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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2023-00774-04

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2023-00774-04

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander del 29 de enero de 2025, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2023-00774-04

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de junio de 2025

Demandantes: Giovanny Humberto Duran Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero
alcalde municipal de Concepción (Santander) periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04 (Ppal.)
68001-23-33-000-2023-00789-00
68001-23-33-000-2023-00864-00
Demandantes: Giovanny Humberto Durán Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero alcalde del municipio de Concepción
(Santander) para el período 2024– 2027.

Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo, inhabilidades e
incompatibilidades para ser alcalde.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante1 y
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el
29 de enero de 2025, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Los ciudadanos Anderson Javier Rojas Barajas, Giovanny Humberto Durán Romero
y Lorein Elizabeth Osses Méndez, actuando en nombre propio en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011,
interpusieron demandas en las cuales solicitaron la nulidad del formulario E-26 ALC del
31 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Eduard Abril
Borrero como alcalde municipal de Concepción (Santander) para el período
constitucional 2024-2027, a las que se le asignaron los siguientes radicados: i) 68001-
23-33-000-2023-00789-002, ii) 680012333000-2023-00864-003 y 680012333000-2023-
00774-004, respectivamente.

1.1. Las demandas

2. Los escritos comparten los hechos por lo que se narrarán de forma conjunta como
pasa a exponerse a continuación:

3. En relación con el cargo de inhabilidad e incompatibilidad, señaló:

1
Anderson Javier Rojas Barajas, demandandte dentro del radicado 68001-23-33-000-2023-00789-00
2
Demanda radicada el 28 de noviembre de 2023
3
Demanda radicada el 15 de diciembre de 2023
4
Demanda radicada el 23 de noviembre de 2023.

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Demandantes: Giovanny Humberto Duran Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero
alcalde municipal de Concepción (Santander) periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

4. El señor Eduard Abril Borrero ejerció en el cargo denominado secretario general y de
gobierno en el municipio de Concepción hasta el mes de septiembre de 2022, además
para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022 fungió como alcalde
encargado del mismo municipio.

5. Frente a la doble militancia indicaron:

6. El partido Alianza Verde el 29 de julio de 2023 inscribió al señor Eduard Abril Borrero
como candidato a la Alcaldía del municipio de Concepción (Santander); asimismo, la
citada colectividad inscribió lista de candidatos al concejo como consta en el formulario
E-6 CO, en el que no se evidencia que se haya formalizado acuerdo de coalición.

7. El señor Eduard Abril Borrero apoyó la candidatura de Juvenal Díaz Mateus, a la
Gobernación de Santander, por el Partido Conservador Colombiano, el 1 de noviembre
de 2023, en la emisora radial Málaga Latina Estéreo de Málaga (Santander) cuando su
obligación era apoyar al candidato Ferley Sierra del Partido Alianza Verde.

8. Asimismo, apoyó a candidatos al concejo así: por el Partido En Marcha a Nelson
Ortiz López y Alberto Merchán, por Cambio Radical a Óscar Torres, y por el MAIS y a
Carmen Rosa Vargas Castellanos, Rodrigo Valbuena Sánchez, Pastor Sandoval
Ramírez, distintos a los inscritos por el partido Alianza Verde, para lo cual, allegó
publicaciones en redes sociales que dan cuenta de las manifestaciones que el
demandado hizo frente a estos aspirantes y que dan cuenta de que el demandado
incurrió en doble militancia.

9. El 14 de agosto de 2023, el demandado publicó en su red social Facebook
publicidad de los candidatos Carmen Rosa Vargas Castellanos, Rodrigo Valbuena
Sánchez y Pastor Sandoval Ramírez identificados en la tarjeta electoral con los
números 1, 3 y 4 del movimiento MAIS, con el siguiente mensaje:

Líderes comprometidos con el municipio; serán garantes del desarrollo permanente del
territorio Concepcionero.
Presento a ustedes mis candidatos por el partido MAIS al Concejo municipal.
Me acompañarán y estarán al servicio de la comunidad.

10. El 16 de agosto, en el mismo perfil de la red social publicó nuevamente fotografías
de los antes citados candidatos identificados con los números 1, 3 y 4 del partido En
Marcha, con el mismo mensaje expuesto anteriormente, pero haciendo alusión a los
concejales del partido MAIS.

11. El 17 de agosto publicó en su perfil de Facebook una fotografía del candidato al
concejo por el partido Cambio Radical «CR1-Beto Merchán» con la misma consigna.

12. Aducen que el demandado en varias oportunidades en el medio radial (Málaga)
Latina Estéreo de la ciudad de Málaga (Santander) realizó las siguientes
manifestaciones:

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11.1. El 4 de agosto de 20235, el señor Eduard Abril Borrero indicó que está co-avalado
por 4 colectividades, tales como Alianza Verde, Cambio Radical, En Marcha y MAIS y
expreso que: «dentro de la parte ya de estructura política tengo ya estructurado (…) con
grandes partidos (…) de igual manera tengo el co aval del partido cambio radical, el co aval del
partido en marcha (…) de igual manera tengo el co aval del partido maíz (…)» (sic para toda la
cita)

11.2. El 29 siguiente6 en la misma emisora reiteró que se encontraba apoyado por los
mismos 4 movimientos citados anteriormente, y además presentó al concejal por el
partido En Marcha Nelson Ortiz, como también a candidatos al concejo por Cambio
Radical.

11.3. El 20 de septiembre de 20237, el demandado en la citada emisora dijo invitar «a
cada uno de los concepcioneros a que el próximo 29 de octubre voten por EDUAR ABRIL
marcando la primera casilla en el tarjetón a la alcaldía y que TAMBIÉN RESPALDEN A MIS
CANDIDATOS AL CONCEJO SON 36 OPCIONES QUE ESTÁN EN CUATRO LISTAS, EN
CUATRO AVALES PARA PODER LLEGAR A SER UN GRAN EQUIPO Y PODER ARTICULAR
Y PODER GENERAR EL DESARROLLO QUE EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN NOS
MERECEMOS.» (sic)

11.4. El 12 de octubre de 20238 indicó que: «tuve la oportunidad de hacer esa coalición de
cuatro partidos políticos en lo que tiene que ver el PARTIDO VERDE, EL PARTIDO CAMBIO
RADICAL, EL PARTIDO EN MARCHA Y EL PARTIDO MAIS, donde estos partidos pues son
partidos de centro, partidos de que tienen ministerios que tienen ahorita cargo también (…)
muchísimos proyectos y entidades como también tiene gran cantidad de senadores como Ávila
el senador de Bogotá David Luna de Cambio Radical el Senador Gustavo Moreno, el Senador
Jairo Castellanos quienes me están brindando ese apoyo quienes me están brindando esa
confianza son 5 senadores pues quien en este momento están trabajando conmigo para
conseguir todos esos recursos y para llevar dineros a nuestro municipio». (sic para la cita)

11.5. El 27 de octubre de 20239, en una entrevista, presentó a 2 candidatos al concejo
avalados por el partido Cambio Radical y manifestó: «un saludo muy especial para mi gran
equipo de trabajo y candidatos al concejo a mi querida y amada esposa, Dios le pague porque
esto es un equipo, (…) y hoy me acompañan 2 candidatos al concejo, Eivar que representa
también un sector muy importante en la parte del páramo, la vereda Carabobo y a Alberto
Merchán también muchísimas gracias por acompañarme y que hoy también quieren darse a
conocer en la provincia de García Rovira y en el mundo (…) LOS CANDIDATOS A LOS QUE
HACE MENCION SON CANDIDATOS AL CONCEJO POR EL PARTIDO CAMBIO RADICAL»

11.6. El 1 de noviembre de 202310 en medio radial manifestó que: «igualmente un saludo
muy especial al Dr. Juvenal Díaz Mateus, Gobernador del Departamento de Santander, un
saludo para él, ahí estuvimos también con el equipo de Cambio Radical echándole la mano,
trabajando con él, en varias ocasiones pues, tuvimos la oportunidad de compartir algunas
situaciones, un saludo para él, y nos alegra que sea el Gobernador del Departamento de
Santander (…) menciona Diputados que estuvo apoyando de los diferentes partidos políticos y
que fueron electos»

5
Enlace. https://fb.watch/oUUPow2q3N/?mibextid=Nif5oz
6
Enlace. https://fb.watch/oUUHhrdLfo/?mibextid=Nif5oz
7
Enlace https://fb.watch/oUUBDHy4xz/?mibextid=Nif5oz
8
Enlace: https://www.facebook.com/MalagaLatinaSt/videos/701178528712364/
9
Enlace: https://fb.watch/oUsmu6hJrW/?mibextid=Nif5oz
10
Enlace: https://fb.watch/o28t6_XLIH/?mibextid=RUbZ1f

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Demandado: Eduard Abril Borrero
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1.3. Concepto de la violación

13. Como normas violadas señaló los artículos 40,107 y 262 de la Constitución Política;
los artículos 3811 numeral 7 y 3712, numeral 2, de la Ley 617 de 2000; artículo 27513,
numeral 5 y 8 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2, 7 ,28, 29 de la Ley 1475 de
2011.

14. Para sintetizar los presuntos apoyos, se realiza el siguiente cuadro:

Demandado Candidato a la Partido Candidato al Partido
Participó en la contienda por el Gobernación Concejo
partido Alianza Verde Nelson Ortiz López En Marcha
Alberto Merchán y Cambio
Se le endilga que realizó apoyos Óscar Torres de Radical
a candidatos de diferentes Cambio Radical
colectividades a la gobernación y Juvenal Diaz Mateus Partido Carmen Rosa Vargas MAIS
al concejo de Concepción Conservador Castellanos, Rodrigo
(Santander) Valbuena Sánchez,
Pastor Sandoval
Ramírez Partido
MAIS

1.4. Trámite procesal de primera instancia

15. El 28 de noviembre de 2023 se admitió el proceso con radicado 68001-23-33-000-
2023-00774-0014 y mediante decisión del 19 de enero de 2024 se rechazó la solicitud
de medida provisional y la reforma de la demanda por extemporáneas.

16. El 4 de diciembre de 2023 se admitió el proceso con radicado 680012333000-2023-
00789-0015, mediante auto del 19 de enero de 2024 se admitió la reforma de la
demanda y se rechazó por extemporánea la solicitud de suspensión provisional,
posteriormente, el 26 de enero de 2024 se remitió el expediente para estudio de
acumulación.

17. El 16 de enero de 2024 se admitió la demanda y se ordenó correr traslado de la
solicitud de suspensión provisional dentro del radicado 680012333000-2023-00864-
0016, el 20 de marzo de 2024 se aceptó como coadyuvantes de la parte demandante a
Diana Ine Pérez, Lorein Elizabeth Osses Méndez17 y de la parte demandada a Gustavo
Andrés Benítez Luna18.

18. El 29 de febrero de 2024 se decretó acumulación de los procesos de la referencia.

11
ARTÍCULO 38.- Incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no
podrán: (…) 7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido.
12
ARTÍCULO 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: (…) 2. Quien dentro de los
doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal,
haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
13
ARTÍCULO 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos
en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o
que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
(…) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al momento de la elección.
14
Demanda radicada el 23 de noviembre de 2023.
15
Demanda radicada el 28 de noviembre de 2023
16
Demanda radicada el 15 de diciembre de 2023
17
Quienes hicieron alusión a los mismos argumentos presentados por los actores
18
Ibidem.

