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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00279-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00279-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 127 Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01 Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2025-00279-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 680012333000202500279011
Recursos de apelación contra la sentencia de 6 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, QUE DECRETÓ LA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA DE CONCEJAL ELECTO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER), LUEGO
DE QUE SE VERIFICARAN LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE LA
CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, NUMERAL 3, DE LA LEY 617, ESTO ES
POR NO TOMAR POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DENTRO DE LOS TRES
DÍAS SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN DE ESE CONCEJO. DEL MIEDO
INSUPERABLE COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD EN EL PROCESO DE
PÉRDIDA DE INVESTIDURA. DE LA BUENA FE CALIFICADA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor
CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, concejal electo de
Concepción (Santander), para el período constitucional 2024-2027,
contra la sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual decretó su pérdida de
investidura.
I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán confrontarse de forma virtual.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

I.1.- El ciudadano CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor
CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, concejal electo de
Concepción (Santander), por hechos relacionados con el período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20002, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres
días siguientes a la fecha de instalación de ese concejo.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado aspiró al cargo de alcalde de Concepción (Santander),
para el período constitucional 2024-2027, logrando obtener el
segundo lugar en el orden de votación; y que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909 de 9 de julio de
20183, aceptó la curul en el Concejo de Concepción (Santander), a la
que tenía derecho por estatuto de la oposición política.

Mencionó que, en el mes de diciembre de 2023, sin que mediara
fuerza mayor y alegando ‘motivos de índole personal’, el accionado
allegó escrito ante la Registraduría Municipal de Concepción
(Santander), con copia al Consejo Nacional Electoral, en el que
desistió de esa curul e indicó que no se posesionaría como concejal;
y que solicitó anular el acto en el cual le fue otorgada la credencial
de concejal de Concepción (Santander), aplicando la regla general
prevista en la Constitución Política para la distribución de todas las

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
3 “[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las

organizaciones políticas independientes […]”.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

curules de concejos municipales, para que se pueda conformar el
nuevo Concejo de ese municipio.

Sostuvo que la decisión unilateral del accionado trasgredió la
Resolución 2276 de 11 de junio de 20194, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, que prevé en su artículo segundo que dentro de
las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de
gobernador, alcalde distrital y/o municipal, y previo a la de las
asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales,
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo lugar en
votación, deberán manifestar por escrito, por una sola vez, y sin
posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no una curul en las
asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales.

Manifestó que lo que procedía, como lo ha dicho en reiteradas
sentencias el Consejo de Estado, era posesionarse y luego renunciar
a su curul, pues la figura de la renuncia, a diferencia del
desistimiento, sí se encuentra debidamente establecida en la Ley 136
de 2 de junio de 19945. y que el accionado estaba en condiciones de
comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la causal de
pérdida de investidura, pues tuvo la capacidad cognitiva para conocer
y comprender su actuación.

Alegó que resulta reprochable que el accionado, luego de haber
expresado su decisión de aceptar la curul por haber sido el candidato
con segunda mayor votación en las elecciones de la Alcaldía de

4 “[...] Por medio de la cual se establecen medidas para la aplicación del artículo 25, de la Ley 1909

de 2018 [...]”.
5 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.

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Concepción (Santander), no haya tomado posesión del cargo,
afectando con ello el principio de representación democrática y los
derechos de la oposición; por lo que, incurrió en una inexcusable
negligencia al desconocer el artículo segundo de la Resolución 2276
de 2019 que prohíbe el retracto, el cual, al momento de los hechos,
gozaba de la presunción de legalidad.

I.3.- El accionado, a través de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de la pretensión de desinvestidura para lo cual arguyó
que no incurrió en la causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de
la Ley 617 porque existieron circunstancias de notoriedad pública,
constitutivas de fuerza mayor, derivadas de la grave perturbación del
orden público del municipio de Concepción (Santander), así como de
la pugna política irracional en ese ente territorial que se generó desde
la administración actual.

Adujo que una vez emprendió su proyecto para postular su nombre
como candidato a la Alcaldía de Concepción (Santander), quedó
expuesto a graves amenazas que buscaban que declinara su
aspiración, por lo que, en repetidas ocasiones, recibió llamadas
anónimas en las cuales le manifestaron: “[…] nos enteramos de que
se va a meter a la política, no se meta en esa huevonada porque va
a salir perjudicado y sabemos dónde están los suyos, quédese quieto
[…]”; y que aquellas se incrementaron desde que aceptó la curul al
Concejo de Concepción (Santander) que le asignó el Estatuto de la
Oposición Política, luego de obtener el segundo lugar en el orden de
votación.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Mencionó que para la época de la primera amenaza, aún no había
realizado su inscripción como candidato oficial a la Alcaldía de
Concepción (Santander), pero que, una vez oficializada, recibió una
nueva llamada en la que le dieron el siguiente ultimátum: “[…] tiene
que hacer caso lo vamos a mandar a buscar, o sube o nosotros
vamos, piense en su familia, les va a generar problemas, sabemos
dónde están, usted decide […]”, expresiones utilizadas de manera
consuetudinaria por los grupos armados al margen de la ley que
operan en el municipio de Concepción (Santander), cuando requieren
citar a un ciudadano.

Refirió que a pocos días de las elecciones su situación se tornó más
delicada, pues recibió llamadas en las que explícitamente le decían:
“[…] nos vio la cara de huevones, sepa que no lo vamos a dejar
gobernar y aténgase a las consecuencias […]”; y, asimismo, le
pidieron que saliera en horas de la madrugada al sector conocido
como el ‘anillo vial’, a lo que nunca accedió, y le prohibieron asistir a
las reuniones políticas que tenía programadas, que por su seguridad
debía cancelarlas.

Señaló que en una de esas llamadas le expresaron, “[…] Recuerde
que no está autorizado a hacer política donde los indígenas, pues
usted es de los hijueputas del Centro Democrático […]”; y que en
una manifestación política realizada en septiembre en horas de la
noche en el barrio Bolívar de Concepción (Santander), estando en la
parte trasera de la tarima, se le acercó una persona de contextura
gruesa, desconocida por él y por el grupo de trabajo de la campaña,
de estatura media, quien portaba un poncho alrededor de su cuello,
con el cual se cubría parte de su cara, le manifestó, “[…] entonces

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

usted es el candidato, oiga y por qué no va a buscar votos a otro
municipio, no se busque una muerte pendeja […]”, amenazas estas
que lo obligaron a contratar personal de seguridad particular.

Indicó que aceptar la curul al Concejo de Concepción (Santander) le
trajo nuevas y graves amenazas, en las cuales le dejaron claro: “[…]
no se vaya a atravesar a no dejar gobernar […]”, “[…] no le vaya a
hacer contrapeso al alcalde porque vamos a estar pendientes, mejor
renuncie […]”; y que a pesar del temor que generaban estas
amenazas, se mantuvo en la decisión de aceptar la curul al cabildo
municipal.

Anotó que, en noviembre, cuando ya le habían entregado la
credencial, volvió a recibir llamadas que le decían, “[…] Celebrando
que son mayorías, no se ponga a joder, ábrase de acá, alguien lo va
a buscar […]”, razón por la que, al ver la desesperación de su madre,
esposa, hermanos, y de su propio hijo (menor de edad), se vio
obligado a exiliarse de su pueblo hacia Bucaramanga (Santander),
en contra de su voluntad, con el fin de salvaguardar la vida e
integridad de él y su familia.

Resaltó que no obstante haberse alejado de su municipio, las
amenazas de los contrarios y de los grupos ilegales continuaron,
hasta el punto de exigirle la presentación de la renuncia a la curul y
la prohibición expresa de posesionarse como concejal de Concepción
(Santander), por lo que el 29 de diciembre de 2023, vía correo
electrónico, radicó su desistimiento de tomar posesión en la curul del
Concejo de Concepción (Santander), en la cual, de manera prudente
frente a la gravedad de la situación, solo invocó ‘motivos personales’.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Arguyó que a las amenazas se sumó el hecho de la radicación de
varias demandas de nulidad electoral que ciudadanos presentaron
contra el entonces alcalde electo de Concepción (Santander), señor
EDUAR ABRIL BORRERO, para los meses de noviembre y
diciembre, radicación 68001233300020230077400 (acumulados),
que resultaron en nuevas llamadas acusándolo de liderar esas
demandas electorales, así: “[…] HP estamos hablando en serio, ojalá
no este atravesándosele al alcalde, por acá le queda prohibido
aparecerse […]”; y le recordaron que sabían dónde lo encontraban
con sus familiares para materializar las amenazas.

Sostuvo que era tan difícil la situación y la tensión que violentaban
el derecho a la libre locomoción, a la libertad de pensamiento y al
ejercicio de los derechos y la democracia que, en aras de
salvaguardad su integridad y la de su familia, desistió de la curul en
el Concejo de Concepción (Santander) y no se posesionó; y que
atendiendo a las amenazas y con el fin de proteger su vida, abandonó
cualquier posibilidad de denuncia y se refugió en su exilio.

Manifestó que para acreditar la grave situación de orden público y de
la pugna política en Concepción (Santander), relacionó las graves
amenazas que infringió el actual mandatario local, señor EDUAR
ABRIL BORRERO, contra abogados que demandaron su elección,
doctores GIOVANNY HUMBERTO DURÁN ROMERO y RONALD
PICON SARMIENTO, hechos que pusieron en conocimiento de las
autoridades (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN), a través de
denuncia, porque, aparentemente, aquel obligó a estos a desistir de
la demanda electoral.

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Comentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió fallo
de segunda instancia de 12 de junio de 2025, -radicación
68001233300020230077404 (acumulados)-, confirmando la nulidad
de la elección del alcalde de Concepción (Santander), período
constitucional 2024-2027, señor EDUAR ABRIL BORRERO, por la
causal de doble militancia en modalidad de apoyo, esto es que,
habiendo sido elegido por el Partido Alianza Verde, expresó respaldo
público durante su campaña a aspirantes de otras colectividades
como Cambio Radical y MAIS; y que comoquiera que el alcalde
insistió en que él está detrás de la anulación de su elección, se agravó
aún más su seguridad y la de su familia, comentarios lanzados desde
perfiles falsos, como lo hicieron en época electoral.

Señaló que su consentimiento se vició a través de la fuerza, toda vez
que las amenazas contra la vida de las personas, emanadas de
grupos irregulares, son irresistibles debido al poder destructivo que
ostentan, razón por la que aceptar la tesis del solicitante, según la
cual su desistimiento se produjo de manera unilateral, voluntaria y
consiente, y que, por ende, su actuar es negligente y gravemente
culposo, no solo riñe con la realidad fáctica, sino que además lo
revictimiza al vulnerársele su derecho fundamental a elegir y ser
elegido, y al respeto por la vida e integridad personal, luego de verse
obligado a no tomar posesión del cargo de concejal.

Adujo que el Consejo Nacional Electoral tiene una competencia
residual, por lo que el artículo segundo de la Resolución 2276 de
2019, es abiertamente contrario a la Constitución si se tiene en
cuenta que, en tratándose de derechos fundamentales, como lo es el

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de elegir y ser elegido, por disposición de la norma superior se debe
reglamentar a través de una ley estatutaria.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 6 de agosto de 2025, decretó la
pérdida de investidura del señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ
ZAMBRANO, concejal electo de Concepción (Santander), período
constitucional 2024-2027, para lo cual sostuvo, en primer lugar, que
el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 2276 de 2019, en
cuyo artículo segundo estableció que la aceptación de la curul
prevista en la Ley 1909 debe realizarse dentro de las 24 horas
siguientes a la declaratoria de elección del alcalde; y que una vez
manifestada esa aceptación, no cabe la posibilidad de retracto.

Recordó que el Consejo de Estado, en sentencia de 16 de diciembre
de 2020, proferida dentro de un proceso de simple nulidad, consideró
que la expresión ‘sin la posibilidad de retracto’ prevista en el artículo
en cuestión, está ajustada a derecho, luego de concluir que el
Consejo Nacional Electoral sí tenía competencia para expedir normas
en esta materia, sumado a que esa disposición permite garantizar los
derechos de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que
participan en el proceso electoral, lo que tiene un impacto directo en
la distribución de las curules y justifica la imposibilidad de retracto.

En segundo lugar, señaló que las amenazas provenientes de grupos
armados ilegales o de altos dignatarios del Estado, en contextos de
violencia estructural con incidencia en los procesos electorales y en
el ejercicio del poder político, podrían calificarse como un evento de

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fuerza mayor si generaron en el elegido un temor razonable que le
impide posesionarse; y que para que dichas amenazas se consideren
imprevisibles, deben haber surgido o haberse agravado con
posterioridad a la aceptación de la curul por derecho otorgado por el
Estatuto de la Oposición Política.

Mencionó que el accionado no aportó los registros de las llamadas
recibidas en su celular, en las cuales, según afirmó, recibió amenazas
de terceros que se identificaron como milicianos y otros como
enviados del actual alcalde, prueba que podría haber brindado algún
indicio de que, efectivamente, se recibieron llamadas desde números
desconocidos; y que tampoco presentó denuncias por las supuestas
llamadas amenazantes que afirmó haber recibido después de aceptar
el cargo, por lo que no resultó verosímil que hubiese experimentado
un temor insuperable para radicarlas, como suele ocurrir en
contextos de amenazas históricas, pues, según los registros
aportados por la Fiscalía, este ciudadano ha presentado seis
denuncias, entre ellas una por amenazas en el año 2006, aunque no
por hechos atribuibles a grupos armados.

Resaltó que luego de revisados los informes del Comando del
departamento de Santander de la POLICÍA NACIONAL, de la
Quinta Brigada del EJÉRCITO NACIONAL y de la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, concluyó que el accionado no acreditó
una situación de fuerza mayor que le impidiera tomar posesión del
cargo de concejal después de haber aceptado la curul prevista en el
Estatuto de la Oposición Política, pues, si bien se probó que el
municipio de Concepción (Santander) ha sido históricamente
afectado por el conflicto armado, no se demostró que durante el

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período posterior a la aceptación de la curul se hubieran presentado
amenazas concretas que generaran un temor razonable e
insuperable que justificara su no posesión.

Agregó que tampoco se probó que el accionado hubiese sido víctima
de coacción por parte del anterior alcalde del municipio o sus
seguidores, pues solo presentó recortes de noticias sobre demandas
interpuestas por otras personas contra el acto que declaró la elección
del alcalde, junto con capturas de pantalla de comentarios de
personas que expresaban su enojo contra quienes impulsaron dicha
acción, sin que, en ninguno de estos documentos se observara que
se haya dirigido una amenaza directa contra él, ni que se le hubiese
señalado de manera explícita.

Manifestó que los testimonios de los señores RAMÓN GONZÁLEZ
SIERRA, -exasesor de seguridad del accionado y exmiembro
pensionado de la POLICÍA NACIONAL-; JUAN SEBASTIÁN PEÑA
CORTÉS, -personero de Concepción (Santander) desde marzo de
2016 hasta febrero de 2024-; y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ
CARDONA, -registrador municipal de Concepción (Santander) desde
junio hasta noviembre de 2023-, dan cuenta de percepciones
generales de inseguridad en Concepción (Santander), así como la
presencia histórica de grupos armados ilegales que dificultarían el
ejercicio de derechos políticos en ese territorio, especialmente en la
zona rural más alejada del casco urbano, pero no corroboraron
hechos precisos atribuibles a grupos armados o al alcalde actual que
afectaran directamente la decisión libre del accionado de
posesionarse en el cargo de concejal.

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Concluyó que la conducta del señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ
ZAMBRANO es jurídicamente reprochable a título de culpa grave, en
tanto desconoció de manera deliberada y sin justificación válida el
deber constitucional y legal que asumió cuando aceptó la curul que
le correspondía como concejal de la oposición; y que tras aceptarla,
expresamente, presentó un escrito de desistimiento que carece de
efectos jurídicos conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la
Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, disposición
que ha sido declarada ajustada a derecho por el Consejo de Estado.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El accionado, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de 6 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en el que alega que un simple
ciudadano, como él, no tendría posibilidad alguna de sortear las
amenazas referidas en el escrito de contestación de la solicitud de
pérdida de investidura, mucho menos que estuviera en la capacidad
de resistirlas, y, peor aún, en la obligación de denunciar formalmente
las amenazas, sin importar que este comportamiento agravara más
aun el peligro que corría su vida y la de su familia, omisión que se le
reprocha a título de culpa grave.

Arguye que contrastados los informes de la Quinta Brigada del
EJÉRCITO NACIONAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN con el contenido del documento denominado ultrasecreto,
oficio 2025874022289843 de 23 de julio de 2025, suscritos por el
comandante del Batallón de Artillería de Campaña núm. 5 ‘CT. JOSÉ
ANTONIO GALÁN’, permite concluir que el Tribunal hizo una

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apreciación errónea de esta, configurándose un error de hecho, en
atención a que refiere a la presencia permanente del GAO ELN; y
que, específicamente, en cuanto al municipio de Concepción
(Santander) consigna que los ciudadanos que son objeto de
amenazas o extorsiones por parte de este grupo subversivo, se
abstienen de denunciar debido a la peligrosidad que representa esta
clase de grupos al margen de la ley, frente a la imposibilidad del
Estado de salvaguardar de manera oportuna la vida honra y bienes
de los ciudadanos.

Menciona que esta prueba documental está reafirmada por la
declaración rendida por el señor JUAN SEBASTIÁN PEÑA CORTÉS,
quien le manifestó al Tribunal en su declaración, que, en sus 8 años
en el ejercicio de su función como personero de la localidad -
municipio de Concepción (Santander)-, en muchas ocasiones solicitó
el reforzamiento de la fuerza pública y de policía, en atención a la
permanente presencia del grupo subversivo ya mencionado; y que
aunque este dijo que él, de manera formal, no plasmó una denuncia
en calidad de concejal electo, no es menos cierto que su declaración
permite inferir que las amenazas de que fue objeto se conocieron de
manera informal por las autoridades, tanto electorales,
administrativas y de Policía, afirmación que se sostiene o corrobora
con la declaración del señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ
CARDONA, registrador municipal de Concepción (Santander), -
funcionario designado para las elecciones de autoridades locales de
2023-, quien sostuvo que en la cesión del comité de seguimiento
electoral, del día en el que se sorteó la posición de los candidatos en
el tarjetón para la Alcaldía de Concepción (Santander), él

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efectivamente denunció las amenazas de las cuales venía siendo
objeto, lo que quedó plasmado en el acta.

Insiste, por lo tanto, en que sí quedó probado que manifestó las
amenazas de que fue víctima, al entonces personero municipal y ante
el comité electoral, tal como fue sostenido de forma clara y
espontánea por los señores JUAN SEBASTIÁN PEÑA CORTÉS y
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CARDONA, este último quien
afirmó haberlo dejado consignado en el acta, el día en que se llevó a
cabo el sorteo de posiciones para el tarjetón; y que estas amenazas,
reitera, provenían de grupos al margen de la Ley o por lo menos así
fue como se identificaron.

Señala que en la respuesta enviada por el comandante del Batallón
de Artillería de Campaña núm. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’ del
EJÉRCITO NACIONAL, refiere que en la provincia de García Rovira
y, específicamente, en el municipio de Concepción (Santander), para
el año 2023 y en la actualidad, se desarrollan de manera permanente
operaciones militares para mitigar, precisamente, la presencia de los
grupos subversivos ya referidos, así como los delitos a los cuales se
ven constantemente amenazados los pobladores, lo cual permite
concluir y afirmar que existió fuerza sobre su decisión de no
posesionarse en la curul del Concejo de Concepción (Santander),
afectando así su libre consentimiento.

Comenta que no son seis denuncias las que relaciona la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, sino tres, por lo que el Tribunal pasó por
alto que dentro de las denuncias relacionadas ninguna corresponde
a aquellas originadas por amenazas de grupos guerrilleros, muy por

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el contrario de lo que se afirma en la sentencia, la denuncia de 2006
corresponde a una denuncia contra personas determinadas; y que el
a quo erró al establecer que una persona que denunció en el pasado
ciertos delitos, está obligado a denunciar amenazas de muerte
hechas por grupos al margen de la ley, ya que, de no ser así, no
podría sostener la existencia de la fuerza como elemento que afecta
el consentimiento.

Pone en relieve que la anterior circunstancia se potencializa por ser
parte de ‘movimientos políticos de extrema derecha’, que avalaron
su candidatura, -Centro Democrático y Creemos Colombia-, pues,
como es de notoriedad pública, la polarización política que agobia el
territorio nacional, sin ser la excepción el municipio de Concepción
(Santander), viene generando graves atentados contra la integridad
física y la vida de los candidatos, que no son bien recibidos en
aquellos municipios en los cuales la izquierda lidera el proceso
administrativo territorial.

Aduce que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN no puede
certificar la existencia o no de acciones delictivas de grupos armados
al margen de la Ley, ya que su competencia se limita a noticias
criminales; y que la certificación que tomó la Sala como prueba,
desbordó el alcance probatorio a la solicitud de oficio que hiciera la
magistrada ponente, pues en ninguno de sus apartes se le pidió al
ente investigador certificar la existencia de acciones violentas de
grupos armados en el municipio de Concepción (Santander) y
desconoció que un ciudadano de nombre CARLOS ALIRIO
MENESES CORDERO, el 10 de noviembre de 2023, denunció una
extorsión con origen en el GAO ELN.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Indica que no hay ninguna prueba que permita inferir que su actuar
fue a título de culpa grave, sino que, por el contrario, su desistimiento
a posesionarse se presentó de buena fe, atendiendo a las reglas de
la ‘coherencia lógica’ que tendría cualquier ciudadano amenazado
para que renunciara de una forma coaccionada a la curul entregada
por el Estatuto de la Oposición Política; y que la falta de posesión fue
por la fuerza irresistible desplegada contra él.

Sostiene que la ‘hostilidad del proceso electoral’ y ‘las acciones de
retaliación’ en su contra, están probadas con la instauración de esta
acción de pérdida de investidura por el señor CARLOS LEONARDO
HERNÁNDEZ quien, a su vez, actúa como abogado del alcalde,
EDUAR ABRIL BORRERO, dentro del proceso electoral identificado
con radicación 68001233300020230077404, en el que se profirió la
sentencia de 12 de junio de 2025, con la que se confirmó la nulidad
de su acto de elección por doble militancia, en la modalidad de apoyo.

Por último, solicita estudiar la inaplicación, por inconstitucional, del
artículo segundo de la Resolución 2276 de 2019, expedida por el
Consejo Nacional Electoral, en aplicación del artículo 4º de la
Constitución Política de 1991, toda vez que la sentencia proferida por
la Sección Quinta no tiene la calidad de precedente judicial, se adoptó
dentro un proceso de simple nulidad, con 2 salvamentos de voto, no
es una sentencia de unificación; y no tenía competencia esa
autoridad administrativa regular sanciones perpetuas que riñen con
los principios esenciales del derecho y la protección de los derechos
fundamentales, como son los de elegir y ser elegido, usurpando
además las funciones que le corresponden exclusivamente al
legislativo.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, no fue descorrido
por el actor.

IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante el Consejo
de Estado, en calidad de agente del Ministerio Público, a través del
concepto 468-25 de 22 de septiembre de 2025, solicita confirmar la
sentencia apelada, por cuanto el accionado no acreditó de manera
suficiente la existencia de un temor insuperable para la configuración
de la fuerza mayor, pues solo demostró que existe un contexto de
violencia en el municipio de Concepción (Santander), pero no que
hubiese recibido amenazas directas que motivaran su decisión de
desistir de su posesión en el Concejo Municipal, período
constitucional 2024-2027; y que debido a la ausencia de material
probatorio, no es posible aplicar el eximente de responsabilidad
alegado.

Sostiene que, respecto a la solicitud de inaplicación por
inconstitucionalidad de la expresión ‘y sin posibilidad de retracto’ del
artículo segundo de la Resolución 2276 de 2019 del Consejo Nacional
Electoral, el Consejo de Estado ya se ha manifestado en varias
ocasiones sobre este punto, reiterando la constitucionalidad de la
norma y la facultad que tenía ese órgano para expedirla.

6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso
de apelación, en consonancia con la solicitud inicial y su contestación,
le corresponde a la Sala establecer si el concejal electo de Concepción
(Santander), señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO,
incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
48, numeral 3, de la Ley 617, esto es por no tomar posesión de ese
empleo público dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación del Concejo de Concepción (Santander), para el período
constitucional 2024-2027.

V.2.- Del Acto Legislativo 2 de 1o. de julio de 2015 7, la Ley
Estatutaria 1909 y la Resolución 2276 de 2019 del Consejo
Nacional Electoral8, y su incidencia en la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley
617.

El artículo 1o. del Acto Legislativo 2 de 2015, incorporó una
modificación novedosa al artículo 112 de la Constitución Política al
reconocer el ‘derecho personal’ a ocupar una curul en la corporación
pública respectiva, al candidato que le siga en votos a quien la
autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y

7 “[...] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y

se dictan otras disposiciones [...]”.
8 Acápite desarrollado por la Sala en sentencia de 11 de marzo de 2021, número único de radicación

15001-23-33-000-2020-01680-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, que
ahora se prohíja en su integridad.

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vicepresidente de la República, gobernador de departamento y
alcalde distrital y municipal. Indica la precitada disposición:

“[...] Artículo 1°. Adiciónense los incisos cuarto, quinto y sexto del
artículo 112 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:
(…)

El candidato que le siga en votos a quien la autoridad
electoral declare elegido en el cargo de Presidente y
Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento,
Alcalde Distrital y Alcalde municipal, tendrá el derecho
personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de
Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y
Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la
correspondiente corporación.

Las curules así asignadas en el Senado de la Republica y en la
Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los
artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número
de miembros de dichas corporaciones.

En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con
la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.

Parágrafo transitorio. La asignación de las curules mencionadas
en este artículo no será aplicable para las elecciones celebradas en
el año 2015 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la Ley
Estatutaria 1909 que elevó a la categoría de derecho fundamental la
oposición, por lo que esta goza de una especial protección del Estado
y de las autoridades y le permite proponer alternativas políticas,
disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la
gestión de gobierno mediante los instrumentos señalados en ese
compendio, sin perjuicio de los derechos previstos en otras leyes9.

9 Artículos 3° y 4°, de la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

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En las deliberaciones que se dieron al interior del Congreso10,
quedaron consignadas las siguientes consideraciones:

“[…] El Acto Legislativo número 02 de 2015 incluyó dentro de esta
norma y con el claro propósito de estimular el ejercicio de la
oposición que de forma natural correspondería a quien ha perdido
la elección, que los candidatos que le sigan en votos a quien
la autoridad electoral declare elegido en el cargo de
Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá
el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara
de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el
período de la correspondiente corporación. Las curules así
asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171
y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros
de dichas corporaciones. En caso de no aceptación de la curul en las
corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se
asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules
prevista en el artículo 263 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

El artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909 reguló lo concerniente a las
curules en las corporaciones públicas de elección popular de las
entidades territoriales, a partir del cual los candidatos que sigan en
votos a quien la autoridad electoral declare elegidos en los cargos
uninominales, esto es Gobernación, Alcaldía distrital o municipal,
deben manifestar por escrito su decisión de aceptar o no el escaño
en la corporación pública respectiva ante la comisión escrutadora
competente. La norma señala:

“[…] Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de
elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos
que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos
en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y
Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden,

10 Gaceta 32 de 2017 de 1° de febrero de 2017: exposición de motivos al proyecto de ley estatutaria

número 03 de 2017, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición, página 7.

