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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00483-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2023-00483-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 9 de mayo de 2024, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, DECLARAR la nulidad del acto de elección de la señora Alba Merly Maranta Contreras, como alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá), con el fin de que las autoridades convoquen a nuevas elecciones para esa dignidad. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2023-00483-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de octubre de 2024

Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 15001-23-33-000-2023-00483-01
Demandantes: ROSA MARÍA CASTELBLANCO CASTEBLANCO Y
WILLINTON EDUARDO PULIDO IBÁÑEZ
Demandada: ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS, ALCALDESA
DE NUEVO COLÓN (BOYACÁ), PERIODO 2024-2027

Temas: Trashumancia. Fórmula de distribución o afectación ponderada.
Cambio de jurisprudencia sobre la incidencia de esa causal en
elecciones para cargos uninominales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes,
contra la sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

Los señores Rosa María Casteblanco Casteblanco y Willinton Eduardo Pulido
Ibáñez, en nombre propio y de manera conjunta, presentaron demanda el 18 de
diciembre de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
contemplado en el artículo 139 del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio
Municipal E 26 – ALC del 1° de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró la
elección de la señora Alba Merly Maranta Contreras, como alcaldesa de Nuevo
Colón (Boyacá), periodo 2024-2027.

1.2 Hechos

La parte actora expuso como fundamentos fácticos, los siguientes:

Señalaron que, con ocasión de los comicios que se llevarían a cabo el 29 de
octubre de 2023 el registrador municipal de Nuevo Colón, en respuesta a varios
derechos de petición formulados, precisó que el censo electoral de dicho ente
territorial correspondía a 4990 cédulas habilitadas para votar y que, durante el
periodo dispuesto para el efecto, se inscribieron 407 ciudadanos.

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Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

Destacaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante resoluciones 6052,
7163 del 2 y 24 de agosto de 2023 de 2023, respectivamente, y 9786 de 12 de
septiembre de 2023, dejó sin efectos la inscripción de 201 cédulas del municipio
de Nuevo Colón (Boyacá), de las cuales solo 11 ciudadanos lograron demostrar su
arraigo vía recurso de reposición, por lo que fueron habilitados para votar. Sin
embargo, afirmaron que estos últimos no pudieron ejercer su derecho al sufragio.

Agregaron que el registrador municipal durante los escrutinios el 1° de noviembre
de 2023, advirtió sobre los actos del CNE que excluyeron algunas cédulas del
censo electoral de Nuevo Colón (Boyacá) y que, a su vez, habilitó a 11 ciudadanos
para votar. No obstante, las personas cuya inscripción de su cédula había dejado
sin efecto, sorpresivamente participaron en el certamen del 29 de octubre de 2023.

Relacionaron la lista de ciudadanos cuya inscripción en el referido municipio se
dejó sin validez, pero que la registraduría, sin tener en cuenta lo ordenado por el
Consejo Nacional Electoral, les permitió votar el 29 de octubre de 2023, por cuanto
no fueron excluidas para las elecciones en dicho ente territorial. Igualmente, para
ilustrar la irregularidad identificaron en la mesa 12 algunos de los trashumantes del
municipio.

Aseguraron que la sobrina de la alcaldesa demandada manipuló los resultados
durante el conteo de votos. Además, indicaron que la inscripción de la cédula de
aquella fue anulada por Resolución 9786 de 2023 y, luego de las elecciones, se
advirtió que su lugar de votación era el municipio de Ventaquemada. Asimismo,
alegaron que durante la jornada electoral se pudo evidenciar la llegada de varios
buses que transportaban personas ajenas al municipio y acudieron a sufragar y
que, presuntamente, el que coordinó el transporte de los trashumantes fue el
concejal de Nuevo Colón (Boyacá) Gustavo Gamba Wilches, quien apoyó
abiertamente a la alcaldesa demandada.

Resaltaron que en el municipio en cuestión votaron 10 familiares del referido
cabildante, pese que el CNE, mediante Resolución 9786 de 2023, había anulado
la inscripción de sus respectivas cédulas.

Mencionaron que la señora Rosa María Castelblanco presentó reclamación el día
1° de noviembre a las 3:00 p.m., ante la Comisión Escrutadora Departamental, y el
acto de elección E-26 se generó a las 7:24 p.m. del mismo día. Con todo, no le
resolvieron su solicitud bajo el argumento de que aquella se había formulado de
manera extemporánea.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como causal de anulación la prevista en el numeral 7 del
artículo 275 del CPACA. Asimismo, consideró que con el acto de elección se
infringieron los artículos 316 de la Constitución Política, 183 de la Ley 136 de
1994, 7 y 9 de la Ley 6 de 1990, 81 del Decreto 2241 de 1986, 2.3.1.8.2 del
Decreto 1294 de 2015 y la Resolución 2857 de 2018 del Consejo Nacional
Electoral.

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Señalaron que, tratándose de la residencia electoral, el artículo 316 de la
Constitución establece que en las votaciones que se realicen para la elección de
autoridades locales, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio. De modo que, afirmaron que la intención del constituyente
era que en las elecciones territoriales se respetara la voluntad de las personas que
realmente tienen un vínculo con el ente territorial o el departamento.

Indicaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que el
concepto de trashumancia electoral corresponde a la acción de inscribir la cédula
para votar por un determinado candidato u opción política en un lugar distinto al
que se reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés 1.

Alegaron que, como excandidatos a la Alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá) se
vieron afectados por la trashumancia que se relató en los hechos señalados líneas
atrás, toda vez que fueron 201 cédulas irregularmente inscritas y, a pesar de los
actos del CNE, el registrador municipal hizo caso omiso y permitió que votaran, lo
cual resultó determinante en el resultado del certamen.

1.4 Actuaciones procesales

1.4.1 La admisión

Mediante providencia del 12 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Boyacá inadmitió la demanda y se concedió el término legal de 3 días para
subsanarla. Encontrándose dentro del plazo la parte actora presentó memorial de
corrección, razón por la cual, mediante providencia del 25 de enero de 2024, se
admitió.

Posteriormente, por auto del 13 de febrero de 2024 el tribunal resolvió la solicitud
de suspensión provisional formulada, en el sentido de negarla.

1.4.2 Contestación de la demanda

1.4.2.1 Alba Merly Maranta Contreras – demandada

Mediante apoderado se pronunció en los siguientes términos:

Sostuvo que las imágenes aportadas por la parte actora, en las que constan los
certificados electorales con los cuales pretende demostrar la trashumancia, no
satisfacen los requisitos de autenticidad, pues es claro que se extrajeron de un
archivo original; sin embargo, no se logra identificar de qué manera se obtuvieron.

Argumentó que en esta actuación no se encuentran acreditados los requisitos
señalados por la jurisprudencia para la procedencia de la causal de nulidad
prevista en el numeral 7 del artículo 275 del CPACA. Ello por cuanto que, la parte

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021,
radicado: 76001-23-33-000-2019-01203-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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demandante omitió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
ocurrió la trashumancia y que, en efecto, tal situación haya favorecido a la
demandada, razones suficientes para mantener el acto de elección incólume.

Alegó que los actos administrativos del CNE por medio de los cuales se anuló la
inscripción de varias cédulas para las elecciones que se llevarían a cabo el 29 de
octubre de 2023, no fueron notificados en debida forma y, por ello, la registraduría
municipal no actualizó dicha información en el censo electoral.

Refirió antecedentes jurisprudenciales respecto al alcance de la trashumancia
como causal de nulidad electoral, y la necesidad de probar la residencia electoral
de los ciudadanos, la cual surge a partir del acto de inscripción.

1.4.2.2 Consejo Nacional Electoral

Expuso que la Constitución Política en su artículo 316 regula lo concerniente a la
circunscripción electoral en que deben sufragar los ciudadanos residentes de un
ente territorial. Por su parte, con el objeto de brindar garantías para la trasparencia
de los procesos electorales, el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de
Interior, estableció los mecanismos para facilitar la coordinación interinstitucional y
el control por parte del CNE en cuanto a la inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía, a través del Decreto 1294 de 2015.

Sostuvo que en este caso la parte actora no demostró que, efectivamente,
personas ajenas hayan sufragado en el municipio, por cuanto no establece
circunstancias de tiempo, modo y lugar; no aporta los nombres de los presuntos
trashumantes individualizados por zona, puesto y mesa. Si bien es cierto allega un
listado de cédulas no se sabe a qué corresponde o el comparativo donde
efectivamente se demuestre lo alegado.

Destacó que no obra prueba que conlleve a desvirtuar la residencia electoral en la
mencionada circunscripción, circunstancia que guarda relación con la presunción
de legalidad establecida en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 para los actos
administrativos expedidos por el Consejo Nacional Electoral en el transcurso del
procedimiento breve y sumario por trashumancia en el departamento de Boyacá.
Además, tales actos no pueden ser cuestionados a través del medio de control de
nulidad electoral.

Mencionó que las resoluciones 6052, 7163 y 9786 de 2023, fueron objeto de
recursos los cuales se decidieron en su oportunidad a través de la Resolución
11724 de 2023; en consecuencia, no le consta a esa autoridad que personas a las
que se les revocó la inscripción de su cédula hayan sufragado en la
circunscripción electoral de Nuevo Colón (Boyacá). De igual forma, resulta
imposible tener por cierta la afirmación de la parte demandante en cuanto al
sentido de la votación, por el mismo carácter secreto del voto.

