RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2025-00105-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00105-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00105-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Willinton Eduardo Pulido Ibáñez contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Concejo Municipal de Nuevo Colón. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2025-00105-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación
Departamental de Boyacá y otros

Temas: Acto administrativo que negó curul de oposición en elecciones
atípicas
Decisión: Confirmar lo resuelto por el a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por Willinton Eduardo Pulido Ibáñez en
contra de la sentencia proferida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Willinton Eduardo Pulido Ibáñez promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales a la oposición política, a elegir y ser
elegido, a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la negativa al reconocimiento de la curul de oposición por ocupar el
segundo lugar en las elecciones atípicas adelantadas para la elección de alcalde en
el municipio de Nuevo Colón, Boyacá, para el periodo 2024-2027.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Se postuló como candidato a la alcaldía del municipio de Nuevo Colón en las
elecciones de 29 de octubre de 2023, en las que obtuvo el segundo lugar en la
votación, como consta en el formulario ALC E-26. Así, ejerció su derecho a ocupar
una curul como concejal de oposición.

2.2. El Consejo de Estado anuló la elección de la alcaldesa Alba Mery Maranta
Contreras mediante sentencia proferida el 10 de octubre de 2024. En consecuencia,
el gobernador de Boyacá convocó a elecciones atípicas para el 4 de mayo de 2025.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

2.3. Se postuló a las elecciones atípicas, previa renuncia a su curul como concejal
de oposición y obtuvo nuevamente el segundo lugar, como consta en el formulario
ALC E-26. Una vez más, solicitó el reconocimiento de la curul de oposición, de
acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, lo cual fue negado por la
Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.4. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las entidades
demandadas al negarle el derecho a ocupar la referida curul.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] “PRIMERO: Sírvase señor juez amparar los derechos fundamentales a la oposición
política (art. 112 C.P.), a la participación política – en especial, a elegir y ser elegido- (art.
40 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.) y a la igualdad (art. C.P.), que han sido
vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental
de Boyacá-, el Consejo Nacional Electoral y el Concejo Municipal de Nuevo Colón, al
negar el reconocimiento de la curul de oposición al accionante, quien obtuvo el segundo
lugar en las elecciones atípicas celebradas el 4 de mayo de 2025 para la Alcaldía del
referido municipio.

SEGUNDO: Sírvase señor juez ordenar a la Registraduría Nacional del estado Civil –
Delegación Departamental de Boyacá, y al Consejo Nacional Electoral, que reconozcan
al señor Willinton Eduardo Pulido Ibáñez como concejal de oposición del municipio de
Nuevo Colón (Boyacá), en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 y del artículo
112 de la Constitución Política, sin distinción alguna entre elecciones ordinarias o
atípicas.

TERCERO: Sírvase señor juez ordenar al Concejo Municipal de Nuevo Colón que adopte
las medidas necesarias para garantizar la posesión del señor Willinton Eduardo Pulido
Ibáñez como concejal de oposición, en cumplimiento de los efectos jurídicos derivados
del derecho político fundamental que le asiste, y le reconozca todas las prerrogativas
legales correspondientes a dicha calidad […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo Nacional Electoral1 solicitó que se negara el amparo invocado
en tanto no vulneró los derechos del demandante y que se declarara su ausencia
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no intervino en las actuaciones
administrativas adelantadas por la Delegación Departamental de Boyacá de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, ni le correspondía emitir credenciales de
concejal.

4.1. Además, recordó que el demandante renunció de manera voluntaria a la curul
que le fue otorgada como concejal de oposición para el periodo 2024-2027, sin que
el proceso electoral atípico correspondiera a un nuevo periodo constitucional, pero
sí a la finalización de aquel para el que inicialmente fue elegido. La Ley 1909 de

1 Ver índice 2 de Samai.

2

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

2018 no contempló la asignación automática de una nueva curul por oposición en
procesos de elecciones atípicas

5. Los delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado
Civil en Boyacá2 solicitaron su desvinculación por configurarse la falta de
legitimación en la causa por pasiva y negar las pretensiones, ya que la declaratoria
de elección es responsabilidad de las comisiones escrutadoras, de las cuales la
Registraduría Nacional del Estado Civil funge como secretaria.

5.1. Según Concepto 9519 expedido el 14 de octubre de 2020 por el Consejo
Nacional Electoral, el derecho a ocupar la curul por obtener la segunda mayor
votación para los cargos de alcalde municipal, opera solo dentro de las elecciones
locales ordinarias y no para las atípicas, toda vez que su finalidad se enmarca en
reestablecer una situación excepcional de parálisis de la administración municipal,
sin involucrar otra corporación administrativa de elección popular.

