Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00305-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00305-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2025-00305-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de mayo de 2026
Radicación: 68001 23 33 000 2025 00305 01
Solicitante: Juan Camilo Sánchez Carvajal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001 23 33 000 2025 00305 01
Solicitante: Juan Camilo Sánchez Carvajal
Demandado: Fredy Andrés Galvis Barrera
Tesis: No se configura la prohibición de inelegibilidad simultánea prevista en el
artículo 44 de la Ley 136 de 1994, cuando un concejal en ejercicio de sus funciones
se inscribe para las elecciones atípicas de alcalde; toda vez que lo prohibido por
la norma no es inscribirse como candidato a un cargo de elección popular sino ser
elegido para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un
cargo, cuando los respectivos períodos coincidan en el tiempo, así sea
parcialmente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Camilo
Sánchez Carvajal en contra de la sentencia de 9 de julio de 2025 proferida, en
primera instancia, por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se negó la pérdida de investidura del señor Fredy Andrés Galvis
Barrera como concejal del municipio de Oiba, Santander, por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027.
I. LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
1. El ciudadano Juan Camilo Sánchez Carvajal, actuando en nombre propio,
solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal de Oiba, Santander, Fredy
Andrés Galvis Barrera, electo para el periodo 2024-2027, por haber incurrido en la
causal prevista en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 1, consistente
1 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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en la inhabilidad e inelegibilidad simultánea establecida en el artículo 44 de la
misma ley, así como en la incompatibilidad señalada en el numeral 7 del artículo
38 de la Ley 617 de 20002.
2. Como fundamento de su pretensión adujo los siguientes hechos:
3. Indicó que el señor Fredy Andrés Galvis Barrera se inscribió y participó como
candidato a la Alcaldía de Oiba, Santander, en las elecciones celebradas el 29 de
octubre de 2023.
4. Señaló que el demandado obtuvo la segunda votación más alta en esos
comicios y en virtud del estatuto de oposición pasó a ocupar una curul como
concejal del municipio de Oiba, Santander, para el periodo 2024-2027.
5. Manifestó que, mediante providencia de 7 de noviembre de 2024, proferida
dentro del radicado 68001-23-33-000-2024-00024-02, la Sección Quinta de esta
Corporación declaró la nulidad del acto de elección del alcalde de Oiba, Santander,
Elkin Alfonso Reyes Plata, para el periodo 2024-2027.
6. Expresó que como consecuencia de dicha decisión la Gobernación de
Santander designó alcalde encargado y convocó a elecciones atípicas mediante
el Decreto 157 de 2025, fijando como fecha para su realización el 18 de mayo de
2025.
7. Afirmó que el señor Fredy Andrés Galvis Barrera se desempeñó como
concejal de Oiba, Santander desde el 5 de enero de 2024 hasta el 21 de abril de
2025. Añadió que el accionado presentó renuncia de fecha 31 de marzo de 2025
pero esta no fue aceptada de manera inmediata. Precisó que al día siguiente de
su renuncia participó en la votación del Acuerdo 008 de 1º de abril de 2025, en
sesión extraordinaria del Concejo Municipal.
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
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8. Anotó que el demandado se inscribió como candidato a la Alcaldía de Oiba,
Santander el 2 de abril de 2025 a las 2:46 p.m., sin que para ese momento se
hubiera aceptado su renuncia al cargo de concejal.
9. Indicó que la renuncia solo fue aceptada hasta el 21 de abril de 2025,
mediante la Resolución 013 de 2025, es decir, con posterioridad a la inscripción
de su candidatura a la alcaldía.
10. Señaló además que el 22 de abril de 2025 el Concejo Municipal de Oiba, al
responder un derecho de petición, informó que el señor Fredy Andrés Galvis
Barrera fungió como concejal desde el 5 de enero de 2024 hasta el 21 de abril de
2025, circunstancia que, en criterio del actor, demuestra que para el 2 de abril de
2025 aún ostentaba esa investidura.
11. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el demandado se inscribió como
candidato a la alcaldía cuando aún tenía la calidad de concejal, por lo que incurrió
en la causal de perdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades
e incompatibilidades. Agregó que incluso mediante la Resolución 011, el Concejo
Municipal le reconoció el pago de honorarios por sesiones extraordinarias de los
días 1, 2 y 3 de abril de 2025, lo que a su juicio evidencia que el accionado continuó
actuando como concejal después de su inscripción como candidato a la alcaldía.
