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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02303-00

Fecha
9 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02303-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Luis Emilio Pérez Gutiérrez, por las razones aquí señaladas. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por los motivos dados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 22. CUARTO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02303-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

9 de julio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia que denegó las pretensiones de
nulidad electoral contra el acto de elección y nombramiento de un gobernador.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Emilio Pérez
Gutiérrez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 22 de abril de 2025, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, mediante apoderado
judicial, presentó una acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso,
a recibir información y a elegir y ser elegido en condiciones de igualdad,
con ocasión de la Sentencia de única instancia de 28 de noviembre de
2024, proferida en el proceso acumulado de nulidad electoral No. 11001-03-
28-000-2023-00138-00/2023-00140-002.

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

“Primera. Se determine que el Consejo de Estado Sección Quinta a la hora de
proferir la providencia del 28 de noviembre de 2024 con radicado principal
número 11001032800020230013800, desconoció el precedente jurisprudencial y
atentó contra la Constitución Política de Colombia, además de vulnerar los
derechos fundamentales previstos en los artículos 29, 13, 20 y 40 de la
Constitución Política de Colombia, correspondientes al derecho a la igualdad,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Ambos procesos se acumularon mediante el Auto de 16 de abril de 2024. Índice 32 de dicho proceso en Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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el derecho a recibir información de manera veraz y el derecho de elegir y ser
elegido en condiciones de igualdad.

Segunda. Revocar la decisión proferida el Consejo de Estado Sección Quinta a
la hora de proferir la providencia del 28 de noviembre de 2024 con radicado
principal número 11001032800020230013800, para en su lugar conceder las
pretensiones de nuestro representado.

Tercera. Se ordene al Consejo de Estado Sección Quinta proferir una nueva
decisión dentro del proceso con radicado principal número
11001032800020230013800.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) Luis Emilio Pérez Gutiérrez3 y Romel Aguirre Holguín4 presentaron, por
separado, demandas de nulidad electoral contra la elección de Andrés
Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia para el periodo
2024-2027. Sustentaron sus demandas en la causal primera del artículo 275
del CPACA, que establece la nulidad del acto de elección o nombramiento
cuando “se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores,
los electores o las autoridades electorales”.

5. Luis Emilio Pérez Gutiérrez manifestó que, como excandidato a la
gobernación de Antioquia, su campaña fue objeto de múltiples
declaraciones en las que se le señaló como aliado del presidente de la
República Gustavo Francisco Petro Urrego. Según él, dichas manifestaciones
se difundieron en redes sociales, medios de comunicación y plazas públicas,
por parte del demandado y personas afines a ese proyecto político. Indicó
que tales actuaciones derivaron de un acuerdo político conformado por
candidatos que integraban el “bloque antipetrista y antiquinterista”. Afirmó
que siempre lideró los sondeos y encuestas, pero que las declaraciones
engañosas del demandado afectaron su elección.

6. Tras referirse al desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
materia de violencia psicológica como causal de nulidad, señaló que esta
se configuró debido a que, de forma reiterada, generalizada y masiva, el
demandado promovió conductas orientadas a engañar al electorado al
asociar su candidatura con el respaldo del presidente de la República.
Dicha conducta afectó la libertad de escogencia al momento de votar y se
configuró en una forma de violencia sobre el electorado. Añadió que no era
necesario demostrar que el acto de violencia afectó al 25% de los
ciudadanos, dado que lo ocurrido constituyó un constreñimiento
psicológico que implicó un fraude al sufragante.

3 Rad. 11001-03-28-000-2023-00138-00.
4 Rad. 110001-03-28-000-2023-00140-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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7. Por su parte, Romel Aguirre Holguín sostuvo que Luis Emilio Pérez
Gutiérrez no era aliado ni del presidente de la República ni del ex alcalde
de Medellín. No obstante, el demandado desplegó múltiples actos con el fin
de intimidar al elector, al afirmar de manera masiva en redes sociales que el
candidato contaba con el apoyo de ambos dirigentes. Esto, según el
accionante, disuadió a los votantes de apoyar a Luis Emilio Pérez Gutiérrez,
pese a que esa era su voluntad. Estas estrategias constituyeron una forma
de violencia sobre el electorado.