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una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales
y Concejos Municipales respectivos, durante el período de estas
corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan,
podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7 de esta
ley y harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador,
Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo
puesto en votación deberán manifestar por escrito ante la
comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o
no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales
y municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa
aceptación, las credenciales como diputados y concejales
distritales y municipales a los que ocuparon los segundos
puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la
regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la
distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales
y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general
prevista en el artículo 263 de la Constitución política para la
distribución de todas las curules de Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por
población [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Corte Constitucional mediante sentencia C-018 de 201811, al
ejercer el control de constitucionalidad previo, oficioso, automático e
integral del proyecto de ley que pasaría a convertirse en el Estatuto
de la Oposición Política, consideró que tal disposición era un
desarrollo directo del artículo 112 Constitucional, y en ella sostuvo:

[…] Por lo demás, el artículo 25 del PLEEO es un desarrollo directo
de los incisos 4º y 6º del artículo 112 Superior, adicionado por el
Acto Legislativo 02 de 2015. En primer lugar, el legislador
estatutario estableció que “los candidatos que sigan en votos a

11 Corte Constitucional, sentencia C-018 de 4 de abril de 2018, magistrado ponente Alejandro Linares

Cantillo.

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quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de
Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal,
tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos
Municipales respectivos, durante el período de estas corporaciones”,
ello reproduce el inciso 4º del artículo 112 por lo que no genera
problema de constitucionalidad alguno. A su vez, señala que en
dichas corporaciones colegiadas harán parte de la organización
política a la cual pertenecen, es decir, tal como sucede con el
candidato a presidente y vicepresidente el legislador estatutario
busca fortalecer el ejercicio de la oposición política canalizada a
través de partidos y movimientos políticos y no recurriendo al
ejercicio personalista de la política.

Los siguientes tres incisos del artículo 25 bajo revisión incorporan
las reglas procedimentales para la distribución de las curules, habida
cuenta de que a diferencia de lo que sucede en el inciso 2º del
artículo 112 tratándose de las curules otorgadas al candidato que le
siga en votos al presidente y vicepresidente de la República electos,
el constituyente no previó una regla determinada para la
distribución de dichas curules en los Concejos y Asambleas. En
primer lugar, se establece que el candidato que siga en votación al
gobernador de departamento o alcalde municipal o distrital electo,
deberá manifestar su voluntad de acceder a la curul en la asamblea
o el concejo municipal o distrital respectivamente. El inciso 6º del
artículo 112 superior, señala la consecuencia derivada de la “no
aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades
territoriales […]”, de donde razonablemente se infiere que entre la
certificaciones de los resultados electorales por parte de la autoridad
electoral y el otorgamiento de la curul en la asamblea o el concejo
debe mediar una aceptación, de donde se sigue que el requisito de
manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su
decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales, incorporado
en el PLEEO bajo análisis se encuentra dentro de las competencias
del legislador estatutario.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 25 señala que una vez
otorgadas las curules en la asamblea, concejo municipal o distrital,
según corresponda, se procederá al cálculo de las demás curules en
los términos del artículo 263 de la Constitución. Así, este inciso
tampoco se opone a lo dispuesto en la Constitución Política, en la
medida, en que a diferencia de lo que sucede con las curules en
senado y cámara, el constituyente no previó un aumento en el
número de miembros de dichas corporaciones colegiadas, como
tampoco previó la modificación expresa del sistema de reparto de
curules en dichas corporaciones, por lo cual, de una lectura
sistemática de la Constitución debe entenderse que el reparto se

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hace de conformidad con el artículo 263 superior, tal y como lo hace
en este caso el legislador estatutario.

Finalmente, el último inciso del artículo 25 señala como
consecuencia de la no aceptación de la curul la aplicación de “la regla
general prevista en el artículo 263 de la Constitución política para la
distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales por población”, este inciso
tampoco plantea problema constitucional alguno, en la medida en
que reproduce el inciso sexto del artículo 6º del artículo 112,
otorgándole a la no aceptación de la curul por parte del candidato
derrotado la misma consecuencia que ya había sido prevista por el
constituyente […]”.

Resulta claro que el legislador estatutario, en desarrollo directo del
artículo 112 de la Constitución Política, le brinda la oportunidad al
candidato con segunda mayor votación en las elecciones
uninominales, -en este caso la Alcaldía-, de ocupar una curul en la
respectiva corporación pública, -en este caso en el Concejo-, lo cual
permite que dichos candidatos tengan representación visible en el
cuerpo colegiado, se puedan convertir en una fuerza alternativa de
oposición, presenten iniciativas de interés regional y ejerzan el
control político con lo cual se garantiza la representación popular de
la fuerza política vencida.

En este sentido es importante traer a colación las consideraciones
esgrimidas en el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2014 “[...] Por
medio del cual se reforman los artículos 112, 171, 176, 299 y 312 de
la Constitución Política de Colombia. [Candidatos a cargos
uninominales como congresistas] [...]”12, en el cual se invocaron las
siguientes motivaciones:

12 “[...] Por medio del cual se reforman los artículos 112 171, 176, 299 y 312 de la Constitución

Política de Colombia [...]”. Gacetas 369 de 2014 (publicación del proyecto de acto legislativo) y 438
del 2014 (publicación de la ponencia de primer debate). El autor del citado proyecto fue el senador
Eduardo Enríquez Maya. Cabe destacar que de forma paralela se tramitó la reforma de equilibrio de
poderes del acto legislativo 2 de 2015, en el cual se incorporó la reforma al artículo 112 de la

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“[…] Con el artículo 1º se ordena introducir en el artículo 112 de la
Constitución Política vigente un inciso final. De aprobarse este
proyecto, tal como lo esperamos, los candidatos a los cargos de
Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcaldes de Distrito y Municipio que sigan en votos
a quienes la Organización Electoral declare elegidos en estos cargos,
tendrán asiento en el Senado, en la Cámara de Representantes, en
la Asamblea Departamental, en los Concejos Distritales y Concejos
Municipales respectivos, durante el período para el cual se hizo la
correspondiente elección.

De esa manera se aumenta con una curul el número de
Senadores, Representantes, Diputados, Concejales
Municipales y Concejales Distritales, con el ánimo de
profundizar y extender la representación popular en tanto
un conjunto de ciudadanos, aquellos que votaron por el
candidato no elegido, la adquieren en las corporaciones de
origen popular así: a nivel nacional en el Senado, a nivel
regional en la Cámara, a nivel departamental en las
Asambleas, a nivel distrital y municipal en los Concejos
Distritales y Concejos Municipales.

Con la normatividad vigente, quienes votan por el candidato
que pierde la elección prácticamente depositan un voto
ineficaz, porque este candidato desaparece de la vida
política y esta circunstancia desanima al elector y es causa,
entre otras, de la abstención electoral. Se pretende, en
cambio del régimen actual, darle pleno valor al voto
ciudadano, pues no solo el ciudadano que vota por un
candidato que resulta ganador tendrá representación
visible, sino que la tendrán también los ciudadanos cuyos
candidatos siguen en votos. Es obvio que los elegidos
representan al pueblo sin distinción de ninguna clase entre
quienes votaron a su favor o a favor de otros que no
resultaron elegidos, pero se aspira con estas modificaciones
a que las ideas y planteamientos que se hacen en las
campañas electorales no se diluyan y puedan tener eco y
posibilidad de realización.

En ese orden de ideas, estamos hablando de una representación
tangible, visible y eficaz de un universo compuesto de ciudadanos
que depositan su voto, pero que sus ideas no se materializan, sino
que las ven perderse, desperdiciarse y no ser utilizadas. Y, por
supuesto, nos estamos refiriendo a la participación que pueden y

Constitución, con ocasión de la proposición presentada por el senador Eduardo Enríquez Maya.
(página 34 de la Gaceta 765 del 2014).

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deben tener aquellos ciudadanos que exponen criterios y métodos
distintos en la conducción del Gobierno, en la concepción de la
representación democrática y en el manejo de los bienes del Estado.

De ese modo, buscamos que también tenga representación
visible y eficaz quien sufraga, pero no logra que sus
candidatos sean elegidos. A través de la fórmula que
proponemos al Congreso y a la opinión pública, podrán analizarse
las ideas y proyectos que un líder expuso en la respectiva
campaña electoral, y el programa no escogido por el
electorado puede contar y ser estimado como una
alternativa legítima y, al mismo tiempo, se abre a los candidatos
la oportunidad de contribuir desde las corporaciones públicas al
ejercicio del poder político, como conductores políticos y jefes de la
oposición, si es del caso.

Obsérvese que la Constitución Política garantiza el derecho de los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica a declararse
en oposición al Gobierno y, posteriormente a esta declaración,
pueden ejercer la función crítica, y planear y desarrollar alternativas
políticas. Si bien el derecho a la oposición se consagró
explícitamente, los instrumentos para hacerla efectiva son apenas
el acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de los
medios de comunicación del Estado, del espectro electromagnético
y la réplica en los mismos medios de comunicación.

Dejó de mencionarse un derecho que surge por generación
espontánea de las elecciones y de las posiciones políticas distintas a
la oficial o a la mayoritaria. Se trata del derecho de los candidatos
perdedores en las elecciones a tener representación visible y eficaz
en las corporaciones y a plantear inquietudes y proyectos sobre la
manera como debe conducirse el Gobierno y cómo deben
solucionarse los problemas que ordinariamente atraviesa la
comunidad. No hacer efectivo este derecho constituye un deterioro
de la representatividad que en los países desarrollados cada día se
aumenta y profundiza.

Las últimas experiencias son reflejo de varias inconsistencias y
contradicciones. Los candidatos perdedores en elecciones
uninominales no llegan a las corporaciones públicas y carecen de
espacios oficiales en los cuales puedan expresar libre y
permanentemente sus opiniones. Este sistema priva a la comunidad
de una contribución eficiente y de conocimientos respecto del papel
que deben desempeñar los partidos políticos y sus directores en el
desenvolvimiento de la administración pública y el desarrollo de la
vida política.

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Los candidatos a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a las
gobernaciones y las alcaldías que no fueron elegidos a pesar de
contar con guarismos importantes de votación se esfuman, y con
ellos los planteamientos y programas que en razón de las jornadas
electorales expusieron públicamente a la comunidad.

El derecho a integrar las corporaciones públicas es intuitu
personae, es decir, se concede por los atributos personales
y por los votos que la ciudadanía deposita a favor del
candidato. Por este motivo, no es susceptible de transferirse
a ninguna persona como consecuencia de la función
electoral que lo genera. El titular de este derecho no puede
ser reemplazado y la renuncia, en el evento de presentarse,
le haría perder la respectiva curul con la consiguiente
responsabilidad política de quien así actúa [...]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 2276
de 11 de junio de 2019 “[...] Por medio de la cual se establecen
medidas para la aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018
[...]”, la cual previó:

[…] ARTÍCULO SEGUNDO: OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA
CURUL EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA.- Dentro de las 24
horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos
de gobernador, alcalde distrital y/o municipal y previo a la de las
asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales,
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo (2)
puesto en votación, deberán manifestar por escrito, por una
sola vez, y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o
no una curul en las asambleas departamentales y concejos
distritales y/o municipales [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Esa expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]” se demandó
ante esta jurisdicción, oportunidad en la que se acusó de haber sido
expedida con violación del Preámbulo y los artículos 13, 150,
numerales 1 y 2, de la Constitución Política; 25 de la Ley Estatutaria

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1909; y 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, puesto que el
Consejo Nacional Electoral se había excedido en el ejercicio de la
potestad reglamentaria al usurpar una competencia del legislador
estatutario.

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 16
de diciembre de 202014 denegó las pretensiones de nulidad y declaró
ajustada a derecho la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto
[...]”15, para lo cual hizo un análisis de la naturaleza de la facultad
constitucional en cabeza del Consejo Nacional Electoral, de lo que
concluyó que: (i) esa institución, por mandato constitucional, tiene a
su cargo la suprema inspección y vigilancia de la organización
electoral por lo que en ejercicio de dichas atribuciones puede expedir
las normas de carácter operativo y administrativo en asuntos de su
competencia; (ii) la Ley Estatutaria 1909, si bien no hizo referencia
a la posibilidad de retracto, lo concerniente a la aceptación o no de
la curul incide en el reparto de las curules de la respectiva
corporación; y (iii) el precepto de análisis es una norma de carácter
operativo o técnico que permite garantizar el cumplimiento de los
derechos y garantías de los diferentes partidos, movimientos y
grupos de ciudadanos que participan en la contienda electoral.

13 “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo [...]”.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 16 de

diciembre de 2010, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00060-00 (acumulados),
consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 En dicha sentencia también se analizó si el Consejo Nacional Electoral, al expedir el parágrafo 2°

del artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019 se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria,
en relación con la prohibición de tener en cuenta los votos en blanco para efectos del artículo 25, de
la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Así las cosas, del examen de los elementos normativos y
jurisprudenciales anunciados, es posible extraer las siguientes
reglas:

(i) Por mandato constitucional, le surge el derecho personal al
candidato que le siga en votos al primero de decidir si acepta o no el
llamado a ocupar una curul en la respectiva corporación territorial,
según lo dispone el artículo 112 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. En este
sentido, el ordenamiento superior le otorga al candidato que obtuvo
la segunda mayor votación en las elecciones al cargo uninominal, -
entiéndase presidente, vicepresidente, gobernador o alcalde distrital
o municipal-, la oportunidad de manifestar su decisión de aceptar o
no un escaño en la corporación pública que corresponda, de tal
manera que depende de su voluntad la consolidación de su derecho.

(ii) El candidato debe manifestar oportunamente su aceptación para
ocupar el respectivo escaño corporativo dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes a la declaratoria de elección del cargo
uninominal, por escrito y sin posibilidad de retracto, ante la comisión
escrutadora competente, según lo dispone el artículo segundo de la
Resolución 2276 de 2019, acto administrativo cuya presunción de
legalidad no se ha desvirtuado, al punto que esta jurisdicción lo
declaró ajustado a derecho.

(iii) La sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la
legalidad de la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”
contenida en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, es de

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

obligatorio cumplimiento16 y tiene efectos erga omnes con relación
a la causa petendi analizada, tal y como lo establece el artículo 189
del CPACA17.

(iv) Para la Sala, la imposición de un plazo temporal, y con ello la
prohibición de retracto, cumple las siguientes finalidades razonables:
(iv.1) en primer lugar, garantiza el buen funcionamiento de la
organización electoral y con ello el cumplimiento de la Constitución
Política que reconoce un derecho a favor del candidato que fue
derrotado en las elecciones uninominales; (iv.2) en segundo lugar,
permite que en los tiempos y en la oportunidad previstos en la norma
se pueda efectuar la aplicación de la cifra repartidora y así tener
certeza de quién va a resultar beneficiario de dicha prerrogativa
constitucional. En esa medida no es admisible que el candidato
acepte la curul, sea declarado electo pero luego, de forma
caprichosa, desista de esta, menos aún si está en juego la
representación de los derechos de la oposición pues la citada reforma
fue concebida como “[…] (i) una garantía institucional para las
organizaciones políticas que participan en el sistema democrático
que se declaren en oposición al Gobierno, por lo que se erige en un
límite a las competencias legislativas [...]”18, y también, como “[...]
(ii) un derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en

16 Cabe destacar que dicha providencia fue notificada el 18 de diciembre de 2020 y la última
constancia secretaria señala que se ordenó el archivo de dicho proceso.
17 [….] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto

administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las
que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad
producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de
un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus
decretos reglamentarios […].
18 Cit., sentencia C-018 de 2018.

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el control del poder político [...]”19. Y, (iv.3) en tercer lugar, redunda
en la seguridad jurídica electoral que debe brindar el Consejo
Nacional Electoral.

(v) Presentada dicha aceptación al candidato le asiste el deber de
tomar posesión de su cargo en la respectiva Corporación, o lo que
es lo mismo, prestar el juramento de cumplir y defender la
Constitución, por cuanto ese acto solemne lo vincula directamente
con sus deberes, derechos y responsabilidades institucionales; no
hacerlo dentro de la oportunidad prevista por la ley, -que para el
caso de los concejales debe realizarse en la instalación del concejo o
dentro de los tres (3) días siguientes a ese evento-, podría acarrear
la muerte política salvo que medie fuerza mayor, en los términos del
artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.

(vi) Para la Sala, el artículo 112 Superior no se constituye en una
excepción al deber de tomar posesión del cargo en los términos y
oportunidades previstos en la ley, pues la citada norma no estableció
limitante ni discriminó en dicho sentido.

(viii) La fuerza mayor es el único supuesto que prevé el artículo 48
de la Ley 617 como causal eximente de la obligación de tomar
posesión en el cargo, que está definida en el artículo 64 del Código
Civil como “[...] el imprevisto a que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. [...]”. Para su
configuración, es necesario que el hecho que impida la posesión
provenga de una causa extraña que sea externa, imprevisible e

19 Idem.

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irresistible capaz de determinar y justificar el incumplimiento del
deber u obligación de tomar posesión del cargo.

V.3.- De la causal de pérdida de investidura de concejal
municipal o distrital, prevista en el artículo 48, numeral 3, de
la Ley 617

La causal de pérdida de investidura que se endilga en este caso, es
la prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, así:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o
concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados
a posesionarse.
(…)
Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando
medie fuerza mayor […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esta Sala ha sostenido, en el devenir de la interpretación y aplicación
jurisprudenciales de la referida causal, lo siguiente20:

“[…] Para que se configure la causal transcrita, la Sala encuentra
que se requiere que el concejal electo no haya tomado
posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la
fecha de instalación del concejo o a la fecha en que fuere
llamado a posesionarse.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de

septiembre de 2017, número único de radicación 23001-23-33-000-2017-00091-01(PI), consejera
ponente María Elizabeth García González.

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Entiéndase por posesión “el acto de prestar juramento
previsto en el artículo 12221 de la Constitución Política ante
el funcionario competente; de este acto da fe un acta,
suscrita por quien toma el juramento y por quien lo
pronuncia, sin cuya solemnidad la persona no puede entrar
a servir ningún cargo22 […]”23 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Para tales efectos, se observa que el artículo 35 de la Ley 136 regula tanto
la instalación de los concejos municipales como la elección de sus
funcionarios así:

“[…] Artículo 35. Elección de funcionarios. Los concejos se
instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia
en los primeros diez días del mes de enero correspondiente
a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo
señalamiento de fecha con tres días de anticipación.

En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en
cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para
el efecto convoque el alcalde […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Una vez instalados los concejos municipales, en consonancia con el
artículo 122 Constitucional, el artículo 49 de la Ley 136 establece que
los concejales se posesionarán en sus cargos ante el presidente de
la respectiva corporación, para lo cual deberán tomar el respectivo
juramento:

21 “[…] Artículo 122 […] Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha
declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de

abril de 2005, número único de radicación 76001-23-31-000-2004-00774-01 (PI), Magistrado
ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de

agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera
ponente doctora María Elizabeth García González.

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“[…] Artículo 49. Posesión. Los presidentes de los concejos
tomarán posesión ante dichas corporaciones, y los
miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los hubiere, ante
el presidente; para tal efecto, prestarán juramento en los
siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo,
cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, en cuanto a estos actos de posesión de los concejales
y de la instalación de los concejos, en sentencias de 27 de abril de
200624 y de 19 de junio de 200825, la Sala precisó:

“[…] Para resolver, debe precisarse que la posesión es el acto
de prestar ante el funcionario el juramento que ordena el
artículo 122 de la Constitución Política. De este acto da fe un
acta, suscrita por quien toma el juramento y quien lo
pronuncia. Sin esta solemnidad no puede entrarse a servir
ningún cargo. La posesión es una declaración de voluntad
administrativa, que tiene consecuencias jurídicas26.

La instalación es un acto de la Corporación como tal y que se
celebra por una sola vez, al iniciarse el período
constitucional. A su turno, la iniciación del período de sesiones
supone el acto de instalación en que debieron posesionarse sus
miembros […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de
la Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 136, todos los servidores públicos, categoría a la cual
pertenecen los concejales, deberán posesionarse de manera previa
al ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de

abril de 2006, número único de radicación 23001-23-31-000-2004-00059-02, consejero ponente
doctor Camilo Arciniegas Andrade.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

junio de 2008, número único de radicación 70001-23-31-000-2006-00531-01, consejero ponente
doctor Camilo Arciniegas Andrade.
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 16 de marzo de 1993,

expediente núm. 501, consejero ponente doctor Humberto Mora Osejo.

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correspondientes, por cuanto es tal acto el que los vincula
directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades
institucionales27.

Con fundamento en ello, la Sala reitera que los elementos objetivos
y configurantes de esta causal de pérdida de investidura, así como
las condiciones bajo las cuales debe verificarse su presencia, son los
siguientes:

(I) Que el candidato una vez haya sido declarado concejal por la
autoridad electoral competente y obtenida su curul, no se posesione
en dicho cargo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha
de la instalación del respectivo cabildo municipal o distrital.

(II) O que el candidato a concejal, a pesar de no haber sido
declarado electo por la autoridad electoral competente ni obtenida su
curul en las elecciones territoriales, sea llamado a posesionarse en
dicho cargo por la respectiva Mesa Directiva del cabildo municipal o
distrital al cual aspiró, -en aras de cubrir una vacancia por falta
absoluta28 ocurrida con posterioridad-, y aun así no se posesione
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del llamado.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

marzo de 2017, número único de radicación 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ver también: Corte Constitucional, sentencia C-
247 de 1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 1135 de 22 de
julio de 1998.
28 Ley 136, “[…] Artículo 51º.- Faltas absolutas. Son faltas absolutas de los concejales:

a) La muerte;
b) La renuncia aceptada;
c) La incapacidad física permanente;
d) La aceptación o desempeño de cualquier cargo o empleo público, de conformidad con lo previsto
en el artículo 291 de la Constitución Política;
e) La declaratoria de nulidad de la elección como concejal;
f) La destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como
resultado de un proceso disciplinario;
g) La interdicción judicial;

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(III) O que el candidato al cargo uninominal de alcalde municipal o
distrital, que no haya sido elegido como tal, pero haya obtenido la
segunda mejor votación, acepte por escrito, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la declaratoria de elección de ese
cargo, y previo a la del concejo municipal o distrital, una curul en
dicha corporación territorial proveída con el fin de garantizar la
oposición política por ministerio de los artículos 112 Superior, 1º del
Acto Legislativo 2 de 2015 y 25 de la Ley Estatutaria 1909, en
consonancia con el artículo segundo de la Resolución núm. 2276 de
2019 y, sin embargo, no se posesione en el cargo dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la instalación del correspondiente cabildo
municipal o distrital.

En esa medida el correcto entendimiento de la dinámica
constitucional exige aplicar la causal prevista en el artículo 48,
numeral 3, de la Ley 617, no solo cuando el incumplimiento del deber
de posesión proviene del candidato elegido en la contienda electoral
o llamado a completar una vacante absoluta, sino también cuando
en dicha omisión incurra el designado que aceptó la curul otorgada
por mandato de los artículos 112 Constitucional, 1º del Acto
Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la
Resolución núm. 2276 de 2019. Para la Sala, este referente
constitucional no puede concebirse, en modo alguno, como una
circunstancia excluida del régimen de pérdida de investidura
territorial, así como tampoco implica desconocer el carácter
restrictivo que gobierna este medio de control.

La Sala, al discurrir sobre este aspecto, determinó lo siguiente:

h) La condena a pena privativa de la libertad […]”

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“[...] Como se indicó anteriormente, el candidato designado -
llamado a ocupar una curul por mandato del artículo 112 Superior,
le asiste el deber de tomar posesión del cargo, una vez producida la
aceptación, pues a través de dicho acto jurídico solemne queda
vinculado jurídicamente con sus deberes, derechos y sus
responsabilidades y la mencionada prerrogativa constitucional no
puede ser vista como una excepción a la obligación de tomar
posesión del cargo dentro de las oportunidades previstas en la ley.

En este sentido, no se advierte la existencia de una posible
antinomia entre el artículo 48, numeral 3°, de la Ley 617 de
2000 y el artículo 112 superior, dado que el derecho
personal que le asiste al candidato en aplicación del
mecanismo estatuido en la norma constitucional no resulta
incompatible con el régimen jurídico previsto para los
concejales que señala que, es causal de pérdida de
investidura, no tomar posesión del cargo en los términos y
oportunidades señalados en la ley.

Resulta importante destacar lo dicho por la Sala Plena de esta
Corporación, mediante sentencia de 28 de mayo de 201929 en la
cual se señaló que la causal de pérdida de investidura por no tomar
posesión del cargo resulta aplicable para proteger el pacto político
que existe entre el elector o la institucionalidad y el elegido, llamado
o designado, elemento fundamental de la democracia
representativa, al señalarse:

[…] es necesario precisar que el ejercicio de toda función
pública es un derecho que finalmente se revierte en un
deber;30 por lo tanto, el inciso 2. ° del artículo 122 de la
Constitución Política regula que «[…] ningún servidor público
entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben […]». En consecuencia, para ejercer el cargo de

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de mayo de

2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03883-01(PI), consejero ponente
William Hernández Hernández. Cabe poner de presente que, el señor Seuxis Paucias Hernández
Solarte obtuvo su curul como Representante a la Cámara como consecuencia de la implementación
del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo armado FARC. En el referido Acto
Legislativo se estableció que, en caso de que el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-
FARC29 no alcanzara el umbral de la votación válida para las Cámaras del Congreso, tendría derecho
a cinco curules en el Senado de la República y cinco en la Cámara de Representantes. En esta
decisión, la Sala Plena analizó si el acusado incurrió en la causal de pérdida de investidura por no
tomar posesión del cargo prevista en el numeral 3° del artículo 183 de la Constitución Política. El
acusado sostenía que se encontraba en una situación constitutiva de fuerza mayor, toda vez que fue
capturado con fines de extradición por orden de la Fiscalía General de la Nación.
30 Cita es original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto

de 12 de diciembre de 2007, radicación 11001-03-06-000-2007-00102-00(1872), solicitante
ministro del Interior y de Justicia.

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congresista y cumplir el mandato recibido, debe tomarse
posesión de este y prestarse juramento de rigor.31

En principio podría indicarse que los servidores públicos solo
pueden ser objeto de reproche sancionatorio en virtud de su
cargo y a partir del momento en que se posesionen. Sin
embargo, el constituyente estableció para los congresistas32
una causal específica por la defraudación del mandato popular,
con la que sanciona la conducta de aquel representante o
senador que no tome posesión en el momento de la instalación
de la respectiva cámara o dentro de los ocho (8) días
siguientes a este hecho, o a su llamamiento a ocupar la curul,
según el caso.

Esta causal busca garantizar el principio democrático de
representación política, porque obliga al congresista a asumir
el ejercicio del mandato que le confirió el pueblo a través de
su voto, so pena de la sanción allí prevista. En efecto, es claro
que el congresista contrae un compromiso con sus
electores o representados y con la institución, por lo tanto,
debe posesionarse en su cargo porque este acto lo vincula
jurídicamente con sus deberes, sus derechos y sus altas
responsabilidades institucionales (art. 133 de la Constitución
Política).

Esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera,
además, que no hacerlo implica una ruptura del pacto político
existente entre el elector o la institucionalidad y el
elegido, llamado o designado, elemento fundamental
de la democracia representativa;33 es decir, esta causal
exige que la confianza depositada por el elector, o como en
este caso por la institucionalidad en el marco de un acuerdo
de paz, no resulte frustrada por la decisión unilateral e
injustificada del representante o senador de no
presentarse a la posesión del cargo, sin que medie fuerza
mayor que así lo avale [...]”34 (Destacado y subrayado es
original de la sentencia).

