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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00138-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00138-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Negar las pretensiones de las demandas contra el acto de elección del señor Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia, para el periodo 2024 a 2027, conforme con las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario, conforme con el artículo 243A.172 del CPACA. TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2023-00138-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de noviembre de 2024

Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)
11001-03-28-000-2023-00140-00
Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y Romel Aguirre Holguín
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de
Antioquia, periodo 2024 a 2027

Tema: Violencia psicológica

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de la demanda
presentada contra el acto de elección de Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia, periodo 2024 a 2027.

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas

1. Frente a la elección del gobernador de Antioquia, se presentaron los
siguientes medios de control de nulidad electoral:

1.1. Expediente 11001-03-28-000-2023-00138-001

2. El ciudadano Luis Emilio Pérez Gutiérrez, actuando en nombre propio y en
calidad de excandidato a la Gobernación de Antioquia por la coalición «PIENSA
EN GRANDE», interpuso demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral establecido en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en la que solicitó: i) la nulidad del
acta E-26 GOB del 9 de noviembre del 2023 que declaró la elección del señor
Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia, ii) la cancelación
de la credencial otorgada y iii) que se ordene la fijación de fecha para realizar
nuevos comicios.

1 MP. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
2 El día 7 de diciembre del 2023. Índice 3, sistema Samai. Archivo
«DEMANDAPORVENTANILLAVIRTUAL_RECIBEDEMANDALEPGPD(.pdf) NroActua 3».

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1

Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Según el actor, en el marco de la campaña para las elecciones territoriales
del 29 de octubre de 2023, en las que fue candidato a la Gobernación de Antioquia,
se dieron un conjunto de declaraciones en las que, según su parecer, se calificó
su candidatura como afín o apoyada por el presidente de la República, Gustavo
Francisco Petro Urrego.

4. Precisó que esas manifestaciones surgieron en redes sociales, reportes en
diversos medios de comunicación y en la plaza pública ante el electorado, por parte
del demandado y personas con afinidad a su proyecto político.

5. Manifestó que dicho actuar derivó de la suscripción de un acuerdo político
entre el accionado, Juan Diego Gómez Jiménez, Eugenio Prieto Soto y Mauricio
Tobón Franco, todos ellos candidatos debidamente inscritos en la referida
contienda electoral, quienes, según lo afirmado por la parte actora, conformaron
un «BLOQUE ANTIPETRISTA y ANTIQUINTERISTA», con la finalidad de derrotar
el «PETRISMO» y que se denominó como el «PACTO INDIANA».

6. El accionante resaltó que su aspiración a la Gobernación de Antioquia
siempre ocupó los primeros lugares en los sondeos y encuestas realizadas, lo cual
se afectó, según su dicho, por las manifestaciones engañosas del elegido como
primer mandatario departamental, tendientes a asegurar que su candidatura era
apoyada por el «petrismo».

1.1.3. Concepto de violación

7. Para el demandante, con el acto censurado se incurrió en la causal de
nulidad prevista en el numeral 1.º del artículo 275 del CPACA, esto es, el ejercicio
de cualquier tipo de violencia sobre los electores, lo cual concuerda con lo señalado
en el artículo 388 de la Ley 599 del 2000 que consagra el delito de fraude al
sufragante.

8. Luego de referirse al desarrollo jurisprudencial respecto de la violencia
psicológica como causal de nulidad del acto electoral, indicó que en el presente
caso aquella se configuró, en tanto, de manera reiterada, generalizada y masiva,
el aquí demandado adelantó conductas que llevaron a un engaño al electorado, al
indicar que la candidatura del demandante estaba apoyada por el señor Gustavo
Francisco Petro Urrego.

9. Manifestó que la conducta desplegada por el accionado implicó un engaño
sistemático al sufragante, tendiente a cercenar o limitar su libertad de escogencia
al momento de votar en los comicios del 29 de octubre del 2023, que derivó en un
desconocimiento del carácter libre e informado del sufragio.

10. Finalmente, hizo referencia al numeral 1.º del artículo 288 del CPACA, para
argumentar que en el presente caso no es exigible demostrar la incidencia del acto

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

de violencia en una afectación del 25 % de los ciudadanos del correspondiente
censo electoral, en tanto al ser este un evento de constreñimiento psicológico por
fraude al sufragante, lo relevante es la generalidad, masividad y sistematicidad de
las declaraciones engañosas efectuadas durante la campaña a un cargo de
elección popular.

1.2. Expediente 110001-03-28-000-2023-00140-003

11. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, establecido en el
artículo 139 del CPACA, el señor Romel Aguirre Holguín4 demandó el acto que
declaró la elección de Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de
Antioquia, periodo 2024 a 2027.

1.2.1. Fundamentos fácticos

12. Según manifestó el demandante, el señor Luis Pérez Gutiérrez se inscribió
como candidato a la Gobernación de Antioquia con el aval del partido político
Alianza Social Independiente - ASI, producto de la coalición denominada «PIENSA
EN GRANDE».

13. Aseveró que el referido candidato nunca manifestó ser aliado o tener apoyo
del presidente de la República (Gustavo Francisco Petro Urrego) o del entonces
alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

14. Pese a lo anterior, esgrimió que el demandado desplegó múltiples actos
para intimidar al elector en el sentido de manifestar de manera reiterada y masiva,
a través de redes sociales, que el señor Luis Pérez Gutiérrez era el candidato de
«Petro y Quintero».

15. El accionante aseveró que tales maniobras difamatorias implicaron que el
día de los respectivos comicios, muchos de los electores del candidato Luis Pérez
Gutiérrez «se abstuvieran de votar por él, como era su genuina voluntad».

1.2.2. Concepto de violación

16. La parte demandante manifestó que pretende la nulidad del acto censurado,
por considerar que se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el
numeral 1.º del artículo 275 del CPACA.

17. En concreto, aseveró que el demandado desplegó múltiples maniobras
difamatorias contra el señor Luis Pérez Gutiérrez, en el sentido de relacionarlo con
el presidente de la República y el exalcalde de Medellín, como parte de una
estrategia de engaño que constituyó violencia contra el electorado.

3 MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
4 En nombre propio. Sin embargo, también se menciona como demandante al señor Luis Pérez

Gutiérrez.

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

18. El actor indicó que la violencia psicológica, desinformación, engaño y
zozobra causada de manera sistemática sobre los electores, por parte del
demandado, fue desplegada con conocimiento e intención para que los ciudadanos
no votaran el 29 de octubre de 2023, por el candidato Pérez Gutiérrez, lo cual
ocasionó que el elegido fuera Andrés Julián Rendón Cardona, como gobernador
de Antioquia para el periodo 2024 a 2027.

2. Trámite

19. Los medios de control referidos fueron admitidos mediante providencias del
19 de diciembre de 20235 y 25 de enero de 20246, ordenándose en cada proceso
las notificaciones, comunicaciones y avisos establecidos en el artículo 277 del
CPACA, trámites efectuados como consta en los expedientes disponibles en la
sede electrónica de la corporación (Samai).

2.1. Contestaciones

20. Dentro del término de traslado se presentaron las siguientes intervenciones,
comunes a los dos procesos, que se resumen de la siguiente manera:
2.1.1. Demandado7

21. Mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de nulidad contenidas en las demandas dirigidas contra el acto que declaró su
elección como gobernador de Antioquia.

22. En primer lugar, al pronunciarse sobre los hechos contenidos en los medios
de control ejercidos, refirió que aquellos no eran ciertos, que se trataban de
afirmaciones meramente especulativas que, en cualquier caso, no derivaban en la
existencia de violencia psicológica por parte del demandado en relación con el
electorado.

24. Luego, se refirió a distintos pronunciamientos de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que, según manifestó, han abordado la causal de nulidad que
se atribuye al acto de elección, esto es, la relativa a la violencia sobre los electores,
prevista en el numeral 1.° del artículo 275 del CPACA, con el propósito de señalar
que en el caso concreto no se presentan los elementos que estructuran dicho
escenario.

25. Según el accionado, el demandante fundamentó el concepto de violación en
algunas sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado en las que, en
ninguno de tales procedimientos, se otorgó razón a los extremos demandantes,
precisamente por las rigurosas exigencias que deben sustentar en torno a dicha
causal.

5 Índice 6 Samai. Respecto del exp. 2023-00138. MP. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
6 Índice 17 Samai.En relación con el exp. 2023-00140. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7 En el exp. 2023-00138, índice 17 Samai y en el exp. 2023-00140, índice 27 Samai.

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
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26. A su vez, refirió que la doctrina, al pronunciarse sobre el medio de control
de nulidad electoral, ha señalado que este se instituyó con el propósito de revisar
la mera legalidad objetiva o juridicidad del acto demandado, esto es, aquel
declarativo de una elección, pero nunca como un examen de conducta desplegada
por el candidato que resultó elegido.

27. En virtud de lo anterior, aseveró que el juez electoral debe relevarse de
impulsar mecanismos disciplinarios o sancionatorios contra el demandado, en
tanto su escrutinio debe contraerse a estudiar la juridicidad del acto demandado.

28. Asimismo, afirmó que no hay evidencia que sustente la supuesta violencia
alegada, así como de cualquier indicio que sugiera que el resultado electoral haya
sido alterado mediante dádivas, promesas de estas u otras acciones coercitivas
hacia los electores o que la voluntad de los ciudadanos haya sido intimidada.

29. Indicó que no le corresponde al juez electoral determinar la veracidad de las
afirmaciones realizadas durante la campaña electoral, toda vez que esto podría
conducir a un escenario peligroso en el que la valoración subjetiva de las opiniones
expresadas, durante la contienda electoral, pueda afectar el derecho a ser elegido
de quien las emite.

