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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 6 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 44001-23-40-000-2024-00003-02

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

31 de octubre de 2024

Demandante: Jader Evaristo Magdaniel Cabrales
Demandada: Nera Eloísa Robles Bonivento
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00003-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 44001-23-40-000-2024-00003-02
Demandante: Jader Evaristo Magdaniel Cabrales
Demandada: Nera Eloísa Robles Bonivento, alcaldesa de Albania (La
Guajira), periodo 2024-2027

Tema: Alteración de documentos electorales y trashumancia
electoral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación, interpuesto por el demandante contra la
sentencia de 6 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, que negó la nulidad de la elección de Nera Eloísa Robles Bonivento, como
alcaldesa de Albania, periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. A través de apoderado judicial, el 11 de enero de 2024, Jader Evaristo
Magdaniel Cabrales solicitó que se anulara la elección de Nera Eloísa Robles
Bonivento, como alcaldesa de Albania, (La Guajira), periodo 2024-2027, contenida
en el formulario E-26 AL del 5 de noviembre de 2023, porque, en su criterio, se
configuraron las causales de nulidad, contempladas en los numerales 3° y 7° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relacionadas con la alteración de documentos
electorales y el fenómeno de la trashumancia.

2. Fundamentos fácticos, normas violadas y concepto de la violación

2. Sostuvo que, en las elecciones del 29 de octubre de 2023, 229 personas
votaron en Albania1, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante
Resolución 9228 del 8 de septiembre de 2023 dejó sin efectos las cédulas de dichos
ciudadanos.

1
En cuadro discriminó la resolución y los formularios E- 11 y E-10 de cada una de las mesas, donde,
alega, ocurrió dicha irregularidad.

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1

Demandante: Jader Evaristo Magdaniel Cabrales
Demandada: Nera Eloísa Robles Bonivento
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00003-02

3. Además, indicó que otros 148 trashumantes, sufragaron en dichas
elecciones, en el municipio de Albania, de conformidad con «el cruce de información
que arroja la base de datos del ADRES»; situación sobre la cual no se pronunció el
Consejo Nacional Electoral2.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que 377 ciudadanos «sufragaron con
clara violación del artículo 316 de la Constitución Política». En esa línea, refirió que
dicha cantidad de votos modifica el resultado electoral porque entre Nera Eloísa
Robles Bonivento y Jader Evaristo Magdaniel Cabrales (2° en votación), existe una
diferencia de 251 votos.

5. Por otra parte, respecto de la alteración y modificación de documentos
electorales, indicó que los jurados de algunos puestos de votación omitieron
diligenciar en debida forma los formularios E-11, particularmente, prescindieron de
la identificación con nombre y apellido de los sufragantes, y se limitaron a
individualizar sus huellas digitales. Por lo anterior, «no es posible determinar si el
jurado de votación contabilizó los votos de los ciudadanos que aparecen con sus
nombres, huella y firma o, el de aquellos que solo estamparon su huella lo cual lleva
a materializar la falsedad del registro en su totalidad, por contener datos contrarios
a la verdad». (sic)3

6. Bajo ese entendido, señaló que la elección de Nera Eloísa Robles Bonivento,
como alcaldesa de Albania, (La Guajira), está incursa en las causales de nulidad,
previstas en los numerales 3 y 7 del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y vulneró los artículos
2, 13, 29, 40 y 316 de la Constitución Política, toda vez que: i) se configuró la
trashumancia de 377 ciudadanos, que afecta el resultado obtenido para la alcaldía
de Albania y ii) de los formularios E-11 no es posible identificar con claridad a
algunos votantes, porque solo consignaron su huella.

3. Trámite en primera instancia

7. En auto de 26 de enero de 20244, el Tribunal Administrativo de La Guajira
admitió la demanda y ordenó las respectivas notificaciones5.

2
Indicó que fueron consultadas las bases de datos y se evidenció que los votantes residían en
municipio distinto al de Albania (La Guajira).
3
Relacionó un cuadro con la información registrada en los formularios E-11 de las mesas 5 a 9 del
corregimiento de Hare Huaren y de la mesa 1 del corregimiento de Porciosa.
4
Índice 10 Samai. Expediente 2024-00003-00.
5
Se ordenó notificar a: i) Nera Eloisa Robles Benivento, ii) Ministerio Público, iii) registrador nacional
del estado civil, iv) presidente del Consejo Nacional Electoral, v) Agencia Nacional de Defensa
Jurídica y del Estado, vi) al demandante, por estado y vii) al MAIS, por aviso.

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Demandada: Nera Eloísa Robles Bonivento
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3.1. Contestaciones

3.1.1. Nera Eloísa Robles Bonivento (demandada)6

8. Su apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, al concluir que el acto demandado no está viciado de nulidad por
trashumancia y tampoco por falsedad derivada de la suplantación de electores.

9. En primera medida, solicitó la «inaplicación» de la Resolución núm. 9228 del
8 de septiembre de 2023, mediante la cual, el Consejo Nacional Electoral dejó sin
efectos la inscripción de algunas cédulas de ciudadanía en el municipio de Albania
(La Guajira), toda vez que: i) la entidad expidió el acto administrativo «cuando ya
estaba cerrado el censo electoral»; luego, carecía de competencia para ello7, ii)
dicho acto administrativo no fue debidamente notificado8 y, iii) se desconocieron los
parámetros jurisprudenciales para demostrar la inexistencia de residencia electoral.

10. Argumentó que la parte actora refirió que 229 ciudadanos ejercieron su
derecho al voto en el municipio de Albania, aun cuando el Consejo Nacional
Electoral dejó sin efectos la inscripción de sus cédulas, pero lo cierto es que,
sufragaron en dichas condiciones 171 personas9; situación que, en su concepto,
carece de incidencia en el resultado electoral, pues con la aplicación del método
ponderado, «la demandada seguiría ganando por 224 votos».

11. En línea con lo anterior, precisó que «la verificación en una sola base de
datos que se pueden consultar no es suficiente para desvirtuar la presunción de
residencia electoral» y, sostuvo que de los 148 ciudadanos a los que refirió la parte
actora, solo se tendría a 92 «trashumantes»; situación que, en todo caso, tampoco
incide en el resultado de las elecciones.

12. Por otra parte, citó jurisprudencia del Consejo de Estado10 y sostuvo que el
cargo relacionado con la suplantación de electores no está llamado a prosperar,
dado que no se individualizaron los presuntos suplantados y suplantadores.
Además, puso de presente que, al comparar las cédulas relacionadas por el actor
con la información remitida, en formato Excel, por parte de la Registraduría Nacional

6
Índice 29 Samai – Expediente 20240000300.
7
Para sustentar lo anterior citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Sentencia de 18 de noviembre de 2021. Expediente: 76001-23-33-000-2019-01203-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate.
8
Al respecto citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia de 4 de febrero de 2016. Expediente: 11001-03-28-000-2014-00110-00 M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
9
«[…] 6 de esos ciudadanos no aparecen en la resolución; de los 233 restantes, 14 no existen en
los formularios E-11 de las mesas en las que el demandante afirmó que votaron; de los 109 restantes
38 no aparecen votando según los Formularios E-11 de las mesas en las que el demandante dijo
que votaron. En resumen, solo 171 ciudadanos, cuya inscripción para votar se dejó sin efecto por el
Consejo Nacional Electoral, efectivamente votaron».
10
Al respecto citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia de 18 de noviembre de 2021. Expediente: 76001-23-33-000-2019-01203-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate.

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del Estado Civil sobre los formularios E-11, se extrae que ninguno de ellos ejerció
su derecho al voto en las pasadas elecciones en el municipio de Albania (La
Guajira).

13. Mencionó que el 7 de febrero de 2024 se realizó la diligencia de exhibición
de los formularios E-11 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en
donde se evidenció que «en las casillas señaladas por el demandante como
aquellas donde aparecen electores suplantados sin registrar su nombre, pero con
huellas ilegibles no aparece registrado ningún elector, ni esas casillas fueron
computadas para consolidar el número de electores registrados en el formulario».
Además, puntualizó que los mentados documentos fueron elaborados en un papel
que permite percibir la sombra de lo contenido en el reverso de la hoja.

3.1.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)11

14. Mediante apoderado judicial, indicó que las funciones de la RNEC en materia
electoral son de «logística», por tanto, propuso como excepción la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

3.1.3. Consejo Nacional Electoral (CNE)12

15. El apoderado judicial de la entidad sostuvo que el acto demandado no fue
expedido por la entidad, por lo que solicitó ser desvinculado bajo la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva. Con todo, indicó que la demanda
impetrada por el actor resulta improcedente «toda vez que, sustenta sus
pretensiones en hechos que no son ciertos».

3.2. Audiencia inicial13

16. Mediante providencia de 10 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira admitió la intervención de Uldaris Rafael Palmezano Ortiz, como
impugnador14, y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia inicial15.

17. El 22 de abril de 2024 se celebró la audiencia inicial, diligencia en la cual se
saneó el proceso y se fijó el litigio en los siguientes términos:

¿Están demostrados los supuestos fácticos necesarios para anular el acto que
declaró la elección de la ciudadana Nera Eloísa Robles Bonivento como alcaldesa del
municipio de Albania – La Guajira, al haberse configurado las causales de nulidad
establecidas en los numerales 3 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
haberse consignado en los documentos electorales, datos contrarios a la verdad, o
fueron alterados o modificados con el propósito de incidir en el resultado, y haberse
permitido el sufragio de ciudadanos que no son residentes en la circunscripción de

11
Índice 22 Samai – Expediente 20240000300.
12
Índice 16 Samai. Expediente 2024-00003-00.
13
Índice 54 Samai. Expediente 2024-00003-00.
14
Quien se opuso a las pretensiones de la demanda.
15
Índice 49 Samai. Expediente 2024-00003-00.

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dicho municipio, o si por el contrario el acto de elección se encuentra ajustado a la
constitución y la Ley, conservado su presunción de legalidad?

[…]
De hallarse acreditado el sufragio irregular dentro del proceso democrático, habrá de
determinarse el mecanismo idóneo para establecer la incidencia de los votos
irregulares, en el resultado de la contienda electoral, de la mano de la jurisprudencia
vigente que regula la materia16.

18. Sumado a lo anterior, el Tribunal Administrativo de La Guajira incorporó las
documentales aportadas con la demanda y sus contestaciones, decretó como
pruebas las solicitadas por el demandante17 y negó las requeridas por la
demandada, toda vez que, se accedió al decreto de una de ellas a petición del actor
y las restantes fueron debidamente aportadas al proceso18.

19. Finalmente, mediante providencia de 24 de junio de 202419 el tribunal
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, decidió concluir la etapa
probatoria y corrió traslado para que, dentro de los diez (10) días siguientes, las
partes presentaran sus alegatos de conclusión por escrito, y el Ministerio Público
rindiera concepto.

3.3. Traslado de las pruebas aportadas por la RNEC

20. Dentro del término de traslado de las pruebas aportadas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la demandada propuso el desconocimiento de los
formularios E-1120, en atención a que dichos documentos «traslucen desde el
averso sombras de huellas colocadas en el reverso y viceversa, por lo que no
registran con fidelidad lo consagrado en ellos». Con todo, precisó que no trata de
cuestionar la veracidad del documento original, sino de exponer que la copia «no
resulta idéntica» a este.

21. Por último, solicitó, de forma subsidiaria, que, en caso de considerarse
improcedente el desconocimiento de los mentados documentos, se accediera al
«cotejo con los originales», atendiendo a lo contemplado en el artículo 246 del
Código General del Proceso21.

