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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00013-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00013-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión negó las pretensiones de la demanda, formuladas contra el acto de elección del señor Mario Alberto Fernández Alcocer como diputado del departamento de Sucre. SEGUNDO: RECHAZAR de plano la petición de unificación elevada por el apoderado de la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva, decisión que no es susceptible de recursos, conforme lo dispone el artículo 271 del CPACA. TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2024-00013-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de abril de 2025

Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
Demandado: Mario Alberto Fernández Alcocer – diputado de la
Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-2027
Rad: 70001-23-33-000-2024-00013-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 70001-23-33-000-2024-00013-01
Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
Demandado: Mario Alberto Fernández Alcocer como diputado de la Asamblea
Departamental de Sucre para el período 2024-2027

Tema: Doble militancia bajo la modalidad de apoyo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA1

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión a través de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Ubaldo Antonio Vitola Támara, actuando en nombre propio, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
propósito de que se anule el acto de elección del señor Mario Alberto Fernández
Alcocer como diputado de la Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-
2027, por cuanto se configuró la doble militancia en modalidad de apoyo, de
conformidad con las siguientes pretensiones:

«1.Se declare nulidad parcial del acto administrativo electoral contenido en el formulario
E26-ASA con fecha del 7 de noviembre de 2023, solo respecto a la declaratoria del
segundo lugar en las elecciones del 29 de octubre de 2023 a gobernación, donde el señor
MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, asumió como DIPUTADO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE periodo 2024-2027, por haber obtenido la segunda mejor
votación en la elección a gobernador del Departamento de Sucre, de conformidad con lo
establecido por el Estatuto de Oposición, ley 1909 de 2018.

2.que se apliquen todas las sanciones de ley». (Sic a la transcripción)

1.2. Hechos

2. Fueron planteados por la parte actora de la siguiente manera:

1
Este proyecto corresponde a lo discutido en las salas del 9, 13 y 20 de marzo de 2025, esta última con la participación de la
conjuez Diana Carolina Fuquen Avella, donde la ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez no obtuvo la mayoría. No
obstante, varias de las consideraciones del proyecto inicial se conservan en esta providencia.
1

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Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
Demandado: Mario Alberto Fernández Alcocer – diputado de la
Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-2027
Rad: 70001-23-33-000-2024-00013-01
3. El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales en el país, en
las cuales el señor Mario Alberto Fernández Alcocer participó como candidato a la
Gobernación de Sucre por el partido En Marcha, colectividad que tenía una lista de
diecisiete candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo y, por ende, únicamente podía
apoyar las aspiraciones de estos ciudadanos.

4. Empero, el demandado le brindó su respaldo a la señora Daniela Vergara Guzmán,
candidata del partido Conservador Colombiano al concejo de ese municipio, a quien
acompañó en múltiples actos públicos e incluso visitaron a las comunidades «puerta a
puerta», pidiendo a los ciudadanos que votaran por ella.

5. Además, las muestras de apoyo indebido pueden apreciarse en un video y sus
respectivas capturas de pantalla, en los que se observa a la señora Vergara Guzmán
poniéndole al demandado una manilla con la frase «DANIELA VERGARA C1»,
haciendo referencia al partido y número de la candidata en la tarjeta electoral. También
se le ve portando una gorra con la expresión «DANIELA VERGARA – CONCEJAL –
2024-2027 – C1», lo que demuestra su respaldo público a la candidatura de esa
ciudadana.

6. Dicho video fue publicado el 13 de agosto de 2023 en el perfil de la señora Vergara
Guzmán en la red social Instagram, así:

7. El mismo día, la entonces candidata realizó otra publicación en la misma plataforma,
con varias imágenes donde aparece el demandado y el siguiente texto en el pie de foto:

8. Como se aprecia, en la captura de pantalla, el señor Fernández Alcocer comentó la
publicación con la expresión «Vamos con toda Dani», lo que ratifica su apoyo hacia la
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señora Vergara Guzmán.

9. El demandado obtuvo el segundo lugar en las votaciones para el cargo de
gobernador de Sucre, así que, en aplicación del derecho personal consagrado en el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, aceptó una curul en la asamblea de ese
departamento, según consta en el formulario E-26 ASA del 7 de noviembre de 2023,
que declaró su elección como diputado.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. La parte actora alegó la incursión en doble militancia en la modalidad de apoyo, con
fundamento en los artículos 107 de la Constitución Política, 2 de la Ley 1475 de 2011 y
275 del numeral 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

11. Señaló que, para acreditar la configuración de esta prohibición, deben concurrir los
elementos (i) subjetivo, relativo al candidato del que se predica la conducta, (ii) objetivo,
correspondiente a los actos positivos y concretos que demuestren el respaldo a la
campaña de un aspirante inscrito por una organización política distinta, y (iii) temporal,
según el cual estas manifestaciones de apoyo deben ser realizadas en el marco de la
campaña electoral.

12. Con base en lo anterior, consideró que estos presupuestos estaban configurados
en el caso concreto, toda vez que el señor Mario Alberto Fernández Alcocer, candidato
del partido En Marcha a la Gobernación de Sucre para el período 2024-2027, apoyó
durante su campaña a la señora Daniela Vergara Guzmán, aspirante del partido
Conservador Colombiano al Concejo Municipal de Sincelejo, pese a que su colectividad
tenía una lista propia a esa corporación.

13. Aseguró que las manifestaciones de respaldo se dieron de manera pública como se
aprecia en el video publicado el 13 de agosto en el perfil de Instagram de esta
ciudadana, donde se observa a la señora Vergara Guzmán poniéndole al demandado
una manilla con publicidad de su candidatura y, además, se ve al señor Fernández
Alcocer utilizando una gorra con el nombre, el partido y el número de la tarjeta electoral
de la referida candidata.

14. Igualmente, destacó que, en una publicación de ese mismo día, el accionado
realizó un comentario utilizando la expresión «Vamos con toda Dani», la cual constituye
una muestra de aliento, ánimo y apoyo que le brinda a la integrante de un partido con el
cual se encontraba en competencia su propia colectividad.

15. Bajo el amparo de los anteriores presupuestos solicitó la suspensión provisional del
acto demandado.

1.4. Trámite procesal relevante en primera instancia

16. Mediante auto del 7 de febrero de 2024 se admitió la demanda y se negó la
solicitud de medida cautelar.

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Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
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17. El 27 de febrero de 2024 se admitió la reforma de la demanda y, en decisión
separada de la misma fecha, se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
promovido por la parte actora contra el auto que negó la medida cautelar.

18. En el término de traslado, se recibieron las siguientes intervenciones:

19. El Consejo Nacional Electoral, por intermedio de su apoderada, aseguró que
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la demanda versa sobre
una causal de nulidad sustentada en hechos que difieren de la competencia
constitucional y legal de la entidad.

20. En tal sentido, pidió que la sentencia que resuelva el fondo de la controversia no
cobije al Consejo Nacional Electoral, ya que no es el competente para satisfacer las
pretensiones del demandante.

21. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de su apoderado, también
planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento
de que la entidad no verifica la existencia de posibles causales de inhabilidad, pues los
partidos y movimientos políticos, así como el Consejo Nacional Electoral, son los
encargados de valorar los requisitos de fondo para la validez de la inscripción de los
candidatos.

22. Aclaró que la entidad solo ejecuta actividades de orden mecánico y de trámite, por
lo que sus funciones durante los comicios solo son de carácter logístico.

23. El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, pues no desconoció la
prohibición de doble militancia, y argumentó que:

24. No apoyó a candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo distintos a los inscritos
por el partido En Marcha, sino que recibió el respaldo de los aspirantes de otras
colectividades, lo cual no constituye irregularidad alguna.

25. El Directorio Nacional del Partido Conservador profirió la Resolución 030 del 29 de
julio de 2023, en la que dejó en libertad a sus candidatos a las asambleas y concejos
municipales para que apoyaran y votaran por los aspirantes de su preferencia a las
gobernaciones y alcaldías en todo el territorio nacional, siempre y cuando no hubiesen
inscrito ni avalado un aspirante propio o no se hubiera realizado algún acuerdo de
coalición, adhesión o alianza con otros partidos o movimientos políticos para esas
circunscripciones.

26. Lo anterior, fue lo que operó en el departamento de Sucre, en el que esa
colectividad no inscribió ningún candidato para la gobernación, por lo que varios de los
inscritos a la asamblea y los concejos municipales lo contactaron para respaldarlo en su
campaña política.

27. Para no cometer ninguna falta que se tradujera en deslealtad o indisciplina, solicitó
a los directivos del partido En Marcha que le permitieran recibir apoyo de esos
candidatos, autorización que fue otorgada mediante Circular del 1º de agosto de 2023.

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Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
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28. Por lo relatado, acudió a reuniones conjuntas con aspirantes a corporaciones
públicas, inscritos por el partido Conservador Colombiano, para recibir apoyo a su
candidatura a la gobernación, pero no en sentido contrario.

29. Su conducta fue mesurada, disciplinada y leal, ya que actuó en consonancia con la
plataforma política de En Marcha y nunca respaldó a candidatos distintos a los inscritos
por ese partido.

30. Negó haber apoyado a la señora Daniela Vergara Guzmán y aceptó haber acudido
con ella a un evento político en el barrio La Pollita, para promocionar su propia
candidatura a la Gobernación de Sucre.

31. En manera alguna en el señalado evento o en otro, le brindó su apoyo a la
candidata al Concejo Municipal de Sincelejo pues, por el contrario, fue ella quien le
otorgó su respaldo.

32. Nunca pidió a los ciudadanos que votaran por ella ni de viva voz, ni mediante
audios, videos o propaganda grabada o escrita.

33. La interpretación que hace el demandante a la imagen en la que se le ve usando
una supuesta manilla con el nombre de la candidata, corresponde a una deducción
interesada de su parte, sin que por ella pueda concluirse la demostración del apoyo
indebido.

34. De este registro, no aflora evidente una prueba del presunto respaldo, así que no se
acredita la configuración de la conducta prohibida.

35. A la filmación relacionada con el uso de una gorra con publicidad de la señora
Vergara Guzmán, alegó que se trata de una prueba ilícita manipulada, pues la imagen
fue editada y no corresponde a la realidad de lo acontecido, tal y como se constata con
las declaraciones extra proceso de los señores Édgar de Jesús Castillo Peralta y Julio
José Enamorado Álvarez, productor audiovisual y fotógrafo de su campaña,
respectivamente, quienes aseguraron que nunca apoyó a la señora Vergara Guzmán
sino que fue ella quien le dio su respaldo.

36. A pesar de la ilicitud de esa prueba, de la imagen con la gorra tampoco se extrae de
bulto la conducta reprochada. Del video aportado con la demanda tampoco se aprecia
alguna muestra concreta de respaldo que demuestre la configuración de la doble
militancia.

37. Respecto del texto que acompaña las publicaciones de la señora Vergara Guzmán
en su perfil de Instagram, mencionó que son expresiones realizadas por ella en favor de
su candidatura a la Gobernación de Sucre y no en sentido contrario.
38. Añadió que la frase «Vamos con toda Dani» tampoco merece reproche alguno, ya
que su verdadero sentido se refiere a que su candidatura a la gobernación «va con
toda», es decir, que tiene muchas probabilidades de triunfo, «que hay que seguir
luchándola día y noche con toda». Explicó que es la respuesta que dio a las buenas
expresiones que la candidata al Concejo Municipal de Sincelejo realizó para
promocionar su campaña.

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39. Por lo tanto, argumentó que no hay una plena prueba que acredite el
comportamiento prohibido endilgado en su contra.

40. Solicitó excluir, por ilícitos, el video y las imágenes aportadas por la parte actora,
alegando que en las capturas de pantalla allegadas con la demanda no se conoce si
existe coincidencia entre el emisor del mensaje, el sello de tiempo y la naturaleza del
acto a publicar, lo cual genera incertidumbre sobre su integridad probatoria.

41. Para el demandado, las declaraciones de los testigos antes mencionados
desvirtúan por completo el apoyo indebido alegado por el demandante, pues derrumban
la interpretación acomodada que se le dio a las fotografías.

42. Concluyó que las pruebas anexadas no permiten acreditar, más allá de toda duda
razonable, que haya brindado respaldo a la señora Daniela Vergara Guzmán en el
evento del barrio «La Pollita», por lo que pidió negar las súplicas de la demanda.

43. El 24 de abril de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial, fecha en la cual se
decretaron y negaron algunas pruebas y se fijó el litigio en los siguientes términos:

«Establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto mediante el cual se declaró la
elección del señor MARIO FERNÁNDEZ ALCOCER como Diputado de la Asamblea
Departamental de Sucre para el período 2024–2027, contenido en el formulario E-26S-
ASA.

Para el efecto, se debe determinar si el demandado, en su condición de candidato a la
gobernación de Sucre para las elecciones de 29 de octubre de 2023, incurrió en la causal
de nulidad electoral prevista en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011,
relativa a la prohibición de doble militancia política en la modalidad de apoyo, en tanto se
afirma que, ofreció respaldo indebido a la señora DANIELA VERGARA GUZMÁN,
candidata al concejo de Sincelejo por el partido conservador» (sic a la transcripción)

44. El 22 de mayo de 2024 se realizó la audiencia de pruebas en la que se escucharon
los testimonios de los señores Edgar de Jesús Castillo Peralta y Julio José Osorno
Navarro, se prescindió de los testimonios de la señora Daniela Vergara Guzmán y Julio
José Enamorado Álvarez, así como del interrogatorio de parte al señor Mario Alberto
Fernández Alcocer; además, se dispuso correr traslado para alegar de conclusión por
escrito.

1.5. Sentencia de primera instancia

45. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, por medio de fallo
del 25 de julio de 2024, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil y negó las pretensiones de la demanda.

