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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01647-00

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01647-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Anderson Javier Rojas Barajas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-01647-00 Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01647-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

28 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01647-00
Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01647-00
Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro

Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. Subtema: mora judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor Anderson Javier Rojas Barajas, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Anderson Javier Rojas Barajas, en nombre propio, presentó acción de tutela
el 19 de marzo de 2025 con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de que no ha resuelto el
recurso de apelación interpuesto en el proceso de nulidad electoral radicado al núm.
68001-23-33-000-2023-00774-041.

Adicionalmente, consideró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander no le ha impartido celeridad a la compulsa de copias que ordenó el Tribunal
Administrativo de Santander, en sede de primera instancia, dentro del citado trámite
de nulidad electoral. Lo cual incidía en la mora judicial atribuible a la Sección Quinta
de esta corporación.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela2, los elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, y las actuaciones procesales que obran en el Sistema de Gestión
Judicial (Samai), la Sala destaca los siguientes hechos:

1 Como se indicó en el auto que admitió esta acción de tutela «Al proceso de nulidad electoral se acumularon los

procesos identificados con los radicados números 680012333000-2023-00789-00 y 680012333000-2023-00864-
00, los cuales han sido incorporados al presente trámite constitucional con el fin de unificar los antecedentes y
garantizar una decisión integral».
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01647-00, índice 2, 603F3B85F627B939 5B8909A070D5A647
2B2462ECE0EF0D1A 7CC26B6EA86D1760.

1

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Accionante: Anderson Javier Rojas Barajas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro

2. La señora Lorein Elizabeth Osses Méndez presentó demanda de nulidad electoral
contra la elección del alcalde municipal de Concepción (Santander) para el período
constitucional del 2024-2027, por haber incurrido en doble militancia y encontrarse
inhabilitado para el ejercicio como alcalde encargado en el período 2020-2023. Este
escrito fue radicado al expediente núm. 68001-23-33-000-2023-00774-00, en el cual
se admitió la demanda el 28 de noviembre de 20233. Seguidamente, el 19 de enero de
2024, se rechazó por extemporánea la solicitud de medida cautelar, así como la
reforma de la demanda presentada por la parte actora.

3. Anderson Javier Rojas Barajas, por su parte, presentó demanda de nulidad
electoral contra el acto de elección, del señor Eduar Abril Borrero, suscrito por la
comisión escrutadora departamental de Santander, que fue asignado por reparto con
el radicado núm. 68001-23-33-000-2023-00789-004. Igualmente, demandó el señor
Giovanny Humberto Durán Romero, en el proceso al que se le asignó el radicado núm.
68001-23-33-000-2023-00864-005.

4. En decisión del 29 de febrero de 2024, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo de Santander acumuló los expedientes radicados a los núms. 68001-
23-33-000-2023-00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00 al expediente 68001-
23-33-000-2023-00774-01 (PRINCIPAL), una vez vencidas las oportunidades para
contestar las demandas, porque se trató de la falta de requisitos o inhabilidades
referidas a un mismo demandado. Mediante sorteo realizado el 30 de mayo de 2024,
se determinó que el magistrado ponente de los procesos acumulados sería el doctor
Julio Edisson Ramos Salazar.

5. Posteriormente, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Santander6, a
través de auto del 28 de junio de 2024, negó la solicitud de suspensión provisional de
los efectos del acta de escrutinio general núm. E-26-ALC, que profirió el Consejo
Nacional Electoral, en la cual declaró al señor Eduar Abril Borrero alcalde electo del
municipio de Concepción, para el período 2022-2026, medida cautelar que estaba
pendiente de resolver en el trámite radicado al núm. 8001-23-33-000-2023-00864-00.

