Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00180-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00180-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2023-00180-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de septiembre de 2024
Demandante: Neil Darío Pacheco Noble
Demandado: Fray Domingo Monterroza Jaramillo
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00180-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00180-01
Demandante: Neil Darío Pacheco Noble
Demandado: Fray Domingo Monterroza Jaramillo como alcalde del
municipio de San Carlos (Córdoba), período
constitucional 2024-2027
Temas: Violencia psicológica sobre los electores / Elementos
para su demostración. Doble militancia en la modalidad
de apoyo / Aspecto temporal de la prohibición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 12 de julio del 2024, mediante la cual la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
1.1.1. Pretensiones
1. El ciudadano Neil Darío Pacheco Noble, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, presentó demanda en la que solicitó la nulidad del acto de elección de Fray
Domingo Monterroza Jaramillo como alcalde del municipio de San Carlos
(Córdoba), contenido en el formulario E-26ALC del 2 de noviembre del 2023.
1.1.2. Hechos
2. Refirió los siguientes:
3. El 29 de octubre del 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales en todo
el país, comicios en los cuales, el aquí demandado aspiró a la alcaldía municipal
avalado por el Partido Liberal Colombiano, en coalición con el Partido
Conservador Colombiano2, siendo elegido a dicha dignidad.
4. Indicó que en el marco del referido proceso electoral, se presentaron una serie
de irregularidades relacionadas con (i) el escrutinio llevado a cabo por la comisión
1
Se presenta el escrito unificado por medio del cual la parte demandante subsanó la demanda. Archivo 18 del expediente
digital obrante en el índice 3 del sistema SAMAI.
2
Denominada «Por un futuro mejor».
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Demandante: Neil Darío Pacheco Noble
Demandado: Fray Domingo Monterroza Jaramillo
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00180-01
correspondiente, (iii) cambios de último momento en el lugar de los escrutinios, (iii)
una indebida conformación de las comisiones de seguimiento electoral del
municipio, al haber sido integrada por la alcaldesa, quien era pariente de una
aspirante al concejo; (iv) la presunta existencia de hechos de violencia psicológica
y constreñimiento al elector, así como (v) que el elegido incurrió en doble
militancia, al haber apoyado a la señora «Saray Bechara», aspirante a la Cámara
de Representantes por el partido de la U.
1.1.3. Concepto de la violación
5. La parte actora alegó en su escrito inicial lo siguiente:
6. Diferencias entre los formularios E14 y E24. Relató que se presentaron
irregularidades en el «acta de escrutinio de 02 de noviembre de 2023», en donde
se observa que, a favor del demandante, en su condición de candidato al concejo
municipal por el partido Demócrata Colombiano «en el número 12 en lista», se
registraron un total de 8 votos, cuando de una revisión de las «pruebas
documentales de las mesas» se arroja una votación de 10 votos.
7. Así las cosas, estimó que lo anterior implica la causal de nulidad consagrada en
el artículo 275 numeral 3º, dado que los documentos electorales contienen datos
contrarios a la verdad3.
8. Cambio del lugar de los escrutinios. Refiere que, una vez efectuadas las
votaciones en el municipio de San Carlos, se presentó una modificación en el sitio
en donde serían contabilizados los sufragios, sin que previamente le hubiere sido
notificada dicha decisión, aspecto que, a su juicio, desconoce el artículo 29
Constitucional.
9. Indebida integración del comité de seguimiento electoral. Relató que dicha
instancia estuvo dirigida por la alcaldesa, señora Leda Lucía López Gómez, que
estaba en conflicto de interés para integrar aquella, toda vez el partido Creemos
incluyó en su lista de aspirantes al concejo a Luisa López Ariza, con quien la
primera mandataria tiene una relación en tercer grado de consanguinidad. Por ello,
estimó que se desconoció el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011,
así como el artículo 49 de la Ley 617 del 2000.
10. Doble militancia: Indicó que para las elecciones legislativas «del 13 de marzo
del 2023», el aquí demandado pertenecía al partido Centro Democrático, sin
embargo, apoyó a la candidata por el Partido de la U a la Cámara de
Representantes por Córdoba, señora Saray Robayo Bechara.