46. En primer lugar, explicó que con la demanda se anexó un video y varias capturas
de pantalla que son reproducciones de publicaciones realizadas en el perfil de
Instagram de la señora Daniela Vergara Guzmán, de las cuales se aportó la dirección
de la cuenta y el enlace de consulta respectivo.

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47. Por tal motivo, al tratarse de una prueba que no fue aportada únicamente en
formato digital, consideró que podía valorarse de forma general como un documento.

48. Pese a estimar una supuesta ilicitud de las pruebas alegada en la contestación de
la demanda, no se señalaron los derechos fundamentales violados para su obtención ni
como fueron vulnerados, por lo que no era posible analizar tal petición.

49. Sostuvo que la información aparece en un perfil público, así que no estaba sujeta a
restricciones ni se requería aprobación previa del titular de la cuenta.

50. Precisado lo anterior, encontró acreditado, con base en el Formulario E-6 GO que el
demandado fue inscrito por el partido En Marcha como candidato a la Gobernación de
Sucre para el período 2024-2027 y, que dicha colectividad inscribió diecisiete
candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo, de acuerdo con el Formulario E-8 CO
respectivo.

51. Que el partido Conservador Colombiano inscribió a la señora Daniela Vergara
Guzmán como candidata al Concejo Municipal de Sincelejo, de conformidad con el
Formulario E-8 aportado por la parte actora.

52. No obstante, al analizar las imágenes y el video allegados con la demanda,
consideró que no había certeza sobre la existencia de actos de apoyo claros e
irrefutables por parte del señor Mario Fernández Alcocer en beneficio de la señora
Vergara Guzmán, dado que entre los segundos 10 y 15 de la grabación se ve a la
candidata colocándole al demandado lo que parece ser una manilla de colores azul y
blanco, pero no se logra evidenciar que tenga el logo del partido Conservador
Colombiano ni el número de la tarjeta electoral, como lo aseguró el demandante.

53. Añadió que en los segundos 17 y 18 del video, el señor Fernández Alcocer se quitó
su gorra color roja alusiva a su campaña y, por unos segundos, se puso una de color
verde camuflado con el logo «C1» y el eslogan «Daniela Vergara al Concejo». Sobre el
aspecto, sostuvo que el demandado la portó, según se aprecia en la grabación, para
efectos de la toma de una fotografía, pero la prenda no tiene los colores azul y blanco
distintivos del partido Conservador Colombiano.

54. Argumentó que el mero hecho de ponérsela no sugería un apoyo a la candidata, ya
que en los pocos segundos que la usa no se observa una intencionalidad de su parte y,
de hecho, se la coloca sin advertir su contenido, ya que no tenía los colores que hacen
referencia a su colectividad.

55. Mencionó que, como se trata de un video editado, no se puede apreciar el contexto
del mismo, por lo que no es posible derivar la conducta reprochada más allá de la duda
razonable.

56. En cuanto a las imágenes aportadas, explicó que ninguna de ellas sugería o
acreditaba de forma irrefutable y en grado de certeza, alguna manifestación de respaldo
por parte del señor Fernández Alcocer hacia la señora Vergara Guzmán, por el
contrario, lo que demostraban las capturas de pantalla de las publicaciones del perfil de
Instagram de la candidata, era el apoyo ofrecido por ella al demandado, lo cual no es

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objeto de reproche en este asunto.

57. Resumió los testimonios recibidos en la audiencia de pruebas y aseguró que,
además de desvirtuar la existencia de muestras verbales de respaldo del demandado
hacia la señora Vergara Guzmán, confirmaban que fue ella quien promocionó la
candidatura del demandado a la Gobernación de Sucre.

58. Respecto del comentario realizado a la publicación de esta ciudadana (vamos con
toda Dani) en su perfil de Instagram, adujo que se trataba de una expresión de
agradecimiento que no podía interpretarse como una manifestación de apoyo.

59. Concluyó que el material probatorio solo muestra la convergencia de dos
candidatos en un evento público, pero no se desprende el favorecimiento del señor
Fernández Alcocer a la candidata del partido Conservador Colombiano, así que negó
las pretensiones de la demanda.

1.6. Recurso de apelación

60. Mediante escrito enviado el 12 de agosto de 2024 al correo electrónico de la
secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre, la parte actora apeló el fallo de primera
instancia insistiendo en que el video y las fotografías aportadas eran concluyentes para
demostrar, de forma irrefutable y en grado de certeza, las manifestaciones de apoyo
brindadas por el señor Fernández Alcocer a la señora Vergara Guzmán.

61. Recordó que el demandado portó una gorra con propaganda política de la
candidata al Concejo Municipal de Sincelejo, que a pesar de ser de color verde
camuflado y no tener los colores azul y blanco del partido Conservador Colombiano, sí
tenía información clara sobre su candidatura.

62. Sostuvo que hubo una intencionalidad clara de usar la prenda de vestir, pues por
eso se le ve posando sonriente y «haciéndole juego a las indicaciones que le daba el
equipo de comunicaciones».

63. El demandado sabía que lo estaban grabando y que había publicidad de la
candidata, además de que no fue forzado a usar la gorra con la propaganda política de
la señora Vergara Guzmán.

64. Insistió en que la gorra que portó el señor Fernández Alcocer tenía el logo con el
que esa colectividad está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral y que es
claramente identificable, sumado al nombre y apellido de la señora Daniela Vergara
Guzmán, la corporación pública a la que aspiraba y el número que debía ser marcado
por el electorado el día de las votaciones.

65. Que el video muestre unos pocos segundos al demandado, usando esa prenda de
vestir, no quiere decir que solo la usó durante ese tiempo; además, para la
configuración de la prohibición no es necesario demostrar que se utilizó durante un
tiempo específico, ya que basta con que la haya usado públicamente para determinar
que promovió de manera específica la candidatura en cuestión.

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66. Por otra parte, aunque el tribunal de primer grado señaló que el texto de la manilla
no era legible, bastaba con hacer un acercamiento de la toma para advertir que era la
misma que usaba la candidata, en la que se observa claramente la letra C como logo
del partido Conservador Colombiano y el número 1 que le fue asignado en la tarjeta
electoral, junto con el apellido Vergara.

67. En cuanto al comentario efectuado por el señor Fernández Alcocer a la publicación
de la candidata en la red social Instagram (vamos con toda Dani), sostuvo que no
puede aceptarse la postura de primera instancia porque no fue redactado en forma de
agradecimiento y, al usar la expresión «Vamos con toda Dani», el demandado
manifestó su deseo de que la candidatura de la señora Vergara Guzmán tuviera éxito y,
el texto en plural, daba a entender que juntos trabajaban para lograr ese cometido.

1.7. Trámite en segunda instancia

68. Mediante auto del 25 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación, se
ordenó poner a disposición del demandado el memorial respectivo y se decidió correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que
rindiera su concepto.

69. A través de memorial del 4 de octubre siguiente, el demandado solicitó excluir un
video aportado por el actor, en segunda instancia, en atención a que no había sido
allegado en la oportunidad probatoria correspondiente ni se le había enviado copia a las
partes.

