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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00024-02

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00024-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Revocar la sentencia de 26 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata, como alcalde de Oiba, periodo 2024-2027, con el fin de que las autoridades electorales convoquen a nuevas elecciones para dicha dignidad, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: Exhortar al Tribunal Administrativo de Santander para que, en lo sucesivo, de aplicación a las reglas especiales que rigen el trámite del contencioso electoral, especialmente, en lo que hace referencia a la acumulación de causales de nulidad. TERCERO: Reconocer al abogado, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, identificado con cédula de ciudadanía 19.338.748, con tarjeta profesional 30.144, del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del demandado. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2024-00024-02

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de noviembre de 2024

Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02
Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata, alcalde de Oiba. (Santander),
periodo 2024-2027

Temas: Trashumancia, prácticas corruptas en campaña electoral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala procede a decidir el recurso de apelación, interpuesto por Fredy Andrés
Galvis Barrera, contra el fallo de 26 de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo
de Santander, que negó la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como
alcalde de Oiba (Santander), periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1. Fredy Andrés Galvis Barrera solicitó que se anule la elección de Elkin Alfonso
Reyes Plata como alcalde de Oiba (Santander), contenida en el formulario E-26 ALC
del 3 de noviembre de 2023, y, en consecuencia, se excluyan los votos obtenidos a
su favor, se realice un nuevo escrutinio y se declare la elección de quien
corresponda.

2. Así mismo, a título de petición «subsidiaria» pidió excluir i) 221 votos
depositados en la mesa 29 de la cabecera municipal porque, según su criterio,
votaron personas que fueron autorizadas por el registrador delegado, sin cumplir
con los requisitos legales del artículo 117 del Código Electoral, ii) 1292 personas que
votaron a pesar que la inscripción de su cédula fue revocada, iii) los votos de las
personas que votaron en la contienda municipal, a pesar de no tener arraigo en
Oiba, Santander3 y iv) los de jurados de votación que no podían ser designados ni
sufragar en Oiba, ya que no residen en el municipio4.

1
De las personas relacionadas a folio 4 de la demanda.
2
De las personas relacionadas a folios 4 y 7 de la demanda.
3
De las personas relacionadas a folios 8 al 39 de la demanda. (1.345 personas).
4
De las personas relacionadas a folios 39 al 42 de la demanda. (26 personas).

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1

Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

2. Fundamentos fácticos

3. La Sala los resume de la siguiente manera:

4. El accionante afirmó que el 29 de octubre del 2023 se llevaron a cabo las
elecciones de alcalde, en el municipio de Oiba, Santander, en el cual se instalaron
31 mesas de votación, 29 en la cabecera y 2 en el corregimiento de Puentellano.

5. Expuso que el CNE dictó la Resolución 5855 del 2 de agosto del 20235, en la
cual dejó sin efectos la inscripción de 150 cédulas. Que, adicionalmente, mediante
Resolución 8779 del 8 de septiembre del 20236, se revocó la inscripción de 199
ciudadanos, que relacionó en su demanda7.

6. Precisó que, mediante la Resolución 11448 de 20238, se repuso
parcialmente, la Resolución 5855, en el sentido de permitir que algunos ciudadanos
ejercieran su derecho al voto en Oiba9. Sin embargo, adujo que esa decisión
obedeció a que el alcalde expidió certificados de residencia10, pero, afirmó que luego
de consultar el ADRES y el SISBEN, su conclusión es que dichas «certificaciones
de vecindad expedidas por el mandatario son espurias ya que son personas no
residentes en Oiba».

7. Asimismo, resaltó que el CNE, en la Resolución 12954 de 2023, el 11 de
octubre de 202311, resolvió reponer la revocatoria de la inscripción de las cédulas
de 25 ciudadanos y con la Resolución 14114 del 22 de octubre del 202312, adoptó
la misma decisión con otro ciudadano (fl. 94 de la demanda).

5
«Por medio de la cual se deja sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, en el
Municipio de OIBA del Departamento de SANTANDER, para las elecciones de autoridades locales
de 29 de octubre del año 2023».
6
«Por medio de la cual se deja sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, en el
Municipio de OIBA del Departamento de SANTANDER, para las elecciones de autoridades locales
de 29 de octubre del año 2023».
7
A folios 73 al 92
8
«Por la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos contra la resolución N° 5855 del 2 de
agosto del 2023, por medio de las cuales se adoptaron decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el municipio de OIBA del Departamento de SANTANDER, para las elecciones de
autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre del año 2023- el CNE».
9
Folio 92 de la demanda. (18 personas)
10
Ver listado folio 93 de la demanda.
11
«Por la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos contra la Resolución N° 5855 del 02
de agosto del 2023 y la Resolución N° 8779 del 8 de septiembre de 2023, por medio de las cuales
se adoptaron decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio de OIBA del
Departamento de SANTANDER, para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de
octubre del año 2023»
12
“Por la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 8779 del 8 de
septiembre de 2023, por medio de las cuales se adoptaron decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el municipio de OIBA del Departamento de SANTANDER, para las elecciones de
autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre del año 2023.”

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
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8. Según el actor, «en inspección realizada a los documentos electorales E-11
por autorización expresa de los Delegados Departamentales, se pudo constatar que
131 ciudadanos sufragaron13, incurriendo en la conducta reprochada en el artículo
275-7 de la Ley 1437 de 2011».

9. Resaltó que, sumado a lo anterior, del cruce de la información del censo
electoral con la ADRES existen ciudadanos14 que sufragaron y residen en otra
ciudad, a saber, 53 personas, en la mesa 2; 77 en la mesa 3; 100 en la mesa 4; 60
en la mesa 5; 87 en la mesa 6; 51 en la mesa 7; 49 en la mesa 8; 93 en la mesa 9;
99 en la mesa 10; 70 en la mesa 12; 102 en la mesa 13; 39 en la mesa 15; 74 en la
mesa 17; 82 en la mesa 18; 83 en la mesa 20; 112 en la mesa 21; 80 en la mesa
22; 34 en la mesa 29 de la cabecera municipal.

10. Manifestó que el registrador delegado autorizó la votación de 22 personas en
la mesa 29 de la cabecera municipal, sin el cumplimiento de las exigencias
establecidas en el artículo 117 del Código Electoral y en la Resolución 9828 del
202215. Agregó, que no se precisó si esas personas eran funcionarios que estaban
en comisión, dados de baja erróneamente por muerte, por decisión judicial o acto
del CNE.

11. Adujo que el demandado realizó prácticas corruptas en su campaña para la
alcaldía de Oiba, pues la inició por fuera del calendario electoral, entregando
«mercados y regalos en épocas de navidad», sin que se conozca la fuente de esos
recursos. Además, alegó que hizo propaganda de ejecución de obras que, en
realidad, le corresponden al municipio, aunado a que la administración local
respaldó indebidamente su aspiración, lo que a todas luces coaccionó la votación
de los ciudadanos.

12. Por tanto, a su juicio, esto implicó la comisión de delitos, como
constreñimiento al sufragante (art. 387 Código Penal) y financiación de campañas
con fuentes prohibidas (art. 396A ibidem).

13. Adicionalmente, informó que también participaron con su voto algunos
jurados de votación16 que no podían ser designados ni sufragar en Oiba,
(Santander), porque no son residentes de ese ente territorial.

14. Indicó que solicitó copia de los formularios E-11, para constatar las
irregularidades descritas, pero que las autoridades negaron su petición. Por tal
motivo, hizo una inspección, en la cual, en su sentir, pudo comprobar que votaron

13
A folio 95 de la demanda adjuntó listado con 131 personas.
14
Folios 98 al 129.
15
«Por la cual se adoptan medidas para la expedición de la autorización del voto (Formulario E-12)
en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se celebrarán el 29 de mayo
de 2022».
16
Enlistados a folios 129 al 132. (26 personas).

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
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personas no residentes del municipio, otras cuya inscripción fue revocada, y que,
además, en la mesa 29 de la cabecera municipal sufragaron personas que fueron
habilitadas sin justificación por el registrador delegado.

3. Normas violadas y concepto de la violación

15. El actor, para fundar sus pretensiones, invocó como causales de anulación
las contenidas en los artículos 137 y 275.7. del CPACA.

16. El demandante adujo que se vulneraron las siguientes normas: artículos 48
y 117 del Código Electoral; artículos 40 y 258 de la Constitución Política; artículo 4
de la Ley 163 de 1994; artículo 275.7 de la Ley 1437 del 2011 y artículos 47 y 48 de
la Ley 1475 del 2011.

17. Para la parte actora, se incurrió en la causal de infracción a las normas en
que debería fundarse el acto, porque el registrador autorizó el sufragio de 22
ciudadanos, sin contar con los soportes documentales que acreditaran las
condiciones previstas en el artículo 1° de la Resolución 9828 de 2022 y el artículo
117 del Código Electoral, para permitirles votar, entre ellas, cédula inhabilitada
erróneamente por muerte, cumplimiento de una misión institucional, error en la lista
de sufragantes, acto administrativo del CNE, o la resolución que nombró jurados de
reemplazo.

18. Además, dicha autorización se expidió en forma irregular porque carece de
los soportes documentales que acreditaran que los ciudadanos hubieran sido dados
de baja por muerte, estuvieran cumpliendo alguna misión institucional, existiera un
error en la lista de sufragantes, hubiera acto administrativo del CNE o hubiese sido
designado jurado de reemplazo.

19. Sostuvo que también se dictó con desviación de poder porque si bien el
registrador municipal es el funcionario competente para expedir las autorizaciones
para que algunos ciudadanos puedan sufragar, «no puede dicho funcionario
desviarse de sus atribuciones funcionales que se encuentran debidamente regladas
y abrogarse condiciones jurisdiccionales o extralimitarse en sus competencias para
producir actos administrativos».

20. Respecto de la causal de nulidad de prácticas corruptas, adujo que
desconoce los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política.

21. Adujo que es evidente que el demandado hizo campaña apoyado por el
gobierno municipal, y por fuera del calendario electoral, lo que configura una
práctica corrupta que afecta la validez de su acto de elección, pues lesiona el
ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos.

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
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22. Además, alegó que se presentó la irregularidad de trashumancia, por cuanto,
en el municipio votaron personas que no residen en el ente territorial, según
información del ADRES.
23. Informó que el CNE revocó la inscripción de varias cédulas por falta de
arraigo, no obstante, algunos de sus titulares votaron.

24. Igualmente, manifestó que, aunque el CNE17 repuso parcialmente la decisión
de revocar la inscripción de algunas cédulas en el municipio, es lo cierto que esa
decisión no está soportada en los datos del ADRES, en las que se puede determinar
que dichas personas no tienen arraigo en el municipio.

25. Finalmente, manifestó que, en la contienda electoral municipal, sufragaron
jurados de votación que no residen en Oiba, (Santander) y, por tanto, no podían
hacerlo, de conformidad con el artículo 275.7 del CPACA.

4. Trámite en primera instancia

26. Con auto de 19 de enero de 2024, el tribunal admitió la demanda18 y ordenó
las respectivas notificaciones.

5. Contestaciones

5.1. Demandado

5.1.1. Elkin Alfonso Reyes Plata

27. El apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que no se configura el cargo de nulidad electoral, motivo de la demanda.

28. Frente a la segunda pretensión de la demanda19, afirmó que no se aportaron
medios de convicción para acreditar que los ciudadanos votaron a favor del
demandado, así mismo, no se indicó a qué candidato debían restársele los votos o
si se favoreció a otros aspirantes, para proceder a descontar la votación a quien
correspondiere.

29. Recalcó que, no existe causal de nulidad electoral, en tanto, lo que observa
es la exposición de lo que el demandante considera que constituye tal juicio de
reproche sin respaldo probatorio.

30. Afirmó que no hay pruebas que permitan establecer si los ciudadanos

17
Sin precisar de cual se trata.
18
Ordenó notificar personalmente a Elkin Alfonso Reyes Plata, a la RNEC, al CNE y al agente del
Ministerio Público. Mediante auto de 29 de febrero de 2024 negó la medida cautelar, decisión que
fue apelada y confirmada por decisión del 2 de mayo del mismo año.
19
«… se excluyan del cómputo los votos contenidos en su favor y en consecuencia, en caso de
proceder se realice un nuevo escrutinio y se declare la elección de quien le sigue en votación y se
expida la Credencial respectiva…».

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referidos en la demanda votaron en el evento democrático, como tampoco se
demuestra la falta de arraigo de quienes sufragaron, para determinar la posible
incidencia en el resultado electoral.

31. Advirtió que el acervo probatorio lo conforman actos administrativos, fotos y
videos que no revelan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos
narrados en la demanda.

32. Adujo que no es posible establecer sin son ciertas las consultas a la ADRES
referidas por el actor en relación con algunos números de cédula. Además, que
existen procedimientos específicos y términos establecidos para la revisión eficaz y
oportuna del censo electoral, para realizar los cruces de información y la depuración
de la información suministrada por los electores.

33. Señaló que la residencia electoral corresponde al lugar en el que se tiene
inscrita la cédula de ciudadanía para votar. Agregó que tal circunstancia es una
presunción que parte del hecho de que los ciudadanos para registrar dicho
documento deben concurrir personalmente ante la autoridad electoral del lugar en
el que pretenden ejercer el derecho al voto, de conformidad con el artículo 78 del
Código Electoral, actuación que está revestida del principio de buena fe que, para
ser desvirtuado, debe demostrarse probatoriamente.