En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante
sentencia de 29 de octubre de 201935, expresó:

31 Cita es original de la providencia: Art. 17 de la ley 5 de 1992
32 Cita es original de la providencia: Y otros miembros de corporaciones de elección popular.
33 Cita es original de la providencia: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de

septiembre de 1992 (sin número se expediente). Citado en la sentencia C-507 de 1994.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 12 de octubre de 2017, magistrado ponente José

Fernando Reyes Cuartas.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de octubre de

2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02616-01(PI), consejero ponente

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[…] 74. La precitada causal debe ser analizada, por un lado,
desde el elemento objetivo que comprende el estudio de
tipicidad, orientada a determinar si el congresista incurrió en
la conducta reprocha por la norma constitucional; y, por el
otro, desde el elemento subjetivo que comprende el juicio de
culpabilidad, con el objeto de establecer si el demandado es
culpable de la conducta objetiva o si, por el contrario, se
configuró una situación eximente de responsabilidad.

75. Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, mediante sentencias proferidas el 17 de
octubre de 2000, el 23 de abril de 2001 y el 28 de mayo de
2019, explicó que para la configuración de la causal de
desinvestidura supra se debe determinar: i) si se trata de una
persona que resultó electa como congresista o ii) si se trata de
una persona que, por su vocación, es “[…] llamada a
posesionarse […]” como tal.

76. Bajo el primer supuesto, la configuración de la causal
de desinvestidura requiere el estudio de los siguientes
elementos: i) Que el demandado haya sido elegido
congresista; ii) que el elegido no haya tomado posesión del
cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de
instalación de las Cámaras; y iii) que la falta de posesión no
sea atribuible a un hecho constitutivo de fuerza mayor.

77. Bajo el segundo supuesto, la configuración de la
causal requiere la acreditación de los siguientes cuatro
elementos: i) Que el demandado tenga la vocación de
llamado; ii) que haya sido llamado a tomar posesión del cargo
de congresista; iii) que el llamado haya dejado de tomar
posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes al
llamamiento que se le haya efectuado; y iv) que la falta de
posesión no sea atribuible a un hecho constitutivo de fuerza
mayor.

78. En el caso sub examine, la Sala observa que los
hechos y la conducta con base en los cuales se solicita la
desinvestidura de la demandada atienden al primer supuesto
previsto en la norma. En ese orden de ideas, previo a estudiar
los elementos referidos supra, se realizará el estudio del marco
normativo y los desarrollos jurisprudenciales de la fuerza
mayor y los elementos para su configuración.

Hernando Sánchez Sánchez.

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Así las cosas, para la Sala, el Agente del Ministerio Público acierta
en sus afirmaciones cuando indica que la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000 sí resulta aplicable para los concejales
designados en virtud del derecho personal previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1909
de 2018, pues a partir de una interpretación sistemática-
finalística36 del ordenamiento jurídico, es posible afirmar
que ellos tienen el deber de tomar posesión del cargo, dentro
del término perentorio previsto en la norma, so pena de
incurrir en la causal de pérdida de investidura [...]”37 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

Resulta palmario, por lo tanto, la inexistencia de una eventual
contradicción entre los artículos 48, numeral 3°, de la Ley 617, y
112 Superior, debido a que el derecho personal que le asiste al
candidato en aplicación del mecanismo estatuido en la norma
constitucional no resulta incompatible con el régimen jurídico
previsto para los concejales que señala que es causal de
desinvestidura no tomar posesión del cargo en los términos y
oportunidades señalados en la ley, interpretación sistemática-
finalística del ordenamiento jurídico que les impone a aquellos el
deber de hacerlo.

36 La Corte Constitucional, en sentencia C- 1026 de 2001 dijo: “[…] 8- También esta Corte ha
señalado que la autonomía que la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite
la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados”(sentencia C-301/93); esto es, los
frutos del ejercicio hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la Corporación que
“cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios
a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente
claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El
intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global
del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista”
(sentencia C-011/94). El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la
Corte, que en sentencia C-530/93, dijo que éste “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté
conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando
se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.
En otras palabras, se trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las disposiciones
jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas y objetivos
establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la
filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano [...]”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de

marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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(IV) En cualquiera de los tres escenarios anteriores, cuando la causa
de la omisión de posesionarse en el término previsto ante el
presidente de la corporación o quien haga sus veces, haya sido una
situación de fuerza mayor, no se configurará esta causal.

La Sala resalta en este punto que, conforme se desprende de la
norma acusada y, por disposición expresa del legislador, el estudio
de la eventual configuración, o no, de un evento de fuerza mayor,
resulta intrínseco al análisis inicial de la referida causal; es decir, para
efectos metodológicos, es obligación del operador judicial, a
diferencia de lo que sucede con otras causales, auscultar su presencia
desde la revisión preliminar de sus elementos configurativos, debido
a la particular forma como está concebida esta causal.

Ello, al margen de la evidente esencia subjetiva que envuelve el
estudio del fenómeno de la fuerza mayor como eximente de
responsabilidad en el proceso de pérdida de investidura, toda vez
que procura explorar circunstancias que justifiquen la comisión de
las conductas tipificadas.

Frente al alcance del referido concepto de fuerza mayor, la Sala ha
precisado38, entre otras, en providencia de 16 de febrero de 2012, lo
siguiente:

“[…] En consideración a lo anterior, es preciso determinar si en el
asunto sub examine estaban dadas o no las condiciones para
inaplicar la causal 3ª del artículo 48 de la Ley en mención, por el
hecho de haber mediado una situación constitutiva de fuerza mayor.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 6 de

abril de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 10 de noviembre de 2017, número único de
radicación 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 del
Código Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1° de la
Ley 95 de 1890, “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

Según se desprende de la anterior definición legal, la
situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho
extraño a quien la alega, totalmente imprevisible e
irresistible, capaz de determinar y justificar el
incumplimiento o inejecución de determinado deber u
obligación por parte de éste. En razón de su carácter
imprevisible e irresistible, la fuerza mayor es considerada en
nuestro ordenamiento jurídico como causa eximente de
responsabilidad, por cuanto viene a justificar el
incumplimiento de la correspondiente obligación.

Al respecto es pertinente citar el siguiente aparte contenido en la
sentencia proferida el 30 de agosto de 2002, dentro del proceso
identificado con el número 8046, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo:

“En otras palabras, ¿qué de imprevisible tiene que una
persona, que se dedica a una actividad única en determinado
municipio, decida también, por su propia voluntad, participar
en una elección para concejal? ¿Y qué de irresistible tiene no
renunciar o mantenerse en un cargo de elección popular?
Siempre que en una decisión intervenga la libertad para
adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e
irresistibilidad, pues esta supone la ocurrencia de un
imprevisto al que es imposible resistir.

Decidir “correr el riesgo” de suministrar el combustible, bajo
la consideración de estar exonerado por ser proveedor único,
conlleva la decisión de asumir las consecuencias que de ello
se derivan, como, por ejemplo, colocarse en una causal de
incompatibilidad. Luego, decidir, voluntariamente, seguir
suministrando el combustible y, al mismo tiempo,
desempeñarse como concejal, no fue un imprevisto al que es
imposible resistir, sino todo lo contrario, una situación, a
todas luces previsibles.”

La imprevisibilidad, que es propia de la figura, se presenta
cuando resulta totalmente imposible visualizar o contemplar
el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer
qué es lo previsible, se hace necesario considerar las
circunstancias particulares del caso concreto a fin de

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verificar cuáles son las previsiones normales que habrían de
exigirse a quien alega en su beneficio ese fenómeno
liberatorio.

En tratándose de la obligación que asumen las personas que han
sido elegidas por el voto popular como miembros de una
corporación administrativa de carácter territorial, en el sentido de
tomar posesión del cargo dentro del término perentorio establecido
en el artículo 48 de la ley 617 de 2000, el parágrafo de ese
mismo artículo admite como causal exonerativa o
exculpativa de responsabilidad, la ocurrencia de un hecho de
fuerza mayor, en el entendido de que el incumplimiento de
esa obligación no le es jurídicamente imputable ni puede dar
lugar a que se declare la pérdida de la investidura, con las
gravosas consecuencias señaladas por el ordenamiento
jurídico.

La fuerza mayor, en estos casos, se produce entonces cuando el
hecho exógeno al concejal elegido es imprevisible e irresistible y se
traduce en la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a la
obligación ya mencionada. En tales circunstancias el hecho de
la falta de posesión dentro de la oportunidad legal no puede
subsumirse en la causal de pérdida de investidura prevista
en el artículo 48 numeral 3° de la Ley 617 de 2000, por
tratarse de una omisión plenamente justificada.

En ese orden de ideas, la ocurrencia de una situación fáctica
constitutiva de fuerza mayor traslada al interesado la carga
de demostrar que el fenómeno por él alegado, además de
corresponder a una causa extraña, imprevisible e
irresistible, le impidió el cumplimiento de la obligación de
tomar posesión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la fecha de la instalación de las sesiones del Concejo
Distrital […]”39 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

No debe perderse de vista que la Sala ha advertido “[…] que la
ocurrencia de una situación fáctica constitutiva de esa fuerza mayor

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

febrero de 2012, número único de radicación 25000-23-15-000-2011-00213-01(PI), consejero
ponente Marco Antonio Velilla Moreno (E).

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traslada al interesado la carga de demostrar que, el fenómeno por él
alegado, corresponde a una causa extraña […]”40.

En este sentido, la situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser
un hecho: (i) extraño a quien la alega, (ii) totalmente imprevisible
(iii) e irresistible, (iv) capaz de determinar y justificar el
incumplimiento o inejecución de determinado deber u obligación por
parte de éste.

Precisamente, por su carácter imprevisible e irresistible, la fuerza
mayor es considerada en nuestro ordenamiento jurídico como causa
eximente de responsabilidad, por cuanto justifica el incumplimiento
de la correspondiente obligación y desactiva los efectos jurídicos que
ello desataría en condiciones de normalidad41.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de

agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera
ponente María Elizabeth García González (E).
41 Estos elementos han sido desarrollados, principalmente, desde el punto de vista de la

responsabilidad civil y allí se ha indicado, por lo tanto, que el hecho que se invoca como constitutivo
de fuerza mayor debe reunir las siguientes tres características:
• Imprevisible (imprevisibilidad). Significa que quien aduce el hecho como constitutivo de fuerza
mayor estuvo impedido para actuar con el fin de evitar sus consecuencias porque no podía prever
con anterioridad su ocurrencia, es decir, que no había alguna razón especial para que el sujeto
pensara que se produciría el acontecimiento que configura la fuerza mayor. La Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, explica que el hecho imprevisible es aquel “[…] que, dentro de las
circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia […]”.
• Irresistible (irresistibilidad). Implica que el cumplimiento de la obligación se torne imposible pese
a la conducta prudente adoptada por el sujeto. Es decir, hace referencia a que quien alegue la fuerza
mayor debe probar que la situación que invoca conllevó la imposibilidad de cumplir o de obrar de
manera diferente a como lo hizo; por lo tanto, no se trata de una simple dificultad sino de un
verdadero obstáculo insuperable.
• Extraño o exterior (no imputabilidad o ajenidad). Significa que no puede alegar esa causa quien
ha contribuido con su conducta a la realización del hecho alegado; es decir, el afectado no puede
haber intervenido en la situación que le imposibilitó cumplir su deber u obligación, de forma que no
haya tenido control sobre la situación ni injerencia en esta. Por esa razón el acontecimiento no puede
ser imputable a la persona.
Sobre este último elemento la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
coinciden en señalar que la exterioridad se concreta en que el acontecimiento o circunstancia que se
invoca como causa extraña, también debe resultarle ajeno jurídicamente, esto es, que quien lo alega
no haya tenido control sobre la situación, ni injerencia en la misma, es decir, que estuvo fuera de su
acción y por el cual no tiene el deber jurídico de responder.

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V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- Análisis del elemento objetivo de la causal prevista en
el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617

V.4.1.1.- De conformidad con el acervo probatorio que guarda
estrecha relación con el asunto bajo examen, y a partir de las
consideraciones expuestas, la Sala encuentra, por una parte, que en
el Formulario E26 ALC de 31 de octubre de 2023, expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se dejó constancia de que el
accionado, señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO,
ocupó el segundo lugar en las elecciones para alcalde de Concepción
(Santander), período constitucional 2024-2027, con 1687 votos,
resultando ganador el señor EDUAR ABRIL BORRERO, con 1.806
votos.

A su vez, en el Formulario E26 CON de 31 de octubre de 2023,
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se hizo
constar que el accionado manifestó por escrito la decisión de aceptar
la curul al Concejo de Concepción (Santander), -30 de octubre de
2023-, en representación de la coalición Unidos Avanzamos, por lo
que le fue asignada por la autoridad electoral, en aplicación del
artículo 25 de la Ley 1909, así como expedida su credencial E27 de
31 de octubre de 2023.

Con escrito de diciembre de 2023, dirigido a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, sede Concepción (Santander) y al Consejo Nacional

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Electoral, el accionado desistió de la aceptación de la curul del
Concejo de Concepción (Santander)42, para lo cual alegó:

“[…] Yo, Christian Ismael Vásquez Zambrano identificado con cédula
de ciudadanía número 91.516.509 expedida en Bucaramanga,
quien fui candidato a la Alcaldía del Municipio de Concepción
Santander para el periodo 2024 - 2027 por la coalición UNIDOS
AVANZAMOS, en los pasados comicios electorales del 29 de octubre
de 2023, resultando con la segunda mayor votación, razón por la
cual, en comunicación dirigida a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y a la Comisión Escrutadora del Municipio de Concepción,
acepté la CURUL como concejal de acuerdo al artículo 25 de
la ley 1909 de 2018 estatuto de la oposición.

Basado en lo anterior, muy respetuosamente me dirijo a
ustedes con el fin de manifestarles mi decisión de DESISTIR
a dicha aceptación, por consiguiente no tomare posesión
como Concejal, y solicito muy amablemente se anule el acto
en el cual me fue otorgada la credencial como concejal del
municipio y así mismo se aplique la regla general prevista en
la Constitución política para la distribución de todas las
curules de concejos municipales y se pueda conformar el
nuevo Concejo Municipal de Concepción para el periodo
2024- 2027.

La anterior decisión es tomada por motivos de índole
personal.

Agradezco su amable atención, gestión y comprensión […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En tal sentido, como en el expediente no hay prueba de que el
accionado hubiese revocado dicho desistimiento, esto es que se
hubiere posesionado, sumado a que él reconoció que omitió ese
deber en la contestación de la solicitud de pérdida de investidura, la
Sala tiene por probado que el señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ
ZAMBRANO, en efecto, no tomó posesión del cargo de concejal de
Concepción (Santander), período constitucional 2024-2027, que le

42 En el caso concreto, no fue aludido ni allegado acto administrativo de aceptación de su renuncia

expedido por el Concejo de Concepción (Santander) o documento equivalente.

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había otorgado el Estatuto de Oposición Legal, dentro de los tres días
siguientes a la instalación de esa corporación territorial.

V.4.1.2.- Se observa, por otra parte, que la sentencia de nulidad
electoral mencionada por el accionado en su contestación y recurso
de apelación, corresponde a la proferida el 12 de junio de 202543,
dentro del proceso con radicación 6800123330002023007740444 (acumulado
con 6800123330002023007890045 y 6800123330002023008640046), por la
Sección Quinta de esta corporación judicial, mediante la cual se confirmó la
sentencia de 29 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, con la que se declaró la nulidad del acto
de elección del señor EDUAR ABRIL BORRERO como alcalde de
Concepción (Santander), período constitucional 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 ALC de 31 de octubre de 2023, luego
de evidenciarse configurada la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo de aquel a candidatos de los partidos Cambio
Radical y MAIS, distintos a los de su partido Alianza Verde,
colectividad en representación de la cual se candidatizó y resultó
elegido.

En el documento denominado ‘comunicado a la opinión pública’ de
14 de junio de 2025, el señor EDUAR ABRIL BORRERO reaccionó
públicamente a la anulación de su elección, así:

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de

junio de 2025, número único de radicación 68001-23-33-000-2023-00774-04 (acumulado con
68001-23-33-000-2023-00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00), consejera ponente Gloria
María Gómez Montoya.
44 Demanda radicada el 23 de noviembre de 2023 por la señora LOREIN ELIZABETH OSSES

MÉNDEZ.
45 Demanda radicada el 28 de noviembre de 2023 por el señor ANDERSON JAVIER ROJAS

BARAJAS.
46 Demanda radicada el 15 de diciembre de 2023 por el señor GIOVANNY HUMBERTO DURÁN

ROMERO.

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“[…] El 29 de octubre del año 2023, el municipio de Concepción
eligió su alcalde por un periodo de 4 años. Democráticamente fue
su amigo EDUAR ABRIL BORRERO quien las mayorías de sus gentes
decidieron que asumiera el más importante cargo del municipio para
guiar los destinos de nuestra hermosa tierra hasta el 31 de
diciembre de 2027.

Desde el 1º de enero de 2024, hemos trabajado incansablemente,
día y noche, para posicionar a nuestra amada “Concia” como un
referente turístico nacional e internacional, y dignificar a nuestro
campesinado, reconociendo el valor que por años se les ha negado.

En tan solo año y medio, junto a mi equipo, gestionamos recursos
de orden nacional y departamental, para generar desarrollo y
progreso en nuestro querido municipio. En este tiempo logramos
formalizar y traer recursos para inversión en los diferentes sectores
de importancia para el municipio:

➢ Nuestro hospital hoy es uno de los mejores de la provincia de
García Rovira.
➢ Rescatamos la memoria histórica de nuestro pueblo.
➢ Fortalecimos las pequeñas empresas campesinas, logrando que
sus productos lleguen a mercados que antes les eran
inaccesibles.
➢ Se han radicado y se encuentran en gestión proyectos en el
ámbito Nacional y Departamental en múltiples sectores, algunos
para destacar infraestructura vial, placa huellas, pavimentación
arreglo de vías, fortalecimiento del banco de maquinaria,
vivienda, optimización de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, fortalecimiento del sector educación con menaje,
transporte escolar, mejoramiento de la infraestructura
educativa, en turismo CONCEPCIÓN destino turístico de talla
mundial.
➢ En fin, en solo afio y medio podemos decir con orgullo que
construimos confianza, bienestar y amor por nuestra tierra,
convirtiéndonos en un municipio reconocido y admirado en la
provincia.

Cada día hemos logrado cosechar enormes éxitos y también hemos
logrado articular a nuestra comunidad en torno al bienestar común
de todos los ciudadanos, sin embargo, unos pocos ciudadanos,
movidos por intereses personales y prácticas politiqueras,
han intentado deslegitimar lo construido, afectando la
unidad y el progreso alcanzado. Estas acciones, lejos de
debilitarnos, nos han fortalecido como nunca antes.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Soy respetuoso de las decisiones judiciales y de la voluntad
popular, fundamento de nuestro Estado Social de Derecho.
Por ello, seguiré dando la batalla jurídica hasta agotar todas
las instancias, y sé que al final prevalecerá la voluntad
mayoritaria sobre los intereses particulares de unos pocos.

Mi lucha continúa, por eso agradezco profundamente a Dios,
a mi familia, al pueblo concepcionero, comunidad campesina,
al Honorable Concejo Municipal, a la Personería, a las
autoridades policiales y militares, a las Iglesias y grupos de
oración, al sector educativo, al sector agropecuario, a los
profesionales de la salud, a los deportistas, músicos, gestores
culturales, víctimas, personas con discapacidad,
comerciantes, transportadores, artesanos, industriales,
gremios económicos, padres de familia, a toda la comunidad
en general y en especial a mi equipo de trabajo “Hay Campo
Para Todos”. Gracias por su respaldo, por su cariño y por
mantener la calma en este momento.

Los invito a no caer en la polarización. Sigamos trabajando
juntos por el bienestar de nuestra comunidad, por encima de
las diferencias, siempre con respeto y esperanza. Aún queda
mucho por construir.

Finalmente les quiero manifestar como lo dijo José Antonio Galán:

“En el nombre de Dios, de nuestros mayores y de la libertad,
ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester,
sea”.

Éste no es el final, sino el comienzo de una verdadera
transformación, siempre habrá campo para TODOS.

Con mi acostumbrado respeto, aprecio y cariño, seguiré siendo
siempre su servidor y amigo,

EDUAR ABRIL BORRERO […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Se tiene que, a través de Oficio GS-2025-138111-DESAN/DISPO4–
20.1 de 27 de junio de 2025, el comandante (E) de la Estación de
Policía de Concepción (Santander), en respuesta a un informe
requerido por el Tribunal, en el que debía certificar si en los últimos
3 años han hecho presencia grupos armados ilegales en ese
municipio y si ocurrieron hechos de violencia y contra la población

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civil atribuibles a ellos, durante las elecciones que se celebraron el
23 de octubre de 2023, así como luego de esta, señaló lo siguiente:

“[…] Por parte de la estación de policía de Concepción Santander se
tiene la siguiente información.

1. En cuanto a la presencia de grupos al margen de la
ley en los últimos tres años, tenemos que para los
años del 2023 y 2024, no se tenía certeza de la
existencia u operatividad de los mismos dentro de la
jurisdicción.

2. Para el año 2025, se ha venido teniendo presencia
de grupos al margen de la ley dentro de la jurisdicción,
más que todo en el área rural. Dicha información se ha
socializado y se ha puesto de presente en los diferentes
consejos de seguridad que se han hecho en el transcurso del
año.

3. En torno a las elecciones que se presentaron el día
23 de octubre de 2023, una vez revisadas las actas de
los diferentes comités electorales, para los meses de
agosto, septiembre y octubre, no se evidencia que se
hubiesen presentado, hechos violentos contra la
población civil desplegados por grupos al margen de
la ley.

Lo anterior se sustenta, anexando las actas de los consejos de
seguridad, de los años 2023, 2024 y en lo trascurrido del 2025. A
su vez se anexan las actas de los comités electorales realizados en
los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2023 […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su vez, mediante oficio GS-2025-138184-DESAN/SIJIN-GRUIJ-3.1
de 27 de junio de 2025, el jefe Seccional de Investigación Criminal
del Departamento de Policía de Santander, le certificó al comandante
Operativo de Seguridad Ciudadana (E), lo siguiente:

“[…] Respetuosamente me permito informar a mi Coronel en
respuesta a comunicación oficial de referencia, donde solicitan
información de los últimos 3 años, han hecho presencia grupos
armados ilegales en el sector del municipio de Concepción

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(Santander) y si en ese municipio ocurrieron hechos de violencia
contra la población civil, atribuibles a ellos, durante las elecciones
que se celebraron el 23 de octubre de 2023 y luego de ella.

Por parte de la Seccional de Investigación Criminal
Santander, en labores propias de la especialidad, Sipol y
Ejercito Nacional con relación a hechos de alteración al
orden público en el municipio de Concepción Santander
durante los comicios electorales celebrados en el año 2023
a la fecha no se han presentado hechos de violencia
atribuidos a grupos armados ilegales en contra de la
población civil o fuerza pública; sin embargo, en la provincia
de García Rovira entre los municipios de Concepción y
Cerrito se tiene conocimiento de movimiento pendular sobre
el corredor vial entre los departamentos de Boyacá y Norte
de Santander utilizado por el Frente Efraín Pabón Pabón del
GAO ELN.

Es de resaltar que la apreciación de seguridad no garantiza que
estas condiciones puedan cambiar en razón a la naturaleza del
conflicto interno y la mutación de amenazas multifactoriales y que
en todo caso existen riesgos que bien pueden ser mitigados, no se
eliminan en su totalidad, por lo que la misma no comprende
responsabilidad ante las variaciones que puedan ocurrir en las
condiciones de orden público y seguridad en una zona determinada
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con oficio GS-2025-139264-DESAN/COSEC-AUXPO-13.0 de 29 de
junio de 2025, la comandante del Distrito Uno de Policía de San Gil
(Santander), en atención al requerimiento 706536-20250615
interpuesto por el accionado en la línea directa de la Policía Nacional,
le respondió lo siguiente:

“[…] Para los puntos 1, 2 y 4, y atendiendo a lo informado por parte
de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de
Santander mediante comunicado oficial No GS-2025-138129-
DESAN, no existe información contundente que permita
establecer la influencia de grupos armados organizados en
esa zona del departamento, el conocimiento que se tiene, es
el movimiento pendular sobre el corredor vial entre los
departamentos de Boyacá y Norte de Santander utilizado
por el Frente Efraín Pabón Pabón del GAO ELN.

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Es de resaltar que la apreciación de seguridad no garantiza que
estas condiciones puedan cambiar en razón a la naturaleza del
conflicto interno y la mutación de amenazas multifactoriales y que
en todo caso existen riesgos que bien pueden ser mitigados, no se
eliminan en su totalidad, por lo que la misma no comprende
responsabilidad ante las variaciones que puedan ocurrir en las
condiciones de orden público y seguridad en una zona determinada.

Para el punto 3 en atención a lo informado por el grupo de talento
humano del departamento de Santander y revisada la información
de los traslados realizados en el período de tiempo solicitado, se
encuentran 64 traslados efectuados a los municipios que integran la
provincia García Rovira.

Agradecemos la confianza para con la institución policial y
continuaremos atentos para escuchar y atender próximos
requerimientos que nos permita fortalecer la seguridad y
convivencia ciudadana a través de un servicio profesional y efectivo
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Aparece el oficio AUITA-20410-03-00984 de 1o. de julio de 2025,
remitido por el Profesional de Gestión II del Centro de Atención de
Usuarios, Intervención Temprana y Asignaciones de la Dirección
Seccional Santander de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
con destino a este proceso, en la que certificó lo siguiente:

“[…] Esta Sección de atención al usuario procederá a emitir
respuesta en relación con certificar si existe alguna denuncia
interpuesta por el señor Christian Ismael Vásquez Zambrano
identificado con cédula de ciudadanía No. (…), nos permitimos
informar que consultados la base de dato misional SPOA a nivel
nacional, utilizando como criterio de búsqueda la coincidencia exacta
entre nombres-apellidos suministrados en su solicitud, se
encontraron los siguientes registros:

CONSULTA SPOA
CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, C.C. No. (…)

Número Noticia 680016000160202311556
Ley de Aplicabilidad Ley 906
Procedimiento Abreviado? SÍ
Tipo Noticia QUERELLA
Documento CEDULA DE CIUDADANÍA (…)

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52

Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Nombre VÁSQUEZ ZAMBRANO CHRISTIAN ISMAEL
Calidad DENUNCIANTE
Delito ESTAFA. ART. 246 C.P. MENOR CUANTIA
Fecha de los Hechos 10/11/2022 00:00:00
Lugar de los hechos:
Seccional Fiscalía 100051 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANTANDER
Unidad Fiscalía 6800142014 - UNIDAD INTERVENCIÓN TEMPRANA DE
ENTRADAS - BUCARAMANGA
Despacho 1 - FISCALIA 01
Estado de la asignación VIGENTE
Estado del caso INACTIVO
Etapa del caso QUERELLABLE

Número Noticia 684326105985200600081
Ley de Aplicabilidad Ley 906
Procedimiento Abreviado? NO
Tipo Noticia DENUNCIA
Documento CEDULA DE CIUDADANÍA (…)
Nombre VÁSQUEZ ZAMBRANO CHRISTIAN ISMAEL
Calidad DENUNCIANTE
Delito AMENAZAS ART. 347 C.P.
Fecha de los Hechos 25/12/2006 10:30:00
Lugar de los hechos: BARRIO EL CENTRO
Seccional Fiscalía 100051 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANTANDER
Unidad Fiscalía 6843242002 - UNIDAD SECCIONAL - MALAGA
Despacho 1 - FISCALIA 01
Estado de la asignación VIGENTE
Estado del caso INACTIVO
Etapa del caso INDAGACIÓN

Número Noticia 680016000159200802954
Ley de Aplicabilidad Ley 906
Procedimiento Abreviado? NO
Tipo Noticia DENUNCIA
Documento CEDULA DE CIUDADANÍA (…)
Nombre VÁSQUEZ ZAMBRANO CHRISTIAN ISMAEL
Calidad DENUNCIANTE
Delito HURTO CALIFICADO. ART. 240 C.P.
Fecha de los Hechos 22/10/2008 15:00:00
Lugar de los hechos: CALLE 16 No. 30-22 APTO. 201 EDIFICIO PORTAL DE
SAN ALONSO
Seccional Fiscalía 100051 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANTANDER
Unidad Fiscalía 6800149003 - ESTRUCTURA DE APOYO –
BUCARAMANGA
Despacho 1 - FISCALIA 01
Estado de la asignación VIGENTE
Estado del caso INACTIVO
Etapa del caso INDAGACIÓN

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

(Negrillas y subrayas fuera de texto) […]”.

