Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00147-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00147-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00147-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00147-01
Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
Tema: La interpretación de las causales de pérdida de investidura se rige por los
principios de legalidad, tipicidad, taxatividad e interpretación restrictiva.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la
sentencia de 22 de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca denegó la solicitud de pérdida de investidura del señor José
Alexánder Valderrama Ubaque, concejal electo del municipio de Cajicá,
Cundinamarca, para el período 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Tito Manuel Valderrama Ramírez, por conducto de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, solicitó:
“[…] II. PETICIONES (sic):
Se decrete la Pérdida de la Investidura del Honorable Concejal del
Municipio de Cajicá – Cundinamarca, JOSÉ ALEXANDER
VALDERRAMA UBAQUE […] por la presunta conducta de: POR
VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES, de conformidad a la (sic) establecido en el
artículo 55, numeral 2º de la Ley 136 de 1994, concordante con el artículo
48 numeral 1º de la Ley 617 de 2000, y el Fallo del Consejo de Estado No
207 de 2007, y el artículo 183 de nuestra Carta Política, invocando como
como (sic) causal la Violación del Régimen de Incompatibilidades,
derivada de hacer elegir como Concejal del Municipio de Cajicá –
Cundinamarca, con el nombre de JOSÉ ALEXANDER VALDERRAMA
UBAQUE […] cuando su verdadero nombre es El [de] JOSÉ
ALEXANDER UBAQUE […] conducta de lejos escabrosamente dolosa o
cuando menos gravemente culposa de conformidad con las Leyes 1881
1
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 02.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
2
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00147-01
Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
de 2018, artículo 1º dado que la inhabilidad es una restricción que se
impone de carácter general3 […]”. (Negrilla del texto)
I.1.1. Los hechos que sustentan la solicitud
2. Los hechos que sirven de sustento a la presente solicitud son los siguientes:
(i) El día 24 de diciembre de 1966, el señor Tito Manuel Valderrama Ramírez
contrajo matrimonio con la señora Claudia Ubaque (q.e.p.d.) y el señor José
Alexánder Valderrama Ubaque fue registrado como su hijo a través del registro civil
de nacimiento 790130 de la Notaría Quinta de Bogotá D.C.
(ii) Mediante sentencia civil 027-21 de 7 de julio de 2021, proferida dentro del
proceso con radicado núm. 430-2020, el Juzgado Primero de Familia del municipio
de Zipaquirá – Cundinamarca declaró que el señor Tito Manuel Valderrama Ramírez
no era padre del señor José Alexánder Valderrama Ubaque y, ordenó la corrección
del registro civil de nacimiento identificado con el NUIP 8491154 de la Notaría
Quinta de Bogotá para que, en adelante, figurara con el apellido de su progenitora.
(iii) El día 3 de febrero de 2022, el señor Tito Manuel Valderrama Ramírez presentó
derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para dar
cumplimiento a la sentencia de 7 de julio de 2021 citada ut supra.
(iv) La Registraduría Nacional del Estado Civil ordenó al registrador del municipio
de Cajicá dar cumplimiento al fallo antes mencionado y, como resultado de lo
anterior, el señor José Alexánder Valderrama Ubaque procedió a la corrección de
su cédula de ciudadanía y se registró como José Alexánder Ubaque.
(v) Posteriormente, el señor José Alexánder Ubaque mediante Escritura Pública 370
de 10 de enero de 2022 de la Notaría Quinta de Bogotá, cambió su nombre por el
de José Alexánder Valderrama Ubaque.
(vi) A pesar de lo anterior, el accionado fue elegido concejal del municipio de Cajicá
con el nombre de José Alexánder Valderrama Ubaque, para el período 2024-2027.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
2. Invocó el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, en
concordancia con el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
2000, esto es, la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
como causal de pérdida de investidura de los concejales.
3. Consideró que el concejal accionado violó el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades por el hecho de haber cambiado su nombre al de José Alexánder
3
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 010. Subsanación demanda.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00147-01
Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
Valderrama Ubaque mediante Escritura Pública 370 de 10 de enero de 2022,
desconociendo así lo ordenado por la sentencia de 7 de julio de 2021, proferida por
el Juzgado Primero de Familia del municipio de Zipaquirá dentro del radicado núm.
