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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00101-00

Fecha
11 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00101-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Elkin Alfonso Reyes Plata en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00101-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00101-00
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00101-00
Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: trashumancia electoral. Subtema 3: defecto sustantivo por
inaplicación normativa y por desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor Elkin Alfonso Reyes Plata en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Elkin Alfonso Reyes Plata presentó un escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso, al
acceso a cargos públicos y a la igualdad, y los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y legalidad, los cuales consideró vulnerados por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 7 de noviembre de
2024 dentro del proceso con radicado núm. 68001-23-33-000-2024-00024-02, que
declaró la nulidad de su elección como alcalde del municipio de Oiba, Santander, en
el período 2024-2027.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. En el municipio de Oiba, Santander, el día 29 de octubre de 2023, se llevaron a
cabo las elecciones de autoridades territoriales y se declaró electo al señor Elkin
Alfonso Reyes Plata.

3. El señor Fredy Andrés Galvis Barrera radicó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral el 12 de enero de 2024. Mediante sentencia de primera
instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, el 26 de agosto de 2024, negó las

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Accionante: Elkin Alfonso Reyes Plata
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pretensiones. Apelada la anterior decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en fallo del 7 de noviembre de 2024, la revocó, declaró la nulidad de la elección del
alcalde de Oiba, Santander, y ordenó convocar a nuevas elecciones.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

4. El señor Elkin Alfonso Reyes Plata solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

5.1. Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del
siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), notificada el ocho (8) del mismo
mes y año, proferida por la Secretaría respectiva, dentro del proceso de nulidad electoral,
bajo el radicado No. 68001-23-33-000-2024-00024-02, la cual declaró la nulidad del acto
de elección del Alcalde de Oiba – Santander (2024-2027) Elkin Alfonso Reyes Plata, por
encontrarse demostrada la trashumancia electoral, incurrió en violación de sus derechos
fundamentales a ser elegido para dicho cargo, debido proceso, y los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima, legalidad, entre otros.
5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos fundamentales
de Elkin Alfonso Reyes Plata a la participación, en su versión de elegir y ser elegido,
acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a la igualdad, al acceso a la
administración pública, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, a la confianza
legitima y al debido proceso.
5.3. Que se deje sin validez la sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024), notificada el ocho (8) del mismo mes y año, proferida por la Secretaría respectiva,
dentro del proceso de nulidad electoral, bajo el radicado No. 68001-23-33-000-2024-
00024-02, la cual declaró la nulidad del acto de elección del Alcalde de Oiba - Santander
(2024-2027), y en su lugar se ordene proferir la decisión que en derecho corresponde,
conforme a los parámetros constitucionales, legales y precedentes constitucionales con
fuerza vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela.
5.4. En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el Alcalde Elkin Alfonso
Reyes Plata, haya sido removido del cargo, por quien le corresponda el cumplimiento de
los fallos aquí impugnados, oficiar informándole la decisión adoptada y los efectos
automáticos de incorporación al cargo del accionante, una vez se adopte la decisión de
primera instancia, en caso de ser favorable, aún en caso de haberse realizado una nueva
elección atípica, teniendo en cuenta el principio que establece que el que es primero en
el tiempo es primero en el derecho y por cuanto de realizarse una elección nueva, sería
con fundamento en la existencia de vacante definitiva, y en caso de prosperar la presente
tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho tenidos en cuenta
para la segunda elección, produciéndose el decaimiento del acto administrativo de la
elección posterior1.

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la sentencia
del 7 de noviembre de 2024 incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
judicial al inaplicar la jurisprudencia vigente al momento de ocurrencia de los hechos,
esto es, la distribución de votos irregulares a través de la ponderación, y en su lugar
usar una nueva regla de manera retroactiva, sin previo aviso, lo que vulneró el principio
de confianza legítima de los candidatos y electores que actuaron bajo el entendimiento
de la regla precedente.

6. Además, afirmó que la decisión atacada incurrió en defecto sustantivo porque, pese
a que se configuró la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de
pretensiones, no se dictó fallo inhibitorio. Agregó que las pretensiones de la parte

1 Se transcribe incluso con errores de texto.

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demandante buscaban nulidades, tanto objetivas como subjetivas, lo cual resulta
improcedente conforme lo establece el artículo 281 de la Ley 1437 de 2011, (CPACA).