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19. El 28 de junio de 2024 el tribunal negó la solicitud de medida cautelar interpuesta
dentro del radicado 2023-00864, decisión que fue recurrida por el señor Anderson
Javier Rojas Baraja demandante dentro del radicado 2023-00789.

20. Mediante auto del 30 de octubre de 2024 se rechazó el recurso de apelación
interpuesto en los siguientes términos: «(…) el señor Anderson Javier Rojas Barajas,
demandante en el proceso 68001-23-33-000-2023-00789-00 y quien suscribe el recurso
de apelación en contra del auto del 28 de junio del 2024, no cuenta con la legitimación
para recurrir dicha determinación, dado que la suspensión provisional allí denegada no
fue solicitada dentro del medio de control interpuesto por aquel».

21. Surtidas las notificaciones de rigor, se pronunciaron los siguientes sujetos
procesales:

22. El demandado se opuso a las pretensiones y dijo que no se acreditaron los
elementos que configuran la doble militancia, además precisó que el hecho que se le
viera acompañado del notario no comporta una conducta que conlleve a estar inmerso
en la causal de nulidad electoral, aseveró que no realizó actos de apoyo a candidatos
distintos al partido para el cual fue avalado.

23. Manifestó que las pruebas aportadas con la demanda, esto es las imágenes de
Facebook, no pueden ser tenidas en cuenta porque no es posible determinar la fecha
en que se publicaron, el autor de aquellas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
por lo que no es posible tener por demostrado que el demandado incurrió en doble
militancia.

24. Frente a la inhabilidad endilgada por haber sido secretario general, de gobierno, y
además alcalde encargado, tampoco se encuentra acreditada toda vez que para la
fecha que ocupó estos cargos se encontraba fuera del período inhabilitante.

25. Afirmó que la Ley 617 de 2000 determina que no podrá ser inscrito candidato, ni
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien dentro de los 12 meses
anteriores a la fecha de elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o
autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo municipio, o quien en la
misma calidad en el orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

26. Reconoció que el cargo que ostentó en el municipio de Concepción (Santander) se
denomina secretario general y de gobierno; sin embargo, adujo que su renuncia se
produjo mucho antes de los 12 meses a la elección, por cuanto ejerció dicho cargo
entre el 1° de enero de 2020 y el 21 octubre de 2022, fecha en la que se aceptó su
renuncia.

27. La RNEC y el CNE formularon la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

28. Asimismo, se fijó el litigio en los siguientes términos «El señor EDUARD ABRIL
BORRERO incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo y si

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también se encontraba inhabilitado por haber ejercido como alcalde encargado del
Municipio de Concepción Santander en el periodo 2019 – 2023»

29. La audiencia de pruebas se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2024 en la que se
recibió el interrogatorio de parte19 y los testimonios de Alberto Merchán20 y Esperanza
Peña21, además se cerró el periodo probatorio y se corrió traslado para alegar de
conclusión.

1.5. Sentencia de primera instancia

30. El 29 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la elección del
señor Eduard Abril Borrero como alcalde del municipio de Concepción (Santander) y
resolvió como probada la excepción de falta de legitimación propuesta por la RNEC y la
negó frente al CNE.

31. En lo que hace a las inhabilidades contenidas en los artículos 37 y 38 de la Ley 617
de 2000, dentro del proceso se encontró acreditado que el demandado en calidad de
secretario general y de gobierno del municipio de Concepción fungió como alcalde
encargado en diferentes meses del año 2022, dejando el empleo el 21 de octubre de
2022, es decir por fuera del periodo inhabilitante.

32. Respecto de la doble militancia, encontró probado que el señor Eduard Abril
Borrero se inscribió por el partido Alianza Verde para la Alcaldía del municipio de
Concepción (Santander).

33. Indicó que del material probatorio que obra en el proceso se tiene que respecto del
señor Diógenes García Valbuena, si bien es militante activo del partido de la U, no fue
aspirante para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

34. En relación con el apoyo que realizó el demandado a candidatos al concejo
inscritos por los partidos Cambio Radical, En Marcha y MAIS a través de sus redes
sociales, señaló que, si bien no se encuentran disponibles los enlaces aportados con la
demanda, el demandante allegó pantallazos de ellos, esto es de las publicaciones en la
red social Facebook, los cuales no fueron tachados por la parte demandada, por lo que
se presumen auténticos.

19
Manifiesto que estuvo como Secretario General y de Gobierno del MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN del 2020 al 2022. Señaló
igualmente que fungió como alcalde encargado, pero no recuerda las fechas, también que se lanzó como alcalde del
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN como militante del partido verde, en coalición con el partido cambio radical y el partido en marcha,
donde estuvo también la adeción del partido “mais”. Aseguró que no recibió apoyo de un candidato del partido de la “U”. Indica que
no tuvo ninguna relación con el candidato Juvenal Diaz Mateus, sólo que hizo una manifestación de agradecimiento, la cual fue
posterior a su elección, resaltando que no estuvo en ningún evento político con dicho candidato. Tampoco compartió
conversaciones con el candidato Diógenes Valbuena, ni apoyó al candidato Carlos Merchán. Que se inscribió en el plazo concedido
por la CNE como candidato a la Alcaldía, precisando que no recuerda la fecha exacta.
20
Señaló que conoce al señor ABRIL BORRERO porque son amigos desde hace más de quince años y que actualmente es
concejal por el partido Cambio Radical, precisando que apoyó al aquí demandado como candidato a la alcaldía de CONCEPCIÓN.
Resalta que el ahora alcalde de la mencionada entidad territorial nunca lo apoyó en su candidatura, sino que cambio radical autorizó
dar su aval para la candidatura del demandado. Manifestó que Cambio Radical apoyó al actual Gobernador de Santander,
precisando que no conoce si el señor ABRIL BORRERO estuvo en reuniones del ahora gobernador o si este lo apoyó en redes
sociales.
21
Advirtió que es amiga del aquí demandado y que participó como candidata al Concejo de Concepción por el partido en marcha,
precisando que apoyaba al candidato EDUARD ABRIL BORRERO, pero este último no la apoyaba para su candidatura porque su
partido tenía sus propios candidatos. Afirmó que en las reuniones políticas solicitó apoyo para la candidatura del señor ABRIL
BORRERO pero este último nunca la apoyó en su campaña

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35. Sostuvo que frente a las diferentes entrevistas de la emisora de radio realizadas y
registradas en los enlaces aportados con la demanda se pudo establecer que el
demandado manifestó que: «estoy avalado por el partido verde (…) de igual manera tengo el
co-aval del partido cambio radical, el co-aval del partido En Marcha (…) de igual manera tengo
el co-aval del partido MAIS (…) ¿o sea lleva cuatro listas para el concejo? – Entrevistado: sí,
señor (…)»

36. Encontró que, de la prueba documental aportada, específicamente las imágenes
publicadas en la red social Facebook del demandado, se evidencia que este realizó
manifestaciones de respaldo en favor de candidatos al concejo inscritos por
colectividades diferentes al partido que lo avaló, asimismo dentro de las entrevistas que
se le realizaron expresó abiertamente su apoyó a aspirantes al concejo de En Marcha,
Cambio Radical y Mais, cuando ello no le era permitido porque su colectividad postuló
candidatos conforme obra en el E-26 CO.

37. Frente al candidato a la gobernación, resaltó que no se acreditó el apoyo a Juvenal
Díaz, toda vez que sus palabras fueron después de la elección por lo que no se
configuran los elementos de la doble militancia.

1.6. Recursos de apelación

38. La parte demandante22 indicó que su reparo frente a la sentencia es contra la
decisión de negar la prosperidad de la nulidad por la inhabilidad establecida en el
artículo 38, numeral 7 de la Ley 617 de 2000 por cuanto el señor Eduard Abril Borrero,
fungió como alcalde encargado del municipio de Concepción en varios periodos, siendo
el último el que obra en Resolución 473 del 20 de octubre de 2022, es decir que tuvo tal
calidad «durante el día 21 del mismo mes y año, quedando debidamente posesionado; es decir
ejerció como alcalde en el periodo comprendido de los doce (12) meses anteriores a la
inscripción como candidato, esto es, hasta el 21 de octubre de 2022».

39. Sostuvo que el período en el que el demandado ostento dicha calidad fue entre el
20 de octubre de 2022 y la fecha en que se inscribió como candidato, 29 de julio de
2023, para afirmar que solo habían transcurrido 9 meses desde la fecha en que dejo el
cargo y se inscribió como candidato, hecho que conlleva a que se configure el elemento
temporal de la inhabilidad la cual va desde el 29 de julio de 2022 hasta el 29 de julio de
2023.

40. El demandado también se encuentra en la causal de inhabilidad contenida en el
numeral 2 del artículo 37 de la ley 617 de 2000, por cuanto fue secretario general y de
gobierno del municipio de concepción durante el período inhabilitante toda vez que
ostentó el último cargo que desempeñó fue el 21 de octubre de 2022.

41. En el recurso de alzada apeló el argumento del tribunal al encontrar no acreditada
la doble militancia respecto del señor Juvenal Díaz Mateus, toda vez que considera que
el acto de apoyo si fue en época de campaña por lo que se debió declarar probada.

22
Visible en el link
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001233300020230077400/69F19D2F021F4
9FAACD71EBC68D2F091E8185F47F97AF1B09B1DE25E2445D9B4/2

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42. La parte demandada23 luego de realizar un recuento de las pruebas que fueron
incorporadas al proceso y la conclusión a la que llegó el tribunal de instancia, sostuvo
que:

43. No se valoró el informe pericial que fue aportado con la contestación que da cuenta
que las fotografías y enlaces aportadas con la demanda no cumplen con los requisitos
establecidos en la Ley 527 de 1999, para señalar que estos no fueron recolectados,
almacenados o presentados de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley
por lo que no debieron ser valorados, además afirmó que los enlaces de la red social
Facebook que fueron aportados no se pueden visualizar.

44. Asimismo, precisó que la experticia aportada concluyó que: «Las Evidencias
analizadas y enviadas con los documentos y registros fotográficos anexados, se evidencia un
repositorio válido para algunos registros de evidencias con un link de descarga acorde al
descrito en el documento, encontrando solo un link de repositorio no válido. Se desconoce la
forma de adquisición para guardar en el repositorio Cloud de Google, ya que no hay un Digital
Evidence First Responder (DEFRs) o especialista en evidencia digital de primera intervención o
documentación que permita establecer el hash MD5 generado en el momento de la adquisición,
así como procedimiento de adquisición, recolección, custodia de la información».

45. Adujo que ninguna de las pruebas aportadas con la demanda es concluyente ni
determinante para declarar la nulidad por doble militancia, toda vez que: i) existía un
acuerdo de coalición que le permitía al demandado recibir apoyo de los candidatos que
pertenecían a aquella, y ii) el demandado no realizó manifestaciones claras, expresas y
abiertas, de apoyo a concejales inscritos por otros partidos distintos al que le otorgó el
aval.

46. Tampoco se configuran los elementos objetivos para que se incurra en la doble
militancia toda vez que no se acreditó circunstancia alguna donde el demandado haya
manifestado inequívocamente apoyo a algún candidato distinto al movimiento al cual
pertenece.

47. De conformidad con lo anterior, advirtió que la causal de nulidad por doble
militancia se estructura cuando un candidato pertenece simultáneamente a más de un
movimiento político con personería jurídica, sin que le sea permitido al juzgador
extenderla a otros eventos, como el señalado por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011
referente a «apoyar» a otros candidatos pertenecientes a otros partidos o movimientos
políticos, pues significaría ampliar la restricción de un derecho político a situaciones no
contempladas en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos
(artículo 23), desconociendo estos postulados superiores.