11. Violencia psicológica: Relató que, en el marco de la campaña electoral, se
presentaron pasquines y actos de desinformación, con los cuales se buscaba
3
A folio 15 de la demanda, el actor precisa que la irregularidad ocurrió en las siguientes mesas: en las mesas 20 del puesto
de votación nuestra señora del perpetuo socorro 01 voto; en la mesa 17 de nuestra señora del perpetuo socorro registraba
01 voto; en la mesa 09 del c. urbano mixto colosina 01 voto; en la mesa de c. urbano mixto colosina tenía 01 voto; en la
mesa 04 de nuestra señora del perpetuo socorro tenía 01 voto; en la mesa 07 de nuestra señora del perpetuo socorro tenía
01 voto; en la mesa 03 de c. urbano mixto colosina tenía 01 voto; en la mesa 07 de colegio urbano mixto colosina tenía 01
voto; en la mesa 12 de nuestra señora del perpetuo socorro tenía 02 voto para un total de 10 voto, y observando en el acta
de escrutinio de fecha 02 noviembre 2023, se observa que mi votación es de 08 voto»,
se observa que mi votación es de 08 voto,
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favorecer la aspiración del señor Monterroza Jaramillo, que afectaron el libre
ejercicio democrático y la voluntad del electorado.
12. Constreñimiento al elector: Resaltó que el demandado, en su paso por el
concejo municipal en el período constitucional anterior al de su elección, realizó
una serie de denuncias penales y disciplinarias en contra de la señora Leda Lucía
López, alcaldesa del municipio de San Carlos. Señaló que, a pesar de lo anterior,
Fray Domingo Monterroza Jaramillo se identificó posteriormente como «candidato
de la administración municipal», aspecto que consideró como una «una coerción
para así conseguir su apoyo -de la mandataria- económico y político».
13. Designación de jurados de votación. Manifestó que con la Resolución 004
del 5 de octubre del 2023, se designó como jurado de votación a la señora
Katerine Mercedes Ariza Sejin, madre de la candidata al concejo por el partido
Creemos, señora Luisa López Ariza, quien resultó electa a dicha corporación
pública.
1.2. Trámite procesal de primera instancia
14. En providencia del 23 de enero del 20244 el escrito inicial fue inadmitido5. Una
vez presentada la subsanación6, con auto del 22 de febrero del 20247 se admitió la
demanda y se ordenaron las notificaciones y vinculaciones del caso. Se resalta
que, en dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Córdoba manifestó que, si
bien al corregir la demanda el actor excluyó de sus pretensiones a los concejales
electos para el período constitucional 2024-2027, lo cierto es que persiste en
señalar irregularidades en el escrutinio que tienen que ver con esa elección 8, por
lo que aquellos no pueden ser tenidos en cuenta frente al acto de elección que se
cuestiona.
15. En esa medida, refirió que se entiende que la demanda se dirige en contra del
formulario E26ALC, que declaró ganador al aquí demandado en los comicios
municipales, siendo los reparos concretos en contra de dicho acto: (i) la presunta
incursión en doble militancia, (ii) la alegada ocurrencia de hechos que constituyen
violencia psicológica; y (iii) la existencia de un posible constreñimiento electoral,
las cuales consideró como causales de orden subjetivo y que se pueden tramitar
en el un mismo proceso.
16. En la misma decisión de admisión, se negó la medida cautelar solicitada por el
actor.
17. En el traslado para contestar, se presentaron las siguientes intervenciones:
4
Archivo 16 del expediente digital.
5
Se señaló que (i) el demandado pretende acumular en solo proceso, demandas de nulidad electoral contra la elecciones
del alcalde municipal de San Carlos y frente a los integrantes del concejo de dicha localidad, por lo que se indicó la
necesidad de precisar las pretensiones; (ii) se solicitó puntualizar los hechos de la demanda y el concepto de la violación,
indicando las normas desconocidas y la causal de nulidad específica que se alega; (iii) no se indicó el canal de notificación
electrónica del demandado; (iv) no se allegó la copia del acto demandado.
6
Archivo 10 del expediente digital.
7
Archivo 21 del expediente digital.