16
El despacho adicionó este último aspecto en la fijación del litigio en atención a la intervención
realizada por la parte demandada y el Ministerio Público.
17
El demandante solicitó requerir a la RNEC para que remitiera copia de los formularios E-10 y E-
11 de los siguientes puestos de votación del municipio de Albania: i) la cabecera municipal, mesas
1,2 y3, ii) Huare Huaren mesas 5, 6, 7, 8 y 9, iii) mesas 1, 2, 3, 4, y 5 de Porciosa.
18
Frente a esta decisión, la demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, el
tribunal decidió no reponer (auto interlocutorio Nro. 5) y remitió el expediente a esta Corporación, la
cual confirmó lo decidido por el tribunal, mediante providencia de 3 de mayo de 2024, toda vez que,
la orden de remitir la copia de los formularios E-11 por medios electrónicos tiene razón de ser en el
artículo 216 del CPACA; luego, resultaba plenamente admisible que dichos documentos fueran
aportados en forma digital.
19
Índice 75 Samai. Expediente 2024-00003-00.
20
Índice 66 Samai. Expediente 2024-00003-00.
21
En atención a lo solicitado por la demandada, mediante providencia de 30 de mayo de 2024 (índice
69 – Samai, expediente 2024-00003-00) el tribunal indicó que se impartiría el trámite

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3.4. Alegatos de conclusión

3.4.1. Jader Evaristo Magdaniel Cabrales (demandante)22

22. Mediante apoderado judicial, reiteró los argumentos expuestos en la
demanda y solicitó al tribunal que se acceda a las pretensiones porque, en su
criterio: i) se acreditó que 148 ciudadanos ejercieron su derecho al voto en el
municipio de Albania (La Guajira), pese a que residen en un lugar distinto y, ii) los
formularios E-11 contienen información que no corresponde a la realidad.

3.4.2. Nera Eloísa Robles Bonivento (demandada)23

23. Igualmente, a través de su apoderado, expuso los argumentos de la
contestación de la demanda e indicó que no se encontraron configuradas las
causales de nulidad aludidas por la parte actora, toda vez que, i) los formularios E-
11 «carecen de eficiencia probatoria», ii) la Resolución núm. 9228 de 2023 debe ser
inaplicada al no haber sido debidamente comunicada y, iii) las 148 cédulas aludidas
por el demandante no fueron objeto de pronunciamiento por el CNE, dado que la
investigación correspondiente no arrojó irregularidades.

24. Con todo, precisó que, aun si se encontraran acreditadas las irregularidades
expuestas por el actor, lo cierto es que ello no alteraría el resultado de las
elecciones, conforme la aplicación del método de la «distribución ponderada».

3.4.3. Uldaris Rafael Palmezano Ortíz (impugnador)24

25. Solicitó no anular el acto de elección de la demandada, porque i) los
presuntos trashumantes, realmente estaban habilitados para ejercer su derecho al
voto, ii) sobre los formularios E-11 no recae anomalía alguna y, iii) aún si se hubiese
presentado alguna irregularidad, lo cierto es que ello no representaría alteración en
los resultados de las elecciones.

3.4.4. Registraduría Nacional del Estado Civil25

26. El apoderado judicial reiteró que la entidad no se encuentra legitimada en la
causa por pasiva, toda vez que, sus funciones en materia electoral se ciñen a
actividades logísticas.

correspondiente, por ende, denegó la solicitud de exhibición del documento original decretado como
prueba, precisando que, en todo caso, deviene en una petición probatoria extemporánea.
22
Índice 80 Samai. Expediente 2024-00003-00.
23
Índice 81 Samai. Expediente 2024-00003-00.
24
Índice 81 Samai. Expediente 2024-00003-00.
25
Índice 82 Samai. Expediente 2024-00003-00.

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3.4.5. Concepto del Ministerio Público26

27. El procurador 154 Judicial II para asuntos administrativos manifestó que las
pretensiones del demandante no están llamadas a prosperar, toda vez que la
elección de la demandada no estuvo afectada por «ninguna anomalía democrática».

28. Frente al cargo de trashumancia electoral, indicó que la Resolución 9228 de
8 de septiembre de 2023, mediante la cual, el CNE dejó sin efectos la inscripción de
varias cédulas de ciudadanía en Albania, no pudo ser implementada por la RNEC,
puesto que: i) se ofició a la entidad después del cierre de censo electoral y, ii) no
existe prueba que permita evidenciar la vinculación de los interesados a dicha
actuación, desconociéndose lo contemplado en las sentencias C-640 de 2002 y SU-
295 de 3 agosto de 2023, relativo a la notificación del procedimiento administrativo.

29. Pese a lo anterior, indicó que, al contrastarse los formularios E-10 y E-11 con
la mentada resolución, se tiene que, i) 52 ciudadanos a los que se les revocó su
inscripción no ejercieron su derecho al voto en las elecciones del 29 de octubre de
2023, ii) «en las casillas de 2 ciudadanos, a quienes se había revocado la inscripción
aparecen votando otras personas» y iii) 175 personas, que fueron objeto de la
decisión contenida en el acto administrativo, sufragaron en los comicios señalados.

30. En segundo término, sostuvo que la trashumancia, que se predica frente a
148 ciudadanos, no está llamada a prosperar, toda vez que, sobre las referidas
cédulas el CNE realizó la investigación correspondiente, sin encontrar anomalía
alguna, por lo que no fueron susceptibles de pronunciamiento.

31. Puntualizó que no resulta admisible concluir que los mencionados
ciudadanos incurrieron en trashumancia, teniendo en cuenta, únicamente, la
información contenida en el ADRES27, «puesto que el hecho de que los titulares de
las cédulas de ciudadanías no reciban el servicio de salud en el Municipio de Albania
no es un factor absoluto que conduce a desvirtuar la residencia electoral», máxime
si se tiene en cuenta que las personas tienen libertad de escoger la EPS28 en donde
prefieren recibir atención médica.

32. Por otra parte, sostuvo que no se configuró la causal de nulidad, contenida
en el numeral 3° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, porque la visualización
«borrosa» de algunas huellas en los formularios E-11, «corresponde
exclusivamente a un fenómeno que se produjo durante el escaneo de los
documentos electorales»; situación que no afecta la validez de los mismos.

26
Índice 79 Samai. Expediente 2024-00003-00.
27
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
28
Entidad Promotora de Salud.

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4. Sentencia de primera instancia29

33. Mediante sentencia del 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira negó la nulidad de la elección de Nera Eloísa Robles Bonivento, como
alcaldesa de Albania (La Guajira), periodo 2024-2027.

34. Para fundar su decisión, indicó, en primer lugar, que no había mérito para
acceder al desconocimiento, propuesto por la demandada, respecto de los
formularios E-11, toda vez que, gozan de autenticidad, pues fueron suscritos por los
jurados de votación y allegados por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
además, de los mismos no se advierte alteración alguna,

35. Sostuvo que no se configuró la causal de nulidad, contenida en el numeral
3.° del artículo 275 del CPACA, porque los formularios E-11 no fueron alterados,
pues, lo que parece la «sombra o macha difuminada» de huellas, en algunas
casillas, que corresponde a la parte posterior de cada hoja de dicho documento
electoral, se puede deber a la delgadez y «poco gramaje» del papel que contiene la
referida información.

36. Además, aclaró que el total de votantes en E-11 coincide con el número de
casillas de identificación diligenciadas por cada sufragante, luego, no había lugar a
deducir que los jurados de votación incluyeron, en la contabilización de los votos,
las casillas «en las que solo aparece una sombra o mancha», lo cual, para el
tribunal, despeja la duda expuesta por la demandada.

37. Por otra parte, refirió que la causal de nulidad del numeral 7.° del artículo 275
del CPACA tampoco tiene vocación de prosperidad, dado que las irregularidades,
expuestas por la parte actora, no tienen «la incidencia de modificar el resultado de
la contienda electoral, por tanto, se debe preservar la voluntad legítima mayoritaria
de los electores».

38. Para argumentar lo anterior, indicó que, pese a que el demandante señaló
que el CNE no emitió un pronunciamiento sobre la trashumancia en la que
incurrieron 148 ciudadanos, lo cierto es que la entidad sí realizó la revisión
correspondiente, y de esta concluyó que no se configuró irregularidad alguna.

39. En segundo término, demostró que el CNE dejó sin efectos la inscripción de
518 cédulas en el municipio de Albania (La Guajira)30. Además, precisó que de los
229 ciudadanos que, según la demanda, votaron irregularmente en el referido
municipio 54 de ellos no ejercieron su derecho al voto, por lo que, fueron 175
sufragantes los que incurrieron en dicha anomalía.

29
Índice 85 Samai. Expediente 2024-00003-00.
30
Aludió a las Resoluciones nros. 9228 del 8 de septiembre y 9354 del 12 de septiembre, ambas de
2023.

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40. Con todo, advirtió que la trashumancia probada no tiene la incidencia
suficiente para alterar el resultado final de las elecciones, tal como lo señaló el
Ministerio Público.

41. Bajo ese entendido, expuso que, aunque se descontaran los 175 votos,
previamente referenciados, a la cifra obtenida por la demandada, «el resultado de
los comicios sería el mismo», por lo que «se debe preservar la voluntad legítima
mayoritaria de los electores», puesto que «muy a pesar de la existencia de votos
irregulares, estos no tienen la virtualidad de modificar o variar el resultado de la
contienda electoral, aun si se le restaran únicamente a la candidata electa»31.

42. Por otra parte, indicó que, aunque la legalidad de la Resolución 9228 de
2023 no será objeto de discusión en esta sede, resulta necesario advertir que la
orden impartida en el mentado acto administrativo no se materializó, pues fue
proferida, posterior al termino de modificación del censo electoral, por lo que exhortó
al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para
que se implemente un mecanismo eficaz, en aras de dar cumplimiento a las
decisiones relacionadas con la configuración de trashumancia.

43. Finalmente, el tribunal no encontró probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuestas, porque la Registraduría Nacional
del Estado Civil es la entidad encargada de verificar la identidad de los electores y
elegidos, ejercer como testigo institucional e intervenir en los procedimientos
administrativos relacionados con el debate electoral y el Consejo Nacional Electoral
es la autoridad responsable de regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad
electoral, tanto de los partidos políticos como de sus candidatos.

5. Recurso de apelación32

44. Mediante apoderado judicial, el demandante solicitó que se revoque la
sentencia del 6 de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo de La Guajira, para
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

45. Esgrimió que el tribunal realizó apreciaciones subjetivas frente a los
formularios E-11, al señalar que las huellas que allí se evidencian corresponden a
una «sombra difuminada», pues, para llegar a esa conclusión debió indagar al
respecto, máxime si se tiene en cuenta que se trató de una actuación repetitiva con
la que, a su juicio, se pretendía «alterar la verdad».

46. Aunado a lo anterior, sostuvo que era carga de la parte demandada, probar
la falta de autenticidad de los formularios E-11, por lo que debió aportar una prueba
pericial, para demostrar la «tacha» propuesta.

31
Al respecto citó: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 18 de noviembre de 2021, rad: 76001-23-33-000-2019-01203-01.
32
Índice 88 Samai. Expediente 2024-00003-00.

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Demandada: Nera Eloísa Robles Bonivento
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00003-02

47. Insistió en que, además de los 175 sufragantes que incurrieron en
trashumancia – según lo dicho por el tribunal –, se probó que 148 ciudadanos no
residían en Albania (La Guajira) y, a pesar de ello, ejercieron su derecho al voto en
el referido municipio. Así las cosas, 323 ciudadanos estuvieron incursos en dicha
irregularidad; cifra que, en su criterio, resulta suficiente «para mutar el resultado y
acceder a las pretensiones de la demanda», teniendo en cuenta que la diferencia
entre los dos candidatos con la mayor votación es menor.