8. 2) El 28 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la nulidad electoral. Encontró probado que
Andrés Julián Rendón Cardona emitió declaraciones sobre el vínculo entre
Luis Emilio Pérez Gutiérrez, el presidente de la República Gustavo Petro y el
exalcalde Daniel Quintero Calle. Sin embargo, concluyó que dicha
asociación no constituía violencia psicológica con capacidad de influir en
la voluntad del electorado.

9. Sostuvo que no se acreditó que la vinculación del candidato con el
presidente de la República “generara en los votantes algún tipo de
alteración de su voluntad que deba ser protegida por el juez electoral y,
mucho menos, que tal relacionamiento tenga algún nexo causal entre su
expectativa de apoyos y los realmente obtenidos”, sino que el demandante
pretendía “hacer ver que tal campaña de relacionamiento que le hizo el
demandado coincide con maniobras difamatorias y engañosas”.

10. Aclaró que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha dado
un alcance amplio a la violencia psicológica y ha abarcado “cualquier tipo
de situación que anule su libertad de escoger libremente la opción para
ejercer el derecho al voto”. No obstante, al valorar los 10 videos de
ciudadanos que manifestaron haber cambiado su voto por la supuesta
vinculación del candidato con el gobierno nacional, no se pudo probar que
fueran votantes, e, incluso, si se admitiera que sí lo eran, los hechos alegados
no tendrían la capacidad de afectar la legalidad de la elección, ya que la
diferencia entre el demandado y el demandante fue de 354.095 votos. En
consecuencia, “era perentorio para el accionante demostrar que las
irregularidades eran mayores a la diferencia que determinó el resultado final
de la elección”.

11. Precisó que las encuestas electorales representaban una proyección
indicativa, no equiparable a los resultados finales. Por lo tanto, dichas
encuestas no servían como un criterio orientador para tener demostrada la
causal de violencia psicológica y la afectación de la voluntad popular.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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12. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte
accionante señaló que la providencia enjuiciada incurrió en
desconocimiento del precedente, al errar en la determinación del “núcleo
problemático a resolver”. Indicó que dicho núcleo no debió centrarse en
establecer si las conductas del señor Andrés Julián Rendón (quien promovió
una campaña de desinformación y manipulación) lograron que cada
elector cambiara su decisión de votar por el accionante, sino en determinar
si dichas conductas constituyeron violencia psicológica contra el elector, en
virtud de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 275 del CPACA. En
ese sentido, lo que correspondía precisar era si se había configurado una
situación de violencia, distinta de la física.

13. Sostuvo que el Consejo de Estado debió aplicar el concepto de
violencia psicológica desarrollado por la Corte Constitucional en las
Sentencias T-967 de 2014, T-245A de 2022 y T-064 de 2023, así como tener en
cuenta el principio del libre desarrollo de la personalidad en los términos de
la Sentencia T-542 de 1992, pues la “manipulación que utilizó el señor Andrés
Julián Rendón en contra de los electores, por medio de la campaña de
desinformación que desplegó, constituyó un acto de violencia,
observándose que cumple con las características que ha denotado la Corte
Constitucional en el precedente jurisprudencial”.

14. Reprochó que el Consejo de Estado hubiera restringido el concepto
de violencia psicológica a actos de intimidación, amenazas o
constreñimiento, y que no hubiera considerado otras situaciones igualmente
constitutivas de violencia psicológica, como la campaña de desinformación
electoral. Asimismo, indicó que debió tener en cuenta “la libertad de
expresión y sobre todo el derecho de opinión se encuentra totalmente
protegido en nuestro ordenamiento jurídico, pero también se restringen los
actos de desinformación que menoscaben otros derechos de alta
relevancia, como lo es en este caso la primacía de los principios
democráticos. Por ello, afirmó que desconoció las Sentencias T-155 de 2019,
T-316 de 2019, T-145 de 2019 y SU-369 de 2024 de la Corte Constitucional.

