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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01697-03

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01697-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 13 de noviembre de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2023-01697-03

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 25000-23-41-000-2023-01697-03
Demandante: Flor Alba Triana Segura
Demandada: Ingri Marcela Villalba Contreras, alcaldesa del municipio de
Jerusalén (Cundinamarca) periodo 2024-2027

Tema: Trashumancia electoral como causal de anulación de los actos de
elección (artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. La señora Flor Alba Triana Segura, a través de apoderado judicial1, en ejercicio del medio
de control, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el
fin que se declare la nulidad del formulario E-26 ALC del 30 de octubre de 2023, en el que
consta la elección de lngri Marcela Villalba Contreras como alcaldesa del municipio de
Jerusalén (Cundinamarca) para el periodo 2024-2027.

1.1.2 Hechos, normas violadas y concepto de la violación

2. La demanda se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos:

3. El candidato Pedro Javier Rodríguez Lozano presentó ante el Consejo Nacional Electoral
(CNE) denuncias sobre la presunta trashumancia en el municipio de Jerusalén
(Cundinamarca), previo al certamen electoral del 29 de octubre de 2023.

4. En relación con la citada entidad territorial, la autoridad electoral adoptó las siguientes
decisiones:

• Resolución 6528 del 9 de agosto de 2023, en la que ordenó dejar sin efecto la inscripción
irregular de 235 cédulas de ciudadanía para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

• Resolución 8653 del 8 de septiembre de 2023, con la que dejó sin efecto 58 cédulas de
ciudadanía inscritas para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

1 José Vicente Sánchez Barrera, identificado como cédula de ciudadanía No. 79.292.509 de Bogotá y tarjeta profesional No. 145.186 del C.
s de la J.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Flor Alba Triana Segura
Demandada: Ingri Marcela Villalba Contratas,
alcaldesa del municipio de Jerusalén (Cundinamarca), periodo 2024-2027
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01697-03
• Resolución 10756 del 25 de septiembre de 2023, en la que resolvió los recursos de
reposición contra la Resolución 6528 del 9 de agosto de 2023, de la siguiente manera: i)
reponer parcialmente el acto respecto de 8 cédulas y ii) rechazar la impugnación de 9
registros.

• Resolución 12734 del 9 de octubre de 2023, a través de la cual atendió las impugnaciones
contra la Resolución 8653 del 8 de septiembre del 2023, en ella resolvió: i) reponer la
decisión frente a 1 cédula de ciudadanía y ii) confirmar 8 trashumancias.

5. Luego de realizadas las votaciones en el municipio de Jerusalén, la demandante realizó un
estudio donde reseñó el escrutinio de las 9 mesas instaladas con los siguientes resultados:

Potencial de sufragantes 2.793

Votos no marcados 12 0.54%

Votos nulos 5 0.22%

Total de sufragantes 2.189 78.37%

Candidato Votación Porcentaje

Ingri Marcela Villalba Contreras 1.155 53.17%

Pedro Javier Rodríguez Lozano 961 44.24%

Miguel Antonio Solaque Romero 50 2.30%
Total votos validos 2.172 99.22%
Total votos por candidato 2.166 99.72%
Votos en blanco 6 0.27%

6. Conforme los resultados electorales, la parte actora realizó un cruce de información entre
los ciudadanos que acudieron a sufragar en el municipio y el reporte que extrajo de las bases
de datos de ADRES y SISBEN2, lo cual arrojó como resultado que 453 personas sufragaron
en Jerusalén (Cundinamarca), sin ser parte del censo de la entidad territorial. Para soportar su
dicho aportó un estudio de los presuntos trashumantes por cada una de las mesas instaladas,
a saber:

Mesa Cantidad de presuntos trashumantes
1 43
2 43
3 74
4 58
5 87
6 45
7 62
8 7
9 34

7. Señaló que las anteriores circunstancias hacen nulo el acto electoral, al haberse expedido
en contravención de los artículos 183 de la Ley 136 de 1994, 4 de la Ley 163 de 1994, 47, 48
y 49 de la Ley 1475 de 2011, 76 y 80 del Decreto 2241 de 1986, 2.3.1.8.2, 2.3.1.8.3. y 2.3.1.8.4
del Decreto 1294 de 2015.

8. Sostuvo que la participación irregular de los ciudadanos trashumantes concreta la causal de
nulidad contemplada en el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011.

2
Informe pericial que aportó la demandante.

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Demandante: Flor Alba Triana Segura
Demandada: Ingri Marcela Villalba Contratas,
alcaldesa del municipio de Jerusalén (Cundinamarca), periodo 2024-2027
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01697-03
1.2. Trámite procesal de primera instancia.

9. El 19 de febrero de 2024, se inadmitió la demanda3, una vez subsanada, se corrió el
traslado4 de la solicitud de suspensión provisional del acto demandado.

10. El 25 de julio de 20245, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión provisional. La decisión
fue objeto de recurso de reposición por el demandante6. Por proveído del 15 de octubre de
2024, el a quo adecuó la impugnación interpuesta al de apelación y lo remitió al Consejo de
Estado7.

11. Por auto del 14 de noviembre de 2024, esta sección confirmó la negativa8.

12. Surtidas las notificaciones de rigor, se pronunciaron:

13. La demandada9, actuando a través de apoderada, propuso la falta de legitimación en la
causa por pasiva, para lo cual explicó que no es la encargada de definir los ciudadanos que
integran el censo de un municipio, sino que tal atribución es del CNE y la RNEC.

14. Frente al fondo, señaló que no se configuró trashumancia en la medida en que el CNE
realizó su labor de depuración del censo electoral del municipio de Jerusalén y en el análisis
de la autoridad electoral no se encontró ninguna de las cédulas que cuestiona la parte actora.

15. Sobre la experticia que aportó la demandante en donde se realizó el estudio de los
presuntos trashumantes, indicó que no cumplía con los requisitos de ley para ser tenida como
prueba, dado que no se allegaron los soportes para demostrar la idoneidad del experto que lo
rindió.

16. De los 453 trashumantes, adujo que 96 se encuentran con SISBEN en Jerusalén, 33
reportan inmuebles en ese municipio, 1 es de un militar, 3 están canceladas por muerte, 282
se encuentran registradas desde 1988 en ese territorio y 38 fueron las que efectivamente se
inscribieron para sufragar en las elecciones de 2023. Frente a estas últimas no se demostró
que fueran trashumantes.

17. Solicitó los testimonios de algunos ciudadanos, esto es, Juvenal Lozano Tinoco, Julio
César Oliveros, Hernando Santana Murillo, Héctor Salguero Reyes y Manuel Ropero 10.
Adicionalmente, pidió se oficiará a la RNEC, para que certificara si existió alguna impugnación
de votos en las mesas instaladas en el municipio de Jerusalén el día de las elecciones.

18. La RNEC11 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.

3 Actuación SAMAI 6 del expediente del tribunal. La Inadmisión tuvo como propósito: 1. Se eliminara la pretensión segunda. 2. Precisar la
zona, puesto, mesa, identificación, nombre, casilla y el número de los votos afectados con la presunta trashumancia y 3. Se suministrara la
dirección de notificaciones del CNE y la RNEC.
4 Actuación SAMAI 15 del expediente del tribunal.
5 Actuación SAMAI 29 del expediente del tribunal. La negativa de la cautelar radicó en que no había pruebas suficientes para despejar las
dudas sobre los presuntos trashumantes.
6 Actuación SAMAI 33 del expediente del tribunal.
7 Actuación SAMAI 37 del expediente del tribunal.
8 Actuación SAMAI 5 del expediente del Consejo de Estado. Se reafirmó que eran necesarias evacuar las etapas probatorias, para resolver
el caso, en especial los formatos E-11.
9 Actuación SAMAI 48 del expediente del tribunal.
10
Ciudadanos que participaron como sufragantes en la contienda electoral.
11 Actuación SAMAI 41, 42 y 43 del expediente del tribunal.

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Demandante: Flor Alba Triana Segura
Demandada: Ingri Marcela Villalba Contratas,
alcaldesa del municipio de Jerusalén (Cundinamarca), periodo 2024-2027
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01697-03
19. Vencido el plazo para contestar la demanda, mediante auto del 19 de marzo de 202512, se
negó la falta de legitimación en la causa propuesta por la RNEC y la demandada, se decretaron
y negaron pruebas, dentro de las relevantes se destacan las siguientes:

Las que se niegan
De la parte actora: El dictamen pericial, aportado con la demanda y su subsanación, por no cumplir
en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 226 del CGP, por cuanto no se aportaron los documentos
alusivos a la acreditación de la idoneidad del perito. Se agregó que el elemento de juicio no se
tornaba pertinente, por cuanto el elemento suasorio realiza una contrastación de los presuntos
trashumantes con bases de datos, de las cuales no se evidencia si son las vigentes al momento de
la elección.
La parte demandada: los testimonios solicitados, por improcedentes.

Reiteración del auto admisorio
Se solicitaron las copias de los formularios E-10, E-11 y E-12; a su vez que se indicara si las
personas relacionadas en la demanda participaron o no en la contienda electoral.

De oficio
A la RNEC para que rindiera una experticia sobre las 453 cédulas señaladas como trashumantes y
se efectuara una verificación con las bases de datos oficiales, para determinar la residencia electoral
para el 29 de octubre de 2023.
También que se compararan los 453 documentos, con las resoluciones 6528 del 9 de agosto, la
10756 del 25 de septiembre, 8653 del 8 de septiembre, 12734 del 9 de octubre y 14564 del 25 de
octubre todas del 2023, con el propósito de absolver los siguientes cuestionamientos:
• Con anterioridad a las resoluciones, cuáles estaban en Jerusalén y cuáles en un municipio
diferente.
• Por medio de los actos administrativos, cuáles se dejaron sin efecto.
• Cuáles a pesar de las decisiones permanecieron en el citado municipio
• A 29 de octubre de 2023, la decisión de dejar sin efectos no estaba en firme o fue revocada.
• Precisara si las resoluciones enunciadas se materializaron, es decir si los ciudadanos fueron o
no efectivamente excluidos del censo.
• Qué ciudadanos de los excluidos votaron el 29 de octubre de 2023.

20. Se fijó el litigio de manera general en que se analizaría si el acto demandado se encuentra
viciado de nulidad con base en la causal planteada por la parte actora y teniendo en cuenta
los argumentos de la defensa.