II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD
12. El apoderado judicial del señor Fredy Andrés Galvis Barrera se opuso a las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura y pidió negar su prosperidad,
al estimar que su representado no incurrió en las causales invocadas por el actor3.
13. Como fundamento de su oposición, sostuvo que el accionado accedió a la
curul de concejal del municipio de Oiba, Santander, en virtud del estatuto de
oposición, tras haber obtenido la segunda votación más alta en la elección anterior
para la alcaldía, y que ejerció dicha dignidad únicamente hasta el 1º de abril de
2025, fecha en la que, según afirmó, presentó y radicó públicamente su renuncia
3 Cfr. Samai. Índice 00014, expediente principal de segunda instancia.
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irrevocable ante la presidenta del Concejo Municipal, con efectos a partir de ese
mismo día.
14. Señaló además que, aunque el documento contentivo de la renuncia aparece
fechado el 31 de marzo de 2025, su radicación se produjo por una sola vez el 1.º
de abril de 2025, razón por la cual esa última fecha es la que, en su criterio, debe
tenerse en cuenta para establecer el momento en que cesó el ejercicio de la
investidura.
15. Igualmente, aceptó que el señor Fredy Andrés Galvis Barrera se inscribió
como candidato a la Alcaldía de Oiba, Santander, el 2 de abril de 2025 a las 2:46
p.m., pero negó que ello configurara inhabilidad, inelegibilidad simultánea o
incompatibilidad alguna, puesto que la elección atípica solo habría de celebrarse
el 18 de mayo de 2025 y, a su juicio, para ese momento ya no ostentaría la calidad
de concejal.
16. Aunado a lo anterior, afirmó que las inhabilidades para aspirar al cargo de
alcalde son de carácter taxativo y corresponden a las previstas en el artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, de manera que no existía disposición vigente que impidiera la
inscripción de su representado como candidato a la Alcaldía de Oiba, Santander,
ni resultaba procedente una interpretación extensiva de las restricciones al
derecho fundamental a ser elegido.
17. También adujo que la falta de aceptación inmediata de la renuncia no era
atribuible al demandado, sino a las autoridades competentes para impartirle el
trámite correspondiente, de modo que la tardanza en esa actuación no podía ser
utilizada en su contra, máxime cuando, según sostuvo, aquel obró amparado por
los principios de buena fe y confianza legítima.
18. En ese mismo sentido, expresó que el derecho de petición presentado
posteriormente tenía por objeto conocer el trámite dado a la renuncia irrevocable,
presentada con efectos desde el 1º de abril de 2025, y no obtener certificación
acerca de la subsistencia de la condición de concejal más allá de esa fecha.
19. Añadió que su representado no participó en reuniones ni desarrolló
actividades propias del cargo de concejal con posterioridad al 1º de abril de 2025,
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por lo que cualquier actuación administrativa posterior del Concejo relacionada con
honorarios o con trámites internos de la corporación resultaba ajena a su voluntad.
20. Finalmente, puso de presente que el Consejo Nacional Electoral, mediante la
Resolución 02109 de 13 de mayo de 2025, resolvió favorablemente la solicitud de
revocatoria de la inscripción y concluyó que el señor Fredy Andrés Galvis Barrera
no se hallaba incurso en causal de inhabilidad, inelegibilidad o incompatibilidad
para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Oiba, Santander
III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA
21. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia
proferida el 9 de julio de 2025 resolvió negar la petición de pérdida de investidura,
con base en los argumentos que pasan a sintetizarse:
22. Luego de explicar el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio
de control de pérdida de investidura, así como las causales invocadas en la
demanda, señaló que en el caso concreto se encontraban acreditados los
elementos objetivos relacionados con la calidad del demandado como concejal
para el periodo 2024-2027, la presentación de su renuncia el 1º de abril de 2025,
la aceptación formal de la misma solo hasta el 21 de abril siguiente, su inscripción
como candidato a la Alcaldía de Oiba el 2 de abril de 2025 y su participación en la
sesión del Concejo del 1º de abril de 2025.
23. No obstante, estimó que el análisis no podía agotarse en esos aspectos
objetivos, pues debía examinarse además si la conducta fue desplegada con dolo
o culpa grave, al tratarse de un juicio de responsabilidad subjetiva.