6. El señor Anderson Javier Rojas Barajas radicó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el citado auto. Este recurso lo resolvió el Tribunal Administrativo de
Santander en proveído del 18 de septiembre de 2024, en el que no repuso lo resuelto
al considerar que no existían nuevos elementos que permitieran establecer
preliminarmente la necesidad de decretar la medida cautelar, y concedió la alzada. En
esta providencia también negó la terminación del proceso por abandono.

7. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander remitió el expediente a la
Sección Quinta de esta corporación, el 9 de octubre de 2024, quien profirió auto el 30
de octubre siguiente en el que rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor
Anderson Javier Rojas Barajas, contra la providencia del 28 de junio de 2024, al
considerar que carecía de legitimación para proponerlo, porque fue solicitada en el
expediente 68001-23-33-000-2023-00864-00, en el cual no fue demandante. Por tanto,

3
Magistrada ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes.
4
Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez.
5 Magistrado ponente: Julio Edisson Ramos Salazar.
6
Integrada por los magistrados Julio Edisson Ramos Salazar, María Eugenia Carreño Gómez y Claudia Ximena
Ardila Pérez.

2

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al margen de la acumulación de los asuntos, esto no legitimaba a los demás actores
para impugnar esta decisión.

8. Precisó que, aunque la providencia apelada se profirió después de que se decretó
la acumulación de los medios de control, las medidas cautelares se deben resolver en
el momento de admisión de la demanda, lo que hacía que el interés radicara en quien
la solicitó inicialmente. Ordenó devolver el expediente al Tribunal de origen.

9. El Tribunal Administrativo de Santander profirió decisión el 31 de octubre de 2024,
en la que rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el
demandado contra el auto del 18 de septiembre de 2024 que negó la terminación del
proceso por abandono. El rechazó se debió a que este auto no era susceptible del
recurso de apelación.

10. Eduar Abril Borrero interpuso recurso de reposición y en subsidio queja contra el
auto del 31 de octubre de 2024. Por su parte, el Tribunal profirió auto, el 25 de
noviembre de 2024, en el que resolvió las excepciones, fijó el litigo y decretó las
pruebas. Dispuso que la audiencia de pruebas se celebraría el 11 de diciembre de
2024. El señor Eduar Abril Borrero interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra esta decisión.

11. El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del 29 de noviembre de 2024,
resolvió no reponer el auto del 31 de octubre de 2024 y concedió el recurso de queja
ante el Consejo de Estado, en efecto diferido. Igualmente, en audiencia de pruebas
celebrada en esa fecha, resolvió no reponer la decisión del 25 de noviembre de ese
año y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo. El Consejo de Estado,
Sección Quinta, tuvo como bien rechazado el recurso de apelación interpuesto contra
el auto del 31 de octubre de 2024, en proveído del 20 de enero de 2025.

12. El Tribunal Administrativo de Santander7 profirió sentencia de primera instancia el
29 de enero de 2025, en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y no
probada frente al Consejo Nacional Electoral. Asimismo, declaró la nulidad del
formulario E26, y canceló la credencial que la comisión escrutadora entregó. Negó las
demás pretensiones de la demanda.

13. El demandado Eduar Abril Borrero radicó solicitud de aclaración y adición de la
sentencia de primera instancia.

14. Posteriormente, el señor Anderson Javier Rojas Barajas interpuso recurso de
apelación contra esta misma decisión, con el objeto de que se revocara el numeral
tercero del fallo para adicionar la nulidad del formulario E26 por el cargo de inhabilidad,
derivado de haber ejercido como alcalde encargado y haberse desempeñado como
secretario general y de gobierno, doce meses antes de que se efectuara su inscripción.
También pidió confirmar la nulidad en lo demás, y que el Consejo de Estado le
impusiera las multas correspondientes al señor Benítez Luna y al abogado Carlos
Leonardo Hernández, por incurrir en conductas dilatorias. En estos términos, ordenó
que se compulsaran copias ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

7
A través de la Sala integrada por los magistrados Julio Edisson Ramos Salazar, Claudia Ximena Ardila Pérez y
Carolina Arias Ferreira.

