RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00101-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00101-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00101-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER al señor Joselín Díaz Aguillón como coadyuvante de la parte accionante. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 24 Ibidem. 25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01 Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata TERCERO: REVOCAR la sentencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00101-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

15 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: ELKIN ALFONSO REYES PLATA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de 11 de febrero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Elkin Alfonso Reyes Plata solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso,
al acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado
número 68001-23-33-000-2024-00024-02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que fue elegido alcalde del Municipio de Oiba en las elecciones de
autoridad territorial llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023.

2.2. Indicó que el señor Fredy Andrés Galvis Barrera interpuso la demanda de nulidad
electoral núm. 68001-23-33-000-2024-00024-00/02 contra el acto de su elección
por presunta trashumancia electoral y haber incurrido supuestamente en prácticas
corruptas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

2.3. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Santander, autoridad judicial que, mediante providencia de 26 de agosto de 2024,
negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Refirió que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y que la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó, mediante sentencia
de 7 de noviembre de 2024, el fallo de primera instancia y en su lugar declaró la
nulidad de su elección.

2.5. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales a
elegir y ser elegido, al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad
en conexidad con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
legalidad, al incurrir en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

2.6. Expuso frente al defecto sustantivo que la Sección Quinta del Consejo de Estado
desconoció el “[…] “principio in dubio pro democracia” y los derechos de
participación política del Alcalde Elkin Alfonso Reyes Plata (en particular, el derecho
a elegir y ser elegido) […]”.

2.7. Agregó que la Sala replanteó la tesis según “[…] la cual la distribución de los votos
trashumantes en elecciones uninominales debe considerar la diferencia de sufragios
entre los dos primeros candidatos para determinar si es necesario convocar a
nuevas elecciones — y no aplicar la distribución ponderada vigente al momento de
las elecciones—, esta nueva postura no puede aplicarse retroactivamente a
elecciones que se consolidaron bajo la interpretación previa de esta Corporación
[…]”.

2.8. Añadió que al introducir una nueva regla, sin previo aviso, se alteraba la confianza
legítima de candidatos y electores que actuaron bajo el entendimiento vigente en el
momento de las elecciones, es decir que no se podía analizar la nulidad con base
en el nuevo enfoque jurisprudencial.

2.9. Advirtió que hubo un desconocimiento del precedente judicial porque la Sección
Quinta del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia que venía utilizando, para
resolver los casos de trashumancia electoral.

2.10. Por último advirtió que la actual tesis jurisprudencial desconoce “[…] el derecho
fundamental del debido proceso, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, y en forma directa se atenta contra el derecho fundamental de
elegir y ser elegido, toda vez que se está sorprendiendo a los candidatos que
confiaron en que, ese hecho ajeno a los candidatos valga la redundancia, como lo
es la trashumancia electoral, tenía una regla jurisprudencial aplicable, distinta a la
que ahora se asume por la Sala […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

“[…] 5.1. Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), notificada
el ocho (8) del mismo mes y año, proferida por la Secretaría respectiva, dentro
del proceso de nulidad electoral, bajo el radicado No. 68001-23-33-000-2024-
00024-02, la cual declaró la nulidad del acto de elección del Alcalde de Oiba
– Santander (2024-2027) Elkin Alfonso Reyes Plata, por encontrarse
demostrada la trashumancia electoral, incurrió en violación de sus derechos
fundamentales a ser elegido para dicho cargo, debido proceso, y los principios
de seguridad jurídica, confianza legítima, legalidad, entre otros.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos
fundamentales de Elkin Alfonso Reyes Plata a la participación, en su versión
de elegir y ser elegido, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,
a la igualdad, al acceso a la administración pública, a la seguridad jurídica, a
la tutela judicial efectiva, a la confianza legitima y al debido proceso.

5.3. Que se deje sin validez la sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024), notificada el ocho (8) del mismo mes y año, proferida por
la Secretaría respectiva, dentro del proceso de nulidad electoral, bajo el
radicado No. 68001-23-33-000-2024-00024-02, la cual declaró la nulidad del
acto de elección del Alcalde de Oiba - Santander (2024-2027), y en su lugar
se ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los
parámetros constitucionales, legales y precedentes constitucionales con
fuerza vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela.