24. Consideró que aun cuando los referidos elementos objetivos se encontraban
demostrados, no estaba acreditado el elemento subjetivo de culpabilidad, toda vez
que el demandado había actuado amparado por el principio de buena fe, al haber
presentado públicamente su renuncia antes de formalizar su inscripción como
candidato sin tener control sobre la demora en la aceptación de aquella. Añadió
que la controversia se produjo en el contexto particular de unas elecciones
atípicas, con un calendario abreviado y que tampoco se probó que su participación
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en la sesión del Concejo hubiese estado orientada por un propósito indebido o por
la búsqueda de un beneficio personal.
25. Conforme con lo anterior, concluyó que, aunque en el asunto se advertían
acreditados los presupuestos objetivos alegados por la parte actora, no había lugar
a decretar la pérdida de investidura del señor Fredy Andrés Galvis Barrera, por
cuanto no se acreditó que hubiera actuado con dolo o culpa grave en los términos
exigidos para la procedencia de esa sanción.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
26. El accionante pidió revocar la sentencia proferida en primera instancia y en
su lugar que se decrete la pérdida de la investidura, al considerar que el Tribunal
valoró de manera equivocada las circunstancias fácticas del caso y concluyó sin
sustento suficiente que aquél había actuado de buena fe y sin dolo o culpa grave.
27. Argumentó que la providencia apelada restó relevancia al hecho de que el
demandado conocía de manera anticipada la situación institucional y electoral del
municipio de Oiba, Santander, pues había sido quien promovió la demanda
electoral que culminó con la nulidad de la elección del anterior alcalde, de manera
que no resultaba admisible justificar su conducta en el carácter atípico de las
elecciones ni en un calendario abreviado de las mismas. Añadió que, pese a
conocer todas las circunstancias, presentó su renuncia al concejo apenas un día
antes del vencimiento del término de inscripción de candidaturas, sin dar un
margen razonable para que esta fuera aceptada antes de formalizar su inscripción
a la alcaldía.
28. Afirmó que la sentencia del a quo desconoció el alcance del artículo 44 de la
Ley 136 de 1994, pues en su criterio esta disposición consagra de manera
autónoma la prohibición de ser elegido para más de una corporación o cargo
público cuando los respectivos periodos coincidan así sea parcialmente.
29. Sostuvo que en este caso se configuraban los elementos de la inelegibilidad
simultánea toda vez que el demandado ostentaba la calidad de concejal para el
período 2024-2027, se inscribió como candidato a la Alcaldía de Oiba para el
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periodo atípico 2025-2027 y para la fecha de esa inscripción su renuncia no había
sido aceptada formalmente por el concejo municipal. Agregó que, conforme a la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la renuncia debe estar
presentada y aceptada antes de la inscripción para que desaparezca la causal de
inelegibilidad.
30. Finalmente adujo que también se configuró la incompatibilidad prevista en el
numeral 7 del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, por cuanto el demandado elegido
popularmente y habilitado para ocupar la curul de concejal por el estatuto de
oposición, se inscribió a otro cargo de elección popular durante el período para el
cual había sido elegido. En ese sentido, insistió en que no era posible amparar su
conducta en la supuesta tardanza administrativa en aceptar la renuncia, pues en
realidad actuó deliberadamente al agotar hasta el último momento su permanencia
como concejal y formalizar su candidatura sin que se hubiese extinguido
previamente esa investidura.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
31. Por auto de 2 de septiembre de 20254 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185.
32. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:
33. El Ministerio Público presentó concepto6 en el que consideró que se debía
confirmar la sentencia proferida en primera instancia. Señaló que el recurrente
proponía una interpretación equivocada y descontextualizada del artículo 44 de la
Ley 136 de 1994, pues esa disposición consagra una prohibición de ser elegido
para más de una corporación o cargo público cuyos períodos coincidan, más no
de inscribirse como candidato.
4 Cfr. Samai. Índice 00011, expediente principal de segunda instancia.
5 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
6 Cfr. Samai. Índices 00015, expediente principal de segunda instancia.
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34. Indicó que en el presente asunto no estaba probado que el demandado
hubiese resultado elegido como alcalde del municipio de Oiba, Santander, sino
únicamente que se inscribió como candidato en las elecciones atípicas, de modo
que los supuestos de hecho acreditados en el expediente no encajaban en la
prohibición de inelegibilidad simultánea invocada por el apelante.