Recordó la naturaleza rogada de la jurisdicción contencioso – administrativa, para
precisar que los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda no pueden

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ser estudiados ni probados oficiosamente por la instancia judicial. Obrar en tal
sentido implicaría violar el debido proceso y el derecho de defensa de la parte
demandada en la relación procesal.

1.4.2.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no es la entidad llamada a intervenir en el asunto de la referencia. Sin
embargo, se pronunció sobre los hechos para indicar que la Registraduría
Nacional del Estado Civil mediante Oficio DRN-050 del 25 de julio de 2023, le
comunicó al CNE que solo se procesarían aquellas decisiones que dejaran sin
efecto inscripciones irregulares de ciudadanos, hasta el 14 de septiembre de 2023,
fecha en la cual se cerraría el censo electoral.

Destacó que, no obstante, la RNEC realizó un esfuerzo institucional y técnico,
hasta último momento para procesar las resoluciones que dejarían sin efecto
inscripciones irregulares de ciudadanos, provenientes del CNE, razón por la cual
postergó la fecha inicial de cierre hasta el 26 de septiembre de 2023, a las 12:00
del mediodía, directriz y decisión que fue ratificada mediante oficio RDE-DCE-
5178 de 27 de septiembre de 2023. Es decir que todas y cada una de las
resoluciones que fueren notificadas con posterioridad a esta fecha no afectarían el
censo electoral, hasta tanto se llevara a cabo la contienda del 29 de octubre de
2023.

Mencionó que, a pesar de habérsele comunicado la fecha máxima del cierre, el
CNE profirió y notificó, de manera extemporánea, las resoluciones que dejaban sin
efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía en el municipio de Nuevo Colón
(Boyacá). Con todo, para la RNEC era imposible procesar dicha información, toda
vez que con ocasión a la contienda se debía conformar, de manera previa, un
censo electoral definitivo y cierto, que permitiera cumplir con lo establecido en los
artículos 87 y 114 del Decreto Ley 2241 de 1986.

Anotó que es dable colegir que la responsabilidad de que algunos ciudadanos
hubiesen o no ejercido el derecho al voto en el municipio de Nuevo Colón
(Boyacá) pese a que se hallaban inmersos en alguna clase de investigación
irregular de inscripción de su cédula, recae única y exclusivamente sobre el CNE.
Enfatizó que, si hubiera notificado dichos actos administrativos dentro del término
previsto, el censo electoral se habría modificado.

Argumentó que en pasadas elecciones territoriales y en las desarrolladas en
octubre de 2023, ha sido una constante que una vez consolidada e impresa la
información de los votantes, sigan profiriéndose actos administrativos de
trashumancia; incluso algunos se notificaron en el mes de noviembre de 2023, al
extremo de recibir decisiones del Consejo Nacional Electoral hasta el mismo día
de las elecciones, circunstancia que conllevó a la alteración del orden público en
algunos municipios del país y el riesgo de la integridad física de los servidores de
la Registraduría Nacional del Estado Civil así como del material electoral.

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1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

Mediante providencia del 4 de marzo de 2024, el magistrado ponente resolvió las
excepciones de inepta demanda y falta de legitimación en la causa por pasiva,
formuladas por la parte demandada y la RNEC, respectivamente, en el sentido de
declararlas no probadas.

Por auto del 15 de marzo de 2024, el despacho sustanciador decretó las pruebas
requeridas y denegó otras y, de oficio, ordenó una prueba documental consistente
en requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara al
expediente una certificación en la que se indique el listado de cédulas de las
personas que efectivamente sufragaron en el municipio de Nuevo Colón (Boyacá)
en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 y que están identificadas
en las resoluciones 6052 del 02 de agosto de 2023, 7163 del 24 de agosto de
2023 y 9786 del 12 de septiembre de 2023, por medio de las cuales el Consejo
Nacional Electoral les anuló su inscripción. También requirió a la parte actora para
que allegara el formulario E-11 con la lista de sufragantes de las elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023 del municipio de Nuevo Colón (Boyacá) en
un documento más nítido y legible. En la misma providencia dispuso dictar
sentencia anticipada y el fijó el litigio en los siguientes términos:

27. Atendiendo a las manifestaciones de los sujetos procesales, el Tribunal considera
que el problema Jurídico consiste en establecer si en el caso concreto se acredita que
ocurrió el fenómeno de trashumancia electoral en las elecciones de alcalde para el
periodo constitucional 2024-2027 en el municipio de Nuevo Colón – Boyacá, y por
tanto, si hay lugar a declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en el
formulario E-26 ALC mediante el cual se declaró la elección como alcaldesa de ese
ente territorial, al materializarse la causal de nulidad establecida en el numeral 7 del
artículo 275 del CPACA, en razón a que presuntamente, personas que no residen en
ese municipio ejercieron el derecho al voto pese a que en su momento el Consejo
Nacional Electoral por medio de las Resoluciones No. 6052 del 02 de agosto de 2023,
No. 7163 del 24 de agosto de 2023 y No. 9786 del 12 de septiembre de 2023, las anuló
y dejó sin efecto la inscripción de sus cédulas en el municipio de Nuevo Colón - Boyacá
para las elecciones territoriales efectuadas el 29 de octubre del año 2023.

28. En consecuencia, determinar si hay lugar a ordenar la cancelación de la credencial
que acredita a ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS como ALCALDESA del
municipio de Nuevo Colón – Boyacá, para el periodo constitucional 2024-2027.

Mediante providencia del 4 de abril de 2024, el magistrado ponente corrió traslado
para alegar de conclusión, por lo que las partes presentaron los escritos
respectivos y el ministerio público rindió su concepto.

2. La sentencia apelada

La Sala Seis de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá denegó las
pretensiones de la demanda, mediante providencia del 9 de mayo de 2024, con
fundamento en lo siguiente:

Expuso que, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se tiene
que las resoluciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral respecto a la

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anulación de la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Nuevo Colón
(Boyacá), fueron notificadas así:

• La Resolución 6052 del 02 de agosto de 2023 proferida por el CNE, por medio
de la cual dispuso dejar sin efecto la inscripción de treinta y ocho (38) cédulas
de ciudadanía inscritas en Nuevo Colón (Boyacá) para las elecciones
territoriales de las autoridades locales, que se llevarían a cabo el día 29 de
octubre de 2023, fue comunicada a la registraduría municipal el 6 de septiembre
de 2023, al correo dfvalencia@cne.gov.co. La Registraduría de Nuevo Colón fijó
aviso desde ese día hasta el 10 de septiembre de 2023 (índice 41 documento
Nuevo Colón publicación R_6052 02082023 CNE). Según lo informado por la
RNEC, quedó en firme el 18 de septiembre de 2023.

• La Resolución 7163 del 24 de agosto de 2023 proferida por el CNE, por medio
de la cual dispuso dejar sin efecto la inscripción de sesenta y cuatro (64)
cédulas de ciudadanía inscritas en Nuevo Colón (Boyacá), para las elecciones
territoriales de las autoridades locales, que se llevarían a cabo el día 29 de
octubre de 2023, fue comunicada a la registraduría municipal el 30 de
septiembre de 2023, desde el correo javargas@cne.gov.co. La Registraduría de
Nuevo Colón fijó aviso desde ese día hasta el 5 de octubre de 2023 (índice 41
documento Nuevo Colón publicación R_7163 24082023 CNE). Según lo
informado por la RNEC, quedó en firme el 12 de octubre de 2023.

• La Resolución 9786 del 12 de septiembre de 2023 proferida por el CNE, por
medio de la cual dispuso dejar sin efecto la inscripción de noventa y nueve (99)
cédulas de ciudadanía inscritas en Nuevo Colón (Boyacá) para las elecciones
territoriales de las autoridades locales, que se llevarían a cabo el día 29 de
octubre de 2023, fue comunicada a la registraduría municipal el 12 de octubre
de 2023 desde el correo pagomezp@cne.gov.co. La Registraduría de Nuevo
Colón fijó aviso desde ese día hasta el 17 de octubre de 2023, (índice 41
documento Nuevo Colón publicación R_9786 12092023 CNE). Según lo
informado por la RNEC, quedó en firme el 23 de octubre de 2023.

Destacó que, de acuerdo con la documental aportada, para las elecciones de
autoridades territoriales del año 2023 en Nuevo Colón (Boyacá) se instaló un
puesto de votación en la cabecera municipal con un total de 15 mesas.

Precisó que, conforme al formulario E-24 ALC «cuadro de resultado del
escrutinio», se tiene que los resultados de las 15 mesas escrutadas fue el
siguiente:

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Sostuvo que, en consideración al resultado anterior, mediante formulario E-26 ALC
proferido el 1° de noviembre de 2023, se declaró la elección de la candidata Alba
Merly Maranta Contreras, del partido o movimiento político «Juntos sí podemos»,
como alcaldesa del municipio de Nuevo Colón (Boyacá) para el periodo
constitucional 2024-2027.