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15. El señor Eduar Abril Borrero también apeló la decisión y solicitó revocar el fallo del
Tribunal Administrativo de Santander para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, porque no se configuró la causal de nulidad de doble militancia en
modalidad de apoyo.

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió auto el 3 de febrero de 2025, en
el cual rechazó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado
contra el auto del 25 de noviembre de 2025, en el que se negó la excepción de inepta
demanda.

17.Seguidamente, el Tribunal Administrativo de Santander, el 14 de febrero de 2025,
concedió en efecto suspensivo los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia y ordenó remitir el
expediente al Consejo de Estado.

18. El expediente ingresó al despacho del magistrado sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, el 27 de febrero de 20258, para conocer del trámite de
la apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander.

19. No obstante, esta autoridad constató que, el 4 de febrero de 2025, Eduar Abril
Borrero interpuso solicitud de aclaración y adición contra la sentencia de primera
instancia, que no había sido resuelta. Por tanto, advertido lo anterior y ante el
requerimiento del señor Eduar Abril Borrero, en auto del 20 de marzo de 20259,
devolvió el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia. Esta actuación
se surtió el 21 de marzo de 202510.

20. El Tribunal Administrativo de Santander se pronunció, el 1 de abril de 2025, en
cuanto a las solicitudes de aclaración y de adición. Con ocasión de esto, el expediente
ingresó nuevamente al despacho de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 11
de abril de este mismo año. En SAMAI se visualiza que el 22 de abril de 2025 se profirió
auto en el que se admitieron los recursos de apelación, el cual fue comunicado el 24
de abril siguiente.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

21. El señor Anderson Javier Rojas Barajas solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, así como a
la «prelación de procesos constitucionales debidamente regulados, la protección
integral de los recursos del estado […]». También pidió decretar y ordenarle a la
Sección Quinta del Consejo de Estado que diera prelación constitucional al proceso
de nulidad electoral radicado al núm. 68001-23-33-000-2023-00774-04; que resolviera
las peticiones pendientes de ser tramitadas; y que, avocara conocimiento de los
recursos de apelación interpuestos por las partes.

22. Asimismo, pretendió que se decretara y ordenara a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander que le impartiera celeridad al trámite de la compulsa

8
Samai, exp. 68001233300020230077404, índice 4, 1E7A4C797B0FCAF1 6771B212B98EBE43
C272C951E4DEFB3B E5FC73495BA5AB46.
9
Samai, exp. 68001233300020230077404, índice 9.
10 Samai, exp. 68001233300020230077404, índice 11.

4

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de copias ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de
nulidad electoral. Por su parte, reclamó que debía advertírseles a los demandados
sobre el cumplimiento integral del fallo de tutela, con las consecuencias previstas en
el artículo 51 del Decreto 2591 de 1991.

23. Para sustentar lo anterior, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado
recibió, por cuarta vez, el expediente contentivo del proceso de nulidad electoral con
el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia. Sin embargo, con anterioridad, y después de este momento, el apoderado
del demandado ha interpuesto innumerables solicitudes encaminadas a dilatar el curso
del proceso, lo que sumado a la congestión judicial y, a la compulsa de copias que
ordenó el Tribunal Administrativo de Santander, ha dado lugar a una mora judicial.

24. De esta forma, consideró que la demora de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial, en dar curso a la compulsa de copias, ha permitido que el apoderado de la
parte demandada siga presentando acciones improcedentes que inciden en el curso
natural del proceso.

25. Por estos motivos, reclamó la intervención del juez constitucional al considerar
que este debía corregir las irregularidades presentadas y separar, incluso, del
conocimiento de este proceso al magistrado sustanciador, con el fin de acelerar el
trámite, si se comprobaba que existía una amistad íntima entre este y el señor Giovanni
Leal, integrante del partido Verde.