430-2020 que puso fin al proceso de impugnación de paternidad. Tal circunstancia,
a su juicio, configura un posible delito de fraude procesal tipificado como tal en el
Código Penal.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
4. Mediante auto de 28 de febrero de 20244, inicialmente se inadmitió la solicitud y,
según proveído de 12 de marzo de la presente anualidad5 se admitió, ordenándose
la notificación al accionado y al agente del Ministerio Público. Notificada esta
providencia judicial, el concejal acusado contestó la solicitud.
I.3. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura6
5. El concejal José Alexánder Valderrama Ubaque, por conducto de apoderado
judicial ejerció su derecho de defensa, oponiéndose a la prosperidad de la
pretensión de desinvestidura formulada en su contra.
6. En cuanto a los hechos, relató que: (i) el señor José Alexánder Valderrama
Ubaque acató la orden judicial contenida en la sentencia 027-21 de 7 de julio de
2021, que puso fin al proceso de impugnación de paternidad tramitado ante el
Juzgado Primero de Familia del Circuito de Zipaquirá y, (ii) con posterioridad,
mediante trámite notarial y de conformidad con lo previsto en el artículo 6° del
Decreto 999 de 1988, que subrogó el artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970,
cambió su nombre por el de José Alexánder Valderrama Ubaque, lo cual se dio en
ejercicio del derecho fundamental a definir su personalidad jurídica y el libre
desarrollo de su personalidad “[…] que se concreta en la facultad que tiene toda
persona de fijar su identidad a través del nombre que prefiera como un
reconocimiento de su autonomía y una manifestación de su dignidad […]”.
7. Explicó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
han coincidido en señalar que las causales de pérdida de investidura se encuentran
gobernadas por los principios de legalidad, taxatividad y de aplicación restrictiva, lo
cual implica que este juicio sancionador solo procede frente a las conductas que se
ajustan a la descripción exacta de la situación jurídica definida por una norma.
8. Alegó que el comportamiento que se reprocha al accionado que consiste en el
cambio de nombre considerado como un posible delito de fraude procesal no
4
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 007. Auto inadmitiendo. El magistrado encargado de la sustanciación
del proceso en la primera instancia inicialmente consideró que la demanda no había cumplido con las exigencias previstas en
el artículo 5° de la Ley 1881 de 2018.
5
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 013. Auto que admite demanda.
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Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 026. Contestación de la demanda.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00147-01
Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
encuadra en ninguna de las conductas definidas por el legislador como constitutivas
de pérdida de investidura. Por ende, al haber fracasado “[…] el proceso de
tipificación que sirve para determinar el componente objetivo del comportamiento
denunciado […]” resulta innecesario avanzar en el estudio del aspecto subjetivo o
de la culpabilidad.
9. Finalmente planteó las siguientes excepciones: (i) “[…] [i]nexistencia de causal
de inhabilidad, incompatibilidad […]”; (ii) falta de la causa jurídica para demandar y,
(iii) la que tituló “[…] [a]plicación del inciso 2º del artículo 187 del C.P.A.C.A. […]”.
I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia y la audiencia pública
prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018
10. Según auto de 4 de abril de 20247 se dio apertura al período probatorio y se fijó
fecha para la realización de la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de
2018. El día 15 de abril de la presente anualidad8 se celebró la audiencia pública,
en la cual se ordenó la incorporación de las pruebas documentales y se escuchó a
los distintos sujetos intervinientes.
11. En esta oportunidad procesal, tanto el solicitante como la defensa del accionado
reiteraron las posturas esgrimidas en el proceso.
12. Por su parte, el señor agente del Ministerio Público consideró que la conducta
reprochada al concejal accionado no encuadraba en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas por el legislador como constitutivas de
desinvestidura de estos servidores públicos.
13. Además, el agente del Ministerio Público consideró que en el presente caso era
evidente la carencia de sustento legal de la demanda. En tal virtud, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, solicitó que se condene en costas a la parte actora.
I.5. La sentencia de primera instancia9
14. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia de 22 de abril de 2024, denegó la solicitud de pérdida de investidura del
concejal José Alexánder Valderrama Ubaque.
