Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07896-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07896-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07896-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
6 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A – SALA DE CONJUECES
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07896-00
Accionante: Eduar Abril Borrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección alcalde de
Concepción / DECLARA IMPROCEDENCIA –Falta de cumplimiento de requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional. Se encontraba pendiente de decidir
solicitud de aclaración y adición de providencia acusada y se pretende emplear la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches
carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 10 de diciembre de 2025, el señor Eduar Abril Borrero, a través de apoderado,
promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político 2.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 12 de junio de 2025, emitida
dentro del proceso de nulidad electoral3 incoado por el señor Giovanny Humberto
Durán Romero y otros4 en su contra, encaminado a obtener la anulación de su acto
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección del principio de confianza legítima.
3 Expediente 68001-23-33-000-2023-00774-04 (acumulado con los expedientes 68001-23-33-000-2023-00789-
00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00, decretado mediante auto de 29 de febrero de 2024).
4 Anderson Javier Rojas Barajas y Lorein Elizabeth Osses Méndez.
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de elección como alcalde de Concepción (Santander), período 2024-2027, bajo la
causal de doble militancia en la modalidad de apoyo 5 e incurrir en inhabilidad e
incompatibilidad6.
3.
Mediante la providencia acusada se confirmó la sentencia de 29 de enero de 2025
del Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones ordinarias.
Se determinó que (i) el tutelante fungió como secretario general y de gobierno en el
año 2022, incluso el 21 de octubre de 2022 fue alcalde encargado; sin embargo, no
se acreditó una fecha exacta de finalización en ese empleo, por ende, no se logró
probar que ejerciera ese cargo 12 meses antes de la elección (29 de octubre de
2023), por lo que no era posible tener por probada la inhabilidad que se alegó; (ii) la
incompatibilidad del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 no se aplica a quienes han
ejercido un encargo de funciones de alcalde, pues ello no implica un verdadero
reemplazo del titular; y, (iii) el tutelante fue inscrito como candidato a la alcaldía de
Concepción por el Partido Alianza Verde, sin embargo, hubo expresiones de
favorecimiento de su parte a los candidatos del partido Cambio Radical, Alberto
Merchán, y del partido MAIS, Rosa Vargas, Rodrigo Valbuena, Nelson Ortiz y Pastor
Sandoval Ramírez, de lo que se evidencia que realizó manifestaciones de apoyo a
candidatos al concejo distintos a los de su partido, el cual tenía lista propia. Añadió
que respecto de las aspiraciones de los candidatos Juvenal Díaz Mateus a la
gobernación de Santander por el Partido Conservador y Nelson Ortiz al concejo de
Concepción por el partido En Marcha, no se acreditó la causal de doble militancia.
4.
La parte actora sostuvo que acaeció defecto fáctico, toda vez que se incurrió en
omisión e indebida valoración probatoria. No se incorporó en el razonamiento
probatorio el acuerdo de coalición suscrito entre los partidos Alianza Verde, Cambio
Radical y En Marcha, al que posteriormente se sumó la adhesión del partido MAIS,
en el que lo proclamaron como candidato único, lo cual hubiera permitido
comprender sus manifestaciones públicas. Además, no tuvo en cuenta que, aunque
este documento no se haya incorporado en el procedimiento de inscripción
electrónica, dicha omisión solo le es atribuible al partido político, mas no al candidato
ni al electorado.
5.
A la par de lo anterior, indicó que se realizaron inferencias probatorias de una
entrevista radial contrarias al contenido real de la prueba, fuera de contexto, basadas
en interpretaciones extensivas no permitidas en materia sancionatoria, con omisión
del efecto jurídico del acuerdo de coalición y atribuyéndole conductas que no se
desprenden de la evidencia. En razón a que de esta se evidenciaba que presentó
candidatos de los partidos que ya lo apoyaban, no les pidió el voto, no invitó a
respaldarlos, no realizó acto inequívoco de recomendación electoral y solo se limitó
a mencionar la existencia del equipo político de la coalición.
5 En su condición de candidato a la alcaldía por el partido Alianza Verde, apoyó las aspiraciones políticas de
personas a la gobernación de Santander y al concejo de Concepción que pertenecían a partidos diferentes del
que él era miembro.
