Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00232-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00232-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00232-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de agosto de 2023
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00232-001 (Ppal.)
Demandantes: ALAIT DE JESÚS RAMOS CALAO y otros
Demandada: ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ – representante a la
Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendientes,
periodo 2022 – 2026
Requisitos para participar en la elección a la Cámara de
Representantes por la Circunscripción Especial
Temas: Afrodescendiente - Inhabilidad del numeral 5° del artículo 179
de la Constitución Política - Comisión de prácticas corruptas
adelantadas por los candidatos de elección popular.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral, ejercido contra el acto de elección de Ana Rogelia Monsalve
Álvarez como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1. Con las demandas se pretende la nulidad del acto de elección de la señora
Ana Rogelia Monsalve Álvarez como representante a la Cámara por la
Circunscripción Especial Afrodescendientes, periodo 2022-2026, contenida en el
Formulario E-26 CAM y en la Resolución 3319 de 16 de julio de 2022 del Consejo
Nacional Electoral.
1.1. Las demandas acumuladas y sus fundamentos fácticos
1
Acumulado con: 11001-03-28-000-2022-00215-00, 11001-03-28-000-2022-00221-00, 11001-03-
28-000-2022-00230-00, 11001-03-28-000-2022-00243-00, 11001-03-28-000-2022-00255-00,
11001-03-28-000-2022-00257-00, 11001-03-28-000-2022-00266-00, 11001-03-28-000-2022-
00293-00 y 11001-03-28-000-2022-00300-00.
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1
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
2. Para los demandantes, la elección de la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez
incurrió en las causales de anulación contenidas en los artículos 275.1 2, 275.3 3
275.54 y 137 inciso 25 de la Ley 1437 de 2011.
3. Indicaron que la señora Monsalve Álvarez, respaldada por el Consejo
Comunitario Palenque de la Vereda Las Trecientas y del municipio de Galapa,
resultó elegida representante a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022-2026, en las elecciones que se llevaron a cabo el
13 de marzo de 2022, sin cumplir con los requisitos y calidades constitucionales o
legales para ello.
4. Afirmaron que, la demandada está registrada como integrante de la
comunidad indígena La Mokana del municipio de Malambo, Atlántico, desde el
2013, según consta en la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM
y Minorías del Ministerio del Interior.
5. Precisaron que, pese a que Ana Rogelia Monsalve Álvarez hace parte de la
mencionada comunidad, se autorreconoció como afrodescendiente, aun cuando no
tiene tal condición. Por lo tanto, obtuvo irregularmente el aval de un consejo
comunitario afrodescendiente para inscribir su candidatura a la Cámara de
Representantes por la circunscripción especial que corresponde a esta minoría
étnica.
6. Indicaron que el Consejo Comunitario Palenque de la Vereda Las Trecientas
del municipio de Galapa inscribió la lista de candidatos encabezada por la señora
Monsalve Álvarez, con el fin de participar en los comicios y optar por una de las dos
curules de la Circunscripción Especial Afrodescendiente.
7. Señalaron que el aval otorgado por dicho consejo comunitario a la
demandada adolece de irregularidades y vicios de legalidad, pues se obtuvo de
manera fraudulenta e indujo a error al electorado afro.
8. Los actores señalaron que Ana Rogelia Monsalve Álvarez no perteneció a las
instancias de participación de comunidades negras, entre ellas, la consultiva
2
«Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 1. Se haya
ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades
electorales».
3
«(…) 3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido
alterados con el propósito de modificar los resultados electorales». (Negrillas fuera de texto)
4
«(…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.».
5
«Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió (…)».
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
nacional o departamental, como lo exige el Decreto 1640 de 2020, en su artículo
2.5.1.6.2., por tanto, no cumplió los requisitos necesarios para ser candidata a la
Cámara de Representantes por la circunscripción especial afro.
9. Advirtieron que la demandada y el señor Rummenigge Monsalve Álvarez,
alcalde del municipio de Malambo, Atlántico, son hermanos, parientes en segundo
grado de consanguinidad, lo cual la inhabilita para ser representante a la Cámara,
según lo dispuesto en el artículo 179.5 de la Constitución Política.
10. De igual forma, manifestaron que el señor Rummenigge Monsalve Álvarez
ejerció como clavero en Malambo, en los comicios realizados en 2022, en los que
la accionada participó y omitió declararse impedido, dada la calidad de candidata a
la Cámara de Representantes de su hermana, Ana Rogelia Monsalve Álvarez.
Asimismo, destacaron que en el municipio esta obtuvo más del 60% de su votación
total.
11. Por último6, señalaron que la demandada ejerció violencia sobre los electores
porque presionó a los funcionarios de la alcaldía de Malambo, Atlántico, para que
votaran por ella y consiguieran apoyos a su favor, so pena de separarlos de los
cargos que ocupaban en la entidad territorial.
1.2. Normas vulneradas y concepto de la violación
12. Para los demandantes, se vulneraron los artículos 1, 2, 6, 7, 40, 70, 171, 176,
258, 329 y 330 de la Constitución Política; 2 y 66 de la Ley 70 de 1993; 1 y 3 de la
Ley 649 de 2001 y 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, y se configuran las causales
de anulación contenidas en los artículos 137 inciso segundo, 139 y 275 numerales
1, 3 y 5 de la Ley 1437 de 2011.
13. En síntesis, los actores explicaron que la demandada incurrió en la causal de
nulidad, prevista el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, porque, pese a que esta
hace parte de la comunidad indígena Mokana, del municipio de Malambo, Atlántico
y fue inscrita y reconocida como tal desde el año 2013, se autorreconoció como
afrodescendiente, sin serlo y obtuvo de manera irregular el aval de un consejo
comunitario afrodescendiente 7 para inscribir su candidatura a la Cámara de
Representantes por la circunscripción especial que corresponde a esta minoría.
14. Manifestaron que Ana Rogelia Monsalve Álvarez no acreditó el cumplimiento
del requisito establecido en el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 8 del Decreto 1640 del
6 En el radicado 2022-00243-00
7
“CONSEJO COMUNITARIO PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO
DE GALAPA”
8
«Artículo 2.5.1.6.2. Avales. Quienes aspiren a ejercer derechos étnicos de participación y
representación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, serán avalados por un Consejo Comunitario o
forma o expresión organizativa de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
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3
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
2000, pues no se tiene constancia de que, al momento de su inscripción como
candidata, hubiere presentado la documentación que demuestre su pertenencia
actual o pasada a alguna de las instituciones de participación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, por lo cual, concluyen que se
inscribió sin cumplir con las exigencias legalmente establecidas.
15. Indicaron que el artículo 3 9 de la Ley 649 de 2001 10 establece que, para ser
candidato por la circunscripción especial afrodescendientes, además de las
calidades generales para ser representante a la Cámara de Representantes, deberá
acreditarse la pertenencia a la respectiva comunidad y contar con el aval de un
consejo comunitario u organización, inscrita ante la autoridad correspondiente.
16. Señalaron que la elección que piden anular configura en la causal prevista
en el artículo 275.3 11 de la Ley 1437 de 2011, por incurrir en falsa motivación porque
los documentos que soportaron su inscripción como candidata a la Cámara de
Representantes por la referida circunscripción especial son «falsos» 12 , lo que
deviene en que obtuvo de manera fraudulenta el aval y se indujo en error al
electorado al hacerle creer que elegirían a una de sus representantes, cuando en
realidad pertenece a la comunidad indígena.
17. Respecto de la configuración de la inhabilidad, manifestaron que la
demandada tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el alcalde
de Malambo, Atlántico, municipio en el cual el 12.5% de su población es
afrodescendiente.
debidamente inscrita y actualizada en el Registro Público de instituciones de representativas, y
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la expresión o forma
organizativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
2. Contar con la certificación de pertenencia étnica.
3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras.
Parágrafo. Los anteriores requisitos se aplicarán sin detrimento de la autonomía de los Consejos
Comunitarios, expresiones y formas organizativas de comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.»
9
Artículo 3o. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de las
comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción
especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
10
Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política.
11
Sobre este particular, en auto de ponente del 23 de febrero de 2023, mediante el cual se resolvió
sobre acumulación de los procesos electorales de la referencia, se indicó que: « Aunque esta causal
está prevista en la ley como objetiva, por tener relación con irregularidades en el proceso de votación
y escrutinios por falsedad o apocrifidad de los registros electorales, lo cierto es que el contexto de la
demanda se enfoca en el incumplimiento de requisitos y calidades de la elegida por no pertenecer a
una comunidad afrodescendiente y haber accedido a una curul exclusiva para miembros de esa
minoría. De este modo, la demanda bajo análisis controvierte la elección por causales subjetivas de
nulidad electoral».
12
Certificación de pertenencia étnica de la Comunidad Palenque de la vereda Las Trescientas y el
municipio de Galapa, y el aval otorgado por esa comunidad.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
18. Afirmaron que la demandada está inhabilitada para ser representante a la
Cámara porque entre el 16 de noviembre de 2021, fecha de la inscripción de su
candidatura y el 13 de marzo de 2022, cuando se realizaron los comicios en los que
resultó elegida, su hermano fungió como alcalde y, posteriormente, participó como
clavero en dicha elección; por tanto, ejerció autoridad.
19. Además, los accionantes expusieron que se incurrió en la causal de nulidad
del artículo 275.1 13 de la Ley 1437 de 2011 14 porque la accionada realizó actos de
corrupción electoral, al exigir y ejercer presión psicológica a los funcionarios y
contratistas de la alcaldía de Malambo, Atlántico, a quienes les requirió votos para
hacerse elegir, aprovechando su parentesco con el alcalde del municipio.
20. Valga precisar que, como se concluyó en la providencia del 23 de febrero de
15
2023 , por medio de la cual se decidió la acumulación de los procesos electorales
de la referencia, las causales objetivas (artículos 275.1 y 275.3), alegadas por los
demandantes, al relacionarse con el incumplimiento de requisitos y calidades de la
elegida, su conducta y eventual configuración de alguna de las causales subjetivas
de inhabilidad, se resolverá en el en el marco del contencioso subjetivo de nulidad
electoral.
1.3. Trámite procesal
21. Las demandas presentadas fueron admitidas mediante providencias de 1 16,
817 1418, 2319 y 2920 de septiembre de 2022; 6 21 y 2122 de octubre de 2022; 3 de
noviembre de 2022 2324 y 725 de diciembre de 2022, en las cuales se ordenaron las
correspondientes notificaciones.
13
Sobre este aspectos, en auto de ponente del 23 de febrero de 2023, mediante el cual se resolvió
sobre acumulación de los procesos electorales de la referencia, se indicó que: « Sin embargo, no se
debe perder de vista que esta Sala, en providencia del 16 de mayo de 2019 [Exp: 11001-03-28-000-
2018-00084-00], puntualizó que en los eventos en los que la censura recae sobre la conducta del
demandado para afectar la libertad del elector, “(…) deben ser estudiadas no desde la óptica de la
causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo (…)”, de tal manera que
“(…) las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos que busquen coartar por cualquier
medio la libertad de los votantes para obtener beneficios en los resultados electorales, constituye un
causal subjetiva de nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato
ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó.”
De ahí que el cargo de violencia endilgado a la demandada deba resolverse en el marco del
contencioso subjetivo de nulidad electoral. Al igual que acontece con la presunta actuación del
hermano de la demandada como clavero electoral en el municipio de Malambo».
14
El demandante en el radicado 2022-00243-00.
15
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
16
En el expediente 2022-00232-00.
17
En el expediente 2022-00266-00.
18
En el expediente 2022-00243-00.
19
En el expediente 2022-00221-00.
20
En el expediente 2022-00255-00, decisión que también negó la suspensión provisional requerida.
21
En el expediente 2022-00300-00.
22
En el expediente 2022-00257-00.
23
En el expediente 2022-00215-00, decisión que también negó la suspensión provisional requerida.
24
En el expediente 2022-00230-00, decisión que también negó la suspensión provisional requerida.
25
En el expediente 2022-00293-00.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
22. En providencia de 23 de febrero de 2023, se decretó la acumulación de los
expedientes de la referencia y la diligencia de sorteo de magistrado ponente fue
realizada el 8 de marzo de 2023.
23. El magistrado ponente, en auto de 11 de abril de 2023, ordenó impartir trámite
de sentencia anticipada, decretó y negó algunas pruebas, fijó el litigio y corrió
traslado para alegar.
24. El 8 de mayo de 2023 se resolvió no reponer la fijación del litigio, incorporar
al expediente y decretar como pruebas y correr traslado de los documentos
aportados por el señor Iván Felipe Rojas Flórez. Además, se ordenó remitir el
expediente al despacho que le sigue en turno para resolver el recurso de súplica,
interpuesto contra el auto de 11 de abril de 2023 26.
25. Asimismo, mediante auto de 29 de junio de 2023, se decidió no reponer el
auto de 11 de abril de 2023, en relación con la negativa del decreto de las pruebas
documentales, testimoniales e interrogatorio de parte, solicitadas por el demandante
Alait de Jesús Ramos Calao.
1.4. Contestaciones
26. Realizadas las notificaciones ordenadas en los autos admisorios de las
demandas, según consta en los respectivos informes secretariales, se
pronunciaron:
1.4.1. Ana Rogelia Monsalve Álvarez (demandada)
27. Mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
ya que, a su juicio, no está incursa en las causales de nulidad alegadas por la parte
actora.
28. Luego de referirse a los fundamentos fácticos de las demandas, manifestó
que la creación de la Circunscripción Especial para las comunidades
Afrodescendientes obedeció a una medida de discriminación positiva para
garantizar la representación de dichas comunidades al interior del Congreso de la
República, en tal sentido, esta figura fue introducida a través del artículo 176 de la
Constitución Política y reglamentada mediante la Ley 649 de 2001.
29. Al respecto, el artículo 3 27 de la citada ley enlista los requisitos requeridos
para ser candidato a dicha instancia de participación, así: i) ser miembro de la
26
En providencia de 20 de junio se ordenó devolver el expediente al despacho ponente para que
resolviera el recurso de reposición parcial, interpuesto contra el auto de 11 de abril de 2023.
27 Artículo 3o. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de las
comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción
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respectiva comunidad y, ii) ser avalado previamente por una organización inscrita
ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
30. Manifestó que quien aspire a ocupar esta curul especial deberá, inicialmente,
acreditar su pertenencia a una comunidad afrodescendiente. Acudió al criterio
de la Corte Constitucional 28, según el cual «lo único que marca el reconocimiento
de las comunidades étnicas es su autonomía y, con ella, el proceso de
autorreconocimiento de los miembros que la integran ».
31. Por otra parte, respecto a las instancias organizativas o participativas de
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indicó que
existen dos conceptos importantes, el de «comunidades negras» y el «consejo
comunitario», los cuales están definidos en la Ley 70 de 1993 29 y en el Decreto 1745
de 199530.31
32. Precisó que el consejo comunitario es una instancia de participación y de
representación, de conformidad con el Decreto 1640 de 2020. Sostuvo que todo
integrante de un consejo comunitario es miembro de una comunidad negra y, por
tanto, «sujeto de especial protección, lo que equivale a que se puede postular para
representar los derechos de los pueblos étnicos, puesto que naturalmente integran
las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas
raizales y palenqueras».
33. Indicó que mediante Resolución 375 del 24 de julio de 2017 del municipio de
Galapa, Atlántico, se inscribió al Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la comunidad Afrodescendiente
Palenque de la Vereda Las Trescientas y del municipio de Galapa.
34. Posteriormente, mediante certificación 453 del 9 de octubre del 2020,
expedida por la directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, se puede constatar que el mencionado consejo comunitario
se encuentra inscrito, mediante resolución 212 del 11 de octubre de 2017, en el
Registro Único de Consejos Comunitarios y de Organizaciones de Comunidades
Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y que se
actualizó con la Resolución 338 del 9 de octubre del 2020, lo que demuestra el
cumplimiento, por parte de la organización étnica de las exigencias de los artículos
3 de la Ley 649 de 2011 y 2.5.1.6.2., del Decreto 1640 de 2020.
especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
28
Sentencia T-576/14.
29
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
30
«Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para
el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras"
y se dictan otras disposiciones».
31
Sin precisar los artículos que los contienen.
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35. Afirmó que el aval otorgado por la Comunidad Afrodescendiente Palenque de
la vereda Las Trecientas, tiene como fundamento lo decidido por una organización,
debidamente inscrita, el cual consta en acta de la asamblea general del consejo
comunitario, de 27 de octubre de 2021 y en el formato E-6 CA 0000000002101 de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
36. Expuso que el autorreconocimiento como afrodescendiente está acreditado
de acuerdo con la certificación de la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior el 22 de
septiembre de 2022, y su pertenencia de acuerdo con el certificado de 27 de enero
de 2021 expedidas por dicho ministerio 32 y por el representante legal del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras del
municipio de Galapa.
37. Concluyó que ser miembro del consejo comunitario es una situación
incontrovertible y está debidamente acreditada por las autoridades competentes y
que por su condición de sujeto étnico, es quien «determina el ejercicio de sus
derechos políticos como sujeto de protección especial por el Estado».
38. Adujo que pertenece a una familia afrocolombiana porque su padre es
integrante de dicha comunidad, lo cual coincide con la definición de «comunidad
negra», prevista en el artículo 2 de la Ley 70 de 1993.
39. Ahora bien, definió el concepto de consejo comunitario, como «instancia de
participación y de representación» 33 y por tanto, todo integrante de este es miembro
de una comunidad negra y sujeto de especial protección, por lo que «se puede
postular para representar los derechos de los pueblos étnicos, puesto que
naturalmente integran las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras».