21. Finalmente, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

22. En contra de la negativa del dictamen pericial aportado con la demanda y la subsanación,
la parte actora presentó recurso insistiendo sobre su necesidad13.Por auto del 9 de mayo de
2025, se concedió el recurso de apelación14.

23. Por decisión del 27 de mayo de 202515, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en Sala
Unitaria, dispuso que se tuviera como prueba documental la experticia.

24. El 22 de septiembre de 202516, el a quo reiteró a la RNEC que faltaba la prueba alusiva al
cruce de 453 presuntos trashumantes con las bases de datos oficiales para determinar la
verdadera residencia de estos electores.

12 Actuación SAMAI 53 del expediente del tribunal.
13 Actuación SAMAI 57y 58 del expediente del tribunal.
14 Actuación SAMAI 62 del expediente del tribunal.
15 Actuación SAMAI 5 del expediente del Consejo de Estado
16 Actuación SAMAI 86 del expediente del tribunal.

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Radicado: 25000-23-41-000-2023-01697-03
25. El 25 siguiente la RNEC17 dio respuesta al requerimiento y aportó las resoluciones 8378
del 8 de agosto, 8653 de la misma fecha, 6528 y 12734 del 9 siguiente, 10756 y 14564 del 25
de octubre, todas de 2023. Así como los expedientes 1, 2 y 3 del municipio de Jerusalén que
dieron lugar a los citados actos administrativos.

1.2.1. Alegatos de conclusión

26. La RNEC18 insistió en su falta de legitimación en la causa por pasiva.

27. La parte actora19reiteró que se presentó la trashumancia en el municipio de Jerusalén,
sobre el particular contrastó las 453 cédulas cuestionadas con los formularios E-11 allegados
por la autoridad electoral, estudio que concluyó que 253 personas habían votado. También
explicó que los 453 trashumantes representan el 20.78% de sufragantes en la entidad
territorial.

28. La demandada20, volvió sobre lo dicho en su defensa.

1.3.1 Sentencia de primera instancia21

29. El 13 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera,
Subsección B, negó las pretensiones de la demanda.

30. De manera preliminar, se indicó que, si bien la RNEC insiste en su falta de legitimación en
la causa por pasiva, el 19 de marzo de 2025 esa excepción fue declarada como no probada,
por lo que no se efectuará otro pronunciamiento.

31. Para resolver el caso concreto, basó su estudio en la experticia rendida por la RNEC en el
oficio RNEC-S2025-0050850 de 2025, en donde se determinó sobre los 453 registros que: i)
uno se encontraba duplicado, ii) cinco no correspondían al ciudadano que se describía y, iii)
255 asistieron a sufragar.

32. Según el reporte de la RNEC, se determinó que los 44722 ciudadanos que se acusan de
ser trashumantes, tenían asignado como puesto de votación el municipio de Jerusalén para
las elecciones presidenciales realizadas en el año 2022, por lo que concluyó que estas
personas se encontraban habilitadas en la entidad territorial con anterioridad al certamen del
29 de octubre de 2023.

33. Respecto de la confrontación con las resoluciones que se invocaron con la demanda, se
concluyó que las 447 cédulas estaban habilitadas para votar.

34. En síntesis, que las 255 personas que asistieron a sufragar, no eran trashumantes y se
encontraban debidamente habilitadas para acudir a las urnas el 29 de octubre de 2023, pues
se logró demostrar que inclusive, desde el certamen democrático para la escogencia del
presidente de la República, estaban inscritas en el municipio de Jerusalén.

17 Actuación SAMAI 90 del expediente del tribunal.
18 Actuación SAMAI 82 del expediente del tribunal.
19 Actuación SAMAI 83 y 84 del expediente del tribunal.
20 Actuación SAMAI 94 del expediente del tribunal.
21 Actuación SAMAI 97 del expediente del tribunal.
22
Los que resultan de restar el registro duplicado y los 5 que no tienen coincidencia con el ciudadano.

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35. Finalmente, en cuanto a la prueba que allegó la parte actora con la demanda y la
subsanación de esta, se consideró que el actor realizó una contrastación de los documentos
con las bases de datos, pero no se indicó si esos datos eran los vigentes al momento en que
se llevó a cabo el certamen electoral.

1.4 Recurso de apelación23

36. La demandante presentó sus reparos en los siguientes términos:

37. La RNEC no es la entidad encargada de acreditar o controvertir la existencia de
trashumancia, simplemente debe acatar las decisiones que adopte el CNE, quien es el que
tiene esa atribución, por lo que las afirmaciones efectuadas por el a quo, no tienen soporte
jurídico por cuanto los jueces deben fallar de conformidad con la ley y las pruebas que obren
en el expediente y no con conceptos u opiniones de otras autoridades.

38. Frente a las resoluciones del CNE dijo que es un contrasentido pronunciarse sobre ellas,
por cuanto aluden a procesos administrativos que ya se encuentran resueltos, además que no
son materia de este juicio.

39. Refirió que se cometió un yerro probatorio, dado que los medios de convicción que se
solicitaron versaron sobre el municipio de Jamundí, cuando la controversia giraba en torno a
la trashumancia que se presentó en Jerusalén (Cundinamarca).

40. Si bien la RNEC certificó que los 447 documentos que analizó estaban inscritos en el
municipio de Jerusalén para las elecciones presidenciales del año 2022, desconoció que luego
de ello se han presentado quejas e iniciado procesos por irregularidades en el censo electoral
de esa territorialidad, por lo que se debió contar con el historial de cédulas anuladas por
trashumancia. Añadió que la irregularidad, se verifica una vez trascurren las elecciones y no
antes.

41. Criticó la valoración de la prueba, por cuanto si bien la RNEC afirmó que 5 cédulas no
correspondían al nombre que dispuso en la demanda, eso es demostrativo de errores del
sistema utilizado para ese propósito.

42. Adujo la falta de imparcialidad del juez de instancia, por cuanto no se valoró la prueba
pericial aportada con la demanda, como aquellas que las sustentaban que adujo se
condensaban en al menos unos 900 elementos de juicio, la cual fue incorporada como tal por
el Consejo de Estado en donde se demostró la configuración de trashumancia.

43. El tribunal erró al contrastar los 453 documentos con las resoluciones proferidas por el
CNE, por cuanto dicho análisis en nada contribuye a dilucidar si aquellos fueron o no
trashumantes. Añadió que el despacho de primer grado no podía desvirtuar que esas personas
hubieran participado de forma ilegítima en el certamen democrático, toda vez que no existía
prueba o dictamen que lograra controvertir el cuestionamiento.

44. Explicó que el a quo hizo referencia a que, de los 453 documentos cuestionados, 255
efectivamente fueron a votar, sin embargo, no desmiente que estos fueran trashumantes a
pesar que el cruce de base de datos lo demuestra. A manera de ejemplo, trajo un cuadro con

23 Actuación SAMAI 102 del expediente del tribunal.

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las 255 personas que asistieron a votar y las contrastó con SISBEN y ADRES, para indicar
que no tienen ninguna relación con Jerusalén.

45. Finalmente, no comparte que el tribunal hubiera desvirtuado su prueba pericial, con el
pretexto de indicar que no se sabe si fue obtenida antes o después de la realización del
certamen democrático; además, refirió que el juzgador no tuvo en cuenta la prueba
sobreviniente, en donde aparece la demandada en una interacción pública, haciendo alusión
a la trashumancia.

1.5 Actuación de segunda instancia

46. El 11 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación24 y se ordenó correr traslado
a los sujetos procesales y al Ministerio Público, quienes intervinieron en el siguiente orden:

47. La demandada25 a través de su apoderada judicial, solicitó la negativa de las pretensiones
utilizando argumentos similares a los de la contestación de la demanda.

48. La parte demandante guardó silencio.

49. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado26, en su concepto solicitó
se confirmara la sentencia de primer grado a través de la cual se negaron las pretensiones de
la demanda, por un lado, estimó que los ciudadanos que se aducen como trashumantes, según
la RNEC se encontraban registrados para votar en Jerusalén desde las elecciones
presidenciales del año 2022, y por otro, al considerar que solamente del listado aportado por
la parte actora acudieron a votar 225 personas, lo cual no tenía incidencia por cuanto según la
tesis de la Sección Quinta del Consejo de Estado27, para que tuviera la entidad para contaminar
la elección, los supuestos trashumantes, debieron superar la diferencia entre el 1 y 3 candidato,
que en este caso fueron 1.114 sufragios.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

50. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15028 y 152.7.a)29 de la Ley 1437 del 2011,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la misma Corporación.

2.2. Problema jurídico

51. La controversia en este proceso se circunscribe a determinar si, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la apelación30, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la

24 Actuación SAMAI 9 del expediente del Consejo de Estado.
25 Actuación SAMAI 14 del expediente del Consejo de Estado.
26
Actuación SAMAI 1 del expediente del Consejo de Estado.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024. Rad: 15001-23-33-000-
2023-00483-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Alcaldesa de Nuevo Colón.
28 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
29 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos, (…)»
30
Los cuales se resumen al abordar el caso concreto.

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sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, la Sala se centrará en estudiar si en el
caso concreto se logró demostrar que se presentaron personas trashumantes en las
elecciones del municipio de Jerusalén y, de ser positivo, si la participación de estos incidió en
el resultado.

52. Para el efecto, la Sala: i) hará algunas consideraciones sobre la causal de anulación de
los actos de elección por trashumancia; y (ii) se pronunciará sobre el caso concreto, esto es,
la presunta participación de trashumantes en el trámite electoral, la valoración de las pruebas
con que se estima que el vicio quedó demostrado y la competencia del juez electoral para
determinar su existencia y afectación.

2.3 Marco teórico de la trashumancia electoral

53. Para resolver el interrogante planteado, la Sala estima necesario realizar algunas
consideraciones sobre: (I) la residencia electoral, (II) la trashumancia y los mecanismos para
combatirla, (III) algunas reflexiones en torno a antecedentes jurisprudenciales sobre los
aspectos que deben acreditarse para predicar la existencia de dicho fenómeno y, (IV) los
parámetros para desvirtuar la presunción de residencia electoral y acreditar aquélla.

2.3.1 Sobre la residencia electoral

54. Del artículo 316 superior y el numeral 4° de la Ley 163 de 1994, se deduce lo siguiente
respecto a la residencia electoral:

(I) Hace referencia al lugar en el que se encuentra registrado un ciudadano habilitado por la
Constitución y la ley para ejercer el derecho al voto.