5.2. De acuerdo con el formulario E-26 que contiene el acta general de escrutinio,
la Comisión Escrutadora informó a todos los asistentes en audiencia pública que no
se daría aplicación al artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, sin que sobre aquella
hubiera manifestación de oposición alguna.

6. La Registraduría Nacional del Estado Civil3 afirmó que esa entidad solo
cumple una función operativa dentro del trámite para proveer la vacante con ocasión
de la falta absoluta de un miembro de la corporación pública. Por ello, la
manifestación de aceptar o no la curul en el concejo municipal por parte del
candidato que ocupó el segundo puesto en votación a la alcaldía se surte ante la
comisión escrutadora correspondiente, la cual solo tiene lugar en las elecciones
ordinarias y no en las atípicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley 1909 de 2018.

7. El tercero con interés, Tito Aníbal Niampira Porras4 requirió que se negaran
las pretensiones de amparo o se declarara la improcedencia de la tutela, en la
medida en que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el demandante, por lo que es legal y legítima su posesión como concejal del
municipio de Nuevo Colón, en virtud de la renuncia irrevocable presentada por aquel
y del estricto cumplimiento del procedimiento legal de suplencia de vacancias
absolutas. Así, señaló:

7.1. No se satisface el requisito de la subsidiariedad, como quiera que la decisión
negativa de reconocimiento de una curul de oposición se materializa en los actos
administrativos atinentes a la respuesta del delegado Departamental de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y en la actuación de la Comisión

2 Ver índice 2 de Samai.
3 Ver índice 2 de Samai.
4 Ver índice 2 de Samai.

3

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

Escrutadora, los cuales son susceptibles de ser controvertidos a través de los
medios de control de nulidad electoral o nulidad y restablecimiento del derecho.

7.2.Tales mecanismos son los escenarios naturales e idóneos para debatir la
legalidad de los actos de las autoridades electorales y para interpretar el alcance de
las normas que rigen la materia, en los que además tendría la posibilidad de optar
por las medidas cautelares. Además, el demandante no acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que hiciera imperiosa la intervención del juez de tutela como
mecanismo transitorio.

7.3. En el evento de superarse el examen de procedencia de la solicitud de tutela,
debe tenerse en cuenta que la renuncia presentada por el actor a la curul que
ocupaba generó la vacancia absoluta del cargo, lo que facultó al Concejo Municipal
de Nuevo Colón a llamarlo por ser el siguiente candidato no elegido de la misma
lista, de ahí que tomó posesión el 27 de marzo de 2025, por lo que la vacante
pretendida ya fue suplida legalmente.

7.4. El Consejo Nacional Electoral, en el Concepto 9519 del 14 de octubre de
2020 estableció que el derecho a la curul de oposición previsto en el artículo 25 de
la Ley 1909 de 2018 no es aplicable a las elecciones atípicas.

1.3 . Sentencia de primera instancia5

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 27 de mayo de 2025
declaró la improcedencia del amparo invocado al considerar que no se cumple con
el requisito de procedencia de la subsidiariedad, en tanto el demandante cuenta con
los mecanismos idóneos para cuestionar la legalidad de los actos administrativos
con los que se le negó el reconocimiento de la curul de oposición pretendida.

1.4. Escrito de impugnación6

9. La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la solicitud de
tutela contra actos administrativos; iii) determinación del problema jurídico; y iv)
análisis de la Sala.

5 Ver índice 2 de Samai.
6 Ver índice 2 de Samai.

4

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Procedencia de la solicitud de tutela

12. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

13. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia9, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.2.1. Procedencia de solicitud de tutela contra actos administrativos

14. El artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991 establece la
improcedencia de la solicitud de tutela contra actos «de carácter general, impersonal
y abstracto» y, de manera excepcional, respecto de aquellos de contenido particular,
en la medida en que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido
mecanismos ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el
derecho al debido proceso con el objeto de discutir acerca de su legalidad, tal como
lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-548 de 201010:

«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
10 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

5

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los
derechos cuya protección se invoca. […]».

15. La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de
tutela para suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos
de carácter particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del
proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como
mecanismo definitivo, cuando el mecanismo principal no sea eficaz e idóneo para
la defensa judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en
sentencia T-244 de 201011:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera
de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en
la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por
la jurisprudencia de esta Corporación. […]».

16. Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que
presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar su
consumación, aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave,
relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es
objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado
e, impostergable, lo que determina que la tutela sea adecuada para el
restablecimiento del orden social justo en su integridad.