6 Ejerció como secretario general y de gobierno en el municipio de Concepción y fue alcalde encargado.
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6.
Precisó que en el fallo acusado se seleccionaron, descontextualizaron o
magnificaron ciertas pruebas (piezas de redes sociales y un fragmento de entrevista
radial), pasando por alto el contexto de la coalición, los testimonios que descartan el
apoyo recíproco y el estándar jurisprudencial estricto para configurar la doble
militancia 7 . Aunque se le atribuyó un acompañamiento político inequívoco, ni la
entrevista radial transcrita ni las publicaciones en redes sociales contienen
expresiones claras, expresas, directas, inequívocas o determinantes de apoyo a
candidatos de partidos distintos al suyo. Se limitó a presentar a los candidatos de los
partidos que acompañaban su candidatura. Esto se produjo en el marco de una
coalición o adhesión partidista válida, en la cual las listas del concejo de los partidos
coaligados apoyaban al mismo candidato a la alcaldía.
7.
También el fallo acusado adolece de defecto sustantivo, pues se aplicó de
manera errónea el régimen de doble militancia en la modalidad de apoyo, contenido
en la Ley 1475 de 2011 (artículos 2 y 29), al ignorar el efecto jurídico del acuerdo de
coalición o en su defecto que esos partidos lo hubieran apoyado y al no tener en
cuenta que se exigía un apoyo público, directo, inequívoco, expreso y orientado a
inducir al electorado. El acuerdo de coalición establecía la existencia de un candidato
único a la alcaldía, que era él, y así no existiera esa figura, esos partidos
públicamente apoyaron su aspiración política, lo cual puede asemejarse en ese
contexto a una adhesión. Las listas al concejo de Cambio Radical, En Marcha y MAIS
lo tenían como candidato oficial de la coalición, por tanto, la presentación pública de
los equipos de campaña era consustancial al desarrollo de una coalición.
8.
Asimismo, se incurrió en desconocimiento del precedente porque se omitió
aplicar las reglas jurisprudenciales vigentes y vinculantes fijadas por la propia
Sección Quinta en casos estructuralmente idénticos, como los suscitados contra los
actos de elección de los gobernadores del Meta y del Tolima. Se desconocieron las
pautas fijadas en esas decisiones judiciales, consistentes en que para declarar
configurada la doble militancia en la modalidad de apoyo: (i) no basta con actos de
carácter informativo o protocolario (presentación, acompañamiento, saludo); (ii) no
es suficiente la mera aparición en conjunto en evento o fotografías; (iii) el apoyo debe
tener finalidad electoral explícita, con vocación real de oriental el voto del electorado;
(iv) debe analizarse el contexto político, lo que incluye la existencia de coaliciones
formales o alianzas legítimas; y, (v) las pruebas deben ser inequívocas, no
susceptibles de interpretaciones alternativas razonables.
9.
Lo anterior, implicó que se aplicara un estándar probatorio más gravoso que el
utilizado frente a otros candidatos en circunstancias fácticas equivalentes, lo que
genera una desigualdad inaceptable y una ruptura injustificada de su propia doctrina.
10.
De igual modo, se configuró un defecto procedimental absoluto, toda vez que
se omitió cumplir las cargas procesales previstas en el artículo 277 del Código de
7 En modalidad de apoyo.
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) respecto
de uno de los procesos acumulados8. En particular, en lo relativo a (i) la obligación
del demandante de aportar los avisos en dos periódicos de amplia circulación en la
jurisdicción (letras b y g del numeral 1) cuando aquel no aporta o desconoce la
dirección del demandado; y, (ii) el deber del juez de terminar el proceso por
abandono cuando se incumplen dichas cargas, pues ello fue negado con decisiones
infundadas. La autoridad judicial no analizó la nulidad funcional generada por la
indebida continuación del proceso, no atendió los argumentos de apelación sobre
este punto e incorporó en la sentencia valoraciones y pruebas provenientes de un
proceso que debió finalizar anticipadamente.
11.