34. Sostuvo que las 22 personas a las que se refiere el demandante fueron
habilitadas para votar en Oiba, de conformidad con las resoluciones aportadas y no
se acreditó la falta de respaldo probatorio en la expedición de los formularios E-12.

35. Indicó que, del contenido de la Resolución 9828 del 22 abril de 2022,
mediante la cual se adoptan medidas para la expedición de autorización del
formulario E-12, no es dable advertir que se requiera de acto administrativo para su
expedición.

36. Manifestó que, de las pruebas allegadas al proceso no es posible establecer
que las personas que, según afirma, sufragaron en la mesa 29 de la cabecera
municipal, no fueron autorizadas.

37. Destacó que es falso que el demandado haya incurrido en prácticas corruptas
que atenten contra la pureza y libertad del voto, pues esas afirmaciones no tienen
respaldo probatorio.

38. Acotó que los documentos aportados con la demanda no reúnen los
requisitos exigidos por los artículos 244 y 247 del Código General de Proceso sobre
idoneidad y pertinencia. Además, las conversaciones, audios y fotos de Whatsapp
no corresponden a mensajes de datos, en tanto no cumplen con las exigencias de
validez necesarias para considerarse como prueba.

39. Desconoció los referidos documentos y sostuvo que no se identificó a

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quienes aparecen en las fotografías; como tampoco es posible establecer si tales
actividades se realizaron durante alguna campaña electoral, de manera que no es
dable establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas
y la incidencia que tuvieron en las elecciones.

40. Consideró que no fueron eficaces las decisiones del CNE, en las que revocó
la inscripción de cédulas de ciudadanía para sufragar, en tanto, si tales personas
ejercieron el derecho al voto es porque estaban relacionadas en los formularios E-
10 y E-12, no obstante, del material probatorio obrante en el proceso, no es posible
establecer si, efectivamente, votaron o no en el municipio.

41. Al respecto, indicó que no tiene conocimiento si tales personas, luego de
resueltos los recursos interpuestos, fueron habilitadas para sufragar en sitio
diferente a aquel donde realizó la inscripción, como lo dicen las resoluciones del
CNE.

42. Manifestó que, de conformidad con la jurisprudencia20 de esta Sección y por
lo establecido en la Ley 136 de 1994, para que se configure el cargo de
trashumancia, se requiere demostrar que (i) el presunto trashumante no es morador
del respectivo municipio; (ii) no tiene asiento regular en el mismo; (iii) no ejerce allí
su profesión u oficio y (iv) no posee algún negocio o empleo. Además, que
efectivamente votaron y la incidencia de esos votos en los resultados finales de los
comicios, circunstancias que no se acreditaron por la parte demandante.

43. Señaló que, una vez se designa a un jurado de votación, el nombrado debe
concurrir a cumplir con su obligación, so pena de hacerse acreedor de sanciones,
pues dicho cargo es de forzosa aceptación, por tanto, consideró que no es
procedente anular los votos depositados por esto funcionarios, más aún, cuando no
se demostró que hayan sufragado o que no residían en el municipio.

5.1.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

44. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva21, en
tanto los hechos narrados en la demanda no guardan relación con las facultades y
funciones que le asignan la Constitución y la ley y, además, el acto de elección
demandado fue proferido por la Comisión Escrutadora Municipal, organismo
conformado por funcionarios de la Rama Judicial y, la Comisión Escrutadora
Departamental, integrada por delegados del CNE.

45. Manifestó que, en el caso bajo análisis, el 23 de agosto de 2023, la
Registraduría Municipal de Oiba realizó la publicación y fijación de la Resolución
5855 del 2 de agosto de 2023, expedida por el CNE, correspondiente a la inscripción
irregular de cédulas de ciudadanía.

20
Sentencia de 9 de febrero de 2017, MP, Lucy Jeannette Bermúdez, radicado 11001-03-28-000-
2014-00112-00.
21
Fue negada, mediante auto de 19 de abril de 2024.

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46. Igualmente, el 30 de septiembre de 2023, se fijó en cartelera de la
Registraduría Municipal de Oiba la Resolución 8779 del 8 de septiembre de 2023,
proferida por el CNE, mediante la cual dejó sin efecto la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía en dicho municipio.

47. Frente a la censura relacionada con el ejercicio del derecho al voto por parte
de los jurados de votación, señaló que, de conformidad con el numeral 3 de la
Resolución 23596 del 12 de octubre de 2023, expedida por el registrador relegado
en lo Electoral, estos funcionarios están autorizados para hacerlo, mediante el
formulario E-12. Precisó que tales documentos fueron expedidos, de conformidad
con lo dispuesto en el Código Electoral, el Decreto 1010 de 2000 y la Resolución
2396 de 2023.

48. Así mismo, presentó la excepción que denominó imposibilidad de alteración
de resultado por parte de la RNEC22, argumentando que a los jurados de votación
les corresponde diligenciar el formulario E-14 y a los escrutadores tramitar y resolver
la información contenida en el E-24. Explicó que son servidores ajenos a la entidad,
por lo que, considera que el legislador, en aras de la transparencia, quiso que fueran
actores distintos a los que organizan los comicios, quienes de manera
independiente le atribuyeran validez a los votos y dirimieran las reclamaciones.

5.1.3. Joselín Díaz Aguillón, (impugnador)23

49. En calidad de tercero a favor de la parte demandada, afirmó que las personas
que sufragaron en la mesa 29 de la cabecera municipal, fueron autorizadas por el
registrador municipal al cumplir con los requisitos para ello y por el CNE mediante
las Resoluciones 11448 del 27 de septiembre, 12954 del 11 de octubre de 2023 y
por la Resolución 1015 del 12 de octubre de 2023 expedida por la RNEC, pero que,
no obstante, por el corto tiempo que restaba para las elecciones, no alcanzaron a
ser incluidas en el censo electoral y debieron hacerlo mediante la autorización
(formulario E-12).

50. Señaló que no es cierto, que el demandado hubiera hecho campaña desde
finales del año 2022, «repartiendo mercados y regalos en época de navidad» ni que,
en asocio con el alcalde de la época, hubiera participado en labores como pintar
escuelas, actividades, que fueron adelantadas por la misma comunidad de la
vereda, en coordinación con la junta de acción comunal y padres de familia, sin que
tales labores estén prohibidas legalmente.

51. Adujo que no se acreditó la presunta asistencia de contratistas de la alcaldía
municipal al evento organizado en la Vereda Barro Blanco, así como tampoco que
funcionarios de la misma hubieran sido objeto de amenazas por no acompañar la
campaña del demandado.

22
En la sentencia la declaró probada al no prosperar los cargos de la demanda.
23
Admitida mediante auto de 29 de febrero de 2024.

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52. En relación con el uso de la página oficial del municipio de Oiba, como
plataforma política en favor del demandado, aludiendo a que recibían likes, precisó
que en dicha dirección electrónica (https://oibasantander.micolombiadigital.gov.co/)
no es posible incluir me gusta o compartir, u otros.

53. Agregó que, en las páginas oficiales de la alcaldía no aparecieron imágenes
de ningún candidato, pero sí de obras que se realizaban, donde la comunidad en
general libremente se manifestó.

54. Indicó que no le asiste razón al demandante al sostener que, al realizarse un
cruce de información sobre el censo electoral para el municipio de Oiba y las
personas que relaciona en su listado, encontró que no aparecen en el ADRES y
que, por tanto, no residen en el municipio; consideró que esa afirmación no es
suficiente para respaldar este dicho, en tanto puede suceder que estas personas
residan en otras ciudades y se encuentren zonificadas en las mismas, para la
prestación de los servicios de salud.

55. Frente a la censura dirigida contra el voto depositado por los jurados de
votación, aseguró que tales funcionarios están autorizados para sufragar en el lugar
donde ejercen dicha función, por tanto, este reproche no está llamado a prosperar.

56. Señaló que es improcedente que se excluyan del cómputo de votos las
cédulas relacionadas por el demandante, pues estas se encontraban registradas en
el censo electoral del municipio y ejercieron el derecho al voto por estar autorizadas
para sufragar.

57. Propuso la excepción de falta de individualización de actos para cada uno de
los 22 votantes referidos a la mesa 29 de la cabecera municipal, en tanto, el
demandante no los especificó para cada una de estas personas en el mencionado
lugar de votación.24

58. Comentó que el CNE, mediante Resolución 5855 del 2 de agosto de 2023,
revocó la inscripción irregular de algunas cédulas de ciudadanía, inscritas entre el
29 de octubre de 2022 y el 29 de julio de 2023. Explicó que los afectados
interpusieron recurso de reposición, resuelto mediante Resoluciones 11448 del 27
de septiembre de 2023 y 12954 del 11 de octubre de 2023, en las que se acreditó
la residencia electoral de 18 personas, mientras que cuatro no la demostraron.

5.1.4. Yojan Leonardo Peñaranda Quintero (Impugnador)25

59. De acuerdo con el interviniente, los votantes que relaciona el demandante,

24
Mediante auto de 19 de abril de 2024, el tribunal la interpretó como inepta la demanda y la
desestimó al considerar que la parte demandante cumplió a cabalidad con la exigencia de
individualizar el acto administrativo demandado.
25
Admitido, mediante auto de 29 de febrero de 2024.

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9

Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

como trashumantes, no aparecen en la información contenida en el ADRES y el
SISBEN, con domicilio en el municipio.

60. Afirmó que de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección26, se
presume que el votante tiene relación con el municipio donde ejerce profesión u
oficio, posee negocio o empleo, correspondiéndole al demandante probar lo
contrario.

61. Señaló que no se allegaron medios de convicción que acrediten que las
personas que votaron en el municipio de Oiba, mencionadas en la demanda y
culpadas de trashumancia, no ejercían profesión u oficio, que no tenían negocio o
empleo en el citado municipio.

62. Propuso las excepciones de ausencia de material probatorio que sustente la
causal de nulidad invocada, en tanto, es deber legal27 del demandante demostrar la
presunta trashumancia en la jornada electoral, celebrada el 23 de octubre de 2023
en el municipio de Oiba, sin que sea suficiente con adjuntar listas de nombres y
cédulas de ciudadanía para ser considerados sin arraigo en el municipio, porque no
aparecen en el SISBEN o en el ADRES y con este supuesto solicitar sea declarado
nulo el acto demandado.

63. Al respecto indicó que es claro que al demandado no le corresponde ejercer
ningún tipo de control o verificación de cómo se desarrolla el proceso electoral, por
tanto, no estaba obligado a verificar ni realizar vigilancia respecto de la forma en
que los ciudadanos inscribieron su cedula de ciudadanía en el municipio de Oiba,
atribución que está en cabeza de la RNEC y del CNE.

64. Adicionalmente, esgrimió que el accionante no prueba la incidencia de la
presunta trashumancia electoral en el resultado final del proceso electoral.

5.1.5. Juan Camilo Sánchez Carvajal28 (Impugnador)

65. Precisó que, por tratarse de una demanda por causales objetivas, le
correspondía a la parte demandante presentar un análisis estructurado que
permitiera probar la configuración de la presunta trashumancia y su afectación en el
resultado final de las elecciones. Agregó que no se acreditó que los ciudadanos que
presuntamente incurrieron en la causal de trashumancia no cumplían con los
requisitos de arraigo y, además, no se especificó qué votos en concreto son nulos29.

66. Indicó que el demandante tampoco identificó los nombres de las personas

26
Mencionó la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021, radicado 7600-23-33-000-2019-
01203-01.
27
Se refirió a los artículos 103 de la Ley 1437 de 2011 y 167 del Código General del Proceso.
28
Reconocido mediante auto de 28 de mayo de 2024.
29
Al respecto, hizo referencia a las decisiones de esta Sección sentencia de 26 de febrero de 2014,
MP, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado 66001-23-31-000-2012-00011-01; sentencia de
27 de agosto de 2009, MP, Susana Buitrago Valencia, radicado 44004-23-31-000-2007-00246-01.

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

presuntamente trashumantes, la mesa en donde votaron, la exclusión decretada de
su inscripción y el hecho de haber votado estando excluida la cédula por la
Registraduría.

67. Señaló que no es posible establecer el sentido del voto de las personas
contra quienes se dirige el reproche, por tanto, debía aplicarse el método de
ponderación que ha venido implementando la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por lo que no hay lugar a que varíe el resultado electoral excluyendo los 22
votos que representan los sufragantes de la mesa 29 de la cabecera municipal.

68. Precisó que el concepto de residencia electoral es diferente al de domicilio,
como lo ha definido claramente la jurisprudencia30 y que la inscripción electoral se
presume legal, en todos los casos.

69. Aludió que, frente a las presuntas prácticas corruptas, no existe prueba
alguna que demuestre tales afirmaciones, por tanto, solicita conminar al
demandante para que se abstenga de realizar esos señalamientos.

6. Auto que ordena trámite de sentencia anticipada

70. En providencia del 16 de mayo de 202431, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada; se decretaron las pruebas aportadas por las partes y las de oficio y se
fijó el litigio32.

7. Alegatos de conclusión en primera instancia

7.1. Demandante

71. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

7.2. Demandado (Elkin Alfonso Reyes Plata)

72. Su apoderada judicial insistió en los argumentos presentados con la
contestación de la demanda y manifestó que los cargos endilgados no se
configuraron, en tanto, se desvirtuaron las causales de nulidad contra el acto de
elección demandado.