Aclaró que, ante la precariedad probatoria, mediante auto del 15 de marzo de
2024 se decretó de oficio una prueba documental tendiente a establecer el listado
de las cédulas de las personas que efectivamente sufragaron en el municipio de
Nuevo Colón (Boyacá) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 y
que están relacionadas en las resoluciones 6052 del 02 de agosto de 2023, 7163
del 24 de agosto de 2023 y 9786 del 12 de septiembre de 2023, por medio de las
cuales el Consejo Nacional Electoral les anuló y dejó sin efecto la inscripción. En
cumplimiento de ello, la RNEC allegó el certificado en el que señala que una vez
revisados los formularios E-11 de las elecciones locales 2023, correspondientes a
las 15 mesas de votación del municipio de Nuevo Colón (Boyacá), se pudo
verificar que los ciudadanos que sufragaron y que se encontraban discriminados
en las resoluciones de trashumancia del CNE, son los siguientes (índice 56 en
SAMAI):

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Mencionó que en este asunto el CNE anuló la inscripción de 201 cédulas de
ciudadanía en el municipio de Nuevo Colón (Boyacá), en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos
265 numeral 6 y 316 de la Constitución Política, el artículo 183 de la Ley 136 de

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1994, el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 y la Resolución 2857 de 2018. Solo 11
recursos de reposición prosperaron contra dichas resoluciones, por tanto, los
actos administrativos proferidos por el CNE a través de los cuales se dejó sin
efecto tales inscripciones se presumen legales; además, las decisiones adoptadas
en estos no fueron desvirtuadas por la parte demandada.

Resaltó que, sin perjuicio de lo alegado por la Registraduría Nacional del Estado
Civil sobre la notificación extemporánea de los actos del CNE, lo cierto es que no
se demostró que la entidad haya desplegado acciones tendientes a evitar que las
personas identificadas con las cédulas cuya inscripción se dejó sin efecto pudieran
votar. Situación que hizo inoperante las decisiones del CNE en materia de
trashumancia, a las cuales los jurados de votación al parecer no tuvieron acceso
real, oportuno, efectivo y eficaz.

Argumentó que, en consecuencia, resulta del caso adoptar las medidas previstas
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 18 de
noviembre de 2021 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate dentro del
medio de control de nulidad electoral con radicado 76001-23-33-000-2019-01203-
01, esto es, remitir copia de esta decisión y del expediente de la referencia a la
Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que
dentro de su competencia determinen la eventual configuración de conductas
penales y/o disciplinarias respecto de las irregularidades acreditadas en el
presente trámite.

Igualmente, exhortar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil para que de manera mancomunada implementen los mecanismos
necesarios para que la depuración de censo sea real y efectiva, en especial, que
las decisiones relativas a la existencia de trashumancia puedan materializarse el
día de los comicios y así los jurados de votación puedan acceder a esa
información de manera eficiente y eficaz.

Sustentó que conforme a la certificación allegada por la RNEC, se encuentra
acreditado que cincuenta y siete (57) personas a quienes el CNE les había dejado
sin efecto la inscripción de su cédula por medio de la Resolución 7163 del 24 de
agosto de 2023 ejercieron su derecho al voto en el municipio de Nuevo Colón.
Igual circunstancia ocurrió con ochenta y nueve (89) ciudadanos a quienes el CNE
les había anulado la inscripción mediante la Resolución 9786 del 12 de septiembre
de 2023. Es decir, en total ciento cuarenta y seis (146) individuos efectivamente
votaron pese a que se había anulado su inscripción.

Resaltó que, por lo tanto, debe aplicarse la distribución ponderada, fórmula
utilizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de determinar la
incidencia de la trashumancia en el resultado electoral. Igualmente, destacó que
esa misma corporación ha precisado que la referida fórmula también aplica para
cargos uninominales, al ser el método que mejor garantiza y resguarda el principio
democrático de la eficacia del voto2.

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2022, radicado:
54001-23-33-000-2020-00010-02 (principal) 54001-23-33-000-2020-00013-00 (acumulado) M.P. Rocío Araújo Oñate.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

Enfatizó que en aras de aplicar la referida fórmula, se procedió a realizar el cotejo
respectivo entre la certificación allegada por la RNEC relativa a ciudadanos que
sufragaron y que se encontraban discriminados en las resoluciones de
trashumancia del CNE obrante como anexo al índice 56 en SAMAI y los
formularios E-11 «registros de votantes» de cada mesa, que fueron aportados
como anexos visibles en los índices 62 a 66 en SAMAI, obteniendo el siguiente
resultado:

Indicó que, al resultado de votos irregulares en cada mesa se le debe aplicar el
porcentaje de participación de sufragios obtenidos válidamente, con el fin de
determinar el número a descontar a cada candidato, como sigue:

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12

Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

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13

Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

Explicó que, finalmente, se deben sumar los resultados que arrojan cada una de
las mesas hasta obtener cifras enteras y depuradas que corresponden al número
total de votos irregulares que tendrán que descontarse a cada candidato respecto
de la votación inicial obtenida para obtener el resultado final, así:

Concluyó que los ciento cuarenta y seis (146) votos irregulares no tuvieron

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Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

incidencia en el resultado de la elección con potencialidad de anular el acto
demandado. Ello en consideración a que, después de aplicada la metodología de
distribución ponderada, la alcaldesa electa Alba Merly Maranta Contreras continúa
con la mayor votación (1236 votos), frente al candidato Willinton Eduardo Pulido
Ibáñez, que quedó en segundo lugar (1231 votos). Si bien la diferencia de votos
pasó de diez (10) a cinco (5) con el ajuste, continúa incólume la declaratoria de
elección acusada.

3. El recurso de apelación

Inconformes con la decisión, los demandantes, de manera independiente,
formularon recurso de apelación, con fundamento en los siguientes argumentos:

3.1. Willinton Eduardo Pulido Ibáñez3

Sostuvo que la RNEC allegó al proceso una certificación de las personas que aun
estando dentro de la lista de inscripción de cédulas anuladas por el CNE, votaron.
No obstante, allí no se precisó en qué mesa sufragó cada uno de ellos; por lo que,
se deduce, el ejercicio de determinar la mesa de cada uno de los «no residentes»
fue hecho directamente por el tribunal a partir del Registro General de Votantes
contenido en el formulario E-11 allegado por la RNEC.

Apuntó que, frente a esa relación tiene reparos, pues revisada y cotejada la
información –Resoluciones del CNE y Formulario E-11- la correlación es otra y no
la expuesta en la sentencia, para lo cual refirió por cada mesa, cada trashumante.

Indicó que, conforme al cálculo efectuado cambia el número de votos espurios en
cada mesa en contraste con lo hallado por el tribunal, así:

Mencionó que, en ese orden, se alteran los resultados en las mesas 001, 003, 004,
005, 008, 009, 0010, 0013, y 0015. Siendo así, es claro que la distribución de votos
realizada por el juez de primera instancia sufre de equívocos que alteran la
legalidad de la ponderación. Ello es importante porque la fórmula aplicada por el a
quo es la base de la decisión que se recurre, y en consecuencia debe revertirse.

Resaltó que en el caso sub examine quedó demostrado inequívocamente que la
diferencia entre el primer y segundo candidato fue de 10 votos; pero que, los votos
irregulares (no residentes) fueron 146. Es decir, las personas que no debieron
sufragar en las elecciones del alcalde municipal de Nuevo Colón (Boyacá) para el
periodo 2024-2027, por no pertenecer a esa circunscripción y no expresar la
verdadera voluntad del pueblo, fueron 14 veces más que aquellos que otorgaron la
victoria a quien finalmente salió elegida.

3
Quien actúa a través de apoderado, según poder otorgado después de proferida la sentencia. La personería del abogado
fue reconocida por el tribunal de primera instancia, mediante el auto que concedió el recurso de apelación.

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Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
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Agregó que la distribución ponderada de votos es una metodología apenas
jurisprudencial para evaluar el grado de afectación de la elección con los votos de
personas no residentes, pero no la única. No está establecida así en la
constitución y en la ley y, por lo tanto, se pudo determinar de una manera
diferente.

Argumentó que si la irregularidad supera con creces la diferencia que otorgó la
victoria, existe una incidencia del voto, sin necesidad de acudir a fórmulas
matemáticas adicionales. Diferente a que, la anomalía sea menor, pues allí sí
habría que acudir a una distribución para conocer si aquella es suficiente. Expuso
que la distancia en este caso es de 10 votos, y los no residentes que sufragaron
son 146, es decir, 14.6 veces más. Lo que, naturalmente, no califica a la
irregularidad como intrascendente o insignificante; por el contrario, es palmario
que esos votos fueron más que decisivos en la elección del alcalde(sa) municipal
de Nuevo Colón (Boyacá), y generan la imposibilidad de conocer la voluntad del
pueblo, ante la participación significativa de extraños en la decisión.

Insistió que con la distribución ponderada resultarían arbitrariamente repartidos los
sufragios, porque de ninguna forma se apegarían a la verdad, cuando es tan
probable que la diferencia haya estado, al menos, influida por los no residentes, en
razón de la proporción «diferencia vs. votos a excluir»; más aún, si las
particularidades del caso llevan a entender que muchos de los no residentes
tenían la plena y consciente intención de favorecer a quien hoy es la demandada.

Mencionó que en la demanda se expusieron dos situaciones que deben tener
especial consideración. La primera, que se anexaron fotografías que dan cuenta
cómo un vehículo de la empresa de transportes CONCORDE (que no tiene línea
intermunicipal para Nuevo Colón y sí tiene vínculo con el hoy concejal Gamba
Wilches) llega al municipio el 29 de octubre de 2023, día de las elecciones, y trae
personas de otros municipios. Prueba que no fue tachada de falsa, y de la que sí
se expresaron circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues se indicó que fue el
29 de octubre de 2023, día de las elecciones, en el municipio en el que resultó
elegida la demandada.