También se presenta la causal de violación directa de la Constitución. Se
quebrantaron sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido (al anular la
voluntad del electorado sin prueba suficiente, afectar el mandato democrático 2024-
2027 y sustituir la decisión soberana de la ciudadanía de Concepción); debido
proceso (al configurarse los defectos fáctico, sustantivo y procedimental,
desconocimiento del precedente, carga probatoria invertida y sanción sin prueba
inequívoca) e igualdad (al aplicársele reglas más estrictas que a candidatos en
situaciones idénticas o más graves exonerados por la misma Sección Quinta, sin
existir justificación constitucional para esa diferencia de trato).
12.
Asimismo, se transgredió el principio de confianza legítima, en razón a que actuó
con base en un acuerdo de coalición firmado por tres partidos, en cumplimiento de
las reglas internas de la campaña y con la legítima convicción de la existencia de un
“coaval”. Por tanto, no se le puede sancionar por confiar razonablemente en un acto
político legítimo. Además, se afecta la legitimidad institucional, la soberanía popular
y la estabilidad del sistema electoral lo que causa un daño grave, actual, continuado
e irreparable tanto a él como a la comunidad del municipio de Concepción.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
13.
Mediante auto de 19 de diciembre de 2025 9 , se aceptó el impedimento del
consejero Fernando Pardo Flórez por lo que se le separó del conocimiento de este
asunto, se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional solicitada, se
ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó a los señores Giovanny
Humberto Durán Romero, Anderson Javier Rojas Barajas, Lorein Elizabeth Osses
Méndez, Diana Ine Pérez y Gustavo Andrés Benítez Luna, así como a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, en condición
de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y requerir al señor Javier
Villamizar Corona para que allegara el escrito que presentó el 12 de diciembre de
2025 traducido al español.
8 Expediente 68001-23-33-000-2023-00864-00.
9 Notificado el 14 y 22 de enero de 2026.
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14.
También se dispuso sortear dos conjueces entre los magistrados que integran las
Subsecciones B y C de la Sección Tercera de la Corporación, a efectos de conformar
el quórum decisorio requerido. En cumplimiento de ello, el 14 de enero del presente
año se realizó diligencia de sorteo de conjueces, en la que se designaron en tal
condición a los magistrados Fredy Hernando Ibarra Martínez y Alberto Montaña
Plata, quienes manifestaron estar impedidos10.
15.
Por auto del 3 de marzo de 2026, se declaró infundado dicho impedimento11.
(i) Consejo de Estado – Sección Quinta
16.
Adujo que la presente acción carece de relevancia constitucional. Se reiteraron
los argumentos presentados en el curso del proceso ordinario electoral y que fueron
atendidos en la sentencia acusada. En ese sentido, indicó que plantea una discusión
meramente legal con el objeto de crear una instancia distinta a aquel medio de
control, en la que se revisen los argumentos esbozados por la parte demandada en
la contestación de la demanda.
17.
En todo caso, manifestó que no se configura ninguno de los defectos invocados
por la parte actora porque la decisión judicial cuenta con motivación suficiente y
razonable por la cual se concluyó que analizada la prueba en su integridad se
configuraron los supuestos para declarar la nulidad del acto de elección. Es decir, se
arribó a la conclusión que el tutelante incurrió en la prohibición de doble militancia,
para lo cual se precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que él
desplegó actos de apoyo a favor de candidatos distintos a los avalados por la
colectividad que respaldó su aspiración. En esa medida, se valoraron todas las
pruebas aportadas al proceso y se le otorgó el efecto jurídico al acuerdo de coalición
conforme a las disposiciones legales.
(ii) Registraduría Nacional del Estado Civil
18.
Indicó que carecía de competencia funcional para atender lo requerido por el actor,
por cuanto la sentencia que motivó la presente acción constitucional fue proferida
por un despacho judicial, el cual resolvió el asunto, en el marco de su autonomía e
independencia judicial, más allá de que su posición sea compartida o no. Por ende,
no es responsable de proteger los derechos señalados por el accionante, toda vez
que no fungió como juez natural dentro del proceso administrativo en el que se
profirieron las decisiones cuestionadas.
10 Manifestaron estar incursos en las causales de impedimento contenidas en los numeral 4 y 6 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, para lo cual indicaron que en su condición de magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado suscribieron la providencia de 31 de marzo de 2025, proferida
en el marco del proceso de acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2025-00906-00, en la cual se
formularon y resolvieron similares cuestionamientos a los planteados en esta acción de tutela.