15. El Tribunal de la primera instancia planteó el siguiente problema jurídico: “[…]
si el cambio de nombre efectuado mediante trámite notarial por el señor José
Alexander Valderrama Ubaque, con posterioridad a la sentencia del 7 de julio de
2021, proferida por el Juzgado de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá en la
7
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 030. Auto de prueba.
8
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 053. Audiencia Alegaciones.
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Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 058. Sentencia de primera instancia.
5
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00147-01
Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
que se ordenó la corrección del nombre constituye una causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en la Ley” (Negrilla del texto).
16. Para resolver lo anterior, el fallador de la primera instancia, se refirió a las
características del proceso de pérdida de investidura, en el siguiente sentido: (i) es
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional; (ii) la consecuencia jurídica implica la separación inmediata de las
funciones que venía ejerciendo, con carácter permanente y, (iii) exige la observancia
del derecho fundamental al debido proceso, particularmente, a los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a
aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
17. Señaló que las inhabilidades son “[…] requisitos negativos […]”, cuya
ocurrencia implica la inelegibilidad de la persona en quien concurren. Por su parte,
y a diferencia de aquellas, las incompatibilidades comprenden el conjunto de “[…]
actuaciones que le son prohibidas al funcionario en el ejercicio de su cargo, las
cuales comienzan a partir de la elección misma, en razón a que este último acto es
precisamente el que le atribuye la investidura a dichos servidores públicos […]”.
Ambas instituciones tienen como finalidad preservar la moralidad, idoneidad,
imparcialidad, transparencia y eficiencia de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos y, como tales, se encuentran gobernadas por los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, su interpretación debe ser restrictiva
y ajustada a la Constitución Política y a la ley, no siendo posible la aplicación
analógica.
18. Indicó que, en el presente caso, los cambios en el nombre del concejal
accionado se dieron en dos oportunidades. El primero de ellos, en cumplimiento de
una orden judicial como resultado del proceso de impugnación de la paternidad que
inició el actor en contra del accionado. El segundo, como resultado del trámite
adelantado por el acusado en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, a
la luz de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 999 de 1988.
19. Consideró que la conducta que se le atribuye al concejal accionado no se
subsume en ninguno de los supuestos normativos de las causales de inhabilidad y
de incompatibilidad previstas en la Ley 136 de 1994, a su vez modificada por la Ley
617 de 2000.
20. Finalmente, el Tribunal de la primera instancia negó la petición presentada por
el señor agente del Ministerio Público sobre la condena en costas, luego de
constatar que: (i) en el presente caso se ventilaba un interés público ya que no se
trataba de un litigio sobre la disposición de un derecho; (ii) la demanda no carecía
de fundamento legal y, (iii) la parte accionada no solicitó condena de esta
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00147-01
Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
naturaleza, así como tampoco coadyuvó la petición elevada por el señor agente del
Ministerio Público.
I.6. El recurso de apelación10
21. El solicitante, por conducto de apoderado judicial, apeló la decisión judicial de
primera instancia.
22. Indicó que el fallo apelado resulta incongruente frente a la demanda y lo probado
en el proceso.
23. Reiteró cada uno de los hechos expuestos en el escrito inicial. Luego, sostuvo
que el accionado violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
como causal de pérdida de investidura de los concejales por el hecho de haber
cambiado su nombre por el de José Alexánder Valderrama Ubaque mediante la
Escritura Pública 370 otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, D.C.; contrariando
así la sentencia 027-21 de 7 de julio de 2021 dictada por el Juzgado Primero del
municipio de Zipaquirá que puso fin al proceso de impugnación de paternidad. Tal
conducta, a su juicio, se encuentra tipificada en el Código Penal como fraude
procesal y resulta contraria a la moralidad y a las buenas costumbres.
24. Consideró que las inhabilidades hacen referencia a aquellas circunstancias
creadas por la Constitución Política y la ley que impiden o imposibilitan que una
persona sea elegida en un cargo de elección popular. Por su parte, las
incompatibilidades tienen como finalidad primordial preservar la probidad del
servidor público en el desempeño de su cargo y tienen como función la de evitar el
uso de la investidura para favorecer intereses de terceros o propios en desmedro
del interés general y de los principios que rigen la función pública.