Allí mismo, con documento de 23 de julio de 2025, suscrito por la
Líder Sección de Análisis Criminal (E) del Cuerpo Técnico de
Investigación, CTI, de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con
destino a este proceso, se informó, respecto al número de denuncias
realizadas en el municipio de Concepción (Santander), por hechos de
violencia atribuibles a grupos armados irregulares, que hayan
ocurrido en los últimos 3 años, que:

“[…] Se ubicó información respecto a una noticia criminal cuyo relato
dice lo siguiente:

680016000160202417641 FISCALÍA 01 UNIDAD
SECCIONAL-MALAGA 08 Jan 2024 23:00 ACTIVO
CONSTREÑIMIENTO ILEGAL ART.182 C.P.
(denunciante: […]47).

se me acercaron dos tipos que nunca había visto,
donde uno de ellos el cual vestía pantalón jean azul,
chaqueta color negro y una gorra color oscuro, me
manifiesta ya sabemos quién es usted yo les dije como
así quienes son ustedes y ellos me dijeron nosotros
somos del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN y ya
sabemos en qué trabaja usted, que hace usted, y no lo
queremos volver a ver en el pueblo ni a usted ni a su
familia si lo volvemos a ver en el pueblo los
mataremos a cada uno de ustedes (…)no sé si esto es
por haber trabajado en la Policía Nacional de Colombia
o el tiempo en el que estuve agregado a la Fiscalía
como investigador tanto en la unidad de justicia
transicional de la fiscalía dónde tuve contacto con
gente desmovilizada de grupos armados ilegales, o en
la fiscalía Uri, o por no estar de acuerdo con las
políticas del actual gobierno del presidente Petro, ya
que soy miembro de la reserva activa de la Policía
Nacional, la verdad no sé el motivo de estas amenazas
[…]”.

47 No se cita el nombre del denunciante por razones de privacidad y seguridad quien, en todo caso,

no es el señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, accionado en el caso concreto.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

De los parámetros antes mencionados se ubicó información
respecto a la noticia criminal 680016000160202417641,
relacionada en el parámetro número 2 y dos casos más que se
relacionan a continuación:

680016000160202438557 DESPLAZAMIENTO FORZADO
ART. 180 C.P. FISCALÍA 01 UNIDAD ESPECIALIZADA –
BUCARAMANGA INDAGACIÓN INACTIVO (denunciante:
[…]48).

¿Qué viene a denunciar? el desplazamiento de que soy
víctima por parte de la guerrilla del ELN. ¿cómo le pasó?
el 27 de septiembre de 2024, a las 10 a.m., salí
desplazado de Concepción, Santander por la guerrilla
del ELN en ese municipio, yo, (…), vivía en la carrera 4 12
01 y trabajaba como fotógrafo independiente, también tengo
una oficina de venta de tiquetes de la empresa Copetran en
Málaga, Santander desde el año pasado, 2023, empezó a
llegar gente del ELN de Arauca, de Arauquita, del páramo del
almorzadero y se refugian en un hostal clandestino que hay
al lado de mi casa, en ese hostal se reúne gente del ELN,
hacen fiestas y empiezan a gritar que viva la guerrilla, que
muerte al paraco marihuanero, el 24 de septiembre de 2024,
como a las 7 p.m. yo me encontraba en el parque de
Concepción y se me acercaron dos tipos con ruana,
sombreros y mochila, yo soy consumidor de cannabis,
los tipos empezaron a decir que iban a matar a un
marihuanero, yo lo que hice fue irme para la casa,
debido a este acoso de la guerrilla, tuve que salir
desplazado, mi familia ha sido víctima de la guerrilla
del ELN, quienes en el pasado mataron a varios
integrantes de mi grupo familiar, yo había salido del
pueblo en el 2006 y regresé durante la pandemia a
establecerme ahí, en la casa que es patrimonio familiar, pero
debido al acoso de la guerrilla, tuve que salir de allá, los
guerrilleros ahora se la pasan por todo el pueblo, vestidos de
civil, ahí hay estación de policía, pero ellos no les pueden
hacer nada. ¿Desea agregar algo más a su denuncia? no
señor.

680016000160202332681 FISCALÍA 03 UNIDAD GAULA-
SECCIONAL SANTANDER 04 Nov 2023 14:54 INDAGACIÓN ACTIVO
EXTORSION. ART. 244 C.P.

48 Ídem.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

¿Qué viene a denunciar? En la mesa de control de la FGN
se recibió el 10/11/2023 denuncia de (…)49 por
presunta extorsión en su contra por aparentes
miembros del ELN sin identificar, ¿cómo le pasó? yo, (…)
identificado con cédula de ciudadanía no. (…), expedida en
Concepción, Santander, me permito poner en conocimiento
de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades, que
este sábado 4 de noviembre, a las 2 y 54 minutos de la tarde,
recibí una llamada del número celular (…), desde
donde una voz masculina, de acento costeño, que se
identificó como uno de los comandantes del Ejército
de Liberación Nacional, ELN, me hizo algunas
exigencias y advertencias amenazantes. en primer
lugar, me saludó por mi nombre completo, con
apellidos, y me dijo que me tenían localizado aquí en
el municipio de Concepción y me dio la dirección de la
casa y mi correo electrónico, al que, supuestamente,
me habían enviado un comunicado para que asistiera
a una reunión, acto seguido me dijo que necesitaban
una colaboración, consistente en cincuenta (50)
uniformes camuflados con sus respectivas botas, yo le
respondí que no tenía cómo darles esa colaboración, a lo cual
me respondió que si no lo hacía me iban a retener en la
carretera por la que me movilizaba y que tenían identificada,
finalmente mi interlocutor me anunció que me volverían a
llamar para darme instrucciones. Acudo a las autoridades
porque en el año 1989 ya fui objeto de amenazas de muerte,
en mi calidad de periodista de televisión nacional en la ciudad
de Bucaramanga, lo que en aquella oportunidad me obligó a
desplazarme a otra ciudad y posteriormente a salir del país.
Agradezco la atención del (…) quien me orientó
profesionalmente para entablar esta denuncia. Agradezco su
amable atención.

Respecto a la presencia de grupos armados ilegales en el municipio
de Concepción, se tiene información de la actividad del Frente
45 de las FARC en los años 2009 y 2010, así mismo la última
acción por parte de grupos armados sucedió en el año 2016
y consistió en un hostigamiento a la estación de policía en ese
municipio, desde esa fecha no se tiene información de
actividades ilegales de parte de grupos armados
organizados.

Respecto al presente año 2025, conforme a la información
contenida en el documento ‘Apreciación de las capacidades
críticas de la amenaza ACCAM’ en su versión número 45, se

49 Idem.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

tiene información respecto a injerencia del GAO ELN, Frente
Efraín Pabón Pabón del Frente de Guerra oriental del ese
GAO, es de anotar que NO EXISTE PRESENCIA DE ESE
GRUPO ARMADO ORGANIZADO en la jurisdicción de ese
municipio (zonas campamentarias), pero sí se considera
zona de injerencia por los antecedentes históricos respecto
a acciones criminales tanto del ELN como de las FARC. A
continuación, se adjunta mapa con la información contenida en el
documento ACCAM respecto al municipio de concepción (señalizado
en círculo de color rojo) […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este mismo documento, respecto a las denuncias instauradas en
el sistema SPOA por el señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ
ZAMBRANO, se informó lo siguiente:

“[…] Referente a denuncias instauradas por el señor CHRISTIAN
ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, identificado con c.c. (…) en el
sistema SPOA, figuran 6 denuncias que no se relacionan con
hechos de desplazamiento por grupos armados, pero sí una
denuncia por amenazas la cual este es su contenido, no tiene
nada que ver con grupos al margen de la ley y cuyo relato
dice lo siguiente:

Caso Noticia: 684326105985200600081, Delito: AMENAZAS ART.
347 C.P., Fecha de los Hechos: 25/12/2006 10:30:00, Lugar
de los hechos: BARRIO EL CENTRO.

Relato de los hechos: denuncia remitida a la Fiscalía Seccional
por competencia, por amenazas siendo denunciante
Christian Ismael Vásquez Zambrano, siendo indiciados
Fredy Manuel Gómez Peñaranda, y Luswin José Gómez
Peñaranda, consta de -2- folios en total […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

En oficio 2025874020472073: MND-CGFM-COEJEC-SECEJ-JEMOP-
DIV2-BR5-BAACA5-S3-29.25 de 8 de julio de 2025, remitido por el
comandante del Batallón de Artillería No. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO
GALÁN’ del EJÉRCITO NACIONAL, en respuesta al accionado, le
comunicó lo siguiente:

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

“[…] 1. “Informar qué grupos al margen de la ley operan en el
departamento de Santander y específicamente en la provincia de
García Rovira (Municipio de Concepción, Cerrito, Macaravita, entre
otros)”.

En el momento, de acuerdo con información proveniente de las
agencias de inteligencia militar y policial, se establece que en el
departamento de Santander especialmente en la provincia de García
Rovira operan estructuras del Grupo Armado Organizado ELN,
particularmente los frentes:

• Frente Efraín Pabón Pabón.
• Frente José Adonay Ardila Pinilla.

Estos frentes han sido identificados desarrollando
actividades delictivas y de movilidad sobre los límites
jurisdiccionales de la provincia, utilizando zonas rurales y
corredores estratégicos para conectarse con los
departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá.
Esta situación convierte al área en un punto de tránsito clave
dentro de su retaguardia estratégica.

Esta situación demanda el sostenimiento de las operaciones
militares de control territorial, inteligencia ofensiva y presencia
institucional interagencial como medida preventiva y disuasiva.

2. “Indicar para el año 2023, cuál era la situación de orden público
reportado en la Provincia y que operaciones se realizaron en aras de
mitigar las posibles informaciones que pudieran haberse
presentado”.

El Batallón de Artillería de Campaña N°5, continúa con el
desarrollo de las diferentes operaciones militares en su área
de responsabilidad con el fin de mitigar cualquier tipo de
acción terrorista o presencia sobre los municipios de las
provincias García Rovira, Comunera, Guanentina y Veleña; la
cual siempre se mantuvo las Operaciones Terrestres
Unificadas en la tarea de acción decisiva “Estabilidad”,
durante el año 2023:

• ORDOP 002 ESPARTACO Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 003 FENIX Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 005 MARFIL Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 008 ARPIA Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 010 MARTE Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 012 JUPITER Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 014 JABALI Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 016 APOLO Tarea de Estabilidad.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

• ORDOP 018 SIRIUS Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 020 ODISEO Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 022 NATHAM Tarea de Estabilidad.
• ORDOP 024 DAVID Tarea de Estabilidad.

3 “Informar si para el año 2023, y en especial los meses de junio a
diciembre, tropas del Ejército Nacional, pertenecientes a la Quinta
Brigada, hicieron presencia en la provincia García Rovira”.

El área de interés del Batallón de Artillería de Campaña N°5
está situado en la provincia García Rovira, donde se
encuentra enfocado el esfuerzo principal, esta área es de
gran cuidado ya que por su ubicación es utilizada como
corredor de movilidad, por los frentes Efraín Pabón Pabón y
Jose Adonay Ardila Pinilla, de los cuales se tiene identificado
realizan movimientos sobre los límites de la jurisdicción
buscando corredores de movilidad que los conecten con
Arauca, Norte de Santander y Boyacá.

Por lo anterior se mantuvo la presencia de unidades tipo
pelotón en todo el año 2023 proporcionando un ambiente
seguro, protegido y promoviendo la seguridad realizando
coordinaciones interagenciales para contribuir a la acción
unificada dentro del territorio nacional, alcanzando niveles
mínimos de inseguridad, satisfaciendo las necesidades
esenciales de la población, contribuyendo a la seguridad de
la infraestructura crítica, interrumpiendo la violencia a gran
escala, restableciendo la seguridad pública.

4. “Certificar con destino al proceso referido con antelación, cuál era
y es la situación de orden público que enfrenta la provincia García
Rovira”.

En la actualidad en la provincia García Rovira se mantiene el
desarrollo de las operaciones militares y de acuerdo a las
capacidades de la unidad con el personal a cubierta, en búsqueda
de la información de inteligencia con el fin de desvirtuar y/o
confirmar cualquier tipo de presencia de grupos al margen de la ley
que quieran afectar la tranquilidad de la población civil y que de
acuerdo a la capacidad de movilidad del ELN y su modus operandi
descentralizado, sumado a la geografía montañosa y las vías
terciarias de bajo control estatal, permite inferir que la amenaza,
aunque no es permanente, es latente, especialmente en zonas
rurales de difícil acceso […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Reposa el oficio 2025874022289843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
DIV02-BR05-BAACA5-S2-1.9 de 23 de julio de 202550, elaborado con
destino a este proceso, en el que el comandante del Batallón de
Artillería núm. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’ del EJÉRCITO
NACIONAL informó:

“[…] Con toda atención me permito brindar respuesta a su petición
instaurada a través del correo electrónico de la Quinta Brigada en el
cual se evidencia lo siguiente “Oficiar a la Quinta Brigada del Ejército
Nacional y al Comando de Policía del Departamento de Santander
para que, en máximo 3 días, remitan con destino a este proceso un
informe en el que conste si, en los últimos 3 años, han hecho
presencia grupos armados ilegales en el sector del municipio
de Concepción (Santander) y si en ese municipio ocurrieron
hechos de violencia contra la población civil, atribuibles a
ellos, durante las elecciones que se celebraron el 23 de
octubre de 2023 y luego de ella”.

(…) se establece que en el departamento de Santander
especialmente en la provincia García Revira operan
estructuras del GAO ELN, particularmente el Frente: Efraín
Pabón Pabón, este frente ha sido identificado desarrollando
actividades delictivas y de movilidad sobre los limites
jurisdiccionales de la provincia, utilizando zonas rurales y
corredores estratégicos para conectarse con los
departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá.
(…)

Entre las actividades delictivas se destacan las
coordinaciones para el cobro de extorsiones a contratistas
que se encontraban laborando en las placas huellas de la
vereda Río Colorado, donde los contratistas no realizan las
denuncias pertinentes ante los entes investigadores, ni dan
información puntual de la situación supuestamente
desarrollada, de igual manera este grupo realiza cobros
extorsivos a comerciantes y personal prestante de la región
“(…)” y que para la fecha solicitada no se recepcionaron
informaciones por parte de los entes de inteligencia, ni de
fuentes humanas que lleven a sospechar, de actos que
atentaron contra la celebración de las elecciones del día 23
de octubre de 2023 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

50 Al tratarse de un documento rotulado como ‘ULTRASECRETO’, la Sala solo cita la información

específicamente relacionada con el caso concreto, que no revela datos críticos ni compromete la
labor de inteligencia militar y policial del Batallón de Artillería No. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Mediante oficio DAUITA-20310-, radicado 20252220054991, de 24
de julio de 2025, remitida por el Asistente de Fiscal I del Centro de
Atención de Usuarios, Intervención Temprana y Asignaciones de la
Dirección Seccional Santander de la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, con destino a este proceso, se certificó la misma
información suministrada en el atrás citado oficio AUITA-20410-03-
00984 de 1o. de julio de 2025, remitido por el Profesional de Gestión
II de esa misma dependencia.

V.4.1.3.- El accionado acompañó su defensa con otros documentos
que pasan a valorarse, tales como copia de la primera hoja de la
denuncia interpuesta el 18 de enero de 2024, ante la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por los ciudadanos GIOVANNY
HUMBERTO DURÁN ROMERO y RONALD PICON SARMIENTO,
contra el alcalde de Concepción (Santander), señor EDUAR ABRIL
BORRERO, por el presunto delito de constreñimiento ilegal, previsto
en el artículo 182 del Código Penal.

El denunciante GIOVANNY HUMBERTO DURÁN ROMERO sostuvo
que el entonces alcalde electo, señor EDUAR ABRIL BORRERO, lo
buscó en su lugar de habitación y en forma amenazante le pidió que
desistiera de la demanda de nulidad electoral que había promovido
el 15 de diciembre de 2023, -bajo la radicación
68001233300020230086400, que luego se acumuló al proceso
68001233300020230077404-. Así se desprende de las notas
políticas publicadas en los portales [www.enlineaconlasnoticias.com]
y [https://www.corrillos.com.co/amenazan-a-abogado-que-solicito-
anular-credencial-de-eleccion-de-alcalde-de-concepcion/].

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Al intentar acceder a los enlaces citados como fuentes de entrevistas
radiales en las que el denunciante se refirió a los pormenores de esta
denuncia, estos arrojaron el siguiente mensaje: “[…] Es posible que
el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la
publicación […]”, razón por la que no se pudo consultar su contenido:
[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SJ6LkFpwvnj
DbLgv4rq8yWexe5cEFgBfX4F8NitkMCfiRoatpEX57aKr7cSV8VMHl&id
=100063584559563&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f] y
[https://www.facebook.com/melodiaenlinea/videos/673638318020
485/?mibextid=NnVzG8].

El enlace [https://www.facebook.com/share/p/1CqDXCgUYK/],
corresponde a una publicación de 13 de junio de 2025, hecha en la
red social Facebook, desde la cuenta denominada ‘MalagaVive’, que
cuenta con 78.000 seguidores, en la que se informó que el Consejo
de Estado anuló la elección del alcalde de Concepción (Santander)
por doble militancia y se analizaron los apartes más importantes de
la providencia. Dentro los comentarios hechos por los seguidores de
esa cuenta a dicha publicación, el accionado citó dos cuyo acceso
para consulta e integridad pudo verificar la Sala, así:

“[…] Alfredo Arias: Definitivamente los de la campaña de
Christian Vásquez son los que tienen a la Concia jodida
querrán seguro que con la anulación del mandato del dr
Eduard que les ganó en las urnas ganan ellos no señores así
se hayan valido de esos abogados leguleyos pierde la Concia
pues no dejan seguir con los proyectos del dr Eduard. Ojalá
se haga justicia y que gane en las urnas no en el escritorio una
persona idónea del partido de la administración municipal. Favor no
vayamos a elegir a los mismos de siempre que no gestionan sino
solo les interesa endeudar al municipio seamos coherente.

Respondió Luz Marina Basto: Alfredo Arias la ley es pa los
q tienen cómo pagar favores y el señor Eduar sea como sea
es el mejor alcalde q aya (sic) tenido Concepción q lastima

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q la embidia (sic) no lo dejara terminar el mandato
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Y el enlace [https://www.facebook.com/share/p/19YbajVmzR/],
también corresponde a una publicación de 13 de junio de 2025,
hecha en la red social Facebook, desde la cuenta denominada
‘Ecolecuá’, que cuenta con 172.000 seguidores, en la que, luego de
informar acerca de la nulidad de la elección del alcalde de Concepción
(Santander) por el Consejo de Estado, aparece un comentario de una
seguidora de esa cuenta, citada por el accionado, cuyo acceso para
consulta e integridad pudo verificar la Sala:

“[…] Lina María Manrique: Uno de los mejores alcaldes de los
últimos tiempos, pero es bien sabido que los perdedores tenían que
dar golpes bajos. Es una cobardía de la oposición […]”.

V.4.1.4.- Durante la audiencia de pruebas de 24 de julio de 2025,
rindió testimonio, en primer lugar, el señor RAMÓN GONZÁLEZ
SIERRA, quien se identificó como pensionado de la Policía Nacional,
institución en la que trabajó 23 años, técnico en administración del
recurso humano, con curso y experiencia en protección, participación
en procesos de paz con las extintas FARC y exasesor de seguridad
del accionado con quien trabajó un mes antes y un mes después,
aproximadamente, de las elecciones de octubre de 2023. La prueba
discurrió así:

“[…] Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente:
¿Gracias, cuánto tiempo trabajó o ha trabajado con el demandado
en esa función de seguridad? Ramón González Sierra, testigo:
Yo trabajé como un mes antes de las elecciones. Y como sí,
como un mes después de las elecciones. En total, dos meses
(…) acá Concepción es un municipio, pues, de un nivel de
seguridad un poco complicado, pues esto siempre ha sido

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afectado por la violencia, no, y acá para nadie es un secreto
que hay unos puntos álgidos del municipio, por ejemplo, en
la vereda Mojicones, que es un corredor estratégico de la
guerrilla de los elenos. Es un sitio como descanso de ellos.
Entonces ellos vienen y compran sus alimentos, sus remesas
y vuelven y se van para allá. Ellos hacen presencia constante
en esa zona. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: ¿Y usted, durante esos dos meses que dice acompañó en
esas labores de seguridad al doctor Christian, percibió alguna
amenaza, alguna situación de riesgo, usted directamente, o
le escuchó a él hablar sobre ese tema? Ramón González
Sierra, testigo: Pues acá es un punto álgido. Sí, eh, pues en lo
que a mí me concierne, él me dijo una vez que sí, que como
que le estaban haciendo unas llamadas y como aquí en el
pueblo no es un secreto que todavía hay gente que es
simpatizante de esa gente, pues le toca a uno siempre tener
mucho cuidado. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: ¿Usted observó alguna amenaza por parte de
candidatos o posterior a la elección, a las elecciones del
nombrado, del elegido alcalde, usted escuchó directamente
o percibió o le escuchó al doctor Christian que fuera objeto
de alguna amenaza? Ramón González Sierra, testigo: Pues
sí, él en una oportunidad me dijo, yo incluso le había dicho,
yo le había dicho incluso que llamadas desconocidas que
entraran a su móvil no las contestara. En esos días de
campaña y en esos días de movimiento electoral, siempre es
complicado porque pues son municipios pequeños y todo
mundo se conoce con todo mundo, entonces hay gente que
está a favor y hay gente que está en contra y eso hay
diversidad. Javier Ricardo Rodríguez Pinzón, apoderado del
accionado: Señor Ramón, dentro de la percepción profesional que
usted tiene como miembro, exmiembro de la institución de la
Policía, ¿cómo podría usted calificar el riesgo de amenazas en
el periodo electoral del 2023 en la región de García de
Rovira, específicamente en el municipio de Concepción?
Ramón González Sierra, testigo: Pues, basado en los
protocolos y mirando la situación, es un riesgo de orden
extraordinario, pues, son momentos de convulsión, por
decirlo así, o momento de que cualquier cosita puede alterar
el orden público del municipio y, pues, el doctor Christian en
ese momento era una figura importante en el municipio por
el evento que se estaba desarrollando. Claudia Ximena
Ardila Pérez, magistrada ponente: Quisiera indagar al testigo,
él habla de ‘basado en los protocolos’, ¿a qué protocolos se refiere?
Ramón González Sierra, testigo: Pues en la institución se
manejan como unos protocolos de seguridad, o sea en el sentido de
puntos neurálgicos, puntos de apoyo, son circunstancias que se
manejan, ya, pero en la cuestión interna de cuando se saca, de

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pronto, un estudio de seguridad de una persona. Javier Ricardo
Rodríguez Pinzón, apoderado del accionado: Infórmele al
despacho, para el momento en que su protegido pierde la
alcaldía y decide aceptar la curul que brinda el Estatuto de la
Oposición como concejal de dicho municipio, ¿usted
continuó prestándole el servicio de seguridad? ¿En caso de
ser negativo, informe qué recomendaciones le hizo usted al
señor Christian Vásquez? Ramón González Sierra, testigo:
Pues, doctor, sí. efectivamente, como era como un acuerdo
verbal, de que yo lo acompañaba más que todo, yo había
hablado con la mamá, la señora Martica, que es muy amiga,
y yo iba a estar pendiente del doctor, de la seguridad, porque
pues para nadie es un secreto que hay gente a favor y gente en
contra. Imagínese ese momento por el desarrollo del evento.
Entonces ya después de que se da la elección y, pues, no
salimos favorecidos por la decisión del pueblo, pues
entonces nosotros, yo, prácticamente, ya después, yo fui a
la casa y todo, pero yo no, ya no, no, no volví, porque pues
él estaba también un poco, pues, anímicamente bajo. Ahí
estaban, iban otras personas del pueblo a visitarlo y todo,
pero como tal, así yo estar encima de él o esto, no. Yo le hice
unas recomendaciones, entre las cuales le decía que le
seguía diciendo que, por ejemplo, no acudiera solo a sitios
donde de pronto lo invitaran a una reunión, o contestar
llamadas de personas que de pronto no conocía, o, en su
defecto, desplazarse a zona veredal, sobre todo la zona de
arriba del páramo. Sí, y sobre todo en la noche también tener
cuidado, no salir por calles solas, o, en su defecto, que tocara
alguien a la puerta y que él saliera directamente a abrir la
puerta. Sí, entonces, son cositas que de pronto yo le hacía
esas recomendaciones. Javier Ricardo Rodríguez Pinzón,
apoderado del accionado: Después de esa época, exactamente
después de que se perdió la elección, y que el señor se desplaza a
la ciudad de Bucaramanga, ¿Usted volvió a tener contacto con el
señor Christian? En caso de ser positivo ¿En qué fecha se dio si lo
recuerda y como consecuencia de qué se dio ese contacto? Ramón
González Sierra, testigo: Pues sí, efectivamente se termina lo del
proceso de elección y él por circunstancias pues, lo uno por
situaciones de orden público porque eso hay gente que queda a
favor y queda en contra, entonces por evitar eso pienso yo que
él viaja a Bucaramanga, pero ya es muy esporádica las veces
que, pues no recuerdo las veces que hablamos solamente de
amistad, ‘hola doctor ¿cómo está?, ¿cómo me le va?, ¿cómo
ha estado?’, pero no más. Carlos Leonardo Hernández,
actor: Señor Ramón manifestaba usted que cuando inició su labor
de acompañamiento o de asesoría en temas de seguridad al
entonces candidato al doctor Christian, usted le aconsejó no recibir
llamadas de extraños o de teléfonos extraños, quiero preguntar

