Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00731-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00731-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00731-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
15 de mayo de 2026
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CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA PRIMERA ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
Temas: Cosa juzgada entre la sentencia electoral y el proceso de pérdida de
investidura; alcance de la carga de explicar las causales de desinvestidura; las
falencias en la adecuación y la invocación artificiosa de causales se resuelven en
el fondo de la sentencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala se pronuncia sobre las solicitudes de pérdida de investidura presentadas
por el señor Olaff Enrique Cotes Fernández en contra del representante a la Cámara
Jorge Méndez Hernández.
ANTECEDENTES
2. El 3 de febrero de 2026, el señor Olaff Enrique Cotes Fernández presentó
solicitud de pérdida de investidura en contra del Representante a la Cámara Jorge
Méndez Hernández, por la circunscripción electoral del departamento del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el partido Cambio
Radical, para el periodo constitucional 2022-20261 (demanda n.° 1). Previamente,
el demandado fue elegido también para el periodo 2018-2022.
3. El 4 de febrero siguiente, el despacho inadmitió la demanda para que se
acreditara la condición de ciudadano del demandante, la fecha de los hechos que
sustentan la solicitud y la explicación de una de las causales de pérdida de
investidura invocadas. Asimismo, se pidió a la secretaría de la Cámara de
Representantes y al Consejo Nacional Electoral que allegaran los documentos que
acreditaran la calidad de congresista del señor Jorge Méndez Hernández2.
4. El 6 de febrero de 2026, el demandante radicó varios documentos, en su orden
y a saber: el memorial en el que comunicó al demandado sobre lo que denominó
“una nueva demanda”3, el escrito de esta última4, la copia de su cédula de
1 Índice n.° 2, enlace: 3_DemandaWeb_Demanda_DEMANDADEPERDIDADEIN(.pdf).
2 Índice n.° 5.
3 Índice n.° 10, enlace: 4RECIBEMEMORIAL_S21780D85471765_1_18(.pdf).
4 Ibíd. 13RECIBEMEMORIAL_S21780D85471765_2_18(.pdf).
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
ciudadanía, el formulario E-26, un escrito de tutela y la copia de varias providencias
judiciales5 (demanda n.° 2).
5. El 10 de febrero de 2026, a las 14:05, el demandante presentó su escrito de
subsanación6.
6. El 13 de febrero de 2026, la Secretaría agregó unos documentos que
corresponden a los incorporados en el índice n.° 10 (numeral 4º) y reiteró la
mención del actor de que corresponde a una demanda 7 y que debía someterse a
reparto8.
7. Mediante auto del 18 de febrero de 2026 al escrito de los numerales 4º y 6º se
le tuvo como una reforma a la demanda y se otorgaron dos (2) días para que se
integrara en un solo texto9, lo cual hizo extemporáneamente10;
8. En aras de privilegiar el acceso a la administración de justicia y la celeridad del
trámite, a través del auto admisorio del 26 de febrero siguiente al de los numerales
4º y 6º se lo tuvo como una nueva demanda11 y se admitió junto con la del numeral
2º.
La demanda primigenia y su subsanación
9. El 3 de febrero de 2026, Olaff Enrique Cotes Fernández presentó solicitud de
pérdida de investidura en contra del representante a la Cámara Jorge Méndez
Hernández, por la circunscripción electoral del departamento del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el partido Cambio Radical, para el
periodo constitucional 2022-202612, con base en las causales previstas en los
numerales 1º, 4º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política, es decir, por (i)
violación a los regímenes de inhabilidades o (ii) de conflicto de intereses, (iii)
indebida destinación de dineros públicos y (iv) tráfico de influencias comprobado.
10. Como fundamentos fácticos narró que, después del paso del huracán Iota por
las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el demandado realizó
diferentes reuniones con funcionarios de todos los niveles y participó en las
sesiones de la Plenaria de la Cámara de Representantes, entre marzo de 2020
(sic)13 hasta junio de 2021, con el fin de presionar la obtención de recursos para
atender los daños causados por el evento natural en comento. Sin embargo, a juicio
5 Ibíd. 12RECIBEMEMORIAL_S21780D85471765_3_18(.pdf).
6 índice n.° 14, enlace: 18_MemorialWeb_Otro-202600731SUBSANACI(.pdf).
7 En efecto, en el índice 17 se dejó la siguiente anotación: “JCR-Se recibe memorial suscrito por Olaff
Enrique Cotes Fernández. Se informa que en el índice 10 del proceso ya fue cargado el mismo
escrito, en el cual el memorialista manifiesta que se trata de una nueva solicitud de pérdida de
investidura”.
8 Índice n.° 17. Aquí radicó la solicitud de reparto a la Secretaría de esta Corporación de la nueva
demanda, el escrito de esta, los anexos y la constancia de envío al demandado.
9 Índice 19.
10 Índice 24.
11 Índice n.° 26.
12 Índice n.° 2, enlace: 3_DemandaWeb_Demanda_DEMANDADEPERDIDADEIN(.pdf).
13 Se refiere como está en la demanda, sin desconocer que el paso del huracán ocurrió en noviembre
de 2020, hecho frente al cual se ligaron los hechos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
del actor, el ánimo que lo motivó fue valerse de esas gestiones para la obtención
de votos en la jornada electoral del 13 de marzo de 2022.