5.4. En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el Alcalde Elkin
Alfonso Reyes Plata, haya sido removido del cargo, por quien le corresponda
el cumplimiento de los fallos aquí impugnados, oficiar informándole la decisión
adoptada y los efectos automáticos de incorporación al cargo del accionante,
una vez se adopte la decisión de primera instancia, en caso de ser favorable,
aún en caso de haberse realizado una nueva elección atípica, teniendo en
cuenta el principio que establece que el que es primero en el tiempo es
primero en el derecho y por cuanto de realizarse una elección nueva, sería
con fundamento en la existencia de vacante definitiva, y en caso de prosperar
la presente tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y de
derecho tenidos en cuenta para la segunda elección, produciéndose el
decaimiento del acto administrativo de la elección posterior […]”. [Subrayado
original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 17 de enero de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de Santander,
al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los
señores Fredy Andrés Galvis Barrera, Edilberto Andrés Sierra Gutiérrez, Joselín
Díaz Aguillón, Juan Camilo Sánchez Carvajal y Yojan Leonardo Peñaranda
Quintero.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

5.1. El Tribunal Administrativo de Santander realizó un recuento de las
actuaciones surtidas en la segunda instancia dentro del proceso de nulidad
electoral núm. 68001-23- 33-000-2024-00024-02 y señaló que “[…] no le está
dado pronunciarse frente a la presunta configuración de dichos defectos sobre
providencias judiciales que no ha proferido, máxime, cuando se trata de una
decisión expedida por el H. Consejo de Estado, órgano de cierre de esta
jurisdicción […]”.

5.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del jefe de la oficina
jurídica de la entidad, manifestó que no tiene injerencia en la decisión que adoptó
la Sección Quinta del Consejo de Estado y solicitó su desvinculación del presente
proceso.

5.3. El Consejo Nacional Electoral, mediante apoderada adscrita a la oficina de
asesoría jurídica y de defensa judicial de la entidad, indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no ha vulnerado los derechos aludidos
por la parte actora y solicitó su desvinculación.

5.4. El señor Joselín Díaz Aguillón manifestó que coadyuvaba las pretensiones de
la acción de tutela y solicitó revocar la sentencia de proferida el 7 de noviembre
de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 11 de febrero de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de
tutela, con base en lo siguiente:

“[…] De lo expuesto, la Sala encuentra que, en la providencia del 7 de
noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en
el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente; si bien el ad quem
decidió aplicar una nueva regla jurisprudencial, esto no afecta el principio de
confianza legítima tal y como lo estableció la jurisprudencia que tuvo en
cuenta el juez electoral para definir la controversia.

En este punto, es importante resaltar que, la sentencia del 10 de octubre de
2024, del proceso con radicado núm. 15001-23-33-000-2023-00483-01, que
fijó la nueva pauta frente a la trashumancia electoral, estudió también los
efectos inmediatos del cambio de jurisprudencia y estableció que, después de
un análisis fáctico, el juez de conocimiento, de acuerdo con su criterio, puede
decidir si aplica la nueva regla jurisprudencial en un caso anterior a ella,
cuando se vean afectados derechos fundamentales. Destacó que aplicar una
nueva regla de jurisprudencia no viola el principio de confianza legítima, por
las razones que a continuación se citan:

[…]

Citado lo anterior, es claro entonces que el ad quem aplicó una regla
jurisprudencial vigente al momento de expedir la sentencia de segunda

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

instancia y que se encontraba facultado para hacerlo, pues así lo estableció
la sentencia que creó la nueva regla con respecto a la trashumancia.

Citado lo anterior, es claro entonces que el ad quem aplicó una regla
jurisprudencial vigente al momento de expedir la sentencia de segunda
instancia y que se encontraba facultado para hacerlo, pues así lo estableció
la sentencia que creó la nueva regla con respecto a la trashumancia.

Por consiguiente, no es de recibo la afirmación que hace la parte accionante,
esto es, que la trashumancia se cometió porque la jurisprudencia anterior no
la calificaba como causal de nulidad electoral; independientemente de la
consecuencia jurídica que esta tuviera, es una conducta reprochable dentro
de los procesos electorales.