40. Por ende, consideró que la junta de la asamblea del consejo comunitario de
la organización étnica es la administradora de los asuntos de dichas comunidades,
de conformidad con la Ley 70 de 1993, lo cual permite concluir que es una de las
instancias e instituciones de participación, por excelencia. 34
41. De acuerdo con lo anterior, la demandada cumple con el requisito de ser o
haber sido parte de una institución participativa de la comunidad étnica que la avaló
porque es miembro certificado de la misma.
42. Además, que fue designada dentro de la institución de participación para
realizar actividades y adelantar programas comunitarios, por lo cual promovió actos
32
Ministerio del Interior, oficio núm. EXT_S21-00002633-PQRSD-002624-PQR Bogotá, D.C.
27/01/2021.
33
De acuerdo con el Decreto 1640 de 2020, parte considerativa.
34
Procuraduría General de la Nación- Concepto núm. 2022-09-NE-160.
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8
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
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culturales y expresiones artísticas, tendientes a la conservación de la identidad y
preservación de las costumbres, identidad cultural, infraestructura y preservación
de aspectos de servicios básicos, situación que demuestra el cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020, al haber
integrado una institución de participación de las comunidades afro a las que está
circunscrita.
43. Al respecto concluyó que cumple con las calidades y requisitos exigidos para
recibir el aval que obtuvo para representar a la comunidad afrodescendiente, por lo
que no incurre en la causal de nulidad del artículo 275.5 del CPACA.
44. Respecto de la certificación allegada por el accionante 35 , en la que se
acredita la condición de la demandada como miembro del cabildo indígena La
Mokana del territorio de Malambo, Atlántico, destacó que obedece a un censo
realizado en 2013 y estuvo vinculada a aquel como hermana agregada 36, porque
estuvo casada con uno de sus miembros; no obstante, fue desvinculada en 2018
con ocasión a su divorcio, como consta en «acta No 011/2019 MINGA ORDINARIA:
TEMA BASE CENSAL AÑO 2019», de la asamblea permanente de 28 de noviembre
de 2019.
45. Por otra parte, adujo que la inhabilidad del artículo 179.5 de la Constitución
Política constituye una limitación al derecho fundamental a ser elegido y, a acceder
a funciones y cargos públicos, como lo ha manifestado el Consejo de Estado 37, y
que, según la jurisprudencia 38 , deben concurrir cuatro 39 presupuestos
fundamentales para su configuración.
46. Destacó que, de conformidad con el artículo 179.5 de la Constitución Política,
la inhabilidad se configura cuando un funcionario ejerció autoridad civil y política en
la misma circunscripción en la cual deba efectuarse la elección del candidato con el
cual tiene vínculo de parentesco, lo que no ocurre en el presente caso, porque la
35
No precisó a cuál se refería.
36
lo cual, afirma, se expuso en comunicado de prensa y certificación de 19 de abril de 2033.
37
Consejo de estado, Sala Consulta y Servicio Civil, rad. 11001-03-06-000-2015-00058-00. M.P
Álvaro Namen: «“(…) las normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben
interpretarse de manera que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los
limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para desempeño
de cargos públicos deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la ley y no
pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre en forma restrictiva».
38
Cfr. Entre otras sentencias: Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicados 1891, 1894, 1895,
1897, 1909, 1911, 1912, y 1914. M.P Darío Quiñones Pinilla y Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Radicado No 110001-03-15-000-2012-00789-00, M.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
39
I) La existencia del parentesco entre el candidato y el funcionario público, en los términos descrito
en la normativa.
II) Un elemento funcional, relativo a la autoridad política o civil que debe ejercer el funcionario que
tiene el vínculo de parentesco con el candidato o persona elegida.
III) Un elemento temporal, referido al momento en el cual debe ejercerse el cargo público por parte
del funcionario que tiene el vínculo de parentesco con el candidato y,
IV) Un elemento espacial o territorial, referido a la circunscripción en el que debe actuar el funcionario
que ejerza autoridad civil o política.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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circunscripción para la que fue electa la demandada es de carácter nacional
(conforme al artículo 13 de la Ley 649 de 2001) y el funcionario sobre el cual se le
atribuye vínculo de parentesco, pertenece a una del orden territorial.
1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) 40
47. Su apoderada judicial manifestó que la entidad tiene carácter técnico e
imparcial en el desarrollo de los comicios, lo cual le impide pronunciarse respecto
de las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, solicitó que se declarara
probada la excepción de falta de legitimación por pasiva y cumplimiento de un
deber legal 41.42
1.4.3. Consejo Nacional Electoral (CNE) 43
48. Manifestó que las pretensiones de las demandas no están llamadas a
prosperar; se pronunció respecto de sus fundamentos fácticos y, en resumen,
planteó los siguientes argumentos:
49. Señaló que de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables 44 ,
quienes toman la decisión de escoger y determinar los candidatos a los cuales se
le concederá el apoyo, conforme a lo regulado por sus estatutos, son los partidos o
movimientos políticos, ya que estos se encuentran facultados legalmente para
40
Respecto de los expedientes con radicado 2022-00215-00, 2022-00230-00, 2022-00243-00, 2022-
00255-00 y 2022-00293-00, la RNEC no contestó las respectivas demandas.
41
«(…) en atención a que la entidad realizo (sic) la inscripción de candidatos y listas de candidatos
a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes la RNEC debe
observar además de los requisitos generales prescritos para las inscripciones de candidaturas, los
establecidos por la Ley 649 de 2001 en el artículo 3°, esto es, que los candidatos sean miembros de
la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de
Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, reglas que fueron acreditadas con los
documentos expedidos por el área competente del Ministerio del Interior de acuerdo con lo señalado
por el Decreto 1066 de 2015».
42
Excepción que fue declarada como no probada a través de la providencia de 11 de abril de 2023
proferida por el magistrado ponente.
43
Respecto de los expedientes con radicado 2022-00230-00 y 2022-00266-00, el CNE no contestó
las respectivas demandas.
44
Expuso que el artículo 40 de la Constitución Política permite a todo ciudadano el derecho a poder
ejercer la participación y representación política, en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para ello el legislador a través del artículo 265 de la Constitución Política de Colombia,
modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, le atribuye al Consejo Nacional Electoral la suprema
inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral. En este orden, explicó que la
Constitución Política a través del artículo 108 y el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 contempla la
figura de la inscripción de candidatos. Por su parte el artículo 9 de la Ley 130 de 1994 señala que
«La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del
partido o movimiento o por quien él delegue» y la Ley 649 de 2001 en los artículos 1 y 2, al referirse
a la inscripción de candidatos por la circunscripción especial por afrodescendientes, señala que
habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación de grupos étnicos en la
Cámara de Representantes y que quienes aspiren a ser candidatos de comunidades negras deberán
ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante
la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
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Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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hacerlo a través del otorgamiento de avales que permiten la inscripción para la
elección popular.
50. Precisó que el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020 establece de qué
manera se deben presentar los avales en las comunidades afrodescendientes, los
cuales se constituyen como garantía frente a las calidades que debe reunir un
candidato y como soporte para la inscripción e identificación de militancia respecto
a un partido o movimiento político específico. De igual forma, destacó que dicha
inscripción es susceptible de modificaciones, según lo dispuesto por el artículo 31
de la Ley 1475 de 2011.
51. Explicó que, ante el CNE, se radicó solicitud de revocatoria de inscripción de
la candidatura de la representante a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendiente Ana Rogelia Monsalve Álvarez, bajo el radicado CNE-E-DG-
2022-009269, y mediante oficios CNE PFGS-349-2022 y CNE-PFGS-350-2022 de
25 de julio de 2022, la entidad informó las razones por las cuales perdió
competencia para conocer de la misma.
52. Con relación al cargo de violencia al elector, presión psicológica y corrupción
electoral, destacó que el demandante no concretó ni circunscribió la ocurrencia de
esos hechos a zonas, puestos y mesas de votación donde los «constreñidos»
depositaron sus votos, ni aportó evidencia de que estos favorecieron a la
Comunidad Afrodescendiente Palenque de la vereda Las Trecientas del municipio
de Galapa o a la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez.
53. Explicó que tampoco se determinó la incidencia de los hechos en la votación,
y qué recibieron los constreñidos a cambio de sus votos, si en efecto votaron por la
candidata en cuestión, y si el supuesto fraude tuvo la potencialidad de modificar el
resultado electoral. Asimismo, que el demandante incumplió con la carga probatoria
que impone el artículo 288 45 del CPACA, toda vez que lo aportado es insuficiente
para establecer el elemento cualitativo que exige la violencia 46, dado que no es
posible determinar cuántos ciudadanos ejercieron el derecho al sufragio.
54. Además, señaló que, si bien es cierto, el vínculo de parentesco, por
consanguinidad entre la demandada y el señor Rummenigge Monsalve Álvarez, se
encuentra probado y que este último detenta la calidad de alcalde de Malambo,
45
«(...) Artículo 288. Consecuencias de la sentencia de anulación
Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:
1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el numeral 1 del
artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de
votación afectados.
Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento de los
ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en
toda la circunscripción. (...)».
46
Al respecto explicó que frente a la anulación de un acto de elección al que se endilga la causal de
violencia, además de estar comprobado el elemento cualitativo, es decir, que efectivamente sí existió
el acto de violencia alegado, debe probarse también el elemento cuantitativo, es decir que por dichas
circunstancias existió mutación del resultado electoral.
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Atlántico y, en consecuencia, ejerce autoridad civil por su potestad legal y
constitucional de mando, imposición y dirección sobre una generalidad de personas
lo cierto es que, dado que la circunscripción especial afrodescendiente, en la que
se inscribió la accionada, es del nivel nacional, y el ámbito de competencia de su
hermano es en el municipio de Malambo, no se encuentra acreditado el factor
territorial de la inhabilidad manifestada.
1.4.4. Ministerio del Interior 47
55. Su apoderado judicial explicó que de acuerdo con el artículo 176 48 de la
Constitución Política, reglamentado por la Ley 649 de 2001 (art. 3 49), le corresponde
a su Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras certificar la inscripción de las organizaciones que avalan a los
aspirantes a ser candidatos para ser elegidos a la Cámara de Representantes por
la circunscripción especial de las comunidades negras, en el Registro Público Único
Nacional.
56. Sobre los hechos de las demandas, señaló que dicha dependencia profirió a
favor del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras de la vereda las Trecientas y del municipio de Galapa, la Resolución
338 del 9 de octubre de 2020 50 y la certificación 453 del 9 de octubre de 2020 51, y
aclaró que estos consejos, por mandato legal, son los competentes para avalar a
los miembros de sus colectividades, según las normas referidas.
57. De igual forma, precisó que la certificación de autorreconocimiento, expedida
por la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras no es el documento pertinente para probar la integración
étnica, cultural y social de una persona a una comunidad, para efectos de aspirar a
ser candidatos a la Cámara de Representantes por la mencionada circunscripción,
47
La entidad se pronunció en los expedientes con radicado 2022-00221-00 y 2022-00257-00.
48
«Artículo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y
circunscripciones especiales. (…) Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la
Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior.
Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos así: dos (2) por
la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las
comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se
contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el
exterior. (…)»
49
«Artículo 3º. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de las
comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción
especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del
Interior».
50
“Por la cual se actualiza un Consejo Comunitario en el Registro Único de Consejos Comunitarios
y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio
del Interior”.
51
Que da cuenta del nombre del representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del municipio de Galapa «Palenque de la Vereda
las Trecientas y del municipio de Galapa para dicha fecha.
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toda vez que esta competencia radica directamente en las organizaciones y/o
consejos comunitarios, según el artículo 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020.
58. Asimismo, indicó que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
informó que la demandada se encuentra registrada en el censo del año 2013,
aportado por la autoridad de la comunidad indígena La Mokana del municipio de
Malambo, Atlántico52.
59. Aunado a lo anterior, el ministerio, después de hacer referencia al Convenio
169 de la OIT (artículos 153, 354 y 455), a la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la sentencia C-169 de 2001 de la
Corte Constitucional, destacó que las comunidades étnicas, sean indígenas,
negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales, ROM o gitanos, tienen derechos
mínimos reconocidos, no solo por el marco normativo interno, sino también por el
internacional, frente a los cuales, el Estado debe tomar las medidas necesarias para
garantizar su ejercicio y goce.
60. Por lo anterior, se expidieron normas como la Ley 70 de 1993 y se dispuso la
creación de lo que hoy se conoce como Registro Público de Instituciones
52
Adicionalmente precisó que: «(…) en Certificación de 27 de octubre de 2022, descargada del
Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC), expedida por el Coordinador del Grupo de
Investigación y Registro de la precitada dirección, en la que se lee: “Que consultado el autocenso
sistematizado y aportado por la Comunidad Indígena MOKANA DE MALAMBO, se registra el Señor
(a): ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ, identificado (a) con CC y número de documento:
32583164, en el (los) censo (s) del (los) año (s) 2013 (…)».(sic)
53
«Artículo 1.
1. El presente convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el
derecho internacional.»
54
«Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán
sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá́ emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el
presente Convenio.»
55
«Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los
pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá́ sufrir menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.»
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Representativas, a cargo de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de ese ministerio, en el que se inscriben
las organizaciones señaladas en el Decreto 1640 de 2020.
61. Refirió que el mencionado decreto establece que una familia solo podrá hacer
parte de un consejo comunitario o de una forma o expresión organizativa de
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo cual no permite
concluir que una persona no pueda tener una doble pertenencia étnica: si las
comunidades indígenas y negras lo han reconocido como tal.
1.4.5. Javier Enrique Socarras Amaya (coadyuvante) 56
62. Puso de presente que: i) la demandada fue avalada para ser candidata a la
Cámara de Representantes, periodo 2022-2026, por el consejo comunitario de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras de la vereda Las
Trescientas del municipio de Galapa, según consta en acta de 27 de octubre de
2021; ii) que la señora Monsalve Álvarez no hacía parte del consejo comunitario en
mención y; iii) no es miembro de la respectiva comunidad negra, dado que a la fecha
no ha sido desvinculada del autocenso aportado por la comunidad indígena La
Mokana de Malambo (Atlántico) ante el Ministerio del Interior.
63. En tal sentido, adujo que, frente a la desvinculación, la comunidad indígena
deberá entregar, en el autocenso de la vigencia, las novedades respectivas, las
cuales tienen que ser aprobadas por una asamblea donde se acepten las altas y
bajas del censo para el periodo correspondiente. Asimismo, resalta el comunicado
de prensa del cabildo indígena La Mokana en el que manifestó que la demandada
no es miembro de la comunidad étnica, en razón a su divorcio con Yeison Trillo
Camargo.
64. Llamó la atención sobre el hecho de que la demandada se encuentra inscrita
en el autocenso del año 2013 y su matrimonio con el miembro Mokana se llevó a
cabo el 23 de mayo de 2014, como se puede constatar del registro civil de
matrimonio 6264677 de la Notaría 1° de Soledad (Atlántico). Agregó que fue
instalada una valla publicitaria de la demandada, en el municipio de Malambo
(Atlántico), junto con la candidata al Senado de la República, Martha Peralta Epieyu,
quien recibió el apoyo del pueblo Mokana.
65. Con base en lo anterior, concluyó que la demandada no cumple con los
requisitos necesarios para ser candidata a la Cámara de Representantes por la
circunscripción especial afrodescendiente.
1.5. Trámite de sentencia anticipada
56
Se hizo parte al interior del proceso radicado 2022-00221-00.
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66. En providencia de 11 de abril de 2023 57 , el magistrado ponente, con
fundamento en el artículo 182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021 58,
ordenó impartir trámite para dictar sentencia anticipada, por lo que dispuso
incorporar como pruebas las documentales aportadas por las partes, oficiar a la
RNEC59, al CNE60, a la Organización Afrodescendiente Palenque de la vereda Las
Trecientas del municipio de Galapa61 y al Ministerio del Interior 62.
67. De igual manera, negó oficiar al Ministerio del Interior, a la Dirección
Administrativa Nacional de Estadísticas (DANE), la E.P.S. Salud Total de
Barranquilla y a la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) y las pruebas
testimoniales e interrogatorio de parte
68. También declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la RNEC, corrió traslado para alegar de conclusión y fijó el litigio en
los siguientes términos:
Determinar si la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, como Representante a la
Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente, contenida en el Formulario
E 26 CAM y la Resolución 3319 del 16 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral
57
Anotación 43 SAMAI.
58
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la
contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya
lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el
litigio u objeto de controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo
181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este
numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá
hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código (…)».
59
«[P]ara que, (…) informe y remita copia de:
✓ Los registros civiles de nacimiento de la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez (…) y del
señor Rummenigge Monsalve Álvarez (…).».
60
«[P]ara que, (…) informe y remita copia de:
✓ “los oficios CNE-PFGS-349-2022 y CNE-PFGS-350-2022 de 25 de julio de 2022” descritos
en su contestación de la demanda.».
61
«[P]ara que, (…) informen y remitan de:
✓ Copia de los antecedentes del proceso de verificación de los requisitos necesarios para el
otorgamiento del aval y consecuente inscripción de la candidatura de la señora Ana Rogelia
Monsalve Álvarez, para lo cual deberá certificar el criterio fijado para la constatación de la
pertenencia a la comunidad negra, si integró alguna de las instituciones de participación de esta
comunidad, desde qué fecha y cómo ocurrió.».
62
«[P]ara que (…):
✓ Certifique si la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez estuvo vinculada al listado censal de
la etnia Mokana de Malambo; si dicha situación se originó en el vínculo marital sostenido con el señor
Yeison Trujillo Camargo, quien es miembro nativo de este pueblo; y si la salida de la demandada de
esta comunidad obedeció a su disolución marital, en caso afirmativo precisar a partir de qué fecha.