2.3. Trámite procesal

26. El despacho ponente, mediante auto del 21 de marzo de 202511, admitió la acción
de tutela; vinculó a este trámite, como terceros con interés, a quienes fueron partes
demandantes, demandadas y terceros vinculados en el proceso de nulidad electoral;
tuvo como pruebas los documentos aportados con el escrito de tutela; requirió al
Tribunal Administrativo de Santander y a la Sección Quinta del Consejo de Estado para
que remitieran, en digital, el expediente ordinario; y le solicitó, a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Santander, que informara sobre el trámite impartido a la
compulsa de copias que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó, contra el
abogado Carlos Leonardo Hernández.

2.4. Intervenciones

27. El Tribunal Administrativo de Santander remitió las direcciones electrónicas de
las partes que integraron el proceso de nulidad electoral12.

28. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander rindió informe13 en
el que puso en conocimiento que en el proceso disciplinario identificado con el radicado
núm. 68001-25-02-000-2025-00041-00 se surtieron las siguientes actuaciones: (i) el
22 de enero de 2025 el Tribunal Administrativo de Santander remitió compulsa de

11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01647-00, índice 4.
12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01647-00, índice 9, 4F4EA543A824F7DA 6E97C3EE701973B7
413E031EA68461EA B4052C0F58B37B29 e índice 10, FC6A3E2AA747787E C36E94E7DA73651B
02212C914BCFB849 D75BF634F8332AF9.
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01647-00, índice 8, 41FA9DAF1E61184C 9A9CE517527DE2A8
9A20E9A894091C4E EF9F3996DB84F0C0.

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copias; (ii) mediante auto del 31 de enero de 2025, se avocó conocimiento de las
diligencias; se abrió proceso contra el abogado Carlos Leonardo Hernández; y se fijó
el 12 de mayo de 2025 como fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas y de
calificación provisional; (iii) el 11 de febrero de 2025 le comunicó al abogado la apertura
de la investigación; y, finalmente (iv) se notificó al investigado, a través de edicto
emplazatorio fijado el 12 de febrero de 2025, el cual se desfijó el 14 siguiente del mismo
mes y año.

29. La Sección Quinta del Consejo de Estado14 informó las actuaciones surtidas al
interior del proceso de nulidad electoral objeto de amparo, en los siguientes términos:
el 11 de octubre de 2024 se repartió el expediente para resolver el recurso de apelación
contra el auto que negó la suspensión del acto electoral; el 30 de octubre de 2024 se
rechazó la apelación por falta de legitimación de quien recurrió; el 11 de diciembre de
2024 se asignó nuevamente el expediente, esta vez para resolver el recurso de queja
interpuesto contra la providencia que rechazó la apelación; y, mediante auto del 16 de
enero de 2025, se tuvo por bien rechazado el recurso de apelación, toda vez que la
decisión no era susceptible de este recurso.

30. Posteriormente, el 24 de enero de 2025, correspondió, por tercera vez, el
conocimiento de este expediente para resolver la apelación del auto que resolvió las
excepciones; fijó el litigo y decretó la práctica probatoria. Sin embargo, el 3 de febrero
de 2025, este recurso fue rechazado por improcedente.

31. Seguidamente, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de
primera instancia el 29 de enero de 2025, y el 27 de febrero de 2025, ingresó por cuarta
vez el expediente a la Sección Quinta de esta corporación para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra este fallo.

32. No obstante, el 4 de febrero de 2025 la demandada solicitó la aclaración y
adición de la sentencia de primera instancia, y esto no fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Santander, lo que dio lugar a que se ordenara devolver el expediente
al despacho sustanciador para que resolviera lo pertinente. En cumplimiento de esta
orden, el 21 de marzo de 2025 el proceso de nulidad electoral fue remitido al Tribunal
Administrativo de Santander.