48. Sostuvo que la constitucionalidad de la expresión «no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados» contenida en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 no ha sido estudiada por la
Corte Constitucional, por lo que solicita su inaplicación en el presente caso, porque
resulta contraria al artículo 40 de la Constitución Política que contiene los derechos
políticos y garantiza su ejercicio.

23
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49. Finalmente, indicó que, a partir de las imágenes aportadas, no se puede establecer
la fecha de su publicación, el autor de aquellas, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, para concluir que estas imágenes no contienen elementos para tener por
demostrado que el demandado incurrió en la causal de doble militancia.

1.7. Auto que concedió los recursos de apelación

50. El Tribunal Administrativo de Santander el 14 de febrero de 2025, concedió los
recursos interpuestos24.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

51. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
22 de abril de 202525, admitió los recursos de apelación y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales y el 12 de mayo de la presente anualidad,
se rechazó por improcedente el recurso de reposición26 presentado por el demandado.

52. Las partes presentaron los alegatos de conclusión en los siguientes términos:

53. El demandante no alegó de conclusión.

54. El demandado reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación e
insistió en que en el presente caso no se acreditaron los elementos que comportan la
doble militancia por apoyo, incluso señaló que no existe evidencia que dé cuenta que
esas publicaciones las realizó el demandado, con todo manifestó que de la prueba no
se concluye los supuestos actos positivos, directos e inequívocos de apoyo, ya que el
demandado, en ningún momento invitó a las personas a votar por los candidatos o
partidos que refieren la censura y mucho menos, que se haya brindado apoyo alguno a
ningún candidato en particular.

55. Se centró en la valoración del dictamen pericial para señalar que de las
publicaciones realizadas en la red social, así como las entrevistas que rindió en la
emisora (Málaga) Latina Estéreo no se puede concluir si los medios probatorios fueron
o no objeto de modificación, alteración o acomodación, por lo que al darles plena
validez se desconocieron los derechos y garantías fundamentales del alcalde
demandado; afirmó que los pantallazos allegados no permiten inferir, ni siquiera el
elemento temporal ni tampoco el destinatario de los mensajes, no se sabe si la cuenta
es real, cuántos seguidores tiene en la circunscripción para determinar que no fue
privado ni mucho menos que se hubieran obtenido en época de campaña, así pues, no
es dable concluir ningún elemento de doble militancia, a partir de las documentales.

56. La procuradora séptima delegada27 ante esta corporación se pronunció y luego
de hacer un recuento de los antecedentes de los procesos, solicitó se confirme la
decisión y manifestó que el demandado no incurrió en la causal de
24
Viisible en el link
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8E9CDB9C8F0071C5936B39A55A3EF7957F755B6D190FE0831A2C/2
25
Expediente digital SAMAI – Índice 00015
26
La parte demandada solicitó se rechace el recurso de apelación interpuesto por los demandantes por considerar que es fue
extemporáneo.
27
Índice 00034 del expediente.

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incompatibilidad/inhabilidad establecida en el artículo 38. 7 y 39 de la Ley 617 de 2000,
por cuanto además de no haber sido electo popularmente a la alcaldía de Concepción,
el encargo para ejercer el cargo fue transitorio, producto de las comisiones de servicio
que tuvo el titular, no ajustándose dicha situación fáctica a los presupuestos
desarrollados por la línea jurisprudencial vigente sobre la materia, y en relación con la
doble militancia se encontró acreditado que el demandado brindó apoyo a los
candidatos al Concejo municipal de Concepción de los partidos Cambio Radical, En
Marcha y MAIS, de manera directa con actos positivos más allá de toda duda
razonable, aun cuando su colectividad de origen contaba con candidatos propios a
dicha corporación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

57. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 15028 y 152.7.a)29 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre
de 2024, de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

58. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 29 de enero de 2025, mediante
la cual declaró la nulidad de la elección del señor Eduard Abril Borrero como alcalde
municipal de Concepción (Santander) periodo constitucional 2024-2027, al encontrar
acreditado que el demandado incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo,
asimismo, se deberá determinar si incurrió en la inhabilidad consagrada en los artículos
3830 numeral 7 y 3731, numeral 2, de la Ley 617 de 2000;

59. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala dividirá el estudio en dos
aspectos, el primero respecto de la inhabilidad e incompatibilidad endilgada al
demandado para lo cual abordará: (i) el marco general del régimen de inhabilidades
para los cargos de elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad
invocada.

60. En segundo lugar, desarrollará el tema de la doble militancia para lo cual se hará
una breve exposición teórica sobre la conducta prohibida que se alega frente al aquí

28
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
29
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…), de los alcaldes,
(…)»
30
ARTÍCULO 38.- Incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no
podrán: (…) 7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido.
31
ARTÍCULO 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: (…) 2. Quien dentro de los
doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal,
haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

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demandado, para luego estudiar el caso concreto frente a cada uno de los aspectos
que propone el recurrente.

2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular32

61. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.33

62. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública34. Dentro de estas limitaciones se encuentra el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad « garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio
por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»35.

63. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»36. Así mismo, en la realización
del principio democrático37 esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad
«prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los
procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes»38. También, ha
indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
33
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016

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Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos.39

64. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato 40, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.

2.3.1. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

65. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
alcaldes las siguientes causales de nulidad:

ARTÍCULO 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:

(…) 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, en el respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de
recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio. (resalto propio)

66. En cuanto a la inhabilidad prevista en el numeral 2, la Sala41 ha entendido que de
este tipo normativo se desprenden tres situaciones diferenciadas que constituyen
inhabilidades autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a haber ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar,
en el respectivo municipio o distrito, ii) la referida a quien, como empleado público del
orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto
en la ejecución de recursos de inversión o iii) quien en la misma calidad, hubiera
intervenido en la celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito.

67. En la medida en que en este caso se invocó el primero de los escenarios, se
procederá a identificar sus requisitos estructuradores, así:

a) Un elemento subjetivo, relacionado con que se haya ostentado la condición de
empleado público. Para ello, se requiere que exista un vínculo laboral de carácter legal y
reglamentario del candidato o elegido.

39
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
40
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Gloria María Gómez Montoya, Sentencia del 5 de diciembre de 2024, Radicación:
23001-23-33-000-2023-00197-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 3 de junio de 2021,
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00805-01. Ver también: Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección
Quinta. Sentencia del 26 de septiembre de 2024. MP Gloria María Gómez Montoya. Radicación: 52001-23-33-000-2023-00423-01. /
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 5 de septiembre de 2024. MP Omar
Joaquín Barreto Suárez. Radicación: 52001-23-33-000-2023-00374-02.

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b) Un elemento material u objetivo, consistente en el ejercicio de autoridad civil, política,
administrativa o militar. Este elemento corresponde al complemento directo como acción
o actividad del sujeto calificado.
c) Un elemento temporal, limitado al año anterior a la fecha de la elección, es decir, se
toma como punto de referencia el día de la elección y se cuenta un año hacia atrás.
d) Un elemento territorial, que implica que el ejercicio como empleado público o como
autoridad, se ejecute en el municipio o distrito para el cual resultó electo.

68. Para que se configure la causal de inhabilidad mencionada, se advierte que todos
los elementos se deben acreditar en forma concurrente y, en el evento en que falte
alguno de ellos, el entendimiento que le ha dado esta Sección frente a ello es su
inexistencia.

69. Finalmente, se precisa que el alcance de cada una de las inhabilidades descritas
debe ser interpretado en forma estricta y restrictiva respecto de los supuestos
expresamente tipificados en la normativa, dada la naturaleza de limitación al ejercicio
de un derecho político, como lo es el de ser elegido.

2.3.2. De las incompatibilidades de los alcaldes42

70. Son aquellas actuaciones que no pueden realizarse durante el desempeño de un
cargo, por resultar contrarias al deber de dedicación exclusiva que exige el desempeño
de la función pública. En otros términos, son circunstancias taxativamente señaladas en
la constitución o la ley, que ocurren con posterioridad al nombramiento o elección, que
restringen la posibilidad de ejercer coetáneamente tareas públicas o privadas en guarda
del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de
funciones o confluencia de tareas no conciliables. La Sección Quinta ha sostenido,
insistentemente, que las incompatibilidades no pueden aducirse como fundamento de la
nulidad de una elección43.

71. En punto de las incompatibilidades, esta Sala ha explicado que44:

Son aquellas prohibiciones que aplican a quienes han sido elegidos o nombrados, o a
quienes en el pasado lo fueron, y que, por mandato constitucional o legal, no pueden
incurrir en ciertas actuaciones mientras ejerzan el cargo para el cual fueron electos, y en
muchas oportunidades incluso cobijan un tiempo adicional.

72. Además, se ha precisado que45:

Se trata de una limitación para desplegar una actividad por el hecho de ocupar un cargo,
circunstancia que no genera la nulidad del acto electoral, pues a diferencia de las
inhabilidades, que constituyen impedimentos para el ejercicio de un empleo, las
incompatibilidades son circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, el
nombramiento o la posesión.

42
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 20 de marzo de 2025, Rad. 73001-23-33-000-
2023-00466-01
43
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 12 de agosto de 2021, Rad. 54001-23-33-000-
2020-00506-02, Demandantes: Procuradores 98 Judicial I y 24 Judicial II para asuntos Administrativos de Cúcuta, Demandado:
Martín Eduardo Herrera León- Personero Municipal transitorio de San José de Cúcuta.
44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001032800020120005500. Providencia
del 19 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 4 de diciembre de 2014. Expediente
11001-03- 28-000-2014-00006-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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73. La incompatibilidad invocada por la parte actora es la consagrada en el numeral 7
del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 que señala:

ARTÍCULO 38.- Incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como los que los
reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán: (…)

7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para
el cual fue elegido.

74. Ahora bien, este precepto debe leerse en conjunto con el artículo subsiguiente, el
cual dispone:

ARTICULO 39. DURACION DE LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE MUNICIPAL
DISTRITAL. Artículo CONDICONALMENTE EXEQUIBLE. Las incompatibilidades de los
alcaldes municipales y distritales a que se refieren los numerales 1 y 4, tendrán vigencia
durante el período constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del
mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el
numeral 7 tal término será de veinticuatro (24)46 meses en la respectiva circunscripción. (…)

2.3.3. Marco general sobre la doble militancia en la modalidad de apoyo47

75. En respuesta a la necesidad de contar con un régimen de partidos y movimientos
políticos fortalecido y alejado de las decisiones personalistas de sus militantes, el
legislador ha establecido tanto a nivel constitucional como legal la prohibición de doble
militancia como una forma de contribuir al funcionamiento organizado de estas
colectividades y buscar que aquellas sean sólidas, consistentes y con vocación de
permanencia.

76. Bajo este entendido, se tiene que tanto el artículo 107 Constitucional, como el
desarrollo de aquel, efectuado por la Ley 1475 del 2011, fijaron una serie de eventos
que, a lo largo de la labor jurisdiccional de esta corporación48, han sido entendidos
como las diferentes modalidades en las que se puede incurrir en la prohibición bajo
estudio.