15. En ese orden, cuestionó que la providencia enjuiciada le hubiera
impuesto la carga al accionante de demostrar que “cada uno de los
electores fue influido por falacias irresponsables de quien hoy gobierna en el
departamento”, cuando se acreditó que Andrés Julián Rendón desplegó
una campaña de desinformación.

16. También invocó un defecto fáctico. Manifestó que el Consejo de
Estado “omitió valorar todas las pruebas aportadas al plenario en el proceso
de origen, es decir videos, testigos, pruebas documentales que daban fe de
la existencia de una notoria e innegable configuración de violencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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psicológica [y] no tuvo en consideración el contexto político Antioqueño, el
cual es de público conocimiento, es decir, no requería ser probado”.
Asimismo, afirmó que valoró de forma errónea las pruebas, al no centrarse
en la campaña de desinformación desplegada por el gobernador ni en la
forma en que esta fue utilizada para manipular al electorado.

17. Indicó que, si bien “no era posible comprobar que de no haber (…)
desplegado la campaña de desinformación que impetró, el gobernador
electo hubiese sido nuestro representante si constituía un hecho indiciario las
encuestas, en donde el grado de favorabilidad de Luis Pérez era muy
superior, observándose como todo empezó a cambiar después de que el
señor Andrés Julián Rendón procedió a impetrar la precitada campaña de
desinformación. Ello teniendo en consideración que eso fue relacionado en
los hechos 43 y siguientes del medio de control de nulidad electoral”.

18. Además, alegó la violación directa de la Constitución, por la
vulneración de los artículos 20 y 40 de la Constitución Política, que
contemplan los derechos a la libre expresión y a elegir libremente y sin
manipulación, con la difusión de contenidos falsos o campañas de
desinformación.

19. En ese sentido, adujo que la campaña de desinformación constituyó
una forma de violencia psicológica contra los electores, pues, se afectó
tanto el derecho del accionante a ser elegido en condiciones de igualdad
como el de los ciudadanos a votar sin manipulaciones. Para sustentar esta
afirmación, se refirió, además, artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y al caso Ricardo Canese vs. Paraguay, resuelto por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de señalar que la
libertad de pensamiento y expresión no es un derecho absoluto. Aunado a
ello, afirmó que el Consejo de Estado omitió dar aplicación a “un control de
convencionalidad necesario en este caso, para denotar el alcance de lo
que se considera violencia psicológica”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

20. La Sección Quinta del Consejo de Estado6 solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional. Argumentó que los planteamientos del
accionante buscan convertir el amparo constitucional en un debate dirigido

5 Mediante Auto de 28 de abril de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como

demandado a la Sección Quinta del Consejo de Estado y (3) vinculó a Romel Aguirre Holguín, Andrés Julián
Rendón Cardona, Giovani Alberto de San Nicolas Suárez Ramírez, Juan Diego Tous Zuluaga, Consejo Nacional
Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como
terceros interesados.
6 Índice 15 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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a controvertir la legalidad de lo decidido por el juez de nulidad electoral.
Señaló que la discusión no trasciende el ámbito de la correcta
interpretación o aplicación de una norma, ni del análisis probatorio
realizado, situación que escapa de la competencia del juez de tutela.
Advirtió que, en caso de encontrarse acreditados los requisitos de
procedencia, la providencia objeto de reproche aplicó los precedentes
sobre violencia psicológica7 y valoró de forma conjunta las pruebas
decretadas, motivo por el cual no se configuraban los defectos alegados.

21. Además, indicó que el escrito de tutela planteaba una discusión sobre
la aplicación de normas convencionales que no fueron objeto del litigio en
la demanda de nulidad electoral. En ese sentido, afirmó que el juez de tutela
no podía aplicar dichas normas de manera restrictiva sin considerar el marco
institucional colombiano.