73. Frente al reproche relacionado con la mesa 29 de la cabecera municipal,
afirmó que no le asiste razón al demandante, cuando afirma que se expidieron

30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2004, radicado 20001-23-
31-1000-2003-03760-01 (3448).
31
Contra la cual no se interpusieron recursos. Índice Samai 65 de primera instancia.
32
Al respecto, indicó que, «para efectos de la fijación del litigio se tendrá en cuenta los hechos
relevantes de la demanda y el pronunciamiento que frente a ello se realizó en la contestación de la
misma, así como los demás extremos del litigio, esto es, las pretensiones, los fundamentos de
derecho y los argumentos de defensa de los demandados».

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
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autorizaciones en forma irregular y con desviación de las atribuciones propias de
quien las profirió, pues con la demanda allega las mismas resoluciones que,
nuevamente, habilitan para votar a las personas cuestionadas.

74. En cuanto a la censura referente a las presuntas prácticas corruptas del
demandado, aseguró que corresponden a apreciaciones subjetivas del demandante
sin ningún respaldo probatorio, con desconocimiento de lo dispuesto en el artículo
167 del CGP, de probar el supuesto de hecho que persigue, dentro de las
«oportunidades procesales para el efecto».

75. Recalcó que los documentos aportados con la demanda para,
supuestamente, demostrar los hechos planteados, no reúnen los requisitos para ser
considerados idóneos o pertinentes y acreditar los hechos endilgados, en tanto, no
corresponden a mensajes de datos, porque no cumplen con los requerimientos
establecidos en las normas y en las decisiones jurisprudenciales para ser aceptados
como material probatorio.

76. Indicó que el domicilio que registra el ADRES solo aplica para efectos de esta
entidad y no con efectos para ejercer su derecho al voto en otro municipio. Aunado
a ello, afirmó que las inscripciones de cédulas para votar en determinada
jurisdicción, no obedecen únicamente a factores de residencia, por lo que los
argumentos esbozados por el demandante son equivocados, insuficientes,
imprecisos y sin respaldo probatorio.

77. Sostuvo que en el cuadro aportado por el demandante, con el listado de
cédulas y una columna identificada como ADRES, en donde se mencionan unos
municipios, no se aportaron los nombres de las personas, ni puestos de votación y
mesas correspondientes y que tampoco se sabe si sufragaron o no.

78. En relación con el reproche relacionado con los jurados de votación, precisó
que no existe material probatorio que permita establecer que tales personas
sufragaron en esa mesa. Explicó que desconoce los actos administrativos de
designación de jurados, no obstante, se presume su legalidad y, agregó que, frente
a este hecho, el demandante se limitó a afirmar que no podían votar porque no
fueron autorizados, no siendo esto argumento suficiente para declarar la nulidad de
la elección demandada.

7.3. Juan Camilo Sánchez Carvajal (Impugnador)

79. Reiteró lo expuesto en su intervención y afirmó que el demandante no
cumplió con la carga probatoria para demostrar los hechos que invocó, sino que
trasladó al tribunal la labor de revisar si habían existido casos de trashumantes, en
forma genérica, actuación que no le corresponde adelantar, en tanto es impuesta a
las partes.

7.4. Yojan Leonardo Peñaranda Quintero (Impugnador)

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80. Reiteró lo expuesto en el escrito de intervención y solicitó negar las
pretensiones de la demanda, ante la ausencia de elementos probatorios, que
acrediten los cargos invocados.

7.5. Joselín Díaz Aguillón (Impugnador)

81. Sostuvo que los actos administrativos expedidos por la RNEC, en torno al
asunto bajo análisis, gozan de la presunción de legalidad, además, no fueron
tachados de falsos por la parte demandante, por tanto, debe dárseles la credibilidad
que les corresponde.

82. Manifestó que al demandante le correspondía indicar la forma como el
resultado de las elecciones del día 29 de octubre de 2023 variaría por la presunta
existencia de votos depositados por sufragantes trashumantes, no obstante, no
cumplió con este deber probatorio.

83. En cuanto a la solicitud de exclusión de los 129 votos de personas que
votaron, a pesar de que la inscripción de la cédula fue revocada por el CNE, adujo
que no hubo precisión frente a la formulación del cargo, en tanto se hizo de forma
genérica e indeterminada, sin precisar los que sufragaron el 29 de octubre de 2023,
como tampoco la mesa donde lo hicieron y la incidencia que las presuntas
irregularidades producían en el resultado electoral.

7.6. Registraduría Nacional del Estado Civil

84. Replicó los argumentos expuestos en la contestación a la demanda, según
los cuales la entidad cumplió con el procedimiento logístico en el desarrollo del
proceso electoral celebrado en el municipio de Oiba.

85. Hizo referencia a los artículos 4° de la Ley 163 de 1994; 2.3.1.8.6 del Decreto
1294 de 2015; Resolución No. 2857 del 30 de octubre de 2018; artículos 76, 78, 80
y 81 del Código Electoral y artículo 49 de la Ley 1475 de 2011, que tratan de la
residencia electoral y del proceso de inscripción de cédulas, para resaltar que la
competencia para avocar conocimiento, resolver controversias o para llevar a cabo
modificaciones o revocatorias de una inscripción suscitada por trashumancia
electoral radica en el CNE y no en la RNEC.

86. Señaló que, en el caso bajo análisis, las votaciones realizadas, mediante
autorización de los formularios E-12, expedidos por el registrador municipal, se
dieron en atención a lo dispuesto en el Decreto 2241 de 1986, Decreto 1010 de
2000 y la Resolución 2396 de 2023.

8. Concepto del Ministerio Público

87. No rindió concepto.

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9. Fallo de primera instancia

88. El Tribunal Administrativo de Santander, previo a resolver el asunto de fondo,
mediante sentencia del 26 de agosto de 2024, indicó que, pese a que la demanda
se fundó en causales de nulidad objetivas y subjetivas, como lo es la comisión de
prácticas corruptas, procedería a resolver de mérito el asunto, teniendo en cuenta
el carácter público de la acción electoral y que para dichas causales de nulidad se
sigue el mismo procedimiento.

89. Negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar acreditados los
presupuestos fácticos y jurídicos, necesarios para declarar la nulidad de la elección
demandada. Al respecto, resolvió los problemas planteados de la siguiente forma:

1. ¿Se configuran las causales de nulidad de infracción de la normatividad
en que debió fundarse, expedición irregular y desviación de poder
previstas en el artículo 137 del CPACA?

90. En relación con la autorización de ciudadanos para votar en la mesa 29 de la
cabecera municipal de Oiba, concluyó que, se expidió el formulario E-12, que
autorizó a 22 personas para sufragar, el cual se fundó entre otras razones, en las
Resoluciones del CNE 1144833 del 27 de septiembre de 2023 y 1295434 del 11 de
octubre de 2023 y la comisión expedida por la Fiscalía General de la Nación
mediante Resolución 0-112135 del 10 de octubre del mismo año.

91. Indicó que en los referidos actos del CNE se repuso parcialmente la decisión
de dejar sin efectos la inscripción de 9 cédulas de ciudadanía y, en su lugar,
mantuvo la inscripción en el último lugar donde inscribieron su cédula, al encontrar
acreditada la residencia electoral de los recurrentes, de conformidad con las
pruebas aportadas.

92. Asimismo, respecto del Acto 0-1121 del 10/10/2023, expedido por la Fiscalía
General de la Nación, encontró que los ciudadanos identificados con cédulas de
ciudadanía 1031128659 y 78717205 fueron designados, como Unidad Móvil, para
asumir las funciones de policía judicial en las zonas electorales del municipio de
Oiba, Confines, Guapota, Guadalupe, Suaita y Gámbita (art. 16), y el ciudadano

33
Por la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos contra la resolución N° 5855 del 2 de
agosto del 2023, por medio de las cuales se adoptaron decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el municipio de OIBA del Departamento de SANTANDER, para las elecciones de
autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre del año 2023.
34
Por la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos contra la Resolución N° 5855 del 02
de agosto del 2023 y la Resolución N° 8779 del 8 de septiembre de 2023, por medio de las cuales
se adoptaron decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a
determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el municipio de OIBA del
Departamento de SANTANDER, para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de
octubre del año 2023.
35
Aportada con la respuesta a la demanda por parte de la RNEC, páginas 74 a 79. Índice Samai 30
de primera instancia.

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alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
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identificado con cédula 91430848, como «coordinador zonas electorales de las
Unidades de Policía Judicial CTI de San Gil, Charalá, El Socorro – Oiba» de la
Coordinación Sección de Policía Judicial de Santander (art. 25).

93. Por lo anterior, concluyó que los titulares de las referidas cédulas de
ciudadanía, se encontraban autorizadas para sufragar en la mesa 29 de la cabecera
municipal, de acuerdo con el artículo 11736 del Código Electoral y las causales 2 y
4 del artículo 1°37 de la Resolución 982838 del 22 de abril de 2022, pues su
autorización para sufragar, contenida en el formularios E-12, se expidió con
fundamento en los citados actos administrativos, que se encuentran amparados por
la presunción de legalidad, consagrada en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

94. Finalmente, señaló que la censura del demandante de que los certificados de
vecindad, expedidos por el alcalde municipal de la época son falsos, en tanto
corresponden a personas no residentes en el municipio de Oiba y que acompañaron
la campaña del candidato Elkin Alfonso Reyes Plata, no tiene respaldo probatorio,
y menos aún que dicho certificado haya sido expedido porque «estas personas
acompañaron la campaña del señor REYES PLATA», no habiéndose aportado la
certificación de vecindad.

2. ¿Se incurrió en la causal de nulidad contenida en el numeral 7 del art. 275
de la Ley 1437 de 2011: «tratándose de la elección por voto popular por
circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes
en la respectiva circunscripción»?

95. En cuanto al cargo, según el cual se incurrió en la causal del artículo 275
numeral 7, de la Ley 1437 de 2011, puesto que 129 personas votaron, a pesar de

36
ARTÍCULO 117. El ciudadano cuya cédula de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente
cancelada por muerte, tendrá derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el
Registrador del Estado Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante
certificación que se le expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante
la cédula de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una
vez que ésta y aquél resulten debidamente comprobados.
En las certificaciones aludidas, que se expedirán en papel de seguridad, se hará constar el motivo
de la autorización. Copia de ellas deberá enviarse a la Registraduría Nacional.
La Registraduría Nacional dispondrá qué funcionarios de la organización electoral pueden expedir
tales certificaciones de manera que se facilite el ejercicio del sufragio.
37
«Artículo 1°. Adoptar medidas para que los Registradores del Estado Civil, expidan la autorización
del voto (Formulario E-12), en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se
celebrarán el 29 de mayo de 2022, en los siguientes casos:
1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del Código Electoral.
2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido comisionados,
trasladados, o a quienes se les presente alguna situación administrativa que ocasione la movilización
de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada directamente con el proceso
electoral y la cédula se encuentre incorporada en el Censo Electoral.
3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial.
4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del Consejo Nacional
Electoral.
(…)»
38
«Por la cual se adoptan medidas para la expedición de la autorización del voto (Formulario E-12)
en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se celebrarán el 29 de mayo
de 2022»

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que la inscripción de su cédula fue revocada39,.

96. Precisó que, frente a las censuras referidas a que: i) las personas que, de
acuerdo con el demandante, a pesar de no residir en Oiba, sufragaron en el
municipio y ii) los ciudadanos que fueron designados, como jurados de votación en
Oiba, y no eran residentes en la entidad territorial, obran en el plenario las
Resoluciones 8779 del 8 de septiembre de 2023, 5855 del 2 de agosto de 2023,
11448 del 27 de septiembre de 2023, 12954 del 11 de octubre de 2023 y 002 del 05
de octubre de 202340, modificada por la 003 del 18 de octubre de 2023, el formulario
E-6 AL, donde consta la inscripción de la candidatura de Elkin Alfonso Reyes Plata,
formulario E-26, que declara su elección como alcalde del citado municipio y el
formulario E-11, que contiene el registro de los ciudadanos que sufragaron en cada
mesa.

97. Al respecto, estimó que, valorados en conjunto los citados medios de
convicción, resultan insuficientes para acreditar la configuración de los elementos
de la trashumancia, en tanto, de ellos no es dable advertir que los ciudadanos
enlistados en la demanda y que ejercieron su derecho al voto conforme al formulario
E-11, carecían de arraigo en el municipio de Oiba como tampoco los jurados de
votación.

98. Agregó que el demandante se limitó a invocar la causal de trashumancia sin
respaldar probatoriamente su dicho, frente a la información del ADRES en que fundó
la residencia de los ciudadanos relacionados en la demanda, en otro municipio.

99. Manifestó que, si bien el Consejo de Estado ha admitido el indicio como
medio de prueba, fundamentado en los reportes que pueden ofrecer los órganos del
Estado, igualmente ha considerado que de estos no es posible establecer con
certeza, la residencia electoral, aun cuando sí ofrezcan una señal significativa frente
a la presencia de la irregularidad, advirtiendo que es necesario que tales informes,
se analicen en conjunto con otros elementos de juicio.

100. Sostuvo que la parte actora no allegó los medios de convicción que
desvirtuaran la presunción de residencia de los votantes que enlistó en la demanda
y, con ello, acreditar la materialización de la causal de nulidad de trashumancia que
endilgó al acto de elección demandado, por lo que no hay lugar a realizar el estudio
del elemento de incidencia de su voto en el resultado de las elecciones.

101. Asimismo, frente al reparo formulado por el actor, según el cual votaron 129
personas cuya inscripción de su cédula había sido revocada41, y que, pese a que el
CNE repuso parcialmente tal decisión, la misma no está soportada en los datos del

39
Páginas 4-7 de la demanda (pretensión cuarta).
40
«por la cual se nombran los jurados de votación del municipio de Oiba-Santander para las
elecciones territoriales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles) que se realizarán
el 29 de octubre de 2023».
41
Páginas 4-7 de la demanda (pretensión cuarta).