2.3. Trámite procesal

7. El despacho ponente, mediante auto del 17 de enero de 20252, admitió la solicitud
de amparo; vinculó, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo de
Santander, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y a los señores Fredy Andrés Galvis Barrera, Edilberto Andrés Sierra Gutiérrez, Joselín
Díaz Aguillón, Juan Camilo Sánchez Carvajal y Yojan Leonardo Peñaranda Quintero;
requirió al tribunal en primera instancia para que aportara, en medio digital, el
expediente ordinario; tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la demanda
de tutela; y reconoció personería al abogado de la parte accionante.

2.4. Intervenciones

8. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare la inexistencia de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y su falta de
legitimación en la causa por activa, pues consideró que la demanda recae sobre
causales de nulidad electoral, lo cual difiere de sus competencias legales y
constitucionales3.

9.El señor Joselín Díaz Aguillón pidió que se amparen los derechos fundamentales
del señor Reyes Plata, ya que los magistrados incurrieron en la violación de sus
derechos fundamentales, en especial el debido proceso, lo que a su vez afectó el
derecho a elegir y ser elegido4.

10.El Tribunal Administrativo de Santander manifestó que no vulneró los derechos
de la parte actora, pues sus actuaciones se ajustaron a las reglas del debido proceso,
sin que se visualice una actuación irregular; agregó que los defectos alegados por la
parte accionante atacan la sentencia de segunda instancia5.

11.La Registraduría Nacional del Estado Civil requirió que se le desvinculara de la
presente acción constitucional; indicó que lo pretendido por la parte actora es insistir
en puntos que ya fueron resueltos de fondo por los jueces naturales; y que se pretende
usar la acción de tutela como un recurso ordinario6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la

2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00101-00, índice 5, certificado 28912D73C33E920D
3CA56C156212F5C9 F5DF6E0B3E29FC6E 4C7483C798F54FFD.
3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00101-00, índice 10, certificado 69F45EBE82E2AC1A
2216CA67A52F1878 E102CE7EEA724580 1AD10E67B438376D.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00101-00, índice 11, certificado 8662DEED2B6B5FD0
C7C195E6783A8F78 B3C7BBF8519F2213 BB18F706F73F96F6.
5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00101-00, índice 10, certificado 69F45EBE82E2AC1A
2216CA67A52F1878 E102CE7EEA724580 1AD10E67B438376D.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-00101-00, índice 14, certificado 97750FF9EB1CFB68
1E1E16FACC56F7B7 B056D6F321E42856 45E6F33C922D59E2.

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presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

13.La legitimación en la causa por activa del señor Elkin Alfonso Reyes Plata se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandada dentro del proceso de
nulidad electoral que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 7 de noviembre
de 2024, objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró
fueron vulnerados.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Quinta
14.
del Consejo de Estado, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del 7 de
noviembre de 2024 que, afirmó el tutelante, quebrantó sus derechos fundamentales.

15.El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron
su desvinculación, al considerar que no están llamados a responder por la alegada
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

16.Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridades accionadas,
no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos
expuestos, se negará la solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

17.La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional8.

18.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes puntos:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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19.Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a escenarios específicos que afectan la integridad de la
decisión judicial y justifican la intervención del juez constitucional para salvaguardar
los derechos fundamentales.

20.En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial, se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

21.Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia11.

22.La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurado el defecto sustantivo por inaplicación normativa y por
desconocimiento del precedente judicial expuesto en el escrito de tutela, prosperaría
la pretensión de amparo, ordenando al tribunal accionado emitir una nueva sentencia
en la que estudie de fondo las pretensiones de la parte actora. En este escenario
estarían afectados los derechos fundamentales del señor Elkin Alfonso Reyes Plata al
debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, y los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, para cuyo amparo acudió a esta
acción constitucional.

23.Respecto de los cargos atinentes al defecto sustantivo por inaplicación normativa y
por desconocimiento del precedente judicial, la parte accionante no cuenta con otros
mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad
electoral en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

24.El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia que
profirió la Sección Cuarta del Consejo de Estado data del 7 de noviembre de 2024, y

9 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

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el escrito de tutela se presentó el 14 de enero de 2025, esto es, dentro del plazo de
seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional12 y el Consejo de
Estado13 como razonable.

25.La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una posible irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.

26.De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos planteados por la parte actora.

3.4. Problema jurídico

27.La Sala debe decidir si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en el
defecto sustantivo por inaplicación normativa y por desconocimiento del precedente
judicial en la sentencia del 7 de noviembre de 2024 y, por ende, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos, a la igualdad, y los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad del señor Elkin Alfonso
Reyes Plata.