11. En el cargo por violación al régimen de inhabilidades señaló que se configuró,
conforme a lo previsto en el numeral 3º del artículo 179 Superior, reproducido en el
numeral 3º del artículo 280 de la Ley 5 de 1992, que prohíbe acceder a la condición
de congresista a quien haya intervenido en gestiones ante entidades públicas en
beneficio propio o de terceros.
12. Así, sostuvo que el demandado utilizó su investidura y en un ejercicio aparente
de control político, citaba a los ministros, directores de Institutos descentralizados,
funcionarios públicos y privados, con el fin de constreñirlos o presionarlos para
conseguir recursos para su departamento de origen, llevando obras, servicios
sociales, que luego utilizaba con fines electorales, es decir, intercambiaba
beneficios sociales por votos.
13. Con similares argumentos a los arriba expuestos fundó el cargo de incursión en
un “tráfico de influencias debidamente comprobado”.
14. Sobre la infracción del régimen de conflicto de intereses, además de referir como
violado el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2001 y el artículo 209 de la
Ordenanza 17 de 2018, insistió en la intimidación a funcionarios públicos para la
obtención de recursos destinados a su departamento y luego redituarlos como votos
por su gestión.
15. En lo referente a la indebida destinación de dineros públicos afirmó que las
imputaciones se relacionan con posibles actos de corrupción adelantados por el
demandado o con su anuencia, que incluyen, intercambio de bienes comprados con
dineros del Estado por votos, actuaciones que constituyen una clara vulneración de
las normas en que debe fundarse el acto electoral.
Segunda demanda
16. El 6 de febrero de 2026, el actor presentó un escrito que denominó como “nueva
demanda”, en contra del mismo congresista por la violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y la indebida destinación de dineros públicos,
consagrados como causales de pérdida de investidura en los numerales 1º y 4º del
artículo 183 Superior.
17. En los hechos se adujeron situaciones similares a las narradas en la primera
demanda, pero se agregó que, en unas reuniones realizadas el 9 y el 28 de febrero
de 2022, convocadas por funcionarios directivos de las Islas, estos presionaron a
sus empleados y contratistas para que votaran por el congresista demandado. Lo
último se probó dentro del expediente electoral acumulado identificado con los
números 11001-03-28-000-2022-00034-00; 2022-00041-00, 2022-00052-00, y
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
2022-00100-0014.
18. Frente al desconocimiento del régimen de inhabilidades y la indebida
destinación de dineros públicos, explicó que el demandado empleó violencia
psicológica para influir indebidamente en el electorado, a través del ofrecimiento de
dádivas, como la entrega de mercados, materiales de construcción y contratos
estatales.
19. Respecto de la indebida destinación de dineros públicos, señaló que el
demandado, en el marco de su campaña electoral, ofreció, a través de los
funcionarios de la Isla, contratos de prestación de servicios para que sus
beneficiarios realizaran proselitismo político en su favor. También, sostuvo que el
accionado entregó bienes a los grupos de sufragantes, para que votaran por él.
La oposición
20. Frente a la demanda inicial y su subsanación15, el demandado reiteró que esos
hechos ya fueron estudiados en dos procesos de nulidad electoral tramitados por la
Sección Quinta, las cuales culminaron con sentencias de única instancia del 25 de
mayo de 202316 y del 26 de septiembre de 202417, ejecutoriadas y favorables a sus
intereses.
21. Cuestionó la falta de explicación suficiente de las causales de desinvestidura
imputadas, en tanto no se identificaron los presupuestos jurídicos en los que se
fundan, tales como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni se desarrolló
adecuadamente la sustentación del elemento subjetivo. A su juicio, ello desconoce
la jurisprudencia del Pleno de esta Corporación que impone dicha carga
argumentativa.
22. Propuso como excepción la caducidad de la acción, al considerar que los hechos
narrados en la demanda se concretaron en el periodo comprendido entre el 17 de
marzo de 2020 (sic) y el 12 de enero de 2021, mientras que la solicitud fue
presentada el 3 de febrero de 2026, esto es, transcurridos más de cinco (5) años.
23. Afirmó que en la demanda se confundió la incompatibilidad prevista en el
numeral 2º del artículo 180 de la Constitución Política, que prohíbe a los
congresistas gestionar negocios en nombre propio o ajeno ante entidades públicas,
con la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 179 ejusdem, en
concordancia con el numeral 1º del artículo 183 ibid, la cual impide acceder a dicha
dignidad cuando se incurre en esa misma conducta, pero dentro de los seis meses
anteriores a la elección.
24. Precisó que la primera causal no fue invocada en la demanda, circunstancia que
14 Adelantado por la Sección Quinta de esta Corporación, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate,
demandante: Carlos Alberto Bryan Uribe, en contra del aquí demandado.
15 Índice n.° 34.
16 Exp. 11001-03-28-000-2022-00034-00, acumulado.
17 Exp. 11001032800020220010900, acumulado con el radicado 1100102800020220004200.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
por sí sola constituye razón suficiente para su desestimación. Agregó que la causal
que sí fue imputada se dirige a actuaciones lícitas y no a los presuntos actos de
constreñimiento mencionados por la parte actora. Señaló, además, que tampoco se
cumple el requisito de temporalidad, pues la última actuación atribuida data del 24
de junio de 2021 y la elección tuvo lugar el 13 de marzo de 2022, lo que evidencia
un lapso superior a los seis meses exigidos normativamente entre ambas fechas.
