Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07235-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07235-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07235-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
6 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07235-00
Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: MORA JUDICIAL. Proceso de nulidad electoral. – Declara improcedencia.
Carencia actual de objeto. IMPOSICIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS,
IMPEDIR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS A ALCALDE Y TRAMITAR REMISIÓN
DE COPIAS POR PARTE DE AUTORIDADES DISCIPLINARIAS – Niega amparo.
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 18 de noviembre de 2025, el señor Anderson Javier Rojas Barajas promovió
acción de tutela contra las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado y la
Subsección B de la Sección Segunda de la misma Corporación, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Santander, la Procuraduría General de la Nación,
las Procuradurías Tercera y Séptima Delegadas ante el Consejo de Estado, la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Procuraduría Regional de Santander, la
Personería Municipal de Concepción y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso
a la administración de justicia.
1 Sección Primera y Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Tercera y Séptima Delegadas
ante el Consejo de Estado, Procuraduría Provincial de Bucaramanga, Procuraduría Regional de Santander,
Personería Municipal de Concepción y Fiscalía General de la Nación.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07235-00
Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
2.
Estima que tales prerrogativas fueron transgredidas por las autoridades
accionadas por sus omisiones, en el marco del proceso de nulidad electoral 3 que
promovieron Anderson Javier Rojas Barajas, Giovanny Humberto Durán Romero y
Lorein Elizabeth Osses Méndez, con el objeto de anular el acto de elección del señor
Eduard Abril Borrero, como alcalde de Concepción para el período 2024-2027. En
dicho trámite judicial la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia
de segunda instancia del 12 de junio de 2025, confirmó el fallo del Tribunal
Administrativo de Santander4, que accedió a las pretensiones.
3.
El accionante pidió que se ordenara (i) a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado resolver la solicitud de aclaración presentada dentro del
referido proceso de nulidad electoral, respecto al auto de 7 de noviembre de 2025,
que rechazó una recusación; (ii) a la Sección Quinta de la Corporación aclarar la
sentencia de 12 de junio de 2025, emitida en segunda instancia, en el sentido de
precisar que los efectos de la declaratoria de nulidad son ex nunc, es decir, hacia el
futuro, y propender por la ejecutoria de aquella providencia; (iii) a todas las
autoridades judiciales accionadas imponer las sanciones a que haya lugar (multa y
arresto) al demandado en el proceso ordinario, a su apoderado y a la señora Diana
Ine Pérez5 por las dilaciones temerarias en ese trámite; (iv) a la Procuraduría General
de la Nación, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Procuraduría Regional
de Santander y la Personería de Concepción expedir acto administrativo para que el
alcalde de ese municipio se abstenga de celebrar contratos públicos; y (v) a las
aludidas Procuradurías iniciar de manera inmediata las acciones disciplinarias a que
hubiere lugar, por la remisión de copias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
4.
La parte actora informó que en el mencionado proceso de nulidad electoral el allí
demandado (Eduar Abril Borrero) presentó una solicitud de aclaración de la
sentencia de 12 de junio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Sin embargo, aquel, unos días antes de dicha petición, formuló recusación
contra dicha Sección, cuyo trámite le correspondió a la Sección Primera de la misma
Corporación, la cual la resolvió (auto de 24 de julio de 2025). No obstante, el
demandado interpuso recursos, que fueron rechazados (auto de 2 de octubre de
2025) y, a su vez, se dispuso la remisión de copias por esas acciones temerarias
ante la Procuraduría General de la Nación.
5.
Adicionalmente, la señora Diana Ine Pérez interpuso recusación contra las
Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado6, la cual se remitió a la Sección
3 Radicado 68001-23-33-000-2023-00774-04 (demandante: Giovanny Humberto Durán Romero), al que se
acumularon los expedientes 68001-23-33-000-2023-00789-00 (demandante: Anderson Javier Rojas Barajas) y
68001-23-33-000-2023-00864-00 (demandante: Lorein Elizabeth Osses Méndez), mediante auto de 29 de
febrero de 2024.