28.Para ello, es necesario analizar si la autoridad accionada, al momento de proferir
sentencia, en efecto, vulneró el debido proceso al no tener en cuenta el precedente de
las decisiones proferidas previamente y las disposiciones legales del procedimiento.

3.4.1 El defecto sustantivo

29.La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 14.

De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
30.
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la interpretación razonable de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.

31.La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

12 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

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[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]15.

32. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente. Es decir que dicha
actividad debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP),
la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la
primacía de los derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de
legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP)
y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)16.

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

33.El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.

34.Al respecto, la Corte Constitucional17 ha considerado que el precedente se define
como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

35.Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el
mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»18.

36.Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o colegiado
no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias. Su carácter
vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena fe,

15 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.

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seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad19, lo cual no impide que los jueces,
según el asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara,
suficiente y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.

37.Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial
del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas
cortes o de los tribunales.

38.En este orden, toda decisión adoptada por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico originado con similares
circunstancias fácticas y jurídicas al asunto sometido a consideración del juez debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»20, salvo si existan razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.

39.Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional21 ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia en virtud de la cual
una autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa
del criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el
respeto del precedente.

40.Por ello, la Corte Constitucional22 permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que
el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.5. Caso concreto

41.El señor Fredy Andrés Galvis Barrera presentó escrito en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral en contra del señor Elkin Alfonso Reyes Plata, con la
pretensión de que se declarara la nulidad del acto de elección contenido en el
formulario E-26 ALC, de fecha 3 de noviembre de 2023. En primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda en fallo del
26 de agosto de 2024.

19 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
20 Corte Constitucional, criterio reiterado en la sentencia SU-354 de 2017.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.
22 Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013.

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Apelada la anterior decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado emitió
42.
sentencia el 7 de noviembre de 2024, en la que revocó el fallo proferido por el a quo y,
en su lugar, declaró la nulidad del acto de elección del alcalde de Oiba y ordenó la
convocatoria a nuevos comicios.

43.Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió, en la sentencia del 7 de noviembre
de 2024, en el defecto de desconocimiento del precedente judicial. Frente a la
aplicación de una nueva regla de derecho, sostuvo lo siguiente:

Dicho de otra manera, no resulta jurídicamente viable decretar la nulidad de una elección
con fundamento en la aplicación retroactiva de interpretaciones jurisprudenciales que
apenas vinieron a adoptarse después de realizada la elección, pues así como las leyes
restrictivas, prohibitivas y desfavorables solo pueden aplicarse hacia futuro, de igual
modo las providencias judiciales que adoptan posturas igualmente restrictivas,
prohibitivas y desfavorables, no pueden cobijar eventos ocurridos en el pasado, pues
ello crearía un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que sería de suyo
inadmisible en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro.
Por contera, comoquiera que las reglas interpretativas aplicadas en este caso por la
Sección Quinta no se encontraban vigentes por la época de los acontecimientos, resulta
fácil de entender que la anulación de la elección del señor Reyes Plata, como Alcalde de
Oiba – Santander, vienen a tomar por sorpresa no solo al elegido sino a los propios
electores, generando afectaciones indiscutibles al derecho fundamental de elegir y ser
elegido.
En ese orden de ideas, la ausencia de una disposición legal que de manera previa y
expresa consagrara esa interdicción y ante la inexistencia de precedentes
jurisprudenciales que de forma concluyente señalaran la aplicabilidad de esa regla a los
candidatos a cargos de elección popular, dotó de seguridad su estrategia de defensa en
el proceso electoral. Al fin y al cabo, en este tipo de casos aplica el brocardo según el
cual, “lo que no está expresamente prohibido está tácitamente permitido”.
Al socaire de estas consideraciones, la aplicación de una nueva regla, adoptados en el
fallo que hoy impugno, defrauda la confianza legítima de aquellos candidatos, que como
en el caso bajo examen, pudieron haber creído de buena fe exenta de culpa, que los
hechos de terceros y su estrategia de defensa estaba cobijada por la jurisprudencia
pacifica de ponderación. Aquí es oportuno recordar que el principio de confianza legítima
protege las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los
administrados con respecto a la regularidad, estabilidad o proyección futura de
determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han
sido promovidas, permitidas, propiciadas o toleradas por el propio Estado23.