35. Asimismo, sostuvo que por no encontrarse configurado el elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura alegada, no era necesario abordar el análisis
del elemento subjetivo, esto es, del dolo o de la culpa grave, pues tal examen solo
tendría lugar si previamente se acreditaba la conducta constitutiva de la causal.
36. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no existían elementos de juicio
para revocar la sentencia de 9 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, razón por la cual solicitó su confirmación.
37. La parte accionada guardó silencio durante el término concedido.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
38. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 1507 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley
617 de 9 de octubre 20008 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199,
sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de Estado.
6.2. Del análisis de la causal invocada como fundamento de la pérdida de
investidura
7 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
8 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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39. Teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de alzada, la Sala deberá
definir si está prohibido, a la luz de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 136
de 1994 y en el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, que un concejal
en ejercicio de sus funciones pueda inscribirse como candidato a las elecciones
de alcalde del mismo municipio y si tal hecho puede dar lugar a la pérdida de su
investidura.
40. Con miras a resolver ese interrogante, la Sala analizará el alcance de las
normas invocadas por el recurrente, los hechos probados dentro del plenario y los
efectos de estos respecto de la pretensión del accionante.
6.2.1. Las normas invocadas por el convocante
41. El accionante funda sus pretensiones y el recurso de alzada de una parte, en
el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 así como en el numeral 2° del artículo 55 de
la Ley 136 de 1994 y, por otra, en lo establecido en el numeral 7° del artículo 38
de la Ley 617 de 2000, normas que en lo pertinente disponen los siguiente:
Ley 136 de 1994
«Artículo 44. Inelegibilidad simultánea. Nadie podrá ser elegido para más
de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los
respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
Los concejales en ejercicio que aspiren a ser congresistas deben renunciar a
su investidura antes de la fecha de la inscripción de su candidatura»10
(Subrayas de la Sala).
(...)
«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de
intereses»
10 De conformidad con el comunicado 16 del 15 de abril de 2026 divulgado por la página de la Corte
Constitucional, se precisa que el segundo inciso del artículo 44 de la Ley 136 de 1994 fue declarado
inexequible por el Alto Tribunal mediante Sentencia C-080/26, expediente D-16795 M.P. Miguel
Polo Rosero. En todo caso, dicha decisión recae sobre la regla aplicable a los concejales que
aspiren a ser congresistas, supuesto distinto al que se analiza en esta providencia.
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Ley 617 de 2000
«Artículo 38. Incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como
los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
(...)
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el
periodo para el cual fue elegido» (Subrayas de la Sala).
6.2.2. Del elemento objetivo
42. La Sala debe establecer si la conducta atribuida al demandado se subsume
objetivamente en las normas invocadas como fundamento de la pérdida de
investidura. Ello es necesario porque el análisis del dolo o de la culpa grave solo
resulta procedente cuando previamente se ha acreditado que el comportamiento
reprochado encaja en una causal legal de desinvestidura.
43. De la lectura de las disposiciones transcritas se advierte que el artículo 44 de
la Ley 136 de 1994 regula la inelegibilidad simultánea, esto es, la prohibición de
ser elegido para más de una corporación o cargo público, o para una corporación
y un cargo, cuando los respectivos períodos coincidan en el tiempo, así sea
parcialmente. Por tanto, para establecer su alcance, la Sala estima necesario
precisar la interpretación que la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa le ha dado a dicha prohibición, especialmente en cuanto a su
naturaleza de inhabilidad y por esta vía como causal de pérdida de investidura de
concejales.
44. Sobre la naturaleza de dicha prohibición, la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-093 de 1994, precisó que la expresión «nadie podrá» contenida en el
numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política cobija a todos los ciudadanos
y, en consecuencia, señaló que la prohibición de inelegibilidad simultánea no se
limita a los congresistas. Al respecto indicó:
«De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está
prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una
corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los
respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que
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la norma en referencia utiliza la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la
mencionada prohibición a todos los ciudadanos»11
45. Posteriormente, en la Sentencia C-145 de 1994, la Corte Constitucional
reiteró esa tesis y precisó que el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución
Política consagra una inhabilidad electoral o de inelegibilidad. En esa oportunidad
sostuvo:
«La lectura del artículo 179, numeral 8o. de la Constitución muestra que ella
consagra una inhabilidad electoral o de inelegibilidad, esto es, una prohibición
para ocupar un cargo o hacer uso del derecho a ser elegido. Esto significa,
que la violación de la prohibición contenida en el ordinal 8 del artículo 179
superior acarrea la nulidad de la elección popular.