30. En tal orientación, señaló que no le corresponde al juez electoral evaluar si
la propaganda electoral empleada por los candidatos es engañosa, calumniosa o
injuriosa.

31. Por el contrario, precisó que al operador judicial le corresponde determinar
si los electores han sido objeto de actos constitutivos de violencia, en este caso en
particular, de violencia psicológica que haya doblegado la voluntad de los
ciudadanos al momento de emitir el voto, conforme lo dispone el numeral 1.º del
artículo 275 del CPACA, causal de nulidad cuya carga probatoria es del resorte del
actor. Según el accionado, para el caso concreto ni se han demostrado, ni tampoco
hubo circunstancias de constreñimiento, coerción o fuerza sobre los electores.

32. Además de lo anterior, la parte accionada presentó una serie de argumentos
y evidencias que, en su criterio, denotan que la aspiración del señor Luis Pérez a
la Gobernación de Antioquia fue respaldada por agrupaciones políticas y personas
que comparten afinidades con el proyecto político liderado por el presidente de la
República, Gustavo Francisco Petro Urrego.

33. Con todo, indicó que cada ciudadano tiene, como derecho fundamental, la
libertad de analizar dichas afirmaciones y llegar a sus propias conclusiones de cara
a ejercer su derecho al voto.

34. A su vez, expresó que no era cierto, como se aseguraba, que las encuestas
daban como ganador a Luis Pérez Gutiérrez, sino que, por el contrario, diversos
análisis coincidían en que la contienda electoral para la Gobernación de Antioquia
tendría como vencedor al señor Andrés Julián Cardona, en razón a las alianzas

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
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que realizó con otros aspirantes a cargos de elección popular en el departamento,
entre ellos, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, actual alcalde de Medellín.

35. Concluyó que no se puede sostener la alegación de violencia psicológica
generalizada, puesto que no existe evidencia que sustente dicho aserto, sumado
al hecho de que los resultados en los municipios donde se observa la mayor
diferencia eran previsibles y no constituyeron una sorpresa electoral.

36. En consideración a lo expuesto, planteó como excepción de mérito la
inexistencia de violencia psicológica.

2.1.2. Consejo Nacional Electoral8

37. La referida entidad presentó un escrito en cada uno de los trámites que se
adelantan y que luego fueron objeto de acumulación.

38. En el allegado al proceso 2023-00138-00, mencionó que el caso objeto de
estudio se circunscribe a hechos que no fueron puestos en su conocimiento, pese
a que dicha entidad tiene competencia de resolver situaciones de revocatorias de
inscripciones de candidatos por inhabilidades.

39. Luego de presentar una serie de consideraciones en torno a la configuración
de la causal de anulación que se le atribuye al acto de elección, aseveró carecer
de legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, en tanto no tuvo
ningún tipo de participación en la conformación del acto materia de censura.

40. Por su parte, en el memorial allegado en el expediente 2023-00140-00, el
CNE indicó oponerse a la prosperidad de las pretensiones del demandante, toda
vez que los presupuestos que configuran la causal alegada no están acreditados.

41. Posteriormente, hizo referencia a una sentencia9 de esta Sección que se
pronunció con relación al sabotaje o violencia. Seguido de ello, aludió las normas
del Código Electoral en torno: i) a las funciones de las comisiones escrutadoras
distritales municipales y auxiliares; ii) al escrutinio general realizado por los
delegados del Consejo Nacional Electoral; iii) a las causales de reclamación
electoral que pueden presentarse durante los escrutinios; y iv) a la oportunidad
para solicitar el recuento de votos.

42. Al abordar el caso concreto, sostuvo que la supuesta situación de violencia
psicológica mediante el engaño a los electores no fue conocida por la
correspondiente comisión escrutadora, por ello, sin esgrimir argumento alguno,
planteó la excepción de mérito que denominó «LEGALIDAD DE LOS

8 En el exp. 2023-00138, índice 18 Samai y en el exp. 2023-00140, índice 26 Samai.
9 «Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente:

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Bogotá D.C., Catorce (14) De Marzo De Dos Mil Diecinueve
(2019) Radicación Número: 11001-03-28-000-2018-00051-00» [Sic a toda la cita].

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FORMULARIOS E-14 COMO FORMATO VÁLIDO PARA EL CONTEO DE
VOTOS».

2.2. Traslado de las excepciones

43. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado corrió traslado de
las excepciones propuestas10, término dentro del cual se pronunciaron los
demandantes11.

2.2.1. Luis Pérez Gutiérrez (exp. 2023-00138-00)

44. Afirmó que en la demanda se relacionaron todas las sentencias de esta
Sección que se han pronunciado sobre la violencia psicológica sobre los electores,
pero como «Corrupción al Sufragante», sin que, a la fecha, exista una decisión en
torno a la misma causal atinente al fraude al sufragante, que es la modalidad de
violencia que acaeció en el presente asunto, de acuerdo con los hechos
enunciados en la demanda.

45. Precisó que, contrario a lo planteado por el demandado al proponer la
excepción, al juez electoral sí le corresponde determinar si se ejerció violencia
psicológica contra los sufragantes, la cual no solo se agota en la corrupción al
sufragante, sino que también incluye el engaño al elector, accionar que, según su
parecer, fue desplegado por el señor Rendón Cardona y que, al constituirse como
causal de nulidad, obliga a la Sección Quinta pronunciarse respecto de su
ocurrencia.

46. A su vez, realizó una serie de manifestaciones en relación con lo
mencionado en la contestación de la demanda, específicamente, en lo atinente a
que existían múltiples argumentos y situaciones que daban cuenta de que el
proyecto político y candidatura del demandante a la Gobernación de Antioquia
tenía afinidades con el señor Gustavo Francisco Petro Urrego.

47. Finalmente, la parte actora esbozó una serie de circunstancias que, a su
juicio, demostrarían que, contrario a lo señalado por el demandado en sede de
contestación de la demanda, si se presentaron una serie de actuaciones
fraudulentas y engañosas tendientes a crear el imaginario de que el señor Luis
Pérez se constituyera como el candidato del hoy presidente de la República.

2.2.2. Romel Aguirre Holguín (exp. 2023-00140-00)

48. Sostuvo que la excepción denominada «Inexistencia de violencia
psicológica» se sustenta en la presentación de largos extractos de sentencias que
resultan impertinentes para el asunto que se debate, puesto que, según lo refiere,
se orientan a casos donde se ha discutido violencia física en puestos de votación.

10 Exp. 2023-00138, índice 20 Samai. Exp. 2023-00140, índice 29 Sami.
11 Exp. 2023-00138; índice 21 Samai. Exp. 2023-00140, índice 30 Samai.

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49. En relación con lo expuesto por el CNE en el escrito mediante el cual
intervino, resaltó no solo la falta de desarrollo de la excepción alegada, sino,
además, que a lo largo de la contestación brindada se evidencia una interpretación
enfocada a partir del tipo penal de constreñimiento al elector, lo cual realmente
dista con el enfoque, argumentación y fundamento jurídico de la demanda.

50. Desde tal orientación, el demandante manifestó que la interpretación dada
por el CNE no se corresponde con la litis, en la medida en que el medio de control
ejercido no se orienta a alegar una supuesta ilicitud del formato E-11, E-14 y E-24,
sino a indicar que la elección fue determinada por violencia psicológica contra el
electorado.

51. Finalmente, presentó una solicitud probatoria para efectos de que se decrete
un peritaje psicológico respecto de cualquiera de los testigos para determinar el
impacto de la información que circuló en redes sociales, así como uno técnico
rendido por una facultad de psicología o psiquiatría de alguna universidad
legalmente acreditada en Colombia, para que rinda concepto sobre la violencia
psicológica a través de redes sociales, sus impactos y formas de manifestación.

2.3. Trámite de acumulación de procesos

52. Mediante auto de 16 de abril de 202412, se dispuso la acumulación de los
radicados 11001-03-28-000-2023-00138-00 y 11001-03-28-000-2023-00140-00,
de conformidad con el inciso 2.º del artículo 282 del CPACA, luego de constatar
que convergían en solicitar la nulidad del acto demandado como consecuencia de
supuestas irregularidades en la votación, es decir, cuando se aleguen causales de
naturaleza objetiva.

53. Así las cosas, se concluyó que las demandas estudiadas no solamente se
dirigían contra el mismo acto electoral, sino que también ostentaban una causa
común: la presunta configuración de la causal de nulidad consagrada en el numeral
1.º del artículo 275 de del CPACA, por violencia psicológica.

54. A su vez, se estableció que debía tenerse como proceso principal el
identificado con el número de radicado 11001-03-28-000-2023-00138-00, por
haber sido el primero en llegar a la etapa procesal de que trata el tercer inciso del
artículo 282 del CPACA.

55. Luego de efectuado el sorteo13 correspondiente, la ponencia del proceso
quedó a cargo del despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.

2.4. Solicitudes de coadyuvancia

56. Se presentaron las siguientes:

12 Índice 32 Samai.
13 Índice 38 Samai.