8
Refirió a los cargos de diferencias entre formularios E-14 y E24, el cambio de lugar en el escrutinio sin que se le hubiere
notificado en su condición de aspirante al concejo, así como, la designación de la alcaldesa municipal como presidente del
comité de seguimiento electoral, a pesar de tener una pariente como candidata a la corporación pública local.
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18. El demandado9 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que
los hechos alegados por el accionante no se encuentran acreditados al interior del
proceso.
19. En primer lugar, refirió que el presente medio de control no es el mecanismo
para cuestionar los escrutinios depositados a favor de las listas al concejo,
aspecto que no resulta relevante frente a la elección del alcalde. De otra parte,
argumentó que el cambio de lugar de los escrutinios, de llegar a ser un
desconocimiento de su derecho al debido proceso, debió de alegarse por la vía de
la acción de tutela.
20. A su vez, manifestó que el hecho de que la alcaldesa hubiere liderado los
comités de seguimiento electoral, sin haberse declarado impedida debido a la
aspiración de su familiar, es un aspecto que no tiene incidencia alguna frente al
acto de elección. Igual consideración efectuó respecto de la designación de la
madre de la señora Luisa López Ariza, candidata al concejo por el partido
Creemos, como jurado de votación.
21. Indicó, frente a los alegatos de doble militancia, que (i) renunció a su curul
como concejal el 23 de junio de 2022; (ii) que, así mismo, se desafilió del Centro
Democrático el 28 siguiente, lo cual fue aceptado el 29. A su vez, refirió que la
fotografías que se allegaron con la señora Saray Bechara no demuestran el apoyo
endilgado.
22. Finalmente, manifestó que no participó directa o indirectamente, ni a través de
su equipo de campaña, en los presuntos actos de violencia psicológica o de
constreñimiento al elector que se alegan con la demanda.
23. La Registraduría Nacional del Estado Civil10 solicitó su desvinculación del
proceso, al considerar que no tenía legitimación en la causa.
24. Con auto del 28 de mayo del 202411 se fijó fecha para la celebración de la
audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el 7 de junio del 2024. En esta diligencia,
el magistrado conductor saneó el proceso, fijó el litigio 12, se incorporaron las
pruebas documentales arrimadas al expediente y se decretó el interrogatorio de
parte del demandado y el testimonio de la señora Leda Lucía López Gómez. A su
vez, se ordenó a la registradora municipal de San Carlos que rindiera informe
sobre los hechos de la demanda.
9
Archivo 20 del expediente digital.
10
Archivo 27 del expediente digital.
11
Archivo 33 del expediente digital.
12
En los siguientes términos: Determinar sí hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor Fray Domingo
Monterroza Jaramillo como alcalde del Municipio de San Carlos elegido para el periodo 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 ALC de fecha 2 de noviembre de 2023, por encontrarse incurso en las causales de nulidad contenidas en el
numerales 1o y 8o del artículo 275 del CPACA, la primera causal referida a si se benefició de algún tipo de violencia
psicológica a los electores traducida en paskines, desinformación, videos editados que lo favoreciera sobre otros
candidatos; y la segunda si incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, en tanto se afirma que en las elecciones
2022-2026 siendo militante del partido Centro Democrático apoyó a la joven Saray Bechara aspirante por el partido de La
U y luego en las elecciones que se demandan aspiró a la alcaldía del Municipio de San Carlos, por el partido Liberal
Colombiano. Además, debe analizarse si se presenta la figura del constreñimiento electoral, referido a si quien fungía como
alcaldesa del Municipio de San Carlos señora Leda Lucía López Gómez fue constreñida para apoyar política y
económicamente al demandado, lo cual trajo como consecuencia su elección; o en su lugar se deberá determinar si el acto
administrativo cuestionado no se encuentra incurso en las causales de nulidad invocadas ni en constreñimiento electoral.
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Radicación: 23001-23-33-000-2023-00180-01
25. El 14 de junio siguiente, se celebró la audiencia de pruebas, en la cual recibió
la declaración del accionado, así como se prescindió de recibir el relato de la
tercera antes mencionada, ante su inasistencia injustificada.
