Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00619-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00619-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00619-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00619-00
Accionante: Nancy Amaya León y otros1
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Tema: Acción de tutela contra providencia proferida dentro del medio de
control de nulidad electoral.
Decisión: Niega el amparo porque no se incurrió en el defecto alegado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela2 interpuesta por los señores Nancy Amaya León, Brayan Giovanny Hernández
Amaya, Sadis Madera Hoyos, Jonathan Steven Rojas Parra, Juan Sebastián Rojas
Moreno, Angela Rojas Parra, Carlos Andrés Valderrama Hoyos, Ana María Parra
Corredor, Sergio Antonio Nieto Forero, Jorge Alexander Rodríguez Acevedo, Mario
Alejandro Blanco Osorio, Luis Fernando Sierra Amateus, Carlos Enrique Peña
Vargas, Janneth Tobar Romero, José Crisanto, William Gonzáles y Julián Fernando
Salcedo, quienes actúan en nombre propio, en contra de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, a la conformación, ejercicio y control del poder político; así
como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, ocurrida con ocasión
de la expedición de la providencia del 29 de enero de 2025, dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicado 68001-23-33-000- 2024-00024-02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
El señor Fredy Andrés Galvis Barrera en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral demandó el acto administrativo que declaró la elección del señor Elkin
Alfonso Reyes Plata como alcalde de Oiba (Santander), para el período 2024 - 2027,
a través del formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023.
1 Brayan Giovanny Hernández Amaya, Sadis Madera Hoyos, Jonathan Steven Rojas Parra, Juan Sebastián Rojas
Moreno, Angela Rojas Parra, Carlos Andrés Valderrama Hoyos, Ana María Parra Corredor, Sergio Antonio Nieto
Forero, Jorge Alexander Rodríguez Acevedo, Mario Alejandro Blanco Osorio, Luis Fernando Sierra Amateus,
Carlos Enrique Peña Vargas, Janneth Tobar Romero, José Crisanto, Julián Fernando Salcedo y William
Gonzáles.
2 La acción de tutela se presentó el 5 de febrero de 2025
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Acción de Tutela
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Accionante: Nancy Amaya León y otros
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, autoridad judicial
que, mediante sentencia del 26 de agosto de 2024 resolvió negar las pretensiones
de la demanda, al no encontrar acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos,
necesarios para declarar la nulidad de la elección.
En sede de apelación, la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de la
sentencia del 7 de noviembre de 2024 revocó la decisión anterior para, en su lugar,
declarar la nulidad de la elección del señor Elkin Alfonso Reyes Plata, como alcalde
de Oiba, periodo 2024-2027, al considerar que la cantidad de votos por trashumantes
superó la diferencia entre los dos únicos candidatos.
El 26 de enero de 2025, la parte actora presentó solicitud de nulidad, que fue resuelta
desfavorablemente por la Sección Quinta del Consejo de Estado a través del auto
del 29 de enero de 2025, en el que estableció que los señores Nancy Amaya León,
Brayan Giovanny Hernández Amaya, Sadis Madera Hoyos, Jonathan Steven Rojas
Parra, Juan Sebastián Rojas Moreno, Ángela Rojas Parra, Carlos Andrés
Valderrama Hoyos, Ana María Parra Corredor, Sergio Antonio Nieto Forero y Jorge
Alexander Rodríguez Acevedo carecían de legitimación para actuar dentro del
proceso ordinario, toda vez que no ostentaban la calidad de partes, terceros
intervinientes u otra calidad reconocida en el ordenamiento jurídico.
2.2. Fundamentos jurídicos
Es menester advertir que la parte actora no señaló en qué defecto incurrió la
autoridad judicial accionada en la decisión objeto de cuestionamiento en esta sede,
pero la Sala entiende que se alega un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en la medida que, si bien se les reconoció como trashumantes, lo cierto
es que, a su juicio, no se les otorgó las garantías procesales para defenderse, o, la
oportunidad para presentar pruebas que acreditaran arraigo en el municipio de Oiba.
En ese sentido, consideran que aunque no fueron parte del proceso ordinario, dentro
de este «se adoptaron decisiones que afectaron directamente su derecho a elegir».
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«1. Tutelar nuestros derechos fundamentales al debido Proceso, a defendernos
y los derechos políticos a elegir.