48. Al respecto, aseguró que, aunque el Consejo Nacional Electoral omitió dejar
sin efectos la inscripción de 148 cédulas en el municipio de Albania (La Guajira),
ello no impide la posibilidad de acreditar la residencia electoral de los titulares de
aquellas, quienes, de conformidad con las certificaciones extraídas de «las
plataformas de la salud», residen en lugares distintos a los corregimientos Porciosa
y Huare Huaren.

49. Sumado a lo anterior, afirmó que es un hecho notorio que los mentados
corregimientos «no tienen el potencial de votantes que se registró y, que llegan, por
razones prácticas y de conveniencia política a inscribir su cédula de ciudadanía con
el propósito de ejercer su voto el día de la elección, sin que durante el resto del año
regresen a esos Corregimientos a ejercer una profesión, oficio o, a atender algún
negocio»33.

6. Trámite en segunda instancia

50. El 9 de septiembre de 202434, el despacho ponente admitió el recurso,
interpuesto por el demandante. A su vez, ordenó poner el expediente a disposición
de las partes, para presentar alegatos de conclusión y del Ministerio Público, para
emitir concepto.

51. Mediante auto de 26 de septiembre de 202435, el despacho sustanciador
resolvió negativamente la solicitud de pruebas, impetrada por la demandada, en el
escrito de alegatos de conclusión.

6.1. Alegatos de conclusión en segunda instancia

52. Mediante apoderado judicial, el demandante36 reiteró los argumentos
planteados en el recurso de apelación e insistió en las anomalías expuestas
respecto de los formularios E-11 que, a su juicio, «afectan el registro en su totalidad,
e inciden en el resultado electoral».

33
Al respecto citó: «Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2001.
Radicación 2742».
34
Índice 5 Samai.
35
Índice 13 Samai.
36
Índices 11 y 19 Samai. El 7 de octubre de 2024, el apoderado del actor presentó escrito en el que
se remitió a los argumentos de sus alegatos de conclusión, remitidos mediante memorial del 17 de
septiembre de 2024.

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53. Por su parte, el apoderado judicial de la demandada37 sostuvo que, sobre
los formularios E-11, no recae irregularidad alguna que pueda alterar los resultados
electorales. Insistió en la inaplicación de la Resolución 9228 de 2023 expedida por
el CNE e indicó que, aunque se tenga en cuenta la decisión que dejó sin efectos la
inscripción de algunas cédulas, lo cierto es que «solo 173 supuestos trashumantes»
ejercieron su derecho al voto; cifra que, en su criterio, no tiene la suficiencia
cuantitativa para incidir en el resultado.

54. En adición a lo anterior, recalcó que la parte actora no logró desvirtuar la
residencia electoral de los 148 ciudadanos señalados como trashumantes, y, en
todo caso, precisó que, realmente, no se trata de ese número, sino de 91 cédulas,
las cuales fueron «revisadas por el CNE dentro del trámite que culminó con la
expedición de la Resolución 9228 de 2023».

55. Solicitó oficiar a la RNEC para que allegara al proceso «los originales» de los
formularios E-11 de 13 mesas de votación del municipio y, en subsidio, «el cotejo
de las copias digitales de los anteriores documentos con sus originales»38.

56. Finalmente, advirtió que debía prescindirse del análisis de incidencia, toda
vez que la parte actora no logró demostrar las irregularidades referidas en el escrito
de la demanda. Con todo, precisó que, de encontrarse acreditadas las falencias
descritas por la parte actora, lo cierto es que estas no tendrían la entidad suficiente
para mutar el resultado electoral.

57. El Ministerio Público no se pronunció39.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

58. De conformidad con los artículos 15040, 152 numeral 7.a41 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también

37
Índices 9 y 18 Samai. Posteriormente, mediante memorial del 7 de octubre de 2024, el apoderado
de la demanda reiteró los argumentos presentados en el primer escrito de alegatos del 12 de
septiembre de 2024, con excepción de la solicitud probatoria.
38
Solicitud que fue resuelta, mediante auto del 26 de septiembre de 2024.
39
De acuerdo con constancia secretarial del 16 de octubre de 2024.
40
«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
41
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo
modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto de elección o
llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales,
de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los

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el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado42,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del 6 de agosto de 2024
emitida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y es la Sección Quinta, en este
caso, quien debe conocer del asunto, porque se demandó el acto de elección de
Nera Eloísa Robles Bonivento como alcaldesa de Albania (La Guajira), periodo
2024-2027.

2. Acto demandado

59. Se demanda la nulidad de la elección de Nera Eloísa Robles Bonivento, como
alcaldesa de Albania (La Guajira), periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-
26 AL del 5 de noviembre de 2023, por, presuntamente, incurrir en las causales de
nulidad contenidas en los numerales 3° y 7° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema jurídico

60. Se debe resolver si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión que
negó la nulidad de la elección de Nera Eloísa Robles Bonivento, como alcaldesa de
Albania (La Guajira), periodo 2024-2027, al no encontrar probada la alegada
alteración de formularios electorales ni la votación de suficientes ciudadanos
trashumantes, que tuviera incidencia en el resultado electoral.

61. Para resolver lo anterior, la Sala verificará si se configuran las causales de
nulidad, establecidas en los numerales 3° y 7° del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011; para lo cual se deberá definir, en primera medida, si se alteraron los
formularios E-11; si 148 ciudadanos no residentes en Albania, votaron en el
municipio, y, de encontrar acreditadas dichas irregularidades, si las mismas
incidieron en los resultados de la elección.

62. Para resolver la anterior cuestión, la Sala analizará los siguientes temas: i)
falsedad en documentos electorales, suplantación de electores ii) trashumancia
electoral y los mecanismos para combatirla; iii) antecedentes jurisprudenciales
sobre los aspectos que deben acreditarse para predicar la existencia de
trashumancia electoral y iv) caso concreto.

3.1. Sobre la alteración de documentos electorales

63. La Ley 1437 de 2011, establece, entre otras, la causal número 3 de nulidad
electoral, en su artículo 275:

miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos
directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración
(…)». (Subrayado fuera del texto original)
42
Artículo 13.

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[…] 3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan
sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.

64. Acerca de dicha causal, en el marco de elecciones por voto popular, la
jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

La causal de nulidad invocada en este caso corresponde a la falsedad o alteración de
los registros electorales, que se verifica cuando en las etapas electoral y poselectoral
se presentan situaciones que afectan objetivamente los resultados electorales, y con
ello la voluntad de los electores. La verdad electoral resulta falseada cuando en los
distintos documentos electorales se registran votos que física o jurídicamente no
existen, como cuando en tales documentos se inventan o se fabulan votos o cuando
se computan éstos - los votos -, no obstante que se hallan relacionados en registros
no válidos.

65. De igual forma, se ha indicado que la causal en mención se configura también
en «aquellas situaciones en las que se evidencia una intención deliberada de
alteración del documento contentivo de los resultados, con lo que se busca la
alteración de la voluntad popular».43

66. Aunado a lo anterior y, en atención a la naturaleza objetiva de la causal de
nulidad electoral descrita, los documentos cuya falsedad o adulteración se predique,
«son exclusivamente aquellos correspondientes a las etapas electoral y
poselectoral, comprendidas entre el momento en que se produce la apertura de las
urnas y la conclusión de los escrutinios».44

31.1. Suplantación de electores45

67. Este fenómeno se configura cuando i) una persona deposita su voto en
nombre de otra, ii) los jurados de votación diligencian las casillas del E-11
simulando que la persona allí registrada se acercó a ejercer su derecho al voto, o,
iii) cuando en el formulario E-11 se registra como votante a una persona cuyo cupo
numérico no se encuentra vigente por haber pertenecido a una persona fallecida.

68. Nótese que, en el caso de la suplantación, los documentos electorales
contienen datos contrarios a la verdad, debido a que, en ellos, reposa información
que no se encuentra conforme con la realidad, por cuanto quien aparece ejerciendo
el derecho al voto no era el que legalmente podía ejercerlo.

69. Muestra de lo anteriormente señalado, es que en el registro de votantes o
formulario E-11, aparecerá un número de sufragantes que dista de la verdad, dado
que, en realidad, no comparecieron a ejercer su derecho todas aquellas personas
que aparecen en este, como votantes, materializándose la alteración de los

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 23 de
septiembre de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2021-00026-00.
44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 17 de
noviembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00037-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
45
Reiteración jurisprudencial de Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de diciembre
de 2024. Radicado núm. 47001-23-33-000-2015-00498-01. MP. Rocío Araujo Oñate.

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resultados electorales, debido a que se cuentan votos que no fueron depositados
en las urnas por el titular del derecho al sufragio, lo cual se traduce en votos
espurios que van a ser sumados en el acta E-14 y posteriormente en los formularios
E-24 y E-26, siendo éste último en el que consta la declaratoria de la elección.

3.2. Trashumancia electoral y los mecanismos para combatirla (Reiteración
jurisprudencial)46

70. Teniendo claridad de los anteriores aspectos de la residencia electoral,
resulta más sencillo comprender el concepto de trashumancia electoral que, según
lo ha precisado esta Sección, corresponde a «la acción de inscribir la cédula para
votar por un determinado candidato u opción política en un lugar distinto al que se
reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés»47.

71. Con el fin de prevenir y combatir la anterior conducta, que sin duda alguna
atenta contra la democracia participativa local, se han implementado diversos
mecanismos a los que brevemente se hará alusión, para luego profundizar en uno
de ellos, el procedimiento breve y sumario que adelanta el Consejo Nacional
Electoral, debido a la naturaleza de los actos cuya nulidad se pretende, dictados por
dicha entidad.

72. En tal sentido, puede apreciarse el artículo 389 del Código Penal
Colombiano, que en los siguientes términos reprocha la inscripción irregular de
documentos o cédulas de ciudadanía desconociendo la relación que deben tener
los votantes con el territorio, puede mediante tal conducta se pretende obtener
indebidamente una ventaja en los comicios y/o un provecho ilícito para sí o para
terceros:

ARTÍCULO 389. FRAUDE EN INSCRIPCION DE CÉDULAS. <Artículo modificado por
el artículo 4 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El que por
cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban
documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a
aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección
popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá
en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba
su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a
aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para
sí o para terceros.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea
realizada por un servidor público.

46
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm.
76001-23-33-000-2019-01203-01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro
Pablo Vanegas.
47
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 9 de febrero de 2017. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2014-00112-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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73. Vale la pena destacar que con la modificación introducida por el artículo 4 de
la Ley 1864 de 2017 al anterior tipo penal, no solo se sanciona a quien logra que
personas habilitadas para votar inscriban sus documentos de identidad en lugares
en los que no les corresponde, sino a quienes inscriben aquéllos para votar en tales
condiciones, en tanto da cuenta de la intención del legislador de hacer consciente
al ciudadano de las consecuencias de su conducta cuando no realiza un ejercicio
honesto del derecho al voto, cuando con el objeto de obtener un provecho ilícito
para él o un tercero, se presta para interferir en decisiones de carácter local en las
cuales no está legitimado, pues no tiene relación con el territorio en el que se llevan
a cabo los comicios.

74. Por otra parte, para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el
numeral 7° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 se encuentra una causal
específica de nulidad de los actos elección o nombramiento relacionado con la
trashumancia del siguiente tenor:

ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección
o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este
Código y, además, cuando: (…) 7. Tratándose de la elección por voto popular por
circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la
respectiva circunscripción.