(II) En el marco del artículo 316 de la Constitución, el concepto de residencia tiene como
propósito garantizar que las personas que efectivamente tienen un vínculo con la entidad
territorial, sean las llamadas a participar en las votaciones para las elecciones de las
autoridades locales y la resolución de asuntos que incumben al territorio, y por ende, evitar
que la democracia participativa local sea afectada por la injerencia de sujetos políticos ajenos
a la realidad del respectivo departamento o municipio.

(III) Puede predicarse por la relación del votante con el lugar en el que: (a) habita, (b) de
manera regular está de asiento, (c) ejerce su profesión u oficio y/o (d) posee alguno de sus
negocios o empleo.

(IV) En ese orden de ideas, que una persona no habite en el lugar en que votó, no permite
concluir en un alto grado de certeza que no sea su residencia electoral, pues dicha residencia
puede establecerse por otro tipo de relación del ciudadano con el territorio; verbigracia, el
ejercicio de una profesión, oficio, poseer algún negocio, empleo o ser el lugar en cuestión en
el que de manera regular está de asiento.

(V) No obstante, la residencia electoral es única, motivo por el cual el ciudadano debe escoger
solo un lugar para inscribir su documento de identidad, con el fin de ejercer el derecho al voto,
teniendo en cuenta los criterios de relación ciudadano – territorio, señalados anteriormente.

(VI) De conformidad con el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, se presume legalmente para
efectos del artículo 316 constitucional, que la residencia es aquella en la que se encuentra

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registrado el votante en el censo electoral, pues, mediante dicha inscripción bajo la gravedad
del juramento declara residir en el municipio en el que se lleva a cabo aquélla.

2.3.2 Trashumancia electoral y los mecanismos para combatirla -Reiteración de
jurisprudencia-31

55. La trashumancia electoral, según lo ha precisado esta Sección, corresponde a «la acción
de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción política en un lugar distinto
al que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés»32.

56. Con el fin de prevenir y combatir la anterior conducta, que sin duda alguna atenta contra
la democracia participativa local, se han implementado diversos mecanismos a los que se hará
alusión, para luego profundizar en uno de ellos, esto es, el procedimiento breve y sumario que
adelanta el Consejo Nacional Electoral, debido a la naturaleza de los actos cuya nulidad se
pretende, dictados por dicha entidad.

57. El artículo 389 del Código Penal Colombiano reprocha la inscripción irregular de
documentos o cédulas de ciudadanía que desconocen la relación que deben tener los votantes
con el territorio, toda vez que mediante dicha conducta se pretende obtener indebidamente
una ventaja en los comicios o un provecho ilícito para sí o para terceros:

«ARTÍCULO 389. FRAUDE EN INSCRIPCION DE CÉDULAS. <Artículo modificado por el artículo
4 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio indebido logre
que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad,
municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener
ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad,
municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener
provecho ilícito para sí o para terceros.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un
servidor público» (Negrillas adicionales).

58. Con la modificación introducida por el artículo 4 de la Ley 1864 de 2017 al anterior tipo
penal, no solo se sanciona a quien logra que personas habilitadas para votar inscriban sus
documentos de identidad en lugares en los que no les corresponde, sino a quienes inscriben
a aquéllos para votar en tales condiciones, en tanto, da cuenta de la intención del legislador
de hacer consciente al ciudadano de las consecuencias de su conducta deshonesta frente al
ejercicio del derecho al voto, cuando con el objeto de obtener un provecho ilícito para él o un
tercero, se presta para interferir en decisiones de carácter local en las cuales no está
legitimado, pues no tiene relación con el territorio en el que se llevan a cabo los comicios.

59. Para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 275, numeral 7 de la
Ley 1437 de 2011 se encuentra la causal específica de nulidad de los actos elección o
nombramiento relacionada con la trashumancia, así:

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, MP. Gloria María Gómez
Montoya, radicado 05001-23-33-000-2023-01256-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 18 de noviembre de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, Radicado 76001-23-33-000-2019-01203-01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro
Pablo Vanegas, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado
44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas.
32 Ibidem.

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«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando: (…)

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción».

60. Aunque la trashumancia electoral solo se consagró expresamente como causal de nulidad
específica mediante la norma transcrita, desde el 28 de enero de 199933 el Consejo de Estado
la aceptó jurisprudencialmente como un motivo para anular los votos afectados y
eventualmente el acto de elección, estimando en un primer momento que dicha conducta
constituía una violación del artículo 316 constitucional y luego34 desde el planteamiento de
una modalidad de incurrir en la conducta prevista en el entonces artículo 223.2 del Código
Contencioso Administrativo35, aspecto en el que en esta oportunidad no resulta necesario
ahondar36.

61. Sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, es importante tener
presente que el Consejo de Estado en sede de nulidad electoral ha considerado, que «para
desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe probar, de forma concurrente y simultánea, (i)
que el presunto trashumante (sic) no es morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento
regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio
o empleo.»37.

62. Además, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) qué personas no
residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que estas efectivamente
hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la contienda electoral»38.

63. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia electoral, al
Consejo Nacional Electoral en virtud del artículo 4° de la Ley 163 de 1994, le fue conferida la
facultad de adelantar un procedimiento breve y sumario en el cual se: (i) compruebe si el
inscrito no reside en el respectivo municipio, y, en caso afirmativo, (ii) declare sin efecto la
inscripción correspondiente, para evitar que personas ajenas a una entidad territorial tengan
injerencia en los comicios locales que definirán a los dirigentes que los gobernarán.

64. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el capítulo 8° al
Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», comprendido entre los artículos

33 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario Alario Méndez. En esta providencia se
indicó: “Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la violación de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución no determina la nulidad
de las elecciones de que se trate y que las consecuencias de esa violación son las establecidas en el artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según
el cual sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el
inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción.
La Sala en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la Constitución prohíbe que en votaciones que se realicen para la elección
de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros municipios, el voto cumplido contra esa expresa prohibición constitucional
es nulo. Y será nula, consecuentemente, la elección correspondiente, cuando el número de votos nulos sea determinante de la misma, pues
en caso contrario la nulidad del voto resultaría inocua.
Entonces, para alegar con éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe demostrarse que los inscritos no residían en el respectivo
municipio, en el lugar indicado al momento de la inscripción, bajo juramento, en los términos del artículo 4º, inciso segundo, de la Ley 163 de
1.994, y que efectivamente votaron; y establecer también la incidencia de tales votos en el resultado electoral”.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0768-01(2719), M.P. Mario
Alario Méndez.
35 “Artículo 223. Causales de nulidad. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.> Las actas de escrutinio de los jurados
de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…)
2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”.
36 Para mayor información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral, puede apreciarse: 1) Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 2)
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017, Rad. 68001-23-33-000-2016-00076-02, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729), Darío
Quiñones Pinilla.
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
38 Ibidem.

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2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., consagra en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
facultad-deber de cruzar la información suministrada por los ciudadanos al momento de
inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos procesos electorales, con
«cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia
electoral» (parágrafo del artículo 2.3.1.8.3.).

65. Por su parte, el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.3 señala las
bases de datos más relevantes para tal efecto39, con el propósito de entregar los resultados
del cruce realizado al Consejo Nacional Electoral, a fin de que adopte las decisiones
correspondientes frente a la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, y, por ende, se
ofrezcan de manera oportuna y eficaz garantías para el proceso electoral, como lo indica la
parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al señalar:

«Que el artículo 49 la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar de los ciudadanos,
desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes de la jornada electoral.

Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados procesos electorales que la norma disponía
de hasta seis (6) meses antes de la elección el cierre de la inscripción de los ciudadanos, lo cual
deja muy poco tiempo para que el Consejo Nacional Electoral realice el control correspondiente en
ejercicio del numeral 1° del artículo 265 de la Constitución Política de ejercer la suprema inspección,
vigilancia y control de la Organización Electoral y las investigaciones a que haya lugar de inscripción
irregular de cédulas. (…)

Que con el fin de brindar garantías para que los procesos electorales sean más transparentes, se
asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar conductas que puedan
atentar contra los mismos, se hace necesario establecer mecanismos que faciliten la coordinación
interinstitucional y así, permitir un efectivo y oportuno control por parte del Consejo Nacional
Electoral sobre la inscripción de cédulas para combatir trashumancia electoral».

66. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto del
mismo puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las personas
relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo que interfieren indebidamente en
la democracia participativa a nivel local. Tan es así, que el Decreto 1066 de 2015 en su artículo
2.3.1.8.540 (adicionado por el Decreto 1294 de 2015), previó plazos concretos para que la
Registraduría Nacional del Estado Civil entregue el resultado del cruce de información al
Consejo Nacional Electoral, a fin de que éste adopte las decisiones a que haya lugar.

39 “Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus competencias de manera
inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional identificación y la de datos de las huellas digitales, con
el propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos
electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el procedimiento aquí
previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha actividad dentro de un plazo no mayor a diez
(10) días contados a partir de dicha fecha.
Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con sus
competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe, cruzará la información
con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales.
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información
suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos electorales, con las siguientes
bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento Nacional de
Planeación - DNP.
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE.
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de
información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral”.
40 “Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá al Consejo
Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de inscripciones, y dentro de los cinco (5)
días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos”.

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67. Sobre el particular, no puede perderse de vista que la revisión eficaz y oportuna del censo
electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011, en su artículo 49, estableció que este
se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada electoral, de manera tal que la depuración
que se emprenda en aras de propiciar comicios transparentes, debe adelantarse antes del
plazo señalado y de forma permanente como lo establece el artículo 48 de la misma ley. El
propósito no es otro que el registro de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los
ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución
y la ley para participar en las elecciones y concurrir a los mecanismos de participación
ciudadana41, corresponda a la realidad, garantizando así que cada vez que se emprenda un
ejercicio de participación democrática, concurran quienes están habilitados para tal efecto por
el ordenamiento jurídico, respetando la residencia electoral.

68. Sobre el procedimiento administrativo que se viene explicando, es pertinente traer a
colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en mención, según el cual, el CNE puede efectuar un
análisis de trashumancia histórica:

«Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de
octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.
Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias, fijará los criterios
que definan el fenómeno de la trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar
cumplimiento al artículo 316 de la Constitución Política».