4 Sentencia del 29 de enero de 2025.
5 Reconocida como coadyuvante de la parte demandante en el proceso 68001-23-33-000-2023-00864-00, que
se acumuló al 68001-23-33-000-2023-00774-04.
6 Indicó que los magistrados que integran las referidas Secciones podían estar incursos en la causal de
recusación dispuesta en el numeral 8 del artículo 141 (sic) del CGP, en tanto remitieron copias a la Procuraduría
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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
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Segunda. Esta última -a través de auto del 7 de noviembre de 2025- la rechazó por
improcedente, declaró la ejecutoria de los autos del 24 de julio y del 2 de octubre de
2025, y ordenó la devolución del expediente a la Sección Quinta. Determinación
frente a la cual el demandado (Eduar Abril Borrero) pidió aclaración, razón por la que
ingresó el expediente nuevamente al despacho.
6.
El accionante advirtió que, a pesar de que ha solicitado ante las autoridades
judiciales las respectivas sanciones por las referidas acciones dilatorias, no las han
impuesto, lo que ha permitido que el fallo de segunda instancia no haya quedado
ejecutoriado. De igual modo, la remisión de copias a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y a la Procuraduría General de la Nación no les genera temor
alguno a los peticionarios, tanto así que han celebrado contratos por grandes sumas
de dinero; lo que denota la pasividad de los entes de control.
7.
Tampoco se evidencia actuación alguna por parte de la Fiscalía General de la
Nación, pese a la denuncia formulada con ocasión de las aludidas actuaciones
irregulares del demandado, su apoderado y la señora Diana Ine Pérez.
8.
Indicó que no es de recibo que en los casos de nulidad electoral de los alcaldes
de Bucaramanga y Girón las respectivas decisiones judiciales hayan quedado
ejecutoriadas dos meses después de emitidas y las autoridades que las profirieron
adoptaron acciones tendientes a su cumplimiento, mientras que en este asunto han
pasado más de cinco meses y la sentencia aún no queda ejecutoriada.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
9.
Mediante auto de 24 de noviembre de 20257, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades demandadas, se vinculó a los señores Giovanny
Humberto Durán Romero, Lorein Elizabeth Osses Méndez, Eduar Abril Borrero,
Diana Ine Pérez y Gustavo Andrés Benítez Luna, así como a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, en condición de terceros
con interés, y se negó la solicitud probatoria del tutelante. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.
(i) Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander
10.
Informó que conoció del proceso disciplinario 2025-00041 adelantado contra el
abogado Carlos Leonardo Hernández, en virtud de la remisión de copias ordenada
por el Tribunal Administrativo de Santander, con ocasión de la presunta actuación
dilatoria del profesional del derecho al interior del proceso de nulidad electoral 2023-
General de Nación, a efectos de que determinara si el demandado Eduar Abril Borrero, como servidor público,
pudo incurrir en alguna falta disciplinaria al obstaculizar la ejecutoria del auto proferido el 24 de julio de 2025. A
juicio de la señora Diana Ine Pérez, lo anterior “equivale a la presentación de queja disciplinaria contra una de
las partes”.
7 Notificado el 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2025.
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00774. Asunto que el 2 de septiembre de 2025 terminó de manera anticipada, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007. Decisión que a la fecha se
encuentra ejecutoriada, al no haberse interpuesto recursos en su contra.
11.
En esa medida, no se evidencia algún tipo de vulneración a los derechos
fundamentales del actor. En el asunto del que conoció no tuvo la calidad de sujeto
procesal y, en todo caso, esa Comisión es ajena a las resultas del proceso de nulidad
electoral en el que el tutelante actuó como demandante.
(ii) Consejo Nacional Electoral
12.
Indicó que no se presenta el quebranto constitucional alegado. Además, existe
una falta de legitimación en la causa por pasiva. No tiene competencia para atender
las pretensiones del actor y los hechos que fundamentan la tutela no guardan
relación con la motivación de su vinculación. Por tal razón, pide que sea desvinculado
de las presentes diligencias.