33. En este contexto, la autoridad judicial accionada defendió que ha tramitado
oportunamente los recursos interpuestos y ha agotado las etapas procedentes en el
medio de control de nulidad electoral. Por estas razones, no se vulneraron los derechos
fundamentales del señor Anderson Javier Rojas Barajas. Pidió su desvinculación de
esta acción constitucional, al considerar que los hechos de la tutela no se relacionaron
con su actuar; y agregó que, si esto no procedía, la acción de tutela debía declararse
improcedente o negarse el amparo.

34. La Registraduría Nacional del Estado Civil15 expresó que no tiene competencia
para pronunciarse en cuanto a las afirmaciones hechas por el actor, dado que estas
están relacionadas con el proceso de nulidad electoral tramitado por la Sección Quinta
del Consejo de Estado. A pesar de esto, indicó que el actor utilizó la acción de tutela
como mecanismo principal y no subsidiario de protección de derechos, al pretender

14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01647-00, índice 12.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01647-00, índice 14.

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Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro

convertirlo en una tercera instancia judicial. Solicitó su desvinculación, al considerar
que en el presente asunto se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

3.2. Legitimación en la causa

36. La legitimación en la causa por activa del señor Anderson Javier Rojas Barajas se
encuentra acreditada, por cuanto es uno de los demandantes en el proceso de nulidad
electoral objeto de esta acción de tutela. De ahí que, es el titular de los derechos
fundamentales que considera vulnerados.

37. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Quinta
del Consejo de Estado y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander,
toda vez que la primera es la autoridad que tiene a su cargo resolver la apelación en
el medio de control electoral; y, la segunda, tramita el proceso disciplinario identificado
con el radicado núm. 68001-25-02-000-2025-00041-00, que se sigue contra el
abogado Carlos Leonardo Hernández.

38. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó ser desvinculada de esta acción
de tutela porque los hechos del amparo no se relacionan con su actuar. Sin embargo,
se negará esta solicitud porque es a quien el tutelante le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales.

39. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil también solicitó su
desvinculación de esta acción constitucional, por falta de legitimación en la causa por
pasiva. No obstante, no se accederá a esta petición, porque se vinculó al presente
trámite, no como accionada, sino como tercera con interés en las resultas del proceso.

3.3. Cuestión previa

40. En el presente asunto, la Sala considera que, aunque la pretensión de amparo
está dirigida a que se avoque el conocimiento de los recursos de apelación
interpuestos por las partes, actuación que ya se surtió, los argumentos están dirigidos
a que se resuelva de fondo la apelación contra la sentencia de primera instancia,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 29 de enero de 2025. De tal
forma que, se le dé prelación constitucional al proceso electoral y se resuelvan todas
las peticiones que están pendientes de ser tramitadas.

41. En este contexto, el propósito de la acción de tutela es discutir si la Sección
Quinta del Consejo de Estado incurrió en una mora judicial con ocasión de la dilación
en resolver los recursos de apelación. Y, bajo este entendido, establecer que la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander incidió en el curso natural de

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este proceso, al no haber tramitado la compulsa de copias que ordenó el Tribunal
contra el abogado Carlos Leonardo Hernández.

42. En consecuencia, la Sala debe pronunciarse sobre la mora judicial atribuible a
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral; y, en este
análisis, deberá adoptar las determinaciones a que haya lugar en cuanto al trámite
impartido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

43. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez16.

44. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable17; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»18.

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

45. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para discutir la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, ante la inactividad por parte de la autoridad accionada.

46. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la Sección Quinta del Consejo de Estado, desde que ingresó por última vez el
expediente al despacho, el 27 de febrero de 2025, no ha resuelto las apelaciones
interpuestas contra el fallo de primera instancia. Por lo que, en principio, se trata de
una vulneración que continúa en el tiempo19.

47. Por su parte, según el informe que rindió la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander, el Tribunal Administrativo de Santander le remitió la compulsa
de copias el 22 de enero de 2025, de manera que, entre este momento, y la
interposición del amparo, el 19 de marzo del presente año, hay un término razonable.