1.3. Sentencia de primera instancia13
26. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en fallo del
12 de julio del 2024, negó las pretensiones de la demanda.
27. Como fundamento de lo anterior, presentó los siguientes argumentos:
28. Refirió con que las pruebas aportadas con la demanda para demostrar la
ocurrencia de hechos de violencia psicológica sobre los electores no resultaban
suficientes, en la medida en que las documentales (pasquines) no identifican el
grado de difusión del material en la municipalidad, así como tampoco permiten
determinar si, en efecto, se generó confusión en los votantes al grado de afectar
su libertad en el ejercicio del voto.
29. En punto del cargo referido a la doble militancia, manifestó que el mismo se
fundamenta en el apoyo brindado por el demandado a la señora Saray Robayo
Bechara, en su candidatura a la Cámara de Representantes por el período
constitucional 2022-2026, momento en el cual Fray Domingo Monterroza Jaramillo
no era candidato a la Alcaldía de San Carlos, por lo que no se cumple con el
criterio temporal de la prohibición estudiada.
30. En cuanto hace al constreñimiento al elector, indicó que la única prueba
arrimada al proceso es la imagen de la presunta denuncia penal instaurada por el
accionado frente a la entonces alcaldesa municipal, la cual resulta insuficiente
frente a la necesidad de demostrar la existencia de una práctica corrupta directa o
indirecta, llevada a cabo por el aquí demandado, con el fin de obtener el apoyo de
la administración municipal en su aspiración.
31. Finalmente, estimó procedente declarar la falta de legitimación en la causa de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.4. Recurso de apelación
32. El demandante, con escrito del 22 de julio del 202414 solicitó revocar el fallo
antes descrito. Como motivos de inconformidad, planteó los siguientes:
33. Reiteró sus argumentos respecto de la configuración de los hechos de
violencia psicológica sobre los electores del municipio de San Carlos, en atención
a los volantes que, según su dicho, fueron entregados de forma clandestina por
todas las casas de la localidad, aspecto que estima demuestra la alteración de la
libertad en el ejercicio democrático.
34. En punto de la doble militancia alegada, consideró que «a la luz del derecho y de
un sistema acusatorio, que según las pruebas aportadas como fueron, vallas, fotografías,
13
Archivo 54 del expediente digital.
14
Archivo 56 del expediente digital.
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reuniones con la señora ZARAI ELENA ROBALLO BECHARA, quien milita en el partido
de la U, y es confirmado en el interrogatorio de parte, por el señor FRAY DOMINGO
MONTERROZA JARAMILLO, que si apoyo a la aspirante a la cámara en su momento,
con fecha 13 de marzo del 2022, y quien manifiesta en sus contestación de la demanda
representada por su abogado que renuncio a el partido centro democrático el día 28 de
junio de 2022, y que renuncia a su curul de oposición como concejal del municipio de san
Carlos, por el partido centro democrático el día 23 de junio de 2022» (sic a toda cita).
35. Sobre este particular, consideró que no resulta ajustada a derecho la
manifestación efectuada con la contestación a la demanda, en la que indicó que la
renuncia al partido Centro Democrático se entendía válida con la sola
presentación a través de correo electrónico, sin necesidad de manifestación
expresa por parte de la colectividad política.
36. Así mismo, solicitó lo siguiente:
«3- pido al honorable Consejo De Estado, se revise en derecho bajo el debido proceso
administrativo, los cambios de claveros, para el día de la elección del 29 de octubre
2023, donde se cambio del lugar de la registraduría a el salón que funge como
biblioteca pública en el municipio. Siendo este tema no abordado.
4 pido se revisa por la autoridad de segunda Instancia, el proceder de la señora
alcaldesa en su momento de elecciones 29 de octubre 2023, donde presidió todos y
cada uno de los comités de seguimiento electoral, siendo que tenía impedimento, con
relación a su sobrina LUISA LOPEZ ARIZA aspirante a el concejo municipal en fecha
29 de octubre 2023 y hoy concejal electa por el partido CREEMOS, esto reposando en
actas debidamente firmadas y que reposan en la registraduría Municipal.