Es claro para la Corte que la inhabilidad establecida por la norma
constitucional es general y no exclusiva para los congresistas: es aplicable a
todos los cargos electivos»12.
46. Esta tesis fue acogida por la Sala en sentencia de 28 de enero de 2016, en
la que se precisó que el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 reproduce la prohibición
constitucional de inelegibilidad simultánea y que su desconocimiento puede
configurar causal de pérdida de investidura de los concejales por violación del
régimen de inhabilidades. En esa providencia se explicó:
«La misma naturaleza ostenta la prohibición contenida en el artículo 44 de la
Ley 136 de 1994, que solo repitió el contenido de la disposición constitucional.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que la violación
al régimen de inhabilidades es causal de pérdida de la investidura para los
concejales municipales y distritales. La Sala ha resaltado que “(…) ha sido
pacífica la jurisprudencia en la cual se ha considerado que la violación al
régimen de inhabilidades constituye causal de pérdida de investidura para los
concejales municipales y distritales, tal es el caso de las sentencias de 15 de
agosto de 200213, 23 de octubre de 200814, 4 de octubre de 201215, 13 de
11 Corte Constitucional, Sentencia C-093 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y
Hernando Herrera Vergara.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de
agosto de 2002. Rad.: 2001 – 0907. Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de
octubre de 2008. Rad.: 2001 – 0918. Magistrado Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
octubre de 2012. Rad.: 2008 – 00085. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. OSTAU de Lafont Pianeta.
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marzo de 201316, 19 de septiembre de 201317 y 4 de septiembre de 201418.
(…)”19
Así las cosas […] incurrir en la inhabilidad contenida en el numeral 8° del
artículo 179 de la Carta Política y el artículo 44 de la Ley 136 de 1994, es
causal de pérdida de investidura para los concejales municipales.»20
47. De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que la inelegibilidad
simultánea prevista en el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 integra el régimen de
inhabilidades de los concejales y por tanto su desconocimiento puede configurar
la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2º del artículo 55 ibidem.
48. Sin embargo, para que ello ocurra, deberá demostrarse que el demandado
fue elegido para más de una corporación o cargo público, o para una corporación
y un cargo, con coincidencia temporal de períodos. Lo anterior, porque la norma
no sanciona la mera aspiración electoral ni la inscripción de una candidatura, sino
el hecho de ser elegido para dos dignidades públicas cuyos períodos coincidan,
así sea parcialmente.
49. Ahora bien, la anterior precisión debe armonizarse con la naturaleza
sancionatoria del medio de control de pérdida de investidura. En efecto, por
tratarse de una sanción que limita gravemente los derechos políticos del
demandado, su prosperidad exige que la conducta atribuida se subsuma de
manera estricta en la causal invocada y que se acrediten tanto el elemento objetivo
como el elemento subjetivo de responsabilidad.
50. Sobre el carácter sancionatorio, restrictivo y taxativo de este medio de
control, esta Sección explicó:
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de
marzo de 2013. Rad.: 2011 – 0967. Magistrado Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de
septiembre de 2013. Rad.: 2012 – 0347. Magistrado Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2014. Rad.: 2013 – 0249. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA, Bogotá, diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), CONSEJERO PONENTE:
DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, REF: Radicación No. 08001 23 31 000 2013 0340 01,
Recurso de apelación contra la sentencia de 9 de julio de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Actor: EDWING JABETH ARTEAGA PADILLA.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
enero de 2016, radicación 05001-23-33-000-2013-01271-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00305 01
Solicitante: Juan Camilo Sánchez Carvajal
«35. Como características del proceso de pérdida de investidura se destacan
los siguientes: (i) es de tipo punitivo y constituye una clara manifestación
del ius puniendi del Estado; (ii) es una acción pública de tal manera que
puede ser ejercida por cualquier persona; (iii) está llamada a afectar los
derechos políticos del elegido por voto popular quien como resultado de la
muerte política no puede volver a postularse a ningún cargo de elección
popular, con efectos permanentes; (iv) tiene un término de caducidad de cinco
(5) años contado a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho
generador de la conducta (artículo 6° de la Ley 1881 de 2018); (v) cuenta con
la garantía constitucional y convencional de la doble instancia; (vi) es de tipo
subjetivo, lo que significa que el juez debe constatar que el dignatario actuó
con dolo o culpa grave para la configuración efectiva de la causal; (vii) se
deben respetar todas las garantías que gobiernan el debido proceso, en
especial, cobra especial relevancia los principios de legalidad, tipicidad,
taxatividad y de aplicación restrictiva, lo que significa que no resulta posible su
interpretación extensiva o analógica y, (viii) es una institución autónoma
respecto de los otros regímenes de responsabilidad como el derecho
disciplinario, el derecho penal y de responsabilidad fiscal.