2. En consecuencia, declarar la nulidad procesal desde el momento de la
notificación de la demanda, y darnos la oportunidad procesal de defendernos
dentro del proceso, puesto allí se tomaron decisiones que afectaron nuestros
derechos fundamentales.» (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 10 de febrero de 2025 por medio
del cual se ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado como
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accionado y al Tribunal Administrativo de Santander, al Consejo Nacional Electoral,
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Fredy Andrés Galvis
Barrera y Elkin Alfonso Reyes Plata como terceros interesados en el resultado del
proceso.
Asimismo, a través del auto del 21 de febrero de 2025 se vinculó a los señores Juan
Camilo Sánchez Carvajal, Yojan Leonardo Peñaranda Quintero, Joselín Díaz
Aguillón y a todos los demás vinculados en el proceso de nulidad electoral con
radicado 68001-23-33-000- 2024-00024-02.
2.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado informó que el Consejo Nacional
Electoral mediante las resoluciones 5855 del 2 de agosto del 2023 y 8779 del 8 de
septiembre del 2023, dejó sin efectos la inscripción de las cédulas de los
accionantes, al concluir que eran trashumantes.
Al respecto, señaló que los accionantes no se encuentran legitimados en la causa
por activa porque no son parte en el proceso ordinario dentro del que se profirió la
decisión que se discute en esta sede.
Sobre el particular, indicó que en un asunto similar, el Consejo de Estado3 sostuvo
que «la participación en el censo electoral no legitima al elector para promover la
acción de tutela contra la providencia judicial que anule la elección, si no se hizo
parte en el respectivo proceso electoral»
En ese sentido, para la autoridad judicial los únicos legitimados en la causa para
promover la acción de tutela contra providencia judicial son las partes del proceso en
el que se profirió, esto es, demandante y demandado, lo cual no ocurre en este caso.
Igualmente, precisó que los accionantes tampoco debían ser vinculados al proceso
ordinario como partes o terceros intervinientes, ni bajo ninguna otra calidad, tal como
se dispuso en el auto del 29 de enero de 2025, en el que se rechazó la solicitud de
nulidad propuesta por quienes hoy fungen como tutelantes por falta de legitimación
en la causa.
Por otra parte, sostuvo que no existe vulneración de los derechos fundamentales que
se invocan en protección, toda vez que los ciudadanos fueron declarados como
trashumantes en el procedimiento administrativo adelantado por el CNE y, en
consecuencia, no debían ser notificados o vinculados para intervenir en el proceso
judicial, en ninguna de las dos instancias.
Por lo anterior, pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por activa, o,
en su defecto, se deniegue el amparo porque no se advierte vulneración de los
derechos fundamentales invocados en protección.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Santander manifestó que el trámite del
proceso se surtió sin irregularidad o vicio alguno, en respeto de las garantías
3Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 16 de marzo de 2017. Radicado núm.11001-03-15-000-
2017-00219-00. MP María Elizabeth García Gonzáles. Reiterado en Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 8 de julio de 2024
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procesales, en la medida que no había lugar a notificar a los trashumantes, sino
únicamente al elegido o nombrado. Por lo tanto, solicitó que se niegue el amparo
porque no se transgredieron los derechos fundamentales de la parte actora.
2.4.3. El Consejo Nacional Electoral requirió ser desvinculado del presente
proceso por falta de legitimación por pasiva, pues considera que no tiene incidencia
alguna en las medidas que pueda tomar la autoridad judicial accionada al respecto.
2.4.4. El señor Juan Camilo Sánchez Carvajal pidió que se amparen los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela, toda vez que las autoridades
judiciales incurrieron «en la mala práctica de obviar el numeral 5 del artículo 277 del
CPACA», pues se les debió dar «aviso (…) a la comunidad de Oiba – Santander
para que los ciudadanos se pudieran haber hechos parte»
2.4.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la legitimación en la causa por activa.
Para la Sala resulta necesario pronunciarse al respecto, toda vez que la Sección
Quinta del Consejo de Estado alega en el informe que la parte actora no se encuentra
legitimada en la causa por activa porque no es parte en el proceso de nulidad
electoral dentro del que se profirió las decisiones que se discuten en esta sede.