25. Frente a la presunta violación al régimen de conflicto de intereses, precisó que,
aunque se citaron el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2001 y el artículo
209 de la ordenanza n.° 17 de 2018, la conducta prevista en la primera disposición
se circunscribe a los diputados, concejales y miembros de las juntas
administradoras locales, razón por la que es improcedente su extensión a los
congresistas, máxime cuando en materia sancionatoria rige el principio de tipicidad
y las causales aplicables se encuentran expresamente consagradas en el artículo
183 Superior. En cuanto a la norma del orden territorial, echó de menos su plena
identificación y su aportación al proceso, lo cual impedía su valoración.
26. En punto de la indebida destinación de dineros públicos, adujo que en la
demanda no se individualizó ninguna conducta atribuible al demandado en su
condición de congresista, ni se precisaron los recursos públicos que habrían sido
destinados a un fin distinto al legalmente previsto. Añadió que las imágenes y las
pruebas aportadas únicamente dan cuenta del ejercicio de la función parlamentaria.
27. En relación con el tráfico de influencias, reiteró que, además de la insuficiente
fundamentación de esta causal, lo único que se encontraba acreditado es el
ejercicio regular de las funciones propias del congresista.
28. En cuanto a la segunda demanda18, insistió en lo ya expuesto y agregó como
excepción la cosa juzgada respecto del expediente n.° 11001-03-28-000-2022-
00034-00, acumulado, en el que se tramitó una acción electoral, en la Sección
Quinta de esta Corporación y en contra del aquí demandado. Estimó que los libelos
introductorios en ambos procesos eran meras trascripciones, lo cual evidenciaba la
identidad de partes, pretensiones, causa y objeto. Alrededor de la violación al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades advirtió la falta de concreción de la
causal. En cuanto a la indebida destinación de dineros públicos, insistió en la
insuficiencia argumentativa.
Etapa probatoria
29. El 12 de marzo de 2026 se decretaron algunas de las pruebas solicitadas por
las partes19. El 17 siguiente, en audiencia, se recibió el testimonio del señor Carlos
18 Índice n.° 35.
19 Índice n.° 40. Se decretaron como pruebas las documentales allegadas por las partes y se ofició
a la secretaría general de la Cámara de Representantes para que aportara todas las actas de
comisiones y plenarias de los años 2020, 2021 y 2022, en las que intervino el congresista
demandado en ejercicio de control político y la certificación de los periodos constitucionales en los
que este último fungió o funge en tal calidad, las comisiones a las que perteneció o pertenece y las
dignidades ejercidas dentro de ellas. También se ordenaron los testimonios de los señores Carlos
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
Alberto Bryan Uribe. Como no se habían allegado todas las pruebas, se dispuso
esperar a su agotamiento.
La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018
30. Mediante auto del 15 de abril de 2026 se ordenó la realización de la referida
diligencia20. El 29 de abril siguiente se llevó a cabo21.
31. La parte actora reiteró los argumentos de sus solicitudes y pidió declarar la
pérdida de investidura por las causales y motivos alegados, debidamente
probados. Las conductas relacionadas con la presión a funcionarios públicos, a
través de controles políticos, así como la presión al electorado con dádivas
constituían elementos probados y suficientes para declarar la desinvestidura22.
32. El Ministerio Público conceptuó que no estaba demostrada la violación al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades ni del conflicto de intereses. La
demanda se limitó a exponer unos argumentos desarticulados, que, sumados a la
falta de pruebas, impiden determinar la consumación de estas causales. En punto
de la indebida destinación de dineros públicos, tuvo por probadas la calidad de
congresista y la existencia de recursos públicos -que entendió como los obtenidos
para la atención del COVID-19 y otras gestiones realizadas por el demandado con
tal fin-, pero no así su indebida destinación, en tanto no se desplegó actividad
procesal encaminada a dar cuenta de esta. Además, señaló que, descartados los
elementos objetivos, es innecesario adentrarse en el estudio de la imputación
subjetiva y, por consiguiente, la negativa de las pretensiones es imperativa23.
33. El demandado, en la medida en que los hechos objeto de las solicitudes
databan de hace más de cinco años, pidió declarar la caducidad. También la cosa
juzgada, en relación con el asunto electoral fallado en la sentencia de única
instancia del 25 de mayo de 202324. Asimismo, precisó que las pruebas
demostraron solo la gestión política del congresista, su condición -incluso una
tutela para dicho cometido- y algunos procesos adelantados en su contra. A su vez,
sostuvo que el testimonio de Carlos Alberto Bryan Uribe carece de respaldo y las
imágenes aportadas en las demandas no fueron decretadas como pruebas. En
conclusión, advirtió que la falta de pruebas impone la negativa de las
pretensiones25.
CONSIDERACIONES
34. Con el propósito de resolver de fondo la controversia suscitada se resolverá,
previamente, los siguientes puntos: (i) la jurisdicción y competencia; (ii) la
Alberto Bryan Uribe, Álvaro Archibold Núñez y Bernardo Bent Williams. Se denegó la práctica del de
el señor Cristián Alberto Vargas Quintero.
20 Índice n.° 66.
21 Índice n.° 77.
22 Índice n.° 75.
23 Índice n.° 74.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, exp. 11001-03-28-000-2022-00034-00, acumulado, M.P.
Rocío Araújo Oñate. Índice n.° 48, enlace: 62RECIBEPRUEBAS_11001032800020220003(.zip).
25 Índice n.° 76.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
oportunidad de la acción, (iii) y la legitimación.