22. El Consejo Nacional Electoral8, la Registraduría Nacional del Estado
Civil9 y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10, en escritos
separados, alegaron falta de legitimación pasiva en la causa y solicitaron su
desvinculación del proceso. Manifestaron que no tuvieron relación con los
hechos que originaron la presunta vulneración de derechos fundamentales
invocada en la demanda, ya que la acción de tutela se dirigió contra una
providencia judicial y no contra actuaciones propias del ejercicio de sus
funciones.

23. Andrés Julián Rendón Cardona11 expresó su oposición a la acción de
tutela, tras afirmar que la providencia cuestionada respetó todas las
garantías procesales. Aseguró que el accionante no aceptó haber perdido
en las elecciones y que no logró probar la violencia psicológica alegada.
Cuestionó las inferencias del accionante y sostuvo que las afirmaciones
realizadas durante la contienda electoral no implicaron el uso de fuerza,
coacción o engaño hacia los electores. Reiteró los argumentos de defensa
expuestos en el proceso ordinario, en los que negó la existencia de los
elementos constitutivos de la causal de nulidad electoral invocada.

24. Por otra parte, Romel Aguirre Holguín, Giovani Alberto de San Nicolas
Suárez Ramírez y Juan Diego Tous Zuluaga, pese a haber sido debidamente
notificados12, guardaron silencio.

7 Se trascribe: “En la decisión cuestionada, sobre violencia psicológica se tuvieron en cuenta del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero de 2016, expediente
11001-03-28-000-2014- 00030-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de julio de 2018, expediente 11001-03-28-000-2017-
00024-00, MP. Rocío Araújo Oñate”.
8Índice 17 de Samai.
9 Índice 19 de Samai.
10 Índice 16 de Samai.
11 Índice 18 de Samai.
12 Índice 12 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Conclusiones.

2.1. Solicitudes de desvinculación

25. En atención a las solicitudes de desvinculación del Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, por falta de legitimación pasiva en la causa, la
Sala advierte que no hay lugar a acceder a ellas, en consideración a que
dichas autoridades fueron vinculadas como terceros con interés, debido a
que fungieron como parte demandada o intervinientes en el proceso
ordinario.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por las razones que pasan a explicarse:

27. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.

28. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

29. Bajo este entendimiento, la Sala considera que en el presente caso el
debate se refiere a la inconformidad de la parte accionante con la
interpretación jurídica y probatoria realizada por el juez electoral al estudiar
la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 275 del CPACA,
referida a la violencia sobre el electorado. Asimismo, la acción de tutela
plantea en esencia la reiteración del debate de la demanda de nulidad
electora17, al insistir en que la supuesta desinformación de una campaña
electoral podría constituir la causal de nulidad de violencia psicológica
sobre los electores. En consecuencia, la acción de tutela fue

15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 “Se presentan al menos 25 videos en boca y figura de Andres Julian Rendon, mintiendo, haciendo maniobras