Por su parte, la Corte Constitucional4 ha sostenido que la legitimación en la causa
por activa «es un presupuesto esencial de la procedencia de la acción de tutela
dentro de un caso concreto, puesto que el juez debe verificar de manera precisa
quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado y cuál es el
medio a través del cual acude al amparo constitucional (…). Ello ha sido concebido
(…) como una garantía de la dignidad humana»
Ahora bien, la misma Corte en sentencia de unificación SU-329 de 2024 estableció:
«En las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas en el marco de
un proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección de los derechos a
la representación política y a elegir y ser elegido, en adelante, quienes no hayan
sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar la acción de
tutela. En consecuencia, los tutelantes deben acreditar que participaron en el
4 Sentencia T-461 de 21
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respectivo proceso en calidad de demandados, demandantes o terceros y que, por
ende, les asiste un interés legítimo.»
No obstante lo anterior, la Sala estima como lo hizo en una oportunidad anterior5,
que en el presente asunto la parte actora se encuentra legitimada en la causa por
activa, en la medida que la discusión se circunscribe a establecer si se presentó una
vulneración de los derechos fundamentales que se invocan en protección porque no
se le otorgó la oportunidad de intervenir dentro del trámite del proceso de nulidad
electoral, lo que, a su juicio, le impidió «defenderse».
Así las cosas, la Sala considera que, si bien los accionantes no fueron considerados
como partes o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
cuestionada en esta sede, lo cierto es que sí tienen un interés legítimo en el resultado
del presente proceso.
Por lo tanto, la Subsección estima se encuentra superado dicho requisito de
procedencia.
3.2.2. De la legitimación en la causa por pasiva del Consejo Nacional
Electoral.
De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1.° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, de
manera excepcional, contra particulares.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por
pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra quien se
dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o
amenaza del derecho fundamental».6
Sobre el particular, se tiene que el Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva porque considera que no tiene
incidencia alguna en las medidas que pueda tomar la autoridad judicial accionada.
No obstante, es menester señalar que la vinculación en el presente proceso obedeció
a que fue dicha autoridad quien profirió el acto administrativo que declaró la elección
del señor Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de Oiba (Santander), para el
período 2024 - 2027, a través del formulario E-26 ALC del 3 de noviembre de 2023.
En orden de ideas, se le notificó de la acción de tutela por tener interés en el resultado
del proceso para garantizar su derecho de defensa.
Por lo expuesto, la Sala procederá a negar la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A. M.P. Juan camilo Morales Trujillo, sentencia 6 de marzo
de 2025. Radicado 11001-03-15-000-2025-00058-00.
6 Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis.
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3.2.3. Ahora bien, es menester señalar que, si bien la parte actora no indicó las
decisiones contra las que encuentra inconforme, lo cierto es que la Sala entiende
que la acción de tutela se dirige contra el auto del 29 de enero de 2025 por medio
del cual se declaró la improcedencia de la solicitud de nulidad propuesta por los hoy
accionantes por falta de legitimación en la causa, razón por la que de conocer de
fondo, solo se pronunciará respecto de esta.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si
la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, a la conformación, ejercicio y control del
poder político, al proferir el auto del 29 de enero de 2025, por la configuración de la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382
de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el
cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
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los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que este
se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como
obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia7. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a
la administración de justicia cuando: i) se aplican normas procesales que se oponen
a la vigencia de derechos constitucionales en cada caso concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
7 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
7
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imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se
incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas,
iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar8.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales9.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en el caso concreto
La parte accionante alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida que, si bien se les reconoció
como trashumantes, lo cierto es que, a su juicio, no se les otorgó las garantías
procesales para defenderse, o, la oportunidad para presentar pruebas que
acreditaran arraigo en el municipio de Oiba.
En ese sentido, consideran que aunque no fueron parte del proceso ordinario, dentro
de este «se adoptaron decisiones que afectaron directamente su derecho a elegir».
Del material probatorio que reposa en el expediente, se tiene que la Sección Quinta
del Consejo de Estado mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, declaró la
nulidad de la elección del señor Elkin Alfonso Reyes Plata, como alcalde de Oiba,
periodo 2024-2027, al considerar que la cantidad de votos por trashumantes superó
la diferencia entre los dos únicos candidatos.
Con ocasión de lo anterior, el 26 de enero de 202510, la parte actora presentó
solicitud de nulidad, en los siguientes términos:
«(…) solicitamos al Honorable Consejo de Estado que declare la nulidad de la
sentencia proferida dentro del proceso de nulidad electoral, en lo que respecta a los
ciudadanos afectados que no fueron vinculados ni notificados. Solicitamos que se
nos otorgue la oportunidad de participar en el proceso, garantizando así nuestros
derechos fundamentales al debido proceso, la defensa, el buen nombre y la
participación política.