5- Pido se revise el por qué no fui notificado para los dos últimos comités de
seguimiento electoral y que se tomaron decisiones trascendentales como el cambio de
sitio de claveros. Violenta esto el estado democrático y social de derecho.
Pido al honorable consejo de estado, se revise la decisión de la sentencia de primera
instancia y no se declare la excepción de FALTA DE FUNDAMENTACION Donde son
clara las violaciones y están motivados estos hechos con pruebas objetivas. Toda vez
que hay elementos materiales probatorios objetivos fehaciente, suficientes con que
demostrar las violaciones a la ley 1475 del 2011 articulo 2 al igual que al artículo 107
constitucional, acto legislativo 01 de 2023 Pidiendo que se declare la nulidad del acto
administrativo, de elección del señor FRAY DOMINGO MONTERROZA JARAMILLO,
como alcalde municipal de san Carlos departamento de Córdoba» (sic a toda la cita).
1.5. Actuaciones en segunda instancia
37. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 15 de agosto 202415, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegaciones finales. Durante el plazo, no se
presentó intervención alguna.
1.6. Concepto del Ministerio Público
38. En oficio del 3 de septiembre del 202416, la procuradora séptima delegada
ante el Consejo de Estado solicitó confirmar el fallo de primera instancia. Por un
lado, consideró que no se demostró al interior del proceso que el demandado
15
Índice 5 del SAMAI.
16
Índice 11, sistema SAMAI.
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hubiere realizado actos que constituyan violencia psicológica, en tanto no se probó
que los pasquines aportados con la demanda hubieren sido elaborados con su
anuencia, así como de ellos no se puede establecer su nivel de difusión. De otra
parte, la alegada incursión del señor Monterroza Jaramillo en la modalidad de
doble militancia, se encuentra por fuera del elemento temporal, dado que se
reprochó la existencia de un favorecimiento a una candidatura a las elecciones
para el Congreso de la República del año 2022.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
39. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los
artículos 15017 y 152.7.a)18 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Alcance de la apelación
40. Como viene de indicarse en los antecedentes, en el recurso de apelación, el
demandante insiste en la revisión de dos aspectos que no hicieron parte de la
controversia en el presente proceso, como son, (i) la irregularidad derivada del
presunto cambio del lugar de los escrutinios, sin que ello se le hubiera notificado
previamente, así como (ii) la participación de la entonces alcaldesa municipal en
los comités de seguimiento electoral, a pesar de contar con un familiar aspirando
al concejo de dicho ente territorial.
41. Sobre el particular, se pone de presente que, al momento de la admisión de la
demanda, se indicó que dichos aspectos eran ajenos al estudio de la legalidad del
acto de elección del señor Fray Domingo Monterroza Jaramillo como alcalde de
San Carlos, en tanto refieren a circunstancias que responden a presuntas
irregularidades a la corporación pública del nivel local.
42. Así mismo, al momento de la fijación del litigio en la audiencia inicial, se
estableció que la controversia se enfocaba en determinar (i) la presunta existencia
de actos de violencia psicológica; (ii) la doble militancia en la modalidad de apoyo
y (iii) los actos de constreñimiento al elector.
43. Es importante resaltar que, respecto de las dos decisiones antes
mencionadas, no se presentaron recursos, razón por la cual quedaron en firme.
44. Así la cosas, esta judicatura no se pronunciará respecto de estas
circunstancias, limitando el estudio a los argumentos de la apelación en los que se
17
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
18
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales (…)»
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reitera la ocurrencia de violencia psicológica y el desconocimiento de la prohibición
fijada en el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011.
2.2.2. Acumulación de causales de nulidad electoral subjetivas y objetivas
45. A su vez, esta Sala evidencia que el presente proceso se adelantó con la
acumulación de una causal de nulidad electoral de naturaleza objetiva (numeral 1º
del artículo 275) y una subjetiva (numeral 8º del artículo 275), lo cual, en los
términos del artículo 281 de la Ley 1437 del 2011, es improcedente.
46. Si bien es cierto la circunstancia antes descrita no es causal de nulidad
procesal, se estima procedente que, en esta providencia, se exhorte al Tribunal
Administrativo de Córdoba para que, en lo sucesivo, atienda las ritualidades
procesales propias del medio de control de nulidad electoral.