77. Una de aquellas, es la que se consagra particularmente en el inciso 2º del artículo
2º de la mencionada ley estatutaria, norma que dispone:

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los

46
Al respecto, la Ley 1475 del 2011, en su artículo 29, parágrafo 3º, precisó que «[n]ingún régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la
Constitución Política», es decir, redujo el período por el cual se extiende la causal de inelegibilidad bajo estudio, toda vez que el
estatuto aplicable a los senadores y representantes a la Cámara consagra una duración igual a doce (12) meses, razón por la cual,
en la actualidad, es este último plazo el que se aplica para este caso.
47
Se reiteran las consideraciones expuestas en los siguientes fallos: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de
febrero del 2025. Radicación 11001-03-28-000-2023-00153-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya. Consejo de Estado. Sección
Quinta. Sentencia del 27 de febrero del 2025. Radicación 11001-03-28-000-2024-00008-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
48
Sobre las diferentes modalidades de doble militancia, ver, entre otras, las siguientes decisiones: Entre otras: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 28 de noviembre de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2024-00045-01 (concejal de Anolaima), MP. Gloria
María Montoya Gómez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Rad. 20001-23-33-000-2024-00005-01 (concejal de Valledupar), MP
Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Rad. 41001-23-33-000-2023-00364-01 (concejal de Neiva),
MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2023-01267-01 (concejal de Maceo), MP
Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10
de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-
00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.

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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. (Negrilla
fuera de texto)

78. De la disposición jurídica antes transcrita, es posible derivar la existencia de unos
elementos necesarios para la configuración de la conducta allí reprochada, y con ello, la
consecuente anulación del acto de elección, en los términos del numeral 8º del artículo
275 de la Ley 1437 del 2011. Estos son:

a) Un sujeto calificado, que, en los términos específicos de la legislación, se dirige a
quienes desempeñen cargos de dirección, gobierno, administrativos o control dentro de los
partidos y movimientos políticos, e incluso, aquellos que hayan sido o pretendan ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular.

b) La necesaria inscripción de candidatos por parte de la colectividad en la cual se es
militante (elemento modal).

Esta Corporación, en sentencia del 1º de agosto del 202449, reiterada en fallo del 22
siguiente50, señaló que «el deber de lealtad partidista surge en el momento en que la
colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato propio
a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o
bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas» (Se
resalta).

A su vez, esta sala, en decisión reciente51, puntualizó que para acreditar este presupuesto
modal de la prohibición «es necesario que el partido o movimiento político que avaló la
postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección
popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede exigírsele al demandado
una lealtad hacia su colectividad» (Se resalta).

La interpretación contenida en la providencia antes citada precisó que la prohibición de doble
militancia se circunscribe a los precisos eventos de la norma que la consagra, así:

«La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble militancia, que
apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los términos en que han
sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto,
no puede extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a
las allí reguladas.

Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la prohibición, sino
que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que consagra la norma.

En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble militancia
cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos respaldados por la
agrupación que avaló al demandado» (Se resalta).

Tampoco puede desconocerse que este elemento también se acredita cuando la colectividad
cuenta con candidatos de coalición o adhesión, dado que por el efecto del artículo 29 de la
Ley 1475 del 2011, se entiende que el candidato así inscrito es el único de las colectividades
políticas que participan en la contienda electoral bajo esa figura52.

c) Una conducta prohibida (elemento objetivo), consistente en el apoyo a candidatos
diferentes de los inscritos por la organización política en la cual se milita.

49
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-2023- 00103-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
50
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
51
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-33-000-2023-00463-01. M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero del 2025. Radicación
70001-23-33-000-2024-00030-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. A.V. Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Sobre este particular, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de
diciembre de 202053 de esta Sala de Decisión, a través de las cuales se precisaron aspectos
tales como que: (i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos
positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político; (ii) el
acompañamiento político puede provenir de una sola actuación, manifestación o de
actividades concatenadas; (ii) el apoyo indebido se configura independiente al resultado
electoral obtenido por el candidato asistido; (iv) la probanza del comportamiento prohibido
debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de
elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable; (v) el actuar objeto de
sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por
parte de un aspirante.

79. Un elemento temporal que, aunque no está expreso en la redacción de la norma,
de una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir
que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de
campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona
inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo
durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra y,
por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma
reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas54.

2.4. Caso concreto

80. El Tribunal Administrativo del Santander el 29 de enero de 2025, declaró la nulidad
de la elección del señor Eduard Abril Borrero al concluir que incurrió en la conducta de
doble militancia en la modalidad de apoyo.

81. El a quo encontró acreditado que, si bien el demandado fungió como secretario
general y de gobierno de la alcaldía de Concepción y como alcalde encargado de la
referida municipalidad; sin embargo, no se acreditó el elemento temporal de la
inhabilidad, toda vez que entre el período que tuvo esos empleos y al momento de la
elección habían transcurrido 12 meses.

82. Inconforme con lo anterior, la parte demandante impugnó la decisión de primera
instancia e indicó que no le asistía razón al tribunal por cuanto el periodo inhabilitante
se debe contar desde el momento de la inscripción, esto es el 29 de julio de 2023, por
lo que considera se debe revocar la decisión en relación con este punto, asimismo,
solicitó en relación con la doble militancia se revocara la decisión en tanto de la prueba
aportada se evidencia que el elegido apoyó al señor Juvenal Díaz a la gobernación.

83. Por su parte, el demandado apeló la decisión en punto de la doble militancia para lo
cual señaló que hubo una indebida valoración de la prueba, además que no se tuvo en
cuenta el dictamen pericial aportado que daba cuenta que las fotografías y videos no
cumplen con los requisitos de la Ley 527 de 1999. En ese orden de ideas, sostuvo que
en el presente caso no se acreditó el elemento objetivo toda vez que no hay elementos
de juicio que acrediten que el señor Abril Borrero haya desplegado manifestaciones de
apoyo a los candidatos de otros partidos.

53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020.
54
En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 6 de octubre de 2016.

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84. Es pertinente advertir, que el inciso 1.º del artículo 320 del Código General del
Proceso indica que «el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».

85. Además, el artículo 322 ibidem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a
la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que
«será suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la
providencia apelada».

86. En consonancia con lo anterior, el inciso 1.° del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

2.4.1. En relación con el cargo de inaplicar la disposición contenida en el artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011.

87. La Sala lo desestimará, porque contrario a lo señalado por la parte demandada este
artículo fue estudiado en la sentencia C-490 de 2011 en el que específicamente señaló
que el citado artículo no atenta contra el sufragio ni la capacidad del electorado, sino
que, por el contrario, es compatible con la Constitución, en la medida en que responde
al proceso de constitucionalización de la prohibición de doble militancia y busca
fortalecer el sistema de partidos políticos

88. Así pues, como fue reconocido por la Corte Constitucional, esta figura tiene una
finalidad que se acompasa con el ordenamiento interno, e incluso, con la “necesidad en
una sociedad democrática”, en tanto se trata de una limitante a los derechos políticos
que busca armonizar dichas libertades con el fin de evitar el personalismo en el
ejercicio de la actividad proselitista, que en últimas, deviene en un desconocimiento de
la confianza depositada por el electorado en un determinado proyecto político 55. Al
respecto, esta Sección ha señalado que:

(…) Cabe destacar, que en el caso del ordenamiento jurídico colombiano, tanto la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado56 como la de la Corte
Constitucional57, han establecido de manera unívoca que el objeto de protección de la
55
Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 2011
56
Cfr. con las sentencias del 7 de febrero de 2013, del Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Susana Buitrago Valencia,
radicados con los números 52001-23-31-000-2011-00666-01, 68001-23-31-000-2011-00998-01, 08001-23-31-000-2011- 01466-
01 Y 13001-23-31-000-2012-00026-01, en las cuales la Sección recogió una posición que sobre el tema de la doble militancia había
sostenido con anterioridad y acogió una nueva posición en el siguiente sentido: “La Sala deja sentado que replantea la concepción
que traía sobre las consecuencias de la doble militancia frente a la validez del acto de elección y adopta una nueva visión sobre el
verdadero significado de esa norma, a fin que cumpla la teleología para la cual fue prevista, esto es, al fortalecimiento y
robustecimiento de los partidos y movimientos políticos, y que se garantice la disciplina que se predica de estas organizaciones
políticas, respecto de quienes han sido elegidos con su aval y respecto de los electores que confiaron en el desarrollo del programa
y que apoyaron con su voto una determinada orientación política”. (Negrillas y subrayas fuera del texto)
57
Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Señaló la Corte: “Si bien la fijación de un régimen
jurídico tendiente a proscribir la doble militancia constituyó una de las herramientas planteadas por el Acto Legislativo 1 de 2003, y
reforzada por la reforma constitucional de 2009, tendiente a fortalecer los partidos y movimientos políticos, a través de la exigibilidad
de la disciplina de sus integrantes y la imposición correlativa de sanciones ante el incumplimiento de los deberes de pertenencia a la
agrupación correspondiente; es la prohibición de la doble militancia política, una limitación de raigambre constitucional al derecho
político de los ciudadanos a formar libremente parte de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en el entendido que
dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la
confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión personalista del
elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o al cargo de elección popular. Por lo
mismo que, de acuerdo con lo regulado por el inciso tercero y cuarto del artículo 108 C.P., tanto las agrupaciones políticas con
personería jurídica como sin ella están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo

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prohibición de doble militancia se dirige, no solo a favor de las organizaciones políticas, sino,
sobre todo, a la sociedad y la profundidad y eficacia del sistema democrático, que son los
que se benefician de las medidas de fortalecimiento de las agrupaciones políticas, porque si
a través de la disciplina de la política partidista y otros elementos que conforman el sistema
jurídico en materia de democracia, la sociedad recibe de esa forma un mensaje cada vez
más claro del sistema, los asociados pueden tener un parámetro claro de la opción con la
que se identifican y, por lo mismo, ejercerán sus derechos políticos en condiciones reales de
libertad58.”

89. Conforme a lo dicho, es procedente señalar que, no se evidencian razones para
considerar que la prohibición de doble militancia respecto de los aspirantes a cargos de
elección popular y de sus efectos frente a la legalidad del acto de elección, puedan ser
contrarios a la Constitución o la Convención Americana de Derechos Humanos59, por lo
que estos argumentos no tienen vocación de prosperidad.

90. La Sala analizará en primer lugar los reparos del demandante en punto a la
inhabilidad e incompatibilidad del demandado, así:

2.4.2. Inhabilidad del artículo 37 de la Ley 617 de 2000

91. Tal como se indicó en el marco normativo, para la concreción de la inhabilidad, se
deben acreditar varios presupuestos, a saber: 1) que dentro de los 12 meses anteriores
a la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, 2) y que se configuren de
manera concurrente todos los elementos, esto es, subjetivo, material u objetivo,
temporal y territorial.