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2.4.1. Juan Diego Tous Zuluaga

57. Mediante escrito,14 solicitó que se le reconociera como coadyuvante,
conforme con los siguientes argumentos:

a) Señaló que el discurso calumnioso y de odio, la desinformación y la
perpetración de actos discriminatorios difundidos a través de diversos medios
de comunicación durante la campaña electoral a la Gobernación de Antioquia
del año 2023, constituyen una forma de violencia política contra el candidato
Luis Pérez Gutiérrez, que impidió el pleno ejercicio de los derechos políticos del
demandante y de sus electores.

b) Esgrimió que en el presente caso se tienen por acreditados múltiples actos
constitutivos de violencia política por parte del demandado, quien a través de la
pauta de su campaña y las manifestaciones que efectuó pretendía crear «un
clima rodeado de información sesgada y deliberadamente manipulada, además,
de exacerbar el miedo y la indignación de los votantes». Lo anterior, en el
sentido de vincular al señor Luis Pérez Gutiérrez con el presidente de la
República y de aseverar que Antioquia se encontraba bajo ataque.

c) Adujo que estaba probado que el discurso del demandado tuvo por objetivo
afirmar que Luis Pérez Gutiérrez, junto con el presidente de la República de
Colombia, Gustavo Petro, querían «atacar Antioquia, robarla, acabarla,
empobrecerla, obstaculizar su progreso, etc.», lo cual, según su parecer,
constituye actos de violencia política que tienen como propósito influir
indebidamente en la contienda electoral e incidir en la orientación del sufragio
de la ciudadanía mediante la imputación de acciones que constituyen discurso
de odio y que estigmatizaron al demandante.

d) Sostuvo que la violencia política generada por los discursos de odio y
discriminación no puede seguir siendo considerada como una herramienta
válida en el debate de las campañas políticas y mucho menos como asuntos
secundarios que el juez electoral pueda pasar por alto.

e) Para el caso concreto, indicó que deben tenerse en consideración los
hechos de violencia política acreditados en la demanda, sobre todo si se tiene
en cuenta que la diferencia de votación entre el demandado y el demandante
fue del 13 % del total de votos. Tal situación, en su criterio, cobra relevancia en
atención a la amplia difusión del discurso de odio proveniente del demandado,
y replicado por senadores del partido político Centro Democrático y el equipo de
campaña.

f) Manifestó que, aunque el numeral 1.º del artículo 275 del CPACA, no
menciona expresamente la violencia política contra los candidatos como una

14 Allegado al expediente 2023-00138-00 remitido el 18 de marzo de 2024. Actuación visible en el

índice 30 Samai.

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
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causal autónoma de nulidad electoral, es importante tener en cuenta que el
derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental de doble vía. Al
respecto, trajo a colación que la Sección Quinta ha señalado que cualquier
acción que menoscabe la libertad del electorado para elegir de manera
autónoma constituye un fraude al sufragante. En otras palabras, señaló que los
actos que engañan al elector se configuran como una forma de violencia política
que justifica la declaración de nulidad del acto electoral.

g) Arguyó que las manifestaciones realizadas por el demandado resultan
inadmisibles en elecciones democráticas y, además de constituir violencia, a su
juicio, configuran la causal de nulidad electoral por violación de los principios
constitucionales en los que debió estar fundamentado el acto electoral.

2.4.2. Gustavo Adolfo Collazos Roncancio

58. A través de memorial15, indicó que acudía al proceso en calidad de veedor
ciudadano y en representación de «TOLIMA DESPIERTA»16 y, además, solicitó su
«vinculación y participación en el debate jurídico» en calidad de tercero
interviniente.

2.5. Trámite de sentencia anticipada

59. En auto del 28 de mayo de 202417, el despacho, con fundamento en el
artículo 182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, ordenó impartir
trámite para dictar sentencia anticipada, por lo que dispuso incorporar como
pruebas las documentales aportadas, correr traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión, al Ministerio Público para conceptuar y fijó el
litigio18.

60. En la misma providencia, negó la excepción de falta de legitimación en la
causa propuesta por el CNE, así como la solicitud de pruebas elevadas por los
demandantes, al no ser conducentes, pertinentes y útiles a efectos de resolver el
problema jurídico trazado.

61. Adicionalmente, ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil
(RNEC) y al CNE para que aportaran los documentos que acreditan la inscripción
y la aceptación de candidaturas a la Gobernación de Antioquia del periodo
constitucional 2024 a 2027, a la Presidencia de la República de Colombia y la
candidatura a la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle, para el periodo
constitucional 2019 a 2023.

15 Allegado al expediente 2023-00138-00 remitido el 27 de mayo de 2024. Actuación visible en el

índice 40 Samai.
16 Veeduría ciudadana con Resolución 457 del 7 de julio de 2021 de la Personería de Ibagué.
17 Índice 42 Samai.
18 En los términos señalados en la parte considerativa de la presente sentencia.

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

62. Por último, reconoció al señor Juan Diego Tous Zuluaga como coadyuvante
e inadmitió la solicitud de vinculación al proceso presentada por el señor Gustavo
Adolfo Collazos Roncancio, sin que de forma posterior se subsanaran las
inconsistencias indicadas.

2.6. Actuaciones posteriores relevantes

63. El señor Giovani Alberto De San Nicolás Suárez solicitó ser admitido como
coadyuvante19. En su escrito sostuvo que el demandado ejerció violencia
psicológica sobre los electores al difundir propaganda engañosa, calumniosa e
injuriosa contra el candidato Luis Emilio Pérez Gutiérrez, con el fin de obtener un
resultado favorable en las urnas, calidad que fue reconocida por el despacho
sustanciador, mediante auto del 27 de junio de 202420.

64. Contra la decisión del acápite anterior, los señores Romel Aguirre Holguín21,
Luis Emilio Pérez Gutiérrez22 y Juan Diego Tous Zuluaga23 interpusieron recursos
de reposición, súplica y control de legalidad.

65. El recurso de reposición y el control de legalidad fueron resueltos por el
magistrado ponente, mediante auto del 27 de junio de 202424, y la súplica, por la
Sección Quinta, a través de providencia del 19 de septiembre de 202425,
confirmando la decisión del 28 de mayo de 2024, que negó algunas pruebas.

66. El 2 de agosto de 202426, el señor Giovani Alberto De San Nicolás Suárez
Ramírez (coadyuvante) presentó solicitud de designación de peritos expertos en
psicología y «Microtargeting» para el análisis de las pruebas aportadas, allegó un
informe forense de «ENTREVISTA CLÍNICA PSICOLÓGICA», solicitó la adición
del auto notificado el 28 de junio de 2024, en relación con los argumentos
esbozados por el demandante, Romel Aguirre Holguín y, en subsidio, elevó recurso
de reposición en lo que corresponde al trámite de sentencia anticipada. El
magistrado ponente, mediante auto del 1.º de noviembre de 202427, negó dichas
peticiones.

19 El día 28 de mayo de 2024 (índice 43 Samai).
20 Índice 63 Samai.
21 Índice 51 Samai.
22 Índice 52 Samai.
23 Índice 53 Samai.
24 Niega recurso reposición contra el auto que ordenó trámite sentencia anticipada. Niega recurso

reposición contra la fijación del litigio del auto del 28 de mayo, y no la repone. Concede recurso de
súplica (índice 63 Samai).
25 Confirma el proveído del 28 de mayo que negó el decreto de unos medios probatorios, no da

trámite al recurso de súplica presentado por el coadyuvante Juan Diego Tous Zuluaga (índice 77
Samai).
26 Índice 76 Samai.
27 Índice 103 Samai.

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Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

67. Respecto de las pruebas28, el demandante Romel Aguirre Holguín a través
de apoderada judicial29 indicó que la etapa probatoria no se había completado por
la falta de una de las pruebas ordenadas, esto es, el envío que correspondía a la
RNEC de las inscripciones y aceptaciones de las candidaturas para las elecciones
de la Gobernación de Antioquia para el periodo constitucional 2024 a 2027.

68. Señaló que los enlaces aportados en la contestación son impertinentes e
inconducentes, toda vez que, en algunos casos, no corresponden a la época de la
campaña y, en otros, no hay alusión al señor Luis Pérez Gutiérrez.

69. Rogó omitir el «prejuzgamiento expresado en el auto del 19 de septiembre
de 2024», según el cual, el magistrado que resolvió la súplica se refiere al
contenido de las pruebas ordenadas, omitiendo que no es esta la etapa pertinente
para referirse a su contenido.

70. Insistió en la necesidad de incorporar el dictamen pericial aportado por el
tercero interviniente y que fue denegado, toda vez que la violencia psicológica tiene
incidencia clínica, por ello, adujo que se hace necesario contar con un concepto
técnico de un profesional experto.

71. La RNEC aportó los documentos solicitados en el auto que acogió el trámite
de sentencia anticipada,30 la última información allegada, el 7 de octubre de 2024,
por requerimiento hecho por la Secretaría de la Sección, el día 3 de ese mes y
año31, porque faltaban algunos de ellos.

72. Se presentó una solicitud de requerimiento a la RNEC por el demandante,
Luis Emilio Pérez Gutiérrez,32 y de corrección de términos para alegar de
conclusión por parte del señor Romel Aguirre Holguín, mediante apoderada33.

73. El magistrado ponente, mediante auto del 1.º de noviembre de 202434, negó
las anteriores solicitudes, por cuanto el tema probatorio fue definido por el
despacho y la Sección; además, se indicó que la secretaría de la Sección requirió
la información relacionada con «los documentos que acreditan la inscripción,
aceptación de candidaturas a la Gobernación de Antioquia periodo constitucional
2024-2027» y corrió nuevamente los traslados del caso.

28 El traslado corrió inicialmente del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2024 (índice 83 Samai).

Una vez recibidas la pruebas completas de la RNEC, se volvió a dar traslado del 9 al 11 del mismo
mes y año (índice 93 Samai).
29 Índice 84. Reiterado con escrito del 11 de octubre de 2024 (índice 94 Samai).
30 Índices 58, 62 y 91 Samai.
31 Índice 88 Samai.
32 Índice 86 Samai.
33 Índice 89 Samai.
34 Índice 103 Samai.