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inicialmente, ¿Quién recibía o quien, si dentro del equipo de trabajo
había alguien encargado de recibir las llamadas? ¿Lo hacía
directamente el candidato o el jefe de seguridad? ¿Quién recibía las
llamadas del candidato? Ramón González Sierra, testigo: Doctor
buenos días, exclusivamente entre él y su esposita, la señora
Ángela. Carlos Leonardo Hernández, actor: Manifestó Usted que
acompañó al candidato durante cierto período de la campaña y
posterior a la campaña, sin embargo, de acuerdo a su manifestación
quiero preguntar lo siguiente, el señor apoderado en la
contestación de esta demanda manifiesta que antes o
durante el período de campaña, se recibieron llamadas
amenazantes requiriéndolo para que se desplazara hasta
cierto lugar del municipio, presuntamente por grupos
armados ¿Él le comentó acerca de esa circunstancia? Ramón
González Sierra, testigo: Como en una ocasión creo que me
dijo, no recuerdo muy bien. Carlos Leonardo Hernández,
actor: Como asesor de seguridad, ¿Usted le recomendó que
recurriera a formular las correspondientes denuncias o lo
acompañó a formular las correspondientes denuncias por
los requerimientos hechos por los grupos armados ante las
autoridades correspondientes? Ramón González Sierra,
testigo: No señor, yo no le hice esa recomendación porque
pues, por el mismo evento que se estaba desarrollando en el
momento, podía ser fuente confiable o no, yo lo único que
hice fue tomar contacto con el comandante de la institución,
de la Policía, para de pronto coordinar de pronto si él iba
para cierta vereda pues que ellos tuvieran conocimiento.
Carlos Leonardo Hernández, actor: Manifestó de acuerdo a las
llamadas recibidas en época de campaña que de parte quien, su
cliente, la persona que usted acompañaba en su momento,
¿Manifestó en algún momento o precisó cuáles eran esos
grupos o esas personas que lo habían llamado? Ramón
González Sierra, testigo: No, no, no, no recuerdo doctor.
Carlos Leonardo Hernández, actor: Posterior a la campaña, es
decir, después del 29 de octubre del año 2023, y dado que usted ha
contestado al despacho que lo acompañó durante un tiempo
consecutivo, ¿Él le manifestó después, repito, de la jornada
electoral, haber recibido amenazas para que, digamos,
coaccionarlo en su eventual función como concejal de
oposición? Ramón González Sierra, testigo: No, doctor. Yo, o
sea, yo, como terminan las elecciones y yo prácticamente me
desconecto, ¿sí me entiende? Porque, pues, él estaba allá en
su trabajo, o estaba allá en su trabajo de concejal. Entonces,
como había sido un convenio de acompañarlo mientras
elecciones, yo, después de elecciones, ya prácticamente me
desconecto. Carlos Leonardo Hernández, actor: Es decir, ¿no
le consta lo que ocurrió después de las elecciones? Ramón
González Sierra, testigo: Después de las elecciones, sé que él

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estuvo ahí en la casa, donde la mamá, estuvo unos días ahí con el
grupo allegado de sus concejales y sus amigos, pero yo ya, por
mis labores de trabajo en el campo, mis funciones que tengo
con la finca y eso, pues también, a veces por el tiempo era
muy limitado, no, no me conecto con él. Claudia Ximena
Ardila Pérez, magistrada ponente: Respecto de la pregunta que
acaba de dar, entonces, quisiera que nos indicara de manera
precisa, si, ya nos dice que no pero en una oportunidad inicial había
dicho que después de la elección trabajó un mes, entonces, no me
queda claro en qué consistió esa asesoría o si
definitivamente cuando ocurrieron las elecciones ya usted
no ejerció ningún apoyo, asesoría, asistencia en materia de
seguridad, ¿nos puede precisar, por favor? Ramón González
Sierra, testigo: Sí, doctora, no. Después de que terminaran las
elecciones, sí, como lo que yo decía, al principio, como un
lapso de tiempo de un mes, así que más o menos estaba yo
como pendiente, ¿sí me entiende?, pero no directamente iba
a la casa, preguntaba por ahí con los amigos y eso, por lo que
vuelvo y le digo, mi trabajo en la labor del campo. Inclusive ahí,
después, se tuvo la organización para ir a un evento de integración,
que fuimos todos, sí. Como él estaba allá con su grupo de concejales
que habían sido electos, pues yo vi que no era como tan, ya
había bajado como un poco, en términos generales, un poco
la marea de la cuestión de las elecciones, sí, él ya estaba con
su grupo de trabajo y estaba organizando lo de la alcaldía, lo
del trabajo en la alcaldía. Claudia Ximena Ardila Pérez,
magistrada ponente: Díganos, por favor, si en ese mes el señor
Christian le comentó sobre algún aumento del riesgo de
seguridad por optar por posesionarse como concejal, o sea,
por asumir una curul como concejal. ¿Él le habló sobre ese
tema o usted lo asesoró en el sentido de que eso podría
generar un riesgo mayor de seguridad? Ramón González
Sierra, testigo: No, doctora, no. En las decisiones de él de
tomar, de si tomaba la curul o no, en ese sentido, sí, yo no,
no, no, no tuve ningún diálogo con él porque, pues, son
decisiones internas allá de la colectividad y eso […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

En segundo lugar, se recepcionó la declaración del señor JUAN
SEBASTIÁN PEÑA CORTÉS, quien fungió como personero de
Concepción (Santander), desde marzo de 2016 hasta febrero de
2024, así:

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“[…] Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente:
¿Usted tuvo alguna relación con los hechos de este caso en su
condición, al parecer de personero de concepción para las elecciones
de octubre de 2023? ¿O sea, tiene recuerda haber estado en esa
jornada? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí, claro, yo decir
desconozco exactamente, de qué se trata el caso, pero sí, yo era el
personero de Concepción en esa época y, por ende, pues yo
realizaba labores de control electoral como Ministerio Público.
Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente: Bueno, lo
pongo en contexto, fue llamado dentro de una acción de pérdida de
investidura promovida por el señor Carlos Leonardo Hernández
contra Christian Ismael Vázquez Zambrano, que en su momento era
candidato a la alcaldía de Concepción para el año para octubre de
2023 y se le va a hacer preguntas relacionadas con el estado de
seguridad de esa zona, los riesgos que tenían los candidatos y sobre
todo después de las elecciones, quisiera saber si usted tiene
conocimiento de esos hechos. Juan Sebastián Peña Cortés,
testigo: Pues, en general del estado de, digamos, de seguridad o
del orden público del lugar, pues sí, obviamente como personero en
todos esos años, pues, conocí información relevante, era que
pertenecía al Consejo de Seguridad, al Comité de convivencia, orden
público y a otras instancias (…) 34 años, estado civil, casado, tengo
dos hijos, vivo en Floridablanca, Santander, abogado, especialista y
magister en derecho, me desempeño como fiscal, acá fiscal local,
en Floridablanca. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: Cuéntenos por favor, ¿cuánto tiempo y si lo recuerda, en
qué fecha desempeñó el cargo de personero en Concepción? Juan
Sebastián Peña Cortés, testigo: Claro, yo fui personero en el
municipio de Concepción dos periodos completos, iniciando el
primero de marzo de 2016 y terminando el último día de febrero del
año 2024. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente:
¿Doctor, usted es familiar de Carlos Leonardo Hernández o de
Christian Ismael Vázquez? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo:
No su Señoría. Al señor Hernández creo que no lo conozco y a
Christian no soy familiar de él, pero obviamente lo conozco porque
además de ser candidato a la Alcaldía, durante el tiempo en que yo
fui personero por primera vez en Concepción, el primer periodo que
hice, él se desempeñaba como secretario de Gobierno de la
entonces alcaldesa Ruth Anaya, durante algo así como 2 años y pico
o 3 años. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente:
¿Usted recuerda que él fue candidato a la Alcaldía para las
elecciones de 2023? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí,
claro, por supuesto. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: ¿Usted recuerda si para esa época los candidatos,
y en particular el, tenían algún riesgo de amenazas o de
violencia contra ellos por parte de grupos armados o
personas simpatizantes de grupos armados ilegales? Juan
Sebastián Peña Cortés, testigo: Bueno, que yo haya

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conocido formalmente, no, tampoco de ninguna manera se
informó algo de esta naturaleza por escrito, ni en los
escenarios interinstitucionales en los que tratábamos esa
clase de temas, como por ejemplo el Comité de Seguimiento
y Control de los Asuntos Electorales que se hace
periódicamente, antes de cada proceso electoral o durante
el proceso. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: en esos comités de seguimiento y control de asuntos
electorales en los que usted creo, que, si quiere, por favor,
registramos ese hecho. ¿Usted participaba en esos comités? Juan
Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí, claro, por supuesto. El
personero tiene voz y voto en ese en esa clase de comités. Claudia
Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente: Y en esos comités,
¿Qué temas relacionados con seguridad se trataron? ¿Que usted
recuerde? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Bueno, varios.
Es que, pues el Comité habla de todas las aristas, digamos, de un
proceso electoral. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de
logística o de puestos de votación, hablamos también de cobertura
en seguridad, de recomendaciones de seguridad, por ejemplo,
cuando se fijan los lineamientos para la publicidad electoral e
igualmente para la realización de eventos públicos, manifestaciones,
toda esta clase de cosas que se hacen en la política, pues también
hablamos de seguridad. Entonces por eso allí también tiene
asiento el Ejército, la Policía Nacional, porque pues se trata
es de dar garantías y de cobijar a los distintos actores del
proceso electoral, sobre todo, o sea, es decir, no solo a los
electores, sino sobre todo a los que aspiran a ser elegidos, que
incluso también recuerdo se vincularon en esos comités, es decir, a
diferencia de los que se hacen, por ejemplo, de cara a elecciones del
Congreso o de Presidente, en estos se permitió el ingreso de
representantes de distintas colectividades y campañas para que
también expusieran, pues sus inquietudes y estuvieran muy al tanto
de lo que se iba decidiendo por esa instancia. Claudia Ximena
Ardila Pérez, magistrada ponente: Doctor en los procesos
electorales es usual que los candidatos reciban amenazas mediante
llamadas, es decir, lo que usted directamente percibió, era usual
que recibieran amenazas. No importa de dónde provinieran, si de
un grupo armado o de alguien que se hiciera pasar, o esas son cosas
que no se corroboran, pero ¿eso era usual o usted escuchó que los
candidatos recibieron esas amenazas por redes sociales a través de
su teléfono, mensajes de texto? Juan Sebastián Peña Cortés,
testigo: Bueno, ahí lo que yo podría decir, porque no me
consta, digamos nada formal, es que el municipio de
Concepción, pues históricamente digamos ha sido impactado de
manera importante por el conflicto armado, es decir, allí tiene, allí
tuvo lugar la confrontación política, de manera que, y eso lo sé de
primera mano, porque durante 8 años, digamos en cierta forma,
lideraba allá el tema de la política pública de víctimas, al ser el

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secretario Técnico de la Mesa de Víctimas, reunirme con las
víctimas, tener una función legal de apoyar a las víctimas, defender
sus derechos y recibí declaraciones de víctimas. Entonces allí yo,
bueno, adicionalmente, yo soy de Málaga, Santander, sí, nací ahí en
el año 90. Yo conozco la región Málaga, queda a 15 minutos de
Concepción. Entonces lo que sé es que, en estos municipios,
hablemos de Concepción y Cerrito de la parte nordeste de la
provincia de García Rovira. A finales de los años 80, desde mediados
de los 80 y toda la década de los 90 hizo o tuvo una presencia
importante las guerrillas de izquierda FARC y ELN, mientras que a
principio de los dos miles ese dominio, por así decirlo ese poderío de
esas, de esos grupos, se vio controvertido, no solo, pues por el
accionar naturalmente del Estado, porque eran organizaciones
ilegales, sino por la llegada a la provincia de paramilitares. Sí,
entonces ese es como el escenario general de que acompañó ese
tiempo naturalmente, con sus secuelas en ese lugar. Ahora, como
indiqué ya anteriormente, yo recuerdo que este proceso electoral de
alcaldes, el último en el que estuve, estuve en dos, en el año 2023.
En general, entiendo yo, fue un proceso tranquilo, pero que
es, como dice usted, que si hay, por ejemplo, que si los
involucrados en política ¿Reciben amenazas o, digamos en
cierta forma, presentan algún tipo de riesgo? Pues yo pienso
que sí. Por ejemplo, lo ilustro de la siguiente forma, cuando yo
llegué a Concepción recién inicié a trabajar el primero de marzo
2016, recuerdo que el día 19 de marzo fue algo pues impactante
para mí, que llevaba solo dos semanas ahí. Yo venía de Bogotá. El
municipio en el casco urbano fue objeto de un hostigamiento por
parte del ELN. Y allá lo que hizo el ELN, eso es público se puede
consultar en todas partes, estábamos celebrando el día del Hombre
y el ELN, pues hizo varios disparos ahí en el parque principal del
municipio, hizo unos graffitis en el Hospital San Rafael de
Concepción y me llamó la atención, bueno, hizo unos disparos, ahí
unos vehículos de unos funcionarios de la alcaldía. Pero también me
llamó la atención que fueron y le grafitearon la casa a los papás de
la entonces alcaldesa y si no estoy mal, el carro en que se
movilizaba; entonces, pues uno eso lo entiende como, o sea, al
menos desde mi parecer, pues porque realmente nunca he
involucrado en política, pero si uno lo entiende como una afrenta,
coma una cuestión que es decir es un tema delicado. Y ese es un
antecedente, pues no muy lejano, de violencia. Ahora, luego, por
ejemplo, ese mismo año, en el 2016, ya en el segundo semestre no
me puedo equivocar si digo que fue entre septiembre y octubre, el
ELN, que también es público, puede consultar en noticias, decretó
un paro armado. Eso que dicen mandan esos panfletos todos
horribles y dicen que la gente no puede salir y que el que incumple
y que el horario y que no sé qué, bueno ahí en esta ocasión en
nuestro municipio de Concepción, un bus de no recuerdo, ahorita la
empresa no sé si fue Cootrans o Concorde, pero fue una de esas

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dos líneas que cubren la ruta Bogotá-Cúcuta, pasando por nuestra
provincia de García Rovira, en el municipio de Concepción, a unos
póngale usted 1 km o 2 km máximo del casco urbano fue detenido
un bus de estos y los bajaron a todo el mundo y lo incineraron
completamente esta gente pues de que había anunciado pues esa
restricción, obviamente ilegal. Entonces eso son cosas que uno ve
que son públicas, que son notorias, pero que, ni se diga lo que uno
habla con las víctimas, con la gente, por ejemplo, que lidera la
representación de víctimas en el municipio. Pero paralelamente a
eso hay un discurso, digamos oficial que, ante la falta de denuncia
especialmente, de ese primer escenario que inquieta, pues uno no
puede controvertir esa versión oficial. Yo, por ejemplo, tengo
asiento, bueno lo tenía cuando era personero, en Consejo de
Seguridad que se hace cada mes en los municipios y allí siempre
Policía, Ejército, nos decía: Santander es un territorio libre de grupos
armados organizados al margen de la ley, pero yo creo realmente
que, pues es también un tema, pues ya un tema, una política, de
auspiciar esa sensación y ese escenario de seguridad. No obstante,
esas mismas autoridades que tienen asiento y funciones
relacionadas con el orden público de, digamos de manera informal
fuera de comité, si siempre se mantuvo ese comentario de que pues
el páramo del municipio de Concepción, que bueno que pertenece a
un conjunto montañoso que va por el oriente de nuestra provincia
y limita con el departamento de Boyacá. O sea, Cerrito, Concepción,
Chitaga, Norte de Santander, Chiscas, Boyacá, Carcasí, Santander,
todo esto que hace parte de un corredor de movilidad de grupos
armados organizados al margen de la ley que les permite a estos
miembros de organizaciones subversivas transitar entre lugares
donde tienen importante, digamos, presencia hoy en día, a pesar de
todos los esfuerzos del Estado como es Arauca y Norte de
Santander, aprovechándose también de una serie de situaciones
como que allí en estos lugares altos del municipio y también en la
parte más oriental del municipio de por Concepción es muy extenso,
luego el páramo, esa vereda Carabobo, se extiende hasta los límites
con Cubará, Boyacá, con Toledo, Norte de Santander, en lugares
donde incluso habita la nación U’wa, los resguardos de Támara y
Agua Blanca, y también el, digamos el lugar poblado de Solón
Wilches, Mojicones, toda esta tierra, entonces esos son lugares muy
dispersos, muy lejanos, pero muy, muy de la institucionalidad y del
casco urbano, por ejemplo, yo fui personero de Concepción durante
8 años yo no fui allá nunca jamás. Sí, porque es que no, no, no se
puede, o sea, sí se puede, pero haciendo un esfuerzo digamos
contando con una logística con la que un personero no cuenta, y
además porque por lo mismo que se le dicen a uno, no, no allá solo,
de ninguna manera, toca pedir permiso a no sé qué entonces esas
son como las condiciones, la que nos acompañaron todos estos años
allá en el municipio. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: Doctor, usted nos ha hecho un recuento de la percepción

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que usted tuvo y de hechos muy concretos desde que llegó a
concepción en el año 2016. Los hechos de la elección objeto de este
o que tiene relevancia en este proceso ocurrieron en octubre de
2023. Entonces nos serviría mucho que usted, ya no nos hizo ese
contexto, ¿Usted cómo percibió esa situación y esa sensación de la
Comunidad durante esas elecciones? ¿Esos hechos tan lamentables
a los que usted se refiere, que ocurrieron en el año 2016,
continuaron, eran esporádicos, pero eran para la para la comunidad,
eran muy visibles en años posteriores?, ¿Qué ocurrió en el año 2023
frente a esos hechos iniciales?, ¿Se mantuvieron o nunca más
ocurrieron?, ¿Había sensación en la comunidad de tranquilidad o tan
o todavía existía esa zozobra para el año para octubre de 2023?
Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí, yo creo que esa
zozobra, como usted lo llama, persiste aún hoy, no solo en
Concepción. Yo luego, por ejemplo, fui personero de Málaga y allá
tenemos una base militar y la información era la misma, o sea están
llamando a personas a reuniones en la zona montañosa de Carcasí.
¿Pero entonces qué pasa? Es que yo no puedo dar fe de la
proveniencia de esos dichos y nadie se atreve a constatarlo.
Es decir, también pasa que en, le voy a poner un ejemplo muy
puntual: una zona históricamente castigada así por el conflicto, en
general vemos, por ejemplo, los que vemos noticias desde hace dos
tres años, está otra vez volviendo un poco esa dinámica de
inseguridad a nivel nacional y en general, pero eso alimenta esa
sensación o esa percepción y empiezan a llamarlo a usted
comerciante importante, por ejemplo de Concepción, o a usted líder
de víctimas de concepción a hacerle extorsión, diciéndole que son
los que eran, porque no sabemos si aún son, pues usted, la verdad,
no se va a poner a contrastarlo, digamos. O sea, es un tema de que
una comunidad herida queda asustada, y eso es lo que yo también
percibí a lo largo de los años con las declaraciones de víctimas de
Ley 1448, porque, de hecho hay una ley que extendió el plazo para
declarar los hechos que llama esa ley antiguos, o sea, lo de enero
del 85 a junio de 2011, porque el Estado se dio cuenta que la
extemporaneidad en la declaración era masiva y ¿por qué una
persona va a declarar algo del año 87 en el año 2019?, por ejemplo,
que eso es un una declaración extemporánea que la Unidad de
Víctimas desestimaba, pues por el miedo y aún hoy hay algunos que
no han superado esa, digamos, esa esa barrera que significa el
miedo y pues es uno los cuestiona, no, porque pues uno trata de
ayudarle al usuario y es por ese motivo, es lo que siempre se repite
y como digo, no solo en el municipio de Concepción, sino en el otro
sitio donde también trabajé en la misma función. Es eso, o sea, el
temor, la zozobra que uno no sabe con quién habla entonces, pues
es, pues es muy eso, es como la percepción general. Tengo
entendido que los últimos dos años han estado por ahí, como
haciendo algunos llamados, pero usted sabe puede ser de
las cárceles, puede ser cosas que no, que no podemos

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digamos con las herramientas o que contamos, pues
confirmar, pero sí hay una sensación de inseguridad que yo
creo que no es ajena al ejercicio de la política, porque ante
todo, pues esas son personas las que aspiran a ser elegidas
o incluso los electores o los partidarios de una colectividad
en específico, pues no dejan de ser habitantes del municipio
y actores sí políticos. Allá pasaba, allá pasaba una cosa que
también quiero resaltar en Concepción, y es que como que había
cierto estigma sobre gran parte de la población, o sea, allá cuando
usted habla con la gente que participó, digamos mucho del conflicto
o se vio muy afectada por el conflicto, o sea como que allá la gente
suele señalar con facilidad como, ah, este era guerrillero, este era
sí, o sea, por simplemente por alguna, incluso de pronto
colaboración que le tocó hacer a la fuerza en algún momento
o por sus posiciones, no sé, quizás políticas o no sé, no sé, o
sea o por su liderazgo, realmente era una situación hostil
que se veía en general en el municipio, una herida, una herida
del pasado que de la cual a lo menos queda una cicatriz. Eso es lo
que uno ve en esa, en ese en esa comunidad. Claudia Ximena
Ardila Pérez, magistrada ponente: Doctor, una última pregunta,
¿Usted recuerda el partido del cuál era candidato el señor Christian?
Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí, entiendo que era como
un usted sabe, en la política agrupan cosas y eso sí, pero sé, yo sé
que él ah, no, mentira, yo no puedo decir que yo sé, es que yo la
verdad soy muy ajeno a ese tema, pero creo que tiene relación con
el Centro Democrático. ¿Y por qué lo digo? Porque la alcaldesa de
Concepción anterior a él, o sea, él era por así decirlo, según entiendo
yo, porque eso tampoco me consta porque no, pero yo entiendo que
él era, por así decirlo, el candidato de la alcaldesa de Concepción.
¿Y por qué lo digo? Porque él era su secretario de Gobierno y
renunció esto que hacen para no inhabilitarse con un tiempo
suficiente exigido por la ley. Entonces y aparte, yo veía trabajando
como su campaña y esto que de pronto había participado en la
política de la oficina. Entonces yo creo y ella era elegida por el Centro
democrático. Eso sí, no me cabe dar, pero como que averigüé eso
en el momento en que llegue a trabajar al municipio, entonces yo
creo que al menos si tenía varios, al menos tenía el Centro
Democrático. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: Doctor, ¿Usted percibió en el ejercicio de sus funciones y
con todo ese ese conocimiento, ese acercamiento hacia la situación
que vivía Concepción, si esa estigmatización o una percepción
negativa se sentía frente a esos candidatos de grupos como el
Centro Democrático? O sea, usted nos dice estigmatizaban a ese es
guerrillero, pero ¿se sentía una sensación en la comunidad que
permitir que permite inferir que estaban estigmatizados también los
de los de partidos como el Centro Democrático? Juan Sebastián
Peña Cortés, testigo: Lo que puedo afirmar es que más que
estigmatizados, porque eso sonaría como que hay una

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mayoría que que otra la señala y no la verdad, yo creo que
los partidarios de esa, digamos, línea política no son pocos
en el municipio, entonces lo que hay es una polarización.
Pues sí, hay algo de eso, pero en doble vía me parece a mí.
¿Por qué digo que esa línea política o esa manera de pensar en
política igual tiene relevancia en el municipio?, porque yo recuerdo
que, por ejemplo, en la elección del año 2019, donde fue elegido
José Alberto Calderón, allí también participó Christian como
candidato. Allí en esa ocasión me acuerdo que hubo 5 candidatos,
creo, y 3 tuvieron altas votaciones alrededor de los 1000 votos, 3
incluido Christian, o sea, entonces decir, obviamente ellos tienen
muchos simpatizantes en el municipio y esto también se replicó en
la siguiente ocasión, en el año 2023, donde también sin duda creo
que Christian tuvo más de 1000 votos, más de 1200 votos, algo así,
pero pues en todo caso otro candidato tuvo más. Javier Ricardo
Rodríguez Pinzón, apoderado del accionado: Gracias señora
magistrada, doctor Juan Sebastián, buenos días, es lo siguiente,
como tú informabas que fuiste personero en el año, para el periodo
de las elecciones que se empezaron las elecciones, díganle en el
despacho si dentro de ese dentro de esos consejos de seguridad o
de comité electoral ¿se tomaron medidas dirigidas a los candidatos
en materia de seguridad, se hicieron algún tipo de recomendaciones
como consecuencia precisamente del conocimiento de proceso
electoral que estaba siendo afectado por la misma situación de
orden público? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí, bueno,
pues sí, claro, es que en el Consejo de Seguridad se habla de todo
perdón, comité de seguimiento electoral, porque son dos instancias
diferentes. El Consejo de Seguridad, digamos, es permanente. En
cambio, el otro se hace cuando hay procesos electorales dentro de
ese calendario que manda la Registraduría por resolución. Entonces,
o sea, allí se habló, por ejemplo, recuerdo es que, a ver, de cara a
un proceso electoral, sobre todo el de elecciones territoriales, que
es el más complejo, el que más, digamos, más fibras mueve, se
hacen al menos unos al menos al menos unos 8 o 10 durante el año
inmediatamente anterior desde que se empieza el proceso de
inscripción de células. Entonces tocaría ver para saber qué se habló
en cada uno pues ver actas, cosas así porque digamos, obviamente
la memoria no, no la tengo puntual de este día dijo tal cosa este día,
pero en general sé que, por ejemplo, ya cuando creo que es luego
como de junio o julio, que ya se inscriben candidatos, pues ya ellos
pueden hacer, digamos campaña como en serio, como en forma,
como de manera, pues muy pública, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es que
hacían eventos, reuniones grandes. Entonces me acuerdo que para
esa clase de cosas allí mismo la Policía, que es la que en el casco
urbano digamos, se encarga de la convivencia, pero también de la
seguridad, ofrecía su acompañamiento. O sea, me acuerdo que
como que había una preocupación dentro del Comité de
Seguimiento y Control de los Asuntos Electorales para una inquietud

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por cobijar, por arropar, digamos, por saber estar al tanto. O sea,
es que también, pues en general, la dinámica de un municipio tan
pequeño se ve afectada cuando, por ejemplo, un candidato monta
una tarima, no sé, en una vía principal de un pueblo donde no hay
muchas, entonces esas cosas es bueno saberlas desde antes y
entonces, asimismo, se cuadra logística de acompañamiento y estar
pendientes. Eso se ofrecía, lo mismo también digamos garantías, no
solo como tal candidato, pero sí digamos ligadas al proceso, porque
ese es un proceso donde se despliegan a otro tipo de actores, por
ejemplo, testigos, por ejemplo, jurados. Y los jurados también mal
o bien tienen, pues obvio, como seres políticos, pues tienen una
filiación política y también necesitan un acompañamiento, una
logística. Entonces, por ejemplo, en Concepción, que les contaba yo
que es tan disperso territorialmente, se venía en los últimos años
como reincorporando unos puestos de votación que según entiendo
yo habían existido en el pasado, pero cuando yo llegué a ser
personero ya no existían, como que todo estaba concentrado en el
casco urbano, todas las mesas, salvo un puesto que se llama
Mojicones, no perdón, Solón Wilches, Solón Wilches. Entonces, en
estos últimos procesos, el alcalde digamos del periodo 2020-2023,
el señor Calderón, él promovió la idea de bueno volver a abrir los
puestos de votación de las veredas más cercanas. Como la vereda
Bárbula, la vereda Tenerife, la vereda Junín, entonces esta idea tuvo
acogida en el seno de ese comité, se fueron gradualmente
incorporando de nuevo, pero el principal obstáculo con esos puestos
de votación rurales es la logística y el costo, pero también esa
inquietud en el aire que siempre estaba de, bueno, ¿y quién nos va
a cuidar? ¿Y quién va a cuidar los votos? y sobre todo de cara a unas
elecciones territoriales, que es donde que yo pienso, no sé, unas
elecciones, por ejemplo, para el Congreso, no creo que nadie vaya
a ir allá, no sé lo que históricamente uno ve, no, a quemar unos
votos o a robarse unos votos, no sé, pero en unas elecciones
territoriales una mesa es definitiva, una, todo es determinante, todo
importa mucho. Entonces había una dificultad porque policía no
cobija nada que esté, sino estoy mal, a más de 5 km a la redonda
del casco urbano, o sea, mejor dicho, con policía no se cuenta, creo
que solo y no, no creo, no solamente estuvieron en puesto de
votación precisamente porque quedaba muy cerca que era el de la
vereda Bárbula, de resto solos, no, o sea, sin cobertura. Y el Ejército,
el Ejército pasa una cosa que es que el territorio de concepción lo
cubren dos dependencias del Ejército diferentes, una, el Batallón
Galán, el que tradicionalmente cubre Santander, esta zona este y
centro de Santander, pero la parte alejada de la que les hablé en
hace unos minutos todo el oriente de Concepción del Páramo del
Almorzadero, digamos hacia el Oriente, lo cubre es el BAEEV 13,
que es un batallón, no sé qué energético y vial, que tiene sede en
Toledo, Norte de Santander. O sea, no depende del mismo
comandante, pues del Ejército de acá en nuestro departamento. Y