70. Por medio de providencia del 28 de noviembre de 2024, se advirtió que ese video
era el mismo que se había anexado con la demanda y cuyo enlace se encontraba en el
folio 34 del escrito introductorio, por lo que había sido debidamente incorporada al
expediente por el Tribunal Administrativo de Sucre y no había lugar a su exclusión.

71. El 9 de diciembre del mismo año se pidió a la Secretaría de la Sección Quinta un
informe en el cual se precisara la razón por la cual, se requirió a la parte demandante
para que enviara nuevamente esa pieza documental, sin auto del despacho
sustanciador que así lo ordenara.

72. Recibido el informe requerido, mediante auto del 12 de diciembre de 2024 se aclaró
la decisión del 28 de noviembre anterior, en el sentido de precisar que la prueba que se
tendría en cuenta al momento de proferir la sentencia de segunda instancia era el
vínculo aportado con la demanda y no el documento en formato mp4. allegado en
segunda instancia2.

73. Finalmente, a través de providencia del 11 de febrero de 2025, se negó la solicitud
probatoria realizada por el demandado, encaminada a incorporar la sentencia del 9 de
mayo de 2024, dictada en el proceso de nulidad con radicado 11001-03-28-000-2023-
00038-00, en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de las
resoluciones con las que el Consejo Nacional Electoral había reconocido la personería

2
Así mismo, se ordenó enviar copia del memorial del 28 de octubre de 2024, suscrito por el apoderado del señor Mario Alberto
Fernández Alcocer, así como del informe rendido por la secretaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado a la Comisión de
Disciplina Judicial, para lo de su competencia.
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jurídica al partido político En Marcha y ordenado su inscripción en el Registro Único de
Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica.

74. El despacho sustanciador determinó que dicha pieza documental resultaba
innecesaria para resolver el punto de controversia planteada al juez de lo electoral, esto
es, si el señor Mario Alberto Fernández Alcocer incurrió en la conducta reprochada bajo
la modalidad de apoyo a candidatos de otros partidos distinto al suyo3.

75. Ejecutoriada la anterior decisión, se recibieron las siguientes intervenciones:

76. El demandante analizó nuevamente las pruebas allegadas al proceso y reiteró, de
forma general, los argumentos del recurso de apelación, por lo que pidió que se
revoque el fallo recurrido y se acceda a las pretensiones de la demanda al estar
demostrada la configuración de la conducta prohibida.

77. La parte demandada pidió desechar los planteamientos de la alzada al considerar
que no cumplía con un estándar de argumentación adecuado.

78. Afirmó que la sentencia apelada se profirió conforme a las pruebas recopiladas en
el proceso, con las cuales no se acreditaba algún acto de apoyo claro e inequívoco en
favor de la señora Daniela Vergara Guzmán.

79. El recurrente no demostró que el tribunal hubiera incurrido en una indebida
valoración probatoria y se limitó a repetir los hechos expuestos en la demanda,
pasando por alto las pruebas practicadas en el proceso, que desvirtuaron el supuesto
respaldo indebido hacia la candidata del partido Conservador Colombiano.

80. Destacó que los testimonios recibidos en el proceso son coincidentes en declarar
que, durante el evento «puerta a puerta» del barrio La Pollita de Sincelejo, no pidió a la
comunidad que apoyara a la señora Vergara Guzmán.

81. Recalcó que recibió respaldo de la candidata al concejo, porque su colectividad los
dejó en libertad de apoyar al aspirante a la Gobernación de Sucre de su preferencia y,
el partido En Marcha, al que él pertenecía, lo autorizó expresamente a recibir el
respaldo de estos candidatos mediante la Circular del 1º de agosto de 2023, así que
estaba habilitado para asistir a reuniones con miembros de otros partidos que querían
otorgarle su apoyo.

82. Finalmente, indicó que el demandante no asistió a la audiencia inicial y de pruebas,
por lo que debían presumirse como ciertos los hechos en que se fundaron las
excepciones de mérito propuestas al contestar la demanda.

83. El Ministerio Público pidió confirmar el fallo de primera instancia, argumentando:

84. Que contrario a lo alegado por el recurrente, un acercamiento a la imagen en la que
se ve a la señora Vergara Guzmán ponerle una manilla al demandado, no permite

3
Al respecto, se precisó que, aunque el demandado pretendía demostrar, a partir de esa prueba, que no le asistía un deber de
fidelidad hacia un partido que dejó de existir, lo cierto es que se trataba de un debate totalmente ajeno a la posible configuración de
la doble militancia durante la campaña a la Gobernación de Sucre, máxime si se tenía en cuenta que los efectos del fallo del 9 de
mayo de 2024 fueron modulados hacia el futuro.
10

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Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
Demandado: Mario Alberto Fernández Alcocer – diputado de la
Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-2027
Rad: 70001-23-33-000-2024-00013-01
apreciar algún dato específico y, aunque la candidata porta una de colores similares, no
puede afirmarse de manera inequívoca que ambos objetos guarden identidad en cuanto
a la información que contienen o que estas se refieran a una campaña en especial, así
que no se avizora el apoyo endilgado.

85. En relación con el uso de la gorra con publicidad de la candidatura de la señora
Vergara Guzmán, consideró que se trató de un «tema fugaz e intempestivo para el
accionado», quien no advirtió el mensaje que tenía plasmado y cuyo porte pareció
obedecer a un «querer momentáneo de alguno de los electores que allí se encontraba
presente».

86. Agregó que lo anterior cobraba mayor relevancia si se tenía en cuenta que la
prenda no tenía los colores que caracterizan el partido Conservador Colombiano, sino
que tenía una tonalidad totalmente diferente, que impedía relacionarlo
instantáneamente con alguna candidatura de esa colectividad. Así se corroboró con los
testimonios rendidos en el proceso. Por lo tanto, se trató de un acto furtivo y accidental
en el que no se encontraba una invitación manifiesta a votar por la señora Vergara
Guzmán.

87. Respecto del comentario «Vamos con toda Dani» efectuado por el accionado en la
publicación realizada por la candidata en su perfil de Instagram, resaltó que no
necesariamente se traducía en un apoyo hacia ella sino en una expresión de fraternidad
y emotividad del señor Fernández Alcocer.

88. Mencionó que, más allá de mostrar que ambos ciudadanos participaron
conjuntamente en eventos, de las pruebas no se evidencia algún acto concreto de
respaldo indebido por parte del demandado, por lo que no es posible acceder a las
pretensiones de la demanda.

89. La parte demandada, por memorial del 28 de marzo de 2025 solicitó la remisión del
proceso a la Sala Plena de la Corporación, por importancia jurídica, con el propósito de
que se resuelvan la divergencia de interpretaciones de los magistrados de la Sección
Quinta, sobre la aplicación de la postura jurisprudencial de esta Sala, que ha sido
diáfana en indicar que la doble militancia en la modalidad de apoyo, se configura
cuando en el plenario hay plena prueba para demostrar los hechos constitutivos de la
prohibición, y que estos, permitan llegar a un grado de certeza más allá de toda duda
razonable4.