Por otra parte, en lo que refiere al defecto sustantivo por inaplicación
normativa, no es cierto que la Sección Quinta del Consejo de Estado no
estudiara lo dispuesto en el artículo 281 del CPACA, ya que, como bien lo
resaltó dentro del fallo, en el acápite de «cuestión previa», la indebida
acumulación de pretensiones no se encuentra dispuesta dentro del artículo
133 del CGP como causal de nulidad.

[…]

En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Quinta del
Consejo de Estado no incurrió en el defecto sustantivo por inaplicación
normativa y de desconocimiento del precedente judicial alegado en el escrito
de tutela, toda vez que la sentencia del 7 de noviembre de 2024 aplicó la
jurisprudencia vigente para su caso en concreto y, así mismo, respetó las
garantías procesales […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia con base en
lo siguiente:

“[…] De la lectura del fallo, se desprende que, solo se abordó el
desconocimiento del precedente por el cambio jurisprudencial y el defecto
sustantivo por inaplicación normativa, en cuanto a la prohibición de fallar
causales objetivas y subjetivas en el mismo caso. Pero se olvidó de todo el
problema jurídico planteado, lo que hace que el suscrito, antes de presentar
los reparos en contra del fallo impugnado, plantee una discusión académica
que no solo ha sido desarrollada por este defensor, sino que ante la
displicencia con la que se fallan las acciones de tutela contra providencia
judicial, se torne en una problemática de acceso a la administración de justicia
y que esta herramienta tan necesaria en nuestro Estado Social de Derecho,
se torne nugatorio e inservible.

[…]

En efecto, lo primero que hay que advertir es que, con el debido respeto del
Consejo de Estado – Sección Quinta, se violó el precedente, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, el acceso a la administración de justicia y el
debido proceso del Sr. Reyes Plata, tal violación amparada bajo “la
hermenéutica constitucional de órgano de cierre que permite cambiar el
precedente” y que al tratarse de una causal de nulidad netamente objetiva, y
ante su comprobación, el juez electoral podía determinar su incidencia, en

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

frases de la Sección Quinta; cosa que raya abruptamente con la inseguridad
jurídica que elección tras elección, la Sección Quinta ha creado.

Hacer un cambio de jurisprudencia, de manera inapropiada, aplicándose
desde la publicación de un fallo, que no es de Sala Plena del Consejo de
Estado, viola los derechos fundamentales de los candidatos a este tipo de
cargos, toda vez que plantearon toda su estrategia de defensa durante el
proceso de nulidad electoral, amparados en una regla pacífica y reiterada que
venía de vieja data, más exactamente desde el 2008, por lo que en
consideración del suscrito, no se puede permitir que el fallador, bajo criterios
propios, cree caos e inseguridad jurídica en materia electoral, labor en la que
se vienen presentándose los yerros que habré de plantear, para buscar, en lo
posible, que sean corregidos y se pacifique, con reglas uniformes y con
interpretaciones ajustadas a derecho, las reglas para entender el concepto de
aplicación de los efectos de cambio de jurisprudencia.

[…]

De otra parte, preocupa a la defensa que con base en argumentos en
decisiones de una Sala del Consejo de Estado, que fueron desarrollados y
traídos al mundo jurídico hasta el diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024), se viole todo el precedente de esa misma Sala, de las decisiones de
las otras Salas del Consejo de Estado y las decisiones que había revisado,
en sede de revisión, la Corte Constitucional, como defraudar la confianza
legítima de los candidatos, los electores y todo el aparato electoral y de
gobierno que se pone en marcha en una elección de estas. Por lo que no se
puede ser tan sesgado, que a partir de una regla creada de manera abrupta,
donde se viola la seguridad jurídica, arribando a tal conclusión con dificultad
interpretativa y aplicativa de las disposiciones nuevas hilando de manera muy
delgada en el ejercicio de la modulación de los efectos, se obligue a la
repetición de una elección, en este evento municipal, cuyos costos ascienden
a una suma asombrosa de aproximadamente dos mil millones de pesos
M/CTE ($2.000.000.000), cuando nos encontramos frente a uno de los
municipios que su economía se basa en la piscicultura, la apicultura y sus
habitantes no asciende la suma de doce mil (12.000), lo cual resulta infame y
estructura un verdadero detrimento patrimonial para el país, o por lo menos
genera una situación con un grave impacto fiscal, no permitido al expedirse la
ley, conforme lo dispone el artículo 7 de la ley 819 de 2003.1