Precisó que la segunda, y más importante, que 10 de las personas incluidas en la
Resolución 9786 de 2023 y que sufragaron, son familiares del hoy concejal
Gustavo Gamba Wilches, avalado por el partido de La Unión por la Gente, mismo
partido de la hoy alcaldesa. Entre ellos:

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Mencionó que el hecho de que los trashumantes tengan vínculos con la
demandada y los concejales de su partido, por lo menos es un indicio de que fue
ella la beneficiaria de los sufragios espurios y no otro candidato. Afirmó que esa
idea coadyuva el argumento según el cual, la distribución ponderada de votos es
un sistema indolente, que no tiene en cuenta la realidad social de las elecciones y
que ignora la verdad material, pues hay indicios serios de que la votación a
descontar fue a favor de quien hoy es alcaldesa.

Sustentó que el Consejo de Estado estableció la distribución ponderada de votos
cuando a sus estrados llegaban demandas de municipios capital de departamento
o que tuvieran más de 70 mil habitantes; mientras que, ahora, con la modificación
introducida por la Ley 2080 de 2021, todas las nulidades electorales de alcaldes
se tramitan en primera instancia ante los tribunales administrativos y son
susceptibles del recurso de apelación ante esta corporación. Ello es importante
por cuanto, en municipios de más de setenta mil habitantes, o capitales de
departamento la difícilmente habrá una diferencia de diez (10) votos; y asimismo,
los sufragios irregulares no van a superar en 15 veces la diferencia. Por lo tanto,
señaló que la distribución ponderada cobra sentido, únicamente cuando los
sufragios espurios son menores que la diferencia y no muestran una alteración
obvia del resultado, y por ello hay que acudir a otras fórmulas.

3.2. Rosa María Casteblanco Casteblanco

La demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes argumentos:

Sostuvo que, en efecto, de acuerdo con las pruebas decretadas en primera
instancia, los votos espurios corresponden a 146 personas, cuya inscripción había
sido anulada por el Consejo Nacional Electoral.

Alegó que la fórmula aplicada por el tribunal contiene algunos errores aritméticos,
de acuerdo con los números de votos a descontar por cada mesa. Para el efecto,
refirió el siguiente cuadro:

Realizó un listado de las 146 personas cuya inscripción se había anulado por el
Consejo Nacional Electoral, con la indicación de la mesa en la que votaron.

Argumentó que la metodología de la afectación ponderada no debe ser aplicada
en el presente caso, porque esa fórmula se ha empleado en procesos electorales

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para cargos plurinominales en razón a que en esos eventos sí resulta más
equitativa; sin embargo, esa técnica resulta inconstitucional en el proceso de la
referencia, por cuanto la diferencia de votos entre el primer y segundo candidato
es de 5, un número muy reducido, mientras que personas (trashumantes) que
determinaron el resultado fueron 146.

Refirió las 10 personas familiares del concejal del Partido de la U, identificado en
la demanda, que votaron presuntamente por la demandada, lo cual se deduce por
el apoyo que dicho cabildante le prestaba a la señora Maranta Contreras.

Agregó que las fotografías allegadas con la demanda, que demuestran los buses
que llegaron al municipio con varias personas el día de las elecciones, no fueron
valoradas por el tribunal de primera instancia. Además, las sobrinas de las
demandadas también votaron en el municipio y una de ellas fue testigo electoral
en la mesa 10.

Concluyó que resulta paradójico e inaceptable que el Tribunal Administrativo de
Boyacá asevere que, ante la precariedad probatoria de la parte demandante, no
tenía elementos suficientes «para fallar en derecho y resulta contrario a la verdad
pues se solicitaron unas pruebas que el señor magistrado ponente las negó por
inconducentes e improcedentes el despacho se acogió a la figura de sentencia
anticipada y con ello se negó la audiencia de pruebas donde las partes teníamos
el deber de debatirlas y sacar a flote la verdad se formularon dos pretensiones y el
juez no las tuvo en cuenta simplemente tomó la jurisprudencia del consejo de
estado (sic) respecto de la distribución ponderada de los votos totalmente, donde
en mi caso fui la más afectada en las mesas donde no habían votos irregulares, se
nos restó de acuerdo al porcentaje obtenido».

4. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4.1. Rosa María Casteblanco Casteblanco – demandante4

Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.
Insistió que el tribunal de primera instancia no debió aplicar la fórmula de
distribución ponderada para efectos de determinar la incidencia de los votos
espurios en el resultado electoral; sobre todo, porque dicha técnica se ha utilizado
únicamente en casos en los que se revisan elecciones plurinominales, que no
corresponde al de la referencia.

Acusó que no es posible que en este asunto las cifras que resulten determinantes
provengan de personas ajenas al municipio y, con fundamento en aquellas, se
haya elegido a la alcaldesa demandada.

4.2. Alba Merly Amaranta Contreras – demandada5

Comentó que el tribunal de primera instancia precisó que el extremo procesal

4
Índice 12 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI.
5
Índice 11 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI.

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accionante no logró probar una relación de los sufragantes incursos en
trashumancia electoral que efectivamente votaron y la mesa en la cual ejercieron
el derecho al voto, lo cual, en parte, sirvió de fundamento para negar las
pretensiones.

Adujo que los reparos de los apelantes no deben prosperar, por cuanto la carga
probatoria de la parte demandante fue insuficiente además de los débiles
argumentos para sustentar el reparo de trashumancia; de manera que, no es
posible identificar la presunta nulidad del acto demandado, con lo cual se torna
improcedente que el ad quem revoque la decisión de primera instancia, que fue
suficientemente valorada desde la perspectiva procesal y probatoria; además,
observó el precedente jurisprudencial.

Argumentó que el voto es secreto y constitucionalmente así se concibió, de
manera que no es posible determinar probatoriamente a quién o quiénes deben
descontarse los sufragios provenientes de la trashumancia electoral, sino es a
través de una fórmula ecuánime. Asimismo, conforme al principio de la eficacia del
voto, es factible aplicar la distribución ponderada y valorar, bajo los postulados de
pertinencia y conducencia, las pruebas aportadas.

4.3. Concepto del Ministerio Público6

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, bajo las siguientes consideraciones:

Precisó que los argumentos expuestos sobre el uso de la metodología de
distribución ponderada no tienen vocación de prosperidad, toda vez que dicho
sistema ha sido el seleccionado e implementado por el Consejo de Estado7 para
determinar el requisito de incidencia de la votación en la causal de trashumancia.
Sumado a ello, y si bien los recurrentes cuestionan el uso de este, ninguno
presentó alguna opción o fórmula matemática distinta o alterna, que permitiese
realizar un nuevo estudio, o que derivara en un resultado diferente al alcanzado
por el fallador de instancia.

Agregó que en el plenario no obra prueba de la conexidad familiar o comercial
entre el señor Gustavo Gamba Wilches -concejal-, con 10 personas que aparecen
en la Resolución 9786 de 2023 emitida por el Consejo Nacional Electoral, como
tampoco con alguna empresa de servicio intermunicipal de transporte de
personas, como lo señalaron los recurrentes.

Sostuvo que en caso de que se hubiese demostrado la relación familiar
reclamada, lo cierto es que, el hecho de que un ciudadano tenga un lazo
sanguíneo con una persona que ha sido elegida mediante votación popular, no es
indicativo que compartan la misma filiación política. Tampoco se puede endilgar
que ese presunto vínculo sea una prueba sobre el sentido en que sufragó una

6
Índice 14 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 27 de enero de 2022. Rad.
54001-23-33-000-2020-00010-02 (ppal); 54001-23-33-000-2020-00013-00 (Acumulado). M.P. Rocío Araújo Oñate.

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persona, pues esa decisión obedece únicamente a su fuero interno y, además, es
secreto.

Mencionó que, en lo que atañe a las fotografías allegadas, se advierte que con
ellas se pretendía demostrar que personas sin residencia en el municipio de
Nuevo Colón (Boyacá) votaron en las elecciones para alcalde, elemento que está
más que acreditado en el expediente y no se encuentra en debate.

Destacó que los argumentos de inconformidad de los recurrentes respecto a la
distribución ponderada aplicada se centran en las mismas mesas (001, 003, 004,
005, 008, 009, 010, 013 y 015) e iguales cantidades de trashumantes. Por lo
anterior, trajo a colación la relación efectuada por la demandante Rosa María
Castelblanco, en la que se establecen claramente las mesas y diferencias
reclamadas en cada una de ellas.

Indicó que aun cuando se señalan algunas diferencias numéricas por mesa, no se
identificó cuál, o cuáles ciudadanos realizaron su votación en un lugar diferente al
determinado por el tribunal. Sin embargo, en aras de garantizar los derechos de
las partes, si se repite el ejercicio de distribución ponderada con los datos o
diferencias presentados por los apelantes, se puede concluir lo siguiente:

Sustentó que, si se aceptara el error en la distribución de sufragantes realizado
por el tribunal, el número a descontar para cada uno de los candidatos (conforme
a los datos de los recurrentes) no habría sufrido modificación alguna,
manteniéndose los mismos valores alcanzados en la sentencia recurrida, en los
términos establecidos por el fallador de instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 1528 numeral 7
literal (a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 9 de mayo de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo
de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.