2.3. Problema jurídico
47. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del
del 12 de julio del 2024, mediante la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda de la referencia.
48. Para el efecto, se deberá responder si, al interior del presente proceso, se
acreditó la ocurrencia de las irregularidades enlistadas por el actor en su
impugnación, las cuales, se reitera, se limitan a los presuntos hechos de violencia
psicológica sobre los electores y a la configuración de la prohibición de doble
militancia.
49. Para abordar los anteriores interrogantes, la Sala presentará un breve marco
conceptual en relación con las causales de nulidad electoral antes descritas, para
con posterioridad a ello, abordar el caso concreto.
2.4. Consideraciones generales sobre la doble militancia
50. La prohibición de doble militancia fue establecida al interior del ordenamiento
jurídico con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas, para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos19.
51. De la revisión del contenido del artículo 107 constitucional, en concordancia
con el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, esta Corporación20 ha precisado que en
la actualidad existen cinco modalidades en las que se puede materializar la
prohibición de doble militancia, que son para:
i)Los ciudadanos: «En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político» (Inciso 1º del artículo
2 de la Ley 1475 de 2011).
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2022, radicado 70001-23-33-000- 2020-00004-03, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
20
Ver, entre otras, sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M. P. Alberto
Yepes Barreiro.
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ii) Quienes participen en consultas: «Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral» (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política).
iii) Miembros de una corporación pública: «Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto,
deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones» (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra
organización: «Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar
candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos
por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un
partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones». (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley
1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: «Los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección
popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o
formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12)
meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como
candidatos» (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
52. En consideración a la relevancia de los principios que se pretenden garantizar
con la prohibición de doble militancia y las consecuencias adversas para el
sistema democrático cuando se incurre en ella, a través del numeral 8° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, se creó una causal específica de anulación
de los actos elección popular por estas razones.
53. En atención a que en el caso de autos se invoca la configuración de la
modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a
candidatos de una diferente de aquella que los avala, se estima pertinente reiterar
los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias
oportunidades por la Sección21:
«i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta
prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno,
administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan
sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.
21
Al respecto consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
63001-23- 33-000- 2016-00008- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 4 de agosto de 2016. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 68001-23-33-000-2016-00043-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia de 27 de octubre de 2016. Este criterio, fue reiterado en sentencia del 1º de agosto del 2024, radicación 27001-
23-33-000-2023-00118-02, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito
por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas
anteriormente.
Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado
ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos
en los que la colectividad política, por alguna circunstancia22, no tiene candidato
político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y
pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo
político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por
secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio.
Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe
es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier
medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización
política.
iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una
interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la
modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña
electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su
candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese
lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende,
solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha,
es decir, el apoyo a las candidaturas23» (Énfasis de la Sala).
2.5. De la violencia sobre los electores
54. Este motivo de inconformidad fue enmarcado bajo la causal de violencia
sobre los electores, prevista en el numeral 1° del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, que es del siguiente tenor:
«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de
elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de
este Código y, además, cuando:
1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores
o las autoridades electorales».
55. Respecto de esta causal de nulidad electoral, la jurisprudencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que la «violencia comprende
no solo las físicas sino también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o
cualquier tipo de situación que anule su libertad de escoger libremente la opción para
ejercer el derecho al voto»24.
56. Como nota característica de esta causal, la jurisprudencia de la Sala
Electoral del Consejo de Estado ha destacado el elemento de la fuerza, que
tiene la virtualidad de afectar la voluntad libre de los ciudadanos, que les impide
decidir conforme a sus convicciones personales, pues terminan actuando en
virtud de la coerción, la coacción ilegítima y antijurídica de terceros.
22
V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir alguna candidatura; por la
revocatoria de la inscripción de su candidato, entre otros.
23
En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 6 de octubre de 2016.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad.
11001-03-28-000-2014-00030-00.