(...)
45. Esto significa que la sanción de pérdida de investidura solo opera por
las causales previstas por la Constitución Política y la ley, y constituye
un deber del operador jurídico propender por el apego al principio de
legalidad y de taxatividad dada las implicaciones que tiene este juicio
sancionatorio al comportar una limitación grave de los derechos
políticos de elegir y ser elegido.
46. La interpretación que propone el solicitante implicaría extender las
consecuencias jurídicas de este juicio sancionatorio a supuestos que no
fueron previstos por la Constitución Política y la ley como constitutivos de
pérdida de investidura, en detrimento de los principios de legalidad, tipicidad y
de prohibición de la interpretación extensiva o analógica»21. (Negrillas de la
Sala).
51. En este punto, la Sala precisa que el Tribunal Administrativo de Santander
negó la solicitud de pérdida de investidura al considerar que, aunque estaban
acreditados los presupuestos objetivos alegados por la parte actora, no se
demostró que el demandado hubiera actuado con dolo o culpa grave. Sin embargo,
para la Sala, el análisis debía iniciar por la verificación estricta del elemento
objetivo, esto es, por determinar si la inscripción del accionado como candidato a
la Alcaldía del municipio de Oiba encajaba en el supuesto previsto en el artículo
44 de la Ley 136 de 1994 o en el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
agosto de 2024, radicación 25000-23-15-000-2024-00147-01 C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
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Radicación: 68001 23 33 000 2025 00305 01
Solicitante: Juan Camilo Sánchez Carvajal
52. Bajo ese marco, si la conducta atribuida al demandado no se subsume en
esas disposiciones, no es necesario analizar el elemento subjetivo. Ello obedece
a que la ausencia de tipicidad objetiva impide avanzar en el juicio de
responsabilidad propio de la pérdida de investidura.
53. En ese orden el análisis no puede extender el supuesto previsto en el artículo
44 de la Ley 136 de 1994 a conductas distintas de las allí descritas. Por ello la Sala
debe atender estrictamente al verbo rector empleado por la norma, esto es «ser
elegido» para determinar si se acreditó la configuración objetiva de la causal
invocada.
54. Precisamente la Sección Quinta de esta Corporación, al resolver una
controversia sobre coincidencia de períodos, precisó que el supuesto previsto en
esa disposición gira en torno a una nueva elección y a la eventual superposición
temporal entre períodos. En esa oportunidad indicó:
«(…) para que se incurra en la causal de inhabilidad invocada, es preciso que
el demandado en cuestión haya resultado electo a un cargo o corporación
pública y, luego, a otra de estas investiduras, siempre que los periodos
coincidan temporalmente.
46. No obstante, para efectos de la inhabilidad invocada en este caso22, la
misma no se materializa si se interrumpe el ejercicio en la corporación pública,
esto es, si la persona renuncia, previo a que se inscriba como candidato a la
siguiente dignidad de elección popular. Lo anterior, en tanto, lo que se
proscribe es el ejercicio simultáneo real del empleo o destino público
correspondiente»23.
55. De dicho pronunciamiento se desprende que el supuesto previsto en el artículo
44 de la Ley 136 de 1994 no se estructura por la sola inscripción de una
candidatura sino por la elección para una segunda corporación o cargo público con
coincidencia temporal de períodos. Por ello incluso desde la perspectiva de la regla
de inelegibilidad simultánea invocada por el accionante, la inscripción de un
concejal como candidato a la alcaldía, por sí sola no satisface el presupuesto
normativo previsto en esa disposición.