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la coordinación con ellos, pues lejana, compleja y además la
conclusión final era que frente a cómo iban a acompañar los
procesos era que su cobertura era periférica. O sea, que algo así
como nosotros vamos a estar ahí, pero nos van a ver porque y lo
justificaban de una manera, que no estoy criticando, ni mucho
menos, sino de una manera también que entiendo yo que es como
estratégica, como parte, pues de su conocimiento militar y es que
también estar ahí, ahí, ahí en el puesto de votación como tal, puede,
mejor dicho, los jurados sentados al lado de los militares, puede ser
más, puede hacer que esté más en riesgo la población que allí
concurre a sufragar y lo mismo jurados entonces listo, bueno, pero
me acuerdo que siempre era una inquietud y era como una, como
algo que nos costaba mucho, como tener ese ‘sí’ de parte de ese
BAEEV 13 y esa como esa, uno busca, cuando tiene una inquietud,
uno busca una seguridad, sí, en lo público es lo mismo, pero así sea
solamente de palabra, que aquí haya un compromiso, que quede en
acta, cierto, entonces así era como se repartía ahí la cobertura en
seguridad de esos puestos. Eso es lo que yo podría decir al respecto.
Javier Ricardo Rodríguez Pinzón, apoderado del accionado:
Doc, en caso de recordarlo, en desarrollo de estos comités de
seguimientos electorales, se tomó la decisión de cerrar puestos o
meses de votación para las elecciones del 2023, si recuerda, en caso
positivo ¿cuáles fueron? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo:
Yo recuerdo que se habilitó una adicional a la que ya se había, a
todas las que se abrieron rurales, pero las cercanas, donde sabemos
que está todo tranquilo, cercana al pueblo que es la de vía Tenerife.
Pues lo que pasa es que hay unas mesas que son las de los
resguardos indígenas de Támara y de Agua Blanca que, o sea,
aunque existen como en el, sí en el directorio, por así decirlo, los
puestos de votación con los que históricamente cuenta el municipio,
no se instalan allá, o sea, la realidad es que no se instalan allá lo
mismo si no estoy mal la del sector de Mojicones, o sea, no se
instalan allá porque no, no hay manera, es muy inaccesible, es
riesgoso allá tampoco, o sea, es una zona que en la que no hay
garantías. No estoy diciendo solo de seguridad, aunque tampoco lo
estoy descartando, sino que no, no solo es eso, es que también el
transporte, la accesibilidad, allá carreteras no toca con una logística
muy compleja también, por ende sale más costoso, porque si usted
por ejemplo le pone 2 días de viaje a los jurados el rubro para
apoyar las elecciones que sale dinero del municipio se va a
incrementar excesivamente y además según entiendo yo también,
no hay un una población tan voluminosa en esos sectores. Entonces
esas mesas se, o sea, se llaman así con el nombre del sector, pero
se existen como tal para el voto en el casco urbano, o sea, aquel
aquella persona que tenga inscrita la cédula en esa mesa no es que
entonces no pueda votar, sino que vota en el puesto de casco
urbano. Esas, esas no se no se trabajaron allá en donde debieran
ser sin el casco. Javier Ricardo Rodríguez Pinzón, apoderado

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del accionado: Bueno, durante tu gestión como personero
para específicamente para el 2023, ¿la personería de
Concepción generó algún tipo de alertas tempranas con la
defensoría a través de la Defensoría del Pueblo por
problemas de orden público dado el antecedente que nos
has relatado que recuerde? Juan Sebastián Peña Cortés,
testigo: no, o sea, no, porque primero esto no era la primera, ni la
segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez. O sea, ya se
volvió un hábito allá, allá, como que todos sabemos que ya no podía
funcionar la mesa. Entonces no se pone la mesa. Claudia Ximena
Ardila Pérez, magistrada ponente: Doctor Juan Sebastián,
creo que la pregunta va dirigida en general durante ese
proceso electoral. Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: No,
no hubo alertas tempranas, ni tampoco de las que la Defensoría del
Pueblo, que es la que se encarga del sistema de alertas tempranas,
envía en dirección nuestra durante ese año, tampoco. Javier
Ricardo Rodríguez Pinzón, apoderado del accionado: Doc
recuerda si su despacho para ese periodo electoral del 2023, y como
consecuencia de esas decisiones del Comité de seguimiento
electoral, ¿hubo alguna gestión dirigida al Ejército Nacional y Policía
Nacional para aumentar el pie de fuerza para respaldar ese proceso
electoral del 2023? ¿En caso positivo, cuál fue la respuesta de las
mismas? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Bueno, ahí las
decisiones que se, o los consensos a los que se llegan en los en estos
comités, como en todo comité, en todo cuerpo así colegiado pues
se hacen constar en un acta y si hay un compromiso nacido de allí,
por ejemplo, oficiemos al Ejército, oficiemos a la Policía, entonces la
Secretaría técnica de ese comité se encarga de mandar esos
documentos. Así funciona, pues en todos los estos comités y
consejos que existen en los municipios, que son muchísimos. Ahora
yo recuerdo que la solicitud de aumento de pie de fuerza en el
municipio de Concepción era una necesidad transversal y
permanente que no, digamos, acompañaba solamente los procesos
electorales. Entonces seguramente sí pedimos para el proceso
electoral, pero lo que yo recuerdo muy bien es lo que yo hacía y es
que yo todos los años pedía aumento de pie de fuerza para el
municipio en general de manera permanente. Lo hacía a través de
un oficio que diseñé alguna vez, donde le ponía ponía firmar al
presidente del Concejo y al alcalde y al comandante de la estación,
aunque lo regañaran, y pero yo lo hacía, donde explicaba con datos
estadísticos de la población de cuántas mujeres hay y cuántos niños
hay, por qué debíamos tener más policiales y por ejemplo tener
especialidades, porque en el municipio no teníamos hasta el día en
que yo me fui especialidad de infancia y adolescencia, no, no,
gracias a esos requerimientos que se hicieron año, tras año, tras
año, tuvimos femeninas, cuando yo me fui teníamos ya dos
femeninas que en los primeros 6 años no tuvimos y entonces pues
eso era un eso es una necesidad permanente, porque es que son,

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hasta donde yo estuve en Concepción, nunca hubo más de 15
policías y eso contando los bachilleres que están prestando servicio,
o sea profesionales de Policía nunca hubo más de 8, 7, bueno,
entonces es una cuestión que para una población de cerca de 6000
habitantes sin duda es muy precaria. Entonces siempre cuando hay,
por ejemplo, un una cuestión masiva se necesita, cuando hay fiestas
el 8 de diciembre se solicita aumento y envían un apoyo, pero
entonces es un tema transitorio, o sea, a mí siempre como
personero me interesó más lo permanente, o sea, si eso está bien,
que manden más para un día eso, pero yo quería era que
robustecieran el servicio de verdad y me acuerdo que fueron
constantes, tengo evidencia de esos esos oficios periódicos
recordando lo mismo, haciendo ver esa necesidad y también pues
dejando uno sus constancias, no, de esa inquietud bien justificada.
Javier Ricardo Rodríguez Pinzón, apoderado del accionado:
Una última pregunta, por su experiencia y desempeño profesional
como personero del sitio de Concepción y con el conocimiento que
nos has expresado de la región, ¿le podría decir al Despacho si
las amenazas que las personas en general reciben, los
pobladores o grupos al margen por anónimos son
denunciado frecuentemente ante las autoridades? O eso ¿no
es muy frecuente que se dé? y ¿Cuál sería, digamos en su
percepción profesional, esa causa de la no denuncia? Claudia
Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente: Perdón. El doctor
Juan Sebastián ya se pronunció sobre eso, pero si quiere adicionar
algo más, adelante. Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: sí,
pues exacto. En general hay una brecha importante entre lo
que pasa y lo que se denuncia, eso yo creo, frente a todos
los delitos, pero frente a estos que tienen que ver con
asuntos de orden público, asuntos como tan, digamos, tan
temidos por una comunidad, sobre todo una comunidad que
ha sido víctima del conflicto, yo creo que esto está todavía
más visible, más exacerbado, o sea, hay más, se hace más
grande esa brecha. Sí, porque es que usted consulta
estadísticas o en Fiscalía, o sea la gente no denuncia las
fotos de celulares porque le da pereza, o sea muchas cosas,
pero en esto sí que es más visible porque hay, o sea porque el
temor, o sea porque a uno lo roban o lo atracan una vez o dos o
tres veces en la vida, pero es que pero no, es decir, es algo
ocasional, uno no va a quedar con miedo, una represalia, si uno
denuncia, porque no se conoce; en una comunidad pequeña
esta clase de cosas sí de verdad generan más temor, más
inseguridad, entonces pues yo sí creo que hay un registro
muy grande de asuntos de esta naturaleza no denunciados.
Carlos Leonardo Hernández, actor: Le puede indicar al
Despacho, por favor, ¿Hasta qué fecha sucedió exactamente?
¿Hasta cuándo fungió usted como personal municipal de
Concepción? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Sí, señor,

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claro, el último día del mes de febrero del año 2024, ese día terminé
el segundo período mío. Carlos Leonardo Hernández, actor: OK,
ha hecho usted un amplio análisis acerca de las circunstancias de
orden público en términos generales referentes y en la brecha de la
que usted hace mención frente a la falta de denuncias por efectos
de, digamos, amenazas relativas a grupos al margen de la ley, ha
hecho usted un repetitorio y que hemos escuchado atentamente.
Pero ya digamos, enfrente a otro tipo de situaciones, de amenazas
o de situaciones particulares, digamos, pues usted fungía como
personero, como delegado del Ministerio público, eso es verdad,
pero quisiera preguntarle si ¿Usted conoció, tuvo
conocimiento o le consta de amenazas dirigidas
directamente, no por grupos armados de la ley, sino por
particulares contra el señor Christian contra el doctor
Christian, en el tiempo después de la jornada electoral, hasta
el momento del último día de su función? Juan Sebastián
Peña Cortés, testigo: No, doctor, yo como expliqué
inicialmente, no tuve conocimiento de nada formal, nada. A
mí no me erradicaron nada y mucho menos sé si en la
Fiscalía o en alguna otra entidad se promovió algún proceso
de estos. Carlos Leonardo Hernández, actor: ¿Se presentó
algún tipo de queja en su Despacho por algún tipo de situación
irregular? O no sé, no sólo en las etapas de los comités de
seguimientos electorales, sino posterior a ello después de la jornada
electoral en contra del señor Eduar Abril Borreo que fue a la postre,
fue elegido como alcalde en el periodo, en el 29 de octubre del
2023? Juan Sebastián Peña Cortés, testigo: Bueno, pues
digamos nada que trascendiera, es decir, es que nosotros, el
digamos, que el punto culminante del acompañamiento y el control
electoral que hacemos en esos procesos, pues es el día de la
elección, no, porque nosotros acompañamos toda la votación, pero
también todos los escrutinios, tanto de mesas como de puesto
personal. Y pues ahí, en esa mesa de Justicia instalada, pues
nosotros somos receptores, dirigimos que, si hay una denuncia de
una delito electoral o una queja, digamos del tema disciplinario, lo
recogemos y de hecho yo, en algunos otros procesos electorales
donde cumplí la misma función, recibí quejas, recibí denuncias, todo
eso. Este me parece fue un proceso electoral tranquilo, no se
recibieron quejas y así quedó consignado en el oficio por
medio del cual yo presento mi informe final sobre el proceso
electoral a la procuraduría provincial de Bucaramanga que es
el oficio 202-2023 del 31 de octubre de 2023 elaborado, firmado por
mí, yo le digo a la Procuraduría, la jornada total normalidad,
acompañé y hay evidencias de eso toda todo momento, pues el
lugar donde se hacen la mayoría de los votos, que es el puesto
urbano, porque si me desplazo a otra parte en abandono lo más
grande y el escrutinio que duró varios días, de hecho, porque
estábamos esperando, hay un plazo legal para que el segundo en la

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elección que indique si va a aceptar la curul del Concejo, entonces
por eso no se cerraba el escrutinio? Y en ningún momento, o sea,
no hubo quejas, no denuncias, más allá del, digamos, de la tensión
política propia de esta clase de cosas, pero es que uno no puede,
digamos, porque hay un, un, se presenta un griterío a 100 m del
puesto, eso pasa cada rato en un proceso que no, que no dejan
entrar, que están trayendo abuelitos, no sé, qué, o sea, todo hay
que irlo a atender, pero no todo puede generar una acción, porque
de eso se trata ese, como esa evaluación que 1 hace de la situación
y ver si es algo que superas un criterio, un filtro de sea relevante o
no llevarlo a una instancia, pues de la que corresponda. Nada
importante, pienso yo pasó ese día, así lo recuerdo y así lo
consigné en un informe que, como le digo, recoge todo para
las soluciones de mi función de control electoral en ese
proceso […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por último, declaró el señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ
CARDONA, -registrador municipal de Concepción (Santander) desde
junio hasta noviembre de 2023-, en los siguientes términos:

“[…] Carlos Alberto Martínez Cardona, testigo: Bueno, yo soy
economista egresado de la Universidad de Manizales, vivo en la en
la actualidad en Manizales, Caldas, tengo 67 años, eso y mi
experiencia en el, porque soy pensionado hace 1 año por la
Registraduría, Ay, soy casado, también tuve una experiencia de 20
años con la Registraduría Nacional del Estado civil, con mi sede
principal de Filadelfia, Caldas, que de ahí fue donde me traslado el
entonces registrador nacional, doctor Alexander Vega Rocha para
Concepción, esa la resolución fue la 11253 del 2 de junio del 2023
y fungí como registrador de Concepción Santander hasta el 11 de
noviembre del 2023. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: Cuéntenos por favor, ¿Durante ese período de junio a
noviembre de 2023 que nos encontramos en un proceso electoral,
usted observó alguna irregularidad, riesgo de seguridad, alguna
situación que nos pueda contar que recayera sobre los candidatos?,
¿O luego los elegidos? Carlos Alberto Martínez Cardona,
testigo: A ver, doctora, pues primero en el Comité de Seguimiento
Electoral en el que se sorteaban las posiciones de los tarjetones
electorales, el doctor Christian nos manifestó de la inquietud
por una serie de amenazas que él decía tener, eso quedó en
el acta de ese comité de seguimiento, aparte de los de los
rumores en general para todos los candidatos, los rumores
sobre todo en la cabecera municipal; durante el proceso de
inscripción de cédulas, sí hubo unos unas personas de la guerrilla en

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el corregimiento de Carabobo y eso se discutió en el Comité de
Seguimiento y pues la Quinta Brigada del Ejército con sede en
Bucaramanga nos apoyó en el proceso de elecciones mandando un
contingente sobre todo para el para el puesto de Solón Wilches y la
Policía Nacional también desde septiembre amplió su, nos mandó
un refuerzo de policías para todos los candidatos y para todo el
proceso electoral. Eso es lo que yo recuerdo en ese entonces.
Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente: ¿Usted
recuerda a qué acta se refiere, en la que al parecer quedó una,
quedó esa constancia de las amenazas?, ¿Para qué fecha, qué
número de Acta? Carlos Alberto Martínez Cardona, testigo:
Pues yo no, como como yo no, ya no actúo como registrador
y pues a mí me retornaron a Filadelfia el 8 de, el 11 de
noviembre, pero sí recuerdo que en el Comité de
Seguimiento Electoral donde se hizo el sorteo de las
posiciones de los tarjetones electorales, ahí se trató esa ese
tema y eso quedó en el acta de ese Comité de Seguimiento
Electoral que reposa en la Registraduría de Concepción.
Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada ponente: ¿Doctor,
usted recuerda en qué consistirían esas amenazas que alegaba el
señor Cristian? ¿Si lo recuerda? Carlos Alberto Martínez
Cardona, testigo: No muy bien, pues que ya pasó, recuerdo
del pronunciamiento del doctor Cristian, pero
concretamente sobre los hechos, no. Claudia Ximena Ardila
Pérez, magistrada ponente: Díganos, por favor, ¿si eso ocurrió
antes de la elección? Carlos Alberto Martínez Cardona, testigo:
Sí, doctora, eso fue antes de las elecciones, como le digo, él
lo manifestó recuerdo yo durante ese comité de seguimiento
en que estábamos haciendo los sorteos de las posiciones de
los tarjetones. Javier Ricardo Rodríguez Pinzón, apoderado
del accionado: Doctor Carlos Alberto, muchas gracias, la pregunta
referida a lo que acabas de contestar, ya que se reafirma el hecho
de que durante un Comité de Seguimiento Electoral se presentó
precisamente esa manifestación de denuncias, ¿Recuerda usted si
ese comité trabajó, u organizó algún tipo de recomendaciones
frente a todos los candidatos, incluido lógicamente el señor Christian
para el tema de de la seguridad de los mismos? Carlos Alberto
Martínez Cardona, testigo: Sí, la verdad que ahí se discutió
sobre este asunto y pues las recomendaciones eran de que
tuvieran mucho cuidado en los desplazamientos, sobre todo
en la zona rural, y que cada que fueran a desplazarse en las
campañas, pues de eso fuera informado el comandante la
Estación de Policía de Concepción para que les prestara,
pues el apoyo y la seguridad requerida. Y a partir de ahí, sí
recuerdo que eso es, como en los comités de seguimiento
también asiste el comandante de la estación, él quedó con
delante de ese comité, que iba a estar muy pendiente de la
de la seguridad de todos los candidatos. Javier Ricardo

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Rodríguez Pinzón, apoderado del accionado: Le puede indicar
al Despacho si ¿dentro de ese proceso electoral hubo la necesidad
de trasladar mesas, cerrar puesto de votación en caso positivo, la
razón que se dio? Carlos Alberto Martínez Cardona, testigo: No,
no, ningún, ningún puesto de los 6 puestos de votación que son en
Junín, El Roble, Tenerife, Bárbula, Ayacucho, Carabobo, Solón
Wilches y la cabecera, ninguno se tuvo que mover por ninguna
causa. Carlos Leonardo Hernández, actor: ¿Por favor, podría
indicarnos o recordarnos qué personas o hacen parte de los comités
de seguimiento electoral? No personas, sino qué entidades deben y
hacen parte de los comités de seguimiento electoral. Carlos
Alberto Martínez Cardona, testigo: Bueno, el Comité de
Seguimiento Electoral es citado por el alcalde titular en ese
momento, obviamente acompañado por el registrador municipal, el
personero municipal y ya las diferentes agrupaciones políticas o los
candidatos en representación de las agrupaciones políticas, esos son
todos los que conforman los comités de seguimiento. Carlos
Leonardo Hernández, actor: ¿A cuántos comités de seguimiento
electoral participó usted en el municipio de Concepción en el tiempo
que estuvo participando? Carlos Alberto Martínez Cardona,
testigo: De junio 6 que llegué a Concepción hasta 8 días antes de
las elecciones, fueron como, yo creo que 9 o 10 tal vez. Carlos
Leonardo Hernández, actor: Y a esos comités de seguimiento
electoral ¿asistió algún representante de la Policía Nacional o del
Ejército Nacional? Carlos Alberto Martínez Cardona, testigo:
Sobre todo siempre participaba el comandante de la Policía del
municipio; una vez, pues dado que durante el proceso de inscripción
de cédulas en el corregimiento de Carabobo, hubo algunas personas
de la guerrilla merodeando por ahí, entonces nos comunicamos
virtualmente con el comandante del batallón Antonio José Ricarte
de Bucaramanga, para para ponerlo en conocimiento de esta
situación. Carlos Leonardo Hernández, actor: Es decir,
corrobora usted que efectivamente ¿había un representante de la
Policía Nacional en esos comités? Carlos Alberto Martínez
Cardona, testigo: En todos, en todos los comités, sí, señor. Carlos
Leonardo Hernández, actor: Manifiesta usted que el doctor
Christian adujo en alguno de los comités de seguimiento
electoral que había sufrido la última amenaza. ¿Puede
indicarnos cuál fue la recomendación o qué hizo la Policía
Nacional en ese comité de seguimiento electoral
precisamente? Carlos Alberto Martínez Cardona, testigo:
Tomó atenta nota, lo recuerdo y que iba a iniciar un
seguimiento estricto y investigaciones acerca de esa
denuncia que nos hizo el doctor Christian. Carlos Leonardo
Hernández, actor: ¿Y eso quedó en el Acta? Carlos Alberto
Martínez Cardona, testigo: Sí, sí, correcto. Xirys María Mora
Alvarado, procuradora: Dado la información que presenta el
doctor Carlos Alberto como representante de la Registraduría y no

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obrando en el proceso, de requerir a la registraduría del municipio
de Concepción, a efectos de que llegue al proceso las actas del
Comité de Seguimiento y Control Electoral, de tal manera que
podamos tener conocimiento de primera mano, si en efecto reposa
en alguna de ellas, la manifestación que acaba de informar en su
declaración. Claudia Ximena Ardila Pérez, magistrada
ponente: Como ya se superó la etapa del decreto de pruebas,
estamos en la práctica, si usted lo considera y yo dejo registro en el
acta, sería un auto para mejor proveer y ya le correspondería a la
Sala. Entonces, en este momento no se no se accede a esa solicitud
porque recordemos los términos perentorios que tiene este tipo de
proceso. Esa acta pudo obtenerse por las partes y cualquiera
de las dos interesadas en que se recaudara porque era un
documento que podían solicitarse a la autoridad. Y el testigo
que la puede aportar, yo le pregunté, y él no recuerda el
número ni tampoco la tiene en su poder. Luego no podría
incorporarse en este momento. Entonces, por esa razón, en
este momento no se decide hacer un requerimiento a la
Registraduría en tal sentido; ya la sala estudiará si a solicitud de
la señora procuradora procede la prueba de oficio […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

V.4.1.5.- De conformidad con las pruebas valoradas y examinadas
en el caso concreto, la Sala encuentra configurado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
48, numeral 3, de la Ley 617, toda vez que permanece probado que
el señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, en efecto,
no tomó posesión del cargo de concejal de Concepción (Santander),
para el período constitucional 2024-2027, dentro de los tres días
siguientes a la instalación de esa corporación territorial, a pesar de
haber obtenido el segundo lugar en la contienda electoral por la
Alcaldía de ese municipio y aceptado la curul otorgada por ministerio
del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, -Estatuto de la Oposición
Política-.

A su vez, la Sala no encuentra configurada una circunstancia
constitutiva de fuerza mayor que, en los términos previstos en el

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parágrafo 1° del artículo 48 de la Ley 617, le hubiese impedido al
accionado cumplir con su deber constitucional y legal de posesionarse
dentro de la oportunidad establecida, así:

(I) De los informes presentados por el Comando de la Estación de
Policía de Concepción (Santander), la Seccional de Investigación
Criminal del Departamento de Policía de Santander, el Comando del
Distrito Uno de Policía de San Gil (Santander) y el Comando del
Batallón de Artillería núm. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’ del
EJÉRCITO NACIONAL, la Sala pudo constatar que en la provincia
de García Rovira51 entre los municipios de Concepción y Cerrito, en
el departamento de Santander, durante el año 2023, e incluso en la
actualidad, se ha tenido conocimiento de movimiento pendular sobre
el corredor vial ubicado entre los departamentos de Arauca, Boyacá
y Norte de Santander, utilizado por los frentes ‘Efraín Pabón Pabón’
y ‘José Adonay Ardila Pinilla’ del GAO ELN.

Estos frentes, tal como lo certifican estas autoridades de policía y
militares, han sido identificados desarrollando actividades delictivas
y de movilidad sobre los límites jurisdiccionales de esa provincia,
utilizando zonas rurales y corredores estratégicos para conectarse
con los mencionados departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de
Santander, situación que convierte al área en un punto de tránsito
clave dentro de su ‘retaguardia estratégica’.

Fueron destacadas, entre las actividades delictivas del estructuras
del GAO ELN, la coordinación para el cobro de extorsiones a

51 García Rovira es una de las provincias del departamento de Santander, cuya capital es Málaga, y

está conformada por los municipios de Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Concepción, Enciso,
Guaca, Macaravita, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel.

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contratistas que se encontraban laborando en las placa huellas del
sector Río Colorado (vereda Carabobo) de Concepción (Santander),
contratistas que no presentaron las denuncias pertinentes ante los
entes investigadores, ni dieron información puntual de la situación
supuestamente desarrollada; y, de igual manera, durante el año
2025, este grupo ha realizado cobros extorsivos a comerciantes y
personal prestante de la región, mediante el envío de panfletos.

No obstante, respecto a las elecciones celebradas 29 de octubre de
2023, una vez revisadas las actas de los diferentes comités
electorales para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023,
el Comando de la Estación de Policía de Concepción (Santander) hizo
constar que no se evidenciaron hechos violentos contra la población
civil de ese municipio, que hubiesen sido desplegados por grupos al
margen de la ley, lo cual sustentó, además, en las actas de los
consejos de seguridad de los años 2023, 2024 y en lo trascurrido de
2025.

Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal del
Departamento de Policía de Santander, en labores propias de la
especialidad, Seccional de Inteligencia Policial, SIPOL, y EJÉRCITO
NACIONAL, también certificó que no se presentaron hechos de
violencia atribuidos a grupos armados ilegales en contra de la
población civil o fuerza pública, durante los comicios de 29 de octubre
de 2023.

En igual sentido, el Batallón de Artillería núm. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO
GALÁN’ del EJÉRCITO NACIONAL certificó que no se recepcionaron
informaciones por parte de los entes de inteligencia, ni de fuentes

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humanas, que llevaran a sospechar de actos que atentaran contra la
celebración de las elecciones de 29 de octubre de 2023.

Ello, adicionalmente, estuvo acompañado de 64 traslados efectuados
a los municipios que integran la provincia García Rovira, por parte
del Distrito Uno de Policía de San Gil (Santander), así como la
presencia de unidades tipo pelotón del Batallón de Artillería núm. 5
‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’ del EJÉRCITO NACIONAL, durante
todo el año 2023, con el fin de mitigar cualquier tipo de acción
terrorista o presencia sobre esos municipios, incluido Concepción
(Santander), mediante las Operaciones Terrestres Unificadas en la
tarea de acción decisiva ‘Estabilidad’, proporcionando así lo que
denominaron “[…] un ambiente seguro, protegido y promoviendo la
seguridad realizando coordinaciones inter agenciales para contribuir
a la acción unificada dentro del territorio nacional, alcanzando niveles
mínimos de inseguridad, satisfaciendo las necesidades esenciales de
la población, contribuyendo a la seguridad de la infraestructura
crítica, interrumpiendo la violencia a gran escala, restableciendo la
seguridad pública […]”.