Jurisdicción y competencia
35. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 y 237.5 de la Constitución
Política; 2º de la Ley 1881 de 2018; los Acuerdos n.°s 01126 y 08027 del 31 de enero
de 2018 y de 12 de marzo de 2019, corresponde a esta Corporación la decisión
del presente asunto, a través de la Sala Especial de Decisión, en primera instancia.
Oportunidad de la acción
36. El artículo 6 de la Ley 1881 de 2018 dispone que la demanda de pérdida de
investidura se debe presentar dentro del plazo de cinco (5) años contados a partir
del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador, so pena de que opere la
caducidad.
37. Según la demanda inicial y su subsanación, las conductas imputadas se
desarrollaron con posterioridad al paso del huracán Iota por las Islas de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en noviembre de 2020. El actor afirmó que,
después de este evento, el demandado realizó diferentes reuniones con
funcionarios de todos los niveles y participó en las sesiones de la Plenaria de la
Cámara de Representantes, entre marzo de 2020 (sic) hasta junio de 2021, con el
fin de obtener recursos para atender los daños causados por el evento natural. Sin
embargo, a juicio del actor, el ánimo que lo motivó fue valerse de dichas gestiones
para la obtención de votos en la referida jornada electoral.
38. El elemento que permite afirmar que no se trata de actuaciones autónomas,
sino de manifestaciones sucesivas de un mismo comportamiento, es que todas
ellas concurren a la ejecución de una estrategia dirigida, al parecer, a
instrumentalizar la función pública con fines electorales (las elecciones al Congreso
del 13 de marzo de 2022), esto es, idéntica finalidad28.
39. En las imágenes consignadas en la demanda inicial y en el escrito de
subsanación, se observa una última identificada con el n.° 44, correspondiente al
1 de junio de 2021, en la cual, además, se indicó:
“CONFIRMADO...!!! Mañana miércoles Sesión Plenaria de la Cámara de
Representantes será sobre Reconstrucción de Providencia y San Andrés. Hora: 2:00
pm.
26 De la Sala Plena de esta Corporación y por el cual se conforman las Salas Especiales de Decisión
de Pérdida de Investidura de que trata el artículo 2° de la Ley 1881 de 2018 y se reglamenta su
funcionamiento.
27 Reglamento interno del Consejo de Estado, artículos 33 y ss. Expedido también por la Sala Plena.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2020, exp.
11001-03-25-000-2017-00073-00 (0301-17), M.P. William Hernández Gómez. En esta providencia
se precisó que “una conducta continuada tiene otra característica especial, que quizá es el rasgo
distintivo con una de carácter permanente. En efecto, si bien ambas se prolongan o perduran en el
tiempo, la diferencia radica en que la conducta continuada consiste en una pluralidad de
comportamientos que tienen un designio; es decir, el sujeto tiene o apunta a una sola finalidad, para
lo cual se vale de varios actos que sumados se prolongan en el tiempo, pero en donde se forma una
sola conducta”.
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Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
Quienes estén interesados en intervenir, ya sea de manera presencial o virtual
pueden escribirme al interno o al Cel. 3166188656”.
40. En consecuencia, la última manifestación de las conductas de carácter
continuado se situaría en la convocatoria a la sesión en la Plenaria de la Cámara
de Representantes prevista el día siguiente al 1 de junio de 2021, pero finalmente
no se llevó a cabo, por ello el punto a partir del cual corre el término sería una
reunión informal el 20 de mayo del mismo año, entre el demandado y la directora
de Findeter, encargada de la reconstrucción de la Isla29, hecho que no fue
controvertido por la contraparte30. Con esta fecha como partida y confrontada con
la presentación de la demanda (3 de febrero de 2026), se concluye que la solicitud
fue oportuna.
41. Respecto de la segunda demanda, la conducta se refiere a unas supuestas
reuniones realizadas los días 9 y 28 de febrero de 2022, convocadas por directivos
de la Isla, en las que, al parecer, estos habrían ejercido presiones sobre sus
empleados y contratistas para que votaran por el congresista demandado.
Entonces, la solicitud del 6 de febrero de 2026 se presentó dentro del término legal.
42. Para finalizar, es pertinente recordar que en las contestaciones y en la
audiencia final se afirmó que el periodo de las conductas imputadas al congresista
-sin controvertir su carácter continuado-, culminó el 12 de enero de 2021; sin
embargo, al análisis anterior da cuenta de otra realidad, en tanto se extendieron
por un tiempo más, y, por lo tanto, no puede compartirse el referido argumento de
defensa.
Legitimación
43. En el expediente está debidamente acreditada la legitimación por activa y por
pasiva de quienes concurren al presente proceso. Por una parte, la calidad de
ciudadano colombiano del señor Olaff Enrique Cotes Fernández, solicitante de la
pérdida de investidura31. Igualmente, está demostrado que el señor Jorge Méndez
Hernández fue elegido representante a la Cámara, por la circunscripción electoral
del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
por el partido Cambio Radical, para el periodo constitucional 2022-202632.
Plan de solución y problemas jurídicos
29 Según el hecho 45 de la subsanación, fl. 40, índice n.° 14.
30 Por el contrario, en la contestación se afirmó: “Es pertinente agregar que las publicaciones datan
del 9, 10, 17, 23 de abril, 10, 20, 27 de mayo, 1°, 4, 11, 14, 21 y 24 de junio de 2021, circunstancia
que permite establecer que se trata de actuaciones propias del mandato parlamentario
correspondiente al período 2018-2022”. Fl. 11, índice n.° 34.