75. Aunque de manera expresa mediante la norma transcrita se consagró como
causal de nulidad específica la trashumancia electoral, ello no quiere decir que con
anterioridad dicha conducta no haya sido considerada como un motivo para anular
los votos afectados y eventualmente el acto de elección, pues tal posibilidad fue
aceptada por el Consejo de Estado desde el 28 de enero de 199948, al estimar en
un primer momento que la misma constituía una violación del artículo 316
constitucional y luego49 que también es una modalidad de incurrir en la conducta

48
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario
Alario Méndez. En esta providencia se indicó: «Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la
violación de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución no determina la nulidad de las
elecciones de que se trate y que las consecuencias de esa violación son las establecidas en el
artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según el cual sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera
lugar cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el inscrito no reside en
el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción. La Sala
en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la Constitución prohíbe que en votaciones
que se realicen para la elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros
municipios, el voto cumplido contra esa expresa prohibición constitucional es nulo. Y será nula,
consecuentemente, la elección correspondiente, cuando el número de votos nulos sea determinante
de la misma, pues en caso contrario la nulidad del voto resultaría inocua. Entonces, para alegar con
éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe demostrarse que los inscritos no residían
en el respectivo municipio, en el lugar indicado al momento de la inscripción, bajo juramento, en los
términos del artículo 4º, inciso segundo, de la ley 163 de 1.994, y que efectivamente votaron; y
establecer también la incidencia de tales votos en el resultado electoral».
49
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, Rad. 25000-23-24-
000-2000-0768-01(2719), M.P. Mario Alario Méndez.

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prevista en el entonces artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo50,
aspecto en el que en esta oportunidad no resulta necesario ahondar51

76. Sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, es
importante tener presente que el Consejo de Estado en sede nulidad electoral ha
considerado de manera más o menos uniforme, que «para desvirtuar la presunción
de residencia electoral se debe probar, de forma concurrente y simultánea, (i) que
el presunto trashumante no es morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene
asiento regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) que
tampoco posee algún negocio o empleo»52 .

77. Asimismo, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar
(i) qué personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para
sufragar en él, (ii) que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos
tuvieron incidencia en el resultado de la contienda electoral»53 .

78. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, se encuentra la facultad concedida al Consejo Nacional Electoral por el
artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que mediante un procedimiento
breve y sumario (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y
en caso afirmativo (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, con lo cual
se logra evitar que personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los
comicios locales.

79. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el
capítulo 8° al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral»,
comprendido entre los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., prevén la facultad y el deber
en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cruzar la información
suministrada por los ciudadanos al momento de inscribir su cédula de ciudadanía
para votar en los distintos procesos electorales, con «cualquier base datos pública
o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral» (parágrafo
del artículo 2.3.1.8.3.), aunque el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a
2.3.1.8.3 hace referencia a las bases más relevantes para tal efecto54

50
“Artículo 223. Causales de nulidad. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda
corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…) 2. Cuando aparezca que el registro es
falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”
51
Para mayor información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral,
puede apreciarse: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad.
11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 2) Consejo de Estado,
Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017, Rad. 68001-23-33- 000-2016-00076-02, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de
2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729), Darío Quiñones Pinilla.
52
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
53
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
54
Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
conforme a sus competencias de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la
inscripción con el Archivo Nacional identificación y la de datos de las huellas digitales, con el

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80. Todo con el propósito de entregar los resultados del cruce realizado al
Consejo Nacional Electoral, a fin de que adopte las decisiones correspondientes
frente a la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y, por ende, que se
ofrezcan de manera oportuna y eficaz garantías para el proceso electoral, como lo
indica la parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al señalar:

Que el artículo 49 la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar de
los ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes
de la jornada electoral. Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados
procesos electorales que la norma disponía de hasta seis (6) meses antes de la
elección el cierre de la inscripción de los ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo
para que el Consejo Nacional Electoral realice el control correspondiente en ejercicio
del numeral 1° del artículo 265 de la Constitución Política de ejercer la suprema
inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral y las investigaciones a
que haya lugar de inscripción irregular de cédulas. (…) Que con el fin de brindar
garantías para que los procesos electorales sean más transparentes, se asegure la
pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar conductas que puedan
atentar contra los mismos, se hace necesario establecer mecanismos que faciliten la
coordinación interinstitucional y así, permitir un efectivo y oportuno control por parte
del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas para combatir
trashumancia electoral.

81. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto
del mismo puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las
personas relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo que interfieren
indebidamente en la democracia participativa a nivel local. Tan es así, que el
Decreto 1066 de 2015 en su artículo 2.3.1.8.555 (adicionado por el Decreto 1294 de
2015), previó plazos concretos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil

propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus cédulas de
ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales. Parágrafo. Las cédulas inscritas desde
el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el procedimiento
aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha
actividad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha. Artículo
2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del
Estado Civil, acorde con sus competencias, con el fin de determinar la existencia o no de
irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe, cruzará la información con el Archivo
Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales. Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de
información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la
información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en
los diferentes procesos electorales, con las siguientes bases de datos: • Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento
Nacional de Planeación - DNP. • Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del
FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. • Base de Datos de los Beneficiarios
que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE. • Registro
de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría
Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que
se considere útil para establecer la residencia electoral.
55
“Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional
del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada
mes calendario durante el periodo de inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos».

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entregue el resultado del cruce de información al Consejo Nacional Electoral, a fin
de que éste adopte las decisiones a que haya lugar.

82. Sobre el particular no puede perderse de vista que la revisión eficaz y
oportuna del censo electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011 en su
artículo 49, previo a que este se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada
electoral, de manera tal que la depuración que se emprenda en aras propiciar
comicios transparentes, debe adelantarse antes del plazo antes señalado y de
forma permanente como lo establece el artículo 48 de la misma ley.

83. Lo anterior, porque el propósito no es otro que el registro de las cédulas de
ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y
en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para participar en las elecciones
y concurrir a los mecanismos de participación ciudadana56, corresponda a la
realidad, garantizando así que cada vez que se emprenda un ejercicio de
participación democrática, concurran quienes están habilitados para tal efecto por
el ordenamiento jurídico, que como se expuso con anterioridad, exige el respeto de
la residencia electoral.

84. Adicionalmente, en cuanto al procedimiento administrativo que se viene
explicando, resulta pertinente traer a colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en
mención, que hace referencia a la posibilidad de que el CNE efectúe análisis de
trashumancia histórica:

Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con
anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral,
dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la
trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316
de la Constitución Política.

85. En el entender de la Sala, cuando se hace referencia a la trashumancia
histórica, se hace alusión al traslado de ciudadanos de lugar distinto a aquel en que
residen o encuentran un verdadero arraigo o interés, y que influyeron en anteriores
procesos electorales de carácter local, de manera tal que históricamente personas
ajenas a la realidad territorial han incidido en decisiones relativas a la misma, por lo
que resulta necesario identificarlas en aras de dejar constancia de dicho fenómeno
y por supuesto tomar los correctivos a que haya lugar.

56
Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza: «Artículo 47. Censo
electoral. El censo electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a
los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y
la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para
concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número de
electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones a que se refieren los artículos
106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico,
elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite a la Organización Electoral
planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación
ciudadana».

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86. Sobre el particular resulta interesante que con el Decreto 1294 de 2015, no
solo se pretende que los análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las
elecciones que están por celebrarse, sino también que el estudio de dicho fenómeno
se emprenda respecto de procesos electorales que finalizaron, en criterio de la Sala,
con el propósito de aprender de las experiencias pasadas e identificar los lugares
en los que la trashumancia ha tenido significativa incidencia, a fin de implementar
procedimientos eficaces que permitan combatir dicha práctica en territorios en los
que históricamente se ha arraigado.

3.3. Antecedentes jurisprudenciales sobre los aspectos que deben acreditarse
para predicar la existencia de trashumancia electoral (Reiteración
jurisprudencial)57

87. En primer lugar es de vital importancia precisar qué aspectos a juicio de la
Sección Quinta del Consejo de Estado deben acreditarse para predicar la
materialización de la causal de nulidad consagrada en el artículo 275.7 de la Ley
1437 de 2011, referente a la trashumancia electoral, para lo cual la Sala hace58
alusión algunos pronunciamientos en la materia, que principalmente se han dictado
en sede de nulidad electoral, pero que resultan aplicables al análisis que emprende
el Consejo Nacional Electoral en sede administrativa, pues en ambos escenarios se
busca confirmar o desvirtuar la residencia electoral que registró una persona,
aunque con fines diferentes, pues en sede de nulidad electoral se busca corregir los
efectos de dicho fenómeno, presuntamente materializados en una elección que se
acusa de ilegal, mientras que en sede administrativa se busca prevenir que las
personas ajenas a una entidad territorial participen en las votaciones de carácter
local.

88. Frente a cualquier discusión atinente a la trashumancia electoral, tanto en
sede judicial como administrativa, se parte de la presunción contenida en el artículo
4° de la Ley 163 de 199459, esto es, que la residencia electoral de una persona
corresponde al lugar en el que tiene inscrita su cédula para votar, presunción que
de una parte se construye a partir del hecho que los ciudadanos para registrar dicho
documento a fin de ejercer el derecho al voto deben presentarse personalmente
ante la autoridad electoral del lugar en el que desean sufragar, como lo señala el
artículo 78 del Código Electoral; y de otra, del principio constitucional de buena fe

57
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm.
76001-23-33-000-2019-01203-01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro
Pablo Vanegas.
58
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 44001-23-40-000- 2020-00004-01.
59
«ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el
censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando
mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo
municipio, el CNE declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del
Decreto número 2762 de 1991».

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que irradia las actuaciones de los particulares ante la administración (art. 83 de la
Constitución Política), en virtud del cual en principio debe tenerse por cierta la
manifestación que hace el votante sobre el lugar en el que reside, motivo por el cual
si se busca desvirtuar tal afirmación, debe cumplirse con una carga probatoria
exigente como a continuación se ilustrará.

89. Del análisis de la jurisprudencia se tiene que en los primeros
pronunciamientos dictados por la Sección Quinta del Consejo de Estado60, luego de
reconocer que la trashumancia constituye una conducta que puede dar lugar a
anular los actos de elección, se precisó que la presunción de residencia electoral se
desvirtúa mediante «prueba convincente de que los sufragantes incursados moran
en otro municipio»61, que habitan en un lugar distinto a aquel en el que registraron
al momento de su inscripción.

90. Posteriormente, la Sección especificó que la residencia electoral se puede
establecer no sólo a partir del lugar en que se habita, sino también en el que de
manera regular se tiene asiento, se ejerce la profesión u oficio o posee algún
negocio o empleo, motivo por el cual, para desvirtuarla debe demostrarse que el
inscrito no se encuentra en alguna de las situaciones antes señaladas, respecto del
lugar en el que ejerce su derecho al voto62.

91. Poco tiempo después, en providencia del 14 de diciembre de 200163, la
Sección Quinta indicó que para desvirtuar la mentada presunción se debe demostrar
que el ciudadano no tiene alguna de las relaciones antes señaladas en la dirección
que suministró al momento de inscribir su cédula de ciudadanía para ejercer el
derecho al voto, porque resultaría desproporcionado o imposible de probar,
acreditar que la persona en cuestión no reside, no trabaja, no posee negocio o
empleo en el municipio en el que tiene inscrito su documento.

92. Para mayor ilustración, se traen a colación algunos apartes de la referida
providencia:

El artículo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral es el lugar
donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u
oficio o posee algunos de sus negocios o empleo, presupuestos materiales que
pueden determinar que una persona posea al mismo tiempo la opción de varias
residencias electorales, tal como puede ocurrir con el domicilio. No obstante, respecto
de aquélla, la ley establece que debe ser única y se determina por la decisión del
ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en alguno de los municipios en
relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vínculos previstos en el

60
A través de: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125,
M.P. Mario Alario Méndez.
61
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de septiembre de 2000, Rad. 2415. M.P:
Roberto Medina López. En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado,
Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).
62
En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo
del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).
63
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2001, Rad. 25000-23-24-
000-2000-0792-01(2742), M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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artículo 183 de la Ley 136 de 1994, es decir donde habita, o de manera regular está
de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, con
el fin de ejercitar en él su derecho político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula
el ciudadano declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio
y ello se constituye en el sustrato de una presunción legal que, como tal, puede ser
desvirtuada cuando se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las
situaciones descritas en el artículo citado.

Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento indica una dirección como del
lugar de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no la otra la que configura
al vínculo material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal manera que si
se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de
ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá
desvirtuando la presunción de residencia electoral. Significa lo anterior que en rigor
no se trata de demostrar que un inscrito reside en otro municipio o ciudad distinto de
aquel en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las varias
alternativas de relación material del inscrito con el lugar de inscripción; o de imposible
demostración si lo que se pretende es la prueba de que no reside, no trabaja, no se
encuentra en el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, etc. Por razones lógicas
y jurídicas debe entenderse que el acto de inscripción, el señalamiento bajo juramento
de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación material con el
respectivo municipio y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris
tatum de su residencia electoral y la sola acreditación de que no reside o trabaja en
el lugar señalado bajo juramento como tal, desvirtúa la presunción de residencia
electoral como ya se indicó. Este criterio hermenéutico rectifica la jurisprudencia que
había sostenido la Sala sobre el mismo punto en las sentencias de 15 de noviembre
de 2001, Expediente 2741 y del 7 de diciembre de 20001 (sic), Expediente 2729” 53
(Destacado fuera de texto).

93. La Sección Quinta del Consejo de Estado mantuvo su posición en la que
determinó que, para desvirtuar la residencia electoral, debe demostrarse que el
inscrito no está en alguna de las situaciones que permiten establecerla a partir de
los vínculos con el territorio antes citados, como puede apreciarse en las sentencias
del 25 de enero de 2002 , 29 de septiembre de 2005 , 11 de julio de 2009 , 9 de
febrero de 2017 y, en época reciente sin variar la posición de antaño de la Sala, se
consideró el 29 de abril de 2021 .

94. De las consideraciones hasta aquí expuestas, se tiene que un ciudadano es
trashumante cuando se demuestra que está inscrito para votar en un lugar del que:
(I) no es morador del respectivo municipio, (II) no tiene asiento regular en el mismo,
(III) no ejerce allí su profesión u oficio y (IV) tampoco posee negocio o empleo en la
entidad territorial. Lo anterior conlleva a profundizar en la forma en que pueden
acreditarse las anteriores situaciones, en especial teniendo en cuenta las funciones
atribuidas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional
Electoral en materia de trashumancia.

95. Respecto a la cuestión planteada, de entrada se advierte que implica un
desafío gigantesco en sociedades complejas, dinámicas y densas
demográficamente como las actuales, especialmente en nuestro país, donde por su
geografía es posible que un ciudadano labore en un municipio diferente al que
habita, por lo que para probar que una persona por ejemplo, no es habitante de un
municipio, en principio se tendría que contar con un medio que permita certificar con
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total exactitud cuáles son verdaderos moradores de dicha entidad territorial, para
así por exclusión, concluir que un determinado ciudadano no tiene el arraigo
requerido.

96. Lo mismo se predica si se tiene como propósito probar que una persona en
un municipio determinado no ejerce su profesión o no tiene allí algún empleo o
negocio, pues para tal fin tendría que existir un mecanismo que permita precisar
geográficamente por cada persona si desempeña una actividad laboral y/o
mercantil, lo que en principio escapa a la realidad de las entidades territoriales del
país, en tanto se requerirían mecanismos y procedimientos realmente sofisticados
de información, así como una cultura de empadronamiento profundamente
arraigada en los habitantes, que puedan responder a todos los fenómenos de
movilidad, por ejemplo, el desplazamiento forzado, que dificulta predicar con certeza
en qué lugar una persona habita, trabaja, tiene un negocio, ejerce su profesión u
oficio, etc.

97. Frente a los anteriores argumentos también debe considerarse que, si bien
resulta bastante complejo probar que una persona no tiene las mencionadas
relaciones con el territorio, sí es posible acreditar que tales vínculos existen respecto
de otro lugar, dicho de otro modo, que se habita, se tiene asiento regular, se trabaja
o tiene algún negocio en un lugar diferente al relacionado con la residencia electoral.

98. Se hace la anterior precisión en aras de ilustrar que quien pretende desvirtuar
la presunción de residencia electoral en los términos que actualmente lo exige la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en estricto sentido tiene
la posibilidad material de probar los vínculos que un ciudadano tiene con un territorio
distinto al registrado para efectos electorales, más no la posibilidad de acreditar que
dicho ciudadano no es morador del respectivo municipio, no tiene asiento regular
en el mismo, no ejerce allí su profesión u oficio y que tampoco posee algún negocio
o empleo, salvo que aquél confesara de manera clara y precisa tales circunstancias.

99. Esto aunado a que el hecho que una persona regularmente permanezca y/o
habite en un lugar, no conlleva necesariamente a que no pueda permanecer o
habitar en otro, y ni qué decir frente a los vínculos de ejercer la profesión u oficio o
poseer algún negocio o empleo, pues tales relaciones también puede presentarse
de una persona respecto de varios lugares, por lo que se insiste, que se pruebe
frente un ciudadano y un territorio la existencia de un vínculo para la constitución de
una residencia electoral, no conlleva necesariamente a la inexistencia del mismo
tipo de vínculo con otro espacio.

100. Las consideraciones hasta aquí hechas dan cuenta de las significativas
dificultades de desvirtuar la presunción de residencia electoral bajo las condiciones
que ha establecido de manera más o menos uniforme la jurisprudencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, condiciones que a su vez obedecen a las
distintas alternativas que ha reconocido el ordenamiento jurídico para constituir la
residencia electoral.

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101. Por otro lado, tampoco puede perderse de vista que cada vez que se discute
sobre la eventual existencia de trashumancia electoral, inescindiblemente se habla
del ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación del poder
político con todas sus manifestaciones (art. 40 de la Constitución), motivo por el cual
deben existir suficientes elementos de juicio para considerar que una persona debe
ser retirada del censo electoral del distrito o municipio en el que se inscribió, y por
ende, que allí no puede ejercer su derecho al voto porque no corresponde a su
residencia electoral.

3.4. Pruebas relevantes para el caso

Se relacionaron las siguientes64:

1. Formulario E- 26 ALC del 5 de noviembre de 2023, que declaró la elección
de la demandada como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira)65.
2. Formularios E-6 AL, en donde se evidencia la inscripción de Jader Evaristo
Magdaniel Cabrales, Oneida Rayeth Pinto Pérez y, Nera Eloísa Robles
Bonivento a la Alcaldía de Albania (La Guajira).66
3. Copia de la tarjeta electoral con los candidatos a la alcaldía del referido
municipio.67
4. Formulario E-24 ALC que contiene el resultado de escrutinios en cada puesto
de votación del municipio de Albania (La Guajira).68
5. Copia de la queja relacionada con trashumancia, impetrada por Marlon de
Jesús Ortiz Lara69, el 19 de septiembre de 2023, y su correspondiente
respuesta, emitida por el Consejo Nacional Electoral70, el 25 del mismo mes
y año.
6. Petición del 3 de noviembre de 2023, elevada por Jader Evaristo Magdaniel
Cabrales a la RNEC y al CNE, para que emitiera información sobre los
puestos en los que votaron los ciudadanos a los que se dejó sin efecto la
inscripción de sus cédulas en el municipio de Albania (La Guajira), así como
la remisión de los formularios E-10 y E-1171, y la respuesta expedida por la
RNEC el 23 del mes y año en mención.72
7. Copia de las denuncias de trashumancia en el municipio de Albania (La
Guajira), impetradas por Jader Evaristo Magdaniel ante las autoridades

64
Las pruebas relacionadas desde los numerales 23 a 30 pueden ser consultadas en el siguiente
link: https://drive.google.com/drive/folders/143zJxYq26PfsWgn-DBYv8o6PYsn3-rjM en el
documento «demanda».
65
Páginas 58 a 59 y 810.
66
Páginas 60 a 62 y 201 a 210.
67
Páginas 63 y 815.
68
Páginas 64 a 67.
69
Páginas 68 a 130.
70
Páginas 131 a 132.
71
Páginas 133 a 134.
72
Páginas 136 a 141.

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electorales73 y, respuesta por parte de la Registraduría Municipal de
Albania74.
8. Resoluciones 547975 y 922876 de 2023, expedidas por el CNE, mediante las
cuales dejó sin efecto varias inscripciones de cédulas en el municipio de
Albania (La Guajira).
9. Resolución 9354 de 2023, mediante la que el CNE repone parcialmente la
Resolución 5479 de 2023.77
10. Petición elevada por Marlon de Jesús Ortiz Lara ante la RNEC para que se
certificara el uso de biometría en los puestos de votación de Porciosa, Huare
Huaren y Remedios, así como el formulario E-6 ALC78 y, la respuesta emitida
por la referida entidad79.
11. Certificaciones tomadas de las plataformas ADRES – SISBÉN, respecto de
los ciudadanos que, pese a que no residen en los corregimientos Huare
Huaren y Porciosa, ejercieron su derecho al voto.80
12. Expediente administrativo, que contiene las actuaciones ejercidas por el CNE
respecto a la trashumancia electoral en el municipio de Albania (La
Guajira).81
13. Respuesta del 26 de febrero de 2024, a solicitud de información de 16 de
febrero de 2024, emitida por la RNEC, dirigida a Aldo Enrique Barros Robles,
profesional de la RNEC.82
14. Oficio del 27 de septiembre de 2023, remitido por la RNEC al CNE, en donde
indica que fueron incluidas en el censo electoral, solo las resoluciones
expedidas y notificadas hasta el 26 de septiembre de 2023, que dejaron sin
efecto la inscripción de algunas cédulas en el país.83
15. Oficio del 25 de julio de 2023, en el que la RNEC precisa que tendrá en
cuenta las resoluciones relacionadas con la trashumancia electoral,
únicamente si han sido expedidas hasta el 14 de septiembre de 2023.84
16. Certificación del 6 de marzo de 2024 expedida por la secretaria de Asuntos
Indígenas y étnicos del municipio de Albania, que da cuenta del asentamiento
regular de comunidades indígenas en ese municipio.85
17. Respuesta del 1 de marzo de 2024 a la petición dirigida al Consejo Nacional
Electoral, por parte de Joaquín José Vives Pérez, en la que se requiere
información sobre los trashumantes que no fueron objeto de pronunciamiento
por dicha entidad.86

73
Páginas 142 a 145.
74
Páginas 146 a 148.
75
Páginas 149 a 162.
76
Páginas 163 a 197.
77
Páginas 198 a 209.
78
Páginas 228 a 229.
79
Página 230.
80
Páginas 231 a 524.
81
Páginas 644 a 743.
82
Páginas 796 a 797.
83
Páginas 798 a 800.
84
Páginas 811 a 813.
85
Páginas 957 a 960.
86
Páginas 961 a 966.