16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
17 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
19
Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».

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3.6. Problema jurídico

48. La Sala debe decidir si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
del señor Anderson Javier Rojas Barajas. En particular, sí incurrió en mora judicial al
no haber resuelto los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera
instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de
nulidad electoral radicado al núm. 68001-23-33-000-2023-00774-04.

49. Igualmente deberá establecer si esta mora judicial es consecuencia de la falta de
celeridad de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en tramitar la compulsa de
copias contra el abogado Carlos Leonardo Hernández, lo que ha permitido la
interposición de innumerables solicitudes y de peticiones improcedentes que han
dilatado el proceso ordinario.

50. Para el efecto, se estudiarán los siguientes supuestos: (i) generalidades de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; (ii) reglas de
procedibilidad formal de la acción de tutela en casos de mora judicial; y (iii) análisis del
caso concreto.

3.6.1. Generalidades de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia

51. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso es un
derecho que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La
Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho en los siguientes
términos20:

Con todo, el derecho al debido proceso es una garantía fundamental que debe
ser respetada en cualquier trámite judicial y administrativo en el cual se vaya a
crear, extinguir o modificar una situación jurídica para una persona.

66. Por su parte, en la Sentencia T-010 de 2017, la Corte afirmó que las
garantías mínimas del derecho al debido proceso administrativo eran: (i) ser oído
durante la actuación; (ii) la notificación oportuna y de acuerdo a la Ley; (iii) la
actuación sea surtida sin dilaciones injustificadas; (iv) se permita participación en
lo actuado desde su inicio hasta el fin; (v) la actuación se adelante por una
autoridad competente y con pleno respeto de las formas previstas en la Ley; (vi)
se goce de la presunción de inocencia; (vii) se permita el ejercicio efecto de la
defensa y la contradicción; (viii) poder aportar y controvertir las pruebas; y, (ix)
poder impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas
con violación al debido proceso.

52. Por consiguiente, el derecho fundamental al debido proceso trae consigo el deber
por parte de las entidades públicas y autoridades judiciales de dar trámite a las
actuaciones de forma célere y sin dilaciones injustificadas, sin que los retrasos deban
ser soportados por el administrado o usuario de justicia.

53. Respecto del derecho al acceso a la administración de justicia, el artículo 229 de
la Constitución Política prevé que toda persona tiene acceso a la administración de

20 Corte Constitucional, sentencia T-413 de 2024.

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justicia y que la ley dispondrá cuando no sea necesario ser representado a través de
un abogado. A su vez, la Corte Constitucional21, respecto del mencionado derecho,
expuso lo siguiente:

131. A partir de ese lineamiento, este derecho ha sido definido como “la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.

132. El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una significación
múltiple y compleja, en tanto (i) funge como pilar esencial del Estado social de
derecho; (ii) goza de la naturaleza de ser un derecho fundamental de aplicación
inmediata que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del debido proceso por
cuanto el proceso judicial es el medio para la concreción del derecho a la
jurisdicción; (iii) está directamente relacionado con la justicia como valor
fundamental de la Carta Política, otorgando a los individuos una garantía real y
efectiva para asegurar su realización material, y (iv) contribuye activamente a la
realización de los fines esenciales del Estado, dentro de los que se destacan el
garantizar el orden político, económico y social justo, promover la convivencia
pacífica, velar por el respeto de la legalidad y asegurar la protección a los
asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades
públicas.

133. Aunado a ello, la administración de justicia, al ser una función pública
dispuesta al servicio de las personas, tiene como firme propósito hacer efectivos
los derechos, las obligaciones y las garantías consagradas en la Constitución y
en la ley. Tal protección impone que el Estado garantice el funcionamiento de los
recursos jurisdiccionales de forma real y efectiva, y no simplemente nominal.
Esto supone que, bajo los parámetros de diseño que estableció el legislador para
los mecanismos judiciales, todas las personas puedan acceder a la
administración de justicia para lograr materializar sus derechos.