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ADRES incurriendo en la conducta prohibitiva consagrada en el numeral 7 del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, concluyó lo siguiente:

102. En cuanto a los referidos 129 ciudadanos, encontró las siguientes
situaciones:

• 7 de las cédulas relacionadas, no registran inhabilitación, no acreditándose
irregularidad alguna frente a su inscripción.
• De los 18 ciudadanos que interpusieron recurso de reposición contra la Resolución
8779 del 8 de septiembre de 2023, a 5 de ellos se les resolvió favorablemente
mediante Resolución 12954 de 2013, habilitados nuevamente para ejercer el derecho
al voto.
• 117 ciudadanos sufragaron habiendo sido dejada sin efecto la inscripción de sus
cédulas por no establecer su arraigo electoral en el municipio, mediante Resolución
5855 del 2 de agosto de 2023 y Resolución 8779 del 8 de septiembre de 2023; número
dentro del que se incluyen las 13 personas a quienes se les resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto.

103. Luego, al constatar que 117 personas, a quienes se les había revocado su
inscripción de la cédula por falta de arraigo, sufragaron en el municipio, encontró
acreditados los requisitos requeridos para la prosperidad del cargo objeto de
análisis, advirtiendo que, frente a las demás, no se encuentra desvirtuada su
presunción de residencia.

104. En línea con lo anterior, manifestó que, dado que el voto es secreto, no es
posible establecer cuál de los 2 candidatos a la alcaldía resultaría beneficiado con
la irregularidad acreditada, por tanto, estableció la incidencia de los votos
trashumantes en el resultado electoral, mediante la aplicación del sistema de
afectación ponderada.

105. Aplicado dicho método, concluyó que, no obstante, haberse acreditado la
existencia de 117 votos irregulares, dicha cifra no tiene la incidencia suficiente para
que los resultados obtenidos en la elección a la Alcaldía de Oiba fueran distintos,
por tanto, la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de dicho municipio,
debe permanecer incólume, y en tal virtud, declaró no probada la causal de nulidad
objeto de estudio. Para el efecto insertó el siguiente cuadro:

CANDIDATO VOTACIÓN VOTOS A NUEVO TOTAL
OBTENIDA RESTAR
E-26
FREDY ANDRES GALVIS 3.590 54 3.536
BARRERA

ELKIN ALFONSO REYES 3.653 61 3.592
PLATA

VOTO EN BLANCO 114 2 112

TOTAL 7.357 117 7.240
(votos válidos) (votos irregulares) (nuevos votos
válidos)

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Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
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3. ¿El señor ELKIN ALFONSO REYES PLATA incurrió en «prácticas
corruptas» que desconoce los artículos 40 numeral 1 y 258 de la
Constitución Política?

106. Ahora, respecto del estudio de la causal de «prácticas corruptas adelantadas
directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que afecten la pureza
y libertad del voto de los electores» (arts. 40 y 258 de la Constitución Política).

107. Hizo referencia a las denuncias y quejas presentadas ante la Procuraduría
General de la Nación, la RNEC, el CNE, Tribunal de Garantías, la MOE, entre otras,
relacionadas con la campaña electoral del demandado. Asimismo, a los videos e
imágenes fotográficas allegadas al plenario.

108. Afirmó que la sola denuncia presentada por Edgardo Antonio Chacón Rueda
ante la Procuraduría General de la Nación, el CNE y Registrador Nacional42, no
constituye prueba de que los hechos en que se fundamenta sean ciertos.

109. No obra prueba respecto de la presunta violación de los topes de la campaña
por parte del demandado, en relación con el presunto «derroche de dinero» por
cuenta de las actividades «extremadamente onerosas» que le atribuyó el actor en
la demanda.

110. En relación con la acusación sobre la existencia de «ríos de dinero», sin
cuantificación alguna y sin referencia siquiera al monto reportado, y sus
cuestionamientos, en relación con las fuentes de financiación de dicha campaña,
consideró que no tienen soporte probatorio, como tampoco que sea hecho notorio
que «los gastos de su campaña superaron con creces los topes permitidos».

111. Igualmente, por no tener respaldo probatorio, desestimó el dicho del actor de
que el candidato no contaba con recursos propios para hacer tales inversiones
económicas, tildando de turbias las fuentes de financiación y estimando que podían
provenir de la administración local. Encontró que dichas afirmaciones correspondían
a especulaciones y apreciaciones del demandante, a quien le correspondía probar
los hechos así atribuidos, con los que pretendía acreditar las invocadas «prácticas
corruptas» en que fundó la causal de nulidad bajo análisis.

112. Frente al contenido de las imágenes, videos y mensajes publicados en el
perfil del demandado en la red social Facebook, lo consideró carente de eficacia
probatoria para acreditar la onerosidad de las actividades implementadas por el
demandado en la comunidad, las condiciones en que las mismas se efectuaron, el
apoyo económico de la administración local en su ejecución o la permisividad que
se le atribuyó como apoyo a la campaña, en tanto de tales censuras no se advierte
la «participación, la anuencia y complacencia de la administración municipal».

42
Samai 3, archivo 5700 primera instancia.

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

113. En cuanto a la reacción «me gusta», desde el perfil oficial de la Alcaldía de
Oiba, dada a una publicación realizada por el demandado, estimó que no tiene la
virtualidad para tener por acreditada la presunta participación directa de la
administración municipal en la campaña de este.

114. Lo anterior, en tanto, se desconoce el día en que tuvo lugar y el manejo que,
de dicho perfil social, se tiene al interior de la alcaldía y, porque, además, dicho acto
no se constituye por sí solo en un hecho positivo y concreto, en beneficio del
candidato, sin que existan medios de convicción que, valorados en conjunto,
permitan tenerlo siquiera como indicio del presunto apoyo recibido.

115. Así mismo, no encontró demostradas las afirmaciones relacionadas con la
asistencia de los contratistas de la alcaldía a los eventos programados por el
demandado y las presuntas amenazas de que eran víctima si no hacían parte de la
campaña de este, ni del presunto uso que el demandado hacía de la maquinaria,
equipos y herramientas del municipio.

116. Sostuvo que no se demostró el presunto apoyo del alcalde municipal a la
campaña del demandado ni la supuesta financiación que dicho mandatario efectúo
a la misma. Tampoco el alegado apoyo del registrador en época de campaña a Elkin
Alfonso Reyes ni de la gestora social del ente territorial.

117. Acerca del evento realizado el 26 de octubre de 2023, aseguró que las
capturas del video e imágenes no constituyen prueba de «la clara injerencia del
alcalde municipal en la campaña de Reyes Plata», en tanto, de la invitación
realizada por aquel a socializar el proyecto objeto de la administración municipal, se
anunció como «el resultado o la gestión más grande hecha en toda la historia» en
el municipio, sin que en aparte alguno se refiera al demandado o a cualquier otro
candidato a la alcaldía, como tampoco que hiciera alusión a algún eslogan que los
identifique.

118. Advirtió que, de este evento, no aportaron probanzas que demuestren la
forma como se desarrolló, desconociéndose si existieron actos de apoyo del alcalde
Julián Diaz Rodríguez hacia el demandado o manifestaciones de su parte o de algún
funcionario de la alcaldía, invitando, proponiendo o exigiendo a la comunidad votar
por el candidato Elkin Alfonso Reyes Plata. Precisó que este hecho no fue invocado
en la demanda, por tanto, no debe tenerse en cuenta como uno de los actos que
puedan configurar un apoyo al demandado.

119. Señaló que las pruebas obrantes en el plenario no permiten tener por
demostrado plenamente que las actividades ejecutadas, a que se hizo alusión,
estuvieran dirigidas a afectar la libertad de los votantes, en tanto, de ellas no se
colige compromiso político alguno frente al voto por el demandado.

120. Aseguró que, los videos y pantallazos referidos, provenientes de las redes
sociales, son documentos respecto de los cuales no hay certeza del origen de la

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

información, por tanto, aplicaría la valoración en conjunto con los demás elementos
de juicio, cobrando especial importancia la prueba indiciaria.

121. Por lo anterior, no encontró demostradas las censuras dirigidas contra el
demandado de haber incurrido en prácticas corruptas que conllevaran a la nulidad
de su elección y, finalmente, negó las pretensiones de la demanda.

122. Finalmente, debido a que encontró acreditado que ciudadanos declarados
trashumantes votaron en el municipio de Oiba, pese a haberse dejado sin efecto su
inscripción por parte del CNE, ordenó remitir esta decisión y copia del expediente a
la Fiscalía General y a la Procuraduría General de la Nación, para que adelanten
las investigaciones pertinentes.

10. Apelación sentencia

123. El demandante comenzó por apoyar lo considerado por el tribunal, en cuanto
que era procedente tramitar el proceso a pesar de que se expusieron causales de
nulidad objetivas y subjetivas, para tal efecto, aludió a la sentencia del Consejo de
Estado de 21 de enero de 2021, radicado 2019-00777.

124. Acto seguido, dio cuenta de las razones que tuvo el tribunal para denegar el
cargo fundado en el artículo 137 del CPACA, frente a lo cual reiteró que las
autorizaciones que se expidieron para que algunas personas votaran carecen de
fundamento probatorio y que las certificaciones expedidas por el entonces alcalde
son espurias, como, en su criterio, lo demuestra «si se revisa el ADRES, SISBEN o
IGAG - esas personas no son residentes del municipio de Oiba».

125. Luego aludió a la trashumancia que alega y al trascribir in extenso el fallo
apelado, alegó que el tribunal «debió solicitar OFICIOSAMENTE al ADRES, al
SISBEN, al IGAG […] y no puede el Despacho desconocer que lo manifestado por
la parte actora en la demanda no fue controvertido por la defensa».

126. Para concluir este reparo expuso que los actos dictados por el CNE con los
cuales revocó la inscripción irregular de algunas cédulas de ciudadanía son legales
y eficaces.

127. Enseguida, en su escrito, expone lo que titula «sobre la necesidad de realizar
la redistribución ponderada» y se limitó a manifestar:

Contrario a lo dicho por el Tribunal, en el entendido que las cédulas revocadas por el
CNE y las cédulas correspondientes a personas no residentes en Oiba (consultadas
en ADRES y SISBEN) sufragaron (según consta en el E11) y que el resultado final se
ve seriamente afectado por la participación del alto grado de trashumancia. Se hace
necesario aplicar la fórmula de redistribución ponderada pues el resultado final- daría
como ganador al señor FREDY ANDRES GALVIS BARRERA por 2.092929436
votos» (sic).

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
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128. Finalmente, el apelante se refiere al cargo formulado por supuesta corrupción
electoral, relató los argumentos del tribunal, recordó las pruebas que allegó con la
demanda y concluyó que «no podía el Despacho desechar las pruebas de la manera
como lo hizo sin que siquiera la parte accionada refiriera a las mismas pues de bulto
se entrevé una desigual favorabilidad para la parte pasiva».

11. Trámite en segunda instancia

129. Mediante providencia de 30 de septiembre de 202443, el despacho ponente
dispuso admitir el medio de impugnación interpuesto, correr traslado del escrito de
apelación, a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir
concepto.

11.1. Alegatos de conclusión

11.1.1. Parte demandante

130. Presentó escrito exponiendo los mismos argumentos contentivos del recurso
de apelación y en los alegatos de conclusión de primera instancia.

131. Manifestó que está acreditado que las personas autorizadas para votar en la
mesa 29 de la cabecera municipal hayan sido dadas de baja por muerte o que
estuvieran cumpliendo algún tipo de misión institucional o que existiera sentencia
judicial que les autorizara a hacerlo. Agregó que dichas autorizaciones son espurias.

132. Afirmó que el tribunal oficiosamente debió solicitar al ADRES, SISBEN, al
IGAG y demás entidades para que certificaran el lugar donde los ciudadanos
relacionados en la demanda, habitaban, laboraban o ejercían una actividad
comercial.

133. Afirmó que en este caso debe darse aplicación al sistema de distribución
ponderada, en virtud a que, contrario a lo dicho por el tribunal, en el caso bajo
análisis sufragaron personas trashumantes, afectándose así el resultado de la
votación, lo que arrojaría como ganador a Fredy Andrés Galvis Barrera por
2.092929436 votos.

134. Frente al cargo de las presuntas prácticas corruptas por parte del
demandado, afirmó que los medios de convicción analizados por el tribunal para
resolver este reproche se presumen auténticos, no fueron tachados de falso como
tampoco controvertidos y gozan de plena validez, por tanto, no comparte la
valoración probatoria que se les asignó.

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Índice 5, Samai.

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
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11.1.2. Demandado – Elkin Alfonso Reyes Plata

135. Mediante apoderado judicial, ratificó las razones expuestas en los alegatos
de conclusión de la primera instancia.

136. Se refirió a la indebida acumulación de causales de nulidad electoral, para
afirmar que el demandante no presentó una debida conclusión argumentativa, que,
igualmente, no concreta el desacuerdo que tiene al respecto, por tanto, no es
procedente su análisis, al no existir sustento jurídico frente a este reparo.

137. Abordó el reproche referido a las causales de nulidad, consagradas en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, mencionadas en la demanda, frente al cual
expresó que el demandante manifiesta que su inconformidad frente a la sentencia
apelada se basa en el cuestionamiento de la legalidad de las Resoluciones 11448
del 27 de septiembre de 2023 y 12954 del 11 de octubre de 2023, expedidas por el
CNE, pero que, no obstante, frente a esta postura del actor, el medio de control de
nulidad electoral no es la oportunidad jurídica para debatir y cuestionar la legalidad
de un acto administrativo que no hace parte de este debate que nos ocupa.