(iii) Procuraduría Provincial de Bucaramanga
13.
Adujo que no reposaba información sobre la actuación disciplinaria relacionada
con el expediente 68001-23-33-000-3023-00774-04 y que intervino como Ministerio
Público en ese proceso, al que la Procuradora 160 Judicial II para Asuntos
Administrativos Bucaramanga arrimó el respectivo concepto el 15 de enero de 2025.
Posteriormente, en segunda instancia, el 27 de mayo de 2025 la Procuradora
Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática – Procuradora
Séptima ante el Consejo de Estado allegó el correspondiente concepto. Ello
demuestra que ha ejercido sus funciones dentro del marco constitucional, fungiendo
el rol de Ministerio Público en el referido proceso de nulidad electoral.
14.
Ahora bien, el tutelante aduce que no ha desplegado las acciones misionales
preventivas y disciplinarias. Esa afirmación no se ajusta a la realidad, pues no puede
emitir determinaciones alejadas del ordenamiento jurídico, como aquel pretende, al
pedir que se le impida al señor Eduar Abril Borrero, en su calidad de alcalde de
Concepción, ejecutar las funciones propias de su cargo, pese a que no se encuentra
ejecutoriada la sentencia ordinaria de segunda instancia.
15.
Por otra parte, no es procedente que se emplee la acción de tutela para que se
evalúe la posible conducta contraria al ordenamiento disciplinario por parte del
aludido alcalde. Tal propósito se debe perseguir ante la entidad, con el fin de activar
la función misional disciplinaria y/o preventiva, lo cual puede hacer directamente en
las instalaciones de la entidad o a través de los mecanismos digitales.
16.
En esa medida, solicitó se le desvincule de este trámite constitucional, por ende,
se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.
(iv) Registraduría Nacional del Estado Civil
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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
17.
Sostuvo que carece de competencia para atender lo requerido por el accionante,
por cuanto la providencia que motiva la presente acción de amparo fue proferida por
un despacho judicial, el cual resolvió el asunto, en el marco de su autonomía e
independencia judicial, más allá de que su posición sea compartida o no. Por ello,
solicita su desvinculación.
(v) Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
18.
Señaló que dictó auto el 7 de noviembre de 2025, mediante el cual rechazó de
plano la recusación propuesta por la señora Diana Ine Pérez Herrera contra los
magistrados de las Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado, se declararon
ejecutoriados los autos de 24 de julio8 y 2 de octubre9 de esa anualidad, se ordenó
la remisión del expediente a la Sección Quinta para continuar el respectivo trámite y
se previno a la recusante sobre los deberes consagrados en el artículo 78 del Código
General del Proceso (CGP). Sin embargo, frente a esa providencia el allí demandado
solicitó aclaración, la cual se negó el 14 de noviembre de 2025, se dispuso la
remisión inmediata del expediente y se le previno al allí demandado en los mismos
términos que a la recusante.
19.
Del anterior recuento se evidencia que ha actuado con la mayor agilidad posible
en la sustanciación de los autos del 7 y 14 de noviembre de 2025 e incluso se ha
prevenido a las partes sobre los deberes del artículo 78 del CGP. Por ende, no se
observa configuración de mora judicial alguna. Por el contrario, ha observado los
deberes del juez contenidos en el artículo 42 del CGP, en especial, el consagrado
en el numeral 2.
20.
En ese sentido, no ha incurrido en conducta o actuación que haya impedido o
paralizado el debido trámite del proceso electoral, por el contrario, ha adoptado las
medidas que la ley permite para procurar el ágil desarrollo del asunto.
(vi) Sección Quinta del Consejo de Estado
21.
Afirmó que desde el 1º de julio de 2025 el expediente de nulidad electoral había
estado entre las Secciones Primera y Segunda del Consejo de Estado con ocasión
de las solicitudes presentadas por las partes y terceros. Sin embargo, este fue
devuelto a esa Sección el 27 de noviembre de 2025 para resolver la solicitud de
adición y aclaración de la sentencia, cuyo proyecto se encuentra registrado en el
orden del día en la Sala que tendría lugar el 4 de diciembre de esa anualidad.