[…]

Así las cosas, del caso en concreto se desprende que, aplicar esta nueva tesis
en nuestro caso específico, sin haberla anunciado previamente, afecta
gravemente la confianza legítima del Alcalde Reyes Plata, quien basó su
candidatura, campaña y estrategia de defensa en el proceso electoral en la
interpretación vigente en ese momento, respaldada por la jurisprudencia
anterior de esta Corporación. Al momento de las elecciones, la distribución
ponderada de los votos trashumantes se interpretaba de manera distinta, y el
Alcalde, así como los electores y su entonces defensa, actuaron confiando en
esa interpretación establecida, la cual daba una seguridad jurídica que debía
ser respetada.

1 ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier

proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y
deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la
exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso
adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

Adicionalmente, resulta ilógico y apenas reprochable que la duda generada
por la presunta trashumancia se traslade únicamente a quien resultó ganador
de las elecciones, mientras que nada se menciona sobre la certeza y
convicción del demandante, en torno a la conducta prohibitiva que alega y en
la cual el Alcalde Reyes Plata no tuvo ninguna participación. El Consejo de
Estado aplicó toda la duda y responsabilidad al Alcalde, anulando su elección
sin considerar el interés directo del demandante, quien, al haber quedado en
segundo lugar, tienen un claro beneficio en la anulación del acto electoral, sin
que se comparta la responsabilidad o se tenga certeza que todos los votos
trashumantes fueron depositados al candidato ganador; no se puede hacer
una lectura sesgada y atribuirle toda la responsabilidad a un candidato.

[…]

Con base en los hechos, fundamentos y causales específicas de la acción de
tutela, solicito a los Honorables Consejeros y Consejera de Estado, revocar el
fallo de primera instancia y acceder a las pretensiones del escrito inicial, para
proteger la seguridad jurídica, la confianza legítima, la jurisprudencia
constitucional y, sobre todo, los derechos fundamentales del Sr. Elkin Alfonso
Reyes Plata […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestiones previas

VIII.2.1. Solicitud de desvinculación

9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral.

10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
7
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

11. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral fueron parte dentro del medio de nulidad
electoral en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente mecanismo
de amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico
para ser vinculadas a esta acción constitucional.

VIII.2.2. De la solicitud de coadyuvancia

12. El señor Joselín Díaz Aguillón manifestó que coadyuvaba las pretensiones de
la acción de tutela.

13. Al respecto, el inciso 2º del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala
que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

14. La Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la coadyuvancia surge en los
procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado
del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por
el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por
el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8.

15. El solicitante intervino en el proceso de nulidad electoral objeto de esta acción
y fue vinculado en el auto admisorio de la tutela en condición de tercero, por lo
que la Sala considera tiene un interés legítimo.

8 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T- 2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo; 16 de diciembre de 2010.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

16. Envirtud de lo anterior, se encuentran acreditados los presupuestos para
reconocer a al señor Joselín Díaz Aguillón como coadyuvante de la parte
accionante.

VIII.3. Problemas jurídicos

17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.

18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción

9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en
dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

26. El señor Elkin Alfonso Reyes Plata solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso,

11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

al acceso a cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado
número 68001-23-33-000-2024-00024-02.

27. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

28. El requisito de procedencia de la relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental14 y no con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.

29. En las acciones de tutela contra providencias judiciales16, el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las
garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se
descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces17.

30. Al respecto la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación 18,
sostuvo:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple

14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

31. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

32. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202320.

33. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales21.

34. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque
el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

35. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso, al acceso a
cargos públicos y a la igualdad en conexidad con los principios de seguridad
jurídica, confianza legítima y legalidad por incurrir en un defecto sustantivo y en
un desconocimiento del precedente judicial.