22 Ahora bien, en lo relativo a la incompatibilidad prevista en los artículos 38.7 y 39, para cargos
uninominales, ver sentencia del 7 de junio de 2015 de la Sección Quinta, en radicado núm. 11001-
03-28-000-2015-00051-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 5 de febrero
de 2026. Radicación: 73001-23-33-000-2025-00327-01. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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Solicitante: Juan Camilo Sánchez Carvajal
56. Esta conclusión resulta armónica con lo señalado por esta Sección en
sentencia de 29 de octubre de 2020, en la que se estudió una solicitud de pérdida
de investidura formulada contra una concejal del municipio de Sampués, Sucre, a
quien se le reprochaba haberse inscrito como candidata a la alcaldía municipal
mientras ejercía como cabildante. En esa oportunidad, la Sala precisó:
«Para la Sala resulta evidente que no se configuró incompatibilidad alguna en
cabeza de la concejal demandada, señora SAIRA BERNARDA VERGARA
PÉREZ, en quien, en efecto, no recaía restricción o prohibición constitucional o
legal para que, aun ejerciendo como cabildante municipal, se inscribiera para las
elecciones de alcalde municipal de Sampués (Sucre).
Lo anterior tiene asidero en las normas analizadas que regulan el régimen de
incompatibilidades de los concejales, quienes, por ser miembros de corporaciones
públicas de elección popular, reciben un tratamiento diferenciado de aquellos
empleados públicos elegidos popularmente para cargos uninominales, como son
los alcaldes y gobernadores, cuando son estos los que pretenden hacerse elegir
para otros cargos en desmedro del período para el cual fueron votados.
No constituye una incompatibilidad ni prohibición para los concejales, su decisión
de inscribirse y participar en la contienda electoral para el cargo de alcalde
municipal. Por lo mismo, lejos de lo argumentado por la parte actora, la señora
SAIRA BERNARDA VERGARA PÉREZ no debía renunciar seis (6) meses antes
de su inscripción como candidata a la alcaldía municipal de Sampués (Sucre), tal
como, erróneamente, lo alega en su demanda»24
57. De dicho precedente se concluye que, si bien la inelegibilidad simultánea
prevista en el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 puede dar lugar a la pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades, la sola inscripción de un
concejal como candidato a la alcaldía no configura, por sí misma, ese supuesto.
Para que la prohibición se estructure se requiere que el servidor haya sido elegido
para más de una corporación o cargo público con períodos coincidentes.
58. Esta interpretación también fue acogida por el Consejo Nacional Electoral en
la Resolución 02109 de 13 de mayo de 2025, mediante la cual negó la solicitud de
revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Fredy Andrés Galvis Barrera
a la Alcaldía de Oiba, Santander. En esa oportunidad, la autoridad electoral
sostuvo que el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 «de manera taxativa expresa la
imposibilidad que tiene cualquier ciudadano para ser elegido para más de una
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2020, radicación 70001-23-33-000-2019-00281-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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corporación o cargo público, si los períodos para los que fueron elegidos coinciden
en el tiempo, por muy corta que sea la extensión de esta». A partir de ello, concluyó
que «nadie puede ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo y tampoco ser
elegido a dos cargos públicos de manera simultánea»25.
59. Además, el Consejo Nacional Electoral indicó que, al tratarse de un concejal
que aspiraba a la alcaldía, no resultaba procedente aplicar la regla prevista para
los concejales que aspiran al Congreso de la República. Por ello, concluyó que no
existía norma vigente que impidiera la inscripción del ciudadano Fredy Andrés
Galvis Barrera como candidato a la Alcaldía de Oiba, Santander.
60. Sobre el particular, la Sala advierte que en el expediente está acreditado que
el demandado accedió a una curul como concejal del municipio de Oiba, Santander
para el período 2024-202726. Asimismo, está probado que el accionado renunció
a su curul27 y que dicha renuncia fue aceptada mediante la Resolución
Administrativa 013 de 21 de abril de 202528. Y, finalmente está acreditado que el
accionado se inscribió29 como candidato en las elecciones atípicas30 para la
elección de alcalde de ese mismo municipio para el periodo 2024-2027.