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2.7. Alegatos de conclusión

74. Durante el término35 para presentar los alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto, se pronunciaron:

2.7.1. El demandado36

75. Su defensa reiteró en esencia los argumentos de la contestación y, en ese
sentido, señaló que pretender la verificación de la veracidad de las afirmaciones
realizadas en campaña excede la competencia del juez y abre la puerta a juicios
subjetivos que vulneran el derecho a ser elegido.

76. Indicó que la libertad de expresión es un derecho protegido que no puede
ser confundido con violencia política, ni con actos intimidatorios. Agregó que
ninguna de las afirmaciones realizadas por su representado puede ser catalogada
como calumnia, por cuanto no existe evidencia que demuestre una intención
manifiesta de dañar la reputación del candidato, sino que estas se enmarcaron en
el ejercicio democrático.

2.7.2. Demandantes

77. El señor Romel Aguirre Holguín por medio de apoderada judicial37, reiteró lo
dicho a lo largo del proceso y solicitó la nulidad del acta E-26 GOB publicada el 9
de noviembre de 2023 que declaró la elección, de la credencial otorgada por el
CNE al demandado y de los votos registrados por la Comisión Escrutadora y
publicada en la página web de la RNEC. Adicionalmente, solicitó convocar a
nuevas elecciones.

78. El señor Luis Emilio Pérez Gutiérrez38 se manifestó sobre todas las
actuaciones del proceso, incluso, sobre el concepto del Ministerio Público, y señaló
que no debe ser considerado, puesto que, a su juicio, desconoció la fijación del
litigio, los hechos, y el concepto de violación de la demanda principal.

79. Manifestó que el acto administrativo que declaró la elección del acusado no
solo adolece de nulidad por la violencia psicológica por engaños ejercidos sobre el
elector, sino también porque vulneró el derecho constitucional del voto libre e
informado.

2.8. Concepto del Ministerio Público39

80. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar
las pretensiones de la demanda, toda vez que no se demostraron los presupuestos

35 El traslado corrió inicialmente del 3 al 17 de octubre de 2024 (índice 85 Samai). Posteriormente,

del 18 al 28 del mismo mes y año (índice 95 Samai).
36 Índice 97 Samai.
37 Índice 98 Samai.
38 Índice 99 Samai.
39 Índice 96 Samai.

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constitutivos de la causal de nulidad electoral denominada violencia psicológica,
puntualmente en lo atinente al hecho violento, a quién lo ejerció y si hubo alteración
en la voluntad de estos o en los resultados obtenidos. Asimismo, consideró:

Por otro lado, a juicio de esta vista fiscal, el argumento de la relación de un candidato
con servidores públicos con una afinidad política determinada no tiene la
potencialidad de poner en entredicho el acto de elección del demandado, pues más
allá de determinarse si el ciudadano Pérez Gutiérrez tenía o no vínculo con los
servidores referidos, ese solo dicho no se puede considerar por sí solo como
difamatorio ni tampoco como un acto que constriña al elector.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

81. La Sección Quinta es competente para fallar en única instancia la demanda
de nulidad electoral contra el acto de elección del gobernador de Antioquia, con
fundamento en el numeral tercero40 del artículo 149 del CPACA y el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Acto acusado

82. El acto demandado corresponde al acta E-26 GOB del 9 de noviembre del
2023, que declaró la elección del señor Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia.

2.3. Problema jurídico

83. En el auto que ordenó someter el proceso al trámite de sentencia
anticipada,41 se fijó el litigio en los siguientes términos:

Se deberá resolver si es nulo el acto de elección de Andrés Julián Rendón Cardona
como gobernador del departamento de Antioquia, periodo 2024 - 2027, contenida en
el formulario E-26 GOB del 9 de noviembre de 2023, por encontrarse incurso en el
escenario previsto por el legislador en el numeral primero del artículo 275 del
CPACA, específicamente si como lo refieren los demandantes, se configuró la
supuesta violencia psicológica sobre los electores, por las presuntas maniobras
difamatorias que desplegó el demandado contra el señor Luis Pérez Gutiérrez en el
sentido de relacionarlo con el presidente de la República (Gustavo Petro Urrego) y
el exalcalde de Medellín (Daniel Quintero Calle).

84. Como se explicó en los antecedentes, la anterior decisión, fue objeto de
recurso de reposición en el cual se puso de presente que la cuestión jurídica a
decidir no debió limitarse a la existencia de supuestas «maniobras difamatorias».
Dicha petición fue negada mediante providencia del 27 de junio de 202442 y en ella
se precisó que el estudio también se dirigiría a un hecho común en ambas
demandas, esto es, la presunta violencia a los electores por cuenta del
relacionamiento que se endilgó al demandante en torno al presidente de la República

40 «De la nulidad del acto de elección […] de los gobernadores [...]».
41 Índice 42 Samai.
42 Índice 63 Samai.

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(Gustavo Petro Urrego) y el exalcalde de Medellín (Daniel Quintero Calle). Así se señaló
en el auto:

107. Sin embargo, el despacho no pierde de vista que, si bien hizo referencia a
maniobras difamatorias en la fijación del litigio, lo cierto es que la supuesta violencia
que exponen ambos accionantes tiene como punto de partida, según sus juicios, un
hecho común y relevante para dirimir el presente litigio: la presunta relación del
demandante (Luis Pérez Gutiérrez) con el presidente de la República (Gustavo Petro
Urrego) y el exalcalde de Medellín (Daniel Quintero Calle), supuesto que, a voces
de los accionantes, usó el demandado para ejercer «violencia sobre los electores»
y así obtener ventajas electorales.

108. Nótese entonces que el aspecto relevante para resolver la cuestión jurídica
trazada versa sobre un hecho común a ambas demandas, supuesto que, para
efectos de estudiar su acreditación, debe ser analizado a la luz de los fundamentos
de la violación, esbozados por los actores, dentro de los cuales, como se anotó de
manera precedente, se describen diferentes comportamientos que, según el parecer
de los accionantes, conllevaron a que Luis Pérez Gutiérrez fuese relacionado con el
presidente de la República (Gustavo Petro Urrego) y el exalcalde de Medellín (Daniel
Quintero Calle).

109. En otras palabras, el despacho trata de dar a entender que en la fijación del
litigio quedaron comprendidos los aspectos relevantes para esclarecer la verdad
procesal en el siguiente trámite, esto es, la supuesta configuración de la violencia
psicológica sobre los electores, a partir de un presunto relacionamiento con el
presidente de la República y el exalcalde de Medellín.

110. Los demás aspectos que deben estudiarse para resolver la cuestión jurídica
trazada, como en efecto lo serán el comportamiento o las conductas específicas que
supuestamente adoptó el demandado para ejercer esa presunta violencia sobre el
electorado, será un tópico que se determinará a partir de los hechos, concepto de la
violación y pruebas allegadas al proceso, como se desprende de la fórmula
expresada en la providencia de 28 de mayo de 2024, que fijó el litigio.

111. Así las cosas, se insiste que en la sentencia anticipada que ponga fin al
proceso se estudiará si existieron o no los comportamientos que se aducen en las
demandas, es decir, las conductas que, según el parecer de los demandantes,
generaron violencia psicológica sobre electorado por afirmar que la candidatura de
Luis Emilio Pérez Gutiérrez contó con el apoyo del señor Gustavo Petro Urrego y el
exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

85. Previo a resolver el anterior problema jurídico, la Sección hará unas breves
consideraciones sobre i) la causal de anulación invocada y ii) abordará la solución
al problema jurídico.

2.3.1. Causal de anulación por violencia psicológica – reiteración
jurisprudencial

86. El numeral 1.º del artículo 275 del CPACA establece la causal de nulidad
relacionada con el ejercicio de la violencia, en los siguientes términos:

[…] Los actos de elección o de nombramiento son nulos […] cuando: Se haya
ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales.

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87. Respecto de dicha causal, la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado ha precisado que «[esta] comprende no solo las físicas sino
también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o cualquier tipo de
situación que anule su libertad de escoger libremente la opción para ejercer el
derecho al voto»43.

88. Respecto a la tipología psicológica, la Sala Electoral44 explicó que es una
forma de violencia y la relaciona con aquella que surge por el uso deliberado de
otros tipos de fuerzas distintas a la física, como sería el caso de las amenazas,
coerciones e intimidaciones derivadas, por ejemplo, de posiciones de poder o
subordinación, y que tiene una injerencia directa en la psiquis del individuo en tanto
lo conmina a realizar algún acto en contra de su voluntad original. Al respecto, se
ha manifestado lo siguiente:

Cuando se alude terminológicamente a la violencia se cae en el riesgo de delimitar
este concepto a su acepción más general, acotándolo a la mera realización de un
acto directo corporal de agresión cometido en detrimento de alguien, y que por lo
tanto reviste un carácter exclusivamente físico.

Sin embargo, esta definición resulta restrictiva y desdibuja el alcance adecuado ante
las diversas formas que puede adoptar y desencadenar un hecho violento. De esta
manera, la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su informe “Violencia y
Salud” amplió este concepto, y dio luces sobre los diversos rostros que puede
adoptar la violencia.

Así, sostiene que este fenómeno no solo puede contraer efectos sobre la integridad
física de un individuo, sino que también sobre su integridad sicológica. En efecto en
este informe se señala como concepto de violencia: “El uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte o daños psicológicos45.

De esta manera, se puede establecer la violencia sicológica como una tipología
concreta de violencia que puede, fácticamente generar consecuencias negativas
sobre la psiquis46 de un individuo, por lo que la violencia sicológica, así como
cualquier otro tipo de violencia, surge de una acción deliberada e intencional de un
agente –persona, grupo, autoridad, etc- contra otro”.