8 A través del cual la Sección Primera rechazó la recusación formulada y conminó a las partes para que se
abstuvieran de presentar peticiones y solicitudes abiertamente improcedentes e impertinentes.
9 Con el que la Sección Primera rechazó por improcedente el recurso de reposición impetrado contra el proveído
de 24 de julio de 2025 y ordenó enviar copias de esos autos a la Procuraduría General de la Nación, con el fin
de que se determinara si el demandado, como servidor público, pudo incurrir en alguna falta disciplinaria.
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22.
En todo caso, indicó que en el mencionado asunto se han tramitado de manera
oportuna los recursos interpuestos, por lo que se debe negar el amparo
constitucional reclamado.
(vii) Sección Primera del Consejo de Estado
23.
Anotó que el expediente objeto de la tutela no se encuentra a cargo de esa
Sección desde el 31 de octubre de 2025, por lo que la vulneración que se le atribuye
es inexistente. Además, consultada la herramienta electrónica judicial Samai se
observa que aquel está en la Sección Quinta de la Corporación desde el 28 de
noviembre de esa anualidad.
(viii) Fiscalía General de la Nación
24.
Informó que, según el reporte en base de datos de esa entidad, en lo que se refiere
al demandado en el proceso ordinario, se hallaron 8 noticias criminales, en algunas
de ellas como denunciante o querellante y en otras como indiciado. No obstante, de
acuerdo con la solicitud de amparo, ese ente no es el llamado a materializar lo
pretendido por la parte actora en esta acción constitucional, por lo que carece de
legitimación en la causa por pasiva.
25.
En todo caso, aseveró que no se presenta mora judicial dentro del proceso
ordinario, máxime cuando no ha formulado petición alguna de impulso procesal en
dicho trámite.
(ix) Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado
26.
Solicitó su desvinculación de la acción de tutela, al no tener incidencia directa ni
indirecta en alguno de los hechos descritos por el tutelante, puesto que no tiene, en
principio, funciones de intervención en el proceso ordinario, así como tampoco posee
competencias de naturaleza disciplinaria, de conformidad con las remisiones de
copias efectuadas sobre algunos intervinientes procesales, con base en las
presuntas actuaciones y maniobras temerarias y dilatorias puestas de presente por
el tutelante, lo que configura su falta de legitimación en la causa por pasiva.
27.
Sin perjuicio de lo anterior, no se evidencia el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad. El tutelante ha contado con los mecanismos jurisdiccionales
ordinarios que le han permitido poner en conocimiento de las autoridades
competentes las presuntas maniobras y actuaciones dilatorias de las partes
procesales enunciadas en el escrito de tutela. Además, no se sustentó debidamente
la configuración de algún tipo de perjuicio irremediable.
28.
Por último, constató que las diversas autoridades jurisdiccionales involucradas
han impartido trámite a las solicitudes presentadas por el tutelante, en cuanto a las
conductas y actuaciones puestas de presente, con lo cual escapa de su esfera de
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competencia los tiempos y términos prudenciales con que cuentan las autoridades
disciplinarias para iniciar las respectivas investigaciones, de encontrar mérito en las
mismas.
(x) Personería municipal de Concepción
29.
Indicó que no ha participado en el proceso electoral objeto de debate
constitucional, no ha emitido acto administrativo alguno que vulnere los derechos
fundamentales del accionante, no tiene competencia para ordenar al alcalde de
Concepción abstenerse de celebrar contratos mientras la sentencia del proceso
judicial no esté ejecutoriada y no ha incurrido en omisión alguna respecto de deberes
relacionados con dicho trámite judicial. Por tanto, no tiene legitimación pasiva en la
presente tutela y, en consecuencia, se le debe desvincular de su trámite.
30.