61. Sin embargo, dentro del proceso no se demostró que el accionado hubiera
resultado elegido como alcalde de Oiba, Santander. Por el contrario, de acuerdo
con el formulario E-26 de 20 de mayo de 2025, quien resultó elegido para ese
cargo fue el señor Elkin Alfonso Reyes Plata.
62. Lo anterior resulta determinante, porque el supuesto previsto en el artículo
44 de la Ley 136 de 1994 exige que la persona haya sido elegida para más de una
corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, cuyos períodos
25 Consejo Nacional Electoral, Resolución 02109 de 13 de mayo de 2025, «Por medio de la cual se
niega la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano Fredy Andrés Galvis
Barrera, a la Alcaldía del municipio de Oiba, Santander», radicado CNE-E-DG-2025-007260
26 Mediante acta de escrutinio municipal E-26 ALC de 29 de octubre de 2023 la Registraduría
Nacional del Estado Civil presentó los resultados de las elecciones para la alcaldía del municipio
en el periodo 2024-2027 en la que se precisó que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1909 del
2018 el candidato Fredy Andrés Galvis Barrera tendría derecho personal a ocupar una curul en el
Concejo del municipio de Oiba, Santander.
27 A través de comunicación con fecha de presentación del 31 de marzo de 2025.
28 «Por medio del cual se acepta una renuncia, se declara la vacancia absoluta de la curul de un
concejal de Oiba Santander y se dispone el llamamiento para proveer una curul de concejal».
29 Mediante formulario E – 6 AL de 2 de abril de 2025.
30 Convocadas mediante el Decreto 157 de 18 de marzo de 2025.
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coincidan en el tiempo, así sea parcialmente. En ese sentido, la expresión utilizada
por el legislador «nadie podrá ser elegido» no puede equipararse a la mera
inscripción de una candidatura.
63. En efecto, la inscripción de una candidatura y la elección para un cargo de
elección popular corresponden a actos distintos y producen efectos diferentes. La
primera formaliza la aspiración a un cargo y habilita al candidato para participar en
la contienda electoral. La segunda, en cambio, corresponde al resultado del
proceso electoral y determina quién fue escogido por los ciudadanos para ejercer
la respectiva dignidad.
64. Por esa razón, aun cuando el demandado se inscribió como candidato a la
Alcaldía de Oiba el 2 de abril de 2025, tal circunstancia no basta para configurar la
inelegibilidad simultánea alegada por el recurrente, pues no se acreditó que
hubiera sido elegido para ese cargo. En consecuencia, no se demostró la
existencia de una doble elección ni la superposición real de períodos respecto de
dos cargos o dignidades públicas.
65. Así las cosas, aun si se admitiera en gracia de discusión que para la fecha
de inscripción a la alcaldía la renuncia del demandado al cargo de concejal no
había sido aceptada formalmente, esa sola circunstancia no permitiría estructurar
la causal de pérdida de investidura invocada, dado que el artículo 44 de la Ley 136
de 1994 no sanciona la inscripción como candidato, sino la elección para más de
una corporación o cargo público con períodos coincidentes.
66. Ahora bien, tampoco se configura el elemento objetivo respecto del numeral
7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, dado que esa disposición no resulta
aplicable al presente asunto, toda vez que la misma hace parte del régimen de
incompatibilidades de los alcaldes. Por tanto, su ámbito subjetivo de aplicación
recae sobre quienes ostentan esa calidad y no sobre los concejales.
67. En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó el elemento objetivo
de la causal invocada. Ello, porque si bien la inelegibilidad simultánea prevista en
el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 puede dar lugar a la pérdida de investidura
por violación del régimen de inhabilidades, en este caso no se demostró que el
señor Fredy Andrés Galvis Barrera hubiera sido elegido alcalde de Oiba,
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Santander. Además, el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 no resulta
aplicable al sub examine, por regular las incompatibilidades de los alcaldes y no
las de los concejales.
68. Así las cosas, aunque el Tribunal negó la pérdida de investidura por
considerar que no se había acreditado el elemento subjetivo, la Sala confirmará la
decisión por una razón distinta, esto es, porque la conducta reprochada no se
subsume objetivamente en las normas invocadas por el accionante. Por ello,
resulta innecesario examinar si el demandado actuó con dolo o culpa grave.
69. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Solicitante: Juan Camilo Sánchez Carvajal
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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