92. Ahora bien, teniendo en cuenta que el tribunal no encontró probado el elemento
temporal la Sala centrará su análisis en este aspecto. De la prueba aportada al proceso
se tiene que:

93. El señor Eduard Abril Borrero, en calidad de secretario general y de gobierno del
municipio de Concepción (Santander), fungió como alcalde encargado, en los
siguientes períodos:

ciudadano a través de firmas, y siendo uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia la preservación del
principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico,
carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política”. (Negrillas fuera del
texto)
58
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 10 de diciembre del 2021. Radicación 19001-23-33-003-2019-00368- 01. M.P.
Rocío Araújo Oñate.
59
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del 25 de agosto de 2022, Radicado: 11001-03-28-000-
2022-00159-00, M.P Rocío Araújo Oñate

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94. Siendo su último encargo el 21 de octubre de 2022, como se evidencia en la
siguiente resolución:

95. En la audiencia de pruebas celebrada el 11 de diciembre de 2024 60 se practicó el
interrogatorio de parte del que se desprende (minuto 15:38):

(…) Pregunta: ¿antes de ser usted alcalde electo del municipio de Concepción que cargo
público tuvo y para qué fechas o períodos?. Responde: estuve como secretario de
gobierno, cargo público, y de igual manera estuve como instructor del Sena. (…) Pregunta:
¿se acuerda cuando estuvo como secretario de gobierno del municipio de
Concepción?. Responde: Estuve del 2020 al 2022. Pregunta: ¿usted fue secretario
general del municipio?. Responde: si señor (…) del 2020 al 2022. Pregunta: ¿en el
mismo periodo estuvo en ambos cargos?. Responde: no, (…) el cargo se llama
secretario general y de gobierno. Pregunta: ¿en esos períodos usted fungió como alcalde
encargado?, Responde: En algunos períodos, pero no recuerdo fechas. (…) Pregunta:
¿hasta que fecha fungió como secretario general y de gobierno?, Responde: no
recuerdo la fecha exacta. (resalto propio)

96. De los anteriores elementos de juicio se puede evidenciar que: i) el demandado
fungió como secretario general y de gobierno en el año 2022, incluso que el 21 de
octubre de 2022 fue alcalde encargado y ii) que tal como se desprende del
interrogatorio de parte, reconoce que ostentó el primer empleo aludido hasta el 2022 sin
precisar la fecha exacta de su culminación, toda vez que no la recordaba.

97. Se observa que de las pruebas aportadas no se puede concluir con certeza que el
demandado para el 29 de octubre de 2022 ostentara el cargo de secretario general y de
gobierno, tampoco se desprende del interrogatorio de parte que el demandado
manifestara hasta cuando fungió como secretario por lo que no es posible afirmar que
dentro del período inhabilitante ejerciera como tal.

98. Al respecto es preciso señalar que en el decreto de pruebas se solicitó la historia
laboral del demandado para poder tener claridad sobre su situación administrativa; no
obstante, esa información no fue aportada y, la parte interesada al momento de cerrar

60 Visible en el link https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/6babe08f-e14d-4597-9e7c-46876bb3226f

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la etapa probatoria no presentó alegato alguno tendiente a insistir sobre la referida
documental. Con todo se precisa que de la Resolución 473 de 2022 el demandado fue
encargado del cargo de alcalde por el término de un día.

99. Ahora bien, resulta relevante señalar que no le asiste razón al demandante cuando
manifiesta que el período inhabilitante es de 12 meses antes la inscripción toda vez que
tal como se indicó en la parte considerativa este término se contabiliza a partir de la
elección.

100. En tal sentido, considera la Sala que no se logró probar que el demandado dentro
de los 12 meses antes a la elección, esto es del 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre
de 2023 tuviese la calidad de secretario general y de gobierno, por lo que no es posible
concluir la concreción del elemento analizado, por lo que, ante a falta de prueba que los
acredite la Sala negará el reparo propuesto.

2.4.3. Incompatibilidades consagradas en el artículo 3861.7, de la Ley 617 de 2000.

101. Advierte la Sala que el reparo del demandante es en relación con el elemento
temporal de la incompatibilidad que se puede tonar en inhabilidad, para quienes
ostentan la condición normativa.

102. De lo acreditado se tiene que el señor Eduard Abril Borrero fungió como alcalde
encargado en diferentes meses del 2022, siendo su última designación mediante la
Resolución 473 del 2022 por un día, esto es, el 21 de octubre de 2022.

103. En este punto, resulta relevante precisar que la incompatibilidad establecida en el
artículo 38 de la Ley 617 de 2000 no se aplica a quienes han ejercido un encargo de
funciones alcalde ya que esta figura no implica un verdadero reemplazo del titular, en
relación con el supuesto inhabilitante invocado por el actor.

104. Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado62, a través de sentencia de
unificación del 27 de julio de 2021, explicó cómo se debe entender el precepto
normativo frente a los gobernadores -arts. 31.7 y 32-; no obstante, vale la pena resaltar,
que aquel tiene el mismo contenido, por lo tanto, su interpretación se extiende a lo
consagrado en el artículo 38 de la Ley 617 de 2000 para los alcaldes, a saber:

139. (…) al fijarse que la prohibición de inscribirse se predica “durante el período para el
cual fue elegido”, es claro que en su redacción se pretende establecer un condicionamiento
particular respecto de los destinatarios de la norma, pues es necesario entonces determinar,
en qué eventos, en particular, el designado en reemplazo tiene, desde el punto de vista legal,
un período. Los vocablos que se resaltan -en negrilla- de la expresión, son relevantes en
esta línea argumentativa, porque es posible concluir de ellos y respecto de los destinatarios
de la norma, lo siguiente:

140. El reemplazante es aquel que constitucional y legalmente es designado como titular
del cargo de gobernador, en tanto sólo en este evento se presenta un cambio respecto de
quien ostenta la calidad originalmente, lo que claramente excluye los eventos en que se
presenta el encargo de funciones. Pero adicionalmente, es aquel respecto de quien sea

61
ARTÍCULO 38.- Incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no
podrán: (…) 7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido.
62
MP Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2020-00004-00(SU), demandante: Gina Marcela Sánchez Camargo, demandado:
Ramiro Barragán Adame - gobernador de Boyacá.

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posible predicar la existencia de un período.

(…)143. Ahora bien, entendiendo que el gobernador no es nominador de su propio empleo
pues se trata de un cargo de elección popular, para determinar la materialización del encargo
del cargo respecto de dicho funcionario, se debe entonces efectuar la correspondiente
integración normativa y tener en cuenta los escenarios que plantea el artículo 303
constitucional en su inciso tercero63, en los cuales se presenta la designación
presidencial para suplir las faltas absolutas del mismo, por lo que serán estos, y no
otros, los que tienen la entidad suficiente para entender el alcance de la expresión
“reemplazo” dispuesta en el inciso único del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.

(…)144. De suyo, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación y la lectura sistemática
y armónica de las normas antes citadas, el reemplazo del gobernador ocurre cuando hay
falta absoluta de este, de manera que sólo se predica la calidad de reemplazante de quien lo
suple totalmente en la titularidad de su cargo, mediante la correspondiente decisión del
Presidente de la República para dichos efectos. Lo anterior, se reitera, sólo se presenta en
los estrictos eventos descritos en el artículo 303 Constitucional, toda vez que únicamente en
estos el elegido de forma democrática ha perdido su calidad de gobernador, mientras que en
otra (sic) situaciones administrativas, que ocurren en forma temporal y por razones del
servicio, quien resultó electo como primer mandatario departamental, no pierde tal condición.

(…)147. Conforme con lo anterior, el “designado en reemplazo”, para efectos de la
configuración de la causal de inelegibilidad, es aquel señalado por el Presidente de la
República para ocupar el cargo por el período constitucional antes señalado -en los términos
del inciso final del artículo 303 del texto superior- para cubrir las faltas absolutas (…).

148. En adición a lo expuesto, es claro que la acepción “período” no puede ser utilizada para
otras situaciones administrativas que se presenten respecto del cargo del gobernador, como
sucede, por ejemplo, con el encargo de funciones. Si bien es cierto que respecto de este
último -encargo de funciones- es posible predicar la existencia de un tiempo o duración, ese
espacio temporal no puede entenderse en los mismos términos que el periodo constitucional
para el ejercicio del cargo de gobernador por elección popular o por designación presidencial
(…).

(…)152. Por lo dicho, el específico presupuesto normativo consagrado en el artículo 31
de la Ley 617 del 2000, implica entonces un cambio respecto del titular del cargo,
entendiendo que el reemplazo se hace por el “período para el cual fue elegido” -o
designado, conforme a los eventos del 303 constitucional inciso 3º-, requiriéndose del
trámite de la posesión.

153. Bajo este panorama, desde el punto de vista constitucional y legal, no se puede
entender que el “reemplazo” se presente cuando quien fue elegido como gobernador
continúa siéndolo, pero por alguna razón o situación administrativa no puede ejercer
total o parcialmente las funciones propias de su cargo, pues ello desconocería el claro
alcance semántico de esa palabra e implicaría aceptar, en forma contraria a la
Constitución, que es posible contar en un mismo tiempo con dos empleados públicos
que ejercen un mismo cargo y posición, con idénticas competencias y funciones,
respecto de la misma entidad territorial. (resaltó fuera de texto)

(…) 162. Conclusión:

El entendimiento literal, razonable, sistemático y proporcional de la expresión “reemplazo”
consignada en el inciso único del artículo 31 de la Ley 617 del 2000, conlleva a que, de
manera concurrente i) se materialice una situación de cambio, pleno y absoluto64, del titular
de la función -encargo del cargo ante una falta absoluta- ii) situación en la cual es posible

63
"ARTÍCULO 303. (…) Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se
elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República
designará un Gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el
gobernador elegido.”
64
Esto quiere decir que el reemplazo no es posible en términos relativos, por lo que el encargo de una o varias funciones no
conlleva el ejercicio del cargo en sí mismo.

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hablar de un período determinado y específico; y iii) que el reemplazante tome posesión del
cargo, pues se trata de un elemento normativo-descriptivo exigido por la literalidad de la
norma bajo estudio.

(…) 185. Respecto de los destinatarios de la inhabilidad consagrada en el numeral 7º del
artículo 31 de la Ley 617 del 2000, la Sala entiende lo siguiente:

(i) Son los gobernadores elegidos en el certamen democrático correspondiente, trátese de
elecciones típicas o atípicas.
(ii) También lo son “quienes sean designados en su reemplazo”, entendiendo que ellos son
a quienes el Presidente de la República designa, en los casos en que se presenta falta
absoluta del titular y bajo los eventos descritos en el inciso 3º artículo 303 constitucional.

(…) 188. Ahora bien, como se observa de lo descrito con anterioridad, es claro que la
situación del aquí demandado no se enmarca dentro de los parámetros de la regla de
interpretación fijada en la presente providencia, en tanto no fue elegido popularmente ni
designado por el Presidente de la República, por lo que no puede concluirse que tenga la
calidad de reemplazante de titular del despacho del gobernador de Boyacá. Adicional a ello,
se demostró que la situación de encargo que se efectuó mediante el Decreto No. 442 del
2018, fue una delegación de algunas funciones, incluso, sólo para asuntos urgentes, dado
que se fundamentó en el contenido del artículo 93 del Decreto Ley 1222 de 1986.

105. En tales condiciones, es claro para la Sala que la incompatibilidad endilgada por el
recurrente no se torna en una inhabilidad para el demandado, toda vez que no fue
elegido popularmente, ni por voto programático, sino que, le fueron asignadas funciones
del primer mandatario del municipio debido a la ausencia del alcalde titular, habiendo
sido su última investidura el día 21 de octubre de 2022 como consta en la Resolución
473, esto es, por fuera del período inhabilitante.

106. En este orden, se concluye que el demandado no incurrió en la causal de
inelegibilidad objeto de estudio.

2.4.4. Doble militancia en la modalidad de apoyo

2.4.4.1. Análisis del acuerdo de coalición

107. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011, articulo 29 65, los
acuerdos de coalición deben constar por escrito y para que surtan los efectos legales,
deben ser formalizados en el momento de la inscripción de la candidatura, esto es, con
la suscripción del formulario E-6.

