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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00410-00

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00410-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Víctor Iván Liévano Fernández en contra de la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 13 Corte Constitucional SU-055 de 2018. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-00410-00 Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00410-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00410-00
Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (03) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00410-00
Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: pago de perjuicios materiales e inmateriales por falla del servicio
por allanamiento. Subtema 3: inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
interpuesta por Víctor Iván Liévano Fernández en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada en los decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Víctor Iván Liévano Fernández presentó un escrito de tutela, a nombre propio,
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al buen nombre y a la honra, que consideró
vulnerados por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca, con
ocasión de la sentencia proferida el 27 de julio de 2023, dentro del proceso identificado
con el radicado núm. 68001-23-33-000-2024-00024-02, a través de la cual negó las
pretensiones de reparación del daño derivado de la falla del servicio que atribuyó a la
Fiscalía General de la Nación.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. La Fiscalía 001 Turno URI de Popayán ordenó un allanamiento el día 19 de abril de
2013 al domicilio del señor Víctor Iván Liévano Fernández, por supuestas actividades
ilícitas relacionadas con el grupo delincuencial denominado «los urabeños».

1

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Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández
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3. El señor Víctor Iván Liévano Fernández y otros radicaron demanda de reparación
directa por daño a su buen nombre como consecuencia de la falla del servicio al
ordenar el allanamiento a su inmueble. Mediante sentencia de primera instancia, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, el 9 de octubre de 2018, negó las
pretensiones. La Sala 001 de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca, el 27 de
julio de 2023, confirmó la decisión del a quo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

4. El señor Víctor Iván Liévano Fernández solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y buen nombre del accionante.
2. Dejar sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 27
de julio de 2024[sic].
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca proferir un nuevo fallo que respete los
derechos fundamentales y considere que la orden de allanamiento no cumplió con los
requisitos legales decantados por el ordenamiento jurídico colombiano1.

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la sentencia
del 27 de julio de 2023 incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial. Afirmó que el juez del proceso ordinario desconoció el material
probatorio que daba cuenta de que la Fiscalía no contaba con suficientes elementos
de juicio para ordenar el allanamiento.

2.3. Trámite procesal

6. El despacho ponente, mediante auto del 29 de enero de 2025 2, admitió la solicitud
de amparo; vinculó, como tercero con interés, al Tribunal Administrativo de Santander,
al Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, a la Nación, Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación y a los señores Mireya Mera Santiago, Víctor Iván Liévano Mera,
María José Liévano Mera, Iván Andrés Liévano Pajoy, María del Mar Liévano Ramos,
Dora Fernández de Liévano, Juan Carlos Liévano Fernández, Nancy Esther Liévano
Fernández, Alma Milena Liévano Sánchez y María Patricia Liévano Blum; requirió al
juzgado en primera instancia para que aportara, en medio digital, el expediente
ordinario y tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la demanda de tutela.

2.4. Intervenciones

7. El Tribunal Administrativo del Cauca argumentó que no se vulneró ningún derecho
fundamental, ya que la sentencia expedida el 27 de julio de 2023 está debidamente
fundamentada como se puede inferir del contenido de esta.

8. La Fiscalía General de la Nación pidió ser desvinculada de la acción de tutela.
Manifestó que el escrito no cumplió con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez,
y que el actor no argumentó en debida forma las causales específicas de procedencia

1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00410-00, índice 5, certificado 869B98DE5BBE5D15
FD9486136F384210 D9FD8891C10CA6B5 1AE1DA05D8BFFE7D.

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Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

de la acción en contra de providencia judicial. Afirmó no existe vulneración de derechos
fundamentales, por lo cual indicó debe declararse improcedente el amparo3.

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán comunicó
que la parte actora no cumplió con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela
se presentó 17 meses después de que se profirió la decisión. Aseguró que no se
vulneraron los derechos del accionante y pidió ser desvinculada al carecer de
legitimación en la causa por pasiva4.

10.Los señores Mireya Mera Santiago, María José, Víctor Iván Liévano Mera, Iván y
María del Mar Liévano Ramos solicitaron que se dejen sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de reparación directa5.

11.El señor Iván Andrés Liévano Pajoy pidió se acceda a las pretensiones del amparo,
pues con el allanamiento también se vio afectado en su buen nombre y en su vida
profesional, manifestó que el ente investigador no tenía razón o motivo para ordenar
el allanamiento sin antes hacer una debida comprobación de los hechos6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sala de Decisión 001 del
Tribunal Administrativo del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

13.La legitimación en la causa por activa de Víctor Iván Liévano Fernández se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 27 de julio de
2023, objeto de tutela y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró
vulnerados.