89. En ese orden, la violencia psicológica incluye la intimidación, amenazas o
constreñimiento que busca un resultado de algún sujeto, sin el uso de la fuerza
física, y que influye en su psique hasta el punto de lograr que ceda a las exigencias

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de

enero de 2016, expediente 11001-03-28-000-2014-00030-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de

agosto de 2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00001-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
45 «Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra. 2002.

Publicaciones OMS».
46 «Conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana, en oposición

a los que son puramente orgánicos».

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del agresor, con el fin de evitar daños graves a su vida, integridad, libertad o
derechos fundamentales, propios o de sus allegados.47

90. Dichos elementos particulares de la violencia psicológica han servido a la
jurisprudencia48 de esta Corporación para definir su ámbito de prosperidad de cara
a que el juez electoral adopte la decisión que corresponda en el marco del medio
de control de nulidad electoral. Así, se han definido los siguientes elementos:

A) La ocurrencia del hecho violento (elemento objetivo);
B) La afectación de la voluntad de quien es violentado (elemento subjetivo) y/o la
vulneración de la existencia física de los elementos electorales (elemento material);
C) La modificación del resultado electoral (elemento consecuencial).

91. Además, la jurisprudencia de esta Sala49 ha indicado que se debe
determinar las zonas, puestos y mesas de los ciudadanos que fueron objeto de la
violencia psicológica o constreñidos para ejercer su derecho al voto, al considerar:

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha pasado de considerar que la violencia
al elector era irrelevante para la acción de nulidad electoral, a aceptarla como causal
de nulidad, aún antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 - CPACA,
que la estableció expresamente, y dicha violencia comprende no solo las físicas
sino también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o cualquier tipo
de situación que anule su libertad de escoger libremente la opción para ejercer
el derecho al voto, lo cual incluye el otorgamiento de dádivas considerado por el
derecho penal como delito de corrupción al sufragante, conducta que se enmarcaría
en la descrita en el caso sub judice

Así mismo, frente a los requisitos para que se estructure la causal alegada de
violencia psicológica relacionada con la corrupción al elector, la jurisprudencia de
esta Sección50 ha establecido que es necesario que se pruebe: i) las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la violencia
alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos
ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor
subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas
ofrecidas y/o recibidas; ii) que, en caso de violencia sicológica, las dádivas
fueron otorgadas por los demandados con el propósito señalado por el
demandante, es decir, para constreñir la voluntad del elector, iii) cuántos
ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa de dádiva;

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de

julio del 2018, expediente 11001-03-28-000-2017-00024-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de

septiembre de 2024, expediente 23001-23-33-000-2023-00180-01, MP. Gloria María Gómez
Montoya, en la que se reiteró.
49 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21

de enero de 2016, expediente 11001-03-28-000-2014-00030-00, MP. Lucy Jeannette Bermudez
Bermudez.
50 «Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia de 26 de febrero de 2014.

M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.” Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto
objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la
vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en
concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los
presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en
hechos de violencia”.».

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iv) que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado
electoral51:

(…) no obstante, no concretó ni circunscribió la ocurrencia de ese hecho a
zonas, puestos y mesas de votación donde los constreñidos depositaron
sus votos, ni probó que esos votos favorecieron al partido político en mención o
al señor Jair Arango Torres. Además, de las pruebas referidas, no se determina:
i) la incidencia de esos hechos en la votación, habida consideración de que en
este proceso no se probó el número de electores que fueron constreñidos y si
éstos recibieron algún bien, dinero o beneficio a cambio de su voto; ii) quiénes de
ellos efectivamente votaron por el candidato que pagó u ofreció la dádiva; iii) que
el fraude de esos votantes haya tenido la potencialidad de modificar el resultado
electoral; iv) que efectivamente esos bienes fueron adquiridos por el demandado
con el propósito que señaló el actor. No obstante lo anterior, y a pesar de que
este cargo no tiene vocación de prosperidad en la presente acción electoral por
las razones expuestas (…)”. [Negrilla con subrayado de la Sala].

92. Por último, se debe recordar que el artículo 288.1 del CPACA regula las
consecuencias de la sentencia de nulidad electoral cuando se haya ejercido
cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades
electorales:

Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes
consecuencias:

1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el
numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección
en el puesto o puestos de votación afectados.

Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por
ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se
ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.

93. En un caso con contornos similares al presente, donde se cuestionaba la
elección de una magistrada de la Corte Constitucional, bajo el contexto de unas
declaraciones de un senador en redes sociales, que, a juicio de los accionantes,
constituyeron violencia psicológica, esta Sección, determinó:52

En lo que se refiere a esta causal, jurisprudencialmente se ha establecido que
cualquier forma de violencia sobre el elector que anule su libertad para ejercer el
derecho al voto afecta la legalidad y legitimidad del poder político53. De la misma
manera determinó, que tratándose de la violencia sicológica, esta se presenta en
múltiples maneras, como por ejemplo el constreñimiento, la coacción o el
otorgamiento de dádivas al elector54.

51 «Consejo de Estado. Rad. 11001-03-28-000-2010-00009-01. 3 de marzo de 2011. C.P. Mauricio

Torres Cuervo».
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de

julio de 2018, expediente 11001-03-28-000-2017-00024-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
53 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de

enero de 2016, C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 11001-03-28-000-2014-
00030-00».
54 «Ídem».

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Igualmente, se ha dicho que la violencia sicológica corresponde a aquellos actos que
puedan ocasionar un daño emocional, que disminuyan la autoestima, que perturben
el libre desarrollo de la personalidad, que puedan producir descrédito, deshonra o
menosprecio del valor personal o de la dignidad55.

Por otra parte, la violencia sicológica puede ser entendida como todo tipo de
agresión realizada sin que medie en el actuar del opresor actos de agresión física,
por lo cual, la acción violenta lo que produce es un daño psicológico o emocional en
los sujetos agredidos. Puede estar constituida por expresiones que descalifican y
humillan al agredido, buscando desvalorizarlo.

Es así como, la violencia moral o sicológica se enmarca dentro de todo acto de
intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener un resultado, que no
implican el despliegue de fuerza física, pero que tienen la capacidad de influir de tal
manera en la víctima para que ésta acceda a las exigencias del sujeto agresor, a
cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, integridad personal, libertad
o cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados56.

Esta clase de violencia se origina en formas ocultas de poder, en las injusticias
sociales, en el desconocimiento de los derechos de las personas, por el aislamiento,
por el miedo a denunciar57, lo que hace que dicha conducta sea de difícil prueba
para quien la alega, ello por cuanto se compone de un alto porcentaje de subjetividad
que requiere, tratándose de la nulidad electoral, que no solo altere la autonomía
de la voluntad de quien la padece sino que tenga tal incidencia que tenga la
entidad de modificar el resultado.

Por esta razón, el Estado tiene una responsabilidad constitucional y legal de prevenir
y erradicar cualquier forma de violencia psicológica y de discriminación, aspecto que
se relaciona con la garantía del libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Esta Sala Electoral, cuando se trata de la causal de nulidad establecida en la norma
trascrita, señaló los elementos constitutivos de la misma, los cuales deben ser
probados por la parte actora de manera concurrente al momento de alegarla para
que el juez electoral pueda hacer su estudio de fondo. Tales elementos son:

“…, Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de
la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la
existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en
concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son

55 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

enero de 2006, C.P: Darío Quiñónez Pinilla, Radicado No. 68001-23-15-000-2004-00002-02(3875),
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de
octubre de 2002, C.P: Darío Quiñónez Pinilla, Radicado No. 11001-03-28-000-2002-0006-
01(2888)».
56 «Corte Suprema de Justicia, sala de casación Penal, sentencia del 25 de enero de 2017, M.P:

Eyder Patiño Cabrera, Radicado No. 41948, número de providencia SP666-2017».
57 «A manera de ejemplo en la sentencia 4 de marzo de 2005, con radicado No. 27001-23-31-000-

2003-00759-01, C.P: Darío Quiñones, en donde el demandado fue el Gobernador del Chocó, se
conocieron hechos de violencia protagonizados por las FARC en el municipio de Bojayá, con los
cuales no solo se obstruyó el acceso de buena parte de la población a sus sitios de votación, sino
que también se sustrajo el material electoral. Empero, a pesar de tales acontecimientos, no se
declaró la nulidad de la elección demandada, por cuanto no se acreditó la incidencia de los votos
frustrados respecto del resultado definitivo. En otro caso, esto es, en el proceso con radicado No.
68001-23-15-000-2004-00002-02, C.P: Darío Quiñones, la Sección estudió la legalidad del acto de
elección del entonces alcalde de Rionegro (Antioquia) y de concejales del ente territorial. En aquella
oportunidad, se cuestionaron hechos de violencia contra los electores, perpetrados por las entonces
llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, pero esta vez no para impedirles ejercer su derecho
al sufragio o para hacerlo nugatorio en términos materiales, sino, precisamente, para todo lo
contrario, esto es, para presionarlos a votar por una determinada opción política».

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección
con base en hechos de violencia”. 58

A la luz de la jurisprudencia vigente de esta Sala Electoral, se impone hacer el
estudio detallado del presente caso, y, de encontrarse objetivamente la concurrencia
de estos elementos constitutivos de la causal, se procederá a analizar la incidencia
del vicio en el resultado. De lo contrario, se despachará negativamente, así:

i) Hecho violento. Presuntamente las declaraciones del Senador Armando
Benedetti en las redes sociales, sobre las implicaciones de no votar por la
demandada.

ii) Afectación de la voluntad. En el escrito de la demanda, los accionantes
no concretaron sobre quienes recayeron los actos de violencia sicológica,
requisito sine qua non para su estudio, dado que esta causal de nulidad electoral,
no puede ser analizada de manera abstracta. Sin embargo, en la audiencia de
pruebas, se les cuestionó a los Senadores que prestaron testimonio sobre la
existencia de la presente irregularidad, quienes manifestaron que no se sintieron
presionados.