90. Además, precisó que el demandante no cumplió con la carga suficiente para
controvertir la decisión de instancia, así mismo refirió que las pruebas aportadas por la
parte actora fueron tachadas, y que, de los elementos de juicio que obran en el plenario
(videos, fotos y testimonios), no es posible determinar manifestaciones de apoyo por

4
Radicación 70001-23-33-000-2020-00004-03; Demandantes: OMAR DE JESÚS OCHOA GARCÍA Y OTROS; Demandado:
ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ MARTÍNEZ – ALCALDE DE SINCELEJO PARA EL PERÍODO 2020-2023; Magistrado Ponente:
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO; Radicación No. 11001-03-28-000-2020-00018-00; Demandante: ESTEBAN CAMILO MARÍN
MALDONADO; Demandado: ACTO ELECTORAL QUE CONTIENE LA ELECCIÓN DEL SEÑOR NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
COMO GOBERNADOR DE LA GUAJIRA. Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE; Sentencia de 13 de abril de 2023;
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00265-00; Demandante: Jesús Manuel Hernández Pérez; Demandada: Ana María Castañeda
Gómez – senadora de la República 2022-2026; Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL. «La probanza del
comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier duda
razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura
extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado».
11

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Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
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parte del demandado.

91. Por escrito del 31 de marzo de 2025, la parte actora se opuso a la solicitud antes
mencionada, por cuanto resulta ser extemporánea.

92. Por escrito del 1 de abril de 2025, el demandado insistió en su petición.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

93. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso
de apelación de la referencia, según lo establecido en el artículo 1505 y el literal a) del
numeral 7° del artículo 152 de la Ley 1437 de 20116, en concordancia con el artículo
137 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa- solicitud de unificación8

94. Antes de emprender el estudio de fondo, con el propósito de atender la petición
efectuada por la parte demandada, la Sala estima pertinente realizar las siguientes
consideraciones:

95. De acuerdo con lo normado en el artículo 271 del CPACA, «corresponde a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de
unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones» en los casos
en que se adviertan «razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o
necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias
en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de
unificación jurisprudencial». Sobre el particular, resulta relevante indicar que el asunto
debe encontrarse pendiente de proferir el fallo o decisión de carácter interlocutoria.

96. Según lo dispuesto en la norma señalada9, la oportunidad para solicitar al Consejo
de Estado que asuma el conocimiento de determinado asunto se entiende hasta antes
del registro de la ponencia de fallo, «si lo que se pide es que se profiera una sentencia de
unificación, o antes de que se dicte el respectivo auto interlocutorio, cuando lo que se solicita es
que se emita un auto de unificación»10, salvo que la petición provenga «de un consejero de
Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la
limitación».

5
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
6
ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los (...) de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá (...).
7
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
8
Sobre el tema se puede consultar, entre otras decisiones, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 11 de julio de 2024, expediente 05001-23-33-000-2024-00012-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, expediente 05001-23-33-000-
2023-01291-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
9
«(…) la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo».
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de sala del 28 de julio de 2022, expediente
50001-23-33-000-2022-00104-01, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
12

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97. En ese sentido, para la Sala la petición formulada por la parte demandada deberá
ser rechazada en la medida en que fue presentada después de que se hubiera
registrado el proyecto de fallo, el cual inclusive fue debatido en las Salas del 6, 13 y 20
del marzo de 2025 y porque tampoco fue formulada, por alguna de las autoridades
excluidas de la limitación temporal que contiene el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Problema jurídico

98. El problema jurídico consiste en determinar, con base en los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o
confirmar la sentencia del 25 de julio de 2024, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión negó las pretensiones de la
demanda.

99. Para el efecto habrá de establecerse si, como lo alega el recurrente, el material
probatorio que obra dentro del expediente permite establecer que el señor Mario Alberto
Fernández Alcocer apoyó a la señora Daniela Vergara Guzmán, candidata del partido
Conservador Colombiano al Concejo Municipal de Sincelejo, a pesar de que su partido
En Marcha tenía una lista propia de aspirantes a esa corporación.

100. Por cuestiones de orden metodológico, se estima pertinente realizar un estudio
general sobre la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, para luego
proceder al análisis del fondo del asunto.

2.3.1. Marco general sobre la doble militancia en la modalidad de apoyo

101. En respuesta a la necesidad de contar con un régimen de partidos y movimientos
políticos fortalecido y alejado de las decisiones personalistas de sus militantes, el
legislador ha establecido tanto a nivel constitucional como legal la prohibición de doble
militancia, como una forma de contribuir al funcionamiento organizado de estas
colectividades y buscar que aquellas sean sólidas, consistentes y con vocación de
permanencia.

102. Bajo este entendido, se tiene que tanto el artículo 107 Constitucional, como el
desarrollo de aquel efectuado por la Ley 1475 del 2011, fijaron una serie de eventos
que, a lo largo de la labor jurisdiccional de esta corporación11, han sido entendidos
como las diferentes modalidades en las que se puede incurrir en la prohibición bajo
estudio.

103. Una de aquellas, es la que se consagra particularmente en el inciso 2º del artículo
2º de la mencionada ley estatutaria, norma que dispone:

11
Sobre las diferentes modalidades de doble militancia, ver, entre otras, las siguientes decisiones: Entre otras: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 28 de noviembre de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2024-00045-01 (concejal de Anolaima), MP. Gloria
María Montoya Gómez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Rad. 20001-23-33-000-2024-00005-01 (concejal de Valledupar), MP
Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Rad. 41001-23-33-000-2023-00364-01 (concejal de Neiva),
MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2023-01267-01 (concejal de Maceo), MP
Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10
de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-
00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
13

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«Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los
inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados». (Negrilla
fuera de texto)

104. De la disposición jurídica antes transcrita, es posible entonces derivar la existencia
de unos elementos necesarios para la configuración de la conducta allí reprochada, y
con ello, la consecuente anulación del acto de elección, en los términos del numeral 8º
del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011. Estos son:

a) Un sujeto calificado, que, en los términos específicos de la legislación, se dirige
a quienes desempeñen cargos de dirección, gobierno, administrativos o control
dentro de los partidos y movimientos políticos, e incluso, aquellos que hayan sido o
pretendan ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.

b) La necesaria inscripción de candidatos por parte de la colectividad en la cual se
es militante (elemento modal).

Esta Corporación, en sentencia del 1º de agosto del 202412, reiterada en fallo del 22
siguiente13, señaló que «el deber de lealtad partidista surge en el momento en que la
colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato propio
a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o
bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas» (Se
resalta).

A su vez, esta sala, en decisión del 8 de agosto del 202414, puntualizó que para
acreditar este presupuesto modal de la prohibición «es necesario que el partido o
movimiento político que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura
propia al cargo de elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que
puede exigírsele al demandado una lealtad hacia su colectividad» (Se resalta).

La interpretación contenida en la providencia antes citada precisó que la prohibición
de doble militancia se circunscribe a los precisos eventos de la norma que la
consagra, así:

«La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble militancia, que
apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los términos en que han
sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto,
no puede extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a
las allí reguladas.

Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la prohibición, sino
que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que consagra la norma.

12
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-2023- 00103-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
13
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
14
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-33-000-2023-00463-01. M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
14

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En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble militancia
cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos respaldados por la
agrupación que avaló al demandado» (Se resalta)

c) Una conducta prohibida, consistente en el apoyo a candidatos diferentes de los
inscritos por la organización política en la cual se milita.

Sobre este particular, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del
3 de diciembre de 202015 de esta Sala de Decisión, a través de las cuales se
precisaron aspectos tales como que:

(i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político;

(ii) el acompañamiento político puede provenir de una sola actuación, manifestación
o de actividades concatenadas;

(ii) el apoyo indebido se configura independiente al resultado electoral obtenido por
el candidato asistido;

(iv) la probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de
bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan
superar toda duda razonable;

(v) el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el
recibimiento de respaldos por parte de un aspirante.

d) Un elemento temporal que, aunque no está expreso en la redacción de la norma,
de una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir
que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de
campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona
inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo
durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra,
y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la
norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas16.

105. Precisados los anteriores elementos, procede la Sección a estudiar la situación
particular y concreta del señor Mario Alberto Fernández Alcocer, frente al presunto
apoyo que se le endilgó hacía la candidatura de Daniela Vergara Guzmán.

2.4. Caso concreto

106. Se recuerda que, el Tribunal Administrativo de Sucre denegó las pretensiones de
la demanda al considerar que las fotografías y el video aportados con la demanda no

15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020.
16
En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 6 de octubre de 2016.
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demostraban la configuración de la doble militancia bajo la modalidad de apoyo y, el
demandante recurrió la decisión por disentir de la manera como fue valorada la prueba.

107. Para resolver, se advierte que el punto de la controversia radica exclusivamente
en la valoración de las pruebas con las que la parte actora pretendía demostrar el
apoyo brindado por el señor Mario Alberto Fernández Alcocer, entonces aspirante del
partido En Marcha a la Gobernación de Sucre, a la señora Daniela Vergara Guzmán,
candidata del partido Conservador Colombiano al Concejo Municipal de Sincelejo.

108. El demandante aportó los siguientes enlaces electrónicos que, según afirmó,
conducen a un video publicado el 13 de agosto de 2023 en la cuenta de Instagram de la
señora Vergara Guzmán:

• https://www.instagram.com/reel/Cv5cr4ZNlNi/?igsh=MXdleHhhZ3RvaXIxMA==

• https://drive.google.com/file/d/1uU_Iutm63sVaXUucwM8J0z74sc-8Yz_A/view?usp=sharing

109. Al consultar en el primero de ellos, no es posible visualizar ningún video ya que
aparece la siguiente anotación:

110. Sin embargo, el segundo enlace sí permite acceder a la grabación que, de
acuerdo con la parte actora, corresponde a un acto proselitista conocido como «puerta
a puerta», que se llevó a cabo en el barrio La Pollita de Sincelejo y que fue publicado el
13 de agosto de 2023, en el perfil de Instagram de la señora Daniela Vergara Guzmán.

111. Junto con este video, el demandante también aportó tres imágenes que
corresponden a capturas de pantalla de ese registro:

112. En esa medida como, los tres actos de apoyo se tratan de extractos del mismo
video allegado en el enlace electrónico, su estudio se hará de manera conjunta.
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113. De la revisión de la grabación, se advierte que tiene una duración de 26 segundos,
en los que se aprecia a la señora Daniela Vergara Guzmán y al demandado en una vía
pública, acompañados de un número significativo de personas, de los cuales algunos
portan prendas y carteles alusivas a las campañas de ambos candidatos, mientras que
otros tienen publicidad de la candidatura del señor Diego Mercado a la Alcaldía de
Sincelejo; así mismo, se les observa recorriendo el sector y saludando a los ciudadanos
que allí se encuentran.

114. En la filmación, la señora Vergara Guzmán porta un jean y una blusa azul con la
expresión «DANIELA CONCEJO», el logo del partido Conservador Colombiano y el
número 1; así mismo, usa una gorra azul oscura con la expresión «MARIO
GOBERNADOR», en letras blancas y amarillas sobre un fondo rojo.

115. Por su parte, se ve al señor Fernández Alcocer vestido con un jean y una camiseta
de color azul, así como una gorra roja con el nombre «MARIO» escrito en letras blancas
sobre un fondo azul.

Sobre la manilla

116. Del segundo 10 a 16 de la grabación, se muestra a la señora Vergara Guzmán
poniéndole al demandado una manilla de colores blanco, azul y morado, pero no es
posible identificar, con certeza absoluta, que tenga alguno de los logos de la candidata
al Concejo Municipal de Sincelejo.

117. Sobre este aspecto, el recurrente asegura que al hacer un acercamiento a la toma
se puede verificar que es la misma que porta la señora Vergara Guzmán, la cual tiene
el logo del partido Conservador Colombiano y el número 1.

118. Sin embargo, a pesar de que sí se aprecia que la candidata tiene una manilla con
publicidad de su campaña, la grabación no permite establecer, sin duda alguna, que el
demandado está usando exactamente la misma prenda. Por el contrario, del video y de
las capturas de pantalla relacionadas con este momento, solo se puede extraer que la
señora Vergara Guzmán le puso una manilla de los colores blanco, azul y morado, de la
cual no se alcanza a ver algún tipo de estampado adicional, aun haciendo el
acercamiento de la imagen sugerida por el demandante.

119. En ese orden de ideas a pesar de que la parte actora estima que ambas manillas
son iguales, lo cierto es que se trata de una suposición que no puede ser verificada a
partir del material probatorio, por lo que al no tener plena claridad de si la prenda
contenía publicidad de la candidata, el juez de lo electoral no puede asumir que se trata
de un acto concreto e indiscutible de apoyo a esa candidatura.

120. Así las cosas, los argumentos del recurso de apelación frente a este aspecto no
tienen vocación de prosperidad.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
Demandado: Mario Alberto Fernández Alcocer – diputado de la
Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-2027
Rad: 70001-23-33-000-2024-00013-01
Sobre el porte de la gorra

121. Del segundo 16 a 19 de la filmación se puede observar que el señor Fernández
Alcocer en un instante se quita la gorra roja que portaba y se pone otra de color verde
camuflado, que como se aprecia en la captura de pantalla antes relacionada, contiene
la expresión «DANIELA VERGARA CONCEJAL 2024-2027», el logo del partido
Conservador Colombiano y el número 1. A su vez, se le observa posando y sonriendo a
la cámara, mientras abraza a la señora Vergara Guzmán y hace el gesto de «pulgar
arriba» con su mano derecha.

122. Coincide la Sala con la conclusión de primera instancia, que estimó no se trataba
de una expresión clara de apoyo hacia la candidatura de la señora Vergara Guzmán.