11 Se estimó que el conocimiento de la referida tutela no implicó un pronunciamiento sustancial previo, ni
participación en el proceso ordinario en el cual se profirió la providencia censurada.
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19.
Lo anterior, pone en evidencia que los hechos que enuncia el accionante no tienen
relación con facultades y funciones que la Constitución y la Ley le asignan. En ese
sentido, se configura su falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que
en el contexto de sus competencias constitucionales y legales no tiene injerencia en
decisiones que adopten en derecho los jueces y magistrados de la República, como
tampoco tiene la facultad alguna para modificar, suspender o revocar providencias
judiciales. Por tanto, solicita se le desvincule de estas diligencias.
20.
Además, el accionante no acreditó la configuración de alguna causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; por el
contrario, se evidencia que pretende abrir un debate de tercera instancia inadmisible
dentro del marco del debido proceso.
(iii) Anderson Javier Rojas Barajas
21.
Advirtió que la parte actora desde junio de 2025 ha promovido de manera
reiterada, desproporcionada e infundada, diversas actuaciones orientadas a dilatar
la ejecutoria del fallo, al punto que transcurridos más de siete meses este aún no se
encuentra ejecutoriado, lo que se ha visto agravado por la falta de diligencia y de
ejercicio efectivo de las facultades sancionatorias por parte de la consejera ponente,
quien en ningún momento ha hecho uso de los mecanismos legales disponibles
frente a las conductas advertidas.
22.
Señaló que el accionante promovió dos tutelas previas12, en las que se alegaban
los mismos fundamentos de la presente solicitud de amparo, sustentados en
afirmaciones carentes de respaldo fáctico y jurídico, basadas únicamente en
supuestos, como son el supuesto abandono de proceso, indebida notificación,
situaciones jurídicas valoradas tanto en la interposición de excepciones previas,
excepciones de fondo, recurso de apelación y tutelas.
23.
Por lo anterior, pidió (i) rechazar de plano por improcedente la presente acción;
(ii) ordenar a la autoridad judicial accionada negar la totalidad de las solicitudes,
recusaciones, recursos y nulidades presentadas por la parte demandada y su
apoderado, por ser improcedentes, extemporáneas y por violación al derecho de
postulación y, como consecuencia, declarar la ejecutoria inmediata de la sentencia
acusada; (iii) imponer sanciones pecuniarias ejemplares y contundentes contra el
tutelante y su apoderado por incurrir en conductas dilatorias y presentación de
peticiones impertinentes; (iv) notificar la sentencia acusada al gobernador de
Santander y a la Procuraduría General de la Nación; y, (v) remitir copias ante la
Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación contra el
tutelante y su apoderado y contra la persona que funja como procurador séptimo
delegado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, por el presunto fraude
procesal, actuaciones temerarias, omisión, prevaricato, dilatorias y otros.
12 Expedientes 11001-03-15-000-2025-00906-00 y 11001-03-15-000-2025-00906-01.
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II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
(i) Legitimación en la causa por pasiva
24. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el
contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada al proceso de
nulidad electoral objeto de censura, era indispensable que fuera llamada a estas
diligencias como tercera interesada.
(ii) Solicitudes del tercero interesado
25. El señor Anderson Javier Rojas Barajas, en su condición de tercero interesado,
solicitó imponer sanciones pecuniarias contra el tutelante y su apoderado por incurrir
en conductas dilatorias y presentación de peticiones impertinentes y remitir copias
ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación contra
aquellos y contra la persona que funja como procurador séptimo delegado ante la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por el presunto fraude procesal, actuaciones
temerarias, omisión, prevaricato, dilatorias y otros.
26. Sobre el particular, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno, en la medida en
que ello desborda el objeto de la solicitud de amparo, limitado a los reproches
planteados contra la providencia atacada. Por tanto, no se debe emplear como un
control de las actuaciones desplegadas por las partes en el proceso ordinario,
máxime cuando ello fue objeto de otra tutela13, instaurada ante esta corporación por
el señor Rojas Barajas.