31 Fl. 73 ubicada en el índice n.° 14, enlace: 18_MemorialWeb_Otro-202600731SUBSANACI(.pdf).
32 El 12 de febrero siguiente, la secretaría de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional
Electoral aportaron las copias del formulario E-26, contentiva del acta oficial de escrutinio del
consolidado de votos final; el formulario E-28, credencial de elección; el acta de posesión del
demandado y el certificado del secretario general de la Cámara de Representantes sobre la elección
y toma de posesión (índices n.°s 13 y 16).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
44. Con base en los antecedentes fácticos y procesales del asunto, a la Sala le
corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Se configura el
fenómeno de la cosa juzgada entre los procesos de nulidad electoral decididos por
la Sección Quinta33 y las solicitudes de pérdida de investidura promovidas en este
proceso? De no prosperar o hacerlo de forma parcial, se deberá absolver si (ii) ¿la
parte actora sustentó con suficiencia las causales de pérdida de investidura
invocadas en las solicitudes? (iii) Previa constatación de los hechos probados se
determinará si (iv) ¿están probados los elementos objetivos de las causales? Para
el efecto, se precisarán las exigencias para su configuración.
De la cosa juzgada y su configuración
45. La parte demandada sostuvo que frente a la sentencia de única instancia del 25
de mayo de 202334 se produjo el fenómeno de la cosa juzgada. En ese proceso se
analizó la nulidad de los actos de elección del demandado, como consecuencia de
unas reuniones realizadas el 9 y el 28 de febrero de 2022, en las que, al parecer,
altos funcionarios municipales presionaron a los funcionarios y contratistas locales
para que votaran por el señor Jorge Méndez Hernández.
46. Para resolver si existe identidad de esos hechos con los aquí expuestos, la Sala
empezará por determinar el alcance de la cosa juzgada y el análisis particular en
cada una de las demandas del presente proceso.
De la cosa juzgada entre el proceso electoral y la pérdida de investidura
47. El parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018 garantiza el non bis in idem,
que prohíbe sancionar o juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Por
consiguiente, si una misma conducta da lugar a una acción electoral y a una pérdida
de investidura -de manera simultánea-, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada
respecto del otro proceso en todos los aspectos juzgados, salvo la culpabilidad del
congresista, cuyo juicio es exclusivo del ámbito de la desinvestidura. En todo caso,
la declaratoria de pérdida de investidura hará lo propio en relación con el proceso
de nulidad electoral, en cuanto a la configuración objetiva de la causal35.
48. El artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por las remisiones de
los artículos 306 del CPACA y 21 de la Ley 1881 de 2018, dispone que para la
configuración de la cosa juzgada se impone la existencia de identidad de sujeto,
objeto y causa36, en relación con otro asunto que tenga sentencia definitiva y
ejecutoriada.
33 Expediente acumulado identificado con los números 11001-03-28-000-2022-00034-00; 00041-00,
00052-00; 00100-00, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate, demandante: Carlos Alberto Bryan
Uribe, siendo el mismo demandado del asunto aquí en estudio.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, exp. 11001-03-28-000-2022-00034-00, acumulado, M.P.
Rocío Araújo Oñate. Índice n.° 48, enlace: 62RECIBEPRUEBAS_11001032800020220003(.zip).
35 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 1º de agosto de 2023, exp. 11001-03-15-000-2022-
05841-01, M.P. Guillermo Sáchez Luque.
36 Sobre dichos elementos ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 26 de octubre de 2017, exp. 76001233300020130004101 (0692-16), M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
49. Sin embargo, estos requisitos en el marco de los juicios de desinvestidura y
electorales tienen una lectura particular, toda vez que, en punto del objeto,
entendido como la identidad de pretensiones37, se muestra inviable su
cumplimiento, comoquiera que las finalidades de tales acciones son diferentes y,
por ende, sus pretensiones también lo son.
50. Ahora, el artículo 1º de la Ley 1881 de 2018 dispuso que la cosa juzgada se
configura siempre que “una misma conducta” haya dado lugar a tales acciones.
Entonces, aunque las pretensiones no son iguales, la cuestión para determinar
dicho fenómeno lo es la causa, más allá del mismo sujeto.
51. Frente a la causa, se ha entendido que debe referirse a la misma causal de
pérdida de investidura, para concluir que se materializa el fenómeno de la cosa
juzgada38. Así, es posible que las conductas presenten similitud fáctica, pero
admitan una imputación jurídica diversa, lo que impone que el último elemento sea
analizado de manera autónoma como estructurante de la cosa juzgada en los
procesos referidos.
52. Ello, porque la prohibición del doble enjuiciamiento no impide que un mismo
comportamiento sea objeto de múltiples investigaciones y sanciones -lo cual supone
imputaciones jurídicas distintas-, siempre que estas se fundamenten en diferentes
regímenes normativos y persigan finalidades diferenciadas, como ocurre con el
evento aquí en estudio39.
Identidad subjetiva
53. Frente a la identidad subjetiva, como se trata de un elemento común para el
presente estudio, se analizarán de manera conjunta respecto del proceso electoral
que terminó con la sentencia del 25 de mayo de 2023 y los aquí en estudio.
54. Así, está demostrado que el 25 de mayo de 2023, la Sección Quinta profirió
sentencia de única instancia, la cual se encuentra ejecutoriada40, en la que negaron
las pretensiones de nulidad electoral dirigida en contra del demandado dentro del
presente proceso. Por lo tanto, existe identidad de partes, en tanto el extremo pasivo
es el mismo.