2.3. Problema jurídico

17. La Sala deberá determinar: ¿si la solicitud de tutela presentada por Willinton
Eduardo Pulido Ibáñez es procedente para cuestionar la legalidad de los actos
administrativos con los que se le negó el reconocimiento de la curul de oposición a
la que considera tener derecho?

2.4. Análisis de la Sala

18. Willinton Eduardo Pulido Ibáñez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a las
autoridades demandadas su reconocimiento como concejal de oposición del
municipio de Nuevo Colón (Boyacá), en aplicación de los artículos 25 de la Ley 1909
de 2018 y 112 de la Constitución Política, sin distinción alguna entre elecciones
ordinarias o atípicas.

11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

19. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa:

19.1. De acuerdo con el acta de escrutinio contenida en el formulario E-26 ALC de
1.° noviembre de 2023, Alba Merly Maranta Contreras obtuvo el primer lugar en las
elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023 para la alcaldía del municipio de
Nuevo Colón, y el demandante el segundo.

19.2. Conforme con el acta de escrutinio contenida en el formulario E-26 CON del
2 de noviembre de 2023, Willinton Eduardo Pulido Ibáñez manifestó por escrito la
decisión de aceptar la curul de oposición al Concejo Municipal.

19.3. A través del formulario E27 del 2 de noviembre de 2023, la Comisión
Escrutadora Municipal declaró la elección de Willinton Eduardo Pulido Ibáñez como
concejal, para el periodo constitucional de 2024 a 2027, por el partido Coalición
Liberal – Conservador. Tomó posesión del cargo el 1.° de enero de 2024.

19.4. Con sentencia proferida el 10 de octubre de 202412 por el Consejo de Estado,
se declaró la nulidad del acto de elección de Alba Merly Maranta Contreras, como
alcaldesa de Nuevo Colón.

19.5. A través de Decreto 205 del 4 de marzo de 2025, el gobernador de Boyacá
convocó a elecciones atípicas para elegir alcalde del municipio de Nuevo Colón, a
celebrarse el 4 de mayo de 2025.

19.6. Por medio de Resolución 69 del 18 de marzo de 2025 la alcaldesa municipal
(e) aceptó la renuncia a la curul presentada por el concejal Willinton Eduardo Pulido
Ibáñez, a partir del 18 de marzo de 2025. Así mismo, dispuso que se declarara por
parte del Concejo Municipal la vacancia absoluta y que su presidente llamara a
quien correspondiera, que, para el caso, fue Tito Aníbal Niampira Porras quien tomó
posesión el 27 de marzo de 2025.

19.7. De conformidad con el acta de escrutinio contenida en el formulario E-26 del
4 de mayo de 2025, en las elecciones atípicas realizadas el día anterior, Edison
Alejandro Reyes Muñoz resultó electo como alcalde del municipio de Nuevo Colón,
por su parte, Willinton Eduardo Pulido Ibáñez quedó en segundo lugar.

19.8. En la audiencia de escrutinio se informó a los presentes que «no se dar[í]a
aplicación al artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 – Estatuto de Oposición, el cual refiere a
que, el candidato que siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en la
Alcaldía Municipal, tendrá derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Concejo
Municipal durante el periodo de esta Corporación. Dicha situación no será procedente
teniendo en cuenta que para el 2023 fue aplicado lo preceptuado en la norma citada, como
lo establece el concepto con radicado No. 9519-20 de 14 de octubre de 2020 del Consejo
Nacional Electoral» (sic).

12 Expediente 15001-23-33-000-2023-00483-01.

7

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

19.9. Por medio de escrito del 6 de mayo de 2025, el tutelante le comunicó a la
Comisión Escrutadora Municipal y a la Registraduría Municipal del Estado Civil de
Nuevo Colón la aceptación de la curul de oposición en el Concejo Municipal por
haber obtenido la segunda votación como candidato a la alcaldía en los comicios de
4 de mayo de 2025, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.

19.10.Con oficio del 8 de mayo de 2025, el delegado departamental del registrador
nacional le indicó al demandante que «el candidato que obtenga la segunda votación en
elecciones atípicas locales no tendría derecho a la aplicación de la Ley 1909 de 2018 en su
artículo 25, toda vez que estas normas están bajo la órbita para su aplicación en
ELECCIONES ORDINARIAS y no las prenombradas, las cuales se dan y se realizan para
subsanar lo que afecta un cargo o una corporación de elección popular» (sic).