Por auto del 30 de enero de 2026 se aceptó el impedimento del consejero
Fernando Pardo Flórez. En virtud de lo anterior fueron designados como conjueces
-por sorteo- los magistrados Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata. El
primero de ellos presentó un impedimento que fue negado a través de auto del 3 de
marzo de 2026.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
31. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron su desvinculación de este trámite constitucional, al estimar que se
configura su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que carecen de la
competencia para atender las súplicas perseguidas, máxime cuando no tienen
injerencia en las decisiones que adopten los jueces y magistrados de la República.
32. La Sala negará las peticiones de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al juez de tutela le asiste la obligación de
integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que las referidas entidades fueron
vinculadas al proceso de nulidad electoral objeto de censura, en cumplimiento del
numeral 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), era indispensable que fueran llamadas a
estas diligencias como terceras interesadas.
33. Delmismo modo, negará las solicitudes que realizaron en igual sentido la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Procuraduría Tercera Delegada ante el
Consejo de Estado y la Personería municipal de Concepción. El argumento
consistente en que de acuerdo con los hechos descritos en la tutela han ejercido las
funciones que les asigna el ordenamiento jurídico, no impone que deban ser
desvinculadas de su trámite, en la medida en que ello debe ser objeto de análisis
por parte del juez constitucional.
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D. Análisis del caso concreto
34. La parte actora pretende de manera general que se realicen determinadas
actuaciones en el proceso de nulidad electoral instaurado contra el acto de elección
del alcalde de Concepción, así como que se desplieguen acciones en el ámbito
disciplinario e incluso que se impida que dicha autoridad territorial siga en el ejercicio
de sus funciones. Con base en ello, alega una presunta mora judicial en aquel
proceso, en el que, en segunda instancia, se decidió anular el mencionado acto de
elección, y la actuación omisiva por parte tanto de las autoridades judiciales como
administrativas para desplegar acciones que permitan el normal desarrollo de ese
trámite procesal, en particular, la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, y,
a su vez, propendan por la materialización de aquella determinación judicial, razón
por la cual la Sala procederá a abordar el análisis de este asunto constitucional bajo
esos aspectos.
(i) Respecto del proceso de nulidad electoral
35. Eltutelante pretende que la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación resuelva la aclaración presentada en el asunto ordinario -respecto al
auto el 7 de noviembre de 202510- y que la Sección Quinta aclare la sentencia de 12
de junio de 2025, en el sentido de precisar sus efectos.
36. Lo anterior, implicaría analizar la posible configuración de mora judicial dentro del
proceso de nulidad electoral. Sin embargo, se advierte que las accionadas ya
impulsaron el proceso, como se relaciona a continuación.
37. Frente a la aludida sentencia de 12 de junio de 202511 presentaron solicitudes de
aclaración y/o adición, el 17 del mismo mes y año el apoderado del demandado y el
11 de noviembre de 2025 la parte actora. Por su parte, el 26 de junio de 2025 el
demandado formuló recusación contra los consejeros de la Sección Quinta.
38. Con el fin de que se decidiera sobre la referida recusación, el 1º de julio de 2025
se envió el expediente a la Sección Primera, la cual el 24 del mismo mes y año fue
rechazada, decisión en la que se conminó a las partes del proceso y a sus
apoderados para que en lo sucesivo se abstuvieran de presentar peticiones y
solicitudes abiertamente improcedentes e impertinentes, so pena de aplicar lo
previsto en el artículo 295 del CPACA. El demandado interpuso recurso de
reposición contra ese auto, el cual fue declarado improcedente el 2 de octubre de
2025 y se ordenó remitir copias de esa decisión y del proveído de 24 de julio de esa
anualidad a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que determinara si
el demandado, como servidor público, pudo o no incurrir en falta disciplinaria al
10 Mediante el cual se rechazó de plano la recusación propuesta por la señora Diana Ine Pérez Herrera contra
los magistrados de las Secciones Primera y Quinta del Consejo de Estado.
11 Notificada a las partes al día siguiente.
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obstaculizar la ejecutoria del auto de 24 de julio, y por ende, de la sentencia de 12
de junio de 2025, lo cual se cumplió el 17 de octubre de ese año.