54. De manera que, trae consigo la protección de los derechos, obligaciones y
garantías establecidas en la Constitución, que se materializa en el acceso a la
administración judicial en condiciones de igualdad.

3.6.2. Reglas de procedibilidad formal de la acción de tutela en casos de mora
judicial

55. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido proceso
es una garantía para obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019
que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal en las actuaciones
de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los siguientes escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado
que señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas” la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a

21 Conte Constitucional, sentencia SU-81 de 2024.

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dos motivos: (i) por un lado el capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales encargados de adoptar las providencias, o (ii) por la
sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de la República, la que a la postre
produce un represamiento de procesos que impide que los mismos se fallen
conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior consideración, este
Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida por
sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la
arbitrariedad).22.

56. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales.

3.7. Caso concreto

57. Al descender al caso concreto, la Sala encuentra que para el momento en que
el señor Anderson Javier Rojas Barajas interpuso acción de tutela, el 19 de marzo de
2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado ya había recibido el expediente para
resolver los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera instancia, lo
que ocurrió el 27 de febrero de 2025.

58. De suerte que, en el caso particular existió una mora por cuanto el auto de
admisión de los recursos no se profirió en los términos que exige el numeral primero
del artículo 293 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)23, lo que ha implicado que se incumplieron los plazos para
fallar el asunto de forma definitiva. Sin embargo, como se desprende de los hechos
relatados en este proceso constitucional, la Sección Quinta del Consejo de Estado
profirió auto, del 20 de marzo de 2025, en el que devolvió el expediente al Tribunal de
origen, porque constató que este omitió resolver las solicitudes de aclaración y de
adición presentadas contra la sentencia de primera instancia.

59. Por esta razón, una vez resueltas las solicitudes correspondientes por parte del
Tribunal Administrativo de Santander, la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó
auto del 22 de abril de 2025, en el que admitió los recursos de apelación interpuestos
por las partes.

60. De ahí se observa que, el trámite y la resolución de los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia no se pudo adelantar, porque no
se reunían los presupuestos para ello, dado que el Tribunal no había resuelto la
petición contra su decisión.

61. Lo anterior se constata con una revisión de todo el trámite surtido en el medio
de control electoral, porque desde la primera instancia, el apoderado del demandado
radicó innumerables peticiones e interpuso varios recursos antes de que se profiriera
el fallo de primera instancia. También radicó solicitud de aclaración y adición contra

22 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
23
«ARTÍCULO 293. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. El trámite de la segunda instancia se surtirá de
conformidad con las siguientes reglas:
1. El reparto del negocio se hará a más tardar dentro del segundo día a su llegada al tribunal o al Consejo de Estaco
<sic>. El mismo día, o al siguiente, el ponente dispondrá en un solo auto sobre la admisión del recurso y que el
expediente permanezca en Secretaría por tres (3) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito.».

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esta decisión, lo que ha dado lugar a que se presente una dilación natural del trámite,
que no conlleva, necesariamente, a una afectación de derechos fundamentales.

62. De manera que, en lo que respecta a la Sección Quinta de esta corporación
esta tuvo que devolver el expediente al Tribunal con el fin de sanear una irregularidad
procesal, previo a resolver sobre la admisión de los recursos de apelación, en
cumplimiento de los deberes que le asisten24. Es más, como se visualizada en el
proceso, ya corrió traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión en
sede de segunda instancia, razón para considerar que está próximo a proferirse el fallo
que decida con carácter definitivo la controversia electoral.

63. En consecuencia, la Sala encuentra que en el proceso objeto de tutela no se
configuró una mora judicial injustificada dado que, como emana de las actuaciones
procesales, y del informe de contestación que rindió la Sección Quinta del Consejo de
Estado, esta ha agotado las etapas procesales procedentes en el medio de control
electoral, lo que implica que no vulnerado derecho fundamental alguno.