8
Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso (…) de los alcaldes
municipales y distritales (…).

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2. El acto electoral cuestionado

Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – ALC del 1° de noviembre de
2023, mediante la cual se declaró la elección de la señora Alba Merly Maranta
Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá), periodo 2024-2027.

3. Problema jurídico

De conformidad con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en
los recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán en
cuenta los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del
litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los argumentos de
los recursos.

En consecuencia, deberá establecer si el acto de elección de la señora Alba Merly
Maranta Contreras como alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá) está viciado de
nulidad toda vez que se encontró probada la trashumancia electoral, en tanto que
146 personas cuya inscripción en ese ente territorial se había anulado por parte
del Consejo Nacional Electoral, votaron en los comicios del 29 de octubre de 2023
en los que triunfó la demandada y, frente a los reparos de las apelaciones, si: (i)
en este asunto no debía aplicarse la fórmula de distribución ponderada para
efectos de establecer la incidencia en el resultado de las elecciones; sin embargo,
de proceder dicho método, el tribunal presuntamente cometió un error aritmético al
determinar los números de sufragios a descontar en las mesas 001, 003, 004,
005, 008, 009, 010, 013 y 015 y, (ii) las pruebas allegadas con la demanda dan
cuenta del trasteo de votos a cargo de la demandada el día del certamen.

Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso9, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem,
según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento
de la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el
apelante, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada10.

9
Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la remisión prevista
en su artículo 306.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-00896-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco
jurídico de la trashumancia electoral, (ii) la fórmula de distribución ponderada y,
(iii) el caso concreto, conforme a los límites indicados líneas atrás.

4. Marco jurídico de la trashumancia electoral

La figura de la trashumancia como vicio de nulidad electoral se ha entendido como
la «acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u opción
política en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero
arraigo o interés»11; lo cual, además de tener una implicación en el marco de tales
procesos, puede conllevar a la imposición de sanciones de tipo penal. El objetivo
del establecimiento legal de la causal no es otro que se respete la
autodeterminación de los ciudadanos en la resolución de los asuntos propios y
que sean estos quienes decidan sus autoridades y demás cuestiones inherentes al
proceso de elección, con sustento en los principios rectores que, entre otros
aspectos, buscan asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre,
espontánea y auténtica de los ciudadanos.

Esta Sala ha señalado que para entender el fenómeno de la trashumancia
electoral, es necesario remontarse a la Ley 6° de 1990, que, entre otras
disposiciones, modificó los artículos 76 y 77 del Código Electoral (D.2241/86), en
el sentido de precisar: «[a] partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar
en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral.
Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo (…) mientras no sean
canceladas o se inscriban en otro lugar».

Así mismo, al artículo 316 de la Constitución Política de 1991, establece: «en las
votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la
decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos
residentes en el respectivo municipio», lo cual impone un vínculo necesario entre
la votación a realizar y la residencia del sufragante; no obstante, dicha normativa
superior, no contiene una definición sobre el término residencia ni explica la
consecuencia de su desconocimiento, por lo que entra a jugar un papel muy
importante el desarrollo legal de la preceptiva y la jurisprudencia sobre la causal
especial de nulidad, de acuerdo con lo preceptuado el artículo 275.7 de la Ley
1437 de 2011:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando: (…)

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la
nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

Igualmente, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha destacado que para el
examen del cargo de nulidad electoral fundado en la causal del artículo 275.7, al

11
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.

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menos en el ámbito municipal y local, es menester consultar las siguientes
reglas12:

Para que prospere el cargo se debe acreditar: (i) que personas no residentes en el
respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas,
efectivamente hayan votado y (iii) que sus votos tuvieron incidencia en el resultado
de la elección.

La incidencia del vicio se mide de acuerdo con el sistema de distribución
ponderada de votos nulos.

Conforme con lo anterior, para hablar de trashumancia resulta indispensable que
se acrediten en forma suficiente los 3 elementos señalados, en caso de que
alguno de ellos no se encuentre demostrado, se entiende que la causal de nulidad
electoral bajo estudio no se configura o no tiene incidencia en la legalidad de la
elección que se controvierta.

5. De la distribución ponderada como fórmula para determinar la incidencia
en el resultado de la elección en el que se comprueba la trashumancia

La Sala debe resaltar que de tiempo atrás ha admitido la procedencia de la
aplicación del sistema de distribución ponderada en procesos de nulidad tanto
para corporaciones públicas como para cargos uninominales.

Tratándose del análisis de la incidencia bajo el sistema de afectación ponderada,
la sala ha establecido que consiste en tomar el número de votos fraudulentos
acreditados en una mesa de votación y distribuirlos en forma proporcional a su
participación entre los candidatos que hayan obtenido votos en la mesa o mesas
donde se presentaron las irregularidades, bien sea para agregar o quitar votos.
Para el estudio de la incidencia en el resultado de la elección, aquel se efectúa
únicamente en relación con las mesas y registros de cada cargo sobre los cuales
se encontró probado el vicio de nulidad alegado. Después de realizar la afectación
en las mesas que prosperaron, se debe estudiar el impacto que estas tuvieron en
los resultados electorales13.

En efecto, esta Sección desde la sentencia de 22 de mayo de 200814 fijó una
metodología denominada «distribución porcentual» o «afectación ponderada», la
cual «es aplicable también a las elecciones de cargos uninominales, pues si bien
éstos no se regulan por el sistema de umbral y de la cifra repartidora, el propósito
de este método es dar primacia (sic) al principio de eficacia del voto mediante la
exclusión de los votos irregulares comprobados, respecto de los cuales se
desconoce cual (sic) fue la intención del votante, o en otros términos, ante la
incertidumbre de establecer los beneficiarios de los mismos».

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 30 de septiembre de 2021,
Rad. 11001032800020200001300. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 29 de abril de 2021.
Radicación: 11001-03-28-000-2018-00106-00 (11001-03-28-000-201800116-00). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, expedientes acumulados 4060,4068, 4069 y
4070., M.P. Dr. Filemón Jiménez Ochoa.

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23

Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

En sentencia del 2 de octubre de 200815, la Sección Quinta extendió la
aplicación del sistema de afectación ponderada a las elecciones unipersonales, el
estudiar una demanda contra un alcalde, al considerar:
Esta nueva metodología, que busca una distribución ponderada de las
irregularidades probadas dentro del informativo, se implementó por primera vez en
el caso anterior, relativo a la elección de Representantes a la Cámara por el
departamento de La Guajira. Pues bien, como aquí se juzga la elección de una
autoridad de elección popular uninominal, como es el Alcalde del Municipio de
Manaure, lo pertinente es preguntarse si la misma debe utilizarse en estos casos, a
lo cual responde la Sala que sí, por lo siguiente:
1.- Una de las razones que se esgrimió en el fallo del 22 de mayo de 2008[16] para
acoger la metodología sobre deducción ponderada de irregularidades probadas,
consistió en la reciente implementación de la Reforma Política a través del Acto
Legislativo 01 de 2003, que llamó a la disciplina a los partidos políticos. Pues bien,
no obstante que dicha enmienda constitucional tuvo gran incidencia en el sistema de
distribución de curules en las corporaciones públicas de elección popular, ya que
sustituyó, por regla general, el sistema del cuociente electoral por el sistema de la
cifra repartidora e implementó un umbral mínimo para participar en la asignación de
curules, entre otros cambios, no puede concluirse que solamente aplica para esas
elecciones, puesto que por tratarse de un sistema de disciplina partidista igualmente
afectó las elecciones de cargos uninominales, como así lo evidencia el contenido de
los artículos 11 y 12 del citado acto legislativo, donde se regularon temas como el
deber de repetir las elecciones donde el voto en blanco sea mayoritario o el de
inscribir candidatos únicos, todo esto tanto para las corporaciones públicas como
para los cargos uninominales como los de alcalde y gobernador.
2.- De igual forma se argumentó en el citado fallo que la metodología se cambiaba
por el carácter secreto del voto, que impedía establecer si las irregularidades
establecidas habían beneficiado a uno u otro candidato o partido o movimiento
político. Esa misma consideración es de recibo frente a los cargos uninominales de
elección popular, ya que por virtud de lo dispuesto en el artículo 258 de la
Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003 artículo 11, el derecho
fundamental al voto debe ejercerse “en forma secreta por los ciudadanos”, desde
luego para todos los cargos o corporaciones públicas que según el artículo 260
Superior se eligen en forma directa y por voto popular.
3.- Finalmente, se violaría el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución si el sistema de la deducción ponderada de las
irregularidades únicamente operara frente a las corporaciones públicas de elección
popular, puesto que si algunas de las razones capitales para cambiar de
metodología fueron la adopción de la Reforma Política (A.L. 01/2003), con
incidencia en todos los cargos de elección popular, y el carácter secreto del voto
que tornaba injusto imputar al candidato vencedor todas las irregularidades
demostradas -pues a ello equivalía tomar la diferencia entre éste y quien le siguió en
votos- y que igualmente se predica de la elección de cargos uninominales, no duda
en ningún momento la Sala que debe brindarse el mismo tratamiento jurídico a la
aplicación del principio de la eficacia del voto para determinar si por causas
objetivas de nulidad es menester despojar o no de la presunción de validez al acto
de elección acusado.