69. La trashumancia histórica hace alusión al traslado de ciudadanos de un lugar distinto a
aquel en que residen o encuentran un verdadero arraigo o interés, con lo cual influyeron en
anteriores procesos electorales de carácter local, de manera tal que históricamente personas
ajenas a la realidad territorial han incidido en decisiones relativas a la misma, por lo que resulta
necesario identificarlas para dejar constancia de dicho fenómeno y por supuesto tomar los
correctivos a que haya lugar.

70. Es interesante que, con el Decreto 1294 de 2015, no solo se pretende que los análisis de
trashumancia electoral se circunscriban a las elecciones que están por celebrarse, sino
también al estudio de dicho fenómeno respecto de procesos electorales que finalizaron, en
criterio de la Sala, con el propósito de aprender de las experiencias pasadas e identificar los
lugares en los que la trashumancia ha tenido significativa incidencia, para implementar
procedimientos eficaces, que permitan combatir dicha práctica en territorios en los que
históricamente se ha arraigado.

2.3.3 Aspectos que deben acreditarse para predicar la existencia de trashumancia -
Reiteración de jurisprudencia-42

71. Un ciudadano es trashumante cuando se demuestra que está inscrito para votar en un
lugar del que: (I) no es morador del respectivo municipio, (II) no tiene asiento regular en el
mismo, (III) no ejerce allí su profesión u oficio y (IV) tampoco posee negocio o empleo en la

41 Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza: “Artículo 47. Censo electoral. El censo electoral es el registro
general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por
la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los
mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de los actos y
votaciones a que se refieren los artículos 106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico,
elaborado por la RNEC, que le permite a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los
mecanismos de participación ciudadana”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, MP. Gloria María Gómez
Montoya, radicado 05001-23-33-000-2023-01256-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 18 de noviembre de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, Radicado 76001-23-33-000-2019-01203-01. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro
Pablo Vanegas Gil, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado
44001-23-40-000-2024-00003-02. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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entidad territorial. Lo anterior conlleva a profundizar en la forma en que pueden acreditarse las
anteriores situaciones, en especial, teniendo en cuenta las funciones atribuidas a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral en materia de
trashumancia.

2.3.4 Parámetros para desvirtuar la residencia electoral-Reiteración de jurisprudencia-43

72. Como se indicó con anterioridad, la fuerza de esta presunción radica en un hecho cierto,
consistente en que el ciudadano interesado como lo establece el artículo 78 del Código
Electoral, se presentó personalmente ante la autoridad electoral del lugar en el que debe
sufragar y declaró bajo la gravedad del juramento que aquél para efectos electorales, es su
residencia, afirmación que, en virtud del principio de la buena fe, la administración debe tener
por cierta, salvo prueba en contrario.

73. Dada la importancia de dicha manifestación, la misma queda consignada en el formulario
E-3, toda vez que a partir de la información suministrada se ubicará al ciudadano en el censo
electoral del distrito o municipio respectivo y se establecerá un puesto para que ejerza el
derecho al voto, con fundamento en la dirección registrada, la cual, en virtud del 4° de la Ley
163 de 1994, determina su residencia electoral.

74. Por otra parte, frente a los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia electoral,
como en líneas atrás se indicó, se encuentra la facultad concedida al Consejo Nacional
Electoral por el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que, mediante un
procedimiento breve y sumario, (I) compruebe si el inscrito reside en el respectivo municipio,
y en caso negativo (II) declare sin efecto la inscripción correspondiente, con lo cual se logra
evitar que personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales.

75. En relación con la tarea antes señalada, el Consejo Nacional Electoral dictó la Resolución
2857 del 6 de noviembre de 2018, por la cual estableció el procedimiento orientado a dejar sin
efectos la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía por trashumancia, de oficio o a
petición de parte.

76. De la anterior resolución se destaca la conformación de un grupo interdisciplinario del
Consejo Nacional Electoral, que, con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
realiza una confrontación de las bases de datos pertinentes «para determinar la residencia
electoral de los ciudadanos cuya inscripción sea impugnada» (art. 14).

77. El referido cruce es ordenado desde el inicio de la actuación, a partir de los datos que se
obtienen de bases como las del SISBEN, ADRES, DPS, cámaras de comercio, censo electoral
y «de todas aquellas que considere procedente». Además, se indica que la Registraduría Nacional
del Estado Civil, pondrá a disposición del Consejo Electoral la información atinente a los
inscritos en el respectivo municipio, el Archivo Nacional de Identificación, el potencial de
inscritos y los datos históricos del censo electoral y se previó que, de conformidad con la Ley
1712 de 2014, se podrá solicitar «a las entidades públicas y privadas la información necesaria para
verificar los datos aportados por los ciudadanos al momento de su inscripción» (art. 8).

78. Prescribe el artículo 9 de la señalada resolución, que, con base en el resultado de los
cruces de las bases datos, y los demás elementos de juicio aportados, el Consejo Nacional

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, MP. Gloria María Gómez
Montoya, radicado 05001-23-33-000-2023-01256-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 18 de noviembre de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, Radicado 76001-23-33-000-2019-01203-01. Consejo de Estado.

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Electoral puede comisionar servidores públicos vinculados o adscritos a la organización
electoral, para que practiquen pruebas, «incluidas visitas especiales a las direcciones
registradas al momento de la inscripción».

79. Con fundamento en la información recopilada, el Consejo Nacional Electoral determina las
cédulas de ciudadanía que fueron inscritas irregularmente para votar, dando lugar a que sus
titulares no puedan volver a inscribir el documento de identidad para la misma circunscripción
del proceso electoral de la que fueron excluidos, ni puedan ser designados para ejercer como
jurados de votación de la respectiva entidad territorial (art. 10). Contra esta decisión que deja
sin efectos la inscripción de cédulas de ciudadanía, procede el recurso de reposición (art. 12).

80. La valoración de la información que, en sede administrativa, realizan las autoridades
electorales sobre posibles casos de trashumancia, debe atender unos parámetros construidos
a partir de (I) la forma como se registra la residencia electoral, (II) el amplio concepto de ésta
y (III) la posibilidad de recopilar información atinente a los vínculos de habitación, prestación
del servicio de salud, ejercicio laboral y/o profesional, entre otros, que pueden construir los
ciudadanos con una entidad territorial, los cuales podrían facilitar el análisis correspondiente.

81. En aras de destacar que, para establecer si un ciudadano es o no trashumante, debido a
las múltiples alternativas que legalmente existen para fijar la residencia electoral, se requiere
un estudio de la información relativa a las personas involucradas, que incluye el cruce de
diversas bases de datos, y, eventualmente, confirmar los datos suministrados al inscribir el
documento de identidad para un momento específico, en aras de establecer si, en la
actualidad, tiene o no relación con el titular de éste, como lo indica el artículo 9° de la
Resolución 2857 de 2018 del CNE.

82. Además, el cruce de información que realizan las autoridades electorales puede confirmar
si un ciudadano tiene relación con el territorio en el que está inscrito su documento de
identidad para ejercer el derecho al voto, o si tal vínculo se mantiene con otro municipio, lo
que equivale a probar situaciones afirmativas, concretas y delimitadas. Sin embargo, dicho
análisis, en principio, no revela de manera directa y certera, si un ciudadano (I) no es morador
del municipio que aparece como habilitado para ejercer el sufragio, (II) que no tiene asiento
regular en el mismo, (III) no ejerce allí su profesión u oficio y/o (IV) no posee algún negocio o
empleo en dicha entidad territorial.

83. Incluso, compete a las autoridades, en sus investigaciones, intentar precisar
geográficamente por cada persona en un momento determinado, la totalidad de los anteriores
vínculos, a fin de corroborar por confirmación o descarte la existencia o inexistencia de los
mismos, con las herramientas que cuente.
84. Cuando en sede administrativa o judicial se plantea la presunta existencia de
trashumancia, el análisis de la información recaudada debe ser especialmente cuidadoso, así
como la forma en que se solicita y obtiene esta, pues de ello depende el grado de probabilidad
o certeza de las conclusiones relacionadas con la residencia electoral de una persona, y, por
consiguiente, para determinar si en los comicios participaron o no trashumantes.

85. Verbigracia, si se pretende demostrar que la participación de presuntos trashumantes
influyó en el resultado electoral, la información correspondiente a las bases de datos como
SISBEN, entre otras, debe ser lo más cercana posible al día de los comicios o cuando se inicie
el análisis de este fenómeno por parte de la autoridad, en aras de confirmar o infirmar si un
ciudadano para el día de las elecciones tenía o no alguno de los vínculos legalmente

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establecidos con el territorio en el que votó, en especial cuando éstos pueden cambiar
súbitamente ante la modificación del lugar de habitación o de trabajo, por ejemplo44.

86. Tratándose del medio de control de nulidad electoral, no solo se requiere el cruce de
información entre entidades, también se debe verificar de ellas, su contenido, esto es, si el
registro se encuentra vigente, además de la suficiencia de la prueba, en tanto, una sola base
de datos no tendría el mérito suficiente para demostrar que no se es morador o residente de
un municipio. También se debe verificar de ellas, que se encuentran actualizadas.

87. De igual manera, el juez electoral puede constatar los datos del formulario E-3, en el que
reposa, conforme el artículo 78 del CE, la dirección o domicilio que el ciudadano suministró al
momento de su inscripción, ello con el fin de corroborar el arraigo de este con la localidad en
la que aspira votar.

88. Con todo, emana como requisito esencial que el ciudadano haya votado, pues la
causal de anulación busca acreditar que determinados ciudadanos, presuntamente
trashumantes, influyeron en unas elecciones, por lo que inicialmente deben confrontarse los
formularios E-1045, E-1146 o E-1247, según sea el caso, para determinar si participaron de
forma activa en la contienda y, por ende, influyeron en el resultado, de lo contrario, no se
configura la causal de nulidad objeto de estudio.

89. En aplicación de las consideraciones hasta aquí desarrolladas, corresponde analizar en
concreto, la configuración de las situaciones de trashumancia ventiladas por la parte
demandante.

2.4 Caso concreto

90. Corresponde a la sección determinar si, en este caso, se logra verificar la participación de
ciudadanos ajenos al municipio de Jerusalén (Cundinamarca) y, de encontrar acreditada tal
circunstancia, si ello influyó en el resultado eleccionario.

91. El recurrente cuestiona que es el CNE quien tiene la competencia para acreditar la
existencia de trashumancia y no la RNEC. También que los jueces en sus providencias deben
estar supeditados a la ley y las pruebas, no a conceptos o certificaciones que efectúen
autoridades administrativas.