64. En este orden, la Sala le pone de presente al tutelante que una cosa es la mora
judicial injustificada, y otra distinta la prelación de turno de fallo, por lo que si considera
que su caso electoral debe ser decidido sin sujeción al estricto orden cronológico de
turnos debe presentarle una solicitud a la Sección Quinta del Consejo de Estado para
que esta resuelva lo pertinente, en los términos del artículo 63ª de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 2024.

65. Establecido lo anterior, en cuanto al trámite impartido por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial, la Sala considera que no procede ordenarle que le dé celeridad
a la compulsa de copias que realizó el Tribunal Administrativo de Santander25 contra
el abogado Carlos Leonardo Hernández, porque a partir del informe que rindió esta
autoridad judicial se demostró que recibió por reparto la actuación, el 22 de enero de
2025. Y, además, que profirió auto el 31 de enero siguiente, en el que avocó el
conocimiento, abrió proceso disciplinario y fijó como fecha para llevar a cabo audiencia
de pruebas y de calificación provisional el 12 de mayo de 2025, decisión que le
comunicó al abogado en febrero siguiente.

66. De manera que, para cuando el señor Anderson Javier Rojas Barajas interpuso
esta acción de tutela, la Comisión accionada ya había realizado todas las actuaciones
indicadas con el fin de dar curso al trámite de la compulsa de copias, y está a la espera
de la fecha para llevar a cabo la audiencia programada. De suerte que, la Comisión le
dio curso a la actuación y tiene pendiente resolver sobre las pruebas y la calificación
provisional.

67. Por tanto, como no puede atribuírsele a la Comisión accionada una dilación
injustificada en el asunto disciplinario, mucho menos podría considerarse que su falta
de celeridad incidió en el curso natural del proceso de nulidad electoral, porque se trata
de dos procesos autónomos.

24 El numeral 5 del artículo 42 del Código General del Proceso (CGP) prevé que son deberes del juez: «5. Adoptar

las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, […]».
25 En audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2024 presidida por el magistrado Julio Edisson Ramos Salazar.

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68. Además, porque, por muy improcedentes que fueren los pedimentos del
abogado del demandado en el proceso electoral, esto no es una razón para considerar
que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al tramitar estas solicitudes, dilató el
trámite e incurrió en una mora judicial injustificada. Todo lo contrario, los jueces están
llamados a permitir la contradicción y a garantizar la igualdad entre las partes, razón
por la cual deben sancionar los actos que contraríen la lealtad en la justicia, y que
paralicen el proceso, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Santander en el
proceso objeto de amparo, al ordenar la compulsa de copias.

69. Así pues, la responsabilidad del abogado es un aspecto que le corresponde
definir a la autoridad disciplinaria competente y que no compromete el actuar de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para predicar
la existencia de una mora judicial injustificada.

70. Finalmente, la Sala resalta que, si lo que pretende el accionante es apartar a la
magistrada sustanciadora del conocimiento del proceso en sede de segunda instancia,
deberá acudir a los instrumentos procesales idóneos previstos en el régimen legal de
impedimentos y recusaciones. En efecto, la acción constitucional invocada no
constituye el cauce procesal adecuado para verificar la configuración de causales que,
conforme al ordenamiento jurídico, obligan a un funcionario judicial a separarse del
conocimiento de un asunto.

IV. CONCLUSIONES

71. En consecuencia, en la medida en que la Sección Quinta del Consejo de Estado
no incurrió en una mora judicial injustificada y, por tanto, no se predica una falta de
celeridad por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, ni
que esta hubiera incidido en el curso natural del proceso electoral, no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados por el tutelante. Por tanto, la Sala negará la
solicitud de amparo que este presentó contra las dos autoridades.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Anderson
Javier Rojas Barajas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

VMP/SEJV

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