39. Posteriormente, el 9 de octubre de 2025 la coadyuvante Diana Ine Pérez presentó
recusación contra los consejeros de las Secciones Primera y Quinta, de la cual
conoció la Subsección B de la Sección Segunda de la Corporación, que, mediante
auto de 7 de noviembre de 202512, la rechazó de plano. Además, (i) declaró
ejecutoriados los autos de 24 de julio y 2 de octubre de esa anualidad, (ii) dispuso
devolver el expediente a la Sección Quinta para que continuara con su trámite, (iii)
previno a la coadyuvante sobre los deberes de las partes, contenidos en el artículo
78 del CGP, y de igual forma (iv) informó que contra esa decisión no procedían
recursos, conforme con los artículos 132 (numeral 7) del CPACA y 142 del CGP.
40. Ahora bien, el 11 de noviembre de 202513 el demandado formuló solicitud de
aclaración del aludido auto de 7 del mismo mes y año, la cual fue negada con
proveído de 14 siguiente. A su vez, se le previno al demandado en los mismos
términos que a la coadyuvante y se indicó que esa determinación no era pasible de
recurso alguno.
41. El expediente fue devuelto a la Sección Quinta el 28 de noviembre de 2025, la
cual el 11 de diciembre de 2025 negó la solicitud de aclaración y adición presentada
por la parte demandada y previno a las partes que la presentación de peticiones
impertinentes o la interposición de recursos y nulidades improcedentes son formas
de dilatar el proceso y traen como consecuencia la imposición de multa de cinco (5)
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
42. De igual modo, el 11 de diciembre de 2025 la ponente a cargo del trámite del
proceso de nulidad electoral en segunda instancia rechazó (i) la petición14 de
traducción de la sentencia a la lengua uwa (uakjkut) formulada el 19 de agosto de
esa anualidad por la coadyuvante Diana Ine Pérez; y (ii) rechazó por extemporánea
la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia presentada por la parte
demandante.
43. Posterior a ello, el apoderado de la parte demandada formuló nulidad originada
en la sentencia de 12 de junio de 2025 y recurso de reposición contra el auto de 11
de diciembre de 2025, que negó la petición de traducción de la sentencia. Asimismo,
el demandado presentó recusación contra los consejeros de la Sección Quinta. Por
su parte, el tutelante solicitó que (i) se rechazaran de plano las solicitudes,
recusaciones y nulidades presentadas por la parte demandada y, en consecuencia,
se declarara la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia; (ii) se impusieran
las sanciones tanto al apoderado del demandado como a este por incurrir en
conductas dilatorias y presentación de peticiones impertinentes; y (iii) se remitieran
copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría contra dichos sujetos
12 Notificado el 10 de los mismos mes y año.
13 Notificado el 19 de noviembre de 2025.
14 Formulada el 19 de agosto de 2025.
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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
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y quien funja como Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado
Sección Quinta, por el presunto fraude procesal, actuaciones temerarias, omisión,
prevaricato, dilatorias y otras acciones, en que han incurrido. Por su parte, la
demandante Lorein Elizabeth Osses Méndez pidió que se expidiera constancia de
ejecutoria de la sentencia y que se enviara copia de los fallos ordinarios a las
autoridades que correspondan.
44. Con base en el panorama procesal relacionado en precedencia, se evidencia que
las autoridades judiciales que han tenido bajo su conocimiento el proceso de nulidad
electoral objeto de debate han actuado de manera diligente y han atendido las
solicitudes y recursos allí presentados, por lo que no se advierte la configuración de
algún tipo de mora judicial en su trámite.
45. Ahora bien, como lo pretendido por la parte actora es que se le ordene a la
Subsección B de la Sección Segunda y a la Sección Quinta decidir sobre unas
peticiones de aclaración presentadas en el mencionado proceso, lo cual ya
realizaron mediante autos de 14 de noviembre y 11 de diciembre de 2025,
respectivamente, los cuales fueron debidamente notificados, se advierte que tales
pretensiones carecen de objeto al configurarse un hecho superado.