✓ Certifique a qué comunidad afrocolombiana se encuentra inscrita la señora Ana Rogelia
Monsalve Álvarez y desde qué fecha fue vinculada.».
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15
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
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debe ser anulada porque incurrió en la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 7, 40, 70,
171, 176, 258, 329 y 330 de la Constitución Política; 2 y 66 de la Ley 70 de 1993; 1 y
3 de la Ley 649 de 2001 y 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, y se configuran las
causales de anulación contenidas en los artículos 137 inciso segundo, 139 y 275
numerales 1, 363 y 5 de la Ley 1437 de 2011.
69. Para el efecto, y atendiendo el concepto de la violación y las razones de
hecho y de derecho presentadas por las partes, señaló necesario resolver los
siguientes interrogantes:
a. ¿La demandada carece de requisitos e incurrió en irregularidades durante el proceso
de inscripción, como candidata en representación de las minorías afrodescendientes,
por no cumplir lo establecido en el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020?
b. ¿Se debe anular la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez como Representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente porque fue miembro de
la comunidad indígena Mokana y, posteriormente, reconocida como miembro de la
Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera del municipio de Galapa de
la vereda Las Trecientas?
c. ¿Se encuentra incursa la demandada en la causal de inhabilidad contenida en el
artículo 179.5 de la Constitución Política por tener parentesco de consanguineidad
con el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico) que ejerció autoridad?
d. ¿La demandada realizó actos de corrupción electoral al exigir y ejercer presión
psicológica a los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Malambo (Atlántico)?
1.6. Pronunciamiento sobre pruebas
70. En el traslado de las pruebas recaudadas, la apoderada del demandante 64
Alait Ramos Calao 65 indicó que el CNE manifestó no tener competencia para decidir
la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de la señora Ana
Rogelia Monsalve Álvarez porque ya había sido elegida y, en consecuencia, declaró
su elección el 16 de julio de 2022.
71. Sostuvo que, según el acta 66 de la asamblea general de 27 de octubre de
2021 del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras «Palenque de la Vereda las Treinta y del Municipio de Galapa», se
pone a consideración el nombre de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, pero no se
menciona que esta fuese miembro de dicha organización.
63
Sobre este particular, en auto de ponente del 23 de febrero de 2023, mediante el cual se resolvió
sobre acumulación de los procesos electorales de la referencia, se indicó que: « Aunque esta causal
está prevista en la ley como objetiva, por tener relación con irregularidades en el proceso de votación
y escrutinios por falsedad o apocrifidad de los registros electorales, lo cierto es que el contexto de la
demanda se enfoca en el incumplimiento de requisitos y calidades de la elegida por no pertenecer a
una comunidad afrodescendiente y haber accedido a una curul exclusiva para miembros de esa
minoría. De este modo, la demanda bajo análisis controvierte la elección por causales subjetivas de
nulidad electoral».
64
Mediante memorial de 11 de julio de 2023. Índice 88, SAMAI.
65
Demandante en el proceso de radicado 11001-03-28-000-2022-00232-00.
66
Aportada mediante oficio de 20 de abril de 2023.
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Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
72. De acuerdo con el demandante, la certificación de 19 de abril de 2023 de la
Coordinación Grupo de Investigación y Registro, aportada por el Ministerio del
Interior en memorial de 28 de abril de 2023, coincide con la allegada con la
demanda, de la cual se deduce que la señora Ana Rogelia Monsalve, «NO FUE
EXCLUIDA como Indígena Mokana de Malambo».
73. Por último, afirmó que, del oficio de la Dirección de Asuntos Para
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se deduce que fue
la señora Monsalve quien solicitó, desde el 29 de octubre de 2020, la expedición del
certificado de su autorreconocimiento, como miembro de la población
afrocolombiana y aportó los documentos requeridos para ello, «es decir, no medi[ó]
Censo poblacional, ni listado de integrantes de la respectiva comunidad».
1.7. Alegatos de conclusión
74. Durante el término para presentar los alegatos de conclusión se
pronunciaron:
1.7.1. Ana Rogelia Monsalve Álvarez (demandada)
75. Los apoderados de la demandante, luego de exponer los antecedentes del
proceso, se pronunciaron sobre los interrogantes planteados por en la fijación del
litigio.
76. Frente al cumplimiento de los requisitos habilitantes de la señora Ana Rogelia
Monsalve para aspirar a la Cámara de Representantes por la circunscripción
especial de las comunidades afrodescendientes, afirmaron que la Comunidad
Afrodescendiente Palenque de la vereda Las Trescientas y del municipio de Galapa
tiene la capacidad legal e integral para otorgar avales, conforme lo exige el artículo
2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, lo cual se acredita con los siguientes
documentos:
• Resolución 375 del 24 de julio de 2017, expedida por el municipio de Galapa,
Atlántico, por la cual se inscribió el Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras a la comunidad AFRODESCENDIENTE
PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRESCIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA.
• Certificación 453 del 9 de octubre del 2020, de la Directora para Asuntos de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, según la cual el
Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del municipio de Galapa, aparece inscrito mediante Resolución 212 de
11 de octubre de 2017, en el Registro Único de Consejos Comunitarios y de
Organizaciones de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras
del Ministerio del Interior y que su registro actualizado consta en Resolución 338 del
09 de octubre del 2020.
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
77. En cuanto a la pertenencia de Ana Rogelia Monsalve Álvarez a una instancia
organizativa o participativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, señalaron que la demandada es miembro del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la Comunidad
Afrodescendiente Palenque de la Vereda Las Trescientas y del municipio de
Galapa, tal como lo certifica la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras del Ministerio del Interior, «mediante
oficio N° EXT_S21-00002633-PQRSD-002624-PQR Bogotá, D.C. 27/01/2021».
78. Igualmente, que la certificación «radicado 2022-2-002204-020625 Id: 28183
de fecha 2022-10-19», expedida por la misma autoridad, evidencia que Ana Rogelia
Monsalve Álvarez hace parte del consejo comunitario y del autocenso de dicha
comunidad. La cual, es incontrovertible, teniendo en cuenta que es esta
organización la instancia que reconoce su pertenencia al respectivo pueblo.
79. De lo anterior, concluyó que el aval otorgado por el Consejo Comunitario
Palenque de la vereda Las Trescientas y el municipio de Galapa y la certificación
proferida por este, según la cual se asignan funciones de participación en el
desarrollo de las actividades propias de la agrupación afrodescendiente, queda
acreditada su pertenencia y la calidad de miembro de esa comunidad, como acto
de reconocimiento del consejo comunitario, de la señora Ana Rogelia Monsalve
Álvarez.
80. A lo anterior, debe sumarse el autorreconocimiento Ana Rogelia Monsalve
Álvarez, ante la oficina de asuntos étnicos afrodescendientes del Ministerio de
Interior, dependencia que expide certificación sobre esta manifestación autónoma.
81. También se refirieron al principio de autonomía y autodeterminación,
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, en virtud del cual, es el Consejo
Comunitario Palenque de la vereda Las Trecientas y del municipio de Galapa el
llamado a certificar sus miembros activos.
82. En ese sentido, agregaron que las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras pueden asociarse como persona jurídica para la
administración de los territorios «y los asuntos de la propia comunidad», que
funciona como «una especie de órgano de administración de un nivel superior que
encuentra su justificación en el ordenamiento jurídico y en la necesidad de
organización de estas comunidades».
83. Indicaron que la Sección Quinta67 ha señalado que los requisitos contenidos
en el artículo 2.5.1.6.2, numeral 368, del Decreto 1640 de 2020, tienen relevancia
frente a la obtención del aval en el ejercicio de los derechos de participación
67
Sin precisar a que decisión se refiere.
68
«ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombiana, raizales y palenqueras»
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establecidos en la Ley 70 de 1993, pero no regula los exigidos en el artículo 3 de la
Ley 649 de 2001, es decir, los requeridos para ser candidato a la Cámara de
Representantes por la circunscripción especial de las comunidades negras.
84. Así las cosas, se concluyó, que el artículo 3º de la Ley 649 de 2001 regula
los requisitos para inscribir candidatos a la Cámara de Representantes por la
circunscripción especial afrodescendiente y que resulta equivocado comprender,
como lo hacen los demandantes, que los contemplados en el Decreto 1640 de 2020
también resultan exigibles para quienes aspiren por dicha curul en el Congreso de
la República.
85. Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que cumple con los requerimientos
previstos en las Ley 649 de 2001 y en el Decreto 1640 de 2020, toda vez que «sí
ha integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades
negras, afrocolombianas raizales y palanqueras, lo que la hace elegible al cargo de
elección popular de representante a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendiente».
86. Frente a la pertenencia de la accionada a la comunidad indígena Mokana y
su reconocimiento como miembro de la comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y
Palenquera del municipio de Galapa de la vereda Las Trescientas, indicaron que se
acreditó el reconocimiento colectivo e individual de Ana Rogelia Monsalve Álvarez,
en términos de lo señalado por la jurisprudencia constitucional.
87. En cuanto a la pertenencia de la señora Monsalve a una etnia indígena,
insistieron que según se prueba con certificación de 19 de abril de 2022, expedida
por las autoridades indígenas Mokana de Malambo, ella «no es indígena Mokana
del territorio de Malambo y no hace parte de nuestra organización». Además, en
«acta No 011/2019 MINGA ORDINARIA: TEMA BASE CENSAL AÑO 2019» 69 de
28 de noviembre de 2019, se materializó su desvinculación de dicha comunidad
indígena.
88. Agregaron que se demostró la existencia de solicitudes presentadas ante el
Ministerio del Interior en procura de la actualización de los registros de autocenso
del pueblo indígena la Mokana, sin que «a la fecha se haya ejecutado esos registros
en la oficina de asuntos Indígenas del Ministerio del Interior […]».
89. En todo caso, expusieron que Ana Rogelia Monsalve Álvarez hace parte del
listado censal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas
Raizales y Palenqueras del municipio de Galapa Palenque de la Vereda Las
Trecientas y del municipio de Galapa, como lo demuestra la certificación actualizada
de 27 de enero de 2021 de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del ministerio.
69
«[A]probada por la comunidad indígena MOKANA por unanimidad en asamblea permanente».
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90. Ahora bien, mencionaron que, de acuerdo con la tesis constitucional, el
reconocimiento o pertenencia de los individuos a grupos o comunidades étnicas
está determinado por estos últimos y, en consecuencia, no es competencia de
ninguna autoridad administrativa establecer si una persona es miembro de dichas
colectividades, por medio de certificaciones o censos desactualizados.
91. En ese contexto, se refirieron a la manifestación pública del Cabildo Indígena
Mokana, según la cual, la representante a la Cámara fue desvinculada de esa
comunidad, como hermana agregada, desde 2018, mediante Oficio 18-32536 70,
como consecuencia de su separación con el hermano Mokana Yeison Trillo
Camargo.
92. Manifestaron que no existe prohibición legal de pertenecer, en distintos
momentos, a más de una comunidad étnica o incluso, de manera simultánea y que,
en este sentido, el Decreto 1640 de 2020 establece que solo se puede hacer parte
de un consejo comunitario o expresión organizativa de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero no se refiere a la doble pertenencia
étnica.
93. Concluyeron que Ana Rogelia Monsalve Álvarez, gracias a su autonomía,
constitucionalmente reconocida, y a su conciencia de identidad, se autorreconoce
como afrodescendiente y así certificó el Ministerio del interior. Además, es miembro
de las familias afrodescendientes de Colombia.
94. Igualmente, la Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera del
municipio de Galapa de la vereda Las Trecientas la reconoce como miembro activo
y con participación dentro de su organización. Comunidad que, previo a otorgarle
su aval, estaba debidamente inscrita ante la Dirección de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior.
95. Así las cosas, en criterio de la defensa, no existe duda de que la accionada
cumple con los presupuestos jurisprudenciales de elegibilidad para representar a
dicha comunidad en el Congreso de la República.
96. En cuanto a si la demandada incurrió en la causal de inhabilidad del artículo
179.5 de la Constitución Política, reiteraron que, dado el carácter de nacional que
tienen las circunscripciones especiales en Colombia, no se configura la prohibición
alegada por la parte actora. Pues solo se constituye si el funcionario ejerce autoridad
civil y política en la misma circunscripción para la cual se inscribió el candidato con
el que tiene parentesco.
97. Por último, debe precisarse que, para la demandada, no están probadas las
afirmaciones, según las cuales, ejerció actos de corrupción electoral hacia los
funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Malambo. Tampoco se acreditó, ni
70
El cual reposa en el Ministerio del Interior, bajo el radicado EXTMI 18-30917.
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siquiera sumariamente, la consumación del constreñimiento de Ana Rogelia
Monsalve Álvarez a los electores, los cuales no se identifican, así como tampoco
individualizan las mesas, puestos y zonas de votación donde, presuntamente,
sufragaron. Lo anterior, teniendo en cuenta los presupuestos definidos por el
Consejo de Estado para la configuración de dicha conducta.
98. Por otra parte, negaron que Rummenigge Monsalve Álvarez (hermano de la
demandada) hubiera sido designado como clavero para las elecciones en las que
resultó elegida la congresista demandada, como se acredita con el Decreto 087 de
4 de marzo de 2022, expedido por el alcalde de Malambo, en el que se designa
como tales a cinco funcionarios de la alcaldía del municipio.
99. Finalmente, se solicitó, se nieguen las pretensiones de las demandas y se
declaren probados los argumentos de la defensa.
1.7.2. Juan Bautista García (demandante 71)72
100. Indicó que la organización Afrodescendiente Palenque de la vereda Las
Trecientas del municipio de Galapa73 suministró el acta del 27 de octubre de 2021,
la cual evidencia que el presidente y el secretario de dicho consejo designaron,
discrecionalmente, como candidata a la demandada, sin que de allí se dé cuenta de
los criterios de constatación de pertenencia a dicha comunidad. En consecuencia,
de haber consultado la plataforma pública del Ministerio del Interior, hubieran
advertido que la accionada pertenecía a la comunidad indígena La Mokana desde
2013, situación que impediría su registro.
101. De igual forma, indicó que, en la certificación de 20 de abril de 2023 aportada
por el consejo comunitario, se declara que la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez
fue designada para realizar actividades culturales y artísticas desde el 27 de octubre
de 2021, lo cual «no concuerda con la realidad», toda vez que, no se puede
evidenciar la asignación de funciones y tampoco se encuentran registradas ante el
Ministerio del Interior.
102. Advirtió que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 17 de
julio de 2016 74, concluyó que para dar cumplimiento al requisito establecido en el
artículo 3 de la Ley 649 de 2001 75, quien aspire a ser candidato de las comunidades
71
En el expediente 11001-03-28-000-2022-00243-00.
72
Mediante memorial de 26 de abril de 2023. Índice 64, SAMAI.
73
«Copia de los antecedentes del proceso de verificación de los requisitos necesarios para el
otorgamiento del aval y consecuente inscripción de la candidatura de la señora Ana Rogelia
Monsalve Álvarez, para lo cual deberá certificar el criterio fijado para la constatación de la
pertenencia a la comunidad negra, si integró alguna de las instituciones de participación de esta
comunidad, desde qué fecha y cómo ocurrió.»
74
Radicado Núm. 11001-03-28-000-2014-00099-00, CP. Carlos Enrique Moreno Rubio
75
«Artículo 3º. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de las
comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción
especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
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negras por la circunscripción especial «deberá, de manera inescindible y
concomitante pertenecer a ella». Lo cual, no cumple la señora Ana Monsalve
porque ostentaba tanto la condición de indígena como de afrodescendiente.
103. Sin embargo, a juicio del demandante, la señora Ana Rogelia Monsalve
Álvarez nunca ha pertenecido a una comunidad negra, ya que no ha compartido su
historia y tradiciones en el campo poblado, toda vez que reside en Malambo,
Atlántico, territorio tradicionalmente reconocido como indígena (comunidad
Mokana) y no en el municipio de Galapa, donde se encuentra reconocido el consejo
comunitario al que aduce ser miembro la demandada.
104. Afirmó que la demandada obtuvo la mayor cantidad de votos para su elección
(más de 13.000), en el municipio de Malambo, los cuales, a su juicio, se lograron
bajo presión y violencia a los electores, lo cual se encuentra probado con las
denuncias 76 que reposan ante la Procuraduría General de la Nación.
105. Indicó que Ana Rogelia Monsalve Álvarez no pertenece a las minorías étnicas
que representa, sino que hace parte de grupos políticos tradicionales, ya que está
acreditado, con las pruebas obrantes en el proceso, que fungió como primera dama
en Malambo, Atlántico, debido al parentesco con el alcalde del municipio, quien, en
su momento, ejecutó políticas del programa de gobierno del partido Conservador.
106. Concluyó que el aval obtenido para la inscripción de la demandada es nulo,
toda vez que fue expedido irregularmente y con violación de las normas en que
debía fundarse, además, que ejecutó acciones tendientes a materializar la
corrupción al elector en el municipio de Malambo, razón por la cual debe accederse
a las pretensiones de la demanda.
1.7.3. Edison Enrique Massa Samper (demandante 77)78
107. Ratificó los argumentos expuestos en la demanda. Afirmó que la señora Ana
Rogelia Monsalve no pertenece a una comunidad afrodescendiente, pues para ello
es necesario compartir tradición, historia y costumbres de arraigo y conservar una
conciencia de identidad, para distinguirse de otros grupos políticos.