27. Por otro lado, también informó que el tutelante presentó de manera previa a esta
acción una solicitud de amparo con similares fundamentos, sustentados en
afirmaciones carentes de respaldo fáctico y jurídico.
28. Al respecto, hay que precisar que tal circunstancia no impide abordar este asunto
constitucional, en razón a que no se observa temeridad. Aunque, en efecto, aquella
acción fue instaurada por el mismo tutelante, en ella se controvertía el fallo ordinario
de primera instancia de 29 de enero de 2025 del Tribunal Administrativo de
Santander, en la cual se decidió su improcedencia al no satisfacer el requisito de
subsidiariedad por estar en trámite un recurso de apelación en su contra, el cual fue
desatado precisamente por el fallo aquí acusado, situación que comporta un hecho
nuevo y que supera la subsidiariedad allí planteada, en el sentido de desatarse dicha
alzada.
13 Expediente 11001-03-15-000-2025-07235-00.
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D. Análisis del caso concreto
29. La tutela no satisface los presupuestos de subsidiariedad y relevancia
constitucional. La sentencia acusada no se encontraba en firme cuando se presentó
la solicitud de amparo. En todo caso, se evidencia que la parte actora pretende se
acoja la manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio, para cuyo efecto,
se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada para revivir el
debate que en ese aspecto fue definido por el juez natural, como se expondrá a
continuación.
30. En cuanto a la exigencia de subsidiariedad, se precisa que la tutela tiene una
naturaleza residual y subsidiaria, esto es, que procede en los eventos en que el
ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la
protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la
Constitución Política).
31.
Conforme al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá
“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
32. En el asunto sub examine se evidencia que, una vez consultado el proceso de
nulidad electoral en la herramienta electrónica Samai, el tutelante, el 17 de junio de
2025, solicitó la aclaración y adición de la sentencia objeto de censura constitucional,
con el propósito de que se le explicara por qué se determinó que el acuerdo de
coalición no se formalizó en debida forma y que, en ese caso, se precisara cuál es
su grado de culpabilidad o responsabilidad en ese trámite. Dicha petición le fue
negada, con auto de 11 de diciembre siguiente14.
33. Ahora bien, el accionante presentó el escrito de tutela el 10 de diciembre de 2025,
es decir, de manera previa a que se atendiera la mencionada solicitud de aclaración
y adición. Por tal razón, se colige que empleó esta acción como mecanismo alterno
y paralelo, pues una de las inconformidades planteadas en aquella petición estaba
relacionada con el acuerdo de coalición, que constituye uno de los reproches
esbozados en esta acción constitucional al considerar que este no fue analizado por
la autoridad judicial.
34. Por consiguiente, lo procedente hubiera sido que el accionante esperara a que
fuera atendida su solicitud de aclaración y adición, con el propósito de que en el
evento de que le fuera negada, como ocurrió, acudiera a promover esta acción y no
antes, con el objeto de obtener un pronunciamiento por parte del juez constitucional
14 Notificado el 15 de diciembre de 2025. Conforme con la constancia secretarial que obra en las diligencias
ordinarias, la sentencia quedó ejecutoriada el 19 de los mismos mes y año.
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frente a una cuestión puesta en conocimiento ante el juez natural del litigio, pero
sobre la cual no se había adoptado decisión alguna.
35. Por otro lado, el tutelante advierte que no se tuvo en cuenta que en el proceso
ordinario no se cumplieron las cargas procesales enunciadas en el artículo 277 del
CPACA, en especial, la obligación del demandante de aportar los avisos en dos
periódicos de amplia circulación en la jurisdicción, cuando aquel no aporta o
desconoce la dirección del demandado, ni la consecuencia de su inobservancia.
36. Al respecto, la Sala evidencia que ello ya fue analizado por el juez natural de la
causa dentro del expediente 68001-23-33-000-2023-00864-00 mediante auto de 20
de marzo de 2024, en el sentido de negar la terminación del proceso por abandono,
y, en consecuencia, ordenar la notificación del auto admisorio de la demanda al allí
demandado, en razón a que el correo electrónico con tal finalidad se envió a uno
diferente al informado por aquel en los documentos electorales, frente al que se
interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por improcedente con
proveído de 18 de abril de esa anualidad.