92. De otra parte, precisó que a pesar del estudio emprendido por la registraduría en donde
indicó que 447 cédulas estaban inscritas desde las elecciones presidenciales de 2022 en
Jerusalén, no se tuvo en consideración que posterior a ello se presentaron reclamaciones por
la configuración de la irregularidad.

93. Precisó que si bien la RNEC, consideró que 5 cédulas no corresponden con el nombre que
dispuso en la demanda, ello evidencia las falencias del sistema utilizado por la entidad.

94. En ese sentido, estimó que la trashumancia demostrada en el análisis efectuado en el
escrito inicial no se desvirtuó y, con todo, para la existencia de ese fenómeno tampoco es

44 Se hace referencia a las bases de datos de ADRES, SISBEN, ANSPE, entre otras.
45 Censo de mesa.
46 Acta de instalación de mesa y registro de votantes.
47 Formulario de habilitación para votar.

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relevante si la información analizada era anterior o posterior a las elecciones, en tanto, no se
depura.

95. Añadió que el juzgador de instancia, incurrió en un error probatorio, en tanto los elementos
de juicio que solicitó hacían referencia a Jamundí y no Jerusalén. Además, afirmó que la
prueba pericial allegada con la demanda no fue objeto de análisis, como tampoco aquellos
documentos que se aportaron para su justificación, las cuales describió en al menos 900 folios.
Cuestionó, también relató que no era relevante si la pericia del escrito inicial fue realizada antes
o después del certamen democrático.

96. A partir de los argumentos de alzada, la sala procederá a analizar cada uno de ellos, como
se expone a continuación:

2.4.1. Sobre la entidad encargada de acreditar la trashumancia

97. En este aspecto, incumbe aclarar que, como se indicó en párrafos anteriores, en Colombia
se han instituido mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia electoral, dentro de los
cuales se destaca la atribución que se le ha conferido al Consejo Nacional Electoral por el
artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que, mediante un procedimiento breve y
sumario (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio y en caso afirmativo
(ii) declare sin efecto la inscripción, con lo cual se logra evitar que personas ajenas a una
entidad territorial tengan injerencia en los comicios locales.

98. El recurrente precisa que la facultad para determinar la trashumancia está a cargo del CNE
y no la RNEC, apreciación que en principio parecería ser acertada pues es la primera autoridad
la que, en definitiva, en sede administrativa, expide los actos que dejan sin efecto la inscripción
irregular de un documento para sufragar en un determinado lugar. Sin embargo, olvida que la
labor del cuerpo colegiado es parte de un estudio efectuado de manera articulada con la RNEC.

99. Sobre el particular, el Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó
el capítulo 8° al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral», comprendido entre
los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., prevén la facultad y el deber en cabeza de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, de cruzar la información suministrada por los ciudadanos al momento
de inscribir su cédula de ciudadanía para votar en los distintos procesos electorales, con
«cualquier base datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral»
(parágrafo del artículo 2.3.1.8.3.), aunque el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1
a 2.3.1.8.3 hace referencia a las bases más relevantes para tal efecto 48, todo con el propósito
de entregar los resultados del cruce realizado al Consejo Nacional Electoral.

48 “Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a sus competencias de manera
inmediata y oficiosa, cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional identificación y la de datos de las huellas digitales, con
el propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus cédulas de ciudadanía para votar en los diferentes procesos
electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el procedimiento aquí
previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha actividad dentro de un plazo no mayor a diez
(10) días contados a partir de dicha fecha.
Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con sus
competencias, con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe, cruzará la información
con el Archivo Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales.
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información
suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos electorales, con las siguientes
bases de datos:
• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento Nacional de
Planeación - DNP.
• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE.
• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de
información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral”.

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100. A manera de ejemplo, en los mismos actos en que soporta la parte actora su reproche,
esto es, la Resolución 8653 del 8 de septiembre de 2023, consideraron en su estudio «que, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Auto CNE-ACM-086, la oficina de Censo Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el día 27 de marzo de 2023, entregó al Despacho
Sustanciador el cruce de las bases de datos de las cédulas inscritas dentro de los periodos
comprendidos desde el 13 de marzo de 2021, hasta el 29 de marzo de 2022, para Congreso de la
República; desde 29 de octubre 2022, hasta el 20 de marzo de 2023, para Presidente y Vicepresidente
de la República; con las bases de datos del Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales –SISBEN-; Sistema de Seguridad Social –BDUA del ADRES- adscrita al Ministerio
de Salud y Protección Social; Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE- y
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-».

101. En ese contexto, contrario a lo que estima el recurrente, el insumo principal para que el
CNE pueda adoptar una decisión sobre la determinación de la existencia o no de trashumancia,
es aquel que se deriva del cruce que efectuó la RNEC sobre los datos consignados en la
inscripción con las bases de datos que resulten de utilidad para establecer la residencia
electoral.

102. Bajo las anteriores premisas, la Sala no comparte el reproche de la apelante, pues lejos
de tener razón, se destaca que en este caso no está en controversia la facultad que tiene el
CNE para definir la existencia o no de trashumancia, sino que el a quo, de acuerdo con la
función que tiene la RNEC, le solicitó el cruce de la información suministrada por el actor con
los formularios E-11, que se encuentran en custodia de la citada entidad; sin que dejara en
cabeza de ella la definición de la residencia electoral.

103. Con todo, fue el juez de primera instancia quien determinó, con base en las pruebas
aportadas al expediente, entre ellas la solicitada ala RNEC, no se demostró ese fenómeno, lo
cual descarta que, en sede judicial, se dejara esa facultad a la entidad electoral, dado que, se
reitera, aquella solo hizo el cruce de bases de datos, pero su valoración correspondió al
operador judicial.

104. En esos términos, estima esta Sección que la RNEC se encontraba habilitada, en aras
atender el requerimiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 1294 del 17 de junio de 2015.

105. Se precisa, que esa la labor emprendida por la RNEC en el caso concreto, se efectuó
respecto de las cédulas que criticó la demandante en su escrito inicial, que además fue
decretada 19 de marzo de 2025.

106. La Sala no descarta, que si bien en dicha providencia, en algunos apartes al solicitar la
prueba de que se habla se hizo al municipio de Jamundí, lo cierto es que ello no impidió que
la experticia se practicara respecto de Jerusalén.

107. En esa medida, el simple hecho de que se hubiera tenido en consideración el estudio
efectuado por la RNEC, no devine en una inconsistencia en la decisión de primera instancia.

2.4.2. Sobre el estudio probatorio

108. Otro de los reproches de la recurrente tiene que ver con que, en el estudio emprendido
por la registraduría, en donde indicó que 447 cédulas estaban inscritas desde las elecciones

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presidenciales del 2022 en Jerusalén, no se tuvo en consideración que, posterior a eso, se
presentaron reclamaciones por la configuración de la irregularidad.

109. Sobre este particular, la Sala encuentra que la RNEC, en respuesta del 10 de junio de
2025, identificada con el radicado RNEC-S-2025-0050859, respecto a este punto, estimó lo
siguiente: «se informa el puesto de votación que los 447 ciudadanos tenían asignado en las elecciones
de Presidencia de la República 2022, certamen inmediatamente anterior al procesamiento de las
Resoluciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral por concepto de inscripción irregular de
cédulas para elecciones de Autoridades Territoriales 2023».

110. Bajo el amparo de la anterior respuesta, al consultar la matriz allegada por la autoridad
electoral el a quo consideró que no existía trashumancia en la medida en que los 447
ciudadanos cuestionados, estaban inscritos para sufragar en Jerusalén (Cundinamarca) para
la elección presidencial del año 2022.

111. Ahora bien, entiende la Sala la preocupación de la demandante, sin embargo, esta
información no resulta ser caprichosa, sino que fue parte del estudio que realizó el CNE en las
resoluciones 6528 del 9 de agosto de 2023 y 8653 del 8 de septiembre de la misma anualidad.

112. En lo alusivo al primer acto administrativo mencionado (6528), el análisis se centró en la
inscripción irregular de cédulas en Jerusalén para las elecciones territoriales del 29 de octubre
de 2023 a partir de la diversas quejas ciudadanas, teniendo como insumo «(…)la relación de las
cédulas de ciudadanía inscritas para los periodos comprendidos entre el 13 de marzo de 2021 al 13 de
enero de 2022, para Congreso de la República; del 14 de enero 2022 al 29 marzo de 2022, para
Presidente y Vicepresidente de la República y del que actualmente se encuentra en curso desde el
29 de octubre de 2022, hasta el 28 de febrero de 2023(…)» (Negrillas propias).

113. Por su parte el segundo (8653) se tuvo como parámetro el mismo certamen democrático
que el anterior y como base, el mismo soporte, esto es «(…) las cédulas inscritas dentro de los
periodos comprendidos desde el 13 de marzo de 2021, hasta el 29 de marzo de 2022, para Congreso
de la República; desde 29 de octubre 2022, hasta el 20 de marzo de 2023, para Presidente y
Vicepresidente de la República (…)».

114. En ese sentido, se evidencia que en efecto las resoluciones que se mencionan tenían
como propósito la depuración del censo para las elecciones territoriales que se realizarían el
29 de octubre de 2023. A manera de ejemplo, la Sala destaca el aparte correspondiente de la
Resolución 8653 del 8 de septiembre de 2023, la cual se replica en las demás «Por medio del
cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario que se
adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
municipio de JERUSALÉN del Departamento de CUNDINAMARCA, con ocasión de las elecciones a
realizarse el próximo 29 de octubre de 2023».

115. En efecto de ahí, se denota que con posterioridad al 2022 y desde antes, se inició una
investigación para depurar el censo y excluir los ciudadanos que no debían votar en Jerusalén,
sin embargo, sobre este aspecto, debe tenerse en consideración que la RNEC, en oficio
RNEC-S-2025-0050859, estimó que, de la información reportada por la demandante y las
resoluciones del CNE, solamente coincidían 2 ciudadanos, esto es Ana Rosa Ramírez
Mancera y Abdón Rodríguez Osorio. No obstante, la primera de las mencionadas, «(…) quedó
habilitada para sufragar en Jerusalén – Cundinamarca toda vez que, no tenía lugar de votación antes
del trámite de inscripción y no era viable su salida del censo electoral (…)» y el segundo, «(…) Consejo
Nacional Electoral dejo en firme el trámite de inscripción de cédula mediante Resolución 10756 de
2023(…)».