108. A su juicio, la certificación de la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y la
expedida por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas
Raizales y Palenqueras del municipio de Galapa no son suficientes para demostrar
la pertenencia de la demandada a una comunidad afrodescendiente.
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del
Interior.»
76
No precisó a que denuncias hacía referencia.
77
En el expediente 11001-03-28-000-2022-00221-00.
78
Mediante memorial de 17 de julio de 2023. Índice 89, Samai.
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109. Aseguró que la cuestionada representante a la Cámara no pertenecía a una
comunidad negra, toda vez que, al momento de su inscripción y elección, era
miembro de la comunidad indígena La Mokana de Malambo y no hizo parte de las
instancias de participación de comunidades negras (consultiva nacional y
departamental), de acuerdo con el artículo 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020.
110. El demandante indicó que, de la certificación de 19 de abril de 2023, expedida
por la Coordinación del Grupo de Investigación y Registro del Ministerio del Interior,
se concluye que la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez no fue excluida de la
comunidad indígena Mokana, mientras que el 20 octubre de 2020 se autorreconoció
como miembro de la población afrocolombiana.
111. Agregó que deben respetarse los derechos de las comunidades negras,
afrocolombianas y palenqueras, por lo que no puede permitirse que las curules de
su circunscripción especial en la Cámara de Representantes sean ocupadas por
personas que no pertenecen a estos grupos minoritarios, y no cumplen con los
requisitos previstos en las leyes 70 de 1993 y 649 de 2001, «poniendo en riesgo el
ejercicio democrático partidista o grupal que a título de circunscripción especial tiene
origen en nuestra Constitución Nacional en el artículo 176».
112. De acuerdo con él, la comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera
del municipio de Galapa de la Vereda Las Trecientas no debió dar por cumplido el
requisito de pertenencia (artículo 3 de la Ley 649 de 2001), ya que dicha exigencia
no se satisface con la certificación de la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrodescendientes Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior sino
con ciertas características, distintas del color de piel.
113. En su criterio, si bien es cierto que se cumple con el requisito del aval
otorgado por organización debidamente inscrita, también lo es que, la demandada
no demostró que hiciera parte de los afrodescendientes y agregó que la pertenencia
a un grupo afrodescendiente no es un acto simbólico ni un mero formalismo, pues
tiene un profundo significado, relacionado con aspectos culturales, ancestrales,
identidad propia y forma de actuar.
114. Para culminar, insistió que Ana Rogelia Monsalve Álvarez no cumplió con lo
previsto en el artículo 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, al no haber integrado
alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras y, en consecuencia, solicitó acceder a las
pretensiones de las demandas acumuladas.
1.7.4. Alait Ramos Calao (demandante 79)
79
En el expediente 11001-03-28-000-2022-00232-00.
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115. Frente a los medios probatorios señaló que, según certificación del 1° de
agosto 2022 de la Coordinación del Grupo Investigación y Registro del Ministerio
del Interior, se encuentra acreditada la calidad de indígena de la señora Ana Rogelia
Monsalve. Agregó que en el documento no consta que el registro data de 2013 o
que haya sido revocado o actualizado sin incluir a la demandada.
116. Sostuvo que, según la certificación de 22 de mayo de 2022, del Director de
Asuntos Indígenas Ron y Minorías del Ministerio del Interior, Ana Rogelia Monsalve
se encuentra registrada como indígena en el censo de 2013, y en la expedida por
la Directora de Asuntos para Comunidades Negras Afroamericanas, Raizales del
Ministerio del Interior, la señora Ana Rogelia Monsalve pidió y aportó la
documentación autorreconociéndose como miembro de la comunidad negra, sin
embargo, no hay fecha de su reconocimiento. Agregó que estos documentos son
auténticos y no han sido tachados o desconocidos.
117. Se refirió a la constancia de las autoridades indígenas Mokana de Malambo,
de 19 de abril de 2022, en la que se afirma que la demandada no es indígena de
esta comunidad y no hace parte de su organización, para señalar que, en ella, solo
certifica la pertenencia o no de la señora Monsalve Álvarez en 2022, sin manifestar,
si en algún momento, hizo parte de la comunidad. Frente a la respuesta del
Ministerio del Interior, advirtió que coincide con la aportada en el proceso, de
acuerdo con la cual, la demandada se encuentra inscrita como indígena.
118. Indicó que el acta de la Asamblea General de la Organización
Afrodescendiente Palenque de la Vereda Las Trescientas del municipio de Galapa,
aportada mediante oficio de abril 20 de 2023, en la cual se aprobó, por unanimidad,
a Ana Rogelia Monsalve Álvarez como candidata a la Cámara de Representantes,
periodo 2022-2026, no se manifiesta si es miembro de dicha organización y agregó
que tampoco se aportó el censo de la comunidad a fin de verificar la inclusión de la
demandada.
119. Agregó que el Ministerio del Interior no aportó censo que permita verificar que
la representante a la Cámara es miembro de la Organización Afrodescendiente
Palenque de la vereda Las Trecientas del municipio de Galapa, exigencia necesaria
para otorgar el aval correspondiente, conforme al artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640
de 2020.
120. Finalmente, aludió a la sentencia que estudió la constitucionalidad de la Ley
649 de 2001, de la cual, a su juicio, se deduce, que «el aval busca dotar de certeza
y VERACIDAD a la inscripción del candidato como Afro, por tanto, la demandada
debió demostrar que efectivamente hace parte de la organización que la avaló como
candidata a la Cámara de Representantes hecho no está demostrado […]».
121. Por tanto, para el demandante, la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez no
acreditó su pertenencia a la mencionada organización y son «falsos» los
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documentos exigidos para la inscripción de su candidatura y, posterior, elección.
Aunado a que la elegida se encuentra registrada como indígena, conforme lo
demuestran los certificados expedidos por el Ministerio del Interior.
1.7.5. Iván Felipe Rojas Flórez (demandante80)
122. Reiteró su solicitud de declarar la nulidad de la elección de la señora Ana
Rogelia Monsalve Álvarez como representante a la Cámara por la circunscripción
nacional especial para las comunidades afrodescendientes, por estar inhabilitada
para serlo, dado que tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el
alcalde de Malambo.
123. Afirmó que las circunscripciones especiales de la Cámara de Representantes
no pueden asimilarse a la circunscripción nacional, para efectos de la aplicación de
la excepción del artículo 179 de la Constitución Política. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el artículo 176 de la carta política prevé que la Cámara de
Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y especiales y no
establece que a las últimas se les deba aplicar el régimen de inhabilidades del
Senado de la República o que debe entenderse, para todos los efectos, como de
orden nacional.
124. Además, que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 649 de 2001 y la
sentencia C-169 de 2001 81, en la que se señaló que el artículo 7 del, entonces,
proyecto de la Ley 649 de 2001, los representantes a la Cámara, elegidos por
circunscripciones especiales, están sometidos al régimen general de inhabilidades
e incompatibilidades de los congresistas.
125. Asimismo, hizo referencia al artículo 13 de la mencionada ley, para decir que
este estableció una regla de interpretación hermenéutica 82, que debe aplicarse al
régimen general de inhabilidades, específicamente al numeral 5 del artículo 179
superior. Por tanto, para estos efectos, la circunscripción especial de comunidades
afrodescendientes de la Cámara de Representantes coincide con las
circunscripciones territoriales.
126. Frente a la relación de parentesco, en segundo grado de consanguinidad, de
la demandada con Rummenigge Monsalve Álvarez, señaló que se encuentra
acreditada con los registros civiles de nacimiento de aquellos, aportados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde consta que Virgilio Monsalve
Puello y Amparo de Jesús Álvarez Díaz son sus padres.
80
En el expediente 11001-03-28-000-2022-00255-00.
81
Por medio de la cual se hizo revisión constitucional del proyecto de ley número 025/99 Senado y
217/99 Cámara, “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”.
82
«En lo no previsto por esta ley la elección a la Cámara de Representantes por circunscripción
especial se regirá por las normas que reglamentan la circunscripción territorial de la Cámara de
Representantes».
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127. Agregó que, de acuerdo con los artículos 188 y 189 de la Ley 136 de 1994,
los alcaldes municipales ejercen autoridad civil y política, como es el caso del señor
Rummenigge Monsalve Álvarez, quien, como consta en el Acta de posesión 65 de
la Notaría Única de Malambo, incorporada al expediente, es alcalde de dicho
municipio.
128. En lo relativo al elemento temporal de la mencionada causal de inhabilidad,
en sentencia 83 de esta corporación se estableció que aquella se configura «desde
el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y hasta el día
en que se realiza la elección».
129. En ese sentido, el periodo inhabilitante de la congresista trascurrió desde el
16 de noviembre de 2021 al 13 de marzo de 2022 (día de la elección) y su hermano
tomó posesión del cargo de alcalde de Malambo el 1ro. de enero de 2020
«ejerciendo como alcalde durante el periodo inhabilitante como lo demuestra el acta
de posesión, así como los siguientes contratos de empréstitos decretados como
pruebas».
130. Entonces, concluyó que se cumplen los requisitos para la configuración de la
inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política y, en
consecuencia, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda acumulada.
1.7.6. Consejo Nacional Electoral (CNE)
131. Su apoderado judicial reiteró algunos de los argumentos planteados en la
contestación de la demanda y describió la finalidad del aval, de acuerdo con la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado 84 , como
mecanismo de inscripción de candidatos de los partidos y movimientos políticos,
garantía de que quienes se inscriban a estos, en realidad hagan parte de su
organización y como mecanismo para asegurar que sus avalados reúnan las
condiciones éticas para desempeñarse con pulcritud y responsabilidad.
132. Puso de presente que el artículo 2.5.1.6.2. 85 del Decreto 1640 de 2020,
contiene la forma en que deben expedirse los avales en las comunidades
83
Rad. núm. 11001-03-28- 000-2018-00031-00, MP. Rocío Araújo Oñate
84
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia del 13 de
octubre de 2016, radicado 11001-03-28-000-2016-00003-00.
85
«(…) Avales. Quienes aspiren a ejercer derechos étnicos de participación y representación de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de conformidad con lo dispuesto en
el presente decreto, serán avalados por un Consejo Comunitario o forma o expresión organizativa
de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente inscrita y
actualizada en el Registro Público de instituciones de representativas, y deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la expresión o forma
organizativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
2. Contar con la certificación de pertenencia étnica.
3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras.
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afrodescendientes, por lo cual, aduce que este documento funge como garantía de
las calidades que debe reunir un candidato y, además, es soporte para la inscripción
de su postulación.
133. Indicó que el aval asegura que el candidato cumple con las calidades
respectivas, como ocurre en el caso de la demandada. En tal sentido, precisó que
de conformidad con el artículo 31 86 de la Ley 1475 de 2011, la inscripción del
candidato es susceptible de modificación, la cual solo es posible en eventos
taxativos, con el fin de limitar la revocatoria de la inscripción por causales
discrecionales del partido, so pena de desconocer la estabilidad democrática que
permite la ejecución del artículo 40 de la Constitución Política a ser elegido.
1.7.7. Concepto del Ministerio Público
134. La procuradora séptima delegada, se refirió a los antecedentes del proceso
a los problemas jurídicos que hacen parte de la fijación del litigio, se refirió a las
generalidades de la circunscripción especial de las comunidades
afrodescendientes, la autonomía de los pueblos étnicos y luego arribó al caso
concreto.
135. En este sentido, señaló que quienes aspiren a ser candidatos por la
circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes consagrada en el
artículo 176 de la Constitución Política, deben cumplir con los requisitos contenidos
en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, esto es, ser miembros de la respectiva
comunidad y avalados por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos
de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
136. Indicó que, de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley 649 de 2001, la
circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes es de carácter
Parágrafo. Los anteriores requisitos se aplicarán sin detrimento de la autonomía de los
Consejos Comunitarios, expresiones y formas organizativas de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras. (…)».
86
«MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a cargos y
corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la
candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
cierre de las correspondientes inscripciones.
Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad
sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones
hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad
física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si
la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento
que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán
a favor del inscrito en su reemplazo.
La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá
presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario
electoral correspondiente.».
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nacional, como lo ha confirmado esta sección en sentencia de radicado núm. 11001-
03-28- 000-2014-00053-0087.
137. En lo relativo a la autonomía de los pueblos étnicos, señaló, que conforme la
jurisprudencia constitucional lo ha dicho, el ordenamiento jurídico puede prever
reglas o condiciones características de las comunidades étnicas, como lo es el
territorio, no obstante, estos no son absolutos u obligatorios para su reconocimiento.
138. Sostuvo que el reconocimiento por parte del Estado, mediante actos
administrativos, contribuye a demostrar la existencia de los pueblos étnicos, pero
no descarta la existencia de su identidad colectiva. En consecuencia, «lo único que
marca el reconocimiento de las comunidades étnicas es su autonomía y, con ella,
el proceso de autorreconocimiento», como lo concluyó la Corte Constitucional en
sentencia T-485 de 2015.
139. Precisó que la labor para determinar si un individuo pertenece a determinada
comunidad o tiene los requisitos para representarla ante instancias de participación,
corresponde a su resorte «en el marco de su autonomía y/o autodeterminación, lo
que se traduce en la acción de autorreconocimiento».
140. Se refirió a los conceptos de «comunidad negra», contenido en la Ley 70 de
1993 y de «consejo comunitario», indicando que el primero es antropológico y el
segundo tiene carácter jurídico con la finalidad de procurar por la administración de
las tierras colectivas. En este orden, el consejo comunitario lo integra la asamblea
general y la junta del consejo comunitario.
141. Definió a la asamblea general como «máxima autoridad del consejo
comunitario y está conformada por las personas reconocidas por este, de acuerdo
con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno». Por su parte
la junta del consejo comunitario «es la autoridad de dirección, coordinación,
ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un consejo
comunitario, para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, […]. Sus
integrantes son miembros del consejo comunitario elegidos y reconocidos por éste».
142. En este orden, el consejo comunitario como «colectivo e instancia de
representación», la asamblea general y la junta del consejo comunitario son
instancias o instituciones de participación, pero resaltó que la «asamblea general
[…] agrupa a todos los integrantes de la forma organizativa consejo comunitario»;
por tanto, «cualquier persona de la comunidad afrodescendiente que pretenda
representar los derechos étnicos, cumplirá con el requisito de ser o haber sido parte
de una institución participativa , comoquiera que cada una de dichas formas deriva
de la voluntad de la comunidad negra».
87
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 11 de diciembre de 2014. Radicado núm. 11001-
03-28- 000-2014-00053-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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143. Por lo dicho, en su sentir, es válido interpretar que todo integrante de un
consejo comunitario es miembro de una comunidad negra y, en consecuencia,
sujeto especial de protección y de las garantías fundamentales y permite que se
pueda postular para representar a los pueblos étnicos, como lo puede acreditar el
registro o censo de cada comunidad «formalizado o no» ante la respectiva
autoridad, y también «con lo ratificado por ellos mismos en ejercicio de su
autonomía organizativa…».
144. Al arribar al caso concreto, la agente del Ministerio Público, manifestó que la
la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez cumple con los requisitos necesarios para
aspirar a ser candidata de las comunidades afrodescendientes del artículo 3 de la
Ley 649 de 2001.
145. En efecto, afirmó que la demandada es miembro de la respectiva comunidad,
como lo ratificó en ejercicio de su autonomía organizativa. Además, esta
circunstancia se encuentra demostrada en el Acta de 27 de octubre de 2021, de la
Asamblea de los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras «Palenque de la Vereda las Trecientas y
del municipio de Galapa», en la que se decidió avalar y reconocer a la demandada
como candidata para representarlos en la Cámara, por la circunscripción especial.
146. También añadió que según la certificación expedida por el representante
legal del consejo comunitario88, de 20 de abril de 2023, la congresista demandada
es miembro activo y desde el 27 de octubre de 2021, fue designada para realizar
actividades y programas comunitarios para la promoción de la actividades culturales
y expresiones artísticas para la conservación de su identidad y costumbres.
147. Resaltó que no existe norma que exija un mínimo temporal de pertenencia
del candidato a una comunidad afrodescendiente y que de acuerdo con la sentencia
T-485 de 2015 de la Corte Constitucional, «lo único que marca el reconocimiento de
las comunidades étnicas es su autonomía y, con ella, el proceso de
autorreconocimiento en este caso, colectivo, al que se adiciona el autorreconocimiento
individual realizado por la demandada» y fue certificado 89 por el director de Asuntos
para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y reafirmado
en memorando de 24 de abril de 2023, suscrito por este.
148. En lo que atañe a la exigencia de ser avalado, previamente, por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior, para la procuradora delegada, está probado el acatamiento
de dicho requisito, con los siguientes documentos:
✓ Certificación del alcalde municipal de Galapa, de 23 de septiembre de 2020, según la
cual mediante Resolución No. 357 de 2017, se inscribió al Consejo Comunitario de
88
Pedro Antonio Torres Pérez
89
El 29 de octubre de 2020 y 19 de agosto de 2022.
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Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras «Palenque de la
Vereda las Trescientas y del Municipio de Galapa», con su correspondiente junta
directiva, de acuerdo con el Acta 001 de fecha 26 de marzo de 2016.
✓ Certificación No. 453 de 9 de octubre de 2020, del Director de Asuntos para las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior, según la cual el Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras «Palenque de la Vereda las Trescientas y
del Municipio de Galapa» está inscrito en esa Dirección desde el 11 de octubre de
2017, y que mediante Resolución 338 del 09 de octubre de 2020, se actualizó en el
Registro Único a cargo de esa dirección para la correspondiente vigencia, por cumplir
con las disposiciones legales.
✓ Aval a favor de la demandada expedido por el representante legal del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
«Palenque de la Vereda las Trescientas y del Municipio de Galapa».