De manera excepcional el Senador Araújo Rumie, manifestó que las
declaraciones del Senador Benedetti alteraron su ánimo; sin embargo, dicha
afectación no le impidió votar por su candidato de preferencia, el cual no era la
ahora magistrada Diana Constanza Fajardo Rivera.

Se impone en este caso determinar, que la parte actora no probó que con las
manifestaciones del Senador Benedetti Villaneda se afectara la voluntad de los
Senadores electores que conllevara a la alteración del resultado final, elemento
necesario para la procedencia del estudio de la presente causal de nulidad.

Resulta importante mencionar, que quien soporta su demanda en la causal de
violencia sicológica, debe probar que la presión ejercida es de tal envergadura
que hizo que la voluntad del elector fuera mermada, al punto de cambiar su
opción de voto por la pretendida por el opresor, situación que para el caso en
concreto no quedó demostrada como se dedujo del análisis de las pruebas
legalmente allegadas al expediente. [Negrilla con subrayado de la Sala].

94. Teniendo en cuenta las anteriores pautas jurisprudenciales sobre la causal
de anulación invocada en el proceso de la referencia, se analizan los argumentos
de los demandantes.

2.4. Solución al problema jurídico

95. En el presente caso, los demandantes solicitaron la nulidad del acto de
elección del señor Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia,
bajo el argumento que el demandado incurrió en violencia psicológica contra el
electorado, al afirmar repetida y masivamente que la candidatura del señor Luis
Pérez Gutiérrez, opositor del demandado, era apoyada por el entonces presidente
Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, buscando influir
en la decisión de los votantes.

58 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 2012-00011-

01 sentencia de 26 de febrero de 2014. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez».

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Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

96. Por lo tanto, alegaron que esa estrategia de desinformación y engaño, que
se materializó a través de redes sociales y medios de comunicación, vulneró el
derecho de los electores a la libre escogencia y al voto informado y, por ende,
consideraron que se afectó la validez de la elección.

97. Al ordenar el trámite de sentencia anticipada, con auto del 28 de mayo de
59
2024 , se decretaron las siguientes pruebas:

a) Luis Emilio Pérez Gutiérrez. Exp. 2023-000138-00

• Prueba documental, setenta y nueve (79) links60 que trajo a su escrito inicial,
contentivos de notas de prensa, así como manifestaciones en redes sociales de
distintos usuarios, e incluso que atribuyó al hoy demandado.

• Todos los actos y documentos que acreditan la inscripción y aceptación de
candidatos a la Gobernación de Antioquia, periodo constitucional 2024-2026,
especialmente E-6 GOB.61

• Todos los actos y documentos que acreditan la inscripción y aceptación del
candidato a la presidencia de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro
Urrego.62

• Todos los actos y documentos que acreditan la inscripción y aceptación de Daniel
Quintero Calle en la candidatura de Medellín periodo constitucional 2019 a 2023.63

• https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/luis-perez-dice-que-no-es-
cierto-que-hayallegado-al-pacto-historico-636265

• https://caracol.com.co/radio/2021/12/02/politica/1638401974_020855.html
https://juanpaz.net/andres-julian-rendon-recibio-adhesion-de-aico-en-su-campana-
a-lagobernacion/

• https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/partido-de-la-u-se-declara-coalicion-del-
gobierno-degustavo-petro

• https://www.elespectador.com/colombia/medellin/andres-julian-le-gano-eugenio-
prieto-y-seracandidato-del-cd-y-liberales-en-antioquia/

b) Romel Darío Aguirre Holguín. Exp. 2023-000140-00

• «Una USB, contentiva de videos, publicaciones digitales, discursos políticos,
debates, entre otros, EMPEFILO, (elemento material probatorio, evidencia física e
información legalmente obtenida) que daría cuenta de la materialización de la
violencia al elector perfeccionado durante la elección democrática a la gobernación
de Antioquia, acaecido en octubre 29 del año 2023».

59 Índice 42 Samai.
60 Los cuales puedes ser consultados en el índice 3, sistema SAMAI. Archivo
«1_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3» págs. 89-97 y aportados por el actor en el siguiente
enlace de drive: https://drive.google.com/drive/folders/16zgc6G5p3aSgPc2YUipIJCeEydVxLxHf»
61 Los que se requirieron a la RNEC.
62 Idem.
63 Idem.

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c) Demandado

• Entrevista concedida por el demandante al portal kienyke.com el 26 de noviembre
de 2021, titulada: «Un proyecto de país social»: Luis Pérez explica su propuesta a
Gustavo Petro. https://www.kienyke.com/radar-k/un-proyecto-de-pais-social-luis-
perezexplica-su-propuesta-gustavo-petro

• Nota periodística publicada en la Red Social YouTube por el medio de
comunicación Blu Radio, titulada: Luis Pérez propone agregarle una hoja de
marihuana a la bandera de Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=Mae_3EtI0dY

• Comunicado del partido político Colombia Renaciente mediante el cual se declara
partido de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral el 3 de julio de 2022.
https://www.partidocolombiarenaciente.co/web/wpcontent/uploads/2022/12/COM_D
ECLARACION-PARTIDOGOBIERNO_Julio032022-1.pdf

• Nota periodística publicada por el portal eluniversal.com el 29 de enero de 2024,
titulada: «Llamamos a la unidad de todo el sector progresista»: Esperanza
Democrática https://www.eluniversal.com.co/politica/llamamos-a-la-unidad-de-todo-
elsector-progresista-esperanza-democratica-ME9868790

• Nota periodística publicada el 23 de octubre de 2023 en el portal de eltiempo.com,
titulada: Lograr un millón de votos, la meta de Luis Pérez tras la adhesión de Julián
Bedoya. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/elecciones-antioquia-2023-
julian-bedoya-se-retira-para-adherirse-a-luis-perez-818981

• Nota periodística publicada en el portal elcolombiano.com el 26 de octubre de 2023,
titulada: A la campaña de Luis Pérez se le unieron tres candidatos a la Alcaldía de
Medellín; dos de ellos no llegan al 1 % en las encuestas.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/nuevas-adhesiones-a-la-campanade-luis-
perez-a-la-gobernacion-FL22838629

• Nota periodística publicada el 30 de abril de 2022 en el portal
reaccionrevistadigital.com, titulada: Fuerza ciudadana se adhiere a la campaña
presidencial de Gustavo Petro. https://reaccionrevistadigital.com/fuerza-ciudadana-
se-adhiere-a-lacampana-presidencial-de-gustavo-petro/

• Programa titulado El Ventilador, publicado el 28 de octubre de 2023 en la Red
Social YouTube, por el exsenador y analista político José Obdulio Gaviria Vélez,
titulado: Antioquia: Atlas se juega su nombre.
https://www.youtube.com/watch?v=Kot6sVmtFWc

• Encuesta de la firma AtlasIntel para las elecciones territoriales de 2023, publicada
en el portal politicaspublicas.com.co, con el respaldo del medio de comunicación La
Silla Vacía. (pág. 7) https://politicaspublicas.com.co/wp-
content/uploads/2023/11/2023-10-27-Atlas-Intel-Elecciones-Regionales-Colombia-
2023-LSV.pdf

98. Como se evidencia, las pruebas allegadas y decretadas en el proceso, se
relacionan con enlaces, videos, capturas de pantalla y documentos periodísticos,
pautas publicitarias o comentarios durante la campaña política, que reposan en
diferentes medios de comunicación del país o en redes sociales.

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Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
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99. Como lo expresó el accionante, desde tales probanzas se podría corroborar
que se llevó a cabo una estrategia de desinformación y engaño (violencia
psicológica) en su contra, toda vez que, según lo refirió en su escrito inicial y a lo
largo del trámite del proceso, se afirmó repetida y masivamente que la candidatura
del señor Luis Pérez Gutiérrez era apoyada por el entonces presidente Gustavo
Francisco Petro Urrego y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, con la
finalidad de influir en la decisión de los votantes.

100. la Sala Plena del Consejo de Estado64 ha señalado que los recortes de
prensa y las publicaciones periodísticas de los medios de comunicación se pueden
considerar como prueba documental y se deben valorar en conjunto con las
probanzas allegadas al proceso, pues, aquellas solo representan valor secundario
de acreditación del hecho, de manera que, por sí solas, solo demuestran el registro
mediático del supuesto fáctico que se busca acreditar. Al respecto, consideró:

Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido
la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios
de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en
principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí
sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la
entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación
que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y
su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por
tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único
sustento de la decisión del juez. (…) Consecuentemente, a las noticias o
informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como
reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter
de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso.

101. La anterior tesis fue reiterada, recientemente, por la Sección Tercera del
Consejo de Estado65, al manifestar que las publicaciones en los medios de
comunicación muestran el registro mediático de los supuestos fácticos que
contienen, no la existencia o veracidad del hecho que se pretende probar. Así lo
advirtió dicha Sección:

Las publicaciones en medios de comunicación dan cuenta del registro mediático de
los hechos en ellas contenidos, no así de la existencia y veracidad de la situación
narrada66. En el presente asunto, las notas aportadas reflejan el cubrimiento

64 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de

2012, expediente 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), MP Susana Buitrago Valencia (E).
65 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 30 de agosto de 2024, expediente 25000-23-36-000-2013-01338-01, MP. María
Adriana Marín.
66 «En sentencia de 29 de mayo de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, en el proceso con radicado 2011-01378-00(PI), M.P. Susana Buitrago Valencia,
señaló frente a los recortes de prensa que “la publicación periodística que realice cualquiera de los
medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo
representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra
el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la
existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba
depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el
expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único

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gobernador de Antioquia
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periodístico que se dio al caso materia de estudio, pero no prueban las afectaciones
aducidas en la demanda, las cuales ameritaban prueba contundente sobre la
aflicción, congoja y sufrimiento de la persona natural demandante, en el caso del
perjuicio moral, o sobre las consecuencias negativas que se derivaron del proceso
penal y de la medida de suspensión del pago de la conciliación, por la pérdida de
trabajo, la discriminación experimentada, la pérdida del Good Will y del costo de
oportunidad, o la alteración a las condiciones de existencia, según se indicó en el
libelo introductorio.