Para la Sala, está probado entonces que si bien durante el año 2023
hubo presencia del GAO ELN en los límites de la jurisdicción de la
provincia de García Rovira a la cual pertenece el municipio de
Concepción (Santander), quienes utilizaron zonas rurales y
corredores estratégicos para conectarse con los departamentos de
Arauca, Boyacá y Norte de Santander, e incluso llevaron a cabo actos
extorsivos, lo cierto es que todas las autoridades de policía y militares
coincidieron en certificar que no hubo alteraciones del orden público,
atentados, hechos de violencia ni alertas contra el proceso electoral

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de 29 de octubre de 2023 en ese ente territorial, así como durante
el tiempo en que el accionado aceptó la curul en el citado Concejo,
todo lo cual estuvo acompañado de presencia de unidades de policía
y pelotón militar.

(II) La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por su parte, luego
de revisar su sistema SPOA, -en el que se registran y hacen
seguimiento a los trámites de las investigaciones penales y a la
cadena de custodia de las pruebas-, certificó que el accionado, señor
CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, interpuso una
querella por el presunto delito de estafa, por hechos ocurridos el 10
de noviembre de 2022; una denuncia por el presunto delito de
amenaza contra dos personas, por hechos de 25 de diciembre de
2006, en el barrio El Centro, cuyo contenido no tuvo que ver con
grupos al margen de la ley ni con el GAO ELN; y otra denuncia por
el presunto delito de hurto calificado, por hechos ocurridos el 22 de
octubre de 2008.

A partir de esta información, se observa que el accionado no
interpuso denuncia alguna ante la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, relacionada con las aparentes amenazas telefónicas
provenientes del GAO ELN, otro grupo armado organizado al margen
de la ley, o de la campaña del candidato que resultó elegido alcalde
de Concepción (Santander), señor EDUAR ABRIL BORRERO, tal
como lo manifestó en la contestación de la solicitud de pérdida de
investidura y lo reiteró en su recurso de apelación, razón por la que
no aparece documentada, menos aún tramitada, noticia criminal
alguna que acreditara la existencia de aquellas.

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(III) El CTI de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN informó,
respecto al número de denuncias realizadas en los últimos 3 años en
el municipio de Concepción (Santander), por hechos de violencia
atribuibles a grupos armados irregulares, que personas distintas al
accionado denunciaron los siguientes tres hechos:

a) 8 de enero de 2024: El presunto delito de constreñimiento
ilegal por parte de miembros del Frente ‘Efraín Pabón Pabón’
del GAO ELN, al parecer, mencionó el denunciante, “[..] por
haber trabajado en la Policía Nacional de Colombia o el tiempo
en el que estuve agregado a la Fiscalía como investigador tanto
en la unidad de justicia transicional de la fiscalía dónde tuve
contacto con gente desmovilizada de grupos armados ilegales,
o en la Fiscalía URI, o por no estar de acuerdo con las políticas
del actual gobierno del presidente Petro […]”.

b) 27 de septiembre de 2024: El presunto delito de
desplazamiento forzado llevado a cabo por supuestos
miembros del GAO ELN a un habitante de Concepción
(Santander), quien admitió ser consumidor de cannabis y que,
luego de ser visto por aquellos en el parque de ese municipio,
le dijeron que iban a ‘matar a un marihuanero’, motivo por el
cual se tuvo que ir desplazado del pueblo.

c) 10 de noviembre de 2023: El presunto delito de extorsión
realizado por un aparente comandante del GAO ELN, a una
persona que manifestó haber recibido llamada telefónica a su
celular en la que se le pidieron 50 uniformes camuflados con
sus respectivas botas.

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Allí mismo el CTI hizo constar, respecto a la presencia de grupos
armados ilegales en el municipio de Concepción (Santander), que el
Frente 45 de las FARC tuvo actividad en este municipio durante los
años 2009 y 2010; y que la última acción por parte de grupos
armados sucedió en el año 2016, consistente en un hostigamiento a
la estación de policía de ese municipio; y que desde esa fecha no se
tiene información de actividades ilegales de parte de grupos armados
organizados.

Respecto al año 2025, conforme a la información contenida en el
documento ‘Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza
ACCAM’ en su versión número 45, el CTI dijo tener información
respecto de injerencia del GAO ELN, Frente ‘Efraín Pabón Pabón’ del
Frente de Guerra Oriental, aunque aclara que no existe presencia de
ese grupo armado organizado, -zonas campamentarias-, en la
jurisdicción del municipio.

Este documento le permite a la Sala constatar que el accionado no
presentó denuncia alguna por amenazas recibidas o delitos
perpetrados en su contra por el GAO ELN, luego de aceptar la curul
de oposición política en el Concejo de Concepción (Santander), así
como que este grupo armado ilegal, o grupo de individuos que se
hacen pasar como sus miembros o simpatizantes de estos, hubieren
cometido supuestos delitos contra pobladores del municipio que, en
cualquier caso, no se corresponden con la época de los hechos, -en
los dos primeros eventos-, ni guardan relación con amenazas de
índole electoral, -en ninguno de los casos-.

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(IV) En lo que atañe a los testimonios, la Sala observa,
específicamente en lo que guarda relación con los argumentos de
defensa y apelación del accionado, que el señor RAMÓN GONZÁLEZ
SIERRA, su exasesor de seguridad y quien le brindó protección
desde un mes antes y poco menos de un mes después de las
elecciones de 29 de octubre de 2023, describió a Concepción
(Santander) como un municipio con problemas de seguridad, con
presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales como la
vereda Mojicones, donde estos grupos compran alimentos y tienen
presencia constante. Señaló que, durante su labor, el accionado le
comentó que recibió llamadas sospechosas y que en el pueblo había
personas simpatizantes de esos grupos, por lo que le recomendó
precaución; e indicó que en época de campaña y electoral es común
que haya tensión y diversidad de opiniones en municipios pequeños,
lo que puede aumentar el riesgo.

Insistió en que, tras la elección, dejó de acompañar directamente al
accionado, pero le hizo recomendaciones de seguridad como no
acudir sin acompañamiento a reuniones, no contestar llamadas
desconocidas y evitar desplazamientos nocturnos o a zonas rurales
peligrosas. Aclaró que después de las elecciones su contacto con el
accionado fue esporádico y solo de amistad, sin relación directa con
temas de seguridad; que no acompañó al accionado a formular
denuncias formales por amenazas, sino que sólo informó a la Policía
sobre posibles desplazamientos a zonas de riesgo para enterarla,
sumado a que no le consta que el accionado hubiera recibido
amenazas posteriores a las elecciones.

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El señor JUAN SEBASTIÁN PEÑA CORTÉS, segundo testigo, -
personero de Concepción (Santander), desde marzo de 2016 hasta
febrero de 2024-, afirmó que no tuvo conocimiento formal ni recibió
denuncias escritas sobre amenazas a candidatos, incluido
CHRISTIAN ISMAEL VÁZQUEZ ZAMBRANO, durante el proceso
electoral de 2023; y que históricamente la zona ha sido afectada por
el conflicto armado (FARC, ELN, paramilitares), lo que genera una
percepción persistente de inseguridad y zozobra en la comunidad,
aunque aclara que en el proceso electoral de 2023 no hubo hechos
violentos reportados ni alertas tempranas.

Según este testigo, en los comités de seguimiento electoral se
discutían temas de seguridad y se ofrecía acompañamiento policial y
militar para eventos y puestos de votación, aunque la cobertura en
zonas rurales era limitada; y que no se cerraron puestos de votación
por razones de seguridad, pero algunos no se instalaron en zonas
rurales por dificultades logísticas y de acceso.

Con relación a las situaciones no denunciadas, comentó que existe
una brecha importante entre hechos de amenazas y extorsión y sus
denuncias formales, ya que, en su criterio, la gente teme represalias
y prefiere no denunciar; y que no recibió quejas ni denuncias sobre
amenazas o irregularidades después de la jornada electoral de 2023,
por lo que consignó en su informe a la Procuraduría que la jornada
fue tranquila y sin novedades relevantes.

Y, por último, el señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CARDONA,
• registrador municipal de Concepción (Santander) desde junio hasta
noviembre de 2023-, adujo que en un comité de seguimiento

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electoral realizado previo a la fecha de elecciones, -29 de octubre de
2023-, el entonces candidato a la Alcaldía de Concepción
(Santander), señor CHRISTIAN ISMAEL VÁZQUEZ ZAMBRANO,
manifestó una inquietud por amenaza, la cual dijo que había quedado
consignada en el acta correspondiente, aunque no recordó las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue relatada por el
accionado.

Aclaró que se discutieron rumores sobre la presencia del GAO ELN
en el corregimiento de Carabobo durante la inscripción de cédulas, y
se solicitó el apoyo de la Quinta Brigada del EJÉRCITO NACIONAL
y refuerzo policial para el proceso electoral; y que las
recomendaciones a los candidatos incluyeron informar a la Policía
Nacional sobre desplazamientos y extremar precauciones,
especialmente en zonas rurales, sin que se haya cerrado o trasladado
puesto de votación alguna por razones de seguridad durante su
gestión.

(V) Aparece que, en efecto, el actor en la presente pérdida de
investidura es el señor CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ, quien,
a su vez, fungió como apoderado del señor EDUAR ABRIL
BORRERO, demandado en el proceso de nulidad electoral con
radicación 68001233300020230077404 (acumulado con
68001233300020230078900 y 68001233300020230086400), en la
que se profirió sentencia de 12 de junio de 202552 por la Sección
Quinta de esta corporación judicial, mediante la cual se confirmó la

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de

junio de 2025, número único de radicación 68001-23-33-000-2023-00774-04 (acumulado con
68001-23-33-000-2023-00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00), consejera ponente Gloria
María Gómez Montoya.

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declaratoria de nulidad del acto de elección del alcalde de Concepción
(Santander), período constitucional 2024-2027, por doble militancia
en la modalidad de apoyo a candidatos de los partidos Cambio
Radical y MAIS, distintos a los de su partido Alianza Verde,
colectividad con la cual se candidatizó y resultó elegido.

Sin embargo, contrario a lo sostenido por el accionado, ello no es
prueba de lo que denomina ‘hostilidad del proceso electoral’ y
‘acciones de retaliación’ en su contra, ni constituyen motivos válidos
para justificar la omisión de su deber constitucional de posesionarse
en el cargo de concejal municipal; y aún, en ese caso, esto no
permitiría inferir la ocurrencia de las amenazas telefónicas de las que
sostiene fue víctima, ni que aquellas fueron lanzadas desde el círculo
del alcalde, señor EDUAR ABRIL BORRERO, en acto de venganza
por los resultados judiciales del proceso de nulidad electoral.

(VI) Así las cosas, la Sala admite que si bien la situación de orden
público de Concepción (Santander), históricamente ha estado
marcada por la presencia de miembros del GAO ELN, sobre todo en
la zona rural y en los límites de la jurisdicción de la provincia García
Rovira a la cual pertenece, lo cierto es que también observa que los
informes presentados por el Comando de la Estación de Policía de
Concepción (Santander), la Seccional de Investigación Criminal del
Departamento de Policía de Santander, el Comando del Distrito Uno
de Policía de San Gil (Santander) y el Comando del Batallón de
Artillería núm. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’ del EJÉRCITO
NACIONAL, sumado a las declaraciones de los testigos JUAN
SEBASTIÁN PEÑA CORTÉS, quien fungió como personero de
Concepción (Santander), desde marzo de 2016 hasta febrero de

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2024; y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CARDONA, -registrador
municipal de Concepción (Santander) desde junio hasta noviembre
de 2023-, concuerdan en que el certamen electoral de 29 de octubre
de 2023, llevado a cabo en ese municipio, no presentó alteraciones,
incursiones armadas ni presiones indebidas por parte de grupo ilegal
alguno, resultando, en general, unas jornadas desarrolladas en
medio de la tranquilidad que les pudieron brindar las autoridades de
policía y militares.

En dicho contexto enmarcado por las pruebas analizadas, en el caso
concreto, el accionado no logró demostrar haber recibido
directamente amenazas telefónicas ni presenciales por parte del GAO
ELN, luego de aceptar la curul otorgada por el artículo 25 de la Ley
Estatutaria 1909, que generaran una fuerza insuperable e irresistible,
constitutiva de fuerza mayor, que le impidiera posesionarse en su
cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del Concejo
municipal.

No hay rastro alguno en el expediente de las aparentes llamadas
anónimas invocadas por el accionado, en las que presuntamente le
manifestaron: “[…] nos enteramos de que se va a meter a la política,
no se meta en esa huevonada porque va a salir perjudicado y
sabemos dónde están los suyos, quédese quieto […]”, ni que aquellas
se hubieran incrementado desde que aceptó la curul al Concejo de
Concepción (Santander) que le asignó el Estatuto de la Oposición
Política, luego de resultar en segundo lugar en la contienda por la
Alcaldía municipal.

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Tampoco hay prueba de que, una vez oficializada su inscripción a la
Alcaldía de Concepción (Santander), recibiera una nueva llamada en
la que le hubieran dicho: “[…] tiene que hacer caso lo vamos a
mandar a buscar, o sube o nosotros vamos, piense en su familia, les
va a generar problemas, sabemos dónde están, usted decide […]”,
menos aún que fuesen responsables los grupos armados al margen
de la ley que operan en inmediaciones del municipio de Concepción
(Santander).

Otras llamadas en las que presuntamente le decían: “[…] nos vio la
cara de huevones, sepa que no lo vamos a dejar gobernar y aténgase
a las consecuencias […]”, “[…] Recuerde que no está autorizado a
hacer política donde los indígenas, pues usted es de los hijueputas
del Centro Democrático […]” e, igualmente, en las que le pidieron
que saliera en horas de la madrugada al sector conocido como el
‘anillo vial’, y le prohibieron asistir a las reuniones políticas que tenía
programadas que por su seguridad debía cancelarlas, no encuentran
soporte fáctico probatorio en el expediente, en ninguno de los medios
de prueba allegados.

Respecto a que, supuestamente, en una manifestación política
realizada en septiembre en horas de la noche en el barrio Bolívar de
Concepción (Santander), estando en la parte trasera de la tarima se
le acercó una persona de contextura gruesa, desconocida por él y por
el grupo de trabajo de la campaña, de estatura media, quien portaba
un poncho alrededor de su cuello con el cual se cubría parte de su
cara, que le dijo, “[…] entonces usted es el candidato, oiga y por qué
no va a buscar votos a otro municipio, no se busque una muerte
pendeja […]”, corresponde a un hecho que permanece sin

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demostración alguna y sin convalidación por parte de un testigo o
miembro de su propio equipo de campaña con quien dice haber
estado en esa oportunidad.

Su exasesor de seguridad, señor RAMÓN GONZÁLEZ SIERRA,
quien lo cuidó durante la campaña un mes antes de las elecciones
territoriales y hasta un mes después, aproximadamente, dijo que
luego de que el accionado le manifestara de alguna de estas
llamadas, -el testigo no detalló cual fue ni cuando ocurrió ni recordó
en qué consistió-, más allá de sugerirle algunas medidas preventivas
de seguridad en los desplazamientos y de no recibir llamadas de
números desconocidos, admitió no haberle recomendado presentar
denuncia alguna ante las autoridades competentes, aumentar su
esquema de seguridad personal o comunicarle a las entidades de
protección del Estado, debido a la incredulidad de que tales hechos
fuesen ciertos o no.

A la Sala le es posible inferir que si un exservidor con la experiencia
en materia de seguridad como la del declarante, pensionado de la
Policía Nacional luego de 23 años de servicio, técnico en
administración del recurso humano, con curso y experiencia en
protección, y participación en procesos de paz con las extintas FARC,
no adelantó las estrategias esperadas para blindar la integridad de
su protegido o mejorar su seguridad, fue porque, precisamente, la
llamada o situación que este le comentó no revestía la certeza y
fiabilidad necesarias en torno a la potencialidad de hacerle daño al
accionado.

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En cualquier caso, y en gracia de discusión, estas aparentes llamadas
sucedieron durante la campaña electoral del accionado a la Alcaldía
de Concepción (Santander), y no se predican de la época en que
ocurrieron los hechos censurados en este proceso de desinvestidura,
relativa al mes de diciembre de 2023, cuando presentó renuncia a
posesionarse en la curul del Concejo municipal. Ciertamente, una
situación fue la de haber competido contra el señor EDUAR ABRIL
BORRERO para ser alcalde del municipio, lapso en el que el
accionado sostiene que recibió la mayoría de las llamadas, y otra
muy distinta es la de haber aceptado el escaño en ese cabildo,
corporación pública colegiada con una dinámica y composición
distintas en la organización político administrativa de Concepción
(Santander).

Las amenazas que relata el accionado, tales como “[…] no se vaya a
atravesar a no dejar gobernar […]”, “[…] no le vaya a hacer
contrapeso al alcalde porque vamos a estar pendientes, mejor
renuncie […]” y “[…] Celebrando que son mayorías, no se ponga a
joder, ábrase de acá, alguien lo va a buscar […]”, fueron las que,
según su relato, y luego de haber aceptado su curul al Concejo,
precipitaron su renuncia a esta, al ver la desesperación de su madre,
esposa, hermanos, y de su propio hijo (menor de edad), obligándose
a exiliarse hacia Bucaramanga (Santander), en contra de su
voluntad, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de él y su
familia.

No obstante, la Sala insiste en que esas presuntas amenazas
tampoco están respaldadas de prueba alguna e impiden generar la
convicción necesaria que requiere un eximente de responsabilidad,

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en el caso concreto. El hecho de haber manifestado en un consejo de
seguridad electoral, durante el sorteo de la posición de los candidatos
en el tarjetón para la Alcaldía de Concepción (Santander), que había
recibido una amenaza, se itera, se corresponde con un momento
anterior al de su derrota en la carrera a ese cargo unipersonal y su
respectiva aceptación de la curul en el cabildo municipal vía Estatuto
de la Oposición Política.

La Sala advierte, en este punto, que no le exige al accionado la
formulación de denuncias ante las autoridades judiciales
correspondientes, porque no desconoce las dificultades de orden
público que atraviesa el municipio de Concepción (Santander) con la
presencia en zona rural del GAO ELN, muy a pesar que ya ha había
formulado varias ante la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; sin
embargo, lo que sí se echa de menos es que el señor CHRISTIAN
ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO no hubiese traído al proceso
elementos de prueba que permitieran demostrar la fuerza mayor que
alega, estas son las evidencias de las presuntas amenazas e
intimidaciones que le impidieron tomar posesión dentro de los tres
días siguientes a la instalación de ese cabildo, para ser examinadas
en sede judicial, así como tampoco hay prueba del agotamiento de
los diferentes recursos de protección que ofrece el Estado a sus
ciudadanos, en especial a los candidatos, o como en este caso al
concejal electo, pues una cosa es denunciar y otra muy distinta es
pedir ayuda, aspecto este último que carece de corroboración.

Abstenerse de denunciar, debido a la peligrosidad que representa
esta clase de grupos al margen de la ley, es una particularidad de
Concepción (Santander) que no escapa al conocimiento de la Sala y,

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por lo mismo, no se puede erigir en un reproche en contra del
accionado; sin embargo, como atrás se explica, para la construcción
de la fuerza mayor invocada por este, sí se omitió su debida
demostración en el presente proceso de pérdida de investidura, con
los medios de convicción que dieran cuenta de las llamadas, demás
actos que causaron el supuesto temor insuperable, solicitud de ayuda
y protección a los agentes, entidades y organismos del Estado, e
incluso haberlo puesto en conocimiento del Concejo o los
responsables de la organización electoral, de cara a la exoneración
pretendida por el concejal electo.

Adolece el proceso, en tal sentido, de elementos de prueba que
demuestren una retaliación contra el accionado por pertenecer a
‘movimientos políticos de extrema derecha’, que avalaron su
candidatura, -Centro Democrático y Creemos Colombia-, y la
polarización política que pudo llegar a padecer Concepción
(Santander), por sí misma, no lleva a atentados contra la integridad
física y la vida de los candidatos que no son bien recibidos en aquellos
municipios en los cuales la izquierda lidera el proceso administrativo
territorial, tal como se alega en la defensa.

No se demostró que el accionado hubiera sido víctima de coacción
por parte del anterior alcalde del municipio o sus seguidores, quien
solo presentó enlaces y capturas de pantalla de noticias sobre
demandas promovidas por otras personas contra el acto que declaró
la elección de dicho alcalde, junto con capturas de pantalla de
comentarios de personas que expresaban su enojo contra quienes
impulsaron dicha acción. Sin embargo, en ninguno de estos

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documentos se observa que se haya dirigido una amenaza directa
contra él, ni que se le haya señalado de manera explícita.

Con fundamento en el acervo probatorio y los hechos demostrados
dentro del proceso, esta Sala concluye que el accionado no logró
acreditar la existencia de una situación de fuerza mayor que le
hubiere impedido asumir la posesión del cargo de concejal, luego de
haber aceptado la curul que le correspondía en virtud del Estatuto de
la Oposición.

Ahora, si bien se encuentra probado que el municipio de Concepción
(Santander) ha sido históricamente escenario del conflicto armado
interno y que dicho contexto ha generado condiciones generales de
inseguridad, no se demostró que durante el período posterior a la
aceptación de la curul se hubiesen presentado amenazas concretas,
individualizadas y actuales que configuraran un temor fundado,
grave e irresistible, capaz de anular la libertad de decisión del
accionado o de justificar jurídicamente su inasistencia al acto de
posesión dentro de los tres días siguientes a la instalación de esa
corporación pública.

Los testimonios rendidos dan cuenta, en su mayoría, de percepciones
colectivas de riesgo e inseguridad en la zona, así como de la
presencia prolongada de actores armados ilegales en áreas rurales
del municipio, pero ninguno de ellos permite concluir, con el grado
de certeza exigido por el ordenamiento jurídico y la sana crítica
probatoria, que tales circunstancias hubiesen afectado directamente
la esfera volitiva del accionado o determinado de manera insuperable
su decisión de no asumir el cargo. Dichas manifestaciones, por su

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carácter general e indeterminado, carecen de la fuerza demostrativa
suficiente para sustentar una eximente de responsabilidad de la
naturaleza de la fuerza mayor.

Aunado a ello, el accionado no aportó elemento probatorio objetivo
alguno, como registros de comunicación, constancias de autoridad
policial o militar competente o informes de seguridad, que permitiera
corroborar la existencia real y concreta de las amenazas alegadas.
En consecuencia, no obra en el expediente prueba que permita
inferir, razonablemente, que el contexto de orden público invocado
haya incidido en su conducta de manera imprevisible, irresistible e
insuperable, conforme lo exige la doctrina y la jurisprudencia para la
configuración de la fuerza mayor como causal excluyente de
responsabilidad, luego del incumplimiento de un deber legal o
constitucional.

La Sala, por lo tanto, confirma la configuración del elemento objetivo
de la causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, en
cabeza del señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO,
esto es por no tomar posesión de ese empleo público dentro de los
tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del Concejo de
Concepción (Santander), para el período constitucional 2024-2027,
lo que conduce a evacuar el análisis del elemento subjetivo de su
conducta.

V.4.1.6.- De la excepción de inconstitucionalidad propuesta
por el accionado, en cuanto a la expresión “[...] y sin
posibilidad de retracto [...]”, contenida en el artículo segundo
de la Resolución núm. 2276 de 2019

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En cuanto a la solicitud de inaplicar por inconstitucional la expresión
“[...] y sin posibilidad de retracto [...]”, contenida en el artículo
segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, que fuere elevada por
el accionado, porque, a su juicio, el Consejo Nacional Electoral reguló
aspectos no previstos en la Ley Estatutaria 1909 y reglamentó un
derecho fundamental que está sujeto al principio de reserva de ley
estatutaria, la Sala pone de presente que, contrario a lo alegado, ese
acto fue expedido en ejercicio de las atribuciones constitucionales y
legales, en especial, las conferidas por el numeral 1, 3 y 4 del artículo
265 de la Constitución Política y los artículos 11 y 12 del Decreto Ley
2241 de 15 de julio de 198653, tal y como se evidencia en la parte
considerativa en la cual se indicó:

“[…] Que de acuerdo al mandato constitucional el Consejo Nacional
Electoral tiene como atribución velar por el desarrollo de los
procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

Que, por mandato del artículo 209 constitucional, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el artículo 265 constitucional dispone que el Consejo Nacional
Electoral, de oficio, o por solicitud, tiene la atribución de revisar
escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera
de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto
de que se garantice la certeza de los resultados […]”.

De lo anterior resulta posible colegir que la Constitución Política
previó un sistema de reglamentación especial en cabeza de ciertas
entidades como el Consejo Nacional Electoral para “[...] el cabal
ejercicio de la función electoral [...]” 54. En otras palabras, dicha

53 “[...] Por el cual se adopta el Código Electoral [...]”.
54 Corte Constitucional, sentencia C-307 de 30 de marzo de 2004, magistrados ponentes Rodrigo

Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa y Alfredo Beltrán Sierra.

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entidad tiene a su cargo la expedición de normas de naturaleza
operativa y administrativa para regular temas que son de su
competencia55.

Para la Sala, la citada resolución fue expedida de conformidad con la
facultad constitucional prevista en los artículos 265 y 266 de la
Constitución Política y, en esa medida, no se evidencia una
contradicción con los postulados de la Carta Política, puesto que el
mismo Estatuto Superior faculta a ciertos órganos del Estado, como
el Consejo Nacional Electoral, a expedir actos de contenido normativo
“[…] para el cabal ejercicio de la función electoral, siempre que tal
facultad se entienda circunscrita a la regulación de “... aspectos
técnicos y de mero detalle [...]”56.

Adicionalmente, la Sección Quinta de esta Corporación, sala
especializada en los asuntos electorales, mediante sentencia de 16
de diciembre de 2020, encontró ajustada a derecho dicha expresión
por lo que denegó la pretensión de nulidad incoada en su contra,
providencia que goza de cosa juzgada erga omnes frente a la causa
petendi juzgada y es de obligatorio cumplimiento para las
autoridades y los particulares. Allí se consideró que el Consejo
Nacional Electoral sí tiene competencia para “[…] regular el
desarrollo de procesos electorales, de normas de carácter operativo,
expedidas por el CNE, para garantizar el cumplimiento de derechos
y garantías de los diferentes partidos, movimientos y grupos de
ciudadanos que participan en la contienda electoral en igualdad de

55 Corte Constitucional, sentencia C-1081 de 21 de octubre de 2005, magistrado ponente Marco

Gerardo Monroy Cabra. También puede verse la sentencia C-102 de 24 de octubre de 2018,
magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
56 Cit., sentencia C-307 de 2004.

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condiciones, que en el caso particular ayudan a materializar el
ejercicio de la aceptación de las curules obtenidas por derecho propio
[...]”.

Sin perjuicio de mencionar que la herramienta de la excepción de
inconstitucionalidad ostenta un carácter subsidiario ante ese
pronunciamiento judicial de legalidad efectuado por la Sección
Quinta, toda vez que cede ante lo resuelto por la sentencia de 16 de
diciembre de 2020, lo cierto es que tal y como lo ha determinado
esta Sala en otras ocasiones57, no resulta procedente inaplicar, por
inconstitucional, la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”,
establecida en el artículo 2° de la Resolución núm. 2276 de 2019, en
tanto fue expedida con fundamento en las competencias
constitucionales y legales que tiene el Consejo Nacional Electoral
para regular temas de su ámbito funcional58, como lo es la
oportunidad para que el segundo candidato con mayor votación a un
cargo uninominal, acepte y acceda a una curul en la respectiva
corporación pública territorial, asignada con fines de oposición
política por orden de los artículos 112 Superior, 1º del Acto
Legislativo 2 de 2015 y 25 de la Ley Estatutaria 1909.