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116. Quiere decir lo anterior, que la autoridad electoral no solamente tuvo en cuenta
ciudadanos que se inscribieron en el año 2023, sino que verificó los documentos previamente
registrados en el municipio de Jerusalén, inclusive para los certámenes que se adelantaron
desde el año 2021.

117. La Sala observa que, con base en el artículo 2.3.1.8.8 del Decreto 1066 de 2015
(adicionado por el Decreto 1294 de 2015), el CNE hizo un estudio de trashumancia histórica,
conforme lo siguiente:

«Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de
octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.
Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias, fijará los criterios
que definan el fenómeno de la trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar
cumplimiento al artículo 316 de la Constitución Política.»

118. Para la Sala, cuando se hace referencia a la trashumancia histórica, se hace alusión al
traslado de ciudadanos de un lugar distinto a aquel en el que residen o encuentran un
verdadero arraigo o interés, y que influyeron en anteriores procesos electorales, no solo en el
que se analiza en la actualidad, de manera tal que se analiza el comportamiento de años
anteriores para depurar el censo, por lo que resulta necesario identificarlas en aras de dejar
constancia de dicho fenómeno y por supuesto tomar los correctivos a que haya lugar.

119. Por manera que, se encuentra demostrado que el CNE asumió e inició el procedimiento
de averiguación electoral, por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el
municipio de Jerusalén, para lo cual incluyó procesos electorales de Presidencia, Congreso de
la República y, además, documentos que se registraron para las elecciones del 2023, que
concluyeron con el estudio de trashumancia que se refleja en las resoluciones arriba
analizadas.

120. Bajo ese entendido, difiere la Sala de la apreciación de la demandante, pues, contrario a
su argumento, de las anteriores probanzas se puede advertir que no solamente se tuvo como
base el insumo referente a las elecciones presidenciales de 2022, sino a quienes se
inscribieron en el 2023.

2.4.3. Verificación probatoria

121. Estimó que existió trashumancia en el municipio de Jerusalén, la cual se encuentra
probada con el análisis efectuado en el escrito inicial cuyo soporte está en el dictamen pericial
aportado.

122. La Sala comparte la apreciación del a quo al estimar que 5 documentos no corresponden
a los nombres y apellidos que suministró el demandante, verificado con el Archivo Nacional de
Identificación y 1 se encuentra repetido, lo cual se observa en la siguiente tabla:

CÉDULA Nombre y Apellidos NOMBRE EN ANI
3063746 JOSE WILSON TRUJILLO LOZANO JOSE MANUEL FONSECA GARZON
20538464 GINA MILENA LEGRO GOMEZ CLEMENTINA MORENO GARIBELLO
10090413 HENRY JORGE VELOSA GARCIA ROBERTO OBDULIO GARCES PARRA
79061451 JACINTO AVENDAÑO SUAREZ SALVADOR ARIAS PEDREROS
93022084 LEONARDO SANCHEZ MUÑOZ JOSE SAIN ALAPE TIMOTE

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1005231246 STIVEN LEAL PARRA DUPLICADO

123. Lo anterior denota que el estudio no se circunscribe a las 453 cédulas inicialmente
invocadas por la demandante sino a 447. Respecto de ellas, se analizará si en efecto, estos
ciudadanos votaron. Sobre el punto, la actora propone un presunto error en el sistema en la
verificación de las 5 cédulas referidas, sin embargo, no ofrece algún elemento de juicio para
verificar su cuestionamiento.

124. Frente al listado de las 447 personas presuntamente trashumantes, la Sala, de
conformidad con los documentos legal y oportunamente allegados al proceso por la RNEC,
procedió a verificar con fundamento en los formularios E-1149 para las elecciones del alcalde
de Jerusalén, quiénes ejercieron y los que no su derecho al voto.

125. Del estudio emprendido se establece que 192 de los ciudadanos relacionados por la
demandante como presuntos trashumantes no ejercieron su derecho al voto, como se observa
a continuación:

Cedula de Nombre y Apellidos Mesa de Asistió a ejercer el
Ciudadanía Votación voto

3057026 JAIME MEDINA ALFONSO 1 NO
3063384 EDGAR LOZANO CAICEDO 1 NO
3063238 JAVIER PERDOMO GARZON 1 NO
3005250 JOSE CELIANO AMAYA 1 NO
3063335 JOSE DOMINGO TERREROS CARRILLO 1 NO
3038833 JOSE EDUVIN ORTIZ 1 NO
3057136 JOSE FABIAN PARRA LOZANO 1 NO
2978781 JOSE RUBEN OSTOS MAHECHA 1 NO
3063512 ROBERTO LOZANO RINCON 1 NO
3063299 BENEDICTO PARRA LOZANO 1 NO
3045956 GERARDO REYES 1 NO
3063427 JOSE SALVADOR IBAÑEZ GALLO 1 NO
3063568 WILSON GUTIERREZ RODRIGUEZ 1 NO
179189 EDILBERTO BERRIO LOZANO 1 NO
288096 JOSE IGNACIO LOZANO 1 NO
288412 GILBERTO MELO GOMEZ 1 NO
2950510 RODOLFO CADENA FONSECA 1 NO
288822 ROGELIO SEGURA ALFONSO 1 NO
3063577 ALVARO ERNESTO GUTIERREZ MARTINEZ 2 NO
3063768 EDGAR JULIAN RODRIGUEZ 2 NO
3063783 EDWIN EDMUNDO PULECIO RODRIGUEZ 2 NO
3063765 HERMOGENES GARCIA HORTUA 2 NO
3063734 LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TERREROS 2 NO
3063782 OMAR ADRIAN BARRIOS REYES 2 NO
3102176 WILINGTON GARZON BARRAGAN 2 NO
3063726 CRISTIAN AUGUSTO BERRIO LOZANO 2 NO
3063655 DANILO GUTIERREZ RODRIGUEZ 2 NO
3063626 FRANKLIN PULECIO RODRIGUEZ 2 NO
3063651 FREDY FORERO VALERO 2 NO
3063763 GIOVANNY PEDREROS ARAMBULA 2 NO
3063711 IVAN URQUIJO ROMERO 2 NO
3063725 JOSE AGUSTIN AROCA URREA 2 NO
3063679 JOSE ALONSO PEDREROS PEDREROS 2 NO

49 Acta de instalación y registro general de votantes. La revisión de estos formularios se efectuó a partir de la consulta del link
https://registraduriaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/valle/Shared%20Documents/Electoral/JAMUNDI%20E-11%20y%20E-10?csf=1&web=1&e=bPcwgu
, que suministró la Registraduría en esta
instancia en reemplazo del enviado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que caducó. Se aclara que la información en este link
corresponde a la que fue decretada y practicada en primera instancia con la participación de todos los sujetos procesales.