En fallo de 31 de julio de 2009 contra un acalde, la Sala Electoral afirmó que en
la sentencia de 22 de mayo de 2008, se fijó una nueva metodología denominada
«distribución porcentual» o «afectación ponderada», la cual «es aplicable también

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 2 de octubre de 2008,
expediente 44001-23-31-000-2007-00236-01, MP. María Nohemí Hernández Pinzón. Demandado un alcalde.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de mayo de 2008,
expediente 11001-03-28-000-2006-00119-00, MP. Filemón Jiménez Ochoa. Demandado los representantes a la Cámara
por el departamento de La Guajira.

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Demandantes: Rosa María Casteblanco Casteblanco y otro
Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
Rad: 15001-23-33-000-2023-00483-01

a las elecciones de cargos uninominales, pues si bien éstos no se regulan por el
sistema de umbral y de la cifra repartidora, el propósito de este método es dar
primacia (sic) al principio de eficacia del voto mediante la exclusión de los votos
irregulares comprobados, respecto de los cuales se desconoce cual (sic) fue la
intención del votante, o en otros términos, ante la incertidumbre de establecer los
beneficiarios de los mismos».

En providencia del 20 de mayo de 201017, la Sección Quinta efectuó la asignación
ponderada de las irregularidades halladas en el proceso del entonces gobernador
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se
concluyó que no se modificó el resultado. Sin embargo, previo a poner en práctica
dicha metodología, la sala explicó que, «[e]n principio, es aplicable a las
elecciones para Corporaciones Públicas, pero esa circunstancia no es óbice para
que se considere en cargos unipersonales». Lo anterior, en atención a que
consideró que dicha metodología consulta «el principio de eficacia del voto, en
cuanto permite que se tomen los votos irregulares en su justa medida y se
distribuyan a prorrata de la participación que han obtenido los diferentes partidos y
candidatos en la votación válida, sin sacrificar ni afectar los votos mayoritarios que
representan la auténtica voluntad del elector».

Dicha conclusión fue reiterada en las sentencias del 9 de febrero de 201718 y 27
de enero de 202219, en las que se hizo énfasis en que, para salvaguardar el
principio de eficacia del voto que es piedra angular del sistema jurídico electoral en
Colombia, se debe aplicar la metodología de distribución ponderada, ante la
imposibilidad de determinar, en razón al mandato constitucional sobre la
confidencialidad del voto, a qué lista o candidato beneficiaron o afectaron las
irregularidades.

Igualmente, en la providencia del 29 de julio de 202120, la Sección Quinta al
resolver una tutela contra una providencial judicial que aplicó la afectación
ponderada a la elección de un alcalde, consideró: «Cabe agregar que la fórmula
jurisprudencial para establecer la incidencia de los votos trashumantes en el
resultado electoral aplica tanto para el análisis de los cargos de nulidad contra una
elección a un cargo uninominal como para corporaciones públicas, pues lo que se
busca es establecer de manera proporcional el favorecimiento de dicha votación
respecto de los contendores electorales, además que esta Corporación no hizo
distinciones al respecto».

En decisión del 30 de septiembre de 2024 , al resolver un caso contra el
gobernador del Chocó, se consideró: «La jurisprudencia de la Sección viene
señalando que para el examen del cargo de nulidad electoral fundado en la causal
del artículo 275.7, al menos en el ámbito municipal y local, es menester consultar

17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2020, expediente: 88001-23-31-000-2008-00001-01,
M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad.:
11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de enero de 2022, Rad.: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal),
M.P. Rocío Araújo Oñate.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de julio de 2021, Rad.:
11001-03-15-000-2021-03793-00 (AC), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
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las siguientes reglas: -Para que prospere el cargo se debe acreditar: (i) que
personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en
él; (ii) que éstas, efectivamente hayan votado y (iii) que sus votos tuvieron
incidencia en el resultado de la elección. - La incidencia del vicio se mide de
acuerdo con el sistema de distribución ponderada de votos nulos».

De modo que, de tales precedentes pueden extraerse las siguientes conclusiones:

(i) En los eventos de trashumancia electoral no es posible establecer qué candidato se
benefició con la votación transeúnte, toda vez que por virtud del secreto del voto se
desconoce la elección del sufragante irregular, luego no es admisible descontar esta
votación únicamente al candidato electo.

(ii) La metodología de distribución ponderada permite sustraer de manera proporcional
la votación viciada a cada candidato, a prorrata de su participación en la votación, y así
determinar la incidencia de tales irregularidades en el resultado electoral.

(iii) Con este método se garantiza la aplicación del principio de eficacia del voto, según
el cual sólo hay lugar a declarar la nulidad de una elección cuando la irregularidad en la
votación es de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios otros serían los
elegidos, pues lo esencial en el sistema electoral colombiano es el respeto de la
voluntad legítima mayoritaria de los electores.

Finalmente, es importante resaltar que esta Sala Electoral avaló la aplicación de la
distribución ponderada en cargos uninominales: «Cabe agregar que la fórmula
jurisprudencial para establecer la incidencia de los votos trashumantes en el
resultado electoral aplica tanto para el análisis de los cargos de nulidad contra una
elección a un cargo uninominal como para corporaciones públicas, pues lo que se
busca es establecer de manera proporcional el favorecimiento de dicha votación
respecto de los contendores electorales, además que esta Corporación no hizo
distinciones al respecto»21.

6. Caso concreto

Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte
recurrente pretende que se revoque la sentencia de primera instancia. En su
criterio, aun cuando se encontró probada la trashumancia electoral de 146
ciudadanos que votaron en las elecciones para alcalde de Nuevo Colón (Boyacá),
el tribunal aplicó la fórmula de la distribución ponderada en este asunto,
tratándose de un cargo uninominal. Asimismo, argumentaron que, en el evento de
que dicho método proceda, cometió algunos errores aritméticos en el desarrollo de
ese procedimiento lo que afectó los votos a descontar en las mesas 001, 003, 004,
005, 008, 009, 010, 013 y 015.

También alegan que el a quo no valoró las pruebas que daban cuenta de: i) que el
concejal Gustavo Gamba Wilches, quien apoyó abiertamente a la demandada en
su campaña por la alcaldía del referido municipio, incidió en la votación de 10 de
sus familiares que efectivamente sufragaron en Nuevo Colón (Boyacá), lo cual, a
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad.:
11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de
enero de 2022, Rad.: 54001-23-33-000-2020-00010-02 (Ppal), M.P. Rocío Araújo Oñate.

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su juicio, es un claro indicio de la influencia que tuvo la señora Maranta Contreras
en la trashumancia alegada y ii) las fotografías que demuestran el trasteo de votos
el día de las elecciones, a cargo de una empresa de transporte que
presuntamente tiene vínculos con el cabildante referido, quien a su vez, apoyó a la
demandada.

Sobre el particular, la Sala debe precisar, en primer término, que no se encuentra
en discusión en esta instancia los 146 votos que debían descontarse de la
totalidad de la votación obtenida para las elecciones del alcalde(sa) de Nuevo
Colón (Boyacá). En efecto, el tribunal de primera instancia, con fundamento en las
pruebas allegadas por las partes y las decretadas de oficio, cotejó tanto las
resoluciones del Consejo Nacional Electoral mediante las cuales se dejó sin
efectos la inscripción de las cédulas en dicho ente territorial, la certificación
allegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y los formularios E-
11«registros de votantes» de cada mesa, que fueron aportados como anexos
visibles en los índices 62 a 66 en SAMAI (del expediente de primera instancia),
obteniendo el siguiente resultado:

Por lo tanto, no es objeto de discusión que las 146 personas enlistadas por el
tribunal en la providencia de primer grado votaron en las elecciones del(a)
alcade(sa) de Nuevo Colón (Boyacá), pese a que el Consejo Nacional Electoral les
había anulado su inscripción mediante resoluciones 6052 del 02 de agosto de
2023, 7163 del 24 de agosto de 2023 y 9786 del 12 de septiembre de 2023.

El reparo de los recurrentes se concentra en el método utilizado para determinar la
incidencia que tuvieron los 146 votos espurios en la elección de la demandada.
Según se advirtió en el marco jurídico expuesto en párrafos precedentes, la
fórmula que de antaño ha utilizado esta Sala Electoral es la distribución o
afectación ponderada.

Sin embargo, la parte recurrente precisa un aspecto que es de vital importancia
considerar en el caso concreto y es que, la Sección Quinta, bajo las nuevas
competencias asumidas con ocasión a la Ley 2080 de 2021, ahora conoce en
segunda instancia de los procesos de nulidad electoral de todos los alcaldes del
país y, en consecuencia, se enfrenta a escenarios singulares en cuanto resultados
mucho más estrechos o cerrados con un censo significativamente más bajo. Ello
para resaltar que, en este asunto en el que se discute la trashumancia en el
municipio de Nuevo Colón (Boyacá), la afectación ponderada, a juicio de los
demandantes, no es la fórmula que garantiza en mayor medida la eficacia del
voto, si se tiene en cuenta que, para este puntual caso, la diferencia entre el
demandado y el segundo candidato con mayor votación es de tan solo 10 votos y
los sufragios transeúntes corresponden a 146.