20. De acuerdo con los diferentes puntos de derecho expuestos en los acápites
anteriores, así como los supuestos debidamente acreditados a través de los medios
probatorios allegados a la litis constitucional, se tiene que el presente recurso de
amparo no es procedente en tanto se incumple con la subsidiariedad, como requisito
general de procedencia como a continuación pasa a exponerse.

21. Se observa que las decisiones que cuestionó el demandante se encuentran
contenidas en el acta general de escrutinio del 4 de mayo de 2025, suscrita por la
Comisión Escrutadora Municipal, y en el oficio del 8 de mayo de 2025, expedido por
el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá.
Por tal motivo, desde el momento en que fueron proferidos, tuvo la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho13.

22. Ahora bien, cabe advertir que, al momento de hacer uso del medio de control
pertinente, el interesado podría solicitar las medidas cautelares establecidas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, más
específicamente en los artículos 229 y 230, que disponen:

ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con
lo regulado en el presente capítulo. […]

13 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda

persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

8

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

Artículo 230.Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares
podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez
o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista
otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo
caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones
o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar
el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de
una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de
hacer o no hacer. […]

23. Adicional a la norma transcrita, en el artículo 234 ibidem se establece de
manera especial la procedencia de las “medidas cautelares de urgencia”,
circunstancia que podría predicarse en el asunto objeto de estudio y de la cual
puede hacer uso la parte demandante dentro del respectivo proceso, dice la norma:

[…] ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación
de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá
adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se
evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete. […]

24. Al respecto, tal como lo dispone la normatividad en cita, debe aclararse que
las medidas cautelares que puede solicitar no solo están encaminadas a suspender
los efectos de los actos cuya legalidad se pretende cuestionar sino a tomar las
decisiones pertinentes para proteger provisionalmente el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.

25. De tal manera, corresponde al juez natural del asunto determinar la medida
más apta para proteger el objeto del proceso iniciado, frente a lo cual debe
resaltarse que esto no implica, únicamente, la suspensión de la norma cuya
legalidad se cuestiona y mucho menos justifica el uso del recurso de amparo
constitucional, eximiéndose de promover los medios de control procedentes.

26. A juicio de la Sala, no se evidencia que la solicitud de tutela sea el mecanismo
adecuado para analizar los actos administrativos expedidos por la Comisión
Escrutadora Municipal y el delegado departamental de la Registraduría Nacional del

9

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

Estado Civil en Boyacá, con los que se le negó el reconocimiento de la curul de
oposición en el Concejo Municipal de Nuevo Colón pretendida por el demandante.

27. Sumado a esto, debe precisarse que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional14 y de esta corporación ha sostenido que la solicitud de tutela resulta
improcedente cuando el demandante no ha interpuesto los mecanismos ordinarios de
defensa que están a su alcance para propender por la protección de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados.

28. Sin perjuicio de lo anterior, debe abordarse la posibilidad de que el
mecanismo constitucional sea viable como mecanismo transitorio, ante la posible
existencia de un perjuicio irremediable. Punto en el cual, el demandante argumentó
su configuración, en tanto el interregno entre la interposición del medio de control
procedente y su pronunciamiento de fondo representaría una afectación a sus
derechos.

29. Al respecto, en concordancia con lo expuesto por el a quo constitucional,
debe señalarse que las medidas cautelares están diseñadas para dar una
protección oportuna y expedita, además de que en el presente caso resta más del
50% del periodo constitucional 2024-2027 del Concejo Municipal de Nuevo Colón,
circunstancias frente a las cuales no se observa la configuración de los requisitos
de inminencia, urgencia y gravedad que amerite la intervención del juez de tutela,
ni siquiera de manera transitoria.

30. A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada
por Willinton Eduardo Pulido Ibáñez no cumple con el requisito de la subsidiariedad,
toda vez que contaba con otros mecanismos de defensa judicial para lograr que se
dejara sin efectos los actos administrativos mencionados.

3. Conclusión

31. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo a través de
la cual declaró improcedente, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, la
solicitud de amparo presentada por Willinton Eduardo Pulido Ibáñez contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Concejo
Municipal de Nuevo Colón.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

14 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. “(…)

En este orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos
establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados,
es innegable que la acción de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos
vencidos ni de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas
en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha manifestado esta
Corporación (…)”.

10

Radicado: 15001-23-33-000-2025-00105-01
Demandante: Willinton Eduardo Pulido Ibáñez.

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Willinton Eduardo Pulido Ibáñez contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Concejo Municipal de
Nuevo Colón.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.