37 Consejo de Estado, Sala de Primera de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia del 27 de
enero de 2025, exp. 11001-03-15-000-2022-05833-00, M.P. María Adriana Marín.
38 Esta última exigencia desarrollada en Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de
noviembre de 2016, exp. 81001-23-33-003-2016-00001-01 (PI), M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Reiterada en las sentencias del 25 de febrero de 2021, exp. 25000-23-15-000-2019-00217-
01 (PI), M.P. Nubia Margoth Peña Garzón y del 12 de diciembre de 2022, exp. 11001-03-15-000-
2022-02702-00, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
39 Sentencias C-391 de 2002 y C-088 de 2002.
40 Índice n.° 118, exps. Números 11001-03-28-000-2022-00034-00, acumulado. Vale recordar que,
al tratarse de una sentencia en única instancia, quedó ejecutoriada en los términos del artículo 302
del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA y a su vez del artículo 21 de la Ley 1881
de 2018, que dispone: “Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
55. Ahora, la Sala se centrará en el estudio de la causa, de manera separada para
cada demanda.
Primera solicitud de pérdida y la subsanación
56. La causa tiene dos elementos: fáctico y jurídico. El primero relacionado con los
hechos que dieron lugar a la demanda y, el otro, respecto de la imputación jurídica
que de ellos se deriva.
Causa fáctica
57. En esta solicitud, las conductas se concretaron así:
EXP. 2022-00034 ACUMULADO41 EXP. 2026-00731-SOLICITUD ORIGINAL Y
SU SUBSANACIÓN
“3. Indicaron los demandantes que el 13 de Como fundamentos fácticos narró que, después
marzo de 2022 se celebraron las elecciones del paso del huracán Iota por las Islas de San
para la Cámara de Representantes, certamen Andrés, Providencia y Santa Catalina, el
para el cual el Partido Cambio Radical inscribió demandado realizó diferentes reuniones con
en lista cerrada a los señores Jorge Méndez funcionarios de todos los niveles y participó en
Hernández, Katia Helena Outten Lyntón y las sesiones de la Plenaria de la Cámara de
Sergio Narciso Huffington Ben. Representantes, entre marzo de 2020 (sic)
hasta junio de 2021, con el fin de presionar la
4. Narraron que el 9 de febrero de 2022 (…), se obtención de recursos para atender los daños
celebró en la Secretaría de Planeación causados por el evento natural en comento. Sin
Municipal de Providencia una reunión, embargo, a juicio del actor, el ánimo que lo
presidida por la señora Lizbeth del Carmen motivó fue valerse de dichas gestiones para la
Valenzuela Salazar, a la cual asistieron varios obtención de votos en la jornada electoral del
contratistas, entre los cuales destacaron a los 13 de marzo de 2022.
señores Jonnathan Alexis Bent Forbes, Ferney
Archibold, Jean Paul Bush, Elsa Venner y Zully
Robinson, a quienes se les indicó que la
suscripción de los nuevos contratos de presta
ción de servicio dependía de la gestión que
adelantaran para apoyar la candidatura del
demandado. Señalaron que de la reunión
celebrada existe un audio que aportan al
proceso.
5. Agregaron que el 28 de febrero del año 2022
(…), se reunieron en la Alcaldía de Providencia
altos funcionarios de esa entidad, convocados
por la secretaria de Planeación Municipal
Lizbeth del Carmen Valenzuela Salazar, quien
manifestó a los concurrentes que por orden del
alcalde Jorge Norberto Gary Hooker debía
dirigirse a los empleados y contratistas por
prestación de servicios para que junto con sus
familiares y amigos se comprometieran a votar
por el señor Jorge Méndez Hernández, en
virtud del apoyo que le había brindado al
burgomaestre para frenar o controlar las
investigaciones que éste tiene ante los
diferentes entes de control.
58. De la literalidad se concluye que no hay identidad fáctica, puesto que los hechos
que se aducen difieren. En efecto, desde lo temporal, es claro que lo resuelto en el
41 Tomado de la sentencia del 25 de mayo de 2023, M.P. Rocío Araújo Oñate, índice 188.
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Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
proceso electoral se concretó en unas reuniones en el mes de febrero de 2022,
mientras que la situación en el presente asunto es anterior a dicha fecha.
59. Prueba de ello es que, en el estudio de la caducidad, teniendo en cuenta que se
trató de una conducta continuada, se tomó el 20 de mayo de 2021 como el último
acto ejecutado.
60. Además, materialmente, estas últimas actuaciones se relacionaron con unas
aparentes gestiones en las que participó el congresista, lo cual dista de la situación
fáctica estudiada en la sentencia del 25 de mayo de 2023, en las que se adujo que
fue un trámite adelantado por unos funcionarios diferentes al demandado. Así, es
claro que la cosa juzgada no está probada respecto de la primera demanda.
De la segunda demanda
Causa fáctica
61. Los hechos, relacionados en el cuadro comparativo, son idénticos en tanto se
concretaron a unas reuniones realizadas el 9 y el 28 de febrero de 2022,
convocadas por funcionarios directivos de las Islas, en las cuales se habría
persuadido a los empleados y los contratistas municipales para que votaran por el
congresista demandado. En esa medida, hay identidad fáctica entre los procesos
referidos.