Al no prosperar la excepción de inconstitucionalidad de una expresión
empleada como fundamento para la estructuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la
Ley 617, se mantiene entonces su configuración objetiva en los
términos anteriormente expuestos.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de

marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
58 Cit. Sentencia C-1081 de 2005.

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V.4.2.- Examen del elemento subjetivo en la conducta
desplegada por el accionado

Para adelantar el análisis de culpabilidad del concejal electo
CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, se prohíjan los
criterios elaborados por la Sala en sentencia de 25 de mayo de
201759, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por el señor
MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus garantías al
Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse si en aquélla estuvo
presente o no el elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte Constitucional
en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública60, que comporta un
juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la
dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos
colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de
un congresista de su cargo de elección popular, sino también la
imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma
naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura61: el incumplimiento de los deberes
inherentes a su cargo, la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades62; la indebida destinación de dineros públicos63; el
conflicto de intereses64 y el tráfico de influencias debidamente
comprobado65.

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicación
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
60 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
61 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
62 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,

181 y 183 de la Constitución Política.
63 Art. 183 de la Constitución Política.
64 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
65 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida
de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de
legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis
de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida
de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que
implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo
un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten
en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una
conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad),
contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el
juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se
configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien
ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló
y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la
responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación
de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento fundamental de la
democracia representativa. En efecto, cuando el candidato se presenta
ante el electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal declaración no
es cierta, el elegido viola ese pacto político, evento en el que
procede la pérdida de la investidura, cuya finalidad es preservar la
legitimidad de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura impuesta
por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora accionantes generó un
defecto sustantivo en la sentencia porque omitió la aplicación de una norma
claramente aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el proceso

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sancionador de pérdida de investidura exige la aplicación del
principio de culpabilidad, pese a lo cual ese elemento no fue
valorado en los procesos y, por el contrario, se impuso la
responsabilidad objetiva en este asunto. Son cuatro las premisas que
apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 Superior, por
regla general, los procesos sancionadores proscriben la
responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos casos propios del
derecho administrativo sancionador en los que aún se ha admitido la
responsabilidad únicamente por el resultado, en los procesos que tienen por
objeto reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o
restringida, la valoración de la culpa es determinante e ineludible, pues no
hay pena ni sanción sin culpa. En consecuencia, si el proceso de pérdida
de investidura impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para aspirar
a cargos de elección popular, es lógico entender que las garantías
del debido proceso sancionador también deben ser aplicadas al
proceso de pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una
norma aplicable, de inevitable observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos procesos
distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de investidura), exige reglas
de coherencia y certeza en el derecho que otorgue un sentido útil a la
autonomía de los procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los procesos electoral
y de pérdida de investidura, consistiría en valorar el tipo de
reproche a efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia
puede medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la producción
del resultado. Dicho en otras palabras, mientras el juicio electoral
evalúa la adecuación de la causal de inhabilidad en forma objetiva
(estaba o no estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en
forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía o debía
saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción de pérdida
de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia de culpa en la
configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por la conducta
asumida por los demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la convicción de que
no se encontraban inhabilitados para su ejercicio. Las sentencias
reprochadas soslayaron el hecho de que los accionantes no solo
fueron diligentes en la averiguación del estado actual de la

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jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal en debate,
sino también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de pérdida de
investidura deben aplicarse los principios del derecho sancionatorio, dado
que la sanción impone la restricción perpetua de los derechos políticos, era
obligatorio dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En ese
sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que dispone el principio
de presunción de inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es
necesario verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad,
razón por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se desarrolla en
el ámbito de la responsabilidad subjetiva […]”66 (Negrillas y subrayas
por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de estos claros
parámetros, la observancia del derecho fundamental al debido proceso del
demandado, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por
analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales que se
protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de pérdida de
investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo de
protección es la dignidad que implica el mandato otorgado en
ejercicio de la democracia; y el segundo, pondera la regularidad del
proceso democrático y los derechos de los elegidos y los electores, es decir,
busca preservar la validez del voto popular […]”.67

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta desplegada por
el demandado -la celebración de un contrato público-, en aras de establecer
si él sabía o debía saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser
elegido Concejal del Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae
a demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar
de que conocía o debía conocer esa actuación vetada para los ciudadanos
que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la
intervención en la celebración de contratos con entidades públicas dentro del
año anterior a su elección.

66 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella

Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicación nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).
67 Idem.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de 6 de
agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila Roldán), señaló
que como quiera que en los procesos de pérdida investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado varios
de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso de pérdida de
investidura como un proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen
ciertos elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados por la
doctrina constitucional debido a la escasa regulación que la propia
Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual, adicionalmente, debe
ser observado con estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como
explicó la sentencia C-237 de 201268 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que
hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones constitucionales
tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer el grado
de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se trata de un proceso
que juzga el incumplimiento de obligaciones disciplinarias sobre la conducta
del representante popular.69 En efecto, en el proceso de pérdida de
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, pues como ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata
de un sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida
de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del sistema
de responsabilidad de la pérdida de investidura se deriva de su
carácter excepcional dentro de “ius puniendi estatal”70, carácter
cuya excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que se

68 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente Humberto

Antonio Sierra Porto.
69 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de 2010, número único de
radicación PI 11001-03-15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
70 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto).

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requiere el mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la
sanción más severa a los derechos políticos. En síntesis, tratándose del
proceso de pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una sanción
rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma,
los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la
ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente
que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización
de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su
conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de
su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está
ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe
dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA ANGULO conocía o
debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a
determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este
caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho
conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la
misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar
demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de
la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio
de Arauca (Arauca), le era menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

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“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o
descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar
los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación
general para quien pretende acceder a la función pública, incluso
en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento
de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo
solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la
referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró
con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si,
por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de
culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley
136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los
que debe contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es,
ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo
municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de
tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos
negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y

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ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado,
haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de
contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis
previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal
Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario
transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por
demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución
que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los
mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las
condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las
leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la
Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de
prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada
como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que
implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la
Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es
la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una
igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta este principio, se
rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples
estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados
privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a
establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad
constitucional y generador del caos jurídico”71 […]72” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Como se puede advertir de lo consignado en la precitada sentencia,
la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige
el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de

71 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
72 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar73.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201974, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y
la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

mayo de 2019, número único de radicación 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
74 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.

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que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por
los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa
grave-.

V.4.2.1.- Dicho lo anterior, debe señalarse que el comportamiento
del señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO sí estuvo
precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, en la
medida en que optó, conscientemente, por no posesionarse en el
empleo público de concejal de Concepción (Santander), período
2024-2027, a pesar de haber aceptado la curul que las conquistas
constitucionales del sistema de oposición política le habían asignado,
-artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25
de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de
2019-, y aun así confió en evitar las consecuencias jurídicas de su
acto omisivo con razones que no la exculpan ni justifican.

En efecto, el accionado definitivamente estaba en condiciones
cognitivas de comprender el hecho o la circunstancia configurativa
de esa causal y es reprochable que no haya tomado posesión del
cargo, con lo cual afectó el principio de representación democrática
y los derechos de la oposición política, máxime cuando sabía que era
factible, desde el mismo instante de su inscripción, que no fuese
elegido alcalde pero sí concejal, de conformidad con los artículos 112
Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley
Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019; y
que, de aceptar esa designación al escaño corporativo, ya no podría
retractarse, pues el único camino que le quedaba era la posesión

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oportuna en los términos de ley, salvo un evento constitutivo de
fuerza mayor.

La sustantividad que rodeaba al accionado le permitía tener las reglas
del juego electoral a su disponibilidad y con la suficiente claridad, así
como los diferentes escenarios que podían desatarse y sus
respectivas repercusiones, lo que deja ver que no había lugar a duda
alguna ni situación jurídica ambigua con la potencialidad de producir
el entendimiento errático con el que ahora intenta justificar su
conducta omisiva, después de escoger el camino incorrecto y por
fuera del ordenamiento jurídico.

V.4.2.2.- Del miedo insuperable como eximente de
responsabilidad en el proceso de pérdida de investidura

Indicó el accionado que no hay ninguna prueba que permita inferir
que su actuar fue a título de culpa grave, sino que, por el contrario,
su desistimiento a posesionarse se presentó de buena fe, atendiendo
a las reglas de la ‘coherencia lógica’ que tendría cualquier ciudadano
amenazado para que renunciara de una forma coaccionada a la curul
entregada por el Estatuto de la Oposición Política y que la falta de
posesión fue por la fuerza irresistible desplegada contra él.

En cuanto al temor o miedo insuperable que se alega en la defensa,
a modo de aproximación normativa y conceptual, se tiene que el
artículo 32, numeral 9, de la Ley 599 de 24 de julio de 200075 prevé
que no hay lugar a responsabilidad penal cuando “[…] se obre
impulsado por miedo insuperable […]”, lo que constituye una causal

75 “[…] Por la cual se expide el Código Penal […]”.

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de justificación de la conducta, en la medida en que el sujeto no actúa
libremente sino constreñido por un temor que sobrepasa su
capacidad normal de resistencia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró al respecto
que:

“[…] 2.1. El contenido de la culpabilidad.

Como quedará dicho con más detalle, la culpabilidad, en tanto
categoría integrante del delito, comprende «un reproche… contra
quien, teniendo a mano la alternativa de lo jurídico-socialmente
adecuado, opta libremente por lo que no lo es»76. Es, pues, la
censura ético-jurídica que explica la respuesta penal a un injusto
típico, en tanto significa que su realización fue una decisión libre de
quien podía haber asumido un comportamiento lícito.

No actúa con culpabilidad quien realiza el injusto, no como
consecuencia de una decisión autónoma adoptada en
ejercicio de su albedrío, sino por razón de una fuerza externa
que trunca su capacidad de decisión (la coacción ajena, el
miedo insuperable o el estado de necesidad exculpante), ora
porque creyó equivocadamente que su conducta era lícita,
en cuyo caso su proceder, aunque libre y voluntario, no
conlleva una elección por lo que se sabe contrario a derecho.

Esas circunstancias (la coacción ajena, el miedo insuperable
y el error no vencible de prohibición), en tanto suponen
la anulación del albedrío – entendido como la elección
consciente y voluntaria de lo ilícito y la desestimación de lo
lícito - truncan de manera definitiva el reproche sobre el
autor e impiden, por consecuencia, la materialización del
delito. Suponen que quien ha realizado un injusto en tales
condiciones no puede ser penado porque – se reitera – su
conducta no ha sido el producto de la decisión autónoma de
actuar contra el orden jurídico, sino de una influencia
externa que ha determinado su proceder o de una
equivocación que no podía razonablemente corregir […]”77
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

76 CSJ SP, 9 sep. 20202, rad. 54497.
77 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 27 de julio de 2022, radicación

54044 (SP2649-2022), magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya.

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La Sala comprende que tal miedo, entonces, en el contexto propio de
la acción de pérdida de investidura, debe percibirse como un estado
psicológico intenso, que anula la autodeterminación del sujeto al
colocarlo en una situación de angustia tal que le impide elegir
libremente entre cumplir o no con lo preceptuado en una norma o
deber previsto en el ordenamiento jurídico, o, en sentido contrario,
abstenerse de llevar a cabo una conducta prohibida por este.

Dicho esto, la Sala no evidencia una circunstancia que impida exigirle
al accionado un comportamiento distinto al que realizó, esto es
posesionarse dentro de la oportunidad legal en el cargo de concejal
municipal, período constitucional 2024-2027, por no constatarse la
presencia de un temor intenso, real y grave que afectara su libertad
de autodeterminación en el municipio de Concepción (Santander),
durante diciembre de 2023, ente territorial del cual, además, ya
había aspirado a ser alcalde en el período anterior, 2020-2023, y
fungido como secretario de Despacho.

Se itera que, en el caso concreto, y sin desconocer los inconvenientes
de seguridad en el municipio de Concepción (Santander), debido a la
presencia de miembros del GAO ELN, sobre todo en el área rural y
en límites de la jurisdicción de la provincia de García Rovira, de la
cual forma parte, el señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ
ZAMBRANO no allegó elementos de prueba que permitieran
evidenciar las presuntas amenazas e intimidaciones que le impidieron
tomar posesión como concejal dentro de los tres días siguientes a la
instalación de ese Concejo, para ser examinadas en sede judicial, así
como tampoco hay evidencia del agotamiento de los diferentes

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recursos de protección que ofrece el Estado a sus ciudadanos, en
especial a los candidatos, o como en este caso al concejal electo.

Los informes presentados por el Comando de la Estación de Policía
de Concepción (Santander), la Seccional de Investigación Criminal
del Departamento de Policía de Santander, el Comando del Distrito
Uno de Policía de San Gil (Santander) y el Comando del Batallón de
Artillería núm. 5 ‘CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN’ del EJÉRCITO
NACIONAL, vistos en conjunto, acreditaron que aunque en 2023 y
2025 se registró presencia del GAO ELN, particularmente de los
frentes “Efraín Pabón Pabón” y “José Adonay Ardila Pinilla” en el
corredor vial entre Arauca, Boyacá y Norte de Santander, no se
produjeron hechos de violencia en el municipio de Concepción
(Santander).

Las autoridades describieron el área como una ‘retaguardia
estratégica del ELN’, utilizada para movilidad y cobros extorsivos a
contratistas de obras en Río Colorado, vereda Carabobo, y
posteriormente a comerciantes mediante panfletos. Sin embargo,
que una vez revisaron las actas de los comités electorales (agosto a
octubre 2023) y de los consejos de seguridad (2023–2025), pudieron
confirmar que no hubo atentados ni alteraciones del orden público
durante las elecciones del 29 de octubre de 2023.

La POLICÍA NACIONAL realizó 64 traslados operativos y, junto con
el EJÉRCITO NACIONAL, mantuvieron presencia permanente de
unidades en la provincia de García Rovira, en el marco de la
operación ‘Estabilidad’, garantizando condiciones de seguridad, de lo
cual la Sala concluyó que aunque existió presencia armada en zonas

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rurales, no se presentaron amenazas ni riesgos que comprometieran
el proceso electoral ni, por lo mismo, la posesión y ejercicio del cargo
de concejal del accionado.

Del señor RAMÓN GONZÁLEZ SIERRA, exmiembro de la Policía
Nacional, por una parte, se tiene que declaró haber prestado
servicios de acompañamiento y asesoría en seguridad al entonces
candidato CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO durante
aproximadamente dos meses, uno previo y otro posterior a las
elecciones municipales; describió a Concepción (Santander) como un
municipio de alto riesgo, con presencia constante de grupos
armados, especialmente del GAO ELN, en zonas rurales como la
vereda Mojicones, e indicó que, en ese contexto, el candidato le
manifestó haber recibido llamadas sospechosas, razón por la cual el
testigo le recomendó evitar responder números desconocidos y no
desplazarse solo, sobre todo hacia áreas rurales o en horas
nocturnas.

No obstante, por otra parte, declaró que tras la derrota electoral cesó
su labor directa de acompañamiento al accionado, a quien sugirió
precauciones básicas de autoprotección, sin haber promovido la
interposición de denuncias ante autoridades por posibles amenazas,
limitándose a informar de manera preventiva al comandante de la
Policía local. Y que, posteriormente, cuando el accionado decidió
aceptar la curul de oposición, no tuvo diálogo ni intervención alguna
sobre esa decisión, ni conocimiento de nuevas amenazas o riesgos
derivados de su rol como concejal, esto es que su relación profesional
con aquel fue temporal y basada en apoyo preventivo, sin constancia

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personal de hechos amenazantes concretos después de surtido el
proceso electoral.

El expersonero de Concepción (Santander), desde 1o. de marzo de
2016 hasta el último día de febrero de 2024, señor JUAN
SEBASTIÁN PEÑA CORTÉS, adujo conocer al accionado por haber
sido secretario de Gobierno de la alcaldesa RUTH VIANEY ANAYA
MÉNDEZ durante ‘dos o tres años’, y por su aspiración a la Alcaldía
en las contiendas de 2019 y 2023; y sostuvo que integró el Consejo
de Seguridad y el Comité de Seguimiento y Control de Asuntos
Electorales, instancias en las que se trataron logística, seguridad de
puestos de votación, publicidad y eventos públicos, con participación
de la POLICÍA NACIONAL y el EJÉRCITO NACIONAL y, en las
elecciones territoriales, de representantes de campañas.

Manifestó que en 2023 no supo ni fue enterado de amenazas
formales ni por escrito contra candidatos, -incluido el accionado,
señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO-; que no se
emitieron alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; que su
Despacho tampoco recibió quejas o denuncias posteriores a la
jornada de 29 de octubre de 2023; y dejó constancia de normalidad
en el ‘Oficio 202-2023 de 31 de octubre de 2023’ remitido a la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga (Santander), tras
acompañar la votación y los escrutinios, cuyo cierre se dilató por el
término legal para que el segundo candidato decidiera aceptar la
curul del Estatuto de la Oposición.

Con relación a las situaciones no denunciadas, si bien comentó que
existe una brecha importante entre hechos de amenazas y extorsión

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y sus denuncias formales, ya que, en su criterio, la gente teme
represalias y prefiere no denunciar, para la Sala lo cierto es que tal
circunstancia, como ya fue explicado, no prueba que la justificación
para que el accionado no se posesionara en su cargo de concejal,
hubiese sido la decisión de no denunciar una amenaza de la que,
como ya se indicó, no existe prueba alguna en el expediente.

El economista, exregistrador municipal de Concepción (Santander),
desde junio hasta noviembre de 2023, señor CARLOS ALBERTO
MARTÍNEZ CARDONA, mencionó que en uno de los comités de
Seguimiento Electoral, concretamente aquel en que se sorteaban las
posiciones de los tarjetones, el entonces candidato CHRISTIAN
ISMAEL VÁZQUEZ ZAMBRANO manifestó tener amenazas en su
contra, hecho que quedó consignado en el acta respectiva,
custodiada por la Registraduría de Concepción (Santander).

Aunque el testigo no recordó el número ni la fecha exacta del acta,
afirmó que el asunto se debatió antes de las elecciones de 29 de
octubre de 2023, particularidad que, por sí sola, impide constituirse
en excusa válida para justificar la referida omisión de posesión,
habida cuenta que no está acompañada de las evidencias
documentales que así lo constaten y, aun en ese caso, comprende la
etapa prelectoral, propia de la campaña a la Alcaldía de Concepción
(Santander) y previa a las elecciones de 29 de octubre de 2023, lo
que resulta opuesto a la renuncia a la curul de concejal en diciembre
de 2023 y a la ausencia de posesión en el mes de enero de 2024,
durante los tres días después de la instalación del Concejo de
Concepción (Santander), período 2024-2027.

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Este testigo anotó, además, que en esa misma época se conocieron
rumores sobre presencia guerrillera en el corregimiento de Carabobo,
lo cual fue informado en los comités y motivó la intervención de la
Quinta Brigada del EJÉRCITO NACIONAL con sede en
Bucaramanga (Santander), que envió un contingente de apoyo al
puesto de votación de Solón Wilches; y que la POLICÍA NACIONAL,
desde septiembre de 2023, reforzó el pie de fuerza en el municipio
para brindar seguridad a todos los candidatos y garantizar el
desarrollo del proceso electoral y, a través de su Estación de Policía
de Concepción (Santander), asumió el compromiso de vigilar la
seguridad de los candidatos.

El testigo refirió haber asistido a nueve o diez comités de seguimiento
electoral entre junio y octubre de 2023 y precisó que no hubo
necesidad de trasladar ni cerrar ninguno de los seis puestos de
votación del municipio, -ubicados en Junín, El Roble, Tenerife, Bárbula,
Ayacucho, Carabobo, Solón Wilches y la cabecera municipal-, pues todos
funcionaron con normalidad.

Finalmente, ante la solicitud de la Procuradora XIRYS MARÍA MORA
ALVARADO para requerir formalmente las actas a la Registraduría
Municipal de Concepción (Santander), la magistrada sustanciadora
dejó constancia de que dicha prueba no podía decretarse en esa
etapa procesal, aunque el Tribual podría evaluar su incorporación
mediante auto para mejor proveer, conforme al régimen de términos
perentorios aplicable al proceso de pérdida de investidura.

En todo caso, la Sala pone de presente que estas actas del comité de
seguridad 2024-2025, de Seguimiento Electoral y de Seguridad y

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Convivencia 2022-2023, fueron examinadas por la POLICÍA
NACIONAL quien, mediante Oficio GS-2025-138111-
DESAN/DISPO4–20.1 de 27 de junio de 2025, suscrito por el
comandante (E) de la Estación de Policía de Concepción (Santander),
certificó que: “[…] En torno a las elecciones que se presentaron el
día 23 de octubre de 2023, una vez revisadas las actas de los
diferentes comités electorales, para los meses de agosto, septiembre
y octubre, no se evidencia que se hubiesen presentado, hechos
violentos contra la población civil desplegados por grupos al margen
de la ley […]”.

De modo que, con fundamento en lo anterior, no se advierte un
dilema de tal magnitud que hubiera forzado al accionado a elegir
entre posesionarse en el cargo o garantizar su vida y la de su familia,
tal como él lo afirmó. Las pruebas examinadas permitieron advertir
con claridad que, al margen de los inconvenientes de orden público
que históricamente han sucedido en Concepción (Santander), con la
presencia del GAO ELN en su periferia, en límites de la provincia de
García Rovira, no hubo amenazas ni intimidaciones directas al
accionado, menos aún de comprobada y justificada trascendencia
que, doblegando su voluntad y sometiéndolo a un miedo insuperable,
lo hubieran obligado a renunciar a su curul en diciembre de 2023,
logrando así entorpecer su deber constitucional y legal.

Ciertamente, permanece sin demostración alguna que la integridad
del señor CHRISTIAN ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO se hubiera
sometido a un riesgo excepcional, con ocasión de amenazas y
coacciones luego de haber sido derrotado en las elecciones para
alcalde de Concepción (Santander), período constitucional 2024-

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2027-, y aceptado la curul en el Concejo municipal que le otorgó el
Estatuto de Oposición Política, lo que tampoco permite deducir una
circunstancia de coacción insuperable y exonerativa de la culpa grave
con la que desplegó su comportamiento omisivo.

Sin perjuicio de ello, no dejará de mencionarse que lo que sí
coinciden en el asunto bajo examen son las fechas en que el
accionado renunció a posesionarse en el Concejo de Concepción
(Santander), -diciembre de 2023-, y en la que se presentaron las
demandas de nulidad electoral contra el alcalde de Concepción
(Santander), período constitucional 2024-2027, así: demanda
radicada el 23 de noviembre de 2023 por la señora LOREIN
ELIZABETH OSSES MÉNDEZ (68001233300020230077404);
demanda radicada el 28 de noviembre de 2023 por el señor
ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS (68001233300020230078900);
y demanda radicada el 15 de diciembre de 2023 por el señor
GIOVANNY HUMBERTO DURÁN ROMERO
(68001233300020230086400), proceso acumulado decidido, en
segunda instancia, con la sentencia de 12 de junio de 202578,
mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección del señor
EDUAR ABRIL BORRERO como alcalde de Concepción (Santander),
período constitucional 2024-2027, luego de configurarse la causal de
doble militancia en la modalidad de apoyo.

V.4.2.3.- De la buena fe calificada

78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de

junio de 2025, número único de radicación 68001-23-33-000-2023-00774-04 (acumulado con
68001-23-33-000-2023-00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00), consejera ponente Gloria
María Gómez Montoya.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00279 01
Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Además de lo explicado con anterioridad, tampoco se observa que la
conducta del accionado esté justificada en la buena fe calificada, por
las razones que la jurisprudencia de la Sala ha reiterado. Aunque, al
tenor del artículo 9º del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve
para excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los
cuales sí se configura una razón que puede justificar la conducta
prohibida porque implican que el accionado actúa con buena fe
calificada y en presencia de un error invencible, verbigracia: (i)
cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y
luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de
confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente para evitar esa
ignorancia, la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le
aconseja mal, ello siempre y cuando no haya claridad en relación con
el punto que se discute para la configuración de la causal de pérdida
de investidura, dado que si ésta es clara no suple la falta de diligencia
el hecho de solicitar un concepto79.

En ese sentido, los argumentos expuestos por el accionado no logran
desvirtuar la configuración del elemento subjetivo porque su
conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación, -la cual no era contradictoria ni estuvo sometida a
rectificaciones en la materia-, ni demostró que hubiese solicitado
conceptos o asesorías y que éstos fuesen idóneos, máxime cuando
había claridad en torno al deber de posesión oportuna, lo que implica
que su actuar no estuvo cobijado en la buena fe calificada
proveniente de un error invencible.

79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

La Sala, precisamente, ha ahondado así:

“[...] Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la
buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de
elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le
impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se
trata de verificar que no se incurra en conductas que tienen
como consecuencia la nulidad de la elección, o la pérdida de
investidura, de manera que los argumentos referidos a que el
Estado no capacita a los aspirantes a cargos de elección popular y
que la concejal acusada es una persona del común a la que se le
dificulta entender la jurisprudencia de las altas cortes no son de
recibo y, por el contrario, demuestran la falta de diligencia en la
búsqueda de asesorías idóneas, ante el desconocimiento que alega
[...]”80 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, -no
posesión dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación del
Concejo de Concepción (Santander), período constitucional 2020-
2023-, fue desplegada por el concejal CHRISTIAN ISMAEL
VÁSQUEZ ZAMBRANO debiendo saber que le era prohibido hacerlo
y aun así optó por omitir su deber luego de haber aceptado una curul
asignada por motivos de oposición política.

Lo anterior pone de manifiesto que el accionado actuó de forma
gravemente culposa, por negligente e imprudente, muy a pesar de
que tuvo la capacidad cognitiva de reconocer que esa actuación le
estaba restringida tan pronto se declaró concejal electo del municipio
de Concepción (Santander), período constitucional 2024-2027. Los
artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25 de
la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de

80 Idem.

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

2019, le imponían al concejal electo la obligación de posesionarse, lo
cual no ocurrió en el caso concreto.

Para la Sala, por lo tanto, las explicaciones del accionado no lo
exoneran de haber incurrido en una conducta constitutiva de
negligencia grave, ni representan un hecho de fuerza mayor o
revestido de buena fe cualificada, en tanto que sus excusas no se
erigieron en un impedimento insuperable que dieran al traste con su
obligación constitucional, legal y reglamentaria de posesionarse en
el empleo público de concejal de Concepción (Santander), período
constitucional 2024-2027-.

V.4.3.- A partir de las razones expuestas y encontrándose
demostrados los aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista
en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, endilgada al accionado,
la Sala procederá a confirmar la sentencia de 6 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante el
cual se decretó la pérdida de investidura del señor CHRISTIAN
ISMAEL VÁSQUEZ ZAMBRANO, quien fue declarado concejal
electo del municipio de Concepción (Santander), para el período
constitucional 2024-2027, en representación de la coalición Unidos
Avanzamos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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Solicitante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 7 de noviembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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