Es decir, a juicio de los accionantes, los votos espurios significaron 14.6 veces la
diferencia entre los dos primeros candidatos; por lo tanto, afirmaron que si la
irregularidad supera con creces la diferencia que otorgó la victoria, existe una

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incidencia del voto, sin necesidad de acudir a fórmulas matemáticas adicionales.
Diferente a que, la anomalía sea menor a la distancia entre el vencedor y el
segundo aspirante, pues allí sí que habría que acudir a una distribución para
conocer si aquella es suficiente.

De esta forma, la parte recurrente solicitó a esta Sala Electoral considerar una
nueva metodología tratándose de la trashumancia en cargos uninominales, sobre
todo cuando se trata de municipios con un censo electoral tan pequeño y unas
votaciones con diferencias muy cerradas.

Para los demandantes, quienes también fueron candidatos en la contienda
electoral por la Alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá), la fórmula de la afectación
ponderada en este asunto nunca tendrá la incidencia determinante para variar el
resultado, en tanto que, si se toman los sufragios irregulares y se distribuyen a
prorrata de la participación que han obtenido los diferentes partidos y candidatos
en las elecciones, difícilmente se podrá reflejar la magnitud de la irregularidad,
pues porcentualmente se mantendrían los resultados.

En efecto, la jurisprudencia ha considerado innecesario, desde el 2008, excluir la
votación total de la mesa donde se presentó la irregularidad, en este caso la
trashumancia, para lo cual ha establecido que aquella debe ser asumida por todos
y cada uno de los candidatos «en proporción a su votación con relación a la
votación válida de la mesa»22. Lo anterior significa que a partir del número de
votos obtenidos por los diferentes partidos y candidatos en los puestos afectados,
se calcula la participación porcentual de cada uno respecto del total de votos
válidos de la mesa respectiva y, una vez establecida la participación, en esa
misma proporción se les descuentan los votos irregulares que se comprueben23.

No obstante, esta Sala Electoral encuentra que los reparos planteados por la parte
recurrente frente a la fórmula de la afectación ponderada, puntualmente respecto
de elecciones de cargos uninominales en los que las diferencias entre el primer y
segundo candidato son tan estrechas, frente a una votación espuria por
trashumancia significativa, son razonables. Con todo, ello no comporta una
inconstitucionalidad o ilegalidad del método utilizado hasta ahora por la Sección
Quinta, como lo pretenden hacer ver los demandantes, si se tiene en cuenta el
desarrollo jurisprudencial que ha tenido la tesis, como se expuso ampliamente en
el acápite anterior, bajo parámetros de la igualdad electoral, la eficacia del voto y
la transparencia de los comicios.

Con esa claridad, es preciso señalar que, de afectarse ponderadamente a cada
candidato, de acuerdo con los votos de trashumancia comprobados, esto es, 146,
los resultados electorales se mantendrían, aún con los datos proporcionados por
la parte apelante en su recurso. En efecto, después de aplicada la fórmula, por

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de mayo de
2013. Radicación: 11001-03-28-0002010-00061-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de

2017. Radicación: 11001-03-28-000-2014-00112-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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cada candidato se descuentan igual cantidad de votos, de manera que, el
resultado final que concluyó el a quo, se mantiene:

Por ende, aplicada la diferencia, la distribución demuestra que la vencedora en las
elecciones por la Alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá) seguiría siendo la señora Alba
Merly Maranta Contreras. Sin embargo, si todos los votos de trashumancia se
aplicaran a un solo candidato, podrían cambiar drásticamente el resultado, lo que
sugiere que, deben considerarse varios aspectos para tomar una decisión en este
asunto.

Por un lado, en lo que concierne al reparo manifestado por los apelantes sobre la
falta de valoración de las fotografías que fueron allegadas para demostrar el
«trasteo» de votos, la sala no encuentra que dichos elementos tengan la
virtualidad de acreditar que la señora Maranta Contreras tuvo que ver con el
transporte de 10 presuntos familiares del concejal Gustavo Gamba Wilches.

En primer lugar, la parte recurrente no demostró que el referido cabildante tenga
un vínculo con la demandada o la haya apoyado en su campaña por la alcaldía del
referido municipio, que permita deducir que él «trasteó» votos a favor de la
alcaldesa acusada. En segundo lugar, tampoco acreditó que el concejal en
cuestión esté relacionado con la empresa de transporte de los buses que
aparecen en las fotografías aportadas, en las que presuntamente se están
bajando las personas ajenas al municipio el día de las elecciones del alcalde de
Nuevo Colón (Boyacá). Asimismo, no se acreditó el parentesco entre las 10
personas enunciadas y el referido cabildante o la demandada.

Por lo tanto, no es posible endilgar que los 10 votos de los supuestos familiares
del concejal Gustavo Gamba Wilches, se hayan depositado por la entonces
candidata Alba Merly Maranta Contreras; sobre todo, porque el derecho al sufragio
es secreto y, en ese orden, aun en el evento en que los indicios de la parte actora
se lograran comprobar, lo cierto es que no habría certeza de que los ciudadanos
en cuestión votaron por la demandada. Por lo tanto no es viable establecer, en los
términos que lo proponen los recurrentes, que los votos espurios deban
descontarse únicamente a la demandada.

Asimismo, en lo que respecta al argumento según el cual la sobrina de la señora
Maranta Contreras fue testigo electoral y votó en el municipio sin acreditar la
residencia en aquel, ello es algo que no se probó en el expediente, pues tan solo
fue una afirmación sin respaldo o evidencia.

Ahora bien, la inconformidad de los recurrentes respecto a que «la diferencia de
votos entre la alcaldesa y el segundo es apenas de 10 votos mientras que los
trashumantes son 146, por lo que se trata de una diferencia de 14.6 veces más»,

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es una correlación que llama poderosamente la atención de la Sala. Nótese que
los 146 votos irregulares que se encontraron acreditados en este asunto por
trashumancia representan el 3,81% de la votación válida, si se tiene en cuenta
que, conforme al Formulario E-26 ALC, el total de sufragios en Nuevo Colón
(Boyacá) para la alcaldía, fueron 3.826.

Ese porcentaje puede resultar significativo si se tiene en cuenta que la diferencia
entre el demandado y el segundo aspirante a la referida dignidad tan solo fue de
10 votos, es decir un 0.26% de la votación válida total. Incluso con el tercer
candidato es solo de 63 sufragios, esto es, 1,3% de la votación válida; al ser
extremadamente estrecha esa distancia, cualquier irregularidad mayor a esa
diferencia tiene la potencialidad de cambiar el resultado electoral.

Sobre el particular, no puede dejarse de lado que, una premisa fundamental que
debe asegurar el juez electoral es la existencia de unos comicios transparentes y
que reflejen el verdadero mandato de los residentes del municipio. Si existe una
duda razonable de que esos 146 votos de trashumancia pudieron haber alterado
el resultado final, sería primordial considerar si la elección refleja con exactitud la
voluntad popular.

Dado que el voto es secreto y no es posible determinar con precisión a quién o
quiénes deben descontarse los sufragios espurios, la Sección Quinta había
considerado la aplicación de la fórmula de distribución ponderada, con miras a
afectar proporcionalmente a cada uno de los candidatos de la contienda electoral;
sin embargo, en este caso particular, por más esfuerzos matemáticos o
estadísticos que realice la Sala para afectar proporcionalmente a los aspirantes,
no será posible acercarse a la realidad sobre la incidencia de la irregularidad.
Cambiar el método aritmético podría llevar a la misma conclusión y, en todo caso,
las posibilidades son diversas y dependerá del componente que se pretenda
privilegiar en el resultado electoral.

Ahora, la elección a cargos de elección popular para corporaciones públicas
comporta una ecuación diferente, en tanto que corresponde a listas de candidatos
por cada partido o movimiento político. Así, afectar ponderadamente a cada uno
responde o se justifica en el principio de eficacia del voto, pues no obedece a un
único aspirante por cada agrupación política, sino un conjunto de posibilidades
electorales; de modo que, en esos eventos, la fórmula de distribución ponderada
se debe mantener bajo las consideraciones de la línea jurisprudencial expuesta en
el marco jurídico de esta providencia; no obstante, el panorama cambia cuando se
trata de cargos uninominales en los que se enfrenta un solo aspirante por cada
opción política para la dignidad que se pretende alcanzar y se evidencian
irregularidades con una desviación significativa entre el resultado y la votación
transeúnte.

En tales condiciones, no puede perderse de vista que el presupuesto para declarar
la nulidad de un acto electoral (art. 288 del CPACA) es garantizar el respeto de la
voluntad legítima mayoritaria del pueblo; por ello corresponde al juez en cada caso
determinar si las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal

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incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos. En este
caso, la diferencia entre los 3 candidatos a la alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá) es
de 10 votos entre el primero y el 2 y de 63 sufragios con el tercero, aspecto que
permite colegir, que al haberse permitido la votación de 146 personas no
residentes en el municipio, se afectó la voluntad popular, en tanto, la diferencia
material entre candidatos es inferior al número de trashumantes.

De la anterior correlación, la Sala considera pertinente y justificado, modificar su
tesis jurisprudencial cuando se trata de la causal de trashumancia en las
elecciones para un cargo uninominal. Así, objetivamente, para determinar la
incidencia en que se invoque este reparo de nulidad electoral, en esos precisos
casos (unipersonales), se tendrá en cuenta la siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la
diferencia de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los
dos en caso de que solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se
deberá convocar a nuevas elecciones. Si la votación afectada por la
trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3
primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá.