102. Del análisis en conjunto de las pruebas allegadas al proceso, se demostró
que, durante la campaña a la Gobernación de Antioquia para las elecciones del 29
de octubre de 2023, en diferentes medios de comunicación, redes sociales y en
propaganda electoral, la candidatura del demandante, Luis Emilio Pérez Gutiérrez,
fue relacionada con el presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego
y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

103. Al analizar en conjunto las pruebas allegadas al expediente se advierte que,
el señor Andrés Julián Rendón Cardona, realizó manifestaciones en torno tal
relacionamiento que reprochan los accionantes, de manera que se encuentra
acreditado el supuesto fáctico expuesto en los escritos iniciales. Dichas probanzas
fueron debidamente trasladadas al demandado67, sin que se manifestara sobre las
mismas.

104. En efecto, de las probanzas se avizoró lo siguiente: [sic a todas las
transcripciones]:68

TRANSCRIPCION/
FECHA ENLACE/ DESCRIPCION IMAGEN
ENLACE DRIVE
10 DE https://www.semana.com/politica/articulo/luis-
perez-representa-a-quintero-y-a-petro-
“Luis Pérez representa a
SEPTIEMBRE andres-julian-rendon/202338/ Quintero y a Petro”: Andrés
DE 2023 Julián Rendón.

Creo que los ciudadanos
han leído bastante bien la
contienda electoral. Hay
algunos candidatos que
tienen muy poca atracción
electoral, que se han
quedado con la sombrilla,
por ejemplo, del Pacto
Histórico, pero toda la
fuerza la están haciendo,
por ejemplo, para el doctor
Luis Pérez.

sustento de la decisión del juez. (…) Consecuentemente, a las noticias o informaciones que
obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no
pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del
respectivo proceso”.». [Cursiva del texto original].
67 Índices 83 y 93 Samai.
68 Índice 3 Samai. Exp. 2024-140-00.

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gobernador de Antioquia
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DESCRIPCION ENLACE DRIVE
21 DE https://m.elcolomb El primero en alzar la
OCTUBRE DE iano.com/antioqui voz fue Andrés Julián
2023 a/andres-julian-y- Rendón, quien se
mauricio-tobon- lanzó por el Centro
criticaron-alianza- Democrático, el
luis-perez- principal partido de
bedoya- oposición del Gobierno
JG22716348 Nacional. Aseguró que:
“Petro es Luis Pérez en
Antioquia y un año de
Petro ha sido suficiente
para ver el abismo”.

ENLACE/ TRANSCRIPCION/
FECHA IMAGEN
DESCRIPCION ENLACE DRIVE

10 DE CONFIDENCIAL ¿Luis Pérez es el
AGOSTO COLOMBIA@confide candidato de Petro y
DE 2023 ncialcolombia8265 Quintero en
Antioquia?
https://youtu.be/-
p9olTZhOB8?si=hcA
eMdrgAH1i_BIK

ENLACE/ TRANSCRIPCION/
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DESCRIPCION ENLACE DRIVE
20 DE https://x.com/An Los antioqueños sólo nos
OCTUBRE dresJRendonC/ arrodillamos ante Dios. Soy la
DE 2023 status/17155184 única opción para derrotar al
61793726921?t Petro-Quinterismo y a sus
=- aliados. ¡Estoy firme para
xXJJM2wjTR8z proteger a Antioquia!
7nQYHWAxA&s
=08

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DESCRIPCION ENLACE DRIVE
21 DE https://x.com/An Luis Pérez es Petro en
OCTUBRE dresJRendonC/ Antioquia. Yo soy libertad,
DE 2023 status/17157619 firmeza y seguridad. ¡Antioquia
49013659736?t está bajo ataque!
=fHLg2maDQrie
wYpsyaVztw&s=
08

21 DE https://x.com/An ¡Qué unión para acabar con
OCTUBRE dresJRendonC/ Antioquia: Luis Pérez y las
DE 2023 status/17158066 Farc!
37506658590?t
=_O51QgYGgr0
F-
2jmyfEt3w&s=0
8

22 DE https://x.com/An Esta es la fuerza de los
OCTUBRE dresJRendonC/ antioqueños que me acompaña
DE 2023 status/17161148 hacia la victoria. Seré el
78354657396?t candado con doble llave para
=mh1fT2nl- que Petro no arrase con
UCb16hEa7rKo Antioquia.
Q&s=08

23 DE https://x.com/An Les pido compartir
OCTUBRE dresJRendonC/ ❌Antioquia sin Petro.
DE 2023 status/17164142
Antioquia con empleo.
87596433828?t
=uYkgw72UHy Antioquia para ciudadanos
mr4S6SLtLAQw libres.
&s=08 Antioquia
justa con las mujeres

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23 de https://x.com/An Antioqueños soy optimista y
octubre de dresJRendonC/ quiero que todos se sientan
2023 status/17164839 así. Pero ojo: si Petro se mete
06868838769?t a nuestro departamento
=59bMEuMKTw espanta cualquier asomo de
1Z8f0E8MUgOA progreso.
&s=08

24 de https://x.com/An Estoy listo para derrotar el
octubre de dresJRendonC/ Petro-Quinterismo en
2023 status/17169760 Antioquia. Vota ⚪
58828775897?t
=C9Pka77TG_1
BI1_J_h7BCw&
s=08

25 de https://x.com/An El mejor termómetro: la calle
octubre de dresJRendonC/ ⚪
2023 status/17172950 Antioqueños su cariño y su
89863508399?t voto nos ayudarán a bloquear a
=yMvFMySD4g Petro.
OIq5sYnMWuV
w&s=08

26 de https://x.com/An Una emboscada: dividir para
octubre de dresJRendonC/ entregarles los votos al
2023 status/17177042 candidato del Petro-
00904220858?t Quinterismo. NO pasará, los
=O- antioqueños están de nuestro
S9n0RnRUMau lado.
DRH_LaQJQ&s
=08

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FECHA IMAGEN
DESCRIPCION ENLACE DRIVE
26 de https://x.com/An Antioquia y Medellín muro
octubre de dresJRendonC/ regional contra el Petro-
2023 status/17175082 Quinterismo. Si Antioquia
34536255647?t resiste, salvamos a Colombia.
=b-
J4CloC2OOjGf5
IZQFUBQ&s=08

26 de https://x.com/An Se cumplió la emboscada. Una
octubre de dresJRendonC/ “alianza” a 3 días de elecciones
2023 status/17177341 es una segunda que le hacen al
34489997768?t candidato de Petro.
=MKROEh7VMo
9NDisOytZxlg&s
=08

ENLACE/ TRANSCRIPCION/ ENLACE
FECHA IMAGEN
DESCRIPCION DRIVE
20 de https://www.facebook Los antioqueños sólo nos
octubre .com/reel/138204470 arrodillamos ante Dios. Soy la única
del 2023 9387090 opción para derrotar al Petro-
Quinterismo y a sus aliados.
REFERENCIA
INDIRECTA

21 de https://www.facebook “hola soy Andrés Julián, y quiero
octubre .com/AndresJRendo decirles esto: Petro es Luis Pérez en
del 2023 nC/videos/20615283 Antioquia”
5831972/?extid=NS-
UNK-UNK-UNK-
AN_GK0T-
GK1C&mibextid=RU
bZ1f
22 de https://www.facebook Hoy desde Belén les digo Petro es
octubre .com/reel/263632736 Luis Pérez en Antioquia. Yo
del 2023 167216 represento la libertad, seguridad y
firmeza.
descripción: “Hoy
desde Belén les

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Demandantes: Luis Emilio Pérez Gutiérrez y otro
Demandado: Andrés Julián Rendón Cardona como
gobernador de Antioquia
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00138-00 (principal)

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digo: Petro es Luis
Pérez en Antioquia.”

23 de https://www.facebook “Si petro llega a Antioquia espanta
octubre .com/reel/190552527 cualquier asomo de progreso”
del 2023 424276

referencia indirecta

23 de https://www.facebook “se trata de petro o Antioquia”
octubre .com/reel/624422043
del 2023 101035

referencia indirecta

24 de https://www.facebook “Tenemos pleno conocimiento de
octubre .com/watch/?v=7066 quien representa realmente el
del 2023 58214708396&extid= petrismo en este departamento”
NS-UNK-UNK-UNK-
AN_GK0T-
GK1C&ref=sharing&
mibextid=RUbZ1f

referencia indirecta
24 de https://fb.watch/ofZp “Los petristas dicen, (que ya
octubre _o3Shf/?mibextid=R sabemos quienes los representan
del 2023 UbZ1f en Antioquia) Que si Antioquia
cambia el país cambia)
referencia indirecta

26 de https://www.facebook “El candidato del petro-quinterismo
octubre .com/reel/673896561 anda dicendo que el no representa
del 2023 387224?mibextid=kc esos sectores”
DB8O

referencia indirecta

105. Como se enunció en las consideraciones de esta providencia, la violencia
comprende no solo la física, también la psicológica, que es posible que se traduzca
en todo acto de intimidación, amenaza o constreñimiento, o cualquier tipo de
situación que anule su libertad de escoger libremente la opción para ejercer el
derecho al voto.