✓ Formulario E-6 CA del 16 de noviembre de 202190.
149. Por otra parte, agregó que es postura de esta Sala 91 que los requisitos
previstos en el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020, no son adicionales a los
establecidos en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001 exigidos para ser candidato a la
Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente. Por tanto,
solicitó despachar negativamente este reparo de la parte actora.
150. Frente al cargo relacionado con que se debe anular la elección de la
demandada dada su pertenencia a una comunidad indígena y luego reconocida
como miembro de la comunidad Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
«Palenque de la Vereda las Trescientas y del Municipio de Galapa», precisó que es
necesario tener en cuenta que, a través de la autonomía colectiva e individual, es
posible que un individuo se reconozca miembro de distintas etnias. Agregó, que «se
acoge» a lo expuesto por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del Interior, en el sentido de precisar que «son las propias comunidades
quienes deben certificar la pertenencia o no de una persona a su comunidad».
151. En este sentido, afirmó que está demostrado que la señora Ana Rogelia
Monsalve Álvarez dejó de hacer parte de la comunidad indígena La Mokana desde
2018, como consecuencia de la disolución del vínculo marital con su exesposo,
quien es miembro nativo de dicha comunidad, según lo manifestado por dicha
comunidad en comunicado de prensa, obrante en el proceso.
90
Solicitud para la inscripción de candidatos y constancia de aceptación de candidatos. cámara
circunscripción especial.
91
En sentencia del 28 de julio de 2022. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00011-00. MP. Rocío
Araújo Oñate. «Al igual que lo manifestado por esta Agencia en concepto previo».
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152. En lo relativo a la inhabilidad del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución
Política, enrostrada a la demandada, señaló que esta Sala Electoral ha establecido
cinco elementos que deben cumplirse para su configuración, siendo estos, el
material, el objetivo, el modal, el temporal y el espacial.
153. Precisó que, en este caso, están acreditados los cuatro primeros, sin que se
configure el relacionado con el elemento espacial de la prohibición. En efecto, a su
juicio, el artículo 179 de la Constitución Política dispone que la circunscripción
nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad
consignada en el numeral 5.
154. Indicó que dicha excepción resulta aplicable a este caso, teniendo en cuenta
que «la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes es de carácter
nacional; es decir, no se elige solo en determinado departamento, como acontece
con las circunscripciones ordinarias, sino que su elección deriva de una votación
nacional, a semejanza de lo que ocurre con la Cámara Alta, Senado de la
República». Por tanto, este cargo de nulidad debe negarse.
155. Para terminar, resaltó que no se aportaron pruebas relacionadas con el cargo
según la cual la demandada, presuntamente, «realizó actos de corrupción electoral,
al ejercer presión psicológica a los funcionarios y contratistas de la alcaldía de
Malambo (Atlántico), a quienes les exigió votos para hacerse elegir, aprovechando
su parentesco con el alcalde». Todo para solicitar que se denieguen las
pretensiones de la parte actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
156. Esta corporación es competente para proferir la sentencia que le ponga fin al
presente proceso electoral, en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral
392, de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019, Reglamento del Consejo de Estado, expedido su Sala Plena.
2. Actos demandados
92
«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,
en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en
única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento
a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los
Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de
los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo
directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y
de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a) del
artículo 152 de esta ley. (…)» (Énfasis de la Sala)
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157. Se solicita la nulidad del formulario E-26 CAM y la Resolución 3319 del 16 de
julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, en cuanto a la declaratoria de la
elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, como representante a la Cámara por la
Circunscripción Especial Afrodescendiente, periodo 2022-2026.
3. Problema jurídico
158. Conforme se estableció en la fijación de litigio, el problema jurídico se
circunscribe a «determinar si la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, como
Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendientes,
contenida en el Formulario E 26 CAM y la Resolución 3319 del 16 de julio de 2022
del Consejo Nacional Electoral debe ser anulada porque incurrió en la vulneración
de los artículos 1, 2, 6, 7, 40, 70, 171, 176, 258, 329 y 330 de la Constitución Política;
2 y 66 de la Ley 70 de 1993; 1 y 3 de la Ley 649 de 2001 y 2.5.1.6.2. del Decreto
1640 de 2020, y se configuran las causales de anulación contenidas en los artículos
137 inciso segundo, 139 y 275 numerales 1, 3 y 5 de la Ley 1437 de 2011».
159. Para la resolución del interrogante planteado, se establecerá lo siguiente:
a. ¿La demandada carece de requisitos e incurrió en irregularidades durante el
proceso de inscripción, como candidata en representación de las minorías
afrodescendientes, por no cumplir lo establecido en el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto
1640 de 2020?
b. ¿Se debe anular la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez como
Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente porque
fue miembro de la comunidad indígena Mokana y, posteriormente, reconocida como
miembro de la Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera del municipio
de Galapa de la vereda Las Trecientas?
c. ¿Se encuentra incursa la demandada en la causal de inhabilidad contenida
en el artículo 179.5 de la Constitución Política por tener parentesco de
consanguineidad con el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico) que ejerció
autoridad?
d. ¿La demandada realizó actos de corrupción electoral al exigir y ejercer
presión psicológica a los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Malambo
(Atlántico)?
160. Previo a desarrollar el problema jurídico, se procederá a efectuar un análisis
preliminar en relación con: i) los requisitos para participar en la elección a la Cámara
de Representantes por la Circunscripción de las Comunidades Afrodescendiente; ii)
la inhabilidad contenida en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política;
iii) de la causal de nulidad electoral de comisión de prácticas corruptas adelantadas
por los candidatos de elección popular y; iv) el estudio del caso concreto.
3.1. Requisitos para participar en la elección a la Cámara de Representantes
por la Circunscripción de las Comunidades Afrodescendientes
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161. La Constitución Política de 1991, en su artículo 176 93 , establece, que la
Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y
especiales, estas últimas con la finalidad de asegurar participación de los grupos
étnicos y de los colombianos residentes en el exterior.
162. En la actualidad, las curules por la circunscripción especial son 4, repartidas
así: dos (2) destinadas a las comunidades afrodescendientes; una (1) para las
comunidades indígenas, y una (1) por la circunscripción internacional.
163. Sumado a los requisitos establecidos para ser elegido Representante a la
Cámara, enlistados en el artículo 17794 de la Constitución Política, el 3º de la Ley
649 de 2001, reglamentaria del artículo 176 Constitucional, dispuso que quienes
aspiren a ser candidatos de las comunidades negras por esta circunscripción
especial, deben ser:
i) Miembros de la respectiva comunidad y
ii) Avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de
Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
164. En resumen, para ser Representante a la Cámara, por la circunscripción
especial de las comunidades afrodescendientes además de ser ciudadano en
ejercicio y contar con más de 25 años de edad, se deberá acreditar ser miembro de
la comunidad y estar avalado por una organización inscrita ante la Dirección de
Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
165. Frente a tales exigencias, la Corte Constitucional, en sentencia C-169 de
2001, concluyó que:
(…) los candidatos por las comunidades negras sólo deberán acreditar su calidad de
miembros del grupo, y contar con el aval de una organización. Se pregunta la Corte,
entonces, si ello resulta lesivo de la igualdad; interrogante cuya respuesta debe ser
negativa, puesto que, si se hace uso de los criterios de razonabilidad histórica arriba
citados, se observará que el proceso organizativo de las comunidades negras, más
allá del ámbito local o regional, se halla apenas en sus primeras fases, contrario a lo
que ocurre con los indígenas, que ya cuentan con una sólida organización a nivel
nacional y departamental. Es decir, la consagración de estos requisitos, más flexibles,
constituye un reconocimiento de la realidad específica de los grupos negros, y por lo
mismo, resulta acorde con la Carta.
En cuanto a la condición de haber sido avalados por una organización inscrita ante la
Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, considera la
Corte que éste es un requisito necesario para contar con la plena certeza de que los
candidatos efectivamente se hallan vinculados a una tal agrupación.
93
Modificado por los Actos Legislativos Nums. 02 de 2005, 3 de 2005, y 01 de 2013
94
Artículo 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de
veinticinco años de edad en la fecha de la elección.
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166. Por lo anterior, para la corte las anteriores exigencias son condiciones
razonables que buscan «dotar de un mínimo de seriedad y veracidad a la inscripción
de estos candidatos».
167. Ahora bien, es necesario precisar el artículo 795 de la Constitución Política
dispone que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación.
168. En este orden, conviene referirse a los conceptos de autonomía y
autogobierno que amparan el actuar de las comunidades étnicas en nuestra
legislación, para definir la forma en que se puede acreditar la pertenencia de sus
miembros a estas comunidades, por lo cual, desde la promulgación de la
Constitución Política de 1991, se han reconocido estos conceptos desde varias
perspectivas.
169. Al respecto, el artículo 246 96 Constitucional materializa la autonomía y
autogobierno de las comunidades étnicas y otorga la capacidad de que sus
autoridades ejerzan funciones jurisdiccionales en su territorio y establezcan sus
propias normas y procedimientos, siempre que no contradigan la Constitución y las
leyes de la República.
170. A su vez, el artículo 33097 de la Constitución Política resulta fundamental en
lo relacionado con la materialización de su autonomía, al garantizar, no solo el
reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y autogobierno de dichos pueblos,
sino que también establece un marco normativo para que puedan ejercerlo,
preservar su identidad cultural y gestionar sus asuntos internos de acuerdo con sus
tradiciones y valores. Por lo que, es esencial que el Estado colombiano cumpla con
95
Artículo 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
96
Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
97
Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus
comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se
integren; y
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.
Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro
de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que
se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades.
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su deber de protección y apoyo para el ejercicio de estos derechos, asegurando una
participación y coordinación efectiva entre las autoridades indígenas y las
instituciones estatales.
171. Dicho precepto constitucional resulta pertinente, en este asunto, en la medida
en que la sentencia C-169 de 2001 98, señaló que el reconocimiento por parte del
legislador de las comunidades negras como grupos étnicos contribuye con su
inserción a la vida política y económica del país y precisó:
Este reconocimiento genera, como consecuencia inmediata, el que las comunidades
negras adquieran la titularidad de derechos colectivos similares a los de las
comunidades indígenas, con las diferencias impuestas por sus especificidades
culturales y su régimen legal propio. Lo que es más importante, se hacen acreedores
a los derechos que consagra el Convenio 169 de la O.I.T.
172. Frente al reconocimiento de la diversidad étnica 99 y cultural, la Corte
Constitucional señaló que esta se manifiesta en el derecho fundamental a la libre
determinación o autonomía de los pueblos indígenas y tribales. Añadió que este
derecho fomenta la fase participativa de dichas comunidades, así como su derecho
a optar por su modelo de desarrollo, de acuerdo con sus aspiraciones y desde su
propia visión del mundo. Lo anterior, con el fin de asegurar la supervivencia de su
cultura.
173. Para el tribunal constitucional, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT 100
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, ha concluido que el derecho de la autonomía o libre determinación de
dichas comunidades «comprende la facultad de las comunidades étnicas de
determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, darse o
conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o
proyecto de vida; y adoptar las decisiones internas o locales que estimen más
adecuadas para la conservación o protección de esos fines» (Negrillas fuera de
texto). Al respecto indicó que:
La protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación significó un cambio
trascendental en la concepción del Estado implementada en la Constitución de 1991.
Una de las principales garantías reconocidas a las comunidades indígenas fue la
autonomía o autodeterminación de los pueblos. Esto es, el derecho que les asiste a
decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de acuerdo con
sus usos y costumbres. Dentro de los ámbitos de aplicación de la autonomía de los
pueblos indígenas se encuentra el derecho al autogobierno. Este busca garantizar la
autonomía en el establecimiento de sus instituciones jurídicas y sistemas tanto
normativos como de gobierno. En consecuencia, no son las comunidades indígenas
las que deben ajustar su funcionamiento interno a la normatividad de la sociedad
98
Al estudiar la constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria núm. 5 de 1999 del Senado y
217 de 1999 de la Cámara de Representantes, Ley 649 de 2001 «Por la cual se reglamenta el artículo
176 de la Constitución Política de Colombia».
99
Sentencia T-823 de 2012, Citando, a su vez, a la vez a la sentencia C-882 del 23 de noviembre de
2011.
100
Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
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mayoritaria. Es esta última la que debe respetar el derecho de los pueblos a
autoidentificarse e identificar a sus miembros, es decir, reconocer la existencia y
validez legal del sistema de derecho propio indígena. 101 (Subrayado fuera del texto
original)
174. Como ya se dijo, uno de los ámbitos de protección del derecho fundamental
de los pueblos indígenas y tribales 102 es el de participación, el cual trae consigo dos
facetas:
De un lado, la participación en sentido general, entendida como la participación de
estas comunidades en las decisiones que los afectan en igualdad de condiciones
frente a los demás ciudadanos. Un ejemplo de esta visión fue expuesta en la
sentencia C-030 del 23 de enero de 2008 en los siguientes términos:
“De manera específica ese derecho general de participación se manifiesta, en el
ámbito de las medidas legislativas que conciernan a los pueblos indígenas, y tribales,
(1) en la posibilidad que sus integrantes tienen de concurrir, en igualdad de
condiciones con todos los colombianos, en la elección de sus representantes en las
corporaciones de elección popular; (2) en el hecho de que, en desarrollo del carácter
público del proceso legislativo, pueden conocer las iniciativas en trámite, promover
discusiones, remitir conceptos, solicitar audiencias y, (3) en las previsiones
constitucionales sobre la circunscripción especial indígena, porque si bien quienes allí
resulten elegidos no representan formalmente a las distintas comunidades indígenas,
si son voceros, de manera amplia, de su particular cosmovisión y pueden constituir
efectivos canales de comunicación entre las células legislativas y las autoridades
representativas de las comunidades indígenas y tribales. 103
175. Es importante señalar que la corte 104 precisó que las comunidades negras
adquieren la titularidad de derechos colectivos similares a los de las comunidades
indígenas, con las diferencias impuestas por sus especificidades culturales y su
régimen legal propio y se hacen acreedores a los derechos que consagra el
Convenio 169 de la OIT.
101
Corte Constitucional, sentencia T-072 de 2021.
102
La Corte Constitucional, en sentencia C-169 de 2001, precisó «es de anotar que el término "tribal"
difícilmente puede entenderse en el sentido restringido de una "tribu". Este concepto forma parte de
la tipología propuesta por los teóricos de la Antropología Social, quienes dividieron las sociedades
humanas en "bandas", "tribus", "cacicazgos" y "Estados", dependiendo de su estadio de
complejización; haciendo a un lado el debate sobre la validez académica de estas categorías, lo
cierto es que mal haría la Corte en aceptar, como parte del Derecho que tiene que aplicar, una
determinada postura teórica. Por ese motivo, resulta más apropiado interpretar el término "tribal" en
el sentido amplio en que lo han hecho entidades multilaterales como el Banco Mundial, el cual, en
su Directiva Operacional No. 4.20 de Septiembre de 1.991, sobre políticas institucionales respecto
de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, especificó que los términos "pueblos indígenas",
"minorías étnicas indígenas" y "grupos tribales" se refieren, en general, a grupos sociales que
comparten una identidad cultural distinta a la de la sociedad dominante».
103
Corte Constitucional. Sentencia T-823 de 17 de octubre de 2012. MP: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
104
Sentencia C-169 de 2011
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176. En el mismo fallo, en lo relativo a ser miembro de las comunidades negras y
beneficiarios del convenio en mención, pueden considerarse como tales, siempre
que concurran los siguientes aspectos «(i) Un elemento “objetivo”, a saber, la
existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo,
que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento "subjetivo",
esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse
como miembros de la colectividad en cuestión» 105. Además, indicó que los derechos
colectivos de las referidas comunidades son una función de su «status» como grupo
étnico, con identidad propia, digna de ser protegida y realzada, la cual no depende
de color de piel de sus integrantes.
177. En este sentido, la Corte Constitucional 106 concluyó que «ninguna autoridad
pública, ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no
de una minoría étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar
tales criterios de pertenencia, en ejercicio de su autonomía. Por eso, en este tipo de
debates, no es posible exigir pruebas distintas a la compatibilidad entre los atributos
de una persona y los criterios que la comunidad haya establecido en ejercicio de su
autogobierno.» (Subrayado fuera de texto)
178. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, para efectos de fijar criterios de
discriminación colectiva e individual sobre estas comunidades, ha desarrollado dos
conceptos que, en principio, resultan útiles para la identificación de aquellas y sus
miembros; a saber, la raza y la etnia.
179. Se define la etnia como «un criterio comunitario, “descrito transversalmente
por una serie de prácticas tradicionales igualmente comunes”», mientras que la raza
responde a un criterio «individualizable, que corresponde a la pertenencia a
determinada minoría identificable por sus condiciones de carácter morfológico». Lo
que significa, que el concepto de etnia involucra el autorreconocimiento, que no
pende necesariamente del criterio racial, por tanto, este, a pesar de ser relevante,
no es indispensable para la identificación de las minorías étnicas. 107
180. Asimismo, de acuerdo con la Corte Constitucional 108, el autorreconocimiento
confiere a cada individuo la posibilidad de identificarse por su propia cuenta, siendo
acogido por el sistema internacional y la jurisprudencia colombiana como criterio
preferente frente a los grupos étnicos y como la manifestación de su «autonomía,
conciencia común y autogobierno».
181. Así las cosas, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 1 del Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 109 , «la conciencia de su identidad
105
Reiterado en la sentencia T-161 de 2015.
106
En sentencia T-576 de 2014.