138. Que la discusión propuesta se refiere a si las 22 personas que sufragaron
estaban o no autorizadas para hacerlo, circunstancia que quedó dilucidada, en tanto
se demostró que, mediante las resoluciones proferidas por el CNE en el marco de
las elecciones demandadas, tales personas estaban habilitadas para votar, lo que
hace impróspero este cargo de la demanda.

139. Complementó la anterior exposición señalando que tales actos
administrativos están investidos de la presunción de legalidad y, que dicha condición
debió ser discutida, mediante otros procesos judiciales diferentes al que aquí se
tramita. Agregó que, este reproche no tiene vocación de prosperidad por carecer de
sustento jurídico.

140. Seguidamente, se ocupó del cargo, relacionado con la causal de nulidad,
consagrada en el numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual
consideró que lo pretendido por el demandante con su argumento, es llevar a esta
Sala a considerar que le ha sido vulnerado su derecho al debido proceso, por
cuanto, el despacho del tribunal, de manera oficiosa, no requirió al ADRES, al IGAC
o al Sisbén, pruebas mediante las cuales, según su criterio, se demostraría el no
arraigo de los sufragantes reprochados.

141. En línea con el anterior razonamiento, estimó que el tribunal de primera
instancia, al encontrar probada la irregularidad sobre 117 votos, dio aplicación al
sistema de distribución ponderada el cual arrojó que no existía incidencia y, por lo
tanto, la elección demandada permanecía incólume.

142. Considera confuso el dicho del apelante, en relación con el mencionado
mecanismo de distribución, en tanto pareciera advertir que reprocha el hecho de no

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
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haberse dado aplicación al mencionado sistema; lo que lleva a entender a la parte
pasiva, que posiblemente, se refiere es a los 12 votos frente a los cuales no se
desvirtuó la presunción de residencia, lo cual, en todo caso, tampoco genera
incidencia en el resultado, ya que el demandado tiene una ventaja por 56 votos
sobre el segundo. Por tanto, no prospera este cargo.

143. Manifestó su desacuerdo con el apelante cuando dice que la parte
demandada no demostró que los ciudadanos relacionados en la demanda
catalogados como no residentes en el municipio, si lo eran, en razón a que, como
lo ha manifestado, la residencia electoral está amparada por la presunción, por
tanto, quien la alega debe demostrar lo contrario, en este caso, el demandante, es
por esto que la irregularidad no prosperó frente a 12 votos.

144. Estima que no le asiste razón al memorialista cuando afirma que, de haberse
aplicado el sistema de distribución ponderada, que se cumplió por el tribunal de
instancia, el demandante ganaría por 2.092929436 (sic) votos, guarismo que no se
acompasa con el resultado obtenido en la sentencia apelada que, además, el
demandante no informó el mecanismo que utilizó para obtener esa cifra.

145. Continuó con su exposición, esta vez, haciendo mención al cargo de las
supuestas prácticas corruptas, puntualmente, cuando el recurrente se refirió a que
el material probatorio obrante en el plenario se presume auténtico, por lo que el
tribunal no debió desecharlo dejando entre ver, en su criterio, una favorabilidad
hacia la parte demandada.

146. Frente al anterior señalamiento, indicó que no le asiste razón al memorialista,
por cuanto la parte demandada manifestó su oposición a los documentos aportados
con la demanda, afirmando que los audios, videos, o fotos de páginas o de
conversaciones de WhatsApp, no corresponden a mensajes de datos, porque no
cumplen con los requerimientos establecidos en las normas y en las decisiones
jurisprudenciales para ser aceptados como válidos judicialmente como material
probatorio.

147. Destacó que los reproches que hace el demandante, relacionados con las
presuntas prácticas corruptas por parte del demandado, no tienen respaldo
probatorio alguno, por tanto, no están llamadas a prosperar.

148. Sostuvo que, de conformidad con los artículos 244 y 247 del Código General
del Proceso, las capturas de imágenes en teléfonos no son archivos originales de
conversaciones y son más unas simples fotografías que, como tal, son documentos
que requieren demostraciones diferentes.

149. Aseguró que no se demostró el presunto apoyo por parte de la administración
municipal de la época, como tampoco las obras que menciona el actor se realizaron
con el propósito de incidir en la decisión de los votantes.

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11.1.3. Yojan Leonardo Peñaranda Quintero – coadyuvante pare demandada

150. Reiteró los argumentos de sus anteriores pronunciamientos. Además, indicó
que, si bien es cierto el contencioso electoral se rige por normas especiales, entre
ellas, el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011, este precepto está claramente
orientado a regular nulidades que tienen un impacto directo sobre la sentencia
misma. Sin embargo, el recurso de apelación pretende extender estos argumentos
a situaciones que no se encuentran previstas en dicha norma, por tanto, no son
aplicables al caso bajo análisis.

11.1.4. Joselín Díaz Aguillón (Impugnador)

151. Se refirió a la indebida acumulación de causales de nulidad, para afirmar que
la demanda debió haber sido inadmitida para que fuera subsanada en este aspecto.

152. Agregó que, por lo anterior, el tribunal desconoció el artículo 281 de la Ley
1437 de 2011 y, en su criterio, debió negar las pretensiones de la demanda, sin
haber realizado el análisis de las causales de nulidad invocadas.

153. Manifestó que esta Sala no debe pronunciarse sobre este aspecto de la
apelación y solicitó dictar sentencia inhibitoria y no realizar el análisis de fondo en
este asunto.

154. Adujo que para manifestar su inconformidad sobre la forma como el tribunal
de primera instancia aplicó el sistema de distribución ponderada, el apelante adjuntó
una tabla, sin que ofrezca alguna explicación de su aplicación.

155. Por su parte, el Ministerio Público no se pronunció.

II CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

156. De conformidad con los artículos 15044 y 152, numeral séptimo, literal a) 45
del CPACA, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo

44
«Artículo 150 <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de
vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)
(Negrillas fuera del texto)».
45
«Artículo 152 <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen
de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: […] a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a

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alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
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de Estado, esta corporación es competente para conocer de la apelación
interpuesta contra el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander. Por tanto, es la Sección Quinta quien debe resolver el
asunto porque se demandó el acto de elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como
alcalde de Oiba, periodo 2024-2027, materia que es la especialidad de la Sala
Electoral (art. 13 del Reglamento).

2.2. Cuestión previa

157. La Sala advierte que el tribunal, en la sentencia de primera instancia,
concluyó que debía resolverse el asunto, pese a que la demanda se fundó en
causales de nulidad objetiva (numeral 7º del artículo 275 CPACA) y subjetiva
(artículo 137 ibidem), no obstante, debe advertirse que la acumulación de estas dos
causales, en los términos del artículo 281 de la Ley 1437 del 2011, resulta
improcedente.

158. Ahora, si bien es cierto, la circunstancia antes descrita no es causal de
nulidad procesal, se estima procedente que, como ya lo ha hecho esta Sala en
oportunidades anteriores46, se exhorte al Tribunal Administrativo de Santander para
que, en lo sucesivo, atienda las ritualidades procesales propias del medio de control
de nulidad electoral.

2.3. Acto demandado

159. Se demanda la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como
alcalde de Oiba, contenida en el formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023,
por considerar que se desconocieron los artículos 137 y 275.7. del CPACA.

2.4. Problema jurídico

160. Se debe resolver si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de Elkin Alfonso
Reyes Plata, como alcalde del municipio de Oiba, periodo 2024-2027, al no haberse
demostrado que las 22 personas relacionadas por el actor estaban debidamente
autorizadas para votar; la no residencia de quienes se calificó como trashumantes
y las presuntas prácticas corruptas por parte del demandado.

161. Para resolver la anterior cuestión, la Sala estudiará (i) la trashumancia
electoral y los mecanismos para combatirla, (ii) antecedentes jurisprudenciales
sobre los aspectos que deben acreditarse para predicar la existencia de
trashumancia electoral (iii) de la comisión de prácticas corruptas adelantadas por
los candidatos de elección popular y (iv) el caso concreto.

ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales
del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, […].»
46
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2024. Radicado núm.
23001-23-33-000-2023-00180-01. MP. Gloria María Gómez Montoya.

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2.5. Trashumancia electoral y los mecanismos para combatirla (Reiteración
jurisprudencial)47

162. Teniendo claridad de los anteriores aspectos de la residencia electoral,
resulta más sencillo comprender el concepto de trashumancia electoral que, según
lo ha precisado esta Sección, corresponde a «la acción de inscribir la cédula para
votar por un determinado candidato u opción política en un lugar distinto al que se
reside o en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés»48.

163. Con el fin de prevenir y combatir la anterior conducta, que sin duda alguna
atenta contra la democracia participativa local, se han implementado diversos
mecanismos a los que brevemente se hará alusión, para luego profundizar en uno
de ellos, que consiste en el procedimiento breve y sumario que adelanta el Consejo
Nacional Electoral para definir la residencia electoral, debido a la naturaleza de los
actos cuya nulidad se pretende, dictados por dicha entidad.

164. En tal sentido, puede apreciarse el artículo 389 del Código Penal
Colombiano, que en los siguientes términos reprocha la inscripción irregular de
documentos o cédulas de ciudadanía desconociendo la relación que deben tener
los votantes con el territorio, pues mediante tal conducta se pretende obtener
indebidamente una ventaja en los comicios y/o un provecho ilícito para sí o para
terceros:

ARTÍCULO 389. FRAUDE EN INSCRIPCION DE CÉDULAS. <Artículo modificado
por el artículo 4 de la Ley 1864 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> El que por
cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban
documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a
aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección
popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá
en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba
su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a
aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para
sí o para terceros.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea
realizada por un servidor público.

165. Vale la pena destacar que con la modificación introducida por el artículo 4 de
la Ley 1864 de 2017 al anterior tipo penal, no solo se sanciona a quien logra que
personas habilitadas para votar inscriban sus documentos de identidad en lugares
en los que no les corresponde, sino a quienes inscriben aquéllos para votar en tales

47
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm.
76001-23-33-000-2019-01203-01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
48
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 9 de febrero de 2017. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2014-00112-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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condiciones, en tanto da cuenta de la intención del legislador de hacer consciente
al ciudadano de las consecuencias de su conducta cuando no realiza un ejercicio
honesto del derecho al voto, cuando con el objeto de obtener un provecho ilícito
para él o un tercero, se presta para interferir en decisiones de carácter local en las
cuales no está legitimado, pues no tiene relación con el territorio en el que se llevan
a cabo los comicios.

166. Por otra parte, para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el
numeral 7° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 se encuentra una causal
específica de nulidad de los actos elección o nombramiento relacionado con la
trashumancia, del siguiente tenor:

ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección
o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este
Código y, además, cuando: (…) 7. Tratándose de la elección por voto popular por
circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la
respectiva circunscripción.

167. Aunque de manera expresa mediante la norma transcrita se consagró como
causal de nulidad específica la trashumancia electoral, ello no quiere decir que con
anterioridad dicha conducta no haya sido considerada como un motivo para anular
los votos afectados y eventualmente el acto de elección, pues tal posibilidad fue
aceptada por el Consejo de Estado desde el 28 de enero de 199949, al estimar en
un primer momento que la misma constituía una violación del artículo 316
constitucional y luego50 que también es una modalidad de incurrir en la conducta
prevista en el entonces artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo51,
aspecto en el que en esta oportunidad no resulta necesario ahondar52

49
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario
Alario Méndez. En esta providencia se indicó: «Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la
violación de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución no determina la nulidad de las
elecciones de que se trate y que las consecuencias de esa violación son las establecidas en el
artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según el cual sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera
lugar cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el inscrito no reside en
el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción. La Sala
en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la Constitución prohíbe que en votaciones
que se realicen para la elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en otros
municipios, el voto cumplido contra esa expresa prohibición constitucional es nulo. Y será nula,
consecuentemente, la elección correspondiente, cuando el número de votos nulos sea determinante
de la misma, pues en caso contrario la nulidad del voto resultaría inocua. Entonces, para alegar con
éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe demostrarse que los inscritos no residían
en el respectivo municipio, en el lugar indicado al momento de la inscripción, bajo juramento, en los
términos del artículo 4º, inciso segundo, de la ley 163 de 1.994, y que efectivamente votaron; y
establecer también la incidencia de tales votos en el resultado electoral».
50
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, Rad. 25000-23-24-
000-2000-0768-01(2719), M.P. Mario Alario Méndez.
51
“Artículo 223. Causales de nulidad. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda
corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…) 2. Cuando aparezca que el registro es
falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”
52
Para mayor información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral,
puede apreciarse: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad.
11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 2) Consejo de Estado,

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168. Sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, es
importante tener presente que el Consejo de Estado en sede nulidad electoral ha
considerado que «para desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe
probar, de forma concurrente y simultánea, (i) que el presunto trashumante no es
morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii)
que no ejerce allí su profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o
empleo»53 .

169. Asimismo, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar i)
qué personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar
en él, ii) que estas efectivamente hayan votado y que iii) sus votos tuvieron
incidencia en el resultado de la contienda electoral»54 .

170. Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia
electoral, se encuentra la facultad concedida al Consejo Nacional Electoral por el
artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que mediante un procedimiento
breve y sumario (i) compruebe si el inscrito no reside en el respectivo municipio, y
en caso afirmativo, (ii) declare sin efecto la inscripción correspondiente, con lo cual
se logra evitar que personas ajenas a una entidad territorial tengan injerencia en los
comicios locales.