25. Precisó que el cambio de nombre se encuentra regulado en el artículo 94 del
Decreto 1290 de 1970, subrogado por el artículo 6° del Decreto 999 de 1998, según
el cual “[…] [e]l propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura
pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su
nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal […]”.
26. Cuestionó el fallo apelado pues consideró que invirtió la carga de la prueba.
27. En síntesis, para el apelante la actuación del concejal accionado resulta
reprochable, pues con su conducta alteró el estado de filiación, circunstancia que
constituye una clara burla a la sentencia de 7 de julio de 2021, proferida por el
Juzgado Primero de Familia del municipio de Zipaquirá, dentro del proceso
radicado: 430-2020.
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Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 061. Apelación.
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Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
I.7. Trámite del recurso de apelación
28. Mediante auto de 16 de mayo de 202411 se concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación interpuesto por el accionante. Mediante auto de 24 de junio
de 202412 se dispuso su admisión. Notificada tal providencia judicial, todos los
sujetos intervinientes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
29. Con el propósito de resolver la presente controversia se abordarán los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) la prueba de la condición del accionado
como concejal y sujeto pasivo del presente mecanismo de pérdida de investidura;
(iii) el problema jurídico y, (iv) el análisis del caso concreto.
II.1. La competencia
30. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
200013; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201914; y en el
artículo 150 del CPACA15.
II.2. La prueba de la calidad del accionado
31. En el presente caso se demostró que el señor José Alexánder Valderrama
Ubaque ostenta la condición de concejal del municipio de Cajicá, para el período
2024-2027, según lo ratifica la certificación expedida por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, así como los documentos electorales obrantes en el expediente
digital16.
32. En tal virtud, se considera satisfecho el requisito previsto en el literal b) del
artículo 5° de la Ley 1881 de 2018.
11
Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 064. Auto que concede.
12
Índice 4. SAMAI.
13
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica
de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan
normas para la racionalización del gasto público nacional”.
14
“Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado”.
15
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 010. Subsanación de la demanda.
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Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
II.3. El problema jurídico
33. A la Sala de Decisión, de conformidad con las prescripciones de los artículos
32017 y 32818 del CGP, aplicables por remisión del artículo 21 de la Ley 1881 de
2018, le corresponde determinar si la conducta que se le reprocha al accionado,
esto es, el cambio de nombre considerado por el accionante como un posible delito
de fraude procesal, constituye una causal de pérdida de investidura de los
concejales.
II.4. Las generalidades de la pérdida de investidura y los principios que la
gobiernan
34. La Constitución Política de 1991 reguló la institución de la pérdida de investidura
de los servidores públicos de cuerpos colegiados de elección directa, como
mecanismo novedoso que responde a la necesidad de incorporar sanciones más
severas para recuperar la legitimidad y la confianza de las instituciones
representativas, incluidas las pertenecientes a las entidades territoriales.
35. Como características del proceso de pérdida de investidura se destacan los
siguientes: (i) es de tipo punitivo y constituye una clara manifestación del ius
puniendi del Estado; (ii) es una acción pública de tal manera que puede ser ejercida
por cualquier persona; (iii) está llamada a afectar los derechos políticos del elegido
por voto popular quien como resultado de la muerte política no puede volver a
postularse a ningún cargo de elección popular, con efectos permanentes; (iv) tiene
un término de caducidad de cinco (5) años contado a partir del día siguiente al de la
ocurrencia del hecho generador de la conducta (artículo 6° de la Ley 1881 de 2018);
(v) cuenta con la garantía constitucional y convencional de la doble instancia; (vi) es
de tipo subjetivo, lo que significa que el juez debe constatar que el dignatario actuó
con dolo o culpa grave para la configuración efectiva de la causal; (vii) se deben
respetar todas las garantías que gobiernan el debido proceso, en especial, cobra
especial relevancia los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad y de aplicación
restrictiva, lo que significa que no resulta posible su interpretación extensiva o
analógica19 y, (viii) es una institución autónoma respecto de los otros regímenes de
responsabilidad como el derecho disciplinario, el derecho penal y de
responsabilidad fiscal.