107
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 4 de agosto de 2014. MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
108
Corte Constitucional. Sentencia T-266 de 1 de agosto de 2022. MP. Diana Fajardo Rivera.
109
Declaración de las Naciones Unidas
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indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los
grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio». Por su parte,
la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en
su artículo 33, prevé que «los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su
propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones». A partir,
de ello, para la Corte Constitucional:
…la forma más acertada y respetuosa de obtener información relacionada con
pueblos étnicos es el criterio de autorreconocimiento ya que “es el único que parte del
reconocimiento del otro y no de una mirada desde la sociedad hegemónica hacia los
grupos étnicos”, lo que permite que cada pueblo decida sobre su propia identidad. La
preferencia por el criterio de autoidentificación está soportada en los principios de
autonomía y autogobierno de las comunidades étnicas. 110
182. Asimismo, la Corte ha concluido que el principio de autogobierno y el derecho
a la identidad cultural, impone que los pueblos étnicos sean reconocidos como tales
por el Estado y la sociedad, en razón a una conciencia de identidad cultural diversa,
que no se les niegue, arbitrariamente, la identidad real tanto de la comunidad como
de sus miembros, así como el derecho a autoidentificarse e identificar a sus
semejantes como parte de aquella. 111
183. Ahora bien, el autorreconocimiento también tiene una faceta individual,
«esto es, desde el sujeto que se identifica o se define dentro de una categoría
étnico-racial, con independencia del aval o ratificación que pueda darle una
determinada comunidad». Esta especie, a pesar de no tener el mismo desarrollo
que la colectiva, debe tenerse como un criterio preferente, en lo que atañe, por
ejemplo, a los procesos censales. En el mismo sentido, en lo relativo a la condición
de miembro de un grupo o grupos raciales étnicos, para el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, «si nada justifica lo contrario, se basará en
la definición hecha por la persona interesada». 112
184. En palabras de la Corte Constitucional:
En términos constitucionales, la autoidentificación es consistente con los
derechos fundamentales del individuo, como sujeto libre y autónomo.
Precisamente, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que una de
las manifestaciones de la dignidad humana consiste en la “posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera).” Lo que conlleva, a su vez, el derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad como salvaguarda de “la capacidad de las personas para
definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso
de su existencia”, sin intromisiones injustificadas de los demás particulares o
de las autoridades públicas. Planes personales que bien podrían contener
componentes étnico-raciales.113 (Negrillas fuera de texto).
110
T-276 de 2022
111
Ibídem
112
Ibídem
113
Ibídem.
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185. Así las cosas, sobre las autoridades de los pueblos étnicos recae la potestad
de establecer y definir cómo deben regirse sus relaciones al interior de su
comunidad. Lo que incluye la forma de ingresar y de convertirse en miembro activo
de ellas, así como decidir quiénes participan en las elecciones de las
circunscripciones especiales, diseñadas constitucionalmente para su
representación.
186. En este sentido, la intervención estatal está limitada a garantizar las
herramientas necesarias para que dichas comunidades puedan desarrollar
efectivamente sus derechos en un ejercicio armonioso con el ordenamiento
constitucional y jurídico y con las instituciones gubernamentales, sin intervenir, de
manera indebida, en la adopción de sus decisiones.
187. Por lo anterior, es claro que la potestad de definir criterios y procedimientos
en relación con el autorreconocimiento e identificación al interior de las
comunidades étnicas recae en las propias autoridades. En consecuencia, serán las
disposiciones internas establecidas por sus líderes las que determinen los criterios
de identificación y pertenencia, independientemente de la existencia de un censo o
un sistema de información gubernamental que indique quiénes son miembros o no.
188. En este sentido, en providencias más recientes, la misma Corte
Constitucional no solo ha definido el autorreconocimiento como «[…] la potestad de
identificarse por su propia cuenta […]»114 a los pueblos étnicos, sino que además
ha precisado el hecho de que éste ha sido acogido tanto por el ordenamiento
internacional, como por la jurisprudencia nacional, dando prelación, por encima de
cualquier determinación gubernamental, la potestad de que sean ellos mismos los
encargados de definir el cómo y a través de qué mecanismos se les hará miembros
de sus comunidades. 115
189. Por su parte, debe concluirse que el autoreconocimiento de un individuo,
como parte de una comunidad negra u otro grupo, hace parte de la esfera del
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, por lo que su ejercicio
supone identificarse como miembro.
190. Con relación al hecho de ser avalado por una organización inscrita ante la
Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, tanto la
Corte Constitucional, en sentencia T-161 de 2015 y esta Sección en el fallo 14 de
julio de 2016 116, han entendido que la organización que debe estar debidamente
registrada para efectos electorales en la Cámara Especial es el consejo comunitario,
114
Corte Constitucional, sentencia T-226 de 2022.
115
Corte Constitucional, sentencia T-219 de 2022.
116
Se refiere a Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de julio de 2016, radicación
11001-03-28-000-2014-00099-00 CP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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toda vez que esta es la figura que representa, efectivamente, a las comunidades
afrodescendientes.
191. Finalmente, debe resaltarse que el trámite para que el consejo comunitario
obtenga el registro respectivo ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras
del Ministerio del Interior se encuentra reglado en el Decreto 1745 de 1995 y en el
Decreto 1066 de 2015.
3.2. Inhabilidad contenida en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución
Política
192. La Constitución Política de 1991 estableció los requisitos para poder formar
parte de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, entre los
cuales no solo se encuentra ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco
(25) años de edad para la fecha de elección (art. 177 de la Constitución Política) 117,
sino que, además, fijó algunas prohibiciones para tal ejercicio. Así pues, en su
artículo 179, numeral 5º, dispuso:
No podrán ser congresistas:
(…)
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios
que ejerzan autoridad civil o política.
193. Respecto de esta causal inhabilitante, la Sala118 precisó que su finalidad está
arraigada en la defensa del equilibrio de la contienda política, es decir, que quienes
aspiren a un cargo de elección popular lo hagan en igualdad de condiciones y,
salvaguardar el derecho del electorado a elegir libremente entre los competidores
en un escenario de absoluta transparencia.
194. Además, la finalidad específica de la inhabilidad contenida en el numeral 5
del artículo 179 de la Constitución Política es «evitar el nepotismo, la creación de
dinastías familiares en materia electoral e impedir que el candidato se valga de las
prerrogativas de algún pariente que ostenta un cargo público, porque así se
salvaguardan los principios de igualdad en el acceso a los cargos públicos 119, así
como los de trasparencia y moralidad, la Sala observa que la inhabilidad conocida
117
ARTÍCULO 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener
más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.
118
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-28- 000-2018-00031-00. Sobre el particular también se puede consultar entre otras:
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 9 de febrero de 2006, M.P. María Nohemí́ Hernández
Pinzón. Rad. 080001-23-31-000-2004-00093-02 (3900).
119
En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de junio de 2009,
radicado No540012331000200700376 01 MP. Filemón Jiménez Ochoa y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado No 17001-23-31-000-2011-00637-01
MP. Alberto Yepes Barreiro.
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como “ejercicio de autoridad por parte de pariente”, garantiza en mayor grado los
mandatos de optimización señalados si opera durante el proceso electoral y no
limitada al día de la elección.»120.
195. Así lo ha establecido esta Sección al precisar que el proceso electoral «no
se limita al día de las elecciones, toda vez que, el resultado de las votaciones es
consecuencia de una serie de acciones previas al día de los comicios, en las cuales
el aspirante debe «convencer» a los electores de depositar su voto por él»121.
196. La configuración de la inhabilidad en comento requiere demostrar, de manera
concurrente, el vínculo o parentesco entre el demandado y el funcionario (elemento
material); la calidad del funcionario del familiar (elemento objetivo); el ejercicio de
autoridad del mismo (elemento modal); que la autoridad se ejerza desde el día de
la inscripción de la candidatura del ahora congresista y la fecha en que se realiza la
elección 122 (elemento temporal) y que se haya detentado en la circunscripción
donde deba efectuarse la elección (elemento territorial).
3.3. De la causal de nulidad electoral de comisión de prácticas corruptas
adelantadas por los candidatos de elección popular 123
197. A raíz de la proclamación democrática del Estado Colombiano, se estableció
como elemento básico del sistema constitucional a la soberanía popular, es decir, a
través de la Constitución Política de 1991, el artículo 3° fijó este concepto en cabeza
del pueblo del cual emana el poder público. En tal sentido, el artículo 40 124 ibidem
no solo lo reafirma, sino que lo materializa.
120
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-28- 000-2018-00031-00. Sobre el particular también se puede consultar entre otras:
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 9 de febrero de 2006, M.P. María Nohemí́ Hernández
Pinzón. Rad. 080001-23-31-000-2004-00093-02 (3900).
121
En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de junio de 2009,
radicado núm. 540012331000200700376 01 C.P. Filemón Jiménez Ochoa y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado No 17001-23-31-000-2011-00637-01
MP. Alberto Yepes Barreiro.
31Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de septiembre de 2018, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03- 28-000-2018-00055-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
19 de septiembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.11001-03-28-000-2018-00025-
00. Consejo de Estado, Sala plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de
2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00. Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 30 de enero de 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-
2018-00109-00. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 21, sentencia 12 de marzo de
2019, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 11001-03-15-000-2018-04505-00.
122
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 29 de enero de 2019, Rad.
110010328000201800031, MP. Rocío Araújo Oñate.
123
Reiteración jurisprudencial: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate,
sentencia de 25 de mayo de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00034-00; M.P. Rocío Araújo
Oñate, sentencia de 20 de mayo de 2021, radicado 50001-23-33-000-2019-00473-01; M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado: 11001-03-28-000-2018-00084-
00.
124
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
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41
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
198. Así pues, en consideración a la relevancia del voto como mecanismo que
plasma la voluntad democrática del pueblo, el artículo 258 Constitucional le atribuye
unas características y garantías especiales que buscan blindarlo frente a todas las
conductas que lo puedan viciar, por ello impone al Estado la responsabilidad de
velar porque el voto se ejerza sin coacción y de manera secreta.
199. Procura porque no sea objeto de coacción, lo cual implica que sea libre, que
los ciudadanos tengan la oportunidad de votar de manera informada y responsable,
sin ser obligados directa o indirectamente, a depositar su voto en las urnas de una
manera u otra.
200. Es así como la ciudadanía tiene el derecho y el deber de votar según sus
convicciones, por lo que se debe garantizar el voto libre de todo tipo de presiones,
pues tanto afecta su ejercicio la violencia física o sicológica contra el votante, como
su persuasión indebida a través de la entrega de prebendas o regalos de cualquier
tipo.
201. Lo anterior, por cuanto tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en
sentencia C-142 de 2001, cualquier desconocimiento de la naturaleza y
características del voto puede acarrear la nulidad de la elección o del voto
individualmente considerado.
202. En ese orden de ideas, cualquier afectación a la pureza y libertad del voto
resulta reprochable y relevante en el orden constitucional democrático, el cual tiene
la entidad suficiente de influir en los resultados de la votación correspondiente.
203. Por tanto, corresponde a las autoridades electorales velar porque el voto se
mantenga incólume y conserve las características que la misma norma
constitucional le otorga.
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de
ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y
la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o
por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los
casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la Administración Pública.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
204. Ahora bien, el artículo 275 125 de la Ley 1437 de 2011 estableció que, además
de las causales específicas de nulidad allí contenidas, también configuran la
anulación del acto electoral las generales establecidas en el artículo 137 126 ibidem.
Situación que ha sido reiterada por esta Sección127 en múltiples ocasiones, incluso
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 128.
205. De conformidad con lo anterior, esta Sección 129, al analizar la corrupción de
las prácticas electorales, concluyó que constituyen una clara vulneración de los
artículos 40 y 258 de la Constitución Política, lo cual afecta el voto libre y secreto, el
125
«Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades
electorales.
2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya
ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.
3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el
propósito de modificar los resultados electorales.
4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional
o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges,
compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil.
7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al
momento de la elección.»
126
«Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los
siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere
el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público,
político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de
un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.»
127
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-
03-28-000-2018-00034-00. Providencia del 29 de noviembre de 2019. M.P. Dra. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
128
Sección Quinta del Consejo de Estado. MP.: Mauricio Torres Cuervo. Radicación número: 11001-
03-28-000-2010-00086-00 del 01 de noviembre de 2012.
129
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 25 de mayo de 2023,
radicado 11001-03-28-000-2022-00034-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 20 de mayo de
2021, radicado 50001-23-33-000-2019-00473-01; MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de
16 de mayo de 2019, radicado: 11001-03-28-000-2018-00084-00.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
derecho a elegir y ser elegido sin coacción alguna; situación que interfiere con el
orden democrático de un Estado Social de Derecho como el colombiano.
206. En tal sentido, se concluyó que:
Es claro que la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de
presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como por
ejemplo, la corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o
entrega de dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado,
desconocen principios democráticos fundantes.
207. En principio, la jurisprudencia de esta Sala de Decisión ha catalogado la
violencia psicológica contra al elector, en el marco de prácticas corruptas, bajo la
óptica de una causal de nulidad electoral de carácter objetivo, a la luz del artículo
275.1130 del CPACA. En tal sentido, para establecer la prosperidad de dicha causal
se habían exigido, jurisprudencialmente, los siguientes elementos:
i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la
violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos
ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo,
es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o
recibidas;
ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los
demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir
la voluntad del elector,
iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa
de dádiva; y
iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado
electoral.131
208. Sin embargo, la Sala Electoral concluyó con base en las consideraciones
anteriormente expuestas que las prácticas corruptas que afecten la libertad del
elector deben ser estudiadas no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad
electoral, sino desde el punto de vista subjetivo caso en el cual no se requeriría de
la demostración taxativa de los requisitos en cita, lo cual se expuso, en los
siguientes términos:
Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la
corrupción o las prácticas corruptas que se adelanten directa o indirectamente
por un candidato a cualquier elección popular constituyen una causal de
nulidad electoral de naturaleza subjetiva, independiente a la clásica violencia
que ha sido estudiada por la Sección, toda vez que ésta se basa no en las
130
«1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales.»
131
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Expedientes 2012-00011-01 y 2014-00030-00 Providencias del 26 de febrero de 2014 y del 21 de
enero de 2016, respectivamente. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
causales específicas consagradas en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011
sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la misma ley,
concretamente, porque vulneran las normas en que el acto electoral debe
fundarse132.
209. En la providencia en cita se destacó que la finalidad de otorgar la categoría
de causal subjetiva a las prácticas corruptas, significa que «no hay lugar a estudiar
la incidencia de los votos comprados en el resultado electoral» ya que resulta
suficiente probar la existencia de estas conductas que afectan la libertad del votante
para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato ejerció directa o
indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó.
3.4. Caso concreto
210. A continuación, se resolverán individualmente cada una de las preguntas
definidas en la fijación del litigio.
3.4.1. ¿La demandada carece de requisitos e incurrió en irregularidades
durante el proceso de inscripción, como candidata en representación de las
minorías afrodescendientes, por no cumplir lo establecido en el artículo
2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020?
211. Según la parte actora, la demandada no cumplió con los requisitos
necesarios para participar en las elecciones a la Cámara de Representantes
desarrolladas el 13 de marzo de 2022; esto al considerar, que esta no perteneció a
las instancias de participación a las que hace referencia el artículo 2.5.1.6.2. del
Decreto 1640 de 2020.
212. Así pues, esta judicatura, de acuerdo con el estudio desarrollado en el acápite
3.1. de la presente providencia, debe precisar, en primer lugar que para ser
candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial
Afrodescendiente, es necesario cumplir con los requisitos generales fijados por el
artículo 177 de la Constitución Política, a saber, ser ciudadano en ejercicio y tener
más de 25 años.
213. Al respecto, en el acervo probatorio reposa memorial 133 , remitido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que da cuenta que la demandada es
ciudadana en ejercicio y, además, se anexó copia de su registro civil de nacimiento,
el cual permite establecer su edad exacta (38 años); en tal sentido, se encuentran
plenamente demostrados los requisitos generales para aspirar a la Cámara de
Representantes.
132 Sentencia de 16 de mayo de 2019, Radicado Num.: 11001-03-28-000-2018-00084-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio
133
Índice 56 de la plataforma SAMAI.
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45
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
214. En cuanto a los requisitos específicos para aspirar a la Circunscripción
Especial de las Comunidades Afrodescendientes, de acuerdo con el estudio
realizado en la presente providencia, el artículo 3º de la Ley 649 de 2001 estableció
que se debe acreditar ser miembro de la respectiva comunidad y estar avalado
previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de
Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
215. Frente a la pertenencia a una comunidad afrodescendiente, se aportaron de
las siguientes pruebas:
✓ Acta de la Asamblea de los Miembros del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras -
Palenque de la vereda Las Trecientas y del municipio de Galapa del 27
de octubre de 2021. 134
✓ Certificado expedido por la Dirección de Asuntos para las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior 135: documento del 29 de octubre de 2020, que informa que la señora
Ana Rogelia Monsalve Álvarez se autorreconoce como miembro de una
comunidad Afrocolombiana.
✓ Certificación expedida por el representante legal del Consejo
Comunitario Palenque de la vereda Las Trescientas y del municipio de
Galapa, de 31 de octubre de 2022 136: manifiesta que la demandada es
«miembro activo del consejo comunitario y fue designada por» dicha
organización «para realizar actividades y programas comunitarios a la
promoción de actividades culturales y expresiones artísticas, tendientes
todas ellas a la conservación de» su identidad y preservación de sus
costumbres, conforme el Decreto 1640 de 2020.