171. El Decreto 1294 del 17 de junio de 2015, mediante el cual se adicionó el
capítulo 8° al Decreto 1066 de 2015, titulado «Trashumancia Electoral»,
comprendido entre los artículos 2.3.1.8.1 a 2.3.1.8.8., prevé la facultad y el deber
en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cruzar la información
suministrada por los ciudadanos al momento de inscribir su cédula de ciudadanía
para votar en los distintos procesos electorales, con «cualquier base datos pública
o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral» (parágrafo
del artículo 2.3.1.8.3.), aunque el Decreto 1066 de 2015 en sus artículos 2.3.1.8.1 a
2.3.1.8.3 hace referencia a las bases más relevantes para tal efecto55.

Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017, Rad. 68001-23-33- 000-2016-00076-02, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de
2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729), Darío Quiñones Pinilla.
53
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
54
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
55
Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil,
conforme a sus competencias de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información de la
inscripción con el Archivo Nacional identificación y la de datos de las huellas digitales, con el
propósito de verificar la plena identificación de los ciudadanos que inscriben sus cédulas de
ciudadanía para votar en los diferentes procesos electorales. Parágrafo. Las cédulas inscritas desde
el 25 de octubre de 2014 hasta el día 19 de junio de 2015, surtirán, igualmente, el procedimiento
aquí previsto. Para tales efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha
actividad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha fecha. Artículo
2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La Registraduría Nacional del
Estado Civil, acorde con sus competencias, con el fin de determinar la existencia o no de
irregularidades frente a la identidad de quien se inscribe, cruzará la información con el Archivo

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172. Todo con el propósito de entregar los resultados del cruce realizado al
Consejo Nacional Electoral, a fin de que adopte las decisiones correspondientes
frente a la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y, por ende, que se
ofrezcan de manera oportuna y eficaz garantías para el proceso electoral, como lo
indica la parte motiva del Decreto 1294 de 2015 al señalar:

Que el artículo 49 la Ley 1475 de 2011, fijó el periodo de la inscripción para votar de
los ciudadanos, desde el año anterior al proceso electoral y el cierre dos meses antes
de la jornada electoral. Que el término de este plazo, se acortó frente a pasados
procesos electorales que la norma disponía de hasta seis (6) meses antes de la
elección el cierre de la inscripción de los ciudadanos, lo cual deja muy poco tiempo
para que el Consejo Nacional Electoral realice el control correspondiente en ejercicio
del numeral 1° del artículo 265 de la Constitución Política de ejercer la suprema
inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral y las investigaciones a
que haya lugar de inscripción irregular de cédulas. (…) Que con el fin de brindar
garantías para que los procesos electorales sean más transparentes, se asegure la
pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar conductas que puedan
atentar contra los mismos, se hace necesario establecer mecanismos que faciliten la
coordinación interinstitucional y así, permitir un efectivo y oportuno control por parte
del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción de cédulas para combatir
trashumancia electoral.

173. Se hace énfasis en que todo el procedimiento administrativo para combatir la
trashumancia electoral debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto
del mismo puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las
personas relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo que interfieren
indebidamente en la democracia participativa a nivel local. Tan es así, que el
Decreto 1066 de 2015 en su artículo 2.3.1.8.556 (adicionado por el Decreto 1294 de
2015), previó plazos concretos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil
entregue el resultado del cruce de información al Consejo Nacional Electoral, a fin
de que éste adopte las decisiones a que haya lugar.

174. Sobre el particular no puede perderse de vista que la revisión eficaz y
oportuna del censo electoral, también obedece a que la Ley 1475 de 2011 en su
artículo 49, previó a que este se cerrará 2 meses antes de la respectiva jornada

Nacional de Identificación y la base de datos de las huellas digitales. Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de
información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la
información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en
los diferentes procesos electorales, con las siguientes bases de datos: • Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el Departamento
Nacional de Planeación - DNP. • Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del
FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. • Base de Datos de los Beneficiarios
que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE. • Registro
de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría
Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que
se considere útil para establecer la residencia electoral.
56
“Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional
del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada
mes calendario durante el periodo de inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos».

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electoral, de manera tal que la depuración que se emprenda en aras propiciar
comicios transparentes, debe adelantarse de forma permanente antes del plazo
señalado como lo establece el artículo 48 de la misma ley.

175. Lo anterior, porque el propósito no es otro que asegurar que el registro de las
cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes
en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para participar en
las elecciones y concurrir a los mecanismos de participación ciudadana57,
corresponda a la realidad, garantizando así que cada vez que se emprenda un
ejercicio de participación democrática, concurran quienes están habilitados para tal
efecto por el ordenamiento jurídico, que como se expuso con anterioridad, exige el
respeto de la residencia electoral.

176. Adicionalmente, en cuanto al procedimiento administrativo que se viene
explicando, resulta pertinente traer a colación el artículo 2.3.1.8.8 del decreto en
mención, que hace referencia a la posibilidad de que el CNE efectúe el análisis de
trashumancia histórica:

Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con
anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral,
dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la
trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316
de la Constitución Política.

177. En el entender de la Sala, cuando se hace referencia a la trashumancia
histórica, se hace alusión al traslado de ciudadanos de lugar distinto a aquel en que
residen o encuentran un verdadero arraigo o interés, y que influyeron en anteriores
procesos electorales de carácter local, de manera tal que históricamente personas
ajenas a la realidad territorial han incidido en decisiones relativas a la misma, por lo
que resulta necesario identificarlas en aras de dejar constancia de dicho fenómeno
y por supuesto, tomar los correctivos a que haya lugar.

178. Sobre el particular, resulta interesante que con el Decreto 1294 de 2015, no
solo se pretende que los análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las
elecciones que están por celebrarse, sino también que el estudio de dicho fenómeno
se emprenda respecto de procesos electorales que finalizaron, en criterio de la Sala,
con el propósito de aprender de las experiencias pasadas e identificar los lugares

57
Esto en consonancia con el artículo 47 de la Ley 1475 de 2011 que reza: «Artículo 47. Censo
electoral. El censo electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a
los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y
la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para
concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número de
electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones a que se refieren los artículos
106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico,
elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite a la Organización Electoral
planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación
ciudadana».

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en los que la trashumancia ha tenido significativa incidencia, a fin de implementar
procedimientos eficaces que permitan combatir dicha práctica en territorios en los
que históricamente se ha arraigado.

2.6. Antecedentes jurisprudenciales sobre los aspectos que deben
acreditarse para predicar la existencia de trashumancia electoral (Reiteración
jurisprudencial)58

179. En primer lugar es de vital importancia precisar qué aspectos a juicio de la
Sección Quinta del Consejo de Estado deben acreditarse para predicar la
materialización de la causal de nulidad consagrada en el artículo 275 numeral 7 de
la Ley 1437 de 2011, referente a la trashumancia electoral. Para el efecto, la Sala
hace59 alusión algunos pronunciamientos en la materia, que principalmente se han
dictado en sede de nulidad electoral, pero que resultan aplicables al análisis que
emprende el Consejo Nacional Electoral en sede administrativa, pues en ambos
escenarios se busca confirmar o desvirtuar la residencia electoral que registró una
persona, aunque con fines diferentes, pues en sede de nulidad electoral se busca
corregir los efectos de dicho fenómeno, presuntamente materializados en una
elección que se acusa de ilegal, mientras que en sede administrativa se busca
prevenir que las personas ajenas a una entidad territorial participen en las
votaciones de carácter local.

180. Frente a cualquier discusión atinente a la trashumancia electoral, tanto en
sede judicial como administrativa, se parte de la presunción contenida en el artículo
4° de la Ley 163 de 199460, esto es, que la residencia electoral de una persona
corresponde al lugar en el que tiene inscrita su cédula para votar, presunción que
de una parte se construye a partir del hecho de que los ciudadanos para registrar
dicho documento a fin de ejercer el derecho al voto deben presentarse
personalmente ante la autoridad electoral del lugar en el que desean sufragar, como
lo señala el artículo 78 del Código Electoral; y de otra, del postulado constitucional
de buena fe que irradia las actuaciones de los particulares ante la administración
(art. 83 de la Constitución Política), en virtud del cual en principio debe tenerse por
cierta la manifestación que hace el votante sobre el lugar en el que reside, motivo

58
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Radicado núm.
76001-23-33-000-2019-01203-01. MP. Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm. 44001-23-40-000-2023-00106-01. MP. Pedro
Pablo Vanegas.
59
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 44001-23-40-000- 2020-00004-01.
60
«ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el
censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando
mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo
municipio, el CNE declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del
Decreto número 2762 de 1991».

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por el cual si se busca desvirtuar tal afirmación, debe cumplirse con una carga
probatoria exigente como a continuación se ilustrará.
181. Del análisis de la jurisprudencia se tiene que en los primeros
pronunciamientos dictados por la Sección Quinta del Consejo de Estado61, luego de
reconocer que la trashumancia constituye una conducta que puede dar lugar a
anular los actos de elección, se precisó que la presunción de residencia electoral se
desvirtúa mediante «prueba convincente de que los sufragantes incursados moran
en otro municipio»62, es decir, que habitan en un lugar distinto a aquel en el que
registraron al momento de su inscripción.

182. Posteriormente, la Sección especificó que la residencia electoral se puede
establecer no sólo a partir del lugar en que se habita, sino también en el que de
manera regular se tiene asiento, se ejerce la profesión u oficio o posee algún
negocio o empleo, motivo por el cual, para desvirtuarla debe demostrarse que el
inscrito no se encuentra en alguna de las situaciones antes señaladas, respecto del
lugar en el que ejerce su derecho al voto63.

183. Poco tiempo después, en providencia del 14 de diciembre de 200164, la
Sección Quinta indicó que para desvirtuar la mentada presunción se debe demostrar
que el ciudadano no tiene alguna de las relaciones antes señaladas en el lugar que
suministró al momento de inscribir su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho
al voto.

184. Para mayor ilustración, se traen a colación algunos apartes de la referida
providencia:

El artículo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral es el lugar
donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u
oficio o posee algunos de sus negocios o empleo, presupuestos materiales que
pueden determinar que una persona posea al mismo tiempo la opción de varias
residencias electorales, tal como puede ocurrir con el domicilio. No obstante, respecto
de aquélla, la ley establece que debe ser única y se determina por la decisión del
ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en alguno de los municipios en
relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vínculos previstos en el
artículo 183 de la Ley 136 de 1994, es decir donde habita, o de manera regular está
de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, con
el fin de ejercitar en él su derecho político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula
el ciudadano declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio
y ello se constituye en el sustrato de una presunción legal que, como tal, puede ser
desvirtuada cuando se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las
situaciones descritas en el artículo citado.

61
A través de: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125,
M.P. Mario Alario Méndez.
62
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de septiembre de 2000, Rad. 2415. M.P:
Roberto Medina López. En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado,
Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).
63
En tal sentido puede apreciarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo
del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-000-2000-4146-01(2729).
64
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de diciembre de 2001, Rad. 25000-23-24-
000-2000-0792-01(2742), M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento indica una dirección como del
lugar de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no la otra la que configura
al vínculo material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal manera que si
se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de
ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá
desvirtuando la presunción de residencia electoral. Significa lo anterior que en rigor
no se trata de demostrar que un inscrito reside en otro municipio o ciudad distinto de
aquel en que se inscribió, porque ello puede resultar insuficiente dadas las varias
alternativas de relación material del inscrito con el lugar de inscripción; o de imposible
demostración si lo que se pretende es la prueba de que no reside, no trabaja, no se
encuentra en el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, etc. Por razones lógicas
y jurídicas debe entenderse que el acto de inscripción, el señalamiento bajo juramento
de una dirección del inscrito, tienen correspondencia con su relación material con el
respectivo municipio y constituyen el fundamento de hecho de la presunción juris
tatum de su residencia electoral y la sola acreditación de que no reside o trabaja en
el lugar señalado bajo juramento como tal, desvirtúa la presunción de residencia
electoral como ya se indicó. Este criterio hermenéutico rectifica la jurisprudencia que
había sostenido la Sala sobre el mismo punto en las sentencias de 15 de noviembre
de 2001, Expediente 2741 y del 7 de diciembre de 20001 (sic), Expediente 2729” 53
(Destacado fuera de texto).

185. La Sección Quinta del Consejo de Estado mantuvo su posición en la que
determinó que, para desvirtuar la residencia electoral, debe demostrarse que el
inscrito no está en alguna de las situaciones que permiten establecerla a partir de
los vínculos con el territorio antes citados, como puede apreciarse en las sentencias
del 25 de enero de 2002 , 29 de septiembre de 2005 , 11 de julio de 2009 , 9 de
febrero de 2017 y, en época reciente sin variar la posición de antaño de la Sala, se
consideró el 29 de abril de 2021 .

186. De las consideraciones hasta aquí expuestas, se tiene que un ciudadano es
trashumante cuando se demuestra que está inscrito para votar en un municipio del
que: (I) no es morador, (II) no tiene asiento regular en el mismo, (III) no ejerce allí
su profesión u oficio y (IV) tampoco posee negocio o empleo. Lo anterior conlleva a
profundizar en la forma en que pueden acreditarse las anteriores situaciones, en
especial teniendo en cuenta las funciones atribuidas a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral en materia de trashumancia.