Causa jurídica
62. La imputación jurídica descansa, formalmente, en diferentes fundamentos
normativos. Se estructuraron de la siguiente forma:
PROCESO ELECTORAL PÉRDIDA DE INVESTIDURA
EXP. 2022-00034 ACUMULADO42 EXP. 2026-00731-SEGUNDA DEMANDA
“11. Sostuvieron que el acto fue dictado con Se citaron como fundamentos normativos los
violación de las normas en que debía fundarse numerales 1º y 4º del artículo 183 Superior,
y expedición irregular, al vulnerarse el derecho relativos al desconocimiento del régimen de
a elegir y ser elegido, consagrado en el numeral
inhabilidades y la indebida destinación de
1º del artículo 40 de la Constitución, el derecho
al voto libre de coacción y en forma secreta, dineros públicos.
establecido en el artículo 258 ibidem y la
prohibición prevista en el artículo 27 numeral 2 Frente al desconocimiento del régimen de
de la Ley 1475 de 2011, referida a la inhabilidades y la indebida destinación de
financiación de campañas con fuentes dineros públicos se limitó a explicar que el
derivadas de actividades ilícitas. demandado “utilizó para su reelección como
congresista la VIOLENCIA PSICOLÓGICA, con
12. Para tal efecto argumentaron que los la alteración indebida de la voluntad de los
hechos descritos dan cuenta de una electores a través de presiones de cualquier
organización estructurada a cargo del tipo que afecten su libertad y vicien el voto,
demandado, el alcalde del municipio de como, por ejemplo, la corrupción a través de
Providencia y Santa Catalina y sus secretarios coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o
de despacho, con el propósito de conseguir entrega de dádivas para que acudan a las urnas
votos para la elección a la Cámara de en un sentido determinado, desconocen
Representantes a cambio del ofrecimiento de principios democráticos fundantes, entregando,
contratos con la administración municipal y mercados, materiales de construcción,
otras prebendas, circunstancia que de contratos estatales en Providencia y Santa
42 Tomado de la sentencia del 25 de mayo de 2023, M.P. Rocío Araújo Oñate. Índice n.° 118.
12
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Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
conformidad con la jurisprudencia de la Sección Catalina (sic)”.
Quinta del Consejo de Estado (…), constituye
una práctica corrupta y antidemocrática que Más adelante, reiteró que “JORGE MÉNDEZ
debe analizarse como una causal subjetiva de HERNÁNDEZ, candidato en esa contienda
nulidad electoral, distinta a la objetiva de electoral, en el marco de su campaña, realizaba
violencia psicológica contra las personas, para puerta a puerta en el municipio JORGE
cuya prosperidad se debe demostrar, como MÉNDEZ HERNÁNDEZ, ofreció a través del
ocurrió en el caso de autos, que el elegido alcalde y sus funcionarios contratos de
ejerció directa o indirectamente la actividad prestación de servicios, a cambio de que éstos
irregular y/o actuó con su anuencia”. realizaran proselitismo político en su favor y,
además, entregaron otras dádivas a sus
respectivos grupos de sufragantes, para que
votaran por el candidato en las elecciones”.
63. De lo expuesto se concluye que se trata de imputaciones jurídicas diferentes, al
menos en la cita formal de las normas invocadas. Mientras en el expediente n.°
2022-00034, acumulado, se alegó la nulidad del acto de elección del congresista
demandado con fundamento en el numeral 1º de los artículos 40.143, 25844 de la
Constitución Política y el numeral 2º del artículo 27 de la Ley 1475 de 201145, en el
presente proceso se concretó en las causales de pérdida de investidura de los
numerales 1º y 4º del artículo 183 Superior, que, en su orden, se refieren al
desconocimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y la indebida
destinación de dineros públicos.
64. El Pleno de la Corporación tuvo la oportunidad de analizar sobre causales de
desinvestidura formuladas en diferentes procesos, incluso si las mismas pudieran
considerarse aparentes o formales, para sostener que no constituyen cosa juzgada
y deben resolverse en el fondo del asunto46. Entonces, será en este escenario
donde se determinará la suerte del cargo.
65. La violencia psicológica constituye, de acuerdo con el artículo 275.1 del CPACA
y la jurisprudencia, una causal objetiva de nulidad electoral. Esta se configura
43 Dicho artículo dispone: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: // 1. Elegir y ser elegido”.
44 Modificado por los artículos 11 del Acto Legislativo n.° 1 de 2003 y 9 del Acto Legislativo n.° 1 de
2009. El texto es el siguiente: “El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque
se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales
instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En
las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel
que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral
suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados
con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y
los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores
garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos (….)”.
45 Dispone la referida norma: “FINANCIACIÓN PROHIBIDA. Se prohíben las siguientes fuentes de
financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas: // (…) 2. Las que se deriven de
actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden
público”.
46 Auto del 3 de septiembre de 2024, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, exp. 11001-03-15-000-
2022-05833-01: “(…) el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 dispone que si una misma
conducta da lugar al ejercicio de la acción electoral y a la de pérdida de investidura de forma
simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos
juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso
de pérdida de investidura. // […] el legislador previó que no se podrá admitir solicitud de pérdida de
investidura de un congresista en el evento de alegarse los mismos hechos que sirvieron de
fundamento a las causales sobre las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado -cosa
juzgada”.
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Referencia: Pérdida de investidura
cuando se demuestra que existieron presiones, intimidaciones o incentivos
indebidos (como dádivas) que afectaron la libertad del elector, siempre que concurra
un elemento objetivo (acto de violencia) y uno subjetivo (afectación real de la
voluntad), así como su incidencia en el resultado de la elección47.
