los bienes jurídicos protegidos por dicha
institución.

23) En esas condiciones, lo que realmente se propone es reabrir una discusión
relacionada con el alcance de la causal de nulidad aplicada por la Sección Quinta y con
los presupuestos necesarios para su configuración, materias que fueron objeto de
análisis dentro del proceso electoral y cuya definición corresponde al juez natural de la
controversia.

24) Por consiguiente, la Sala concluye que este reparo tampoco plantea una cuestión de
relevancia constitucional, sino una discrepancia frente a la interpretación jurídica acogida
por la autoridad judicial accionada al resolver el medio de control electoral, razón por la
cual el cuestionamiento resulta improcedente por falta de relevancia constitucional

25) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada
fue expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe
ser mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas
luces arbitraria e ilegítima, así:

“[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.15”. (negrillas de la
Sala).

15
Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.

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Acción de tutela

26) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.16”
(negrillas adicionales).

27) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en lo que a estos reparos se
refiere, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modifíquense los numerales tercero y cuarto la sentencia del 5 de diciembre de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
dispónese:

1°) Declárense improcedente la acción de tutela promovida por el señor Nicolás Iván
Gallardo Vásquez, respecto de la alegada violación directa de la convención, el defecto
sustantivo, el defecto fáctico, el desconocimiento del precedente judicial y la violación
directa de la Constitución, relacionado con la alegada aplicación meramente formal de la
prohibición de doble militancia.

16
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: Nicolás Iván Gallardo Vásquez
Acción de tutela

Declárase la falta de legitimación en la causa por activa, respecto del defecto por
violación directa de la Constitución por vulneración de los artículos 7 y 10 de la
Constitución Política.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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