108. La Sala precisa, dos aspectos de relevancia para la resolución del caso concreto:

65
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos,
podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos,
movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y
movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.
En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que
públicamente manifiesten su apoyo al candidato.
En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los
candidatos.
Parágrafo 1 Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo
mediante el cuál se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el
mecanismo mediante el cuál se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que
conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así cómo los sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente
deberán determinar el mecanismo mediante el cuál formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido.
Parágrafo 2°.
La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y
los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por
la coalición.

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Demandantes: Giovanny Humberto Duran Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero
alcalde municipal de Concepción (Santander) periodo 2024-2027
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109. Lo primero es que en los formularios E-6 AL y E-8, en donde consta la candidatura
del demandado, no aparece registrado el acuerdo de coalición, por el contrario, al
momento de protocolizarse la aspiración electoral, solo aparece respaldándola el
Partido Alianza Verde, es decir, no existe coaval en este caso concreto, como se
advierte a continuación:

110. Con todo, de la revisión del texto del acuerdo entre colectividades, se observa que
MAIS no hizo parte de ella.

111. Por lo anterior, sin la constancia del acuerdo en el formulario de inscripción, no
puede entenderse que la coalición se haya formalizado en debida forma, lo que lleva a
Sala a concluir que tal como se desprende de la tarjeta electoral del demandado fue
inscrito únicamente por el Partido Alianza Verde.

2.4.4.2 Análisis probatorio

112. Los elementos de convicción que obran en el plenario se presentarán en orden
cronológico, así:

• Formulario E-6 AL a través de la cual se prueba que el señor Eduard Abril
Borrero, se inscribió por el partido Alianza Verde a la Alcaldía del municipio de
Concepción (Santander), para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

• Copia del acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical
y En Marcha firmado el 24 de julio de 2023 con el fin de apoyar la candidatura
del demandado a la Alcaldía del municipio de Concepción (Santander).

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• Copia del formulario E-26 CON donde consta que el partido Alianza Verde tenía
candidatos al concejo, así:

113. Con la demanda se aportaron las siguientes fotografías de las redes sociales
Facebook66 e Instagram67 del demandado con su respectivo link, sin embargo, al
consultar el enlace su contenido no se encuentra disponible. Las citadas capturas de
pantalla hacen referencia a los candidatos al concejo Beto Merchán y Óscar Torres de
Cambio Radical y Rosa Vargas, Rodrigo Valbuena, Cleomedis Carvajal, Nelson Ortiz,
Gustavo Adolfo y Pastor Sandoval Ramírez del partido MAIS, como consta a
continuación:

66
https://www.facebook.com/photo/?fbid=115288298329991&set=pcb.11528 840166331
https://www.facebook.com/eduar.a.borrero?mibextid=ZbWKwL
67
https://www.instagram.com/eduarabril2024?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D

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114. Asimismo, se aportaron enlaces68 de la emisora (Málaga) Latina Estéreo, los
cuales a la fecha se encuentran disponibles, en los que consta las entrevistas
realizadas al señor Eduard Abril Borrero, como se muestra a continuación:

115. Ahora bien, para debatir los elementos de juicio, con la contestación de la
demanda se aportó dictamen pericial69 en el cual se analizaron las fotografías con sus
enlaces y los links que contienen las entrevistas realizadas en la emisora (Málaga)
Latina Estéreo, el citado informe concluyó:

116. En relación con las fotografías de la red social Facebook e Instagram, el perito
indicó:

(…) Las Evidencias analizadas y enviadas con los documentos y registros fotográficos
anexados, se evidencia un repositorio válido para algunos registros de evidencias con un
link de descarga acorde al descrito en el documento, encontrando solo un link de repositorio
no válido. Se desconoce la forma de adquisición para guardar en el repositorio Cloud de
Google, ya que no hay un Digital Evidence First Responder (DEFRs) o especialista en
evidencia digital de primera intervención o documentación que permita establecer el hash
MD5 generado en el momento de la adquisición, así como procedimiento de adquisición,
recolección, custodia de la información.

No se puede evidenciar legitimidad en las imágenes anexadas al documento ya que se
encuentra el hash en cada una de las imágenes, pero no se puede tener la información de
creación o modificaciones de cada una de las imágenes, por lo que el especialista en
evidencia digital de primera intervención debe aportar las imágenes originales ya que los
enlaces relacionados de descarga no coinciden con la información por no encontrarse la
información disponible.

Se evidencian impresiones de pantalla, grabaciones de pantalla de videos, dentro del
documento de NULIDAD ELECTORAL, no hay validez en las imágenes presentadas ya que
no información del Hash de extracción, registro de la cadena de custodia de las
conversaciones, por lo que no se puede certificar la autenticidad ya que el Hash encontrado
es referente a una impresión de pantalla para generar un informe y no fue extraído de la
aplicación con hash de extracción para certificar la custodia y no modificación de la
información.

68
https://fb.watch/oUUPow2q3N/?mibextid=Nif5oz; https://fb.watch/oUUHhrdLfo/?mibextid=Nif5oz,
https://fb.watch/oUUBDHy4xz/?mibextid=Nif5oz;https://www.facebook.com/MalagaLatinaSt/videos/701178528712364/;
https://fb.watch/oUsmu6hJrW/?mibextid=Nif5oz; y https://fb.watch/o28t6_XLIH/?mibextid=RUbZ1f
69
Suscrito por el perito Mauricio Humberto Moya Diaz.

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Las imágenes anexadas al documento que se encuentran en el repositorio, no se tiene el
procedimiento de copiado o descarga de imágenes con el MD5 Original copiado mediante
descarga WEB a través de conexión segura a enlace y generación de copia lógica con
generación MD5 o SHA. Esta función es importante para la verificación de los datos
obtenidos por medio de las funciones hash, aplicando algoritmos como MD5 o SHA. Este
cifrado permite generar un código hexadecimal que se compara con la información original
para así verificar que es una copia exacta y que no se ha alterado su contenido permitiendo
la preservación y respectiva custodia de la Evidencia. (…)

El dictamen pericial es concluyente en señalar, que, dada la ausencia de peritaje informático
forense previo, es decir, la inexistencia de experticia que detalle los criterios de autenticidad,
indemnidad, validación y cadena de custodia empleados al momento de su descargue,
validación de la fuente y posterior cargue al proceso, o transmisión como mensaje de datos:
no es posible establecer que la evidencia gráfica o videográfica es auténtica o, dicho en
otras palabras, que esa evidencia no fue objeto de alteración, modificación, tergiversación,
edición, y sobre todas las cosas, que guarde integridad material y consonancia con la fuente
original en donde se reputa alojada.(…)

117. Respecto de los enlaces que contienen las entrevistas realizadas al demandado
en la emisora (Málaga) Latina Estéreo, el dictamen concluyó:

(…) Según el análisis GAP realizado en relación con los principios que rigen la gestión de
evidencias digitales, se observa que, en la mayoría de los criterios y principios, los requisitos
establecidos en la Ley 527 de 1999 y la norma ISO 27037 no se han cumplido
completamente. Este incumplimiento se refiere a la falta de medidas adecuadas para
garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de las grabaciones digitales a lo largo
de su ciclo de vida.

A continuación, se describen algunas de las deficiencias identificadas:
● No se ha implementado un sistema de registro y control de accesos que rastree quién ha
tenido acceso a las grabaciones digitales y cuándo lo ha hecho. Esto dificulta la trazabilidad
y la identificación de posibles manipulaciones no autorizadas. Además, en los documentos
presentados para estudio, no registra un análisis de metadatos ni de acústica forense, con el
propósito de determinar la integridad y autenticidad de las grabaciones.
● De igual manera, las grabaciones digitales no han sido almacenadas en entornos
seguros y controlados que garanticen su protección contra alteraciones, eliminación
accidental o maliciosa, y acceso no autorizado. Un enfoque de imagen forense
proporcionaría un cifrado adecuado para proteger el contenido durante su almacenamiento y
transmisión desde el dispositivo de origen.
● Las evidencias presentadas carecen de una documentación de la cadena de custodia
que sea completa y precisa, desde su captura inicial hasta su presentación como evidencia
en el proceso forense.
● No se observa la implementación de un procedimiento de auditorías de seguridad
llevado a cabo por una persona idónea en el tratamiento de evidencias digitales, con el fin de
evaluar y verificar la integridad de las grabaciones digitales y la efectividad de las medidas
de protección implementadas.
● Estas deficiencias en la preservación de las evidencias digitales, en este caso, las
grabaciones, comprometen la validez y la confiabilidad de la información recolectada y, en
última instancia, afectan la capacidad de llevar a cabo una auditoría forense precisa y eficaz.
● En concreto, el 81.82% del análisis revela que las evidencias digitales no se ajustan
completamente a los estándares establecidos por la norma ISO 27037, que proporciona
directrices para la identificación, adquisición y preservación de evidencias electrónicas. La
falta de conformidad con esta norma genera dudas sobre su credibilidad y en la ausencia de
garantías en cuanto a su autenticidad y confiabilidad. (…)

2.4.4.3 De la valoración del dictamen pericial

118. La Sala procederá a resolver el planteamiento del demandado de indebida
valoración del dictamen pericial, que da cuenta que las fotografías y los enlaces

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aportados no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 527 de 1999. Para lo
cual se dividirá el estudio de los argumentos presentados en dos aspectos: i) el que
tiene que ver con las fotografías que fueron aportadas por los demandantes y que
reposaban en un perfil de Facebook sin que a la fecha puedan ser consultados y ii) los
enlaces de la entrevista realizada al demandado en la emisora (Málaga) Latina Estéreo.

i) De las fotografías y los enlaces en las que estas reposan

119. Reprocha el demandado que los enlaces que contienen las fotografías aportadas
no cumplen con los presupuestos de la Ley 527 de 1999 por lo que no pueden ser
tenidas en cuenta, tal como se evidencia en el informe pericial aportado.

120. Advierte la Sala que la experticia indicó que las capturas de pantalla de la red
social Facebook no se pueden consultar, de allí que no es posible validar su origen, el
perfil desde el cual se publicaron e incluso que la imagen que se presenta sea real, sin
embargo, los contenidos de estos enlaces fueron aportados como fotografías con la
demandada.

121. Aunque los mensajes de datos y las fotografías constituyen documentos a partir
de lo previsto en el artículo 243 de la Ley 1564 de 2012, esta Corporación y la Corte
Constitucional70 en atención a las particularidades del primero, ha destacado
parámetros especiales para su valoración.

122. En efecto, los mensajes de datos, según la Ley 52771 de 1999 en armonía con
las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional72, son toda aquella información «generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares»73, y, además, los reconoció
como medios de prueba en el marco de cualquier actuación administrativa y judicial 74,
cobijando, por ende, los procesos de nulidad electoral.

123. El propósito de la referida ley fue crear una plataforma digital homóloga que
permitiera garantizar que los mensajes de datos cumplieran las mismas funciones del
documento en papel, a saber, su inalterabilidad, su reproducción y autenticación 75,
mediante la implementación de los equivalentes funcionales76 entre el documento
tradicional y el digital.