36. Expuso frente al defecto sustantivo que la Sección Quinta del Consejo de Estado
desconoció el “[…] “principio in dubio pro democracia” y los derechos de
participación política del Alcalde Elkin Alfonso Reyes Plata (en particular, el derecho
a elegir y ser elegido) […]”.

37. Agregó que la Sala replanteó la tesis según “[…] la cual la distribución de los votos
trashumantes en elecciones uninominales debe considerar la diferencia de sufragios
entre los dos primeros candidatos para determinar si es necesario convocar a

20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

nuevas elecciones — y no aplicar la distribución ponderada vigente al momento de
las elecciones—, esta nueva postura no puede aplicarse retroactivamente a
elecciones que se consolidaron bajo la interpretación previa de esta Corporación
[…]”.

38. Añadió que al introducir una nueva regla, sin previo aviso, se alteraba la confianza
legítima de candidatos y electores que actuaron bajo el entendimiento vigente en el
momento de las elecciones, es decir que no se podía analizar la nulidad con base
en el nuevo enfoque jurisprudencial.

39. Advirtió que hubo un desconocimiento del precedente judicial porque la Sección
Quinta del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia que venía utilizando, para
resolver los casos de trashumancia electoral.

40. Por último advirtió que la actual tesis jurisprudencial desconoce “[…] el derecho
fundamental del debido proceso, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, y en forma directa se atenta contra el derecho fundamental de
elegir y ser elegido, toda vez que se está sorprendiendo a los candidatos que
confiaron en que, ese hecho ajeno a los candidatos valga la redundancia, como lo
es la trashumancia electoral, tenía una regla jurisprudencial aplicable, distinta a la
que ahora se asume por la Sala […]”.

41. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

42. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

43. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda
instancia, en el proceso contencioso, revocó la sentencia de primera instancia y
en su lugar declaró la nulidad de su elección como alcalde de Oiba.

44. En síntesis, la parte accionante aduce que la autoridad judicial accionada no
podía modificar y aplicar a su caso la regla jurisprudencial que se adoptó en la
sentencia de 7 de noviembre de 2024.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

45. En este punto, se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada expuso en forma razonable los motivos por los que debía
modificarse la regla jurisprudencial:

“[…] En este orden, debe ponerse de presente que el 20 de octubre de 2024,
el apoderado del demandante solicitó76 que se aplicara «la nueva línea
jurisprudencial», propuesta en la sentencia de la Sección Quinta, del 10 del
mismo mes y año, dentro del proceso de radicado núm. 15001-23-33-000-
2023-00483- 0177, en lo relativo al cálculo de la incidencia y que, en
consecuencia, se convoque a nuevas elecciones, toda vez que la diferencia
entre los dos candidatos a la Alcaldía de Oiba, es de 63 votos, mientras que
la cantidad probada de trashumantes es de 117.

Frente a dicha solicitud, en primer lugar, se debe advertir que fue radicada
luego de vencido el término de traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia, lo cual da cuenta de su extemporaneidad.

Sin embargo, la Sala no puede desconocer que, es lo cierto que, tratándose
de cargos uninominales, esta Sección, en la referida providencia, fijó una
nueva regla jurisprudencial, que debe atender por ser la tesis vigente, frente
al cálculo de incidencia de las irregularidades relacionadas con la
configuración de la causal de nulidad, prevista en el numeral 7 del artículo 275
de la Ley 1437 de 2011, esto es, por trashumancia.

En efecto, como da cuenta la sentencia del 10 de octubre de 2024, la Sala
concluyó que cuando la cantidad de trashumantes es mayor a la diferencia
entre los tres primeros candidatos que alcanzaron el mayor número de votos,
es lo procedente anular la elección y convocar a nuevas elecciones. En este
sentido, se fijó la siguiente regla:

[…] la Sala considera pertinente y justificado, modificar su tesis jurisprudencial
cuando se trata de la causal de trashumancia en las elecciones para un cargo
uninominal. Así, objetivamente, para determinar la incidencia en que se
invoque este reparo de nulidad electoral, en esos precisos casos
(unipersonales), se tendrá en cuenta la siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la
diferencia de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los
dos en caso de que solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se
deberá convocar a nuevas elecciones. Si la votación afectada por la
trashumancia es menor o igual a la diferencia que existe entre los 3 primeros
candidatos, el acto de elección prevalecerá.