37. En ese sentido, no es dable que el accionante pretenda revivir una cuestión que
fue zanjada en una etapa previa a dictarse el respectivo fallo, máxime cuando desde
que se dictaron aquellas decisiones judiciales hasta la presentación de la solicitud
de amparo han transcurrido más de los 6 meses que jurisprudencialmente se han
fijado como término razonable para acudir a la tutela para cuestionar una providencia
judicial.
38. Sin perjuicio de lo anterior, la tutela tampoco satisface la exigencia de relevancia
constitucional. Pretende imponer el grado de certeza que le debió otorgar el juez
natural de la causa a los elementos de convicción, tales como el acuerdo de coalición
al que hace alusión, la entrevista radial, los testimonios recaudados y las piezas de
las redes sociales, sin tener en consideración lo concluido por la autoridad judicial
sobre aquellos.
39. Para el accionante el referido material probatorio no demostraba el apoyo
indebido y constitutivo de la doble militancia, de manera directa, inequívoca y
expresa, en razón a que se limitó a presentar a los candidatos políticos frente a los
que se analiza la configuración de dicha causal como parte del equipo político de la
coalición, mientras que para la autoridad judicial demostraban tal conducta, la cual,
en todo caso, no se hallaba avalada por algún tipo de coalición.
40. Se advierte, además, que la presunta disparidad en la valoración probatoria no
habilita la presentación de la tutela para que se imponga la tesis que pregona la
parte a la que no le resultó favorable el ejercicio probatorio desplegado por la
autoridad judicial con el objeto de modificar la decisión adoptada, máxime cuando
no destina argumentación a acreditar la configuración de arbitrariedad o desatención
de los postulados de la sana crítica para dicha valoración.
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41. De igual modo, aduce un defecto sustantivo al haber aplicado de manera indebida
lo preceptuado por el ordenamiento jurídico en cuanto a la configuración de la causal
de doble militancia, dado que no podía obviarse el acuerdo de coalición, así como
que no se estructuró el apoyo público, directo, inequívoco y expreso que exige el
ordenamiento jurídico. Estas acusaciones reiteran lo referente a que se pretende
reabrir no solo un debate probatorio, sino jurídico, que ya fue abordado por el juez
natural de la causa y frente al que no se evidencia asomo de arbitrariedad o capricho.
42. Para la Sala lo concluido por la autoridad judicial encuentra sustento en el material
probatorio allegado al expediente ordinario y en la normativa aplicable. Diferente es
que el accionante pretenda que se imponga su valoración probatoria, así como su
interpretación de los presupuestos legales para la configuración de la causal de
doble militancia en la modalidad de apoyo, objeto para el cual no fue instituida la
acción de tutela. Por tanto, abordar un nuevo estudio de la controversia con base en
las inconformidades planteadas por el accionante, sin que se acredite la afectación
constitucional que se alega, invadiría la órbita de competencia del juez natural de la
controversia.
43. Asimismo, el actor hace alusión a un presunto desconocimiento del precedente,
en razón a que en dos casos similares al suyo la misma autoridad judicial había
decidido no anular los actos de elección objeto de censura. Sin embargo, no
identifica a cuáles providencias se refiere ni explica en qué consiste la desatención
de las reglas jurisprudenciales, omisiones que impiden a la Sala abordar el análisis
de este reproche.
44. Por último, frente a la violación directa de la Constitución, la Sala observa que su
fundamento reposa en insistir en la transgresión de sus garantías superiores. Frente
a lo cual ya se expuso que los reproches del accionante no superan el presupuesto
de relevancia constitucional.
45. En ese sentido, se tiene que el hecho de que el juez natural de la causa no haya
decidido la controversia de la manera pretendida por el tutelante, no lo habilita para
que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis con el fin de que se
decida en determinado sentido, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio
se hayan contrariado los postulados de la sana crítica o involucre algún tipo de
arbitrariedad. La simple inconformidad de criterios no comporta por sí sola afectación
constitucional.
46. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción
de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.
47.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se superan los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, esta Sala se declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07896-00
Accionante: Eduar Abril Borrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
48.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la motivación
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
15 VF
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