44.Sumado a lo anterior, la parte actora afirmó que se incurrió en defecto sustantivo
por la configuración de la ineptitud sustantiva de la demanda; expuso los siguientes
argumentos:

El suscrito no comprende porque a pesar de estar demostrada la ineptitud sustantiva de
la demanda por la indebida acumulación de las pretensiones, esto no dio lugar a un fallo
inhibitorio, el cual fue estudiado y cobijado, aplicando una sentencia de la misma Sala,
que resulta en una protección que se viene dando en la misma Sección Quinta con sus
fallos; en otras palabras, las decisiones que se citan para desconocer las reglas propias
de cada proceso, son sentencias que ellos mismos han proferido. Es claro que el error
grave se materializó, al punto que el mismo fallo conmina al Tribunal Administrativo de
Santander porque la demanda se fundó en causales de nulidad objetiva (numeral 7o del

23 Se transcribe incluso con errores de texto.

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artículo 275 CPACA) y subjetiva (artículo 137 ibidem), y debe advertirse que la
acumulación de estas dos causales, en los términos del artículo 281 de la Ley 1437 del
2011, resulta improcedente.
[…]
Nótese que no nos encontramos ante una subregla o regla de jurisprudencia, se trata de
un artículo de una ley de orden público, que no puede ser evaluada o aplicada de manera
diferenciada por el Juez, el artículo no presenta dudas y resulta bastante claro, el error
que cometió el Tribunal en cuanto a no inadmitir la demanda, no podía ser subsanado
por la Sección Quinta, aplicando una nueva regla jurisprudencial que desconoce la ley
procesal. Para la defensa también resulta incoherente la postura de la Sala, para
proceder a fallar las causales subjetivas y objetivas24.

45.Pues bien, la Sala observa que, contrario a lo que sostuvo el tutelante, la Sección
Quinta del Consejo de Estado no vulneró los principios invocados; pues sobre el
recurso de alzada se pronunció así:

221. En ese orden, mal haría la Sala en continuar aplicando el método de afectación
ponderada, para determinar la incidencia de las irregularidades por trashumancia,
teniendo en cuenta la existencia de un nuevo precedente de esta Sección, según el cual,
tratándose de elecciones para cargos uninominales, se deberá convocar a nuevas
elecciones si la votación de trashumantes resulta mayor a la diferencia de sufragios,
«sumados entre los 3 primeros candidatos (o de los dos en caso de que solo sean 2
aspirantes)».
222. Por tanto, como en el presente asunto el tribunal comprobó la existencia de 117
votantes trashumantes y la diferencia entre los dos únicos candidatos es de 63 votos, no
hay lugar a dudas que es lo procedente aplicar la regla jurisprudencial vigente y adoptada
por la Sección Quinta.
[…]
225. En consecuencia, comoquiera que la cantidad de votos por trashumantes supera la
diferencia entre los dos únicos candidatos, en aras de garantizar la transparencia y la
verdad en el procedimiento electoral, esta Sala anulará el acto demandado, porque las
irregularidades demostradas (117 votos trashumantes) tienen incidencia en el resultado
de la elección que se cuestiona.
226. Por último, esta Sala considera pertinente precisar, como lo hizo en la providencia
citada, que con la aplicación del nuevo precedente no se encuentra desatendido el
principio de confianza legitima del demandado, en tanto, la causal de nulidad invocada,
en este asunto, es de carácter objetivo, lo que significa que su configuración «no
depende de su actuar sino del resultado de las votaciones en el que participaron terceros
ajenos al municipio. Luego, la incidencia de esa irregularidad atiende a criterios
igualmente neutrales y no dependen de una conducta subjetiva que haya desplegado la
parte pasiva en este asunto, sobre la base del precedente judicial anterior»25.

Además, el Consejo de Estado, frente a la acumulación de pretensiones con
46.
causales subjetivas y objetivas, argumentó lo siguiente:

157. La Sala advierte que el tribunal, en la sentencia de primera instancia, concluyó que
debía resolverse el asunto, pese a que la demanda se fundó en causales de nulidad
objetiva (numeral 7º del artículo 275 CPACA) y subjetiva (artículo 137 ibidem), no
obstante, debe advertirse que la acumulación de estas dos causales, en los términos del
artículo 281 de la Ley 1437 del 2011, resulta improcedente.
158. Ahora, si bien es cierto, la circunstancia antes descrita no es causal de nulidad
procesal, se estima procedente que, como ya lo ha hecho esta Sala en oportunidades

24 Se transcribe incluso con errores de texto.
25 Se transcribe incluso con errores de texto.

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anteriores, se exhorte al Tribunal Administrativo de Santander para que, en lo sucesivo,
atienda las ritualidades procesales propias del medio de control de nulidad electoral26.