187. Frente a los anteriores argumentos también debe considerarse que, si bien
resulta bastante complejo probar que una persona no tiene las mencionadas
relaciones con el territorio, sí es posible acreditar que tales vínculos existen respecto
de otro lugar, dicho de otro modo, que se habita, se tiene asiento regular, se trabaja
o tiene algún negocio en un lugar diferente al relacionado con la residencia electoral.

188. Se hace la anterior precisión en aras de ilustrar que quien pretende desvirtuar
la presunción de residencia electoral en los términos que actualmente lo exige la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en estricto sentido tiene
la posibilidad material de probar los vínculos que un ciudadano tiene con un territorio
distinto al registrado para efectos electorales, mas no la posibilidad de acreditar que

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dicho ciudadano no es morador del respectivo municipio, no tiene asiento regular
en el mismo, no ejerce allí su profesión u oficio y que tampoco posee algún negocio
o empleo, salvo que aquél confesara de manera clara y precisa tales circunstancias.

189. Esto aunado a que el hecho de que una persona regularmente permanezca
o habite en un lugar, no conlleva necesariamente a que no pueda permanecer o
habitar en otro, y ni qué decir frente a los vínculos de ejercer la profesión u oficio o
poseer algún negocio o empleo, pues tales relaciones también puede presentarse
de una persona respecto de varios lugares, por lo que, se insiste, que se pruebe
frente un ciudadano y un territorio la existencia de un vínculo para la constitución de
una residencia electoral, no conlleva necesariamente a la inexistencia del mismo
tipo de vínculo con otro espacio.

190. Las consideraciones hasta aquí hechas dan cuenta de las significativas
dificultades de desvirtuar la presunción de residencia electoral bajo las condiciones
que ha establecido de manera más o menos uniforme la jurisprudencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, condiciones que a su vez obedecen a las
distintas alternativas que ha reconocido el ordenamiento jurídico para constituir la
residencia electoral.

191. Por otro lado, tampoco puede perderse de vista que cada vez que se discute
sobre la eventual existencia de trashumancia electoral, inescindiblemente se habla
del ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación del poder
político con todas sus manifestaciones (art. 40 de la Constitución), motivo por el cual
deben existir suficientes elementos de juicio para considerar que una persona debe
ser retirada del censo electoral del distrito o municipio en el que se inscribió, y por
ende, que allí no puede ejercer su derecho al voto porque no corresponde a su
residencia electoral.

2.6. De las prácticas corruptas adelantadas por los candidatos de elección
popular65

192. El artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 estableció que, además de las
causales específicas de nulidad allí contenidas, también configuran la anulación del
acto electoral las generales establecidas en el artículo 137 ibidem. Esta situación

65
Reiteración jurisprudencial: Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Rocío Araújo Oñate,
sentencia de 25 de mayo de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00034-00; MP, Rocío Araújo
Oñate, sentencia de 20 de mayo de 2021, radicado 50001-23-33-000-2019-00473-01; MP, Carlos
Enrique Moreno Rubio, sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado: 11001-03-28-000-2018-00084-
00; sentencia de 24 de agosto de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00232-00, MP, Pedro Pablo
Vanegas Gil.

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

que ha sido reiterada por esta Sección66 en múltiples ocasiones, incluso antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1437 de 201167.

193. De conformidad con lo anterior, esta Sección68, al analizar la corrupción de
las prácticas electorales, concluyó que constituyen una clara vulneración de los
artículos 40 y 258 de la Constitución Política, lo cual afecta el voto libre y secreto, el
derecho a elegir y ser elegido sin coacción alguna, situación que interfiere con el
orden democrático de un Estado Social de Derecho como el colombiano.

194. En tal sentido, se concluyó que:

Es claro que la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de
presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como por ejemplo,
la corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o entrega de
dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado, desconocen
principios democráticos fundantes.

195. En principio, la jurisprudencia de esta Sala de Decisión ha catalogado la
violencia psicológica contra el elector, en el marco de prácticas corruptas, bajo la
óptica de una causal de nulidad electoral de carácter objetivo, a la luz del artículo
275.169 del CPACA. En tal sentido, para establecer la prosperidad de dicha causal
se habían exigido, jurisprudencialmente, los siguientes elementos:

i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la
violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos
ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo,
es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o
recibidas;
ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los
demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir
la voluntad del elector,
iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa
de dádiva; y
iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado
electoral.70

196. Sin embargo, la Sala Electoral concluyó, con base en las consideraciones
anteriormente expuestas, que las prácticas corruptas que afecten la libertad del

66
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-
28-000-2018-00034-00. Providencia del 29 de noviembre de 2019. MP, Dra. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
67
Sección Quinta del Consejo de Estado. MP, Mauricio Torres Cuervo. Radicación número: 11001-
03-28-000-2010-00086-00 del 01 de noviembre de 2012.
68
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Rocío Araújo Oñate, sentencia de 25 de mayo de 2023,
radicado 11001-03-28-000-2022-00034-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 20 de mayo de
2021, radicado 50001-23-33-000-2019-00473-01; MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de
16 de mayo de 2019, radicado: 11001-03-28-000-2018-00084-00.
69
«1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales».
70
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, radicados 2012-00011-01 y 2014-00030-00,
providencias del 26 de febrero de 2014 y 21 de enero de 2016, respectivamente, MP, Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

elector deben ser estudiadas, no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad
electoral, sino desde el punto de vista subjetivo, caso en el cual no se requeriría de
la demostración taxativa de los requisitos en cita, lo cual se expuso, en los
siguientes términos:

Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la corrupción
o las prácticas corruptas que se adelanten directa o indirectamente por un candidato
a cualquier elección popular constituyen una causal de nulidad electoral de naturaleza
subjetiva, independiente a la clásica violencia que ha sido estudiada por la Sección,
toda vez que ésta se basa no en las causales específicas consagradas en el artículo
275 de la Ley 1437 de 2011 sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la
misma ley, concretamente, porque vulneran las normas en que el acto electoral debe
fundarse71.

197. En la providencia en cita se destacó que la finalidad de otorgar la categoría
de causal subjetiva a las prácticas corruptas significa que «no hay lugar a estudiar
la incidencia de los votos comprados en el resultado electoral», ya que resulta
suficiente probar la existencia de estas conductas que afectan la libertad del votante
para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato ejerció directa o
indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó.

2.7. Caso concreto

198. Como se expuso, corresponde a la Sala resolver si hay lugar a confirmar,
modificar o revocar la decisión que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata, como alcalde de Oiba (Santander),
período 2024-2027, al no encontrar acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos
necesarios para declarar la nulidad del acto demandado.

2.7.1. Frente a la autorización de 22 personas para sufragar en la mesa 29 de
la cabecera municipal de Oiba.

199. Para tal efecto, es lo pertinente comenzar por precisar que el cargo formulado
con fundamento en el desconocimiento del artículo 137 del CPACA, recae en que
en la mesa 29 de la cabecera municipal, votaron 22 personas autorizadas por el
registrador municipal, pero sin el debido respaldo probatorio y que las certificaciones
de vecindad devienen «falsas».

200. De la revisión del fallo del tribunal se advierte que luego de valorar las
pruebas allegadas al expediente, determinó que

[…] contrario a lo alegado por el actor, que en debida forma y en observancia del
artículo 11772 del Decreto Ley 2241 de 1986 y la Resolución 9828 del 22 de abril de

71
Sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-00084-00, MP, Carlos Enrique
Moreno Rubio.
72
ARTICULO 117. El ciudadano cuya cédula de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente
cancelada por muerte, tendrá derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
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2022, autorizadas se encontraban para votar las personas por aquel enlistadas en la
demanda -relacionadas en forma antecedente-, por configuración de las causales 2 y
4 del art. 173 de la Resolución 9828 de 2022, al encontrar dichas autorizaciones de
voto (Formulario E-12) fundamento en los aludidos actos administrativos emanados
de la Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación; actos
administrativos que se encuentran amparados por presunción de legalidad (art. 88 de
la Ley 1437 de 2011).

Y frente al reproche del demandante, según el cual los certificados de vecindad
expedidos por el alcalde municipal de la época son falsos porque se trata de personas
no residentes en el municipio de Oiba y de personas que acompañaron la campaña
del señor Reyes Plata, se advierte que su cuestionamiento se constituye en una mera
afirmación carente de prueba, siendo ausente el informativo de alguna que respalde
la invocada falta de arraigo de los referidos ciudadanos, menos aún que dicho
certificado fue expedido porque «estas personas acompañaron la campaña del señor
REYES PLAYA», no habiéndose siquiera aportado la certificación de vecindad que el
demandante considera es falsa según los datos de la ADRES.

Todo lo dicho, se contrapone a la decisión del Consejo Nacional Electoral adoptada
a través de las Resoluciones 11448 del 27/09/2023 y 12954 del 11/10/2023 por
medio de las cuales tuvo por acreditada la residencia electoral de tales los
ciudadanos, actos que se insiste, se presumen legales y cuya legalidad, en todo caso,
escapa al objeto del presente proceso.

201. Por su parte el recurrente en su escrito se limitó a trascribir apartes del fallo
recurrido y reiterar su dicho según el cual, las certificaciones expedidas por el
entonces alcalde son espurias, como lo advierte «si se revisa el ADRES, SISBEN
O IGAG», porque permitirán determinar que esas 29 personas no son residentes de
Oiba, (Santander).

Registrador del Estado Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante
certificación que se le expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante
la cédula de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una
vez que ésta y aquél resulten debidamente comprobados.
En las certificaciones aludidas, que se expedirán en papel de seguridad, se hará constar el motivo
de la autorización. Copia de ellas deberá enviarse a la Registraduría Nacional.
La Registraduría Nacional dispondrá qué funcionarios de la organización electoral pueden expedir
tales certificaciones de manera que se facilite el ejercicio del sufragio.
73
«Artículo 1°. Adoptar medidas para que los Registradores del Estado Civil, expidan la autorización
del voto (Formulario E-12), en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República que se
celebrarán el 29 de mayo de 2022, en los siguientes casos:
1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del Código Electoral.
2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido comisionados,
trasladados, o a quienes se les presente alguna situación administrativa que ocasione la movilización
de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada directamente con el proceso
electoral y la cédula se encuentre incorporada en el Censo Electoral.
3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial.
4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del Consejo Nacional
Electoral.
(…)»

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202. En este orden lo primero que debe advertirse es que el demandante, en
realidad, no procuró por demostrar el yerro en que, en su criterio incurrió el tribunal
para denegar este cargo, por el contrario, se limitó a insistir en que las certificaciones
de vecindad son «espurias», pero, como lo dijo el tribunal, sin apoyo probatorio
alguno, lo cual resultaría suficiente para denegar su argumento de disenso.

203. Con todo debe precisarse que en el fallo apelado se demostró que, en efecto,
los votantes cuestionados fueron debidamente autorizados, como se probó al acudir
a los formularios E-12 y a los actos del CNE, estos últimos con constancia de los
diferentes medios probatorios, aportados por cada ciudadano, como soporte de su
residencia electoral en el municipio, que no fueron desvirtuados por la parte actora.

204. Es así como el CNE, mediante Resolución 11448 del 27 de septiembre de
2023 autorizó a 9 personas para sufragar y a través de la Resolución 12954 del 11
de octubre de 2023, a 10.

205. De igual manera, se dio cuenta de las autorizaciones a 3 ciudadanos
designados por la Fiscalía General de la Nación para cumplir funciones de policía
judicial en el municipio de Oiba, (Resolución 0-1121 expedida por la entidad)74.

206. En este orden de ideas, queda en evidencia que el demandante, en realidad,
no demostró fáctica, jurídica ni probatoriamente que existen razones para revocar
la negativa a la que arribó el tribunal respecto de este cargo, lo que devienen en su
confirmación.

2.7.2. Frente a la votación de ciudadanos que, según el ADRES, no residen en
el municipio de Oiba.

207. En este sentido, al revisar el recurso que corresponde resolver, se advierte
que da cuenta de las razones en que se funda la sentencia que cuestiona, para
finalmente exponer que el tribunal «para llegar a la verdad material sobre lo aducido
en la demanda debió solicitar OFICIOSAMENTE al ADRES, al SISBEN, al IGAG
(sic)y a todas las fuentes involucradas que certificaran el lugar donde los ciudadanos
relacionados en la demanda, habitan, laboran o ejercen una actividad comercial».

208. De lo anterior, se advierte con facilidad que contrario a exponer las razones
por las cuales el fallo debe ser revocado, el interesado se limita a señalar que su
carencia probatoria debió ser suplida de oficio, por el juez electoral.

209. Al respecto, conviene destacar que el tribunal para resolver el cargo de
trashumancia analizó el contenido de las Resoluciones 8779 del 8 de septiembre de
2023, 5855 del 2 de agosto de 2023, 11448 del 27 de septiembre de 2023, 12954

74
«Por medio de la cual se destacan Fiscales y servidores de Policía Judicial de la Seccional
Santander, para vigilancia y control con ocasión de las elecciones de autoridades locales a
celebrarse el próximo 29 de octubre de 2023».

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del 11 de octubre de 2023 y 002 del 05 de octubre de 2023, como también a los
formularios E-6 AL, E-26 ALC y E-11, y determinó que:

[…] valoradas en forma conjunta, resultan insuficientes para predicar la configuración
de los elementos de la trashumancia que sirven de fundamento a la causal de nulidad
objeto de estudio, pues ni de las referidas resoluciones expedidas por el Consejo
Nacional Electoral ni de los FORMULARIOS E-6 AL y E-26 ALC se desprende que
los ciudadanos enlistados en la demanda y que ejercieron su derecho al voto
conforme el FORMULARIO E11 carecían de arraigo en el municipio de Oiba-S-, así
como tampoco que de este carecen los jurados electores; arraigo, se reitera, no solo
entendido como la residencia, pues de existir interés en el municipio se puede tener
asiento regular, ejercer su profesión u oficio o en su defecto tener negocios.