123. Para arribar a la anterior conclusión, la Sala considera relevante indicar que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en recientes pronunciamientos, ha valorado
como «acto positivo» constitutivo de doble militancia en la modalidad de apoyo, la
publicidad que proviene de una red social perteneciente al demandado, en la que se
advierte el respaldo a una campaña de otra colectividad, cuando se reúnen los demás
elementos que configuran la prohibición.

124. En la sentencia del 20 de junio del 202417, se estudió en segunda instancia el
reparo de ilegalidad del acto de elección de un concejal del municipio de Antioquia
(Antioquia) y allí la Sala concluyó que, si bien las imágenes fueron publicadas en redes
sociales, ello ocurrió en el perfil de un tercero, y por ende, no se observó la actuación
positiva del candidato para dar conocer dichos registros utilizando sus propios medios
digitales.

125. Sobre este punto se concluyó lo siguiente: «Aunado a lo anterior, la Sala resalta que
el material probatorio expuesto, particularmente, la imagen en la que el demandado está
portando un poncho con publicidad política, junto con otras personas, fue publicado en una red
social ajena a Óscar Abad Serna Montoya, por lo que no se observa actuación positiva de su
parte, a favor de la campaña de Félix Antonio Giraldo Suárez».

126. Lo anterior resulta relevante, dado que, en fallo del 24 de octubre del 202418, se
determinó que por el simple hecho que la demandada, aspirante al Concejo del
municipio de Hatillo de Loba (Atlántico), hubiera publicado fotos con la publicidad
(partido, eslogan, colores) de la aspirante a la alcaldía a la cual no podía apoyar, se
entendía como un acto voluntario para dar a conocer de forma masiva e indeterminada
esa opción política.

127. Bajo el referido lineamiento jurisprudencial, y teniendo en cuenta que la publicidad
del video que sustenta la doble militancia en el presente caso particular y concreto, fue
publicitado a través de la red social de la presunta apoyada, la Sala estima que no
existe un acto positivo del demandado.

17
Consejo de Estado. Sección Quinta, sentencia del 20 de junio de 2024. Radicación 05001-23-33-000-2023-01214-01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil, reiterada en Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de agosto del 2024. Radicación 63001-23-33-
000-2023-00103-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de octubre del 2024. Radicación 13001-23-33-000-2024-00007-02. M.P.
Gloria María Gómez Montoya
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Demandante: Ubaldo Antonio Vitola Támara
Demandado: Mario Alberto Fernández Alcocer – diputado de la
Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-2027
Rad: 70001-23-33-000-2024-00013-01
128. Sobre el punto, se precisa que un candidato no debe hacer uso de prendas
distintivas de otras colectividades, por cuanto ello puede constituir un mensaje equívoco
para sus electores, en el sentido de estar apoyando a una determinada aspiración, lo
cierto es que, en este caso, no resulta clara esta situación como se expone a
continuación:

129. En el video puede verse al demandado desprenderse de la gorra alusiva a su
campaña para ponerse otra, que según se observa es de color verde (camuflado), color
que no identifica al partido conservador al que pertenece la candidata a la que se le
atribuye un apoyo por parte del demandado.

130. En el video objeto de análisis, el demandado hace un cambio de gorra, sin
embargo, vista la grabación, es imposible evidenciar, claramente la publicidad que
contiene, pues solo es posible observarla al detener el video y hacer acercamiento en
momentos específicos, como lo propone el demandante.

131. Además, dichas publicaciones ameritan el siguiente análisis:

132. La parte actora para sustentar que el demandado incurrió en la prohibición de
doble militancia resalta de la videograbación, que no solamente el señor Fernández
Alcocer hace uso de la aludida prenda de vestir, sino que también posa con la gorra
junto a la señora Vergara Guzmán, para lo que, al parecer, es una fotografía, haciendo
un gesto con el pulgar arriba, que significó el secundar su campaña.

133. Contrario a lo afirmado por el extremo demandante, la Sala encuentra que en ese
momento del video ni siquiera es posible advertir alguna propaganda alusiva a la
candidata del partido Conservador, como se muestra a continuación:

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134. Es importante en este caso, precisar el concepto de publicidad, al tenor de la Ley
1475 de 2011, que definió como propaganda electoral todas aquellas «(…) actividades
principales de la campaña y cumple la función de promover masivamente los proyectos
electorales sometidos a consideración de los ciudadanos o una determinada forma de
participación en la votación de que se trate (…)»19, así mismo, «(…) en la propaganda electoral
sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el
Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de
ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuáles no podrán incluir o reproducir los
símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar
confusión con otros previamente registrados20».

135. En esta disposición, se hace alusión a que la propaganda electoral, se realiza a
través de la difusión masiva de una campaña y la utilización de los símbolos o
emblemas propios de una aspiración que estén debidamente inscritos ante la autoridad
electoral, los cuales permiten la identificación plena del proyecto político.

136. Bajo este racero y sin desconocer el cambio de gorra que hizo el demandado, no
se advierte que el señor Fernández Alcocer con ese distintivo se muestre como
promotor de la candidatura conservadora de la señora Vergara Guzmán, máxime
cuando de los 4 segundos del video, en los que se pudo constatar esta actuación, no es
claro que tal circunstancia de lugar a convencer al electorado de apoyar un proyecto
político ajeno al de su partido, lo que resulta relevante para configurar la prohibición
mencionada.

137. Además, si bien el demandado hizo uso de una prenda de color verde
(camuflado), tampoco aflora de manera simple relacionar este distintivo con una
candidatura del partido Conservador, en especial porque esta colectividad se identifica
con el color azul, aunado al hecho de que la señora Vergara Guzmán en todos los
registros fotográficos y fílmico porta la gorra azul, propio de la agrupación política a la
que pertenece.

138. Por esta razón esta colegiatura considera que no es claro que los electores, los
ciudadanos que apreciaron el video o inclusive aquellos que se encontraban in situ,
hubieran podido, de manera clara y sin lugar a duda, evidenciar que la prenda era
alusiva al partido conservador o incluso distintiva a la aspiración de la presunta
apoyada.

139. Adicionalmente, en la videograbación analizada se observa que el demandado
conservó a lo largo de sus caminatas la gorra roja, propia de su aspiración,
circunstancia que permite concluir que la señora Vergara Guzmán se sumó a la
aspiración del demandado y no que este hubiera ofrecido algún apoyo a la candidata
conservadora.

140. En el video también se observa al demandado abrazado con la señora Vergara
Guzmán, aparentemente, pretendiendo tomarse una fotografía, lo cual tampoco permite
concluir que el señor Fernández Alcocer esté usando la misma prenda, dado que la

19
Artículo 34
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Artículo 35
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gorra se encuentra inclinada hacia arriba, posición que dificulta ver la propaganda
estipulada en ella.

141. Sobre este aspecto, resulta importante señalar que existe en la Sección una línea
decisional clara en relación con que los actos de apoyo deben acreditarse en un sentido
positivo, inequívoco y claro, por lo que se descartan como configuradores de la
prohibición recibir apoyo21 o agradecer el acompañamiento de otras organizaciones
políticas22, o incluso, la omisión en promover las aspiraciones de la colectividad en la
cual se milita.