47. De lo expuesto, la Sala encuentra que, en la providencia del 7 de noviembre de
2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente; si bien el ad quem decidió aplicar una nueva regla
jurisprudencial, esto no afecta el principio de confianza legítima tal y como lo estableció
la jurisprudencia que tuvo en cuenta el juez electoral para definir la controversia.

48.En este punto, es importante resaltar que, la sentencia del 10 de octubre de 2024,
del proceso con radicado núm. 15001-23-33-000-2023-00483-01, que fijó la nueva
pauta frente a la trashumancia electoral, estudió también los efectos inmediatos del
cambio de jurisprudencia y estableció que, después de un análisis fáctico, el juez de
conocimiento, de acuerdo con su criterio, puede decidir si aplica la nueva regla
jurisprudencial en un caso anterior a ella, cuando se vean afectados derechos
fundamentales. Destacó que aplicar una nueva regla de jurisprudencia no viola el
principio de confianza legítima, por las razones que a continuación se citan:

Para este caso particular, la Sala no encuentra que el cambio de precedente en lo que
respecta a la incidencia de la causal de trashumancia en los cargos uninominales,
comporte el desconocimiento de las garantías fundamentales de los aspirantes a la
Alcaldía de Nuevo Colón (Boyacá). Por un lado, la referida causal es de carácter objetivo
y, ante su comprobación, el juez electoral debe determinar su incidencia. Es frente a este
último presupuesto que los demandantes, quienes también participaron en la contienda,
solicitaron que se establecieran nuevas reglas para determinar el impacto que puede
tener una votación trashumante.
De otra parte, tampoco puede afirmarse que deja de atenderse el principio de la
confianza legítima de la demandada, en tanto que la causal de carácter objetivo que se
invoca en este asunto no depende de su actuar sino del resultado de las votaciones en
el que participaron terceros ajenos al municipio. Luego, la incidencia de esa irregularidad
atiende a criterios igualmente neutrales y no dependen de una conducta subjetiva que
haya desplegado la parte pasiva en este asunto, sobre la base del precedente judicial
anterior27.

49.Citado lo anterior, es claro entonces que el ad quem aplicó una regla jurisprudencial
vigente al momento de expedir la sentencia de segunda instancia y que se encontraba
facultado para hacerlo, pues así lo estableció la sentencia que creó la nueva regla con
respecto a la trashumancia.

Por consiguiente, no es de recibo la afirmación que hace la parte accionante, esto
50.
es, que la trashumancia se cometió porque la jurisprudencia anterior no la calificaba
como causal de nulidad electoral; independientemente de la consecuencia jurídica que
esta tuviera, es una conducta reprochable dentro de los procesos electorales.

51.Por otra parte, en lo que refiere al defecto sustantivo por inaplicación normativa, no
es cierto que la Sección Quinta del Consejo de Estado no estudiara lo dispuesto en el
artículo 281 del CPACA, ya que, como bien lo resaltó dentro del fallo, en el acápite de
«cuestión previa», la indebida acumulación de pretensiones no se encuentra dispuesta
dentro del artículo 133 del CGP como causal de nulidad.

26 Se transcribe incluso con errores de texto.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 10 de octubre de 2014, expediente núm.

15001-23-33-000-2023-00483-01 (IJ).

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52.En consecuencia, si bien es una excepción previa, la misma tampoco se alegó en
la contestación de la demanda, que era la oportunidad procesal para hacerlo, y que,
tal como lo establece esa normativa, «Las demás irregularidades del proceso se
tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que
este código establece», razón por la cual el a quo y el ad quem podían estudiar de
fondo las pretensiones de la parte demandante.

53.En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Quinta del Consejo de
Estado no incurrió en el defecto sustantivo por inaplicación normativa y de
desconocimiento del precedente judicial alegado en el escrito de tutela, toda vez que
la sentencia del 7 de noviembre de 2024 aplicó la jurisprudencia vigente para su caso
en concreto y, así mismo, respetó las garantías procesales.

IV. CONCLUSIONES

54.En consecuencia, en la medida en que la Sección Quinta del Consejo de Estado no
incurrió en el defecto sustantivo por inaplicación normativa y por desconocimiento del
precedente judicial y, por ende, no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte tutelante, la Sala negará la solicitud de amparo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Elkin Alfonso Reyes Plata en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
12

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Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

AC/SEJV

13

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