En su momento, esta Sección consideró que, para calcular la incidencia de la
votación trashumante, era necesario aplicar el método que mejor atendiera a
la verdad electoral porque:

[…] aun cuando el método de afectación ponderada en los asuntos de
trashumancia corresponde a una tradición jurisprudencial de vieja data (que
por demás se encuentra ampliamente justificado), ello no implica que sea el
único; sobre todo en asuntos como el que ahora se estudia, en el que la
votación transeúnte es potencialmente significativa, si se tiene en cuenta que
supera con creces la diferencia de votos entre los tres candidatos a la Alcaldía
de Nuevo Colón (Boyacá).

En ese orden, mal haría la Sala en continuar aplicando el método de
afectación ponderada, para determinar la incidencia de las irregularidades por

16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

trashumancia, teniendo en cuenta la existencia de un nuevo precedente de
esta Sección, según el cual, tratándose de elecciones para cargos
uninominales, se deberá convocar a nuevas elecciones si la votación de
trashumantes resulta mayor a la diferencia de sufragios, «sumados entre los
3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo sean 2 aspirantes)».

Por tanto, como en el presente asunto el tribunal comprobó la existencia de
117 votantes trashumantes y la diferencia entre los dos únicos candidatos es
de 63 votos, no hay lugar a dudas que es lo procedente aplicar la regla
jurisprudencial vigente y adoptada por la Sección Quinta.

Como ya se explicó, en este caso, en las elecciones para elegir alcalde de
Oiba, (Santander), periodo 2024-2027, participaron dos candidatos, quienes
obtuvieron la siguiente votación, de acuerdo con el formulario E-26 del 3 de
noviembre de 2024:

De lo anterior, se tiene que la diferencia de votos entre los candidatos a la
Alcaldía de Oiba fue de 63 votos, cifra que es menor a la cantidad de votación
de trashumantes en el municipio, que fue de 117.

En consecuencia, comoquiera que la cantidad de votos por trashumantes
supera la diferencia entre los dos únicos candidatos, en aras de garantizar la
transparencia y la verdad en el procedimiento electoral, esta Sala anulará el
acto demandado, porque las irregularidades demostradas (117 votos
trashumantes) tienen incidencia en el resultado de la elección que se
cuestiona.

Por último, esta Sala considera pertinente precisar, como lo hizo en la
providencia citada, que con la aplicación del nuevo precedente no se
encuentra desatendido el principio de confianza legitima del demandado, en
tanto, la causal de nulidad invocada, en este asunto, es de carácter objetivo,
lo que significa que su configuración «no depende de su actuar sino del
resultado de las votaciones en el que participaron terceros ajenos al
municipio. Luego, la incidencia de esa irregularidad atiende a criterios
igualmente neutrales y no dependen de una conducta subjetiva que haya
desplegado la parte pasiva en este asunto, sobre la base del precedente
judicial anterior».22

[…]

Conforme lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 26 de agosto de 2024
del Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda, para, en su lugar, declarar la nulidad de la elección de Elkin Alfonso
Reyes Plata […]”.

46. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la autoridad contenciosa administrativa y no

22 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de octubre de 2024. Radicado núm. 15001- 23-33-000-2023-

00483-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

47. De hecho, lo que se aprecia es que el juez realizó un estudio de las pruebas
aportadas al proceso y concluyó que como en el presente asunto el tribunal
comprobó la existencia de 117 votantes trashumantes y la diferencia entre los dos
únicos candidatos es de 63 votos, no hay lugar a dudas que es lo procedente
aplicar la regla jurisprudencial vigente y adoptada por la Sección Quinta.

48. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”23.

49. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”24. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”25.

50. Con fundamento en lo anterior, esta Sección revocará el fallo impugnado y en
su lugar declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER al señor Joselín Díaz Aguillón como coadyuvante de la
parte accionante.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5
de febrero de 2021.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00101-01
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata

TERCERO: REVOCAR la sentencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.