142. Por estas razones, la Sala estima que no se configura la prohibición de doble
militancia por este aspecto.

Sobre el material fotográfico que contiene el comentario del demandado «vamos
con toda Dani»

143. En esta oportunidad, se relacionan unas fotografías publicadas en la red social de
la presunta apoyada con un comentario del demandado, en afirma «vamos con toda
Dani», de la siguiente manera:
3. FOTOGRAFIAS PUBLICADAS EN LA CUENTA DE INSTAGRAN DE LA SEÑORA DANIELA VERGARA
GUZMAN EL 13 DE AGOSTO DE 2023. (@danielavergarag)

https://www.instagram.com/p/Cv6By9ltcXl/?igsh=anFnOGNtZjZieGF3

DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que al momento de realizar la declaratoria de
GOBERNADOR, el segundo candidato con mayor votación , MARIO ALBERTO
FERNÁNDEZ ALCOCER manifestó por escrito la decisión de aceptar la curul a la
ASAMBLEA, que se asigna dando aplicación al artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
DÉCIMO TERCERO: Según el formulario E26 ASA, Acta de Escrutinio General de la
ASAMBLEA del departamento de SUCRE, el señor MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ
ALCOCER fue declarado electo como Diputado de Sucre.
V. CONCEPTO DE VIOLACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y
LEGALES.
Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto.

https://www.instagram.com/p/Cv6By9ltcXl/?igsh=anFnOGNtZjZieGF3
https://www.instagram.com/p/Cv6By9ltcXl/?igsh=anFnOGNtZjZieGF3

21
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de agosto del 2024. Radicación 05001-23-33-000-2023-01176-03. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra. Así mismo, sentencia del 25 de julio del 2024, radicación 05001-23-33-000-2023-01189-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
22
Consejo de Estado. Sentencia del 26 de septiembre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00121-00. M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
21

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Rad: 70001-23-33-000-2024-00013-01

https://www.instagram.com/p/Cv6By9ltcXl/?igsh=anFnOGNtZjZieGF3
https://www.instagram.com/p/Cv6By9ltcXl/?igsh=anFnOGNtZjZieGF3

144. Acompañado con estas imágenes, el demandante aportó el siguiente enlace
electrónico con el fin de acceder a la publicación respectiva:
https://www.instagram.com/p/Cv6By9ltcXl/?igsh=anFnOGNtZjZieGF3

145. Sin embargo, al dar clic en el no es posible apreciar su contenido pues aparece la
siguiente información:

146. En este caso, aunque no se pudo consultar la publicación original, lo cierto es que
el actor allegó las capturas de pantalla respectivas, así que el análisis que emprenderá
la Sala será a partir del contenido de estas imágenes bajo los lineamientos generales
previstos para la valoración de los documentos en el Código General del Proceso23.

147. Así pues, como se dijo en precedencia, las seis imágenes corresponden a las
capturas de pantalla de una publicación realizada el 13 de agosto de 2023 en un perfil
de Instagram denominado «danielavergarag», el cual, según lo afirmado por el
demandante y que no fue refutado por el accionado, pertenece a la señora Daniela
Vergara Guzmán.

148. De las anteriores fotografías se observa a la entonces candidata del partido
Conservador y al señor Fernández Alcocer, recorriendo una vía pública en compañía de
ciudadanos que tienen prendas y objetos como carteles o banderas con publicidad de
ambas campañas. De igual manera, se les observa saludando a las personas y
tomándose fotos con algunas de ellas, en el que se presume es el mismo evento que se
registró en el video antes analizado.

149. Al respecto, la sala no considera que estas imágenes, por sí solas, demuestren
algún respaldo por parte del demandado hacia la señora Vergara Guzmán, en la

23
Artículo 247. Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido
aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con
exactitud.La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de
los documentos. (Se resalta)
22

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medida en que únicamente constatan la presencia de ambos candidatos en un acto de
connotación proselitista, que no puede reprocharse porque no configura a priori una
doble militancia bajo la modalidad de apoyo.

150. A su vez, el usuario denominado «marioferalco», que según el demandante
corresponde al señor Mario Alberto Fernández Alcocer, (lo cual fue aceptado al
contestar la demanda), comentó la publicación con la expresión «Vamos con toda
Dani!».

151. En criterio del actor, este comentario corresponde a una expresión específica de
apoyo por parte del demandado, de la que se puede extraer su deseo de éxito para la
candidata y que juntos estarían trabajando para lograr ese cometido.

152. Frente al punto, resulta relevante indicar que textualmente de la publicación de la
presunta apoyada, se puede observar la siguiente descripción:

«¡El anhelo de años atrás hoy es una hermosa realidad para todos!
Hoy nos fuimos felices del barrio La Pollita, la solidaridad, trabajo en equipo y
perseverancia de los habitantes, han sido fundamentales para alcanzar logros
significativos, como lo es hoy la pavimentación de la calle.
Junto a nuestro próximo gobernador, Mario Fernández, seguimos luchando
incansablemente por el bienestar de las comunidades y de esta manera seguir
contribuyendo positivamente a nuestra ciudad. @marioferalco»

153. Del análisis de la publicación, lo que se aprecia claramente es el respaldo que
ofrecía la señora Vergara Guzmán al entonces candidato a la Gobernación de Sucre,
nótese, por ejemplo, que la candidata portaba una gorra con la expresión «MARIO
GOBERNADOR» y, en el texto que acompaña las fotografías, se refiere al demandado
como «nuestro próximo gobernador», y de su intención de seguir luchando por el
bienestar de las comunidades, lo que demuestra su intención de apoyar las
aspiraciones del señor Fernández Alcocer.

154. En ese sentido, la Sala estima que la publicidad esta exclusivamente dirigida a
promover la candidatura del señor Fernández Alcocer a la gobernación de Sucre, y no
de éste en favor de la señora Vergara Guzmán, circunstancia que se denota del mismo
comentario antes transcrito, en el cual no se hace ninguna mención a la aspiración de la
última de las mencionadas al concejo por el partido Conservador Colombiano.

155. De hecho, como lo planteó el tribunal de primera instancia, se trató del
agradecimiento del demandado frente a las expresiones de respaldo, así que, en
criterio de la Sala, no es posible concluir que la expresión «Vamos con toda Dani»
constituyó un acto específico y concreto de apoyo que materialice la doble militancia.

156. Por manera que, como en el presente asunto no se logra demostrar que el
demandado ofreció apoyo a la señora Daniela Vergara Guzmán, se confirmará la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo Sucre del 25 de julio del 2024, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

23

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Asamblea Departamental de Sucre para el período 2024-2027
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión negó las pretensiones de
la demanda, formuladas contra el acto de elección del señor Mario Alberto Fernández
Alcocer como diputado del departamento de Sucre.

SEGUNDO: RECHAZAR de plano la petición de unificación elevada por el apoderado
de la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva, decisión que no
es susceptible de recursos, conforme lo dispone el artículo 271 del CPACA.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento de voto

DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA
Conjuez

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

24

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