46. Cabe aclarar que, aunque lo atinente a la petición que el tutelante formuló frente
a la sentencia de 12 de junio de 2025, era que se accediera a esta para que se
precisaran los efectos de dicha providencia. Lo cierto es que esta fue rechazada por
haberse radicado de manera extemporánea. En tal sentido, si bien no se despachó
la solicitud del modo requerido por el accionante, fue atendida, lo que confirma el
aludido hecho superado.
47. En ese sentido, respecto del amparo constitucional fundamentado en la presunta
mora judicial acaecida en el proceso de nulidad electoral, se declarará carencia
actual de objeto por hecho superado.
(ii) En cuanto al despliegue de medidas en el ámbito disciplinario
48. La parte actora pretende que las autoridades judiciales le impongan al
demandado en el proceso ordinario, a su apoderado y a la señora Diana Ine Pérez
las sanciones a que hubiere lugar con ocasión a las actuaciones temerarias y
dilatorias que han desplegado en ese asunto judicial. Asimismo, se disponga que se
inicie por parte de la Procuraduría General de la Nación el trámite disciplinario
correspondiente por la remisión de copias efectuada por la Sección Segunda de esta
Corporación.
49. Sobre el particular, se advierte que como demandante en el proceso de nulidad
electoral el señor Rojas Barajas ya había solicitado, en el marco de dicho trámite
judicial, la adopción de medidas sancionatorias por el proceder de su contraparte.
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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
Ello lo hizo a través de los memoriales del 18 de junio15, 3 de julio16 y 2 de septiembre
de 202517, de manera que agotó los recursos ordinarios con los que contaba, y
acudió a la tutela dentro de un término razonable18.
50. Ahora, también se observa que las autoridades judiciales han adoptado las
medidas que han estimado necesarias para prevenir a las partes de ejercer
actuaciones que se pueden considerar como dilatorias o temerarias, conforme con
los artículos 78 y 79 del CGP. Tanto así que la Sección Primera, mediante auto de
2 de octubre de 2025, dispuso la remisión de copias a la Procuraduría General de la
Nación, con el objeto de determinar la ocurrencia, o no, de una falta disciplinaria
frente a la actuación del demandado, en su calidad de alcalde de Concepción.
51. En todo caso, esta Sala advierte que se escapa de la órbita de competencia del
juez de tutela ordenar en este escenario la adopción de algún tipo de correctivo
disciplinario cuando no se evidencia de qué modo tal pretensión tiene como fin la
salvaguarda de algún derecho fundamental del demandante, máxime cuando las
autoridades judiciales han obrado con fundamento en el ordenamiento jurídico con
tal propósito.
52. Por consiguiente, se evidencia que las autoridades judiciales han procurado, en
virtud del artículo 42 del CGP, adelantar el proceso libre de obstáculos en su trámite,
tanto así que, pese a las múltiples solicitudes y recursos formulados en el proceso,
la Sección Quinta ya decidió las solicitudes de aclaración y/o adición frente a la
sentencia de 12 de junio de 2025, lo que le fue notificado a las partes. Y, en todo
caso, no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en el ámbito disciplinario en
este evento, cuando no se evidencia que ello se relacione con el quebranto
constitucional alegado, por ende, el amparo perseguido sobre este aspecto será
negado.
53. Además, se observa en la herramienta electrónica Samai que, con posterioridad
a la presentación de la tutela, el accionante ha pedido nuevamente ante la Sección
Quinta la imposición de sanciones en los mismos términos que aquí reclama. Por
tanto, no le es dable que ejerza esta acción constitucional de manera alterna para
obtener lo que en sede ordinaria ya pidió, pues este mecanismo no puede ser
empleado como un instrumento paralelo al proceso ordinario, máxime cuando, se
insiste, no es el escenario adecuado para pedir que se ordene a alguna autoridad
judicial la imposición de sanciones cuando no origine algún tipo de afectación
constitucional.