14.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala de Decisión
001 del Tribunal Administrativo del Cauca, porque fue la autoridad que profirió la
sentencia del 27 de julio de 2023 que, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.

La Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de
15.
Administración Judicial de Popayán solicitaron su desvinculación, al considerar que no

3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00410-00, índice 12, certificado 006EAB04BBAB3809
8A607867E68D0673 7C30CF77A471409B 9F4D7049EA2F9636.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00410-00, índice 13, certificado 3AFE2977248B44C0
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5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00410-00, índice 18, certificado 6ABBD3866B7ED54F
94A91CAFE35AA92B 3ADB39B02C4A8B62 8A8C97158965C60F.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00410-00, índice 19, certificado 430A4B342D0723F2
7D3521E62EF27322 7C6507CEC7830928 197CC4FA29715B6B.

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están llamadas a responder por la alegada vulneración de los derechos fundamentales
de la parte accionante.

16.Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceras con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridades accionadas,
no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos
expuestos, se negará su solicitud de desvinculación.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

17.La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional8.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
18.
acreditar los siguientes aspectos:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

19.Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

20.En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución9.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

4

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Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández
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3.4. Problema jurídico

La Sala deberá determinar si la acción de tutela interpuesta por Víctor Iván Liévano
21.
Fernández, en contra de la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca,
supera el requisito de inmediatez. En caso afirmativo, continuará con el estudio de los
demás requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, a emitir una decisión de fondo.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1.1. Requisito de inmediatez

22. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales. También es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y espacio del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

23. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

24. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 10 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se
dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación, como
regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se efectuara
en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los seis meses siguientes
a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.

25. El señor Víctor Iván Liévano Fernández pretende que se deje sin efectos la
providencia del 27 de julio de 2023 proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal
Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación directa con radicado núm.
19001-33-33-004-2014-00475-01.

26. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
Samai, se observa que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes, por correo electrónico, el 4 de agosto de 202311.

27. Visto lo anterior, resulta evidente que la sentencia del 27 de julio de 2023 fue
puesta en conocimiento del señor Liévano Fernández el 4 de agosto de 2023 y cobró
ejecutoria el 14 de agosto de 2023; sin embargo, el escrito de tutela fue presentado
por el tutelante el 27 de enero de 202512.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Samai, exp. 19001-33-31-004-2014-00475-01, índice 15.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00410-00, índice 3, certificado 959346A58518686B
E71A298CC0F04D61 FE9F9B6DE4AD302D 83377C0855C9B022.

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28. Lo dicho da cuenta de que entre la ejecutoria de la sentencia que, según el
accionante, vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al buen nombre y a la honra, transcurrieron 1 año, 5 meses y 13 días. De
manera que, en este caso, se superó el plazo razonable para acudir ante el juez
constitucional.

29. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»13[subrayado fuera del texto original]. En el caso concreto, claramente fue
la sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal
Administrativo del Cauca, en el proceso de reparación directa con radicado núm.
19001-33-33-004-2014-00475-01. Respecto a este punto, cabe recordar que el
Consejo de Estado ha sostenido en los casos de acciones de tutela contra providencias
judiciales que el plazo razonable se cuenta «[…] a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia, según el caso […]»14.

30. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de tutela
contra providencia judicial, el análisis del requisito de la inmediatez debe ser estricto,
con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues
las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente.
Por lo que resulta necesario establecer un plazo razonable para su interposición. En
este sentido, la jurisprudencia es clara al determinar que la eventual afectación que
surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de esta, lo que
resulta identificable desde el trámite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria.

IV. CONCLUSIONES

31. Por las anteriores razones se declarará improcedente el amparo deprecado por el
señor Víctor Iván Liévano Fernández en contra de la sentencia proferida el 27 de julio
de 2023 por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca en el
proceso de reparación directa con radicado núm. 19001-33-33-004-2014-00475-01, en
razón a que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Víctor
Iván Liévano Fernández en contra de la Sala de Decisión 001 del Tribunal
Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General
de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

13 Corte Constitucional SU-055 de 2018.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00410-00
Accionante: Víctor Iván Liévano Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

AC/SEJV

7

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