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57. Siguiendo la misma línea argumentativa, en cuanto a la violencia
psicológica se refiere, esta Sección ha destacado:
«Cuando se alude terminológicamente a la violencia se cae en el riesgo de delimitar
este concepto a su acepción más general, acotándolo a la mera realización de un
acto directo corporal de agresión cometido en detrimento de alguien, y que por lo
tanto reviste un carácter exclusivamente físico.
Sin embargo, esta definición resulta restrictiva y desdibuja el alcance adecuado ante
las diversas formas que puede adoptar y desencadenar un hecho violento. De esta
manera, la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su informe “Violencia y
Salud” amplió este concepto, y dio luces sobre los diversos rostros que puede
adoptar la violencia.
Así, sostiene que este fenómeno no solo puede contraer efectos sobre la integridad
física de un individuo, sino que también sobre su integridad sicológica. En efecto en
este informe se señala como concepto de violencia: “El uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte o daños psicológicos25.
De esta manera, se puede establecer la violencia sicológica como una tipología
concreta de violencia que puede, fácticamente generar consecuencias negativas
sobre la psiquis26 de un individuo, por lo que la violencia sicológica, así como
cualquier otro tipo de violencia, surge de una acción deliberada e intencional de un
agente –persona, grupo, autoridad, etc- contra otro.”27
58. Bajo estas consideraciones, se ha precisado que la violencia psicológica se
enmarca dentro de todo acto de intimidación, amenaza o constreñimiento
tendientes a obtener un resultado, que no implican el despliegue de fuerza física,
pero que tiene la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que esta
acceda a las exigencias del sujeto agresor, a cambio de que no le lesione grave y
seriamente la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro derecho
fundamental propio o de sus allegados28.
59. Esta Sala Electoral29, cuando se trata de la causal de nulidad bajo estudio, ha
precisado los elementos de esta, los cuales deben ser demostrados de forma
concurrente a efectos de su prosperidad, y con ello, la consecuente anulación del
acto de elección. Estos son:
A) La ocurrencia del hecho violento (elemento objetivo);
B) La afectación de la voluntad de quien es violentado (elemento subjetivo) y/o
la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (elemento
material);
C) La modificación del resultado electoral (elemento consecuencial).
60. Asimismo, debe resaltarse que de conformidad con el artículo 288.1 de la Ley
1437 de 2011, que en caso de declararse la nulidad de la elección por esta causal
25
Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra. 2002. Publicaciones OMS.
26
Conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana, en oposición a los que son puramente
orgánicos.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de agosto de 2018, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad.
11001-03-28-000-2018-00001-00.
28
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de julio del 2018. Radicación 11001-03-28-000-2017-00024-00
(Acumulado). M.P. Rocío Araújo Oñate.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación 2012-00011-01. Sentencia del 26
de febrero del 2014. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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se ordenará repetir la elección en el puesto o puestos de votación afectados; y si
se afectó más del 25% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, se
ordenará repetir aquella en la circunscripción electoral respectiva.
2.6. Caso concreto
61. La Sala responde a los argumentos de apelación, así:
De la presunta configuración de actos de violencia psicológica
62. El apelante cuestiona que el tribunal de instancia desconoció que los
pasquines aportados con la demanda demuestran la configuración de hechos de
desinformación que conllevaron a presionar de forma indebida al electorado del
municipio de San Carlos, resaltando que aquellos fueron distribuidos en todas las
calles de la referida localidad.
63. Para demostrar su dicho, se arrimaron los siguientes elementos de convicción:
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64. Ahora bien, la prueba arrimada por el demandante, más allá de demostrar la
creación de un documento con algunas afirmaciones en torno al entonces
candidato Fray Domingo Monterroza Jaramillo, realmente no ponen en evidencia
que se haya adelantado alguna actuación que se enmarque en la descripción de la
causal de nulidad alegada.
65. En otras palabras, la mera presentación de los pasquines a que hace
referencia el actor y sobre los cuales retoma en la apelación que ahora se
resuelve, realmente no permiten a la Sala derivar las presuntas circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que se cometieron los actos de violencia psicológica
respecto de los electores del municipio de San Carlos (Córdoba) y establecer si
aquellos fueron objeto de las presuntas presiones a que hace referencia el
memorialista
66. En este punto, es importante resaltar que, si bien el recurrente señala que
esos documentos fueron repartidos por todas las calles y casas del referido ente
territorial, lo cierto es que su dicho no se encuentra soportado con otros elementos
de convicción que permitan tenerlo como acreditado.