15 Dirigido a la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por medio de dicho escrito se pronunció sobre la solicitud
de aclaración y adición presentada por el apoderado de Eduar Abril respecto de la sentencia del 12 de junio de
2025.
16 Dirigido a la Sección Primera del Consejo de Estado. A través de tal memorial descorrió traslado de una
solicitud de recusación interpuesta por su contraparte.
17 Dirigido a la Sección Primera del Consejo de Estado. Solicitó impulso del proceso, remisión de copias e
imposición de sanciones.
18 Como ya se indicó, la tutela se presentó el 18 de noviembre de 2025.
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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
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54. Por otra parte, el accionante solicita que se ordene a la Procuraduría General de
la Nación, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y la Procuraduría Regional
de Santander adelantar las acciones disciplinarias a que hubiere lugar por la
remisión de copias de la Sección Segunda de esta Corporación. No obstante,
conforme con las actuaciones judiciales relacionadas en el anterior acápite, no
corresponde a la realidad que la Sección Segunda haya impartido decisión en ese
sentido.
55. Sin perjuicio de lo anterior, se evidencia la remisión de copias por parte de la
Sección Primera de esta Corporación a la Procuraduría General de la Nación, la cual
se envió el 17 de octubre de 2025, con oficio 3199. Pese a ello, como se anotó en
precedencia, no se vislumbra que la pretensión de ordenar el inicio de
investigaciones disciplinarias tenga como objeto la salvaguarda de derecho
fundamental alguno, por lo que se negará su amparo. Sin embargo, el interesado
podrá, si a bien lo tiene, solicitar ante el ente disciplinario la información que requiera
respecto de dicha actuación.
(iii) En relación con impedir el ejercicio de las funciones del actual alcalde de
Concepción
56. El accionante solicitó que se ordenara a la Procuraduría General de la Nación, la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Procuraduría Regional de Santander y
la Personería de Concepción expedir acto administrativo para que el alcalde de ese
municipio se abstenga de celebrar contratos públicos, con ocasión de la decisión
judicial que anuló su acto de elección.
57. La Sala advierte que la pretensión formulada por el accionante tiene como fin que
se cumpla una orden judicial. Sin embargo, se advierte que para la fecha en que
presentó el escrito de tutela si bien se había expedido la sentencia de 12 de junio de
2025, que dispuso la anulación del mencionado acto de elección, lo cierto es que no
se hallaba ejecutoriada, en razón a que frente a esta decisión judicial se presentaron
solicitudes de adición y/o aclaración que no se habían atendido para ese momento,
lo que imposibilitaba la materialización de lo dispuesto en la aludida providencia.
58. En ese sentido, no es dable acceder al amparo constitucional perseguido, pues
se pretendía impedir el ejercicio de funciones, en materia contractual, de un alcalde
cuya elección, para el momento de la presentación de la demanda, aún gozaba de
presunción de legalidad, en razón a que si bien existía sentencia de segunda
instancia que anulaba el correspondiente acto, esta providencia no estaba
debidamente ejecutoriada.
59. Ahora bien, aunque para la fecha ya se despacharon las peticiones de adición y/o
aclaración de la sentencia, lo cierto es que no es viable que a través de este
mecanismo constitucional se imponga su cumplimiento, en razón a que ello
desbordaría la órbita de competencia del juez de tutela, dado que, para tal propósito,
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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otros
se debe acudir directamente al proceso ordinario. Asunto dentro del cual se
evidencia que el 18 de enero del año en curso se solicitó la respectiva expedición
de la constancia de ejecutoria de los fallos ordinarios, así como el envío de copia de
estos a las autoridades competentes para su materialización.
60.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Procuraduría Tercera Delegada ante el
Consejo de Estado y la Personería municipal de Concepción, por las razones
expuestas en la motivación de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho
superado frente a la mora judicial alegada y NEGAR EL AMPARO
CONSTITUCIONAL reclamado en cuanto a desplegar acciones disciplinarias y a
materializar una decisión judicial, en atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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