✓ Respuesta de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior a
requerimiento realizado el 11 de abril de 2023 137 : informó que la
demandada, en virtud del criterio de autorreconocimiento como núcleo del
derecho de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, está inscrita como miembro de dicha comunidad desde el 29
de octubre de 2020.
216. Resulta importante resaltar que el Ministerio del Interior hizo especial énfasis
en el criterio de autorreconocimiento y autonomía de las comunidades
anteriormente descritas, toda vez que gozan del derecho a decidir sobre sus
asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de acuerdo con sus usos y
costumbres.
134
Índice 29 de la plataforma SAMAI, expediente 2022-00215-00.
135
Índice 66 de la plataforma SAMAI, expediente 2022-00232-00.
136
Índice 30 de la plataforma SAMAI, expediente 2022-00215-00.
137
Ibidem.
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46
Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
217. Así pues, dentro de este margen de decisión interna se enmarca también la
potestad de autogobierno, que busca garantizar el establecimiento de sus
instituciones jurídicas y sus sistemas normativos y de gobierno.
218. También indicó que, en el caso de Colombia, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el principal referente para el
reconocimiento de derechos de los pueblos étnicamente diferenciados, para que
sean ellos mismos los encargados de asumir el control de sus propias instituciones,
formas de vida, el desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones.
219. Por tanto, afirmó que de allí se desprende el concepto de
autorreconocimiento de estos pueblos como núcleo esencial para identificarse con
sus semejantes parte de su comunidad.
220. En consonancia con lo anterior, manifestó que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos 138 ha resaltado que el criterio de autoidentificación es el
principal para determinar la condición de persona Negra, Afrocolombiana Raizal y
Palenquera, tanto individual como colectivamente.
221. En tal sentido, concluyó que las autoridades administrativas y judiciales no
son las llamadas a determinar si una comunidad existe o si un individuo pertenece
a ella, por lo cual, son las propias comunidades las que definen tal pertenencia de
acuerdo con la conciencia de su identidad.
222. Así pues, para lo que interesa al presente caso, serán las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el ejercicio de sus derechos
étnicos, quienes certificarán la pertenencia de sus miembros, junto con las
novedades registradas en sus respectivos censos poblacionales, sin perjuicio de las
facultades legales establecidas al Ministerio del Interior.
223. En consecuencia, de lo expuesto hasta ahora, y de conformidad con lo
analizado en la parte considerativa de la presente providencia 139, para esta Sala la
demostración de la condición de integrante de la comunidad se debe dar a partir de
la identidad cultural del sujeto que manifiesta su pertenencia a determinada
comunidad y la aceptación por parte del colectivo respecto a dicha manifestación.
224. Frente a la forma en que deben acreditarse tales requisitos, la Corte
Constitucional indicó que puede ser a través de «certificaciones de la máxima
autoridad de cada comunidad o resguardo; las certificaciones del censo interno que,
de acuerdo con la Ley 89 de 1890 y el artículo 5 de la Ley 691 de 2001, debe llevar
138
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007.
Serie C No. 172, párr. 164.
139
Numeral 3.1 de la parte considerativa de la presente providencia.
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
cada comunidad; estudios sociológicos y antropológicos atinentes a la identidad
cultural de la comunidad y del sujeto, etc. Dentro de dichos mecanismos deben tener
mayor peso los que la propia comunidad indígena ha adoptado en ejercicio de su
autonomía y, en todo caso, debe primar la realidad sobre formalidades como la
inscripción en un determinado censo, que puede estar desactualizado o contener
errores.»140
225. Respecto a este concepto de autorreconocimiento cobra vital importancia y
conviene reiterar lo analizado por la Corte Constitucional en sentencia T-576 de
2014, a través de la cual reiteró la regla jurisprudencial que impide
«(…) vincular la identidad indígena o afrocolombiana a lo que sobre el particular
certifique una entidad estatal. Ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez
constitucional 141, puede definir si un sujeto hace parte o no de una minoría étnica,
pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de
pertenencia, en ejercicio de su autonomía142. Por eso, en este tipo de debates, no es
posible exigir pruebas distintas a la compatibilidad entre los atributos de una persona
y los criterios que la comunidad haya establecido en ejercicio de su autogobierno».
226. En tal sentido, de conformidad con el análisis realizado frente a la potestad
de autogobierno y autorreconocimiento 143 y de las pruebas aportadas al expediente,
se puede concluir que la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez, demostró ser
miembro de una Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera desde el
29 de octubre de 2020.
227. Adicionalmente, se tiene que el representante legal del Consejo Comunitario
de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del municipio
de Galapa «Palenque de la Vereda las Trescientas y el Municipio de Galapa»
acreditó, el 20 de abril de 2023, que la demandada es miembro activo de dicha
comunidad, atendiendo al principio de autogobierno y autorreconocimiento que
comprende a estos pueblos, y dado que son ellos los únicos facultados para
manifestar si se es o no integrante, tal y como lo expuso el Ministerio del Interior y
los conceptos jurisprudenciales de la Corte Constitucional analizados por esta Sala.
228. En este orden, debe concluirse que se encuentra plenamente acreditado el
cumplimiento del primer requisito exigido por el artículo 3º de la Ley 649 de 2001,
es decir, la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez es miembro de la respectiva
comunidad afrodescendiente.
229. Respecto de la exigencia de «ser avalado previamente por una organización
inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del
Interior», prevista en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, se destaca que en el
140
Sentencia T-703 de 2008.
141
Corte Constitucional, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia de 4 de febrero de 2011.
142
El fallo hace referencia expresa a la sentencia T-703 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda) que, al
resolver si una persona podía acceder a un cupo universitario en su condición de indígena, señaló
que una certificación estatal no tiene el poder de constituir la identidad étnica ni cultural de un sujeto.
143
Numeral 3.1 de la parte considerativa de la presente providencia.
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expediente reposa documento 144 del 27 de octubre de 2021, suscrito por el
presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras «Palenque de la Vereda Las Trescientas y del Municipio de
Galapa».
230. Del contenido del mismo, se tiene que se dispuso avalar a la señora Ana
Rogelia Monsalve Álvarez, para ser candidata a la Cámara de Representantes por
la Circunscripción Especial Afrodescendiente para el periodo 2022-2026; decisión
que acaeció en virtud de la asamblea desarrollada por dicha comunidad el 27 de
octubre de 2021, fecha en la cual se aprobó por sus miembros el aval a otorgar.
231. Ahora bien, el artículo 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, dispone que el
aval, lo debe conceder una «organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de
Comunidades Negras del Ministerio del Interior».
232. En este orden, debe la Sala verificar si el consejo comunitario que confirió el
aval a la demandada cumple con dicha condición. Para tal efecto, en el expediente
reposa:
✓ Certificación 453 de 9 de octubre de 2020 del Ministerio del Interior, donde
se advierte que el «Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Afrocolombianas Raizales y Palenqueras del Municipio de Galapa “Palenque
de la Vereda Las Trescientas y del Municipio de Galapa», fue inscrito ante
dicha cartera ministerial en el Registro Único de Consejos Comunitarios y de
Organizaciones de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, mediante Resolución N° 212 del 11 de octubre de 2017.
✓ Resolución 338 del 9 de octubre de 2020, «Por la cual se actualiza un
Consejo Comunitario en el Registro Único de Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior» y la junta directiva de dicha
organización.145
✓ Certificación de la inscripción del consejo comunitario de comunidades
negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, «Palenque de la Vereda las
Trecientas y del Municipio de Galapa», expedida por el alcalde municipal de
Galapa (Atlántico) el 23 de septiembre de 2020. 146
233. En consecuencia, basado en los documentos obrantes en el expediente, es
dable concluir que se encuentra acreditado y debidamente certificado por el
Ministerio del Interior que, el «Consejo Comunitario de Comunidades Negras
Afrocolombianas Raizales y Palenqueras del Municipio de Galapa “Palenque de la
Vereda Las Trescientas y del Municipio de Galapa», al cual pertenece la
demandada, está inscrito ante «la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras
144
Índice 29 de la plataforma Samai, expediente 2022-00215-00.
145
Ibidem.
146
Indice 16 de la plataforma SAMAI, expediente 2022-00232.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
del Ministerio del Interior», por lo cual, se encuentra facultado para otorgar el aval
requerido por el artículo 3° de la Ley 649 de 2001.
234. Por otra parte, frente al planteamiento formulado por el extremo accionante
con relación al incumplimiento de la demandada del artículo 2.5.1.6.2. del Decreto
1640 de 2020 147, el cual fijó como requisito el «(…) haber integrado alguna de las
instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales
y palenqueras», como lo precisó la agente del ministerio Público, esta Sala ya
estableció los alcances de dicha exigencia.
235. En efecto, esta Sección en sentencia proferida el 28 de julio de 2022 148, al
analizar la legalidad del numeral 3º del artículo 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020,
concluyó que los requisitos allí fijados son aplicables, únicamente, a quienes aspiren
a conformar las Comisiones de Alto Nivel reglamentadas en dicha norma; mientras
que quienes pretendan ser candidatos a la Cámara de Representantes a la
Circunscripción Especial Afrodescendiente deberán cumplir, además de los
requisitos generales contenidos en el artículo 177 de la Constitución, las exigencias
previstas en el artículo 3º de la Ley 649 de 2001.
236. Por consiguiente, se concluye que los requisitos para aspirar a la Cámara de
Representantes de la accionada se circunscriben al cumplimiento de lo fijado en los
artículos 177 de la Constitución Política y el artículo 3º de la Ley 649 de 2001.
237. En tal sentido, no hay lugar a abordar el análisis del planteamiento de la parte
actora relacionado con el incumplimiento de los requisitos fijados por el artículo
2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2001, numeral 3º 149, por parte de la señora Ana
Rogelia Monsalve Álvarez, toda vez que esta disposición normativa reglamentó la
participación en la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; es decir, no resulta exigible que la
demandada haya integrado alguna de las instituciones de participación de dichas
comunidades, a su aspiración a la Cámara de Representantes.
238. Así pues, se despacharán negativamente los argumentos planteados por el
extremo accionante por el presunto incumplimiento de la demandada de los
requisitos necesarios para aspirar a la Cámara de Representantes por la
Circunscripción Especial Afrodescendiente, toda vez que, tal y como se logró
establecer de las pruebas obrantes en el expediente, es miembro activo del
147
El cual modificó el Decreto 1066 de 2015.
148
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, sentencia del 28 de julio de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00011-00: En dicha providencia se estudió la demanda de nulidad
formulada en contra del artículo 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, ya que para el accionante, con
la expedición de dicho decreto, el Presidente de la República había excedido su potestad
reglamentaria al fijar requisitos adicionales a los candidatos a la Cámara de Representantes por la
Circunscripción Especial de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
contrariando lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001.
149
3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras
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Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
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«Consejo Comunitario de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y
Palenqueras del Municipio de Galapa “Palenque de la Vereda las Trecientas y del
Municipio de Galapa», fue avalada previamente por dicha agrupación, y que esta
última cuenta con la facultad necesaria para realizarlo, de acuerdo con los requisitos
fijados por el artículo 3º de la Ley 649 de 2001.
3.4.2. ¿Se debe anular la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez como
Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente
porque fue miembro de la comunidad indígena Mokana y, posteriormente,
reconocida como miembro de la Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y
Palenquera del municipio de Galapa de la vereda Las Trecientas?
239. En lo relacionado con la pertenencia de la demandada tanto a la
comunidad indígena Mokana, como a la afrodescendiente del Consejo
Comunitario de la Vereda las Trescientas, los accionantes manifestaron que,
pese a estar debidamente reconocida como miembro, desde el año 2013, a un
pueblo indígena, se autorreconoció como afrodescendiente sin tener dicha
condición, por lo cual obtuvo de manera irregular el aval de un consejo comunitario
afrodescendiente para la inscripción de su candidatura.
240. Consideran que se incurre en la causal de nulidad de falsa motivación, dado
que los documentos que soportaron su inscripción son falsos, o que se obtuvo de
manera fraudulenta el aval y se indujo en error al electorado al hacerle creer que
elegirían a una de sus representantes, cuando en realidad pertenece a la comunidad
indígena.
241. Al respecto, resulta necesario tener en consideración los diferentes
pronunciamientos de la Corte Constitucional,150 con relación a la autonomía para
fijar criterios de pertenencia y autorreconocimiento de sus miembros citados en la
parte considerativa de la presente providencia. En tal sentido, es de vital importancia
para el reconocimiento étnico el carácter volitivo que circunda las decisiones de sus
miembros.
242. Dentro de las más importantes manifestaciones del principio de autonomía
de las comunidades indígenas, la Corte Constitucional 151 identificó las siguientes:
i) El ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, de acuerdo con sus valores culturales propios y su
cosmovisión (C.P., artículo 246);
150
Sentencias T-703 de 2008, T-047 de 2011, T-576 de 2014 entre otras.
151
Ver las sentencias T-188 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-254 de 1994 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-007 de 1995 (MP. Antonio Barrera Carbonell), C-104 de 1995 (MP. Hernando
Herrera Vergara), T-349 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-496 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz),
SU-039 de 1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell), SU-510 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-030 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-606 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-379
de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-603 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-
979 de 2006 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
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ii) El derecho de gobernarse por autoridades propias según sus usos y
costumbres (C.P., artículo 330);
iii) Una circunscripción electoral especial para la elección de senadores y
representantes (C.P., artículos 171 y 176) y;
iv) El pleno ejercicio del derecho de propiedad colectiva en sus
resguardos y territorios (C.P., artículos 63 y 329).
243. De conformidad con estas manifestaciones de autonomía de los pueblos
indígenas es procedente concluir que se encuentra circunscrita a su reconocimiento
en virtud de su conciencia e identidad cultural y que se encuentra limitada la
intervención del Estado en los asuntos propios de estas comunidades.
244. Frente a dichas manifestaciones de autonomía, esta Sala de decisión ha
concluido que:
[…] que los principios de pluralismo, participación y autodeterminación, sumados a la
regla de neutralidad del Estado y maximización de la autonomía cultural de las
comunidades o etnias amerindias, se erigen como límites para su debido ejercicio,
impidiendo que tales funcionarios se inmiscuyan en asuntos que son propios de la
identidad cultural y el derecho mayor de las colectividades participantes. Por tanto,
sus intervenciones se rigen no solo por el criterio de la pertinencia sino también por
los de neutralidad y auto-restricción, que se derivan del deber de las autoridades de
no interferir en la toma de decisiones y formas de autogobierno de las minorías
étnicas.152
245. Ahora bien, del estudio de las diferentes disposiciones normativas 153 que
regulan la participación de las comunidades afrodescendientes en sus instancias,
no se advierte la existencia de la imposibilidad a la que aluden los demandantes,
referente a que un miembro de la comunidad afrodescendiente pueda ser o haber
sido, parte de otra comunidad étnica.
246. Diferente situación ocurre con la pertenencia al interior de la comunidad
afrodescendiente, específicamente, ya que el parágrafo del artículo 2.5.1.5.1 del
Decreto 1640 de 2020 dispuso que «[u]na familia solo podrá hacer parte de un
Consejo Comunitario o de una forma o expresión organizativa de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras», situación que no se relaciona con
el supuesto de hecho manifestado por el extremo accionante, pero que bien vale la
pena mencionar, en procura de absoluta claridad de la presente decisión.
247. Ahora bien, del acervo probatorio se destacan los siguientes documentos
referentes a la pertenencia indígena de la demandada:
✓ Certificado del 1° de agosto de 2022, suscrito por la coordinadora del Grupo de
Investigación y Registro de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del
Interior, que da cuenta de que, consultado el Sistema de Información Indígena de
152
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 27 de octubre
de 2021, radicado 11001-03-28-000-2019-00048-00.
153
Artículo 176 de la Constitución Política, la Ley 70 de 1993, la Ley 649 del 2001, el Decreto 1066
de 2015 y el Decreto 1640 de 2020.
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Colombia (SIIC) en el que reposa la información de auto censos aportados por las
comunidades indígenas registradas en el Ministerio del Interior, la señora Ana
Rogelia Monsalve se encuentra registrada en el censo del año 2013.
✓ Certificado de pertenencia indígena del 22 de mayo de 2022 suscrito por la
directora(E) de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, en
donde manifiesta que la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez, se encuentra
registrada como indígena en el censo de 2013.
✓ Comunicado de prensa del Cabildo Mokana en el que se manifestó́ que la
demandada estuvo vinculada al listado censal como hermana agregada, toda vez
que estuvo casada con el miembro de dicha comunidad Jeyson Trillo Camargo.
✓ Tres videos con los que se pretende demostrar la vinculación de la demandada
con la comunidad indígena Mokana.
✓ Comunicado de prensa, sin fecha, de la comunidad indígena Mokana que informa
que la señora Ana Rogelia Monsalve no es indígena Mokana.
✓ Certificados del 19 de abril y del 31 de octubre de 2022 expedido por la comunidad
indígena Mokana que informa que la señora Ana Rogelia Monsalve no es indígena
Mokana del territorio de Malambo y que no hace parte de dicha organización.
✓ Acta núm. 011 de 2019, que da cuenta de la base censal 2019 de la Comunidad
indígena Mokana.
✓ Constancia de correo electrónico donde se solicita por parte de la comunidad
indígena Mokana al Ministerio de Interior, actualización de auto censo de la
comunidad.
✓ Escritura Pública de separación matrimonial de Ana Rogelia Monsalve Álvarez,
con miembro de comunidad indígena Mokana.
248. De las anteriores pruebas, concluye la Sala que la demandada, de acuerdo
con los certificados expedidos y suscritos por la coordinadora del Grupo de
Investigación y Registro de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del
Interior, para el 1º de agosto de 2022 estaba registrada en el listado censal de las
comunidades indígenas inscritas ante dicha dependencia.