67. En consecuencia, de lo anterior no es posible demostrar la afectación de la
voluntad de los sufragantes, como uno de los elementos que se requiere para
acreditar la causal de nulidad bajo estudio, y, por ello, no se evidencia forma
alguna de determinar la incidencia de la coacción frente al resultado de la elección
aquí demandada.
68. Se reitera, en este punto, que quien funda su demanda en la ocurrencia de
acciones que constituyen violencia psicológica, debe demostrar que la presión
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ejercida es de tal envergadura que mermó la voluntad del elector, al punto de
cambiar su decisión de sufragar por una opción política diferente de la inicialmente
considerada y acceder a la pretensión del opresor, aspecto que no fue demostrado
con el análisis de las pruebas arrimadas al proceso.
69. Así las cosas, la Sala no encuentra razones suficientes para revocar la
decisión de primera instancia por este punto.
De la presunta incursión del demandado en doble militancia.
70. Sobre el particular, la Sala concluye que, analizado el reparo del demandante
frente a la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba no tiene
vocación de prosperidad, en atención a las siguientes consideraciones:
71. El reproche que se eleva por el demandante refiere a que se debe anular el
acto de elección del señor Fray Domingo Monterroza Jaramillo, ya que aquel, en
su condición de militante del partido Centro Democrático, apoyó la candidatura de
la señora Saray Robayo Bechara a la Cámara de Representantes por el
departamento de Córdoba en las elecciones legislativas del año 2022, quien fue
avalada por el partido de la “U”.
72. Como se puso de presente en el marco teórico de la presente providencia, la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo tiene un elemento
temporal específico, el cual ha sido entendido por la jurisprudencia de esta
Corporación como aquel que transcurre entre el momento de la inscripción y
la fecha en que se llevan a cabo los comicios.
73. Es decir, para la configuración de la prohibición se requiere que la conducta
que se reprocha por la ley haya ocurrido en ese espacio temporal, que, para el
caso concreto, transcurrió entre el momento en que Fray Domingo Monterroza
Jaramillo se postuló como candidato a la primera magistratura municipal, esto es,
el 28 de julio del 2023 y el 29 de octubre del 2023. En el expediente, obra copia
del formulario E-6ALC30 con el cual se llevó a cabo lo anterior, y del cual se
observa que el aquí demandado fue inscrito en la fecha mencionada:
30
Expediente digital, carpeta denominada «46ANEXOS RESPUESTA REGISTRADURIA»
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74. En el presente caso, como se entiende del cargo elevado por el actor, los
presuntos actos de apoyo respecto de los cuales se busca derivar la nulidad del
acto cuestionado se remontan a las elecciones legislativas del año 2022, fecha en
la cual, el señor Monterroza Jaramillo no tenía la condición de candidato a la
alcaldía de San Carlos, la cual se obtiene con la formalización del acto de
inscripción.
75. Por lo dicho, frente a la elección del señor Monterroza Jaramillo como alcalde
del municipio de San Carlos para el período constitucional 2024-2027 y en punto
del medio de control de nulidad electoral que ahora se conoce por la jurisdicción,
son irrelevantes el favorecimiento o acompañamiento que pudo haber adelantado
en el marco de la contienda por la elección del Congreso de la República en el año
2022, pues aquellos se encontrarían por fuera del marco temporal antes señalado.
76. Así las cosas, este argumento no tiene vocación de prosperidad.
77. Conclusión: Conforme con lo expuesto en precedencia, la Sala no encuentra
razón suficiente en los argumentos presentados en el escrito de apelación, razón
por la cual, se procederá a confirmar la providencia recurrida.
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Córdoba, para que, en lo
sucesivo, dé aplicación a las reglas especiales que rigen el trámite del contencioso
electoral, especialmente, en lo que hace referencia a la acumulación de causales
objetivas y subjetivas de nulidad.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de julio del 2024, mediante la cual
la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba negó las
pretensiones de la demanda de la referencia.
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TERCERO En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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