engañosas a la ciudadanía, ejerciendo presión psicológica contra el votante, creando odio y pánico para
presionar mentalmente a la gente a que fuera agresiva contra todo lo que suene a Petro. Y completa el engaño
con la falsedad y la mentira que Luis Pérez es el candidato de Petro y que se van a robar a Antioquia. Estos
mensajes fueron reproducidos millones de veces para convertirlos en verdad. Construyó la engañosa estrategia
que Luis Pérez que era el primero en las encuestas, era el candidato de Petro. Nunca atacaron al verdadero
candidato de Petro porque no iba a ganar; era perder el tiempo atacar al candidato verdadero de Petro porque
no aparecía favorito. Y por eso tenían que construir la gran mentira que Luis Pérez que era el virtual ganador,
construir la gran mentira que Luis Pérez era el candidato de Petro”.
(…)
Los actos concretos que generaron que el señor Andrés Julián Rendón incurriera en violencia psicológica, fueron
los siguientes: El 27 de marzo de 2023, en una publicación en la red social X, antes Twitter, desde la cuenta
@andresjrendonc, publicó: “la realidad actual de Colombia y Medellín, liderada por el eje Petro Quintero, exige
un proceso de unidad que le haga frente a su pretensión de desestabilizar a Antioquia y al resto del país” (hecho
37 y prueba aportada al proceso de nulidad electoral en donde se profirió la providencia objeto de tutela). El 10
de agosto de 2023, se difundió un video del señor Andrés Julián Rendón, en el que empieza a manipular al elector,
difundiendo información falsa, puesto que indicó que nuestro representado era el candidato del Pacto Histórico.
(hecho 47 de la demanda de nulidad electoral) El 21 de octubre de 2023 (hecho 49 de la demanda de nulidad).
(…)
Es posible considerar que por el hecho de generar propaganda electoral engañosa que se da en el contexto de
una campaña política, prácticas que atentan contra el voto libre e informado que violentan psicológicamente al
electorado cometiendo fraude contra este, se considere que unas elecciones, solo por ello estén viciadas de
nulidad electoral, talvez podrá abrirse la discusión, pero lo que si no debe ser aceptado y debe ser objeto de todo
el reproche con su consecuencial potencial de que una elección pueda ser objeto de nulidad electoral por este
órgano de cierre de los Contencioso Administrativo, es que el propio candidato a un cargo de elección popular
sea quien directamente de manera sistemática, generalizada y masiva realice todas las conductas constitutivas
de Violencia Psicológica contra el electorado engañándolo, como lo fue las conductas realizadas por el señor
Andrés Julián Rendon Cardona de acuerdo con los hechos que se prueban en la presente demanda, ya que al
ser el propio candidato que por la naturaleza misma de una contienda electoral expresa sus opiniones en plaza
pública, en medios masivos de comunicación, en redes sociales, es quien tiene el real y mayor potencial de anular
la libertad del electorado para que estos escojan informadamente y autónomamente entre las opciones que
participen en la contienda, es quien tiene sin lugar a dudas más potencial de desinformar, de engañar, de
distorsionar la realidad al sufragante y por ende de manipular al electorado, lográndose por consiguiente tener
una mayor efectividad de incidir en los resultados, por lo cual debe ser de todo el reproche para el ordenamiento
jurídico y en especial por la jurisprudencia de este alto tribunal ante el cual se demanda, para que bajo este
contexto, se establezca el precedente y se acceda a las pretensiones anulándose el Acta E26-GOB,
departamento de Antioquia, Acta del Escrutinio General Gobernador, del 9 de noviembre del 2023, expedido por
la Organización Electoral en la Elección de Autoridades Territoriales de Antioquia que declara la elección como
Gobernador del Departamento de Antioquia para el periodo Constitucional 2024-2027 al señor Andrés Julián
Rendon Cardona”.
Índice 3 del proceso ordinario 11001-0328-000-2023-00138-00 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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instrumentalizada para proponer una interpretación distinta del material
probatorio y modificar la conclusión sobre el concepto de violencia
psicológica, con el fin de que se declarara la nulidad del acto de elección
del gobernador demandado.

30. La Sala advierte que, si bien el accionante justificó la relevancia
constitucional del caso con base en la “gran trascendencia para la
interpretación de la norma prevista en el artículo 275, numeral 1, del CPACA,
teniendo en cuenta que en la actualidad no hay un desarrollo
jurisprudencial respecto de la definición de violencia psicológica en contra
del elector”, lo cierto es que buscó encuadrar la supuesta vulneración de
derechos fundamentales como una forma de prolongar y reiterar el debate
del proceso ordinario, como si se tratara de un recurso de apelación, de
manera que pretendió que el juez de tutela revaluara la apreciación
probatoria del juez electoral y redefiniera el concepto de violencia
psicológica.