124. En palabras de la Corte Constitucional, el reconocimiento del valor probatorio de
los mensajes de datos se traduce en la obligación de demostrar los equivalentes
funcionales referidos que permitan asemejarlo al documento escrito:

70
Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
71
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
72
Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Diaz del Castillo.
Sentencia de 13 de diciembre de 2017.
73
Art. 2° de la Ley 527 de 1999.
74
Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de
datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del
Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo
hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”
75
Exposición de motivos de la Ley.
76
Corte Constitucional. Sentencia C-831 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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«El primer inciso del artículo 247, interpretado conjuntamente con el artículo 2 de la Ley 527
de 1999, comporta que si una información generada, enviada o recibida a través de medios
electrónicos, ópticos o similares, como el EDI, el Internet, el correo electrónico, el telegrama,
el télex o el telefax, es allegada al proceso en el mismo formato o en uno que reproduzca
con exactitud la modalidad en que fue transmitida o creada, ese contenido deberá valorarse
como un mensaje de datos. Más exactamente, esto quiere decir que solo si el mensaje
electrónico es aportado en el mismo formato en que fue remitido o generado, de un lado, se
considerará un mensaje de datos y, del otro, deberá ser probatoriamente valorado como tal.

Lo anterior, a su vez, supone dos elementos. En primer lugar, debido a que la norma hace
referencia a la incorporación de verdaderos mensajes de datos, como pruebas, al proceso,
su introducción a la actuación presupone los «equivalentes funcionales» a los que se hizo
referencia con anterioridad, previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que
reemplazan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de
su aportación en original»77.

125. Es decir que, a la luz del parámetro jurisprudencial reproducido, quien aduce este
tipo de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que su contenido
resultaba accesible para posteriores consultas (artículo 6°78), (ii) se conocía la identidad
de su generador (artículo 7°79) y (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo cualquier
tipo de alteración (artículo 8°80 y 9°81).

126. Ahora bien, el ordenamiento quiso distinguir los mensajes de datos de las simples
reproducciones físicas de la información generada en plataformas digitales,
manifestando que, en estos últimos eventos, las pruebas allegadas serían examinadas
de acuerdo con las reglas generales erigidas para los documentos.

127. En ese sentido, el artículo 247 de la Ley 1564 de 2012 aplicable en los procesos
contencioso–administrativos por remisión expresa del artículo 21182 del CPACA,
preceptúa:

«Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados,
enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad
con las reglas generales de los documentos». (Resaltado de la Sala)

128. De esta manera, el régimen jurídico probatorio diferenció los mensajes de datos
de sus impresiones mecánicas a partir de los formatos empleados para su aducción en
el contexto de los trámites judiciales –prescribiendo que en el primero de los casos83 se
entenderían por tales aquellos medios de prueba arrimados a través de las plataformas
en las que fueron generados, enviados o recibidos, o en cualquiera otra que los
reprodujera con exactitud–.

77
Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
78
“Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de
datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.”
79
“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en
relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita
identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación…”.
80
“Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará
satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información,
a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma…”.
81
Ibidem.
82
“En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente
regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.”
83
Se hace referencia a los mensajes de datos.

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129. La Sala estima que las anteriores consideraciones, también son aplicables a la
hora de distinguir entre el mensaje de datos y la información que se descargue de los
mismos, que puede ser almacenada y/o reproducida en otro tipo de documentos, cuya
valoración se hará de conformidad con las reglas generales para éstos.

130. Es importante realizar esta distinción por dos circunstancias, la primera, porque en
relación con las fotografías aportadas con la demanda estas también fueron allegadas
con su respectivo enlace; sin embargo, tal como quedó plasmado en el informe pericial
ya no se encuentran disponibles por lo que se pueden valorar como documentales. La
segunda porque el demandado, a través de su apoderado, tachó aquellas solo
precisando que los enlaces aportados no pueden ser consultados y que no cumple con
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, con todo, se advierte que en relación con los
pantallazos estos no fueron tachados de falsedad por la parte demandada, por tanto, se
presumen auténticos.

131. Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de
convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las
redes sociales, leyendas que acompañan los «post» de Instagram, X y Facebook–,
como requisitos «sine qua non» para su apreciación, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica y sus particularidades propias84, las cuales serán valoradas como
documentales,

132. Advierte la Sala que el dictamen pericial demostró que los enlaces que contienen
las fotografías no se encuentran disponibles por lo que no podían ser valoradas; sin
embargo, no ocurre lo mismo con las fotografías, las cuales no fueron objeto de tacha
por el demandado por lo que se presumen auténticas.

133. En ese orden, esta Sección concluye que el dictamen aportado por el demandado
no resulta útil como elemento de convicción que conduzca a descartar el análisis de las
fotografías aportadas por los demandantes.

ii) En relación con los enlaces que contienen las entrevistas de la emisora
(Málaga) Latina Estéreo.

134. Adujo la parte demandada que, según el informe pericial, estos enlaces no
cumplen con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y la norma ISO 27037. Este
incumplimiento se refiere a la falta de medidas adecuadas para garantizar la integridad,
autenticidad y confidencialidad de las grabaciones digitales a lo largo de su ciclo de
vida.

135. Advierte la Sala en primer lugar, que los enlaces que corresponden a las
entrevistas del 29 de agosto y 20 de septiembre de 2023
(https://fb.watch/oUUHhrdLfo/?mibextid=Nif5oz y
https://fb.watch/oUUBDHy4xz/?mibextid=Nif5oz) en donde el demandado se refirió al
partido En Marcha, si bien fueron aportados, consultado su link se advierte que no es
posible acceder a su contenido y tampoco fueron allegados en formato MP4.

84
Art. 11 de la Ley 527 de 1999.

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136. En relación con los demás enlaces que fueron aportados no se formuló tacha y,
una vez verificados los links85 estos se encuentran disponibles y pueden ser
consultados, incluso aparece la fecha en que fueron realizadas las entrevistas y la
página de la emisora (Málaga) Latina Estéreo por lo que anticipa la Sala que los
valorará como mensajes de datos así:

137. El artículo 243 del Código General del Proceso clasifica las distintas clases de
documentos en: «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos,
fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en
general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las
inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares». (Negrillas fuera de texto)

138. El artículo 244 ibidem establece que el documento es auténtico «cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista
certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento».

139. La norma bajo cita presume la autenticidad, además, de la «reproducción de la
voz o de la imagen», mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según
el caso. El penúltimo inciso de este precepto dispuso que «los documentos en forma de
mensaje de datos se presumen auténticos».

140. El artículo 247 de esta preceptiva estableció los requisitos para valorar los
mensajes de datos al señalar que su análisis procede siempre que «hayan sido
aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en
algún otro formato que lo reproduzca con exactitud».

141. A propósito de las características de los mensajes de datos, esta Sala, en
providencia del 1 de julio de 202186, analizó el contenido de esta clase de documentos
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 527 de 199987, tal como se explicó en los
párrafos 113 al 116 de esta providencia.

142. De ahí que el mensaje de datos que reúna las condiciones de accesibilidad,
identificación e integralidad, podrá ser valorado como prueba en instancias judiciales. A
su turno, las documentales contenidas en otras clases de soporte o formato, como su
reproducción física o el medio magnético a través del cual se aporta, se valorarán
conforme con las reglas generales de estas, cuya autenticidad se presume mientras no
hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el caso.

143. Acerca de los datos para rastrear el origen del video, como la fecha de creación y
publicación, esta sección considera que, en el caso concreto, con los demás elementos
de convicción aportados al plenario es posible establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de los hechos representados en sus imágenes.

85
https://fb.watch/oUUPow2q3N/?mibextid=Nif5oz; https://fb.watch/oUUHhrdLfo/?mibextid=Nif5oz,
https://fb.watch/oUUBDHy4xz/?mibextid=Nif5oz;https://www.facebook.com/MalagaLatinaSt/videos/701178528712364/;
https://fb.watch/oUsmu6hJrW/?mibextid=Nif5oz; y https://fb.watch/o28t6_XLIH/?mibextid=RUbZ1f
86
Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente: 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P Rocío Araújo Oñate (E).
87
«Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones».

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Demandantes: Giovanny Humberto Duran Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero
alcalde municipal de Concepción (Santander) periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

144. El dictamen pericial demostró que los enlaces que contienen las entrevista no
cumplen con los requisitos de la Ley 527 de 1999; sin embargo, este supuesto solo se
acredita frente a las entrevistas realizadas el 29 de agosto y 20 de septiembre de 2023,
en las que se afirma que el demandado apoyó a candidatos al concejo del partido En
Marcha las cuales como se indicó en precedencia no es posible acceder a su
contenido.

145. Ahora bien, no ocurre lo mismo con las realizadas el 4 de agosto, 12 y 27 de
octubre de 2023, a las cuales se pueden acceder y cumplen con los parámetros para
que sean valorados como mensaje de datos.

146. En consecuencia, la Sala concluye que el dictamen presentado por el demandado
no constituye un elemento de convicción suficiente para desvirtuar el análisis de los
enlaces allegadas por los demandantes. Por lo tanto, corresponde evaluar si de las
pruebas obrantes, esto es las entrevistas dadas por el demandado el 4 de agosto, el 12
y 27 de octubre y las publicaciones realizadas en la red social Facebook, es posible
determinar si el demandado incurrió en la conducta prohibida.

147. Precisadas las anteriores circunstancias, que ponen de presente un elemento
inescindible de los actos de apoyo que reprocha la norma electoral, esto es, que la
organización en la que se milita cuente con candidatos propios, la Sala estudiará los
reparos en relación con la existencia de manifestaciones positivas de promoción por
parte del señor Eduard Abril Borrero respecto de los candidatos de los partidos En
Marcha, MAIS y Cambio Radical.

iii) Presunto apoyo a la campaña de los candidatos al partido Cambio Radical

148. Sobre este particular, la parte demandante aportó como prueba la siguiente
fotografía que fue extraída de la red de Facebook en la que se observa que el perfil
corresponde a Eduard Abril (alcalde electo de Concepción), así:

149. De lo anterior, se evidencia que el demandado publicó una fotografía del candidato
del partido Cambio Radical «CR1-Beto Merchán» y Óscar Torres con el siguiente
mensaje:

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Demandantes: Giovanny Humberto Duran Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero
alcalde municipal de Concepción (Santander) periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

Líderes comprometidos con el municipio; serán garantes del desarrollo permanente del
territorio Concepcionero.
Presento a ustedes mis candidatos por el partido CAMBIO RADICAL al Concejo
municipal.
Me acompañarán y estarán al servicio de la comunidad.

150. Se advierte que el demandado no desvirtuó ni desconoció que las fotografías
aportadas no correspondieran a su red social, por lo que como se dijo en el párrafo 133
gozan de autenticidad.

151. Asimismo, el 27 de octubre de 202388, (minuto 00:03:48) el demandado en una
entrevista presentó a 2 candidatos al concejo avalados por el partido Cambio Radical y
manifestó: «un saludo muy especial para mi gran equipo de trabajo y candidatos al concejo a
mi querida y amada esposa, Dios le pague porque esto es un equipo, un equipo y hoy me
acompañan 2 candidatos al concejo, Eyvar que representa también un sector muy importante
en la parte del páramo, la vereda Carabobo y a Alberto Merchán también muchísimas gracias
por acompañarme y que hoy también quieren darse a conocer en la provincia de García Rovira
y en el mundo (…)».