106. Desde tal perspectiva, lo primero a determinar es si el relacionamiento que
hizo el demandado al accionante, esto es, su vínculo con el presidente de la
República, Gustavo Francisco Petro Urrego y el exalcalde de Medellín, Daniel
Quintero Calle, constituyen un tipo de violencia psicológica que influyó en la
voluntad del electorado.

107. Frente a ello, conviene anotar que en el expediente no reposa alguna
probanza que demuestre que su vinculación en la campaña con el presidente de

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la República generara en los votantes algún tipo de alteración de su voluntad que
deba ser protegida por el juez electoral y, mucho menos, que tal relacionamiento
tenga algún nexo causal entre su expectativa de apoyos y los realmente obtenidos.

108. Ahora bien, del dicho del demandante, Luis Pérez Gutiérrez, se desprende
que lo que pretende hacer ver es que tal campaña de relacionamiento que le hizo
el demandado coincide con maniobras difamatorias y engañosas, así lo señaló a
lo largo de su demanda, también el accionante Aguirre Holguín. A continuación, se
trae a colación textualmente un aparte que el primer demandante refirió:

De lo anterior, respecto del caso concreto, la conducta desplegada por el señor
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA en el ejercicio de su proselitismo político
realizado en plaza pública, en entrevistas a medios masivos de comunicación y en
sus redes sociales, todo semanas previas a las elecciones, afirmando que LUIS
PEREZ era el candidato de PETRO del PETRO-QUINTERISMO en Antioquia,
constituyo una maniobra engañosa, al hacer afirmaciones falsas, fraudulentas
dirigidas a distorsionar la realidad al sufragante, pues como se indicó en los hechos
de la presente demanda, la candidatura de LUIS PEREZ GUTIERREZ por la
coalición PIENSA EN GRANDE, no contaba con el aval ni apoyo del partido político
COLOMBIA HUMANA del doctor GUSTAVO PETRO, ni mucho menos con los
partidos y movimientos políticos del PACTO HISTORICO, ya que estos expresaron
por escrito y en acto público el apoyo a el señor ESTEBAN RESTREPO TABORDA,
candidato a la Gobernación de Antioquia por el partido político Independientes, por
lo cual lo expresado por el señor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, semanas
previas a la elecciones configuran el delito de Fraude al Sufragante, ya que no
hay duda de que se trató de una maniobra engañosa ejecutada por el denunciado
para obtener votos contrarios a la voluntad de los sufragantes, es decir, para que
muchos de los que estuviesen determinados a votar por LUIS PEREZ GUTIERREZ
de la coalición PIENSA EN GRANDE como lo indicaban la mayoría de las encuestas,
lo hicieran en su lugar por el señor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA. [Sic a
toda la cita].

109. Sin embargo, resulta pertinente advertir, conforme también lo expuso la
procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, que la relación de un
candidato con servidores públicos de cierta afinidad política no es suficiente para
tener como configurados actos de violencia psicológica capaces de invalidar una
elección.

110. Con lo anterior, se quiere hacer notar que los hechos que se exponen en las
demandas se asemejan más actos de proselitismo político, propios de las
campañas políticas y del escenario del certamen electoral, pues las reglas de la
experiencia demuestran que es común que los candidatos y sus partidarios se
critiquen mutuamente y se cuestionen unos a otros, sin que a partir de ello se
pueda concluir, de manera automática, la incidencia de tales comportamientos en
la expectativa de apoyos y los realmente obtenidos en las urnas por los aspirantes.

111. Pese a lo expuesto hasta acá, no se pierde de vista que la jurisprudencia
también le reconoce a la violencia psicológica un alcance genérico y también lo
extiende a «cualquier tipo de situación que anule su libertad de escoger libremente
la opción para ejercer el derecho al voto».

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112. Por tal razón, como el dicho de los demandantes se dirige a que lo
expresado por el demandado generó la causal de nulidad electoral de violencia
psicológica en el electorado, anomalía que, según sus dichos, anuló la voluntad de
los electores para ejercer el derecho al voto, se procederá a su estudio, en
consonancia con el criterio vigente de esta Sala.

113. En todo caso, se tiene que con la demanda del expediente 2023-000140, se
aportaron videos de 10 ciudadanos que expresaron que por dicha declaraciones
cambiaron su voto.69

114. En los videos de los ciudadanos Ana María Cano; Ana María Gómez; Carlos
Alberto Gómez; Darcilena Rojo; Mauricio Castrillón; Niyired Gómez; Tatiana
Gómez; María Clarisa Salazar; Valentina Vélez Gallego y Wilson Urrego son
contestes en indicar que tenían la intención de votar por el candidato Luis Emilio
Pérez Gutiérrez, pero, ante los rumores, noticias y comentarios de que era el
candidato del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, decidieron no ejercer su
derecho en ese sentido.

115. De las anteriores probanzas no es factible concluir que quienes aparecen
allí y señalan que cambiaron su voto por cuenta del relacionamiento que hizo el
demandado cuando fue candidato a la gobernación de Antioquia, acudieron a
ejercer el derecho al voto en el certamen electoral del 29 de octubre de 2023. Lo
procedente hubiese sido que, al menos, reposara en el expediente la prueba del
certificado electoral de votante, aspecto que se extrañó en el presente trámite.

116. Por ello, se impone colegir que, en este caso en particular, la parte actora
no probó que con las manifestaciones del señor Andrés Julián Rendón Cardona se
afectara la voluntad de los electores que conllevara a la alteración del resultado
final, elemento que era necesario y concluyente para determinar el análisis de
incidencia que para la presente causal de nulidad pregona la jurisprudencia de esta
Sala de lo Electoral.

117. En todo caso, como también lo advirtió la delegada del ministerio público,
de los 10 votantes que supuestamente ejercieron su derecho al voto no resulta
posible concluir que los hechos alegados por los demandantes tengan la incidencia
para afectar la legalidad de la elección del gobernador de Antioquia, pues, la
diferencia en la votación entre el señor Pérez Gutiérrez y el accionado fue de
354.095 votos, según se deduce del formulario E-26 GOB de 09 de noviembre de
2023, razón por la que era perentorio para el accionante demostrar que las
irregularidades eran mayores a la diferencia que determinó el resultado final de la
elección.

118. A efectos de reforzar lo anterior, se reitera que «quien soporta su demanda
en la causal de violencia sicológica, debe probar que la presión ejercida es de tal
envergadura que hizo que la voluntad del elector fuera mermada, al punto de

69 Índice 3 Samai, exp. 2023-00140-00.

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cambiar su opción de voto por la pretendida por el opresor», situación que para el
caso en concreto, se insiste, no quedó demostrada con las pruebas allegadas al
expediente.

119. Por otra parte, si bien el demandante, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, manifestó
que durante toda la campaña electoral del 2023 estuvo de primero en casi la
totalidad de las encuestas70, el demandado también allegó una encuesta de la
firma «AtlasIntel» para las elecciones territoriales de 2023, publicada en el portal
politicaspublicas.com.co, con el respaldo del medio de comunicación La Silla
Vacía. (pág. 7)71, que lo ponía en primer lugar.

120. No pierde de vista la Sala que las encuestas tienen lugar antes de las
elecciones, así se desprende del artículo 30 de Ley 130 de 1994, al establecer:

Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida, tendrá
que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica
que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la
muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas
que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período
de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado.

El día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán divulgar
proyecciones con fundamento en los datos recibidos, ni difundir resultados de
encuestas sobre la forma como las personas decidieron su voto o con base en
las declaraciones tomadas a los electores sobre la forma como piensan votar
o han votado el día de las elecciones. [Énfasis de la Sala].

121. Asimismo, de dicha norma se puede anotar que las encuestas electorales
son una herramienta técnica que, a partir de un componente objetivo, busca
predecir el comportamiento del electorado el día de las elecciones. Sin embargo,
es crucial recordar que estas muestran una radiografía de los que podrían ser las
resultas del proceso en las urnas. Desde tal alcance indicativo, sus proyecciones
no resultan equiparables con los resultados finales del certamen electoral, los
cuales solo se conocerá después del conteo de votos y el respectivo escrutinio.

122. Por ello, dicho instrumento no sirve como un criterio orientador para tener
por demostrada la causal de violencia psicológica y la afectación de la voluntad
popular, menos en este caso, que se demostró la existencia de encuestas que
daban por ganador al demandante y al demandado. Por consiguiente, la probanza
en cuestión no resulta conducente para despachar favorablemente las
pretensiones de las demandas.

123. En conclusión, la Sala negará las pretensiones de las demandas, por cuanto
no se demostró que la elección demandada se encuentra viciada por la causal de
violencia psicológica , de manera que el acto que eligió a Andrés Julián Rendón
Cardona como gobernador de Antioquia, se mantendrá incólume, conforme la

70 «https://www.elespectador.com/contenido-patrocinado/encuesta-en-antioquia-medellin-y-area-metropolitana-imbatibles-
perez-y-gutierrez/».
71 «https://politicaspublicas.com.co/wp-content/uploads/2023/11/2023-10-27-Atlas-Intel-Elecciones-Regionales-Colombia-
2023-LSV.pdf».

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prerrogativa constitucional de acceso al cargo público y el principio de la eficacia
del voto.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA:

PRIMERO: Negar las pretensiones de las demandas contra el acto de elección
del señor Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia, para el
periodo 2024 a 2027, conforme con las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso ordinario,
conforme con el artículo 243A.172 del CPACA.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

72 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: 1. Las sentencias
proferidas en el curso de la única o segunda instancia […]».

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