17
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
18
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
19
Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 4 de octubre de 2018, CP: MARÍA ADRIANA MARÍN,
radicado: 11001-03-15-000-2018-02151-00, actor: Ricardo Andrés Ramírez Cruz, demandado: Nidia Marcela Osorio Salgado
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36. La Corte Constitucional, en sentencia SU 474 de 202020, esbozó como
principales características de la pérdida de investidura las siguientes:
“[…] 39. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte21 y del Consejo de
Estado22, la pérdida de investidura -de los congresistas23- tiene las
siguientes características:
i) Es una acción pública;
ii) Su objeto es rescatar la legitimidad del Congreso de la República;
iii) Tiene como finalidad sancionar conductas contrarias a la ética, la
transparencia, la probidad y la imparcialidad de los parlamentarios;
iv) Las causales son taxativas y están en la Constitución;
v) Es un juicio que comprende la valoración de dos aspectos, uno
objetivo relacionado con la configuración de la inhabilidad o
incompatibilidad y, otro de naturaleza subjetiva, dirigido a demostrar la
culpabilidad del demandado.
vi) Es de carácter sancionatorio y jurisdiccional, pues impone la
sanción más grave para el condenado ya que lo separa de manera
inmediata de las funciones legislativas y, constituye una inhabilidad
permanente que le impide aspirar a cargos de elección popular en el
futuro;
vii) Es de competencia exclusiva del Consejo de Estado; y
viii) No prevé graduación alguna ni sobre las causales ni frente a las
sanciones, de manera que todas son lo suficientemente graves para
imponer la misma sanción24”. (Negrilla y cursivas del texto)
II.5. El análisis del caso en concreto
37. En el sub examine, el señor Tito Manuel Valderrama Ramírez, por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA- pretende que se despoje de su investidura al concejal electo del municipio
de Cajicá, el señor José Alexánder Valderrama Ubaque, por haber incurrido en la
violación del “[…] régimen de inhabilidades e incompatibilidades […]” previsto como
causal de pérdida de investidura en el artículo 55 (numeral 2°) de la Ley 136 de 2
20
Corte Constitucional, sentencia SU 474 de 2020, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
21
(Cita original): Cfr. sentencias SU-632 de 2017, SU-424 de 2016, C-254A de 2012, SU-1159 de 2003, C-207 de 2003, entre
otras.
22
sentencias del 19 de febrero de 2019, exp. 2018-02417-00(PI); 21 de junio de 2018, exp. 201001161-00 y 201001324-00;
27 de septiembre de 2016, exp. 2014-03886-00(PI); 4 de agosto de 2015, exp. 2015-00872-00, entre muchas otras.
23
(Cita original): El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los ediles, concejales y diputados se rige por las Leyes
617 de 2001 y 1841 de 2019.
24
(Cita original): La Corte en sentencia C-207 de 2003, señaló que “[…] en atención a la altísima dignidad que supone el
cargo de Congresista y a la significación del Congreso dentro de un Estado democrático, la Constitución ha previsto una
sanción particularmente drástica para las infracciones anotadas, puesto que la pérdida de la investidura implica no solo que
el congresista pierde su calidad de tal, sino que, además, queda inhabilitado de manera permanente para ser congresista
[…]”.
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Solicitante: Tito Manuel Valderrama Ramírez
Accionado: José Alexánder Valderrama Ubaque
de junio de 1994, en concordancia con el artículo 48 (numeral 1°) de la Ley 617 de
6 de octubre de 2000.
38. En primer lugar, debe señalarse que el artículo 5° de la Ley 1881 de 2018,
señala que toda solicitud de pérdida de investidura debe formularse por escrito y
contener, como mínimo la: “[…] c) Invocación de la causal por la cual se solicita la
pérdida de investidura y su debida explicación […]”. Esta norma reproduce la
exigencia del derogado literal c) del artículo 4° de la Ley 144 de 199425, el cual
establecía los requisitos que debía contener la solicitud de pérdida de investidura.