249. No obstante, el cabildo Mokana manifestó mediante un comunicado de
prensa154 que la demandada estuvo vinculada como hermana agregada, esto quiere
decir que su vinculación a esa comunidad tuvo como origen su matrimonio con el
señor Jeyson Trillo Camargo, quien, tal y como lo describió el cabildo, era miembro
de dicha etnia.
250. En tal sentido, dicha organización afirmó, en éste documento, que en
concordancia con la capacidad de autonomía y gobierno propio, establecieron que
toda persona que adquiera un vínculo con un indígena miembro, con ocasión del
matrimonio, será agregado a dicha comunidad en calidad de hermana o hermano
agregado quien, además, no tiene ni voz ni voto al interior de la organización, ni
representación alguna.
251. Tampoco es dable desconocer que, también se indicó en dicho comunicado,
que mediante oficio OFI18-32536 de radicado EXTMI18-30917 del 2018, la
Secretaría de Asuntos Indígenas informó ante el Ministerio del Interior que la señora
Documento aportado por la demandada y decretado como prueba con el valor correspondiente,
154
mediante auto de 11 de abril de 2023 proferido por el magistrado ponente.
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Monsalve Álvarez fue desvinculada 155 de la organización dado que se separó del
hermano Jeyson Trillo Camargo.
252. Frente a tal afirmación obra en el expediente escritura pública núm. 879 de
30 de julio de 2016 mediante la cual se suscribió el acto de divorcio y liquidación
conyugal de la demandada y el señor Jeyson Trillo Camargo.
253. Al mismo tiempo, la accionada allegó, junto con la contestación de la
demanda, Acta núm. 011 de 28 de noviembre de 2019, en la cual consta reunión
de la comunidad indígena Mokana, en el punto 11 de la misma se resolvió lo atinente
a la «aprobación o desaprobación el (sic) listado de los hermanos quen (sic) han
faltado, tenido (sic) en cuenta que desde el año 2013 no han asistido a las mingas,
ni a las luchas de nuestro pueblo indígena Mokana., (sic) al igual salen los hermanos
agregados que se hayan divorciado (sic) y separado (sic) de su núcleo familiar».
254. Debe precisarse que, en la página 122 de dicho documento se logra
evidenciar que la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez fue dada de baja del listado
censal de la comunidad, decisión que fue aprobada por la asamblea Mokana por
unanimidad.
255. Adicionalmente, fue allegado al expediente, comprobante de envío del acta
general de aprobación del listado censal de la comunidad indígena Mokana, por
parte del líder de dicho pueblo indígena al Ministerio del Interior, fechado el 17 de
diciembre de 2019.
256. Así pues, teniendo en consideración el anterior recuento probatorio, y
especialmente el principio de autodeterminación y gobierno que tienen las etnias y
comunidades indígenas en la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia, esta
Sala no puede desconocer la voluntad de dichas comunidades a la hora de hacer
parte de estas organizaciones porque son ellas las únicas que pueden determinar
la forma la forma de ingreso y salida de sus miembros, fijando los requisitos para
ello.
257. Por lo anterior, se concluye, que de conformidad con los documentos
obrantes en el expediente, la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez, actualmente,
no pertenece a la comunidad indígena Mokana, toda vez que ésta decidió, a través
de su asamblea, darle de baja de su listado censal, el 28 de noviembre de 2019.
258. Aunado a ello, en el expediente también reposa el aval otorgado por el
Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras «Palenque de la Vereda Las Trescientas y del Municipio de Galapa»
de 27 de octubre de 2021 y formulario E-6 CA de inscripción de candidatos suscrito
ante la RNEC de 16 de noviembre de la misma anualidad, de los cuales se permite
concluir que para el momento de la ocurrencia de estos hechos, la demandada ya
155
Sin indicar la fecha exacta de tal circunstancia.
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no pertenecía a la comunidad indígena Mokana, contrario a lo que afirmó el extremo
accionante.
259. Ahora bien, tal y como fue descrito por el Ministerio del Interior,
independientemente de que en su sistema de información se encuentre registrado
a hoy la pertenencia de la demandada al pueblo Mokana, con base en el listado
censal de 2013, lo cierto es que la entidad pública también indicó que los grupos
étnicos son los únicos que podrán certificar con total exactitud si alguien pertenece
o no a ellos, ya que son los facultados para hacerlo.
260. Por lo tanto, de acuerdo al acta No. 011 de 2019 y el correo electrónico
remitido por el líder del pueblo Mokana al Ministerio del Interior, se tiene que el
listado censal válido al interior de dicha comunidad es el definido en la reunión de
la asamblea de 28 de noviembre de 2019, por lo cual, contrario a lo expuesto por
los accionantes, la demandada no es miembro actual del pueblo indígena
anteriormente descrito.
261. En conclusión, es dable afirmar que la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez
no pertenece a la comunidad indígena Mokana desde el 28 de noviembre de 2019.
Asimismo, se evidencia que el 29 de noviembre de 2020 fue reconocida como
miembro de la una comunidad afrodescendiente, tal y como lo certificó el Ministerio
del Interior.
262. Así pues, contrario a lo planteado por el extremo accionante, de los hechos
hasta el momento corroborados, no es posible establecer la presunta simultaneidad
de la demandada a los dos grupos étnicos. Ahora bien, como ya se indicó, no hay
previsión normativa que impida la pertenencia a una comunidad afrodescendiente
por hacer o haber hecho parte de una etnia indígena.
263. Por otra parte, frente a la presunta inducción a error del electorado
afrodescendiente, por hacerlos creer que elegirían a una de sus representantes
cuando, en realidad, pertenecía a la comunidad indígena, resulta indispensable
manifestar, que en el proceso no fue probado que la demandada hubiera hecho
parte de algún espacio de participación del pueblo Mokana que permitiera confundir
en algún momento a los votantes.
264. Contrario a ello, previo a su inscripción como candidata a la Cámara de
Representantes, integró en debida forma el Consejo Comunitario de la vereda las
Trescientas del municipio de Malambo, para lo cual desarrolló actividades y
programas comunitarios, promoción de actividades culturales y expresiones
artísticas, tendientes a la conservación de su identidad y costumbres, tal y como lo
certificó el representante legal de esta comunidad, en los términos ya referenciados
en esta providencia.
265. En tal sentido, estas actividades dan cuenta de su participación activa al
interior de su comunidad afrodescendiente, sin que se pueda predicar lo mismo en
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la comunidad indígena, que pudiese comprometer la credibilidad del electorado o
posibles confusiones por el actuar de la demandada en su entorno social.
266. Por tanto, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes concluye la Sala
que se deberán despachar negativamente los argumentos aducidos por el extremo
accionante, tendientes a conjurar la anulación de la elección de la señora Ana
Rogelia Monsalve Álvarez por haber hecho parte, previamente a su elección, de una
comunidad indígena.
3.4.3. ¿Se encuentra incursa la demandada en la causal de inhabilidad
contenida en el artículo 179.5 de la Constitución Política por tener parentesco
de consanguineidad con el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico) que
ejerció autoridad?
267. Pasa la Sala a estudiar lo relacionado con la inhabilidad formulada, la cual,
considera la parte accionante, se configuró en virtud del vínculo de la señora Ana
Rogelia Monsalve Álvarez con el señor Rummenigge Monsalve Álvarez, alcalde del
municipio de Malambo, Atlántico, y pariente en segundo grado de consanguinidad
(hermano) de la demandada, razón por la cual, ella no podía participar en las
elecciones a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial
Afrodescendiente.
268. Al respecto, frente a la configuración de la causal de inhabilidad que se
endilga a la demandada, de acuerdo con los fundamentos jurídicos y
jurisprudenciales descritos en el acápite 3.2. de la presente providencia, exige
demostrar el vínculo o parentesco con el funcionario que ejerce autoridad civil o
política.
269. Del acervo probatorio obrante en el expediente es dable concluir que el
parentesco entre la demandada y el señor Rummenigge Monsalve Álvarez, se
encuentra debidamente acreditado con los registros civiles de nacimiento de ambos,
allegados por la RNEC 156, en los cuales consta que los dos son hijos de los señores
Virgilio Monsalve Puello y Amparo de Jesús Álvarez Díaz.
270. Asimismo, se allegó al plenario:
✓ Formulario E-27 de la Comisión Escrutadora Municipal de Malambo que
expidió la credencial de Rummenigge Monsalve Álvarez como alcalde de
dicha municipalidad.
✓ Formulario E-26 ALC de la Comisión Escrutadora de Malambo Atlántico del
8 de noviembre de 2019 que declaró la elección de Rummenigge Monsalve
Álvarez como alcalde de dicha municipalidad, periodo 2020-2023.
✓ Acta de posesión del alcalde del municipio de Malambo (Atlántico) núm. 65
expedida por la Notaria Única de la entidad territorial.
156
Índice 56 de la plataforma SAMAI, expediente 2022-00232-00.
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271. Por tanto, de estos documentos es posible establecer la calidad de
funcionario público, concepto que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección
comprende a «(…) todos los servidores que prestan servicios a una entidad pública
y ejercen las funciones que a estas corresponden, es decir a los empleados públicos
y a los trabajadores oficiales»157.
272. Ahora bien, se debe precisar que la norma que fijó la causal de inhabilidad
describe con claridad que no todas las acciones desplegadas en ejercicio de las
funciones del familiar de la persona elegida, se circunscriben específicamente al
ejercicio de autoridad civil o política; en tal sentido, los artículos 188 y 189 de la Ley
136 de 1994 las definen así:
ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.
Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo. (Subrayado fuera del texto original)
273. Entonces, es dable concluir que los alcaldes ejercen autoridad civil «(…) pues
detenta el poder público en función de mando, que obliga al acatamiento de los
particulares y en caso de desobediencia, cuenta con facultad de la compulsión o de
la coacción por medio de la fuerza pública, y por otro, nombra y remueve libremente
los empleados de su dependencia, por si o por delegación»158. También ejercen
autoridad política, conforme el artículo 189 citado, en virtud de un deber legal.
274. En consecuencia, para el presente caso, se tiene por acreditado el ejercicio
de autoridad del hermano de la señora Monsalve Álvarez en virtud de la dignidad
de alcalde del municipio de Malambo.
157
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 21, sentencia 12 de marzo de 2019, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, Rad. 11001-03-15-000-2018-04505-00. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de abril de 2013, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 50001-
23-31-000-2011-00692-02.
158
Consejo de Estado, Sección Quinta del Consejo de Estado, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
sentencia de 27 de abril de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00033-00 (acum); M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 30 de enero de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-00109-00.
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
275. Ahora bien, con relación al elemento territorial, necesario para la
configuración de la inhabilidad endilgada, se tiene que el artículo 179 prevé como
requisito la coincidencia de circunscripciones, esto quiere decir entonces, que en el
caso concreto, como los representantes a la Cámara Afrodescendiente son elegidos
a nivel nacional y el pariente debería ejercer autoridad en el mismo orden, esto es,
nacional.
276. Frente a tal circunstancia, los parágrafos finales del artículo en cita
establecieron:
Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que
tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección.
La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las
autoridades no contemplados en estas disposiciones.
Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide
con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral
5. (Subrayado fuera de texto)
277. De acuerdo con lo planteado, de entrada, el último inciso de la norma que
contiene la inhabilidad establece una excepción en la coincidencia de la
circunscripción nacional y territorial.
278. En este caso, la circunscripción de los representantes a la Cámara de los
Afro, es de orden nacional, por lo cual, de acuerdo a la excepción previamente
señalada, no coincide con las territoriales, es decir, la de los alcaldes como jefes del
municipio.
279. Frente a la excepción a la regla prevista en el último inciso del artículo 179
de la Constitución, esta Sección159 ha manifestado que:
(…) el artículo 179 de la Constitución Política prevé como requisito, la coincidencia de
circunscripciones, lo cual significa que en el caso particular, como los senadores de
la República son elegidos por la circunscripción nacional, el pariente debe ejercer la
autoridad, en el mismo orden, esto es, nacional.
(…)
En ese orden de ideas, respecto de la inhabilidad objeto de estudio, consagrada en
el numeral 5 del artículo 179 constitucional, por expresa disposición de la misma
Carta, la circunscripción de los senadores, que es nacional, no coincide con las
territoriales, que es precisamente la circunscripción de los alcaldes como jefes del
municipio.160 (Subrayado fuera del texto original)
159
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 30 de enero de
2019, radicado 11001-03-28-000-2018-00109-00.
160
Sobre el alcance de esta inhabilidad y su desarrollo jurisprudencial consultar, entre otros, Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicado Nº11001-03-28-000-
2018-00055-00 C.P. Rocio Araújo Oñate; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de
septiembre de 2018, radicado Nº11001-03-28-000-2018-00025-00 C.P. Carlos Enrique Moreno
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
280. En consecuencia, tal y como ha sido expuesto, la circunscripción especial
afrodescendiente es del orden nacional, y dado que para ser elegido en esta se
deben computar los votos obtenidos en todo el territorio nacional, no es posible
establecer coincidencia de circunscripciones con las alcaldías, al ser estas últimas
del orden territorial.
281. Por tanto, de conformidad con lo expuesto y los fundamentos
jurisprudenciales citados, es evidente, que en el caso concreto, si bien concurren
los demás elementos que conforman la inhabilidad consagrada en el artículo 179
numeral 5º, lo cierto es que no se cumple con este último requisito, consistente en
que la autoridad se haya ejercido en la circunscripción en donde debía realizarse la
elección respectiva, pues el hermano de la demandada, como alcalde, ejerce
autoridad en la circunscripción territorial y Ana Rogelia Monsalve Álvarez fue elegida
en la circunscripción nacional, que es la que corresponde a la representación afro
que ostenta.
282. Por otra parte, valga señalar que, en este aspecto la parte demandante
señaló que el hermano de la demandada fue clavero en las elecciones en la cuales
ella resultó electa representante a la Cámara, sin que hubiese manifestado su
impedimento para desempeñar tal función; por su parte la defensa afirmó que el no
participó como clavero, para tal efecto allegó el Decreto Núm. 087 del 4 de marzo
de 2022161, según el cual se delegó como clavero municipal a Julio Cesar Gutiérrez
Arismendy, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dicho ente territorial.
283. En este orden, advierte la Sala que dada la carencia probatoria de la actora,
y la existencia del acto de delegación antes mencionado es lo procedente concluir
que no existen elementos de convicción que demuestren la participación del
hermano de la demandada, señor Rummenigge Monsalve Álvarez, en dichas
elecciones.
Rubio; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de marzo de 2015, radicación 11001-
03-28-000-2014-00058-00 CP Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
de 17 de julio de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00061-00 CP Susana Buitrago Valencia;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de marzo de 2015, radicación 11001-03-28-
000-2014-00034-00 CP Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9
de abril de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00061-00 CP Susana Buitrago Valencia, Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de julio de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-
00042-00 CP. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de
marzo de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00019-00 CP. Susana Buitrago Valencia; Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2014, radicación 11001-03-28-000-
2014-00047-00 CP. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, sentencia del 3 de marzo de
2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00009-01 CP. Mauricio Torres Cuervo; Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 22 de mayo de 2008, radicación 11001-03-28-000-2006-00119-00 CP.
Filemón Jiménez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de febrero de 2008,
radicación 11001-03-28-000-2006-00062-00 CP. Darío Quiñones Pinilla.
161
Suscrito por el alcalde de Malambo, Atlántico (hermano de la demandada).
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
284. En tal sentido, se negará el presente cargo de acuerdo con los argumentos
anteriormente expuestos.
3.4.4. ¿La demandada realizó actos de corrupción electoral al exigir y
ejercer presión psicológica a los funcionarios y contratistas de la alcaldía de
Malambo (Atlántico)?
285. Los accionantes, como sustento del presente cargo, afirmaron que la
demandada realizó actos de corrupción electoral, al exigir y ejercer presión
psicológica a todos los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Malambo,
Atlántico, a quienes les exigió votos para hacerse elegir, aprovechando su
parentesco con el alcalde del municipio.
286. Señalaron los demandantes que Ana Rogelia Monsalve Álvarez presionaba
a los funcionarios y contratistas para que votaran por ella y exigía de 40 a 50 votos,
de lo contrario estos serían desvinculados de la alcaldía. Al respecto, indicaron que
tales hechos se pueden corroborar de las denuncias e investigaciones que se
adelantan en la Procuraduría General de la Nación.
287. De acuerdo con lo estudiado en el acápite 3.3. de la presente providencia,
para la configuración de la causal de nulidad alegada, para la Sala es necesario
tener presente la concurrencia de varios elementos:
• La existencia de una práctica corrupta y antidemocrática,
• La finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios electorales y
• El ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su conocimiento
acompañado por la anuencia del candidato.
288. En tal sentido, una vez revisado el acervo probatorio no fue posible establecer
ningún medio de convicción, más allá del dicho de los accionantes, según el cual,
la demandada desplegó las acciones requeridas para la configuración de la
corrupción electoral.
289. En consecuencia, dado que los elementos anunciados no fueron
debidamente acreditados en el caso de estudio, no es posible advertir la
configuración de la causal de nulidad de comisión de práctica corruptas, ni la
participación directa o indirecta de la señora Ana Rogelia Monsalve Álvarez.
Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de facultades constitucionales y legales,
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Demandantes: Alait De Jesús Ramos Calao y otros
Demandada: Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante
a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes, periodo 2022 – 2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00232-00 (Ppal).
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la nulidad de la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez
como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente,
contenida en el Formulario E-26 CAM y en la Resolución 3319 del 16 de julio de
2022 del Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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