Así, carente de prueba resulta el informativo que permita tener por acreditado que,
como se afirma en la demanda, las personas allí aludidas y que ejercieron su derecho
al voto en las elecciones a la alcaldía de Oiba no tienen arraigo en dicho municipio,
advirtiéndose sobre el particular que, el actor se limitó a invocar tal hecho sin siquiera
respaldar probatoriamente su dicho en torno a la información del ADRES en que fundó
la residencia de aquellos en otro municipio.

210. Sumado a lo anterior, el fallo demostró que, en efecto, el CNE a 117 personas
les revocó la inscripción de su cédula por falta de arraigo, pero sufragaron Oiba
(Santander) y en este sentido encontró que:

[…] la imposibilidad de establecer cual de los entonces dos (2) candidatos a la alcaldía
municipal de Oiba resultaron favorecidos con la irregularidad acreditada, en razón al
secreto de voto, y atendiendo la diferencia de votos entre el aquí demandado (ELKIN
ALFONSO REYES PLATA: 3653) y el segundo candidato (FREDY ANDRES GALVIS
BARRERA: 3590) -que lo fue de 63 votos-, procedente resulta, para establecer la
incidencia de los votos trashumantes en el resultado electoral, no la eliminación
directa de los votos como sugiere el demandante pues no hay forma de identificar a
que candidato afectó la irregularidad, sino de efectuar una «afectación ponderada»
de los sufragios o «distribución porcentual»

211. Con lo anterior, lo que pretende esta Sala es dar cuenta de los elementos
probatorios y de juicio a los que acudió el tribunal para fundar su decisión, los cuales
incluso le permitieron demostrar que, en efecto, algunos votantes resultaron
trashumantes. Sin embargo, el recurrente limita su reparo a la presunta omisión del
juez de la primera instancia de acudir a la solicitud probatoria de oficio, lo cual bajo
ninguna óptica podrá tenerse como argumento que permita ser analizado de fondo
para revocar la sentencia recurrida.75

212. Al respecto debe precisarse que, la falencia probatoria de la parte
demandante no puede ser atribuida al juez ni menos criticar que no acudió a la
facultad oficiosa, como lo pretende el apelante, en tanto, dicha atribución otorgada
por el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, depende única y exclusivamente del
fallador y en ningún caso puede utilizarse para suplir la carga probatoria de las
partes.

75
Contra la decisión del decreto de pruebas no se interpuso recurso.

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213. Por otra parte, no desconoce la Sala que en la apelación se afirma que el
tribunal no podía desconocer «que lo manifestado por la parte actora en la demanda
no fue controvertido por la defensa así como tampoco el extremo pasivo allegó
material probatorio alguno para demostrar que los ciudadanos relacionados en la
demanda como NO residentes en Oiba, vivían o laboraban en esa municipalidad»,
sin embargo, este reproche no está dirigido contra el fallo recurrido y tampoco tiene
incidencia respecto de la forma en que se decidió el cargo de nulidad formulado por
la parte actora.

214. Finalmente, se advierte que no se recurrió que se demostró la existencia de
117 ciudadanos trashumantes identificados por el tribunal, por lo que la Sala no
puede entrar a revisar dicha determinación pues, como se dijo, este aspecto no fue
recurrido.

215. Consecuencia de lo anterior, en la sentencia de primera instancia, con
ocasión de dicha irregularidad, se analizó si los 117 ciudadanos trashumantes en el
municipio, podrían afectar el resultado electoral, para lo cual, se aplicó el método de
afectación ponderada.

216. En este orden, debe ponerse de presente que el 20 de octubre de 2024, el
apoderado del demandante solicitó76 que se aplicara «la nueva línea
jurisprudencial», propuesta en la sentencia de la Sección Quinta, del 10 del mismo
mes y año, dentro del proceso de radicado núm. 15001-23-33-000-2023-00483-
0177, en lo relativo al cálculo de la incidencia y que, en consecuencia, se convoque
a nuevas elecciones, toda vez que la diferencia entre los dos candidatos a la
Alcaldía de Oiba, es de 63 votos, mientras que la cantidad probada de trashumantes
es de 117.

217. Frente a dicha solicitud, en primer lugar, se debe advertir que fue radicada
luego de vencido el término de traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia, lo cual da cuenta de su extemporaneidad.

218. Sin embargo, la Sala no puede desconocer que, es lo cierto que, tratándose
de cargos uninominales, esta Sección, en la referida providencia, fijó una nueva
regla jurisprudencial, que debe atender por ser la tesis vigente, frente al cálculo de
incidencia de las irregularidades relacionadas con la configuración de la causal de
nulidad, prevista en el numeral 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
por trashumancia.

219. En efecto, como da cuenta la sentencia del 10 de octubre de 2024, la Sala
concluyó que cuando la cantidad de trashumantes es mayor a la diferencia entre los
tres primeros candidatos que alcanzaron el mayor número de votos, es lo

76
A esta petición, se opuso el apoderado del demandado y los terceros intervinientes en el proceso,
Joselin Díaz Aguillón, Yohan Leonardo Peñaranda Quintero.
77
MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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procedente anular la elección y convocar a nuevas elecciones. En este sentido, se
fijó la siguiente regla:

[…] la Sala considera pertinente y justificado, modificar su tesis jurisprudencial
cuando se trata de la causal de trashumancia en las elecciones para un cargo
uninominal. Así, objetivamente, para determinar la incidencia en que se invoque este
reparo de nulidad electoral, en esos precisos casos (unipersonales), se tendrá en
cuenta la siguiente regla:

Siempre que se compruebe que la votación de trashumancia sea mayor a la diferencia
de sufragios, sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que
solo sean 2 aspirantes) para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas
elecciones. Si la votación afectada por la trashumancia es menor o igual a la
diferencia que existe entre los 3 primeros candidatos, el acto de elección prevalecerá.

220. En su momento, esta Sección consideró que, para calcular la incidencia de
la votación trashumante, era necesario aplicar el método que mejor atendiera a la
verdad electoral porque:

[…] aun cuando el método de afectación ponderada en los asuntos de trashumancia
corresponde a una tradición jurisprudencial de vieja data (que por demás se encuentra
ampliamente justificado), ello no implica que sea el único; sobre todo en asuntos
como el que ahora se estudia, en el que la votación transeúnte es
potencialmente significativa, si se tiene en cuenta que supera con creces la
diferencia de votos entre los tres candidatos a la Alcaldía de Nuevo Colón
(Boyacá).

221. En ese orden, mal haría la Sala en continuar aplicando el método de
afectación ponderada, para determinar la incidencia de las irregularidades por
trashumancia, teniendo en cuenta la existencia de un nuevo precedente de esta
Sección, según el cual, tratándose de elecciones para cargos uninominales, se
deberá convocar a nuevas elecciones si la votación de trashumantes resulta mayor
a la diferencia de sufragios, «sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos
en caso de que solo sean 2 aspirantes)».

222. Por tanto, como en el presente asunto el tribunal comprobó la existencia de
117 votantes trashumantes y la diferencia entre los dos únicos candidatos es de 63
votos, no hay lugar a dudas que es lo procedente aplicar la regla jurisprudencial
vigente y adoptada por la Sección Quinta.

223. Como ya se explicó, en este caso, en las elecciones para elegir alcalde de
Oiba, (Santander), periodo 2024-2027, participaron dos candidatos, quienes
obtuvieron la siguiente votación, de acuerdo con el formulario E-26 del 3 de
noviembre de 2024:

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CANDIDATO VOTOS DIFERENCIA DE
VOTOS
Elkin Alfonso Reyes Plata78 3.653
Fredy Andres Galvis Barrera79 3.590 63

224. De lo anterior, se tiene que la diferencia de votos entre los candidatos a la
Alcaldía de Oiba fue de 63 votos, cifra que es menor a la cantidad de votación de
trashumantes en el municipio, que fue de 117.

225. En consecuencia, comoquiera que la cantidad de votos por trashumantes
supera la diferencia entre los dos únicos candidatos, en aras de garantizar la
transparencia y la verdad en el procedimiento electoral, esta Sala anulará el acto
demandado, porque las irregularidades demostradas (117 votos trashumantes)
tienen incidencia en el resultado de la elección que se cuestiona.

226. Por último, esta Sala considera pertinente precisar, como lo hizo en la
providencia citada, que con la aplicación del nuevo precedente no se encuentra
desatendido el principio de confianza legitima del demandado, en tanto, la causal
de nulidad invocada, en este asunto, es de carácter objetivo, lo que significa que su
configuración «no depende de su actuar sino del resultado de las votaciones en el
que participaron terceros ajenos al municipio. Luego, la incidencia de esa
irregularidad atiende a criterios igualmente neutrales y no dependen de una
conducta subjetiva que haya desplegado la parte pasiva en este asunto, sobre la
base del precedente judicial anterior».80

2.7.3 Frente a las prácticas corruptas que afectan la pureza y libertad del voto.

227. Para fundamentar sus reparos contra la negativa de este cargo, el apelante
relató los argumentos del tribunal, recordó las pruebas que allegó con la demanda
y concluyó que

[…] debo recordar que el material probatorio allegado se presume auténtico, no fue
tachado de falso, no fue objeto de controversia y goza de plena validez tal como lo
exige el propio Consejo de Estado y en consecuencia no podía el Despacho
desechar las pruebas de la manera como lo hizo sin que siquiera la parte
accionada se refiriera a las mismas pues de bulto se entrevé una desigual
favorabilidad para la parte pasiva. (Negrilla fuera de texto).

228. La Sala debe resaltar que contrario el dicho del apelante, el tribunal enlistó y
analizó el material probatorio obrante en el plenario. Así, aludió a las denuncias
presentadas ante la RNEC, el CNE y la PGN, junto con sus anexos, de igual manera

78
Demandado en el proceso.
79
Demandante en el proceso.
80
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de octubre de 2024. Radicado núm. 15001-
23-33-000-2023-00483-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

a los videos, imágenes, capturas y fotografías allegados por la parte actora, de todo
lo cual concluyó que:

vi) Las pruebas obrantes en el plenario no permiten tener por demostrado plenamente
que las actividades ejecutadas, a que se hizo alusión, estaban dirigidas a afectar la
libertad de los votantes, no existiendo en ninguna de las pruebas mención de algún
compromiso político frente al voto por el candidato Elkin Reyes.

[…] además, debe señalarse que las pruebas provenientes de las redes sociales
(videos, pantallazos) son documentos respecto de los cuales no hay certeza del
origen de la información. No se documenta la cadena de custodia, por tanto, es
dudosa la procedencia de los archivos, correspondiéndole a la parte que los aporta,
documentar exactamente como obtuvo la información, garantizando el lugar inicial de
donde se tomó el archivo y la huella digital. Esto por cuanto, con los avances
tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial, tales documentos pueden ser
alterados, no solo en su imagen, sino también en el audio.

[…]

En este orden de ideas, no acreditándose que el demandado incurrió en prácticas
corruptas que generen la anulación de su elección, la causal no prospera.

229. Con lo anterior queda en evidencia que el tribunal no «desechó» las pruebas,
por el contrario, las analizó y concluyó que resultaban insuficientes para probar
cargo de corrupción que alegaba el actor.

230. Asimismo, queda claro que la escasa fundamentación del recurrente impide
referirse o siquiera procurar por cuestionar la valoración probatoria del juez de la
primera instancia.

231. Sumado a lo anterior, es lo cierto que el demandante requirió el análisis
pericial para determinar la eficacia probatoria de los videos y fotografías aportadas
al proceso, lo cual fue denegado mediante auto de ponente 30 de septiembre de
2024, porque no se fundó en ninguno de los eventos a los que alude el referido
artículo 212 del CPACA.

2.8. Sobre el reconocimiento de personería jurídica

232. Teniendo en cuenta que el apoderado del demandado remitió escrito de
renuncia al poder, dirigido al señor Elkin Alfonso Reyes Plata, acompañado del
correspondiente paz y salvo y, posteriormente, este último, le confirió poder al
abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, identificado con cédula de ciudadanía
19.338.748, con tarjeta profesional 30.144, del Consejo Superior de la Judicatura,
la Sala procederá a reconocerle personería para actuar dentro del proceso.

2.9. Conclusión

233. Conforme lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 26 de agosto de 2024
del Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
para, en su lugar, declarar la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata,

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Demandante: Fredy Andrés Galvis Barrera
Demandado: Elkin Alfonso Reyes Plata,
alcalde de Oiba, Santander, periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00024-02

como alcalde de Oiba, periodo 2024-2027, con el fin de que las autoridades
electorales convoquen a nuevas elecciones para dicha dignidad.

234. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Revocar la sentencia de 26 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda para, en su
lugar, declarar la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata, como alcalde
de Oiba, periodo 2024-2027, con el fin de que las autoridades electorales
convoquen a nuevas elecciones para dicha dignidad, por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: Exhortar al Tribunal Administrativo de Santander para que, en lo
sucesivo, de aplicación a las reglas especiales que rigen el trámite del contencioso
electoral, especialmente, en lo que hace referencia a la acumulación de causales
de nulidad.

TERCERO: Reconocer al abogado, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, identificado
con cédula de ciudadanía 19.338.748, con tarjeta profesional 30.144, del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado del demandado.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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