39. La Corte Constitucional en sentencia C-237 de 201226 declaró la
constitucionalidad de la exigencia contenida en el literal c) del artículo 4° de la Ley
144 de 1994 relativa a dar debida explicación de la causal, en el siguiente sentido:
“[…] 4.2. Cargo dos: exigencia de dar debida explicación de la causal
esgrimida
[…]
Dicha exigencia se aprecia con mayor necesidad en el caso de la solicitud
de pérdida de investidura porque la misma, además, ayuda a garantizar
el derecho de defensa del sujeto pasivo en el proceso, quien tendrá
claro los fundamentos en que yace la acusación contra él o ella
planteada.
Es oportuno recordar que, como quedó plasmado en las consideraciones,
el juicio de pérdida de investidura tiene como fines generales la
democratización y la legitimación de la función que realizan los
congresistas. Sin embargo, este fin no puede obviar la necesidad de de
(sic) velar por la protección de los derechos fundamentales del
sujeto pasivo de la solicitud de pérdida de investidura.
Así, es el derecho de defensa uno de los que mayor riesgo de vulneración
tiene en este tipo de procesos, pues, a más del corto tiempo que se tiene
para responder la demanda –tres días, de acuerdo con el art. 9º de la ley
144 de 1994-, sería una carga desproporcionada el no tener claridad
sobre el concepto de la acusación, en orden a establecer con
precisión cuál es el camino para controvertir, matizar o,
simplemente, aceptar los expresado en la solicitud.
[…]
Por estas razones la Corte entiende que la exigencia del literal c) del
artículo 4º de la ley 144 de 1994 no vulnera derecho alguno al demandante
y, por el contrario, sirve para garantizar el derecho de defensa del
acusado. En consecuencia, la Corte desecha el cargo presentado y
declarará exequible la expresión “su debida explicación” del literal c) del
artículo 4º por los cargos ahora estudiados”. (Negrilla fuera del texto)
25
Derogada expresamente por virtud del artículo 24 de la Ley 1881 de 2018: “[…] ARTÍCULO 24. Esta ley deroga la
Ley 144 de 1994 y las disposiciones legales anteriores y las que le sean contrarias y rige desde la fecha de su promulgación
[…]”.
26
Corte Constitucional, sentencia C- 237 de 22 de marzo de 2012. MP: Humberto Antonio Sierra Porto
11
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40. Visto lo anterior, en el caso específico, la solicitud presentada por el actor se
limita, de manera general, a invocar la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, sin haberse precisado de manera puntual, la causal específica
por la cual se perseguía la pérdida de investidura del concejal del municipio de
Cajicá, José Alexánder Valderrama Ubaque.
41. Al respecto, debe señalarse que el legislador introdujo un amplio catálogo de
causales de inhabilidad e incompatibilidad, cuya transgresión configura la pérdida
de investidura de los concejales. Las inhabilidades comprenden el conjunto de
circunstancias que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida en un cargo
de elección popular, mientras que las incompatibilidades se traducen en la
prohibición de desempeñar o ejercer otros cargos o realizar dos actividades de
manera simultánea. Ambas instituciones apuntan a la defensa de la moralidad, la
transparencia, la imparcialidad y la rectitud que debe guiar el ejercicio de la función
pública a cargo de quienes ejercen la representación política y por esta razón
asumen una responsabilidad especial frente a sus electores y con la sociedad.27
42. Para el caso específico, el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000 enlistó las siguientes causales de inhabilidad de
los concejales. Por su parte, las causales de incompatibilidad se encuentran
definidas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, en los siguientes términos:
CAUSALES DE INHABILIDAD DE LOS CAUSALES DE INCOMPATIBILIDAD DE
CONCEJALES LOS CONCEJALES
LEY 136 DE 1994 LEY 136 DE 1994
"ARTÍCULO 43.- Inhabilidades28. No podrá ser “ARTÍCULO 45.- Incompatibilidades. Los
inscrito como candidato ni elegido concejal concejales no podrán:
municipal o distrital:
1. (Derogado por el Art. 96 de la Ley 617 de
1. Quien haya sido condenado por sentencia 2000)
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto
por delitos políticos o culposos; o haya perdido 2. Ser apoderado antes las entidades públicas
la investidura de congresista o, a partir de la del respectivo municipio o ante las personas
vigencia de la presente ley, la de diputado o que administren tributos procedentes del
concejal; o excluido del ejercicio de una mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
profesión; o se encuentre en interdicción para el interpuesta persona, contrato alguno, con las
ejercicio de funciones públicas. excepciones que más adelante se establecen.