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18. Respuesta del 4 de marzo de 2024 a la petición elevada ante el Consejo
Nacional Electoral, en donde se solicita certificación de la notificación de la
Resolución 9228 de 8 de septiembre de 2023.87
19. Respuesta del 11 de marzo de 2024 emitida por el director del Censo
Electoral, quien precisa que la Resolución 9228 de 8 de septiembre de 2023
fue notificada en fecha posterior al cierre del censo. 88
20. Formularios E-10, Albania (La Guajira): i) mesas 1, 2 y 3 cabecera municipal,
ii) mesas 1, 2, 3, 4 Porciosa y iii) mesas 5, 6, 7, 8, 9 Huare Huaren.89
21. Formularios E-11, Albania (La Guajira): i) mesas 1, 2 y 3 cabecera municipal,
ii) mesas 1, 2, 3, 4 Porciosa y iii) mesas 5, 6, 7, 8, 9 Huare Huaren.90
22. Petición de inspección de los formularios E-11 elevada ante la Registraduría
Municipal de Albania91 y respuesta de dicha entidad92.
23. Acta de exhibición de formularios E-11 realizada en Riohacha el 7 de febrero
de 2024.93
24. Petición radicada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que
se solicitó información sobre los ciudadanos que participaron en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 en el municipio de Albania (La
Guajira)94 y respuesta allegada por parte de la entidad95.
25. Oficio de 5 de febrero de 2024, en el que el director de censo electoral
certifica que la Resolución 9228 de 2023 no fue aplicada al censo electoral.96
26. Petición elevada ante el Consejo Nacional Electoral, en donde se solicita
certificación de la notificación de la Resolución del 8 de septiembre de 202397
y la respectiva respuesta98.
27. 18 certificaciones indígenas del Ministerio del Interior, que acredita que
dichos ciudadanos son miembros de comunidades étnicas con asiento en
Albania (La Guajira).99
28. Certificaciones extraídas de la página web de Sisbén de 24 ciudadanos100.

4. Caso concreto

102. En este asunto, como se dijo, con la demanda se presentaron los siguientes
cargos:

87
Páginas 967 a 969.
88
Páginas 971 a 972.
89
Índice 58 Samai – Expediente 20240000300. Link de acceso remitido por la RNEC:
https://drive.google.com/drive/folders/1418yMvw_zfq4ALZL-3YR5II0eNe8aKXW
90
Índice 58 Samai – Expediente 20240000300. Link de acceso remitido por la RNEC:
https://drive.google.com/drive/folders/1J6z_-ofJ-6IzpcobkLnL6mrSrEO-1u7W
91
Páginas 46 a 51. Contestación demandada – Expediente digital.
92
Página 52. Contestación demandada – Expediente digital.
93
Páginas 53 a 54. Contestación demandada – Expediente digital.
94
Páginas 55 a 60. Contestación demandada – Expediente digital.
95
Páginas 61 a 434. Contestación demandada – Expediente digital.
96
Páginas 451 a 452. Contestación demandada – Expediente digital.
97
Páginas 463 a 468. Contestación demandada – Expediente digital.
98
Páginas 15 a 20. Alcance contestación demandada – Índice 41 Samai – Expediente 20240000300.
99
Páginas 480 a 497. Contestación demandada – Expediente digital.
100
Páginas 498 a 528. Contestación demandada – Expediente digital.

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Demandante: Jader Evaristo Magdaniel Cabrales
Demandada: Nera Eloísa Robles Bonivento
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00003-02

I. En los formularios E-11 de seis (6) mesas en los puestos de votación Huare
Huaren (20) y Porciosa (40) del municipio de Albania, en algunas de las
casillas, «donde el jurado debe registrar los apellidos y nombres de los
ciudadanos que sufragan», solo se diligenció la huella «ilegible» de los
votantes.
II. 229 ciudadanos sufragaron en Albania, a pesar de que el CNE101 dejó sin
efectos su inscripción, para votar en dicho municipio, por trashumancia.
III. 148 ciudadanos no residentes en Albania votaron en el municipio.

103. En la apelación, el recurrente solo manifestó cuestionamientos frente a lo
decidido por el tribunal, en lo que se refiere a i) las irregularidades en los formularios
E-11(falta de diligenciamiento) y ii) los supuestos 148 trashumantes que votaron en
las elecciones del 29 de octubre de 2023.

104. Ahora bien, el actor manifestó estar de acuerdo con la conclusión a la que
se llegó en la sentencia, según la cual, 175 ciudadanos, titulares de las cédulas
dejadas sin efecto por el CNE sufragaron en el municipio de Albania, razón por la
cual este último cargo no será objeto de estudio. En consecuencia, tampoco lo será
lo relativo a la aplicación de la Resolución 9820 de 2023 de dicha entidad, pues
dicho aspecto fue objeto del fallo de primera instancia y no fue recurrida.

105. Dicho esto, la Sala pasará a estudiar, únicamente, los aspectos apelados,
como se desarrollará a continuación.

4.1. Falta de diligenciamiento de los nombres, apellidos y firma de los
ciudadanos votantes en los formularios E-11.

106. En su demanda, el actor alegó configurada la causal de nulidad, contenida
en el numeral 3 del artículo 275 del CPACA, puesto que, de acuerdo con él, los
formularios E-11 de las mesas censuradas del municipio de Albania contienen datos
contrarios a la verdad, para lo cual se refirió a los eventos de suplantación de
electores, previstos en las decisiones de esta Sección.

107. El tribunal, para resolver el cargo, tomó como ejemplo la mesa 7 del puesto
de votación 20 (Huare Huaren) del municipio de Albania y advirtió que «la sombra
o mancha difuminada, que aparece en varias de las casillas de los distintos
formularios [(que se aprecia en la columna derecha de la imagen)], se puede deber,
a lo traslucido o delgado del papel utilizado para los formatos E-11, los cuales,
debido a su poco gramaje, permiten que se refleje lo consignado en la parte
posterior de la hoja»

108. En la providencia se indicó que la cifra del total de votantes, de los formularios
E-11 coincide con el número de casillas que fueron totalmente diligenciadas, con

101
Mediante Resolución 9228 del 8 de septiembre de 2023.

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nombres, apellidos, firma y huellas, como se aprecia en la columna izquierda de la
imagen adjunta:

109. Además, concluyó que, si los jurados hubieran tenido en cuenta las casillas
en las que «solo aparece una sombra o mancha», para calcular el total de votantes
de la mesa, «el número total de votos ser[í]a considerablemente mayor, dado
que, deberían sumarse los 256 debidamente diligenciados a aquellos,
situación que no aconteció, puesto que, se totalizaron simplemente los
votantes que diligenciaron debidamente la casilla respectiva en el formulario
E-11», por lo que negó la prosperidad de las irregularidades alegadas.

110. Para el recurrente, el tribunal erró al colegir que las huellas que se aprecian
en las casillas sin diligenciar, de los formularios E-11, en realidad, son la sombra del
reverso de la hoja, afirmación que, a su juicio, no encuentra respaldo probatorio.
Indicó también que el juez de primera instancia no se aseguró si para el cómputo
del número de sufragantes solo se tuvieron en cuenta a quienes fueron identificados
con sus nombres o a aquellos ciudadanos, cuya casilla solo contenía una «huella».

111. Además, advirtió que, para afirmar con determinación «que las miles de
huellas que aparecen impresas en los formatos E-11 denunciados corresponde a
una sombra difuminada» el juzgador de primera instancia debió «indagar» sobre el
origen de dicha sombra y la razón por la que se encuentra en las casillas,
circunstancia que no es casual, sino repetitiva.

112. Por último, indicó que «el Tribunal no explica, ni realiza motivación alguna
para arribar a la conclusión de que las huellas impresas en las casillas de los
formularios E-11 obedezcan a un hecho fortuito, cuando lo que se le exige al
operador judicial es que la decisión que adopta sea congruente con las pruebas».

113. Al respecto, debe advertirse que si bien el tribunal, al decidir el cargo, solo
estudió, a manera de ejemplo, una de las mesas relacionadas en la demanda y, con
base en ello, negó la prosperidad del mismo, lo cierto es que el recurrente manifestó
su inconformidad frente a lo resuelto en la sentencia sobre la falta de
diligenciamiento de los E-11 de todas las mesas demandadas, por lo que, esta Sala
procederá a analizar cada uno de los formularios, en la siguiente tabla:

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REGISTROS
SIN TOTAL,
# Z P M INSCRITOS102 CON NOMBRE, DILIGENCIAR EN BLANCO VOTANTES
FIRMA Y CON O SIN
HUELLA SOMBRAS DILIGENCIAR
1 99 20 5 360 253 76 31 253
2 99 20 6 360 268 66 26 Sin diligenciar
3 99 20 7 360 256 71 33 256
4 99 20 8 360 244 47 69 245103
5 99 20 9 280 176 46 58 176
6 99 40 1 360 257 68 35 257

114. De la información del cuadro anterior, se advierte que, en efecto, en los
formularios E-11 de dichas mesas, se identifican casillas i) diligenciadas con
nombre, firma y huella ii) sin diligenciar (en blanco) y ii) sin diligenciar, con sombra
tenue de huellas.

115. No obstante, como se evidencia en la tabla, los jurados no tuvieron en cuenta,
para la sumatoria del total de votantes, las casillas que se encontraban
completamente en blanco, ni aquellas en las que se aprecia solo una huella borrosa
en la parte superior derecha.

116. En línea con lo anterior, en el caso de los formularios, de las mesas 5, 7 y 9
del puesto 20 y la 1 del puesto 40, el total de sufragantes, diligenciado en el espacio
dispuesto para ello, coincide con el número de las casillas en las que los sufragantes
fueron debidamente identificados, como se observa:

102
Incluidos los jurados de votación.
103
Se numeró por error una casilla en blanco, por lo que el total de votantes fue mayor al número de
casillas diligenciadas.

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117. Por su parte, en la mesa 8, del puesto 20, los jurados solo numeraron las
casillas diligenciadas con la información de los votantes, con excepción de la 2104,
la cual estaba completamente vacía, razón por la cual, el total de votantes fue de
245, mientras que los espacios diligenciados correctamente fueron 244.

118. De lo anterior, se tiene que, si bien, los jurados cometieron un error, al
numerar la casilla 2 del formulario, que se encontraba en blanco, las demás que se
tuvieron en cuenta para la sumatoria del total de sufragantes solo fueron las que
estaban totalmente diligenciadas, como se observa:

119. Por su parte, en el formulario E-11 de la mesa 6, del puesto 20, los jurados
no señalaron el total de votantes en el espacio dispuesto para ello, sin embargo,
solo numeraron las casillas diligenciadas con los datos de los sufragantes, con un
total de 268, mientras que a las vacías y a las que solo contienen sombras de
huellas, no se les asignó número alguno, de lo cual se entiende que estas últimas
no se tuvieron como votantes, como se observa.

120. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala coincide con la conclusión del tribunal,
en cuanto que los jurados solo tuvieron en cuenta las casillas diligenciadas, para
totalizar la cantidad de votantes, mientras que aquellas que se encontraban en
blanco o en las que se aprecia solo la sombra tenue de una huella, no fueron
numeradas o usadas para dicho calculo.

104
De acuerdo con el orden del formulario E-10.

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121. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, la
totalización de sufragantes o la numeración de las casillas fue igual a la cantidad de
casillas en las que los ciudadanos fueron plenamente identificados.

122. Por otra parte, esta Sala advierte que las huellas tenues que se identifican en
algunas de las casillas de los E-11, que no fueron diligenciadas, en realidad,
corresponden a superposiciones del reverso de las páginas, comoquiera que en
todo el formulario se observan dichas sombras, incluso, en lugares que no
corresponden a las casillas dispuestas para el registro de votantes, tal como se
evidencia en las imágenes que se exponen.

Mesa 5, puesto 20 Mesa 6, puesto 20

Mesa 7, puesto 20 Mesa 8, puesto 20

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Mesa 9, puesto 20 Mesa 1, puesto 40

123. Así las cosas, dado que la sumatoria de las cuadrículas diligenciadas
completamente coincide con el total de sufragantes, esta Sala concluye que el
número de votantes, totalizado por los jurados, demuestra que las casillas que no
fueron diligenciadas, no se tuvieron en cuenta para dicha contabilización.

124. Aunado a ello, debe concluirse que los titulares de las cédulas, indicadas en
las casillas a las que se refiere el actor, en realidad no asistieron votar, pues lo que
se advierte en ellas es la sobreposición de las huellas consignadas en el reverso de
la hoja, que generan que se aprecie la sombra de ellas. Por tanto, no hubo omisión,
por parte de los jurados, en el diligenciamiento de las casillas en los formularios E-
11.