La razón de escoger a los tres primeros aspirantes obedece a que no solo está en
contienda el cargo del primer mandatario del ente territorial; también existe la
posibilidad de que el segundo con mayor votación acceda -por derecho personal-
a una curul a la corporación pública respectiva, según el tipo de elección que se
trate, en los términos del Estatuto de la Oposición.

Nótese que, considerar solo la distancia entre el vencedor y el segundo aspirante,
por un lado, sugeriría que la votación trashumante, en últimas, debe descontarse
al demandado, aun cuando, se insiste, no es posible determinarlo por el carácter
secreto del voto. Con todo, si en la ecuación se incluye a la tercera opción política
y, aun así, los sufragios transeúntes son mayores a la diferencia de sufragios con
el tercer candidato, es un grave indicio de que la voluntad popular mayoritaria para
designar tanto al primer mandatario como a la curul de la oposición pudo haber
sido falseada.

Así, la anomalía por trashumancia invocada en cada caso deberá ser significativa
o altamente sensible como para alterar los resultados de los dos primeros puestos,
lo que incluye en la ecuación la revisión de la votación del tercer aspirante
(independientemente de que se hayan presentado 4, 5 o 10 candidatos).
Claramente, en el evento en el que solo concurran dos (2) candidatos a la
contienda electoral, y los votos trashumantes sean mayores que la distancia entre
ellos también habría un nivel de incertidumbre que amerita repetir los comicios.

Lo que se pretende establecer cuando se trate de tres (3) candidatos o más, es
que, en efecto, existe una desviación de tal magnitud que ni siquiera es posible
mantener la premisa de la eficacia del voto de la expresión mayoritaria de los
residentes, ante la perplejidad que genera una votación transeúnte mayor a la
distancia entre la trilogía que tuvo más respaldos ciudadanos; además porque, se

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Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
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insiste, no solo se distorsiona el resultado del primer mandatario, también la
votación obtenida por el segundo candidato quien tiene el derecho personal de
acceder a una curul en el cabildo municipal o la duma departamental.

Por lo tanto, siempre que se considere que los sufragios irregulares superan la
diferencia entre los primeros tres (3) candidatos, habrá que convocar o vincular al
proceso de nulidad electoral a esos aspirantes, por el interés que les asiste en el
evento en el que se tengan que convocar nuevos comicios. En el proceso de la
referencia se supera esta cuestión procesal si se tiene en cuenta que tanto el
segundo como tercer aspirante a la Alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá), son
demandantes en este medio de control.

En consecuencia, en este asunto es posible advertir el desconocimiento del
artículo 316 superior que señala que en las votaciones que se realicen para elegir
autoridades locales, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio. Se insiste, en la decisión para proclamar al primer
mandatario local en este asunto (y a quien por derecho personal podía acceder a
una curul en el concejo), participaron trashumantes, quienes sumados (146)
sobrepasan la diferencia de apoyos ciudadanos existente entre los tres aspirantes
a la alcaldía (73)24.

Además, no puede desconocerse que Nuevo Colón (Boyacá) solo contaba con un
puesto de votación, conformado por 15 mesas y la aludida irregularidad se
presentó en 14 de estas, ello quiere decir que los ciudadanos trashumantes
intervinieron en el 93.33% de aquellas. Por lo tanto, compete al juez garantizar la
verdad electoral.

De modo que, aun cuando el método de afectación ponderada en los asuntos de
trashumancia corresponde a una tradición jurisprudencial de vieja data (que por
demás se encuentra ampliamente justificado), ello no implica que sea el único;
sobre todo en asuntos como el que ahora se estudia, en el que la votación
transeúnte es potencialmente significativa, si se tiene en cuenta que supera con
creces la diferencia de votos entre los tres candidatos a la Alcaldía de Nuevo
Colón (Boyacá).

En tales condiciones, dadas las particularidades anotadas y la necesidad de
asegurar la transparencia del proceso de elección del alcalde(sa) de Nuevo Colón
(Boyacá), con el fin de dotar de confianza y primacía las decisiones populares del
municipio, la Sala considera que sí debe anularse el acto demandado, pues la
trashumancia presentada en las votaciones del 29 de octubre de 2023 es
evidentemente significativa para distorsionar el resultado.

Se insiste, esta causal, al ser una práctica ilegal, introduce un nivel de distorsión
que, dado el margen tan estrecho en este caso, afecta la legitimidad del proceso

24
Votos de la candidata en primer lugar (1288) menos los votos del candidato en segundo lugar (1278) = diez
(10) votos (Resultado A). Votos del candidato en primer lugar (1288) lugar menos votos candidato en tercer
lugar (1225) = sesenta y tres (63) (Resultado B). Luego sumamos Resultado A (10) + B (63) = setenta y tres
(73).

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Demandada: Alba Merly Maranta Contreras, alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá)
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electoral; ante la incertidumbre sobre la manifestación de la voluntad de los
residentes de Nuevo Colón (Boyacá), se impone convocar a nuevas elecciones en
ese municipio.

En suma, los argumentos de la parte demandante sí prosperan y, en
consecuencia, se revocará la providencia del 9 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, para en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección de la
señora Alba Merly Maranta Contreras, como alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá),
con el fin de que las autoridades electorales convoquen a nuevas elecciones para
esa dignidad25.

• De los efectos inmediatos del cambio de jurisprudencia

La hermenéutica constitucional ha señalado que resulta posible, por parte de los
órganos de cierre, cambiar el precedente aplicable, siempre y cuando se cumpla
con la carga argumentativa de demostrar las razones que justifican dicho
cambio26.

Así lo ha precisado la Corte Constitucional:

(…) para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que
la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente,
por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema
jurídico de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no
sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y
una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo sobre los criterios que
sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las
consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio
esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho

El cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de
cierre implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido
normativo de determinada disposición y que, en atención al carácter vinculante
general e inmediato del precedente, determina la aplicación judicial -en el orden
horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el caso. Ahora
bien, no obstante que la aplicación general e inmediata de un nuevo precedente
fijado por un órgano de cierre de la jurisdicción vincula a la administración de
justicia como una garantía del principio de igualdad, tal regla general no puede
pasar por alto el contenido material de la misma igualdad al que se hizo referencia
anteriormente, y que conduce a que cada situación sea observada a la luz de las
circunstancias particulares.

Esta Corte concluye que, si bien la regla general indica que la jurisprudencia rige
con efectos inmediatos y en este sentido vincula a los operadores judiciales que
deben tenerla en cuenta en sus decisiones, la autoridad judicial tampoco puede
pasar por alto que, en ciertos escenarios concretos, la actuación de los sujetos
procesales pudo estar determinada por la jurisprudencia vigente para entonces,

25
Con el censo electoral depurado de las irregularidades que dieron lugar a esta demanda.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-406 de 2016

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por lo que el fallador, al momento de proferir su decisión, debe establecer, a partir
de una análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia resultó definitivo en una
posible afectación de derechos fundamentales al modificar las reglas procesales
con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y,
en este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepción a la regla general
de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al
momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante
de la conducta procesal de las partes.27.

En efecto, el máximo órgano constitucional ha precisado que, por regla general, el
precedente judicial rige con efectos inmediatos y, por lo tanto, vincula a todos los
jueces en adelante para futuras decisiones. Sin embargo, también ha considerado
que en ciertos escenarios la actuación de los sujetos procesales pudo estar
determinada por la jurisprudencia vigente para entonces y, en esos eventos es
posible diferir su aplicación en el tiempo (jurisprudencia anunciada).

En ese orden de ideas, el fallador al momento de proferir su decisión debe
establecer, a partir de un análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia resulta
definitivo en una posible afectación de derechos fundamentales al modificar las
reglas procesales con base en las cuales, legítimamente, habían actuado las
partes.

Para este caso particular, la Sala no encuentra que el cambio de precedente en lo
que respecta a la incidencia de la causal de trashumancia en los cargos
uninominales, comporte el desconocimiento de las garantías fundamentales de los
aspirantes a la Alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá). Por un lado, la referida causal
es de carácter objetivo y, ante su comprobación, el juez electoral debe determinar
su incidencia. Es frente a este último presupuesto que los demandantes, quienes
también participaron en la contienda, solicitaron que se establecieran nuevas
reglas para determinar el impacto que puede tener una votación trashumante.

De otra parte, tampoco puede afirmarse que deja de atenderse el principio de la
confianza legítima de la demandada, en tanto que la causal de carácter objetivo
que se invoca en este asunto no depende de su actuar sino del resultado de las
votaciones en el que participaron terceros ajenos al municipio. Luego, la incidencia
de esa irregularidad atiende a criterios igualmente neutrales y no dependen de una
conducta subjetiva que haya desplegado la parte pasiva en este asunto, sobre la
base del precedente judicial anterior.

En suma, la Sala no encuentra circunstancias que exijan diferir el efecto inmediato
y general de la jurisprudencia que se establece con este asunto.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

27 Ibidem

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III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá del 9 de mayo de 2024, por medio de la cual denegó las pretensiones de
la demanda, y en su lugar, DECLARAR la nulidad del acto de elección de la
señora Alba Merly Maranta Contreras, como alcaldesa de Nuevo Colón (Boyacá),
con el fin de que las autoridades convoquen a nuevas elecciones para esa
dignidad.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara el voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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