152. Revisado el link de la entrevista encuentra la Sala que se puede acceder a su
contenido y se evidencia que quien aparece en la misma es el demandado, veamos:

153. En concordancia con lo anterior, obra en el proceso la inscripción de la
candidatura de los citados ciudadanos al concejo, donde aparece el señor Alberto
Merchán, tal como consta a continuación:

154. Así las cosas, se acreditó que hubo una expresión de favorecimiento por parte del
señor Eduard Abril Borrero respecto del candidato del partido Cambio Radical, Alberto
Merchán, no solo en la red social Facebook sino también en la emisora (Málaga) Latina

88
Enlace: https://fb.watch/oUsmu6hJrW/?mibextid=Nif5oz

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Estéreo del municipio de Concepción, como también en relación con el candidato
Eyvar.

155. Asimismo, en el minuto 10:35 de la citada entrevista se hizo presente el señor
Alberto Merchán quien se identificó con el número 1 de Cambio Radical, el cual
corresponde al mismo número de la tarjeta electoral que aparece en las fotografías
tomadas de la red social de Facebook.

156. La Sala encuentra acreditado que la manifestación de apoyo fue (i) difundida en
las redes sociales del demandado y (ii) fue dada a conocer a través de un medio de
comunicación como es la citada emisora.

157. En esa medida se logra demostrar que el demandado en forma efectiva realizó un
acto de apoyo tendiente a promover ante el electorado la aspiracion de Alberto
Merchán.

iv) Presunto apoyo a la campaña de los candidatos al partido MAIS.

158. Se observa que el demandado en la red social Facebook, el 14 de agosto de
2023, realizó la siguiente publicación:

159. De la anterior imágen se extrae que el demandado realizó la siguiente
manifestación de apoyo a los candidatos Rosa Vargas, Rodrigo Valbuena, y Nelson
Ortiz identificados con tarjeta electoral 3, 4, 1 del movimiento MAIS, así:

Líderes comprometidos con el municipio; serán garantes del desarrollo permanente del
territorio Concepcionero.
Presento a ustedes mis candidatos por el partido MAIS al Concejo municipal.
Me acompañarán y estarán al servicio de la comunidad.

160. Igualmente, el 14 de agosto de 2023, se realizó la siguiente publicación en la red
social Instgram, presentando al candiado Pastor Sandoval Ramírez que se identificó en
la tarjeta electoral con el número 9 al concejo por el partido MAIS.

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161. De acuerdo con lo anterior, se advierte que las fotografías coinciden con las
manifestaciones realizadas por el demandado en la entrevista dada a la emisora
(Málaga) Latina Estéreo de 4 de agosto de 202389, de la cual se resaltan los siguientes
pronunciamientos, a partir del minuto 00:44:24, así:

Quisiera pues mencionar los candidatos al concejo, esos grandes lideres, esas grandes
personas que nos están acompañando, en el partido verde (…) tengo también el coaval del
partido En Marcha donde me acompaña (…) tenemos también los candidatos de Cambio
Radical (…) y tenemos la lista del partido MAIS (…) este es el equipo de trabajo que tengo.

162. Asimismo, consultado el enlace en el que reposa dicha entrevista se advierte que
el mismo puede ser consultado y una vez revisado se evidencia que quien aparece en
esta es el demandado, como se consta a continuación:

163. Advierte la Sala que en la citada entrevista el demandado fue enfático en
manifestar su respaldo a candidatos al concejo de los partidos En Marcha, Mais y
Cambio Radical, por tanto, sí realizó actos de apoyo a candidatos distintos a su
colectividad.

164. Asimismo, se acreditó que las personas que aparecen en las fotografías fueron
candidatos al concejo por el partido Mais, como se evidencia a continuación:

89
Enlace https://fb.watch/oUUPow2q3N/?mibextid=Nif5oz

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165. Analizadas las manifestaciones que realizó el demandado en las citadas
entrevistas junto con las fotografías que fueron tomadas de la red Facebook se advierte
que existe coincidencia entre los nombres de los candidatos y los partidos a los cuales
hizo referencia, situación que permite concluir que tal como lo sostuvo el tribunal de
instancia que el demandado realizó manifestaciones de apoyo a candidatos al concejo
distintos al de su partido Alianza Verde, colectividad que se reitera tenía lista, tal como
se puede evidenciar :

166. De otro lado, se advierte que no existe duda que las manifestaciones se realizaron
en época de campaña por lo que se encuentra probado el elemento temporal de la
conducta, toda vez que estos eventos ocurrieron en los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2023.

v) Del presunto apoyo al candidato del partido En Marcha

167. Sobre el particular, se observa que en el escrito de demanda se transcribió la
entrevista que se le hizo al demandado en la emisora (Málaga) Latina Estéreo, así:

• El 29 de agosto90 en la misma emisora reiteró que se encontraba apoyado por los
mismos 4 partidos citados anteriormente, y además presentó al concejal actual y
candidato nuevamente al concejo por el partido En Marcha Nelson Ortiz, como también
a candidatos al concejo por el partido Cambio Radical.

• El 20 de septiembre91, aducen que el demandando dijo: «invito a cada uno de los
concepcioneros a que el próximo 29 de octubre voten por EDUAR ABRIL marcando la
primera casilla en el tarjetón a la alcaldía y que TAMBIEN RESPALDEN A MIS
CANDIDATOS AL CONCEJO SON 36 OPCIONES QUE ESTAN EN CUATRO LISTAS, EN
CUATRO AVALES PARA PODER LLEGAR A SER UN GRAN EQUIPO Y PODER
ARTICULAR Y PODER GENERAR EL DESARROLLO QUE EL MUNICIPIO DE
CONCEPCION NOS MERECEMOS.» (sic)

168. Asimismo, fue aportada la captura de la citada entrevista, como consta a
continuación:

90
Enlace. https://fb.watch/oUUHhrdLfo/?mibextid=Nif5oz el cual a la fecha no se encuentra disponible
91
Enlace https://fb.watch/oUUBDHy4xz/?mibextid=Nif5oz ibidem

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169. Las citadas pruebas fueron allegadas por la parte actora; sin embargo, al
momento de consultar los enlaces los mismos no se encuentran disponibles y tampoco
fueron aportados en formato MP4.

170. Ahora bien, se evidencia que al momento de realizarse la experticia el perito
accedió a la entrevista realizada en estas fechas e indicó: «De acuerdo al análisis de la
prueba, también se hace referencia al minuto 01:04:22 donde el demandado afirma
“(...) me acompañan los integrantes del partido En Marcha” manifestando nuevamente
que son los representantes de los otros partidos los que lo acompañan a él y no al
revés. De acuerdo al análisis de la prueba, también se hace referencia al minuto
01:04:22 donde el demandado afirma “(...) me acompaña en este partido En Marcha
Nelson Ortiz” manifestando nuevamente que son los representantes de los otros
partidos los que lo acompañan a él y no al revés» (resalto propio)

171. De conformidad con lo anterior, frente a este no es posible acreditar que el
demandado hubiese realizado una manifestación de apoyo debido a la imposibilidad
para acceder a los enlaces y no obra otro documento que dé cuenta que el señor
Eduard Abril realizó una expresión inequivoca de respaldo al citado candidato.

172. Finalmente, en relación con el reproche de apoyo a la candidatura de Juvenal
Díaz Mateus, a la Gobernación de Santander, por el Partido Conservador Colombiano,
el 1 de noviembre de 2023, en la emisora radial Málaga Latina Estéreo de Málaga
(Santander), no se dio en período de campaña electoral, de allí que le asiste razón al
tribunal de instancia cuando negó este cargo.

173. Conforme a lo anterior, la Sección Electoral confirmará la sentencia dictada en
primera instancia, en tanto se encuentra acreditados todos los elementos que
comportan la prohibición.

2.5. Otras consideraciones

174. El 10 de junio de 2025 el demandado presentó memorial en el que reiteró los
argumentos presentados durante el trámite procesal e indicó que su elección como
alcalde fue legitima, sin embargo, la Sala no realizará ningún pronunciamiento sobre el
memorial toda vez que insistió en argumentos de la apelación, los cuales fueron
presentados en la oportunidad procesal pertinente.

2.6. Conclusión

175. La Sala resalta algunos aspectos que considera importantes en punto de las
publicaciones que hacen los candidatos a cargos de elección popular en redes sociales,
a efectos de tomar una decisión en el presente caso.

176. Por un lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha referido que, una vez
identificada la persona a la que se refiere un perfil determinado, se entiende que
aquella es la responsable directa del contenido que allí se publica 92, por lo que, para

92
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 26 de agosto de 2021, Radicación:
05001-23-33-000-2019-02946-01. Criterio reiterado recientemente en sentencia del 24 de octubre del 2024, radicación 13001-23-
33-000-2024-00007-02, M.P. Gloria María Gómez Montoya.

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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

esta judicatura, se encuentra acreditado que las manifestaciones contenidas tanto en
los textos como en las imágenes, incluso en la entrevista dada a la emisora (Málaga)
Latina Estéreo, fueron desplegadas por el señor Eduard Abril Borrero.

177. Es importante reiterar el criterio expuesto por esta Sección, que ha señalado el
creciente uso de las plataformas digitales como espacio de difusión política, lo que
genera un alto impacto social al momento de publicarse algún contenido referido a
campañas políticas93, al punto de considerar que la mera promoción de los actos de
campaña de aspirantes por partidos o movimientos políticos por estos medios masivos
o de sus piezas publicitarias lleva a la configuración de la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo94.

178. Así las cosas, dado que la valoración de las pruebas aportadas para demostrar la
configuración de los actos de apoyo proscritos por la norma electoral debe permitir el
pleno convencimiento sobre la ocurrencia de aquellos, se debe evidenciar una actividad
propia, en un medio público como lo sería una red social, en la cual se busca poner de
presente a un número indeterminado de personas las condiciones sobre una
candidatura en concreto, lo que conlleva a entender que se presenta en un claro
contexto proselitista, además se acreditan los elementos que comportan la citada
conducta, así:

179. Elemento subjetivo: Se encuentra acreditado en tanto el señor EDUARD ABRIL
BORRERO se inscribió por el partido Alianza Verde a la Alcaldía del municipio de
Concepción (Santander) para las elecciones del 29 de octubre de 2023, por el partido
Alianza Verde.

180. Elemento modal: Se acreditó que el partido Alianza Verde contaba con lista al
Concejo municipal de Concepcion (Santander)

181. Elemento objetivo: se advierte que, de la prueba aportada con la demanda,
específicamente las capturas de pantalla de la red social Facebook y las entrevistas
dadas en la emisora (Málaga) Latina Estéreo el demandado manifestó su apoyo a
candidatos de las colectividades Cambio Radical y Mais, entrevistas a las que se puede
acceder y las cuales dan cuenta que el demandado incurrió en la prohibición.

182. Elemento temporal: no existe duda que las manifestaciones se realizaron en
época de campaña, esto es en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, por
lo que se encuentra probado el elemento temporal de la conducta.

183. En ese orden de ideas, acreditado el desconocimiento respecto de la prohibición
de doble militancia en la modalidad de apoyo por parte del señor Eduard Abril Borrero y
al constituir aquella una casual de nulidad electoral a voces de lo dispuesto en el
numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo hay merito suficiente para confirmar la sentencia dictada en
primera instancia.

93
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de octubre del 2024, radicación 13001-23-33-000-2024-00007-02, M.P.
Gloria María Gómez Montoya.
94
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de octubre del 2024, radicación 13001-23-33-000-2024-00007-02, M.P.
Gloria María Gómez Montoya.

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Demandantes: Giovanny Humberto Duran Romero y otros
Demandado: Eduard Abril Borrero
alcalde municipal de Concepción (Santander) periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00774-04

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander del 29 de enero de 2025, mediante la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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