2. Quien dentro de los doce (12) meses 3. Ser miembros de juntas o consejos directivos
anteriores a la fecha de la elección haya de los sectores central o descentralizado del
ejercido como empleado público, jurisdicción o respectivo municipio, o de instituciones que
autoridad política, civil, administrativa o militar, administren tributos procedentes del mismo.
en el respectivo municipio o distrito, o quien,
como empleado público del orden nacional,
27
La Corte Constitucional se ha referido a las incompatibilidades en los precisos términos, así: «(…) consisten en una
prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o
ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o
empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben
guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado».
28
Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
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departamental o municipal, haya intervenido 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con
como ordenador de gasto en la ejecución de personas naturales o jurídicas de derecho
recursos de inversión o celebración de privado que administren, manejen o inviertan
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en fondos públicos procedentes del respectivo
el respectivo municipio o distrito. municipio o sean contratistas del mismo o
reciban donaciones de éste. Radicación 751 de
3. Quien dentro del año anterior a la elección 1995 Sala de Consulta y Servicio Civil.
haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital 5. Ser representantes legales, miembros de
o en la celebración de contratos con entidades juntas o consejos directivos, auditores o
públicas de cualquier nivel en interés propio o revisores fiscales, empleados o contratistas de
de terceros, siempre que los contratos deban empresas que presten servicios públicos
ejecutarse o cumplirse en el respectivo domiciliarios o de seguridad social en el
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del respectivo municipio29.
año anterior haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o PARÁGRAFO 1.- Se exceptúa del régimen de
contribuciones, o de las entidades que presten incompatibilidades el ejercicio de la cátedra30”.
servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito.
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, con funcionarios que dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o
militar en el respectivo municipio o distrito; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido
representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o
de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre
sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento político para elección de cargos o
de corporaciones públicas que deban realizarse
en el mismo municipio o distrito en la misma
fecha”.
43. La alusión in genere a la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades no resulta suficiente para entender cumplida la exigencia
prevista en el artículo 5° de la Ley 1881 de 2018 que señala que toda solicitud de
pérdida de investidura debe contener, como mínimo, la invocación de la causal junto
con su debida explicación (literal c).
29
(Adicionado por el art. 41, Ley 617 de 2000.
30
La norma en su redacción original señalaba: “[…] PARAGRAFO 1°. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el
ejercicio de la cátedra universitaria”. El aparte “[…] universitaria […]” incorporado en el parágrafo 1° fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-231 de 1995. La Corte Constitucional, en aquella oportunidad señaló lo siguiente:
“[…] Concluye la Corte que la excepción al régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrada en la norma legal que
se examina, debe aplicarse sin discriminación alguna a quienes ejerzan o bien, funciones docentes, o bien la cátedra, según
el caso, y por consiguiente, dichas normas resultan inconstitucionales por vulnerar el artículo 13 de la Carta Política, razón
por la cual se declarará la inconstitucionalidad de las expresiones de Educación Superior contenida en el numeral 3o del
artículo 43, así como la palabra universitaria que aparece en el parágrafo 1o del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 […]”.
(Negrilla del texto)
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44. Además de lo anterior, la Sala concuerda con lo manifestado por el Tribunal de
la primera instancia en que la conducta que se le reprocha al accionado no encaja
en ninguno de los supuestos previstos por el legislador en el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, cuya transgresión genera la pérdida de
investidura.
45. Esto significa que la sanción de pérdida de investidura solo opera por las
causales previstas por la Constitución Política y la ley, y constituye un deber del
operador jurídico propender por el apego al principio de legalidad y de taxatividad
dada las implicaciones que tiene este juicio sancionatorio al comportar una
limitación grave de los derechos políticos de elegir y ser elegido.
46. La interpretación que propone el solicitante implicaría extender las
consecuencias jurídicas de este juicio sancionatorio a supuestos que no fueron
previstos por la Constitución Política y la ley como constitutivos de pérdida de
investidura, en detrimento de los principios de legalidad, tipicidad y de prohibición
de la interpretación extensiva o analógica.