31. De igual forma, el accionante, bajo los defectos invocados de
desconocimiento del precedente, defecto fáctico y violación directa de la
Constitución, reconoció de manera expresa que pretendía que el juez de
tutela interpretara “de forma correcta” la causal de nulidad por violencia
psicológica sobre el electorado conforme con los criterios expuestos en la
acción de tutela, como si se tratara de un mecanismo destinado a corregir
la interpretación de las normas electorales realizada por el juez electoral.

32. Se advirtió que el accionante cuestionó la interpretación del juez
electoral y propuso una perspectiva distinta de apreciar el problema jurídico
y la violencia psicológica en contextos electorales. Así, buscó que el juez de
tutela revaluara los hechos y el derecho aplicable, aspecto que desconoce
que esa labor corresponde al juez natural del caso. La acción de tutela no
puede ser instrumentalizada para manifestar inconformidades frente a las
decisiones judiciales de un proceso ordinario, ni para reexaminar la decisión
ordinario, pues ello desnaturaliza su función y la convierte en una instancia
adicional, aspecto que compromete la autonomía judicial y la seguridad
jurídica.

33. Es más, el accionante, incluso, indicó cómo debía haberse acreditado
la causal nulidad electoral invocada18. De manera que, se insiste, pretendió
convertir la acción de tutela en una especie de recurso de apelación, con
el fin de obtener una decisión ajustada al razonamiento jurídico y probatorio
por él propuesto. No solo se cuestionó la valoración probatoria y la

18 “Bastaría con demostrar: i) la existencia de afirmaciones falsas, ii) su difusión masiva por una figura representativa

de la contienda electoral, y iii) la intención de desviar el criterio del elector”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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argumentación del juez electoral, sino que también se insistió en una
interpretación específica de la jurisprudencia sobre violencia psicológica en
los procesos de nulidad electoral, asunto que compete exclusivamente al
juez natural del proceso y frente a lo cual, se reitera, aquel se pronunció y,
por ende, dicho debate quedó zanjado19.

34. Finalmente, debe recordarse que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de carácter excepcional20.

35. Frente al reparo sobre la supuesta omisión del Consejo de Estado al no
aplicar normas convencionales en el proceso de nulidad electoral, la Sala
encuentra que aquel también resulta improcedente, en la medida en que
el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad21, dado que, en
la demanda de nulidad electoral, no pidió realizar el control de
convencionalidad sobre el acto de nombramiento y elección, siendo aquel
el mecanismo judicial idóneo para ello, y 2) no acreditó un perjuicio
irremediable.

36. Al revisar la demanda de nulidad, el accionante sostuvo que los actos
electorales demandados incurrieron en la causal del artículo 275.1 del
CPACA por violencia psicológica sobre los electores, conducta que, según
él, también constituía fraude al sufragante del artículo 388 de la Ley 599 de
2000. Así mismo, que no era necesario demostrar una afectación del 25 %
del censo electoral, ya que lo relevante era la masividad y sistematicidad
del engaño, al asociar su candidatura con funcionarios públicos de una
corriente política diferente y, con ello afectar la libertad de voto.

37. En consecuencia, en la demanda de nulidad electoral no se
invocaron normas convencionales ni se solicitó realizar un control de
convencionalidad, como sí se pidió acá. Además, el accionante no
argumentó y mucho menos demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara el uso excepcional de la tutela.

19 Ver párrafos 8 a 11 de esta providencia.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018
21 Según el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla el artículo 86 de la Constitución, la

acción de tutela es improcedente cuando existen otros recursos judiciales disponibles, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha sostenido que es un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02303-00
Demandante: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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38. En todo caso, la Sala advierte que dicha omisión deviene en el análisis
de la causal de violencia psicológica que, como ya se indicó, fue objeto de
análisis y decisión por parte del juez natural.

2.3. Conclusiones

39. La Sala declarará improcedente la acción de tutela al no cumplirse
con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Luis Emilio Pérez Gutiérrez, por las razones aquí señaladas.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, por los motivos dados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 22.

CUARTO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

22 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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