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3072427 JOSE ARTURO IBAÑEZ FORERO 2 NO
3063635 WILLIAN VELOZA CASTAÑEDA 2 NO
20608208 GRACIELA VANEGAS CARRANZA 3 NO
11451160 CELIANO MELO FONSECA 3 NO
11301608 DEMETRIO VELASQUEZ SALGUERO 3 NO
11317371 JAIME VILLALOBOS 3 NO
11321554 JOSE GUILLERMO GORDILLO OSORIO 3 NO
19457498 WILLIAM GONZALO BUITRAGO REINA 3 NO
9600811 CARLOS EDUARDO PINZON FORERO 3 NO
11319625 GERMAN ARAGON 3 NO
20500730 MARIA DEL CARMEN CRUZ DE BARRAGAN 3 NO
8600667 YUDIS JOSE CHARRIS SARMIENTO 3 NO
8600811 MARCO TULIO TOVAR VERGARA 3 NO
11451522 CLAUDIO FANDINO CASTIBLANCO 3 NO
19395165 EFRAIN ZAMUDIO 3 NO
11307413 JAIME PULECIO VELOZA 3 NO
11317338 JAIRO TOVAR 3 NO
11367757 JAMES HAROLD GARNICA RODRIGUEZ 3 NO
11228878 JORGE ARMANDO VARGAS MORA 3 NO
11318349 JOSE ANTONIO PERDOMO SANCHEZ 3 NO
11188858 JUAN CARLOS AVILA PARRA 3 NO
19448294 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GARZON 3 NO
11221205 LUIS MARIA CASTILLO 3 NO
20336479 MARIA FANNY PULECIO REYES 3 NO
20661983 MARIA INES FONSECA DIAZ 3 NO
20242214 MARIA STELLA PUENTES DE PUERTO 3 NO
20647918 OSMANI BARBOSA BOCANEGRA 3 NO
20217606 TULIA GUTIERREZ GUTIERREZ 3 NO
20662474 ANA SOLANYE RAMIREZ CUENCA 4 NO
20662488 REBECA SALGUERO MANCIPE 4 NO
20662472 AMINTA CARDOZO GARZON 4 NO
21013597 ANA MARIA PRIETO HERNANDEZ 4 NO
21011249 CARMELA LUNA SUAREZ 4 NO
20662602 ERNESTINA BERNAL MOLINA 4 NO
20684550 LILIA CHAVARRO ROMERO 4 NO
20662557 LUZ MARY AROCA URREA 4 NO
20662459 MARIA BRICEIDA BERNAL 4 NO
20662355 MARIA DEL CARMEN BARRERA 4 NO
20662641 MARIA INES BOCANEGRA 4 NO
21012895 PRIMITIVA SEGURA DE DIAZ 4 NO
20662385 BEATRIZ MONTENEGRO SANCHEZ 4 NO
20662360 BETTY PUENTES PULECIO 4 NO
20696821 CLAUDINA MAHECHA FAJARDO 4 NO
21012212 ELIZABETH BARRERO DE BARRERA 4 NO
20683932 FLOR MARIA BOHORQUEZ DE FONSECA 4 NO
20686838 GLADYS PEDREROS GOMEZ 4 NO
20837480 LIGIA INES OLIVEROS VERA 4 NO
21014737 LUZ MARINA CRUZ DE GALEANO 4 NO
21014194 LUZ MILENA PERDOMO GARZON 4 NO
21011024 MARGARITA DIAZ DE SEGURA 4 NO
21013994 MARIA YANETH PERDOMO DE GARZON 4 NO
20662629 MARYELY RODRIGUEZ TERREROS 4 NO
21010817 OTILIA ROMERO 4 NO
20662556 YENY URQUIJO PARRA 4 NO
39537917 BLANCA LIGIA FORERO CARRILLO 5 NO
21017981 LUZ MILA BERMUDEZ GARCIA 5 NO
21018696 MARIA LILIANA OVALLE CAMACHO 5 NO
21209792 MARIA FIDELINA RODRIGUEZ PARRADO 5 NO
22457734 MARIA DE JESUS AHUMADA CARRILLO 5 NO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
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Demandante: Flor Alba Triana Segura
Demandada: Ingri Marcela Villalba Contratas,
alcaldesa del municipio de Jerusalén (Cundinamarca), periodo 2024-2027
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01697-03
28812190 ARACELY MUÑOZ 5 NO
31959463 LILIANA TABORDA BECERRA 5 NO
34961274 NANCY MARGARITA HERRERA HOYOS 5 NO
35225067 VIRGINIA FANDIÑO COJI 5 NO
35319611 FANNY WELFAR 5 NO
37828503 LUZ FABIOLA DIAZ GRANADOS 5 NO
38613055 NILSA UNI MAYORGA 5 NO
39520722 YOLANDA PATRICIA VILLADA RODRIGUEZ 5 NO
39531081 MARIA HELENA BERNAL MORALES 5 NO
39550110 ERMA BARRAGAN TRUJILLO 5 NO
39565475 OLGA LUCIA MELO SALGUERO 5 NO
39572711 SANDRA PATRICIA MATIZ ANDRADE 5 NO
39684874 GLENIS TRIANA TRIANA 5 NO
39719297 MARIA OLGA GOMEZ RISCANEVO 5 NO
40355587 OMAIRA ARBOLEDA NIETO 5 NO
41402201 BERTHA PRIAS LOZANO 5 NO
41459563 MARIA AMANDA TRIANA ESTRADA 5 NO
41533592 FLOR MARIA WELFAR CASTAÑEDA 5 NO
41599119 MARIA TULIA PARRA BAUTISTA 5 NO
41746692 EDITH JIMENEZ 5 NO
51574563 LUZ ANGELA CRUZ 5 NO
51643150 NUBIA STELLA CIFUENTES OBANDO 5 NO
51778488 MYRIAM STELLA MORALES RIVERA 5 NO
51828768 CRISTINA CORREDOR MORENO 5 NO
51843544 CARMENZA CARO 5 NO
51847027 LUZ AMANDA CORREDOR RIOS 5 NO
51999004 CLARA INES RODRIGUEZ AGUDELO 5 NO
52115524 SANDRA PATRICIA ACOSTA RAMIREZ 5 NO
52212498 LIGIA VILLABON HERRERA 5 NO
52217695 LUZ NIDIA JIMENEZ NUÑEZ 5 NO
52252831 GILMA ARBOLEDA ALVAREZ 5 NO
52351634 NANCY CAJAMARCA IBAGON 5 NO
52427741 CLAUDIA ZAMUDIO IBAÑEZ 5 NO
52438777 ELCY AZUERO CORRALES 5 NO
52483182 ELIDE REYES VILLAMIL 5 NO
52560545 SARA EUGENIA GARZON ACEVEDO 5 NO
52602095 LUZ MYRIAM AGUILAR CONTRERAS 5 NO
52615551 LUZ ESTELA BURGOS ROMERO 5 NO
52745506 YULY PAOLA FRANCO RUBIO 5 NO
79910480 LUIS ALBERTO SALCEDO ROMERO 6 NO
52849545 ROSA ALEXANDRA GARZON ARIAS 6 NO
65701456 MIREYA SANABRIA MELO 6 NO
79891614 ADRIAN ARIAS QUINTERO 6 NO
79761185 EULICES DIAZ COPETE 6 NO
80022092 GERMAN ALEXI ZABALA LOZANO 6 NO
80354128 JOSE BENIGNO TRUJILLO REYES 6 NO
80354102 LEOPOLDO REYES MENDOZA 6 NO
80051118 OSCAR FERNANDO MAHECHA OSTOS 6 NO
80030702 WILLIAM JIMENEZ RODRIGUEZ 6 NO
79805970 ELIAS DIAZ ZAMUDIO 6 NO
79844109 FERNEY DOMINGO GONZALEZ CAMACHO 6 NO
80357031 JOSE VICENTE MATTA SARMIENTO 6 NO
80354166 ARISTOBULO CEPEDA 6 NO
79879113 EDGAR JULIAN BAUTISTA BERNAL 6 NO
80773878 FREDDY ARTURO RAMIREZ LUNA 6 NO
80356034 JOSE ANTONIO LAGUNA GALEANO 6 NO
79772382 JOSE OCTALIVAR BARRAGAN URUEÑA 6 NO
79865128 JUAN EDISON ZABALA LOZANO 6 NO
79699126 LUIS CARLOS TORRES RIVERA 6 NO

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Radicado: 25000-23-41-000-2023-01697-03
79861616 LUIS ERNESTO RICO LOZANO 6 NO
80819314 LUIS JAVIER PARRA ROMERO 6 NO
80449098 NESTOR ANYELO TORRES CUBILLOS 6 NO
80356488 RODOLFO TRIVIÑO VILLABON 6 NO
1003533931 JULIANA VANESA OLIVEROS SANCHEZ 7 NO
1016029850 JAIRO ANDRES ORREGO JIMENEZ 7 NO
83087803 RUBEN DARIO MANRIQUE 7 NO
MANRIQUE

94502359 JORGE HERNAN SANCHEZ PEREZ 7 NO
1000158162 JOHN JAIRO GONZALEZ YARA 7 NO
1000240374 DAMIAN RODRIGUEZ ROMERO 7 NO
1001346263 JHON FELIPE NIETO LOZANO 7 NO
1003556660 EDWARD STIVEN RUBIO SALCEDO 7 NO
1004252487 YORLADY DUARTE CHAVARRO 7 NO
1010007432 JESSICA MORENO SEGURA 7 NO
82393710 FREDY ALEJANDRO BARRIOS DIAZ 7 NO
91103065 GUILLERMO RUGELES CADENA 7 NO
1000179636 MARIANA QUINTERO FRANCO 7 NO
1003818851 MARCO MONTAÑA ACENSIO 7 NO
1016112749 JONHIER ALEXANDER RINCON MARTINEZ 7 NO
1023023111 LUISA FERNANDA OLIVEROS SANCHEZ 7 NO
1012390814 VIVIANA PAOLA TERREROS TORRES 7 NO
1073558298 EDWIN LONDOÑO PUENTES 8 NO
1073558609 CRISTIAN CAMILO AGUILAR FONSECA 8 NO
1073628691 RAMIRO FANDIÑO MELO 9 NO
1075625009 YOANA PATRICIA MORENO RIOS 9 NO
1104130789 EDINSO JIMENEZ DAVILA 9 NO
1111203245 PEDRO GUIO ACEVEDO 9 NO
1143853961 YONATAN ALFONSO ORTIZ CHARRUPI 9 NO
1193542669 LAURA ALEJANDRA CARDOZO RODRIGUEZ 9 NO
1075268598 DIANA MARCELA BORRERO SABOGAL 9 NO
1075624975 VERENCE PARRA SEGURA 9 NO
1075625006 YENNI PAOLA COCUY CARVAJAL 9 NO
1075626880 NORA YICELA VALERO HUERTAS 9 NO
1075627444 LEIDY YICELA SANCHEZ CARDOSO 9 NO
1075628023 LEIDY JOHANA MEJIA SUAZO 9 NO
1075628139 YULIET PAOLA ALVARADO RICO 9 NO
1075628763 SANDRA MILENA DIAZ RAMIREZ 9 NO
1098824490 MAYRA ALEJANDRA PRECIADO QUIÑONES 9 NO
1106786457 ANDRES NORBERTO DIAZ QUINTERO 9 NO
1110492750 YULY SULAY ALVAREZ CRUZ 9 NO
1193573913 KELLY NATALIA BERNAL LAGUNA 9 NO
1233489613 SONIA MEJIA IBARRA MALAVER 9 NO

126. En atención a que estos 192 ciudadanos no votaron en la elección del alcalde de
Jerusalén, no puede predicarse, como lo hizo la demandante, la existencia de una participación
irregular de ciudadanos, dado que, quedó demostrado que no incidieron en la escogencia de
la mandataria local, por lo que serán excluidos del estudio de legalidad.

127. Ahora bien, la Sección no descarta que la actora, reprocha la indebida valoración
probatoria por lo que resulta relevante la documental aportada por la demandante y que se
decretó como tal en proveído del 27 de mayo de 202550, proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sala unitaria. En esta se cruzó a los 255 ciudadanos, que sí sufragaron,
con la información obtenida en las bases de datos de SISBEN y ADRES, para lo cual
acompañó los soportes de sus respectivas consultas.

50 Actuación SAMAI 5 del expediente del Consejo de Estado

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128. Por ello, la sala centrará el estudio en determinar si los 255 ciudadanos restantes que se
comprobó votaron para las elecciones de alcalde de Jerusalén son o no residentes del
mencionado ente territorial. Para dicha finalidad, esta especializada hará el estudio para la
verificación del vicio, y de encontrarse configurado, se procederá a revisar si tuvo la entidad
suficiente para variar el resultado de las elecciones, teniendo en cuenta que según el formulario
E-26, los candidatos obtuvieron la siguiente votación:

Candidato Votos
Ingri Marcela Villalba Contreras 1164
Pedro Javier Rodríguez Lozano 961
Miguel Antonio Solaque Romero 50

129. De los 255 ciudadanos que se predica la presunta trashumancia, 75 tuvieron relación con
Jerusalén al verificar el cruce de información aportada por la parte actora, en esa medida se
tiene que existen elementos de juicio para indicar que no se configura la trashumancia, pues
uno de los registros es coincidente en determinar que los referidos ciudadanos tienen relación
con la citada entidad territorial. Estos son los ciudadanos referidos:

Cedula de
Nombre y Apellidos SISBEN ADRES
Ciudadanía
3044763 ANIBAL LAGUNA BONILLA JERUSALEN TOCAIMA
3020702 GONZALO MARTINEZ JERUSALEN BOGOTA D.C.
3063207 GONZALO PATIÑO AVILA JERUSALEN BOGOTA D.C.
3063068 HECTOR SALGUERO REYES JERUSALEN LA MESA
3057082 HENRY BARBOZA REYES JERUSALEN SANTIAGO DE CALI
3043451 JAIRO URQUIJO TRUJILLO JERUSALEN GIRARDOT
3041955 OCTAVIO URQUIJO LOZANO JERUSALEN TOCAIMA
3063797 DIEGO FERNANDO BERNAL JERUSALEN JERUSALEN
3206472 JOSE AGUSTIN QUIROGA JERUSALEN TOCAIMA
11321383 ALEXANDER CASTRO SOLER JERUSALEN PEREIRA
11318691 CARLOS ALBERTO PEÑA ARTUNDUAGA JERUSALEN GIRARDOT
19237497 CICERON ALDANA MOSQUERA JERUSALEN BOGOTA D.C.
14324310 ELVIS FABIAN DURAN CUBILLOS JERUSALEN BOGOTA D.C.
13520247 EMILIANO PEREZ TARAZONA JERUSALEN CHIA
20662320 GLADYS MIRA RAMIREZ URQUIJO JERUSALEN JERUSALEN
19297869 ISRAEL REYES GARZON JERUSALEN VIOTA
10201390 JORGE ALBEIRO MEJIA ROJAS JERUSALEN JERUSALEN
14230106 JOSE OCTAVIO DIAZ RODRIGUEZ JERUSALEN BOGOTA D.C.
11314313 JUAN DE JESUS TRIANA AVILA JERUSALEN GIRARDOT
7310694 LEONEL LOZANO FONSECA JERUSALEN BOGOTA D.C.
11441838 LINO ANTONIO HERNANDEZ MONTAÑEZ JERUSALEN FACATATIVA
19300421 LUIS ENRIQUE GARCIA GUAYAMBUCO JERUSALEN BOGOTA D.C.
15889757 MANUEL ROPERO JUEZ JERUSALEN BOGOTA D.C.
20357488 MARIA OJEILI BASTIDAS ROMERO JERUSALEN TOCAIMA
11450970 RICARDO ERNESTO GARCIA LARA JERUSALEN BOGOTA D.C.
11322267 VICTOR ALEXIS URQUIJO MENDOZA JERUSALEN GIRARDOT
14259823 BENJAMIN PEÑALOZA ANGEL JERUSALEN BOGOTA D.C.
14296624 ALVARO AMADO CARDONA JERUSALEN BOGOTA D.C.
20662535 MARIA DIOSELINA AGUIRRE CASTILLO JERUSALEN TOCAIMA
20662507 MARIA DOLORES PUENTES PULECIO JERUSALEN BOGOTA D.C.
20662436 MARIA EUGENIA DIAZ AVILA JERUSALEN LA MESA

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20662332 MARIA EVA LOZANO LAGUNA JERUSALEN SOACHA
20662625 SANDRA YOLIMA MORA GARCIA JERUSALEN JERUSALEN
20761894 YENNY PATRICIA BERNAL SANDINO JERUSALEN GIRARDOT
21017303 CLAUDIA PATRICIA GARCIA NOVOA JERUSALEN LA MESA
35419077 WALDETRUDIS RODRIGUEZ GAONA JERUSALEN BOGOTA D.C.
35512495 CLARA ROCIO MUÑOZ HERNANDEZ JERUSALEN BOGOTA D.C.
35531372 YENNY YOMARA TOVAR MURILLO JERUSALEN FUNZA
37547546 MARIA LUISA FIGUEROA JIMENEZ JERUSALEN PUENTE NACIONAL
39536484 FLOR ALBA MURCIA ROJAS JERUSALEN BOGOTA D.C.
39563873 MARLENY VARGAS ROJAS JERUSALEN GIRARDOT
51870114 VITELBINA MURCIA GARCIA JERUSALEN BOGOTA D.C.
52320846 CARMEN VERONICA GARCIA CRUZ JERUSALEN MOSQUERA
52427239 OMAIRA LUCIA HERNANDEZ RICO JERUSALEN NO REGISTRA
41514987 MARLENY SOTO MESA JERUSALEN BOGOTA D.C.
79976440 LUIS AVILA ZAMUDIO JERUSALEN BOGOTA D.C.
79269080 ABDON RODRIGUEZ OSORIO JERUSALEN BOGOTA D.C.
79065777 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA JERUSALEN LA MESA
79060780 JOSE BENJAMIN ORJUELA QUIROGA JERUSALEN TOCAIMA
66709312 AMANDA TORRES RAMOS JERUSALEN TULUA
63301247 IMELDA MANRIQUE JERUSALEN NO REGISTRA
83183626 ABEL CORDOBA JERUSALEN FUNZA
93419535 FERNANDO RUBIO ORTIZ JERUSALEN BOGOTA D.C.
1023000158 LINA ALEXSANDRA OLIVEROS SANCHEZ JERUSALEN VILLAVICENCIO
91040584 CUPERTINO VALLEJO LOPEZ JERUSALEN GIRARDOT
1003705178 HANS DIDIER SANABRIA GOES JERUSALEN SOACHA
96193710 JOHN RENE VELASQUEZ SANCHEZ JERUSALEN FORTUL
1003633839 HJUAN ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ JERUSALEN SOACHA
1003705179 KAREN LORENA RODRIGUEZ REYES JERUSALEN SOACHA
1003531134 OSCAR ANDRES GUTIERREZ RODRIGUEZ JERUSALEN SOACHA
1003705177 SERGIO ANDRES SANABRIA GOEZ JERUSALEN SOACHA
1022411945 TATIANA SERENO SALGUERO JERUSALEN SANTIAGO DE CALI
1000972013 YESSICA PAOLA RUBIO LOZANO JERUSALEN BOGOTA D.C.
1073558180 MARIELA ARAMBULA BARBOSA JERUSALEN BOGOTA D.C.
1073558374 JUAN MANUEL PERDOMO ROMERO JERUSALEN BOGOTA D.C.
1073558407 INGRITH LORENA GORDILLO CARRILLO JERUSALEN TOCAIMA
1073558461 JOSE RODRIGO MARTINEZ MORALES JERUSALEN GIRARDOT
1073558496 JHON ANDERSON PERDOMO ROMERO JERUSALEN BOGOTA D.C.
1075624516 ZHARIK DANIELA HERNANDEZ CABALLERO JERUSALEN TOCAIMA
1075624519 MARBY LUCIA URQUIJO TRIANA JERUSALEN NO REGISTRA
1075624628 ELIEEN JATTIN ALVAREZ CRUZ JERUSALEN BOGOTA D.C.
1075625435 YAMID CAMPOS JERUSALEN GIRARDOT
1102359708 EMILIO RINCON JERUSALEN TOCAIMA
1192726179 ANDRES DAVID LOPEZ ACOSTA JERUSALEN BOGOTA D.C.
1075625789 WILLIAM VALERO HUERTAS TOCAIMA JERUSALEN

130. Si bien se observa que en las bases de datos existe divergencia de lugares, lo cierto es
que la sala ha determinado que en esos casos51,«Si el cruce de información arroja que existe
alguno o algunos de los vínculos que permiten configurar la residencia electoral con el lugar

51
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,76001-23-33-000-2019-01203-01.

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habilitado para ejercer el derecho al voto frente a asuntos de carácter local, no habría lugar a predicar
la existencia de trashumancia, …». (Negrillas fuera de texto).

131. Sobre el particular, la Sala estima que respecto de las 180 cédulas que restan del
análisis que se viene realizando, no se demostró la configuración de la trashumancia en el
municipio de Jerusalén (Cundinamarca), pues, en este caso, se comparten las apreciaciones
efectuadas por el a quo en cuanto quedó acreditado que el CNE hizo un análisis del censo
electoral del ente territorial no solo con las bases de datos que aportó la parte actora, sino con
ANI, ASPE, DPS, IGAG, censos 2021, 2022 y 2023.

132. Estudio en los que encontró trashumantes, pero que en su análisis solo 2 ciudadanos
correspondían a los enlistados por el demandante, quienes fueran inicialmente excluidos pero
reincorporados uno a consecuencia del recurso contra aquella decisión y otro por cuanto no
tenía ningún lugar registrado para votar.

133. En ese orden, de conformidad con el fallo de primer grado, se insiste que el hecho de
que una persona tenga relación con uno o varios municipios de aquel en el que ejerce su voto,
no puede concluirse que sea trashumante.

134. Lo anterior, teniendo en cuenta que aquel se hace a lo sumo con 2 bases de datos,
(varios registros solo se aportaron datos de ADRES) aspecto que impide colegir la concreción
del fenómeno de la trashumancia, dado que, como se señaló en la parte motiva de este
proveído, esa presunción de residencia debe ser derruida más allá de toda duda razonable, lo
que no se acredita en el presente asunto52.

135. En este punto es importante resaltar, que al igual de lo ocurrido en el estudio que realizó
el CNE en sede administrativa, en este estadio judicial, no se demostró que tales ciudadanos
fueran trashumantes, dado que, el cruce con una sola base de datos o a lo sumo dos, no es
suficiente para acreditar que la persona inscrita tiene residencia en otro municipio diferente de
donde pretende votar53.

136. Con todo, en materia de trashumancia, el juez de lo contencioso debe ser aún más
riguroso, dado que, a esta instancia, no se les permite a los ciudadanos acusados de esa
conducta, una vez declarados como tal, demostrar con otro medio de convicción su residencia,
como sí ocurre en el trámite administrativo ante el CNE, por ello, debe contar con más
elementos de juicio para determinar con efectos de cosa juzgada su situación en concreto54.

137. Adicionalmente, en vista de que la actora aduce una falta de estudio de una prueba
sobreviniente, de la cual tampoco se puede extraer la configuración de la irregularidad que se
aduce, pues solamente son afirmaciones sobre la problemática de trashumancia en Jerusalén.

138. Así las cosas, teniendo en cuenta que las bases de datos no son suficientes para dar por
acreditada la trashumancia en el presente caso, motivo por el cual resulta innecesario efectuar
algún estudio de incidencia.

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de noviembre de 2024. Rad. 15001- 05001-
23-33-000-2024-00016-02 (ACUMULADO). M.P. Gloria María Gómez Montoya.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de noviembre de 2024. Rad. 15001- 05001-
23-33-000-2024-00016-02 (ACUMULADO). M.P. Gloria María Gómez Montoya.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de noviembre de 2024. Rad. 15001- 05001-
23-33-000-2024-00016-02 (ACUMULADO). M.P. Gloria María Gómez Montoya.

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2.5. Conclusión

139. Al no encontrar acreditada la trashumancia como se indicó de forma antecedente, se
impone confirmar la sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 13 de noviembre de 2025, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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