125. Aunado a ello, debe precisarse que la jurisprudencia de la Sección Quinta ha
indicado que la suplantación de electores se configura cuando «en el registro de
votantes o formulario E-11, aparecerá un número de sufragantes que dista de
la verdad, dado que, en realidad, no comparecieron a ejercer su derecho todas
aquellas personas que aparecen en éste como votantes, materializándose la
alteración de los resultados electorales, debido a que se cuentan votos que no
fueron depositados en las urnas por el titular del derecho al sufragio»105.

126. En ese orden, no se encuentran dados los elementos para la configuración
de la causal de falsedad en documentos electorales, específicamente, en lo relativo
a la suplantación de electores, puesto que, para ello, es necesario que el número
de sufragantes, consignado en los E-11 no corresponda a la realidad, lo que, en
este caso, no ocurrió, pues no se contabilizaron, como electores, las casillas sin
diligenciar.

105
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de diciembre de 2016. Radicado núm.
47001-23-33-000-2015-00498-01. MP. Rocío Araujo Oñate. Reiterado en Consejo de Estado,
Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2024. Radicado núm. 27001-23-33-000-2023-
00124-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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127. Por último, esta Sala advierte que el apelante manifestó que, para desvirtuar
la presunción de autenticidad de los formularios E-11, por haber sido aportados en
formato digital, con ocasión al desconocimiento de dichos documentos, la parte
demandada debió aportar «pericia forense», dado que dicha prueba «expone
mediante métodos científicos la autenticidad, trazabilidad, su reproducción,
integralidad, inalterabilidad y accesibilidad a términos de la Ley 527 de 1999».

128. Para esta Sala, lo expuesto por el recurrente no constituye un reparo contra
el fallo de primera instancia, lo cual, además, fue un aspecto resuelto en dicha
providencia, por lo que no hay lugar, en esta instancia, a pronunciarse sobre si era
carga o no, de la demandada, aportar un dictamen pericial, para la prosperidad del
desconocimiento de los formularios, por el propuesto.

4.2. Trashumancia de 148 ciudadanos, en el municipio de Albania.

129. Para el demandante, 148 ciudadanos que, según las bases de datos del
ADRES, tienen residencia en municipios diferentes de Albania, sufragaron en dicha
entidad territorial.

130. De acuerdo con la sentencia de primera instancia no se encontró demostrada
la irregularidad, porque, si bien, las cédulas de los referidos ciudadanos no fueron
objeto de pronunciamiento expreso por el CNE, al realizar las investigaciones
pertinentes, por trashumancia, de acuerdo con el oficio CNE-MMA-410-2023 del 25
de septiembre de 2023, expedido por dicha autoridad, en el que se dio respuesta a
petición de Marlon de Jesús Ortiz Lara, se concluyó que la totalidad de cédulas,
presentadas por el solicitante:

Fueron revisadas y cruzadas con las siguientes bases de datos:
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud -ADRES-, Archivo Nacional de Identificación -ANI-, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-, Instituto Geográfico de
Agustín Codazzi -IGAC- y Sistema de identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN.

131. En ese orden, el tribunal concluyó que el CNE, luego de realizar las
verificaciones correspondientes, no advirtió que los documentos de identidad que le
fueron puestos en conocimiento, estuvieran incursos en trashumancia electoral.

132. Por su parte, para el recurrente, los 148 ciudadanos mencionados no tenían
residencia electoral en los puestos de votación donde finalmente sufragaron, de
acuerdo con las certificaciones del ADRES aportadas y, «a pesar de que la parte
demandada trajo al proceso otra clase de certificaciones, expedidas con fecha
posterior para intentar desvirtuar las que se aportaron con la demanda».

133. En ese orden, previo a estudiar la calidad de trashumantes, de los 148
ciudadanos a los que se refiere el actor, debe ponerse de presente, nuevamente,

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que, como lo ha establecido la jurisprudencia, «para que prospere el cargo de
trashumancia se debe acreditar (i) qué personas no residentes en el respectivo
municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que estas efectivamente
hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la
contienda electoral»106.

134. Asimismo, como ya se dijo, esta Sección ha indicado que un ciudadano es
trashumante cuando se demuestra que «está inscrito para votar en un lugar del que:
(I) no es morador del respectivo municipio, (II) no tiene asiento regular en el
mismo, (III) no ejerce allí su profesión u oficio y (IV) tampoco posee negocio o
empleo en la entidad territorial».107

135. Establecido lo anterior, deberá determinarse si los 148 ciudadanos,
relacionados por el actor, fueron trashumantes, pues, a pesar de tener residencia
en municipios diferentes de Albania, (La Guajira), votaron en dicha entidad territorial.

136. Al expediente fueron aportadas las Resoluciones 5479 de 26 de julio de
2023108 y 9228 de 8 de septiembre de 2023, por medio de las cuales «se adoptan
algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario
tendiente a determinar la posible inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el municipio de ALBANIA del departamento de LA GUAJIRA
para las elecciones de autoridades locales que se realizarán el próximo 29 de
octubre del año 2023»

137. En los actos administrativos se concluyó que el estudio sobre trashumancia
en el municipio de Albania se hizo respecto del consolidado de cédulas inscritas,
remitido por la RNEC, las cuales fueron comparadas con las bases de datos del
SISBEN, ADRES, DPS, ANI y Censo Electoral:

El despacho sustanciador consideró pertinente verificar los registros de los
ciudadanos inscritos para sufragar en las próximas elecciones de autoridades locales
en el municipio de ALBANIA. Para el efecto se cruzaron las bases de datos, entre las
que se encuentran: SISBEN, ADRES, DPS, ANI y Censo Electoral, verificación que
permitió comprobar a través de un procedimiento breve y sumario si existe o no
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía.

Para la referida verificación, la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el
periodo de inscripciones, remitió al Consejo Nacional Electoral dentro de los diez (10)

106
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Reiterado en Consejo de Estado,
Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm. 76001-23-33-000-2019-
01203-01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto
de 2024. Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro Pablo Vanegas y Radicado
núm. 27001-23-33-000-2023-00124-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
107
Ibidem.
108
y la Resolución 9354 del 12 de septiembre de 2023 «por medio de la cual se RESUELVEN LOS
RECURSOS DE REPOSICIÓN interpuestos contra la Resolución nro. 5479 del 26 de julio de 2023,
que dejó sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía por trashumancia electoral, previo
procedimiento administrativo breve y sumario aplicado en el municipio de ALBANIA del
departamento de LA GUAJIRA, para las elecciones de autoridades locales que se realizarán el
próximo 29 de octubre del 2023».

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primeros días de cada mes el consolidado de inscripción de cédulas y las
mencionadas bases de datos.

138. Al respecto, en la Resolución 5479 de 26 de julio de 2023, se indicó que dicho
análisis se efectuó sobre el listado remitido por la RNEC, de las cédulas inscritas a
31 de mayo de 2023, en el municipio de ALBANIA.

139. Por su parte, de acuerdo con la Resolución 9228 del 8 de septiembre de
2023, se hizo una nueva verificación, esta vez sobre las cédulas inscritas hasta el
29 de agosto de 2023, información que también fue remitida por la RNEC.

140. En ese orden, se tiene que el CNE, previo a dejar sin efectos la inscripción
de cédulas de ciudadanía, por medio de dichas resoluciones, tuvo en cuenta todas
las cédulas inscritas en el municipio de Albania hasta el 29 de agosto de 2023.

141. Por tanto, se advierte que las cédulas 148 ciudadanos, que el demandante
alega como trashumantes, fueron verificadas por la entidad, con las bases de
datos señaladas.

142. Ahora, revisados los actos administrativos, se encontró que en la Resolución
9228 de 2023 se decidió dejar sin efectos la inscripción de 16 de las 148 cédulas
mencionadas, las cuales, el tribunal tuvo en cuenta, dentro de los 175 ciudadanos
que consideró trashumantes, que se indican a continuación:

# RESIDENCIA
LUGAR MESA CÉDULA DE SEGÚN EL
VOTACIÓN CIUDADANÍA DEMANDANTE
1 PORCIOSA 1 13.375.908 Valledupar

2 PORCIOSA 2 84.042.984 Maicao
3 PORCIOSA 2 84.068.664 Maicao
4 HUARE HUAREN 5 1.010.067.016 Maicao
5 HUARE HUAREN 5 1.010.071.003 Maicao
6 HUARE HUAREN 5 1.118.818.777 Riohacha
7 HUARE HUAREN 5 1.118.826.800 Riohacha
8 HUARE HUAREN 5 1.118.831.423 Riohacha
9 HUARE HUAREN 5 1.118.865.629 Riohacha
10 HUARE HUAREN 5 1.118.868.297 Riohacha
11 HUARE HUAREN 5 1.121.304.781 Riohacha
12 HUARE HUAREN 5 1.121.528.118 Maicao
13 HUARE HUAREN 5 1.121.530.436 Maicao
14 HUARE HUAREN 5 1.121.547.186 Maicao
15 HUARE HUAREN 5 1.123.992.524 Maicao
16 HUARE HUAREN 5 1.123.993.142 Riohacha

143. De la información anterior, la Sala identificó que los 16 ciudadanos,
clasificados como trashumantes en dicha resolución, que coinciden con los de la

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sentencia de primera instancia que incurrieron en trashumancia y «acudieron y
participaron en la jornada electoral del 29 de octubre de 2023», a pesar de que la
Resolución 9228 del 8 de septiembre de 2023 dejó sin efectos la inscripción de sus
cédulas.

144. En consecuencia, los 16 ciudadanos no se tendrán en cuenta en el presente
estudio, debido a que ya fueron analizados por el tribunal, al resolver uno de los
cargos de la demanda, que no fue objeto de apelación y en el cual, como se dijo, se
determinó que 175 cédulas, que habían sido dejadas sin efectos por la Resolución
9228 de 2023, ejercieron su voto en el municipio de Albania.

145. En ese orden, se tiene que el CNE estudió la totalidad de las cédulas inscritas
en Albania, verificando que dichos ciudadanos se identificaran en, al menos, una de
las bases de datos del SISBEN, ADRES, DPS, ANI y el censo electoral.

146. Para esta Sala, no resultan suficientes las certificaciones del ADRES,
(Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud), de los mencionados 148
ciudadanos, para acreditar su trashumancia, teniendo en cuenta que dichos
documentos solo dan cuenta de, entre otras cosas, la EPS a la que se encuentran
afiliados, el tipo de afiliación, nombres, fecha y lugar de nacimiento, sin que este
último dato signifique que aquellas personas solo podrían residir o ejercer sus
negocios o profesión en el municipio donde nacieron.

147. Adicionalmente, debe recordarse que, para concluir que un ciudadano es
trashumante, debe demostrarse que no es morador del municipio correspondiente,
no tiene asiento regular en el mismo, así como tampoco ejerce su profesión, oficio
,negocios o empleo en aquel lugar, aspectos que no logran desvirtuar las
mencionadas certificaciones.

148. Ahora, si bien, lo anterior resulta suficiente para negar la prosperidad del
cargo, esta Sala contrastó las cédulas de ciudadanía de los supuestos 148
trashumantes, con las pruebas obrantes en el proceso, de lo cual se obtuvo lo
siguiente.

149. Como se puso de presente en la demanda y en la sentencia recurrida, el 19
de septiembre de 2023, el señor Marlon de Jesús Ortiz Lara presentó escrito de
queja ante el CNE, en el que expuso cuadro con cédulas de ciudadanía, que podrían
estar incursas en trashumancia en el municipio de Albania.