De manera subsidiaria, y en caso de que no se declare la nulidad, solicitamos que se
adopten medidas para subsanar las irregularidades procesales y garantizar que
podamos presentar las pruebas necesarias para demostrar nuestro arraigo y
legitimidad como votantes del municipio de Oiba.»
8 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de
2005 y T-053 de 2012.
9 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
10 Ver índice 78 del aplicativo SAMAI
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Por lo tanto, la Sección Quinta del Consejo de Estado a través del auto del 29 de
enero de 202511, resolvió rechazar dicha solicitud, por las consideraciones que se
exponen a continuación:
« 10. En los términos del artículo 135 del CGP, aplicable por remisión normativa del
306 del CPACA, «[l]a parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para
proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y
aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer […]».
11. En este caso, se encuentra que los solicitantes no ostentan la calidad de partes,
terceros intervinientes u otra calidad reconocida en el ordenamiento jurídico, que les
permita actuar dentro del presente asunto.
12. Por tanto, dado que los memorialistas no hacen parte del proceso de la referencia,
no se encuentran legitimados para proponer la solicitud de nulidad procesal que
alegan.
13. Sumado a lo anterior, debe advertirse que, como lo admiten los peticionarios, fue
el CNE el que determinó su calidad de trashumantes y, en consecuencia, dejó sin
efectos su inscripción para votar en el municipio de Oiba, por tanto, lo que tiene que
ver con la notificación de esta decisión obedece a aspectos propios del trámite
administrativo, los cuales resultan ajenos al presente proceso judicial.
14. Así las cosas, este juez al conocer y decidir el medio de control de nulidad
electoral ejercido contra la elección del alcalde de Oiba (Santander), no pudo
violentar los derechos de los solicitantes, pues, se insiste, fue la autoridad
administrativa quien adelantó y concluyó la revocatoria de la inscripción de su
documento a efectos electorales.»
De las transcripciones antes relacionadas se puede apreciar que la autoridad judicial
accionada no incurrió en ninguna irregularidad, en la medida que se demostró que
la parte actora no se encontraba legitimada en la causa para alegar una nulidad
porque no ostentaban la calidad de partes, terceros intervinientes u otra reconocida
dentro del ordenamiento jurídico, que les permitiera actuar dentro del proceso
electoral.
En ese sentido, no encontró vulnerados los derechos de la parte actora porque fue
el Consejo Nacional Electoral quien adelantó y concluyó la revocatoria de la
inscripción de su documento a efectos electorales, mediante las resoluciones 5855
del 2 de agosto de 2023 y 8779 del 8 de septiembre de 2023, a través de la cuales
les revocó a 117 personas la inscripción de su cédula por falta de arraigo, dentro de
los cuales se encuentran los hoy accionantes.
En ese orden de ideas, la decisión de la Sección Quinta de esta Corporación, en el
curso del medio de control de nulidad electoral, partió de la legalidad de las
resoluciones que concluyeron con la revocatoria de la inscripción de sus cedulas de
ciudadanía por falta de arraigo, decisión que no fue impugnada por los ahora
accionantes, por lo que se encuentra revestida de legalidad.
De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que realizó el despacho judicial accionado en la decisión objeto de cuestionamiento
11 Ver índice 83 del aplicativo de SAMAI
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en sede de tutela, hecho que no puede ser calificado como violatorio de los derechos
fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.
En conclusión, esta Sala no observa, de entrada, una actuación grosera o caprichosa
que hubiera propiciado el quebranto de los derechos fundamentales del accionante,
razón por la que procederá a negar el amparo porque la decisión censurad no
adolece del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, de conformidad con
los argumentos expuestos en el presente proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las
consideraciones anteriormente expuestas.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela formuladas por los señores
Nancy Amaya León, Brayan Giovanny Hernández Amaya, Sadis Madera Hoyos,
Jonathan Steven Rojas Parra, Juan Sebastián Rojas Moreno, Angela Rojas Parra,
Carlos Andrés Valderrama Hoyos, Ana María Parra Corredor, Sergio Antonio Nieto
Forero, Jorge Alexander Rodríguez Acevedo, Mario Alejandro Blanco Osorio, Luis
Fernando Sierra Amateus, Carlos Enrique Peña Vargas, Janneth Tobar Romero,
José Crisanto, William Gonzáles y Julián Fernando Salcedo en contra de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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