47. La Sala Plena, en sentencia de 8 de septiembre de 202131, enfatizó en la
importancia que apunta el respeto por el principio de legalidad en procesos de
pérdida de investidura, consideraciones que se prohíjan en esta oportunidad:
“[…] La pérdida de investidura es una acción jurisdiccional pública y
autónoma, de raigambre constitucional. Funge como mecanismo de
control político, para que todo ciudadano tenga la posibilidad de controlar
a los miembros de las corporaciones de elección popular, en especial
frente a aquellos comportamientos que resultan contrarios a la dignidad
del cargo, a la ética pública, al buen servicio y al interés general. Su
finalidad última es salvaguardar la moralidad de la actividad política, la
dignidad y probidad del cargo y la confianza que el electorado depositó en
los dignatarios que representan la voluntad del popular. Como se trata de
un proceso sancionatorio jurisdiccional, le son aplicables los principios,
reglas y garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
correspondiéndole al juez de la pérdida de investidura efectuar el juicio
objetivo, de configuración de la causal, y el subjetivo, de responsabilidad
del congresista. La configuración objetiva de la causal conlleva la
garantía del principio de legalidad, de manera que el juez determina,
con un criterio restrictivo de interpretación, si la conducta endilgada
al congresista se ajusta a las causales taxativas que prevén la
Constitución y la ley, y, en los términos del artículo 1 de la Ley 1881
de 2018, si dicha conducta del parlamentario fue dolosa o
gravemente culposa, o si por el contrario, en ausencia de ello el
comportamiento no resulta sancionable […]”. (Negrilla fuera del texto)
31
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 8 de septiembre de 2021, CP: Rocío Araújo Oñate, radicado: 11001-03-15-
000-2021-00068-00.
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48. Por último, si bien quedó probado que el accionado cambió su nombre por el
de José Alexánder Valderrama Ubaque32, en nuestro ordenamiento jurídico el
cambio de nombre y los apellidos, conforme lo indicó la Corte Constitucional en
sentencia C- 114 de 201733 “[…] constituye una expresión de los derechos a la
personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la
expresión […]” y si bien tiene efectos importantes no implica “[…] la alteración del
estado civil ni tampoco, por sí misma, la variación de la identidad sexual en el
registro -materia regulada actualmente en el Decreto 1227 de 201534- ni la variación
de la filiación de la persona […]”.35
49. Por estos motivos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia de 22
de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
denegó la solicitud de pérdida de investidura del señor José Alexánder Valderrama
Ubaque, concejal del municipio de Cajicá, para el período 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de abril de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la solicitud de pérdida de
investidura del señor José Alexánder Valderrama Ubaque, concejal del municipio
de Cajicá, para el período 2024-2027.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
32
Copia de la Escritura Pública 370 del 10 de febrero de 2022, en su artículo segundo se indica lo siguiente: “[…] Que por
medio del presente instrumento público y debidamente facultado pro lo dispuesto en el Decreto novecientos noventa y nueve
(999) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), conforme a su artículo 6º, POR ÉSTA Y ÚNICA VEZ procede a CAMBIAR
su nombre de: JOSE ALEXANDER UBAQUE, para que de hoy en adelante para todos los efectos y con el fin de fijar mi
identidad personal, ser conocido con el nombre de JOSE ALEXANDER VALDERRAMA UBAQUE […] sin alterar la afiliación
con mis padres […]”. (Negrilla del texto). Índice 2 del Expediente Digital. SAMAI. Documento 010. Subsanación de la demanda.
33
Corte Constitucional, sentencia C- 114 de 2017, MP: Alejandro Linares Cantillo. En esta sentencia la Corte Constitucional
analizó la constitucionalidad del artículo 6 (parcial) del Decreto Ley 999 de 1988, subrogatorio del artículo 94 del Decreto Ley
1260 de 1970, norma que fue declarada exequible “[…] en el entendido de que tal restricción no será aplicable en aquellos
eventos en que exista una justificación constitucional, clara y suficiente, de conformidad con los criterios establecidos en la
parte motiva de esta sentencia […]”.
34
(Cita es original): Mediante este Decreto se adicionó una sección al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil.
35
Corte Constitucional, sentencia C- 114 de 2017, MP: Alejandro Linares Cantillo.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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