150. El CNE, por su parte, mediante oficio del 25 de septiembre de 2023 (CNE-
MMA-410-2023), en respuesta a la referida queja, indicó que la totalidad de las
cédulas referidas por el peticionario, fueron analizadas con las correspondientes
bases de datos, para definir los ciudadanos trashumantes, en el municipio de
Albania, así:

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El Consejo Nacional Electoral expidió las Resoluciones Nos. 5479 de 26 de julio de
2023 y 9228 de 08 de septiembre de 2023, por medio de las cuales se adoptaron
decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
determinar la posible inscripción irregular de cedulas de ciudadanía en el municipio
de Albania, La Guajira, para las elecciones de autoridades locales que se realizarán
el próximo 29 de octubre de 2023.

Ahora, respecto del Excel que envió con su petición, me permito informarle que la
totalidad de las cedulas que incluye fueron revisadas y cruzadas con las siguientes
bases de dates: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud -ADRES-, Archive Nacional de Identificación -ANI-, Departamento
Administrative para la Prosperidad Social -DPS-, Instituto Geográfico de Agustín
Codazzi -IGAC- y Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales -SISBEN.

151. De la información anterior, encuentra esta Sala que, 32 de las 148 cédulas
propuestas en la demanda coinciden con las que allegó el señor Marlon de Jesús
Ortiz Lara, en su queja y que el CNE afirmó, expresamente, haberlas estudiado en
las verificaciones por trashumancia y, con base en dicho análisis, expidió las
resoluciones 5479 y 9228 de 2023, en las que determinó los ciudadanos
trashumantes.

152. Por su parte, el demandado allegó certificaciones del SISBEN, que
corresponden a 24 de los ciudadanos alegados como trashumantes por el
demandante, en el que se les asocia con el municipio de Albania, y otras expedidas
por el Ministerio del Interior, según las cuales, 18 ciudadanos pertenecen a las
comunidades indígenas GUAYACANAL, HUARE HUAREM, MALIRAINQUIRRU,
MOCHOMANA, SARARAO, TEKIA, WARRARATCHON SUR, MURRENAKAT,
JIYUTCHON, A WARISHITOW, WARA WARAO y KULIRRILY, las cuales, según la
defensa, tiene asiento en la mencionada entidad territorial.

153. Al respecto, se aportó constancia de la Secretaría de Asuntos Indígenas y
Étnicos de Albania, según la cual, las comunidades GUAYACANAL, HUARE
HUAREN SARARAO, TEKIA, WARRARATCHON SUR, MURRENAKAT,
JIYUTCHON, WARISHITOW y KULIRRILY, pertenecen a la jurisdicción territorial
de dicho municipio.

154. Lo anterior acredita que los 24 ciudadanos, respecto de los que se aportó
certificación del SISBEN y aquellos que pertenecen a las mencionadas
comunidades indígenas asentadas en el municipio de Albania se encuentran dentro
de los presupuestos para poder sufragar en dicha entidad territorial, pues dan
cuenta de que, al menos, tienen asiento regular en ella.

155. Ahora, si bien el apelante manifestó que las referidas certificaciones fueron
expedidas de forma posterior, lo cierto es que las emitidas por el Ministerio del
Interior señalan la información contenida en las mismas provienen de censos
anteriores a los comicios.

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156. Asimismo, respecto de las constancias de la base de datos del SISBEN, se
advierte que los datos fueron extraídos de encuestas y actualizaciones anteriores a
la fecha en que se llevó a cabo la elección.

157. En todo caso, debe advertirse que la fecha de expedición o impresión de
dichas constancias no es relevante, en este caso, pues, en este caso, la información
certificada fue anterior a las elecciones y no hay prueba de que la misma hubiera
variado.

158. Finalmente, se identificó que 2 de los 148 supuestos trashumantes no
sufragaron en las elecciones del 29 de octubre de 2023, según documento Excel,
denominado, «6 Información E-11 Albania - La Guajira Elecciones 2023»109 de la
RNEC, anexo a oficio RNEC-S-2024-0017048 de respuesta a petición110. Lo cual
demuestra que no es posible configurar la causal de nulidad de trashumancia, pues
un presupuesto para ello es que se ejerza el derecho al voto.

159. En ese orden, la siguiente tabla refleja las verificaciones expuestas por esta
Sala, en los párrafos anteriores, de la siguiente manera:

OFICIO IDENTIFICADOS
DEL 25 IDENTIFICADOS COMO
DECLARADOS
DE EN EL SISBEN, MIEMBROS DE
LUGAR TRASHUMANTES NO
# MESA CC MARZO CON COMUNIDADES
VOTACIÓN RES. 9228 DE VOTARON
DE RESIDENCIA EL INDIGENAS
2023 DEL CNE
2023 ALBANIA ASENTADAS
DEL EN ALBANIA
CNE

1 PORCIOSA 1 6.812.479 X

2 PORCIOSA 1 7.635.526 X

3 PORCIOSA 1 7.636.073 X X

4 PORCIOSA 1 12.577.297 X

5 PORCIOSA 1 13.375.908 X X X

6 PORCIOSA 1 17.843.130 X

7 PORCIOSA 1 17.955.378 X

8 PORCIOSA 1 17.970.915 X X

9 PORCIOSA 1 22.656.130 X

10 PORCIOSA 1 26.745.539 X

109
El documento fue aportado al proceso por el demandado.
110
En la respuesta, la RNEC indicó «En este punto se procederá a hacer entrega de los nombres y
apellidos con número de cédula de las personas que aparecen registradas en los formularios E-11
usados en las elecciones de autoridades territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023 en el
municipio de Albania – La Guajira».

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OFICIO IDENTIFICADOS
DEL 25 IDENTIFICADOS COMO
DECLARADOS
DE EN EL SISBEN, MIEMBROS DE
LUGAR TRASHUMANTES NO
# MESA CC MARZO CON COMUNIDADES
VOTACIÓN RES. 9228 DE VOTARON
DE RESIDENCIA EL INDIGENAS
2023 DEL CNE
2023 ALBANIA ASENTADAS
DEL EN ALBANIA
CNE

11 PORCIOSA 1 32.203.269 X

12 PORCIOSA 1 39.090.946 X

13 PORCIOSA 2 40.977.149 X

14 PORCIOSA 2 56.090.511 X

15 PORCIOSA 2 72.238.176 X

16 PORCIOSA 2 84.042.984 X

17 PORCIOSA 2 84.068.664 X X

18 PORCIOSA 3 92.095.492 X

19 PORCIOSA 3 1.006.575.643 X X

20 PORCIOSA 3 1.006.746.443 X X

21 PORCIOSA 3 1.007.732.215 X

22 PORCIOSA 3 1.063.081.819 X

23 PORCIOSA 3 1.118.883.427 X X

24 PORCIOSA 3 1.121.531.531 X

25 PORCIOSA 3 1.122.809.667 X

26 PORCIOSA 4 1.131.066.186 X

27 PORCIOSA 5 1.131.075.003 X

28 PORCIOSA 5 1.149.451.121 X

29 PORCIOSA 5 1.193.121.623 X

HUARE
30 5 1.007.869.324 X X X
HUAREN
HUARE
31 5 1.010.067.016 X
HUAREN
HUARE
32 5 1.010.071.003 X X
HUAREN
HUARE
33 5 1.010.039.156 X
HUAREN
HUARE
34 5 1.029.860.045 X
HUAREN
HUARE
35 5 1.118.803.947 X
HUAREN

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LUGAR TRASHUMANTES NO
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VOTACIÓN RES. 9228 DE VOTARON
DE RESIDENCIA EL INDIGENAS
2023 DEL CNE
2023 ALBANIA ASENTADAS
DEL EN ALBANIA
CNE

HUARE
36 5 1.118.809.145 X
HUAREN
HUARE
37 5 1.118.818.777 X X
HUAREN
HUARE
38 5 1.118.825.590 X
HUAREN
HUARE
39 5 1.118.826.800 X X
HUAREN
HUARE
40 5 1.118.829.095 X
HUAREN
HUARE
41 5 1.118.831.423 X
HUAREN
HUARE
42 5 1.118.835.292 X
HUAREN
HUARE
43 5 1.118.858.926 X
HUAREN
HUARE
44 5 1.118.865.629 X X
HUAREN
HUARE
45 5 1.118.865.747 X X
HUAREN
HUARE
46 5 1.118.866.689 X
HUAREN
HUARE
47 5 1.118.868.297 X X
HUAREN
HUARE
48 5 1.121.304.781 X X
HUAREN
HUARE
49 5 1.121.526.798 X
HUAREN
HUARE
50 5 1.121.528.118 X X
HUAREN
HUARE
51 5 1.121.528.337 X
HUAREN
HUARE
52 5 1.121.530.436 X X
HUAREN
HUARE
53 5 1.121.530.437 X
HUAREN
HUARE
54 5 1.121.530.439 X
HUAREN
HUARE
55 5 1.121.530.874 X X
HUAREN
HUARE
56 5 1.121.535.760 X
HUAREN
HUARE
57 5 1.121.538.665 X
HUAREN
HUARE
58 5 1.121.547.186 X X
HUAREN
HUARE
59 5 1.122.808.367 X
HUAREN
HUARE
60 5 1.122.808.476 X
HUAREN

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VOTACIÓN RES. 9228 DE VOTARON
DE RESIDENCIA EL INDIGENAS
2023 DEL CNE
2023 ALBANIA ASENTADAS
DEL EN ALBANIA
CNE

HUARE
61 5 1.122.809.430 X
HUAREN
HUARE
62 5 1.123.992.524 X X
HUAREN
HUARE
63 5 1.123.993.142 X X
HUAREN

160. De acuerdo con la información consignada en el cuadro que antecede, se
concluye que, de las 148 cédulas relacionadas en la demanda como trashumantes,
63, de ellas coinciden con uno o más de los eventos que se indican en la tabla :

i. El CNE, mediante la Resolución 9228 de 2023, dejó sin efectos 16 de
ellas, que fueron tenidas en cuenta por el tribunal, dentro de los 175
trashumantes.
ii. Respecto de 32, el CNE indicó, expresamente, que fueron verificadas,
al momento de determinar los ciudadanos trashumantes, cuyo
resultado se materializó en las resoluciones expedidas en las
resoluciones 5479 y 9228 de 2023.
iii. 2 ciudadanos no sufragaron en los puestos indicados por el actor.
iv. 24 ciudadanos, según el SISBEN, tienen residencia en Albania, (La
Guajira).
v. 12 ciudadanos pertenecen a comunidades indígenas que pertenecen
al territorio de Albania.

161. Por tanto, aunado a que el CNE, con ocasión de las elecciones del 29 de
octubre de 2023, en el municipio de Albania, indicó haber estudiado la totalidad de
las cédulas inscritas, para efectos de identificar trashumantes, el anterior cuadro da
cuenta de que, incluso, 63 de los 148 ciudadanos relacionadas por el demandante,
fueron objeto de estudio expreso por la entidad, no sufragaron o se acreditó que
residen en la mencionada entidad territorial.

162. Con base en todo lo expuesto, la Sala concluye que, respecto de los 148
ciudadanos alegados por el actor como trashumantes, 16 de ellos si bien su
inscripción fue irregular esto ya lo había establecido el tribunal en el fallo apelado y
hacen parte de los 175 trashumantes que allí se demostraron.

163. Ahora, respecto de las 132 personas restantes, como ya se dio cuenta, no se
demostró irregularidad en su inscripción, puesto que sus documentos i) fueron
objeto de verificación por parte del CNE y ii) las certificaciones de la ADRES,

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aportadas por el demandante, resultan insuficientes, por sí mismas, para desvirtuar
su residencia electoral en Albania.

164. Por tanto, la Sala niega la prosperidad del presente y cargo y, en
consecuencia, confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, por
las razones que se expusieron en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 6 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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