66. Por su parte, la causal invocada en esta sede, el numeral 1° del artículo 183
Superior, impone una concreción normativa distinta, en tanto remite a las
inhabilidades e incompatibilidades previstas, principalmente, en el artículo 179 de la
Constitución Política. Estas figuras recaen directamente sobre la condición personal
del candidato o congresista y buscan preservar la moralidad, transparencia y
equilibrio en el acceso y ejercicio del cargo público.
67. Como se observa, los ámbitos de protección son diferentes. En efecto, la causal
electoral se orienta a la protección de libertad del elector, mientras que la aquí
formulada se centra en verificar si el elegido se encontraba jurídicamente habilitado
para ejercer la función congresional. En consecuencia, no puede predicarse
identidad de causa como presupuesto de la cosa juzgada, dado que las dos
acciones responden a títulos jurídicos autónomos, finalidades distintas y bienes
jurídicos diferenciados.
68. Lo mismo ocurre con la indebida destinación de dineros públicos. Aunque existe
identidad subjetiva y fáctica, la imputación jurídica formulada no es igual a la
resuelta en sede electoral, pues aquí se estructura a partir de la presunta desviación
de unos recursos con carácter público, consistentes en la celebración de unos
contratos estatales y/o ayudas, de la cual se habría beneficiado el demandado para
su elección como representante a la Cámara en los comicios del 13 de marzo de
2022. Tales hechos, además de encuadrarse en una violencia al electorado,
admiten una valoración autónoma desde la óptica de la indebida destinación de
dineros públicos.
69. De lo expuesto se sigue con claridad que, aunque existe identidad subjetiva y
fáctica, la imputación jurídica formulada no es igual a la resuelta en sede electoral.
En consecuencia, no se configura el fenómeno de la cosa juzgada.
70. Finalmente, aunque no se alegó la excepción en estudio frente a la sentencia
del 26 de septiembre de 202448, es posible analizarla de oficio, con base en el
artículo 187 del CPACA y porque obra como prueba dentro del presente proceso.
Revisada se constata que, aunque el medio de control electoral se dirigió en contra
del mismo demandado, los hechos y los fundamentos jurídicos son diferentes a los
aquí expuestos49, lo que descarta los elementos de la cosa juzgada.
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de noviembre de 2024, exp. 11001-03-28-
000-2023-00138-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
48 Consejo de Estado, Sección Quinta, exp. 11001-03-28-000-2022-00109-00, acumulado, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
49 Según la sentencia referida ibid., los hechos fueron las supuestas irregularidades en los actos
previos a la elección; falsedad en los documentos electorales; diferencias injustificadas entre
formularios E-14 y E-24; diferencias del 10 % entre listas al Senado y Cámara de Representantes;
suplantación, y más votos que sufragantes. Como causales de nulidad se alegaron las previstas en
el numeral 3º del artículo 275 y 137 del CPACA, en tanto los documentos electorales contenían datos
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Referencia: Pérdida de investidura
71. En suma, se declarará no probada la excepción de cosa juzgada y se continuará
el estudio de las causales de la primera demanda y su subsanación y de la segunda
solicitud.
La carga de sustentar las causales imputadas
72. La parte accionada estructuró un argumento de defensa transversal respecto de
las imputaciones formuladas en ambas demandas. Identificó como eje común la
falta de fundamentación de las causales invocadas, hasta el punto de sostener que
dicha deficiencia era suficiente para negar las pretensiones.
73. La Sala precisa que el artículo 5º de la Ley 1881 de 2018, al regular sobre los
requisitos mínimos de una solicitud de pérdida de investidura, en su literal c) impuso
la de invocar la causal y “su debida explicación”. La Corte Constitucional revisó la
constitucionalidad de la expresión arriba citada50. En esa oportunidad, en la
demanda se alegó que dicha carga se mostraba excesiva para una acción pública,
comoquiera que “el ciudadano carente de conocimiento jurídico y económicamente
insolvente para estar “en la calle” haciendo diligencias que le cuestan dinero y que
“le quitan tiempo” opta por abandonar el proceso”51.
74. La Alta Corporación consideró que se trataba de una exigencia racional y
razonable, propia de la competencia configurativa del legislador y necesaria para
garantizar el derecho de defensa. Precisó que no se desnaturalizaba “la esencia
pública de la acción, en cuanto no prevé como preceptiva una argumentación de
nivel o características profesionales –en el área jurídica-; simplemente se exige que
a más de unos hechos señalados, se indique por qué los mismos se constituyen en
causal para solicitar el levantamiento de la investidura de un congresista”52.
75. Con base en lo expuesto y sin perder de vista de que se trata de un requisito
sujeto a revisión judicial en sede de admisión -etapa en la cual es preciso
abstenerse de abordar cuestiones propias del fallo, so pena de prejuzgar-, el
parámetro de verificación allí se contrae a constatar si el escrito expone, siquiera de
manera básica, las razones por las cuales, a juicio del accionante, los hechos
invocados configuran la causal alegada. Tal verificación se surtió mediante el auto
del 3 de febrero de 2026, sin que la parte demandada hubiera hecho uso de los
mecanismos de impugnación previstos en el ordenamiento.
76. Lo expuesto, en aras de la congruencia y el respeto del debido proceso, permite
reconducir y centrar el argumento defensivo en razones de fondo propias del fallo,
pues el estudio de los requisitos formales ya quedó superado. En consecuencia, en
el examen material de las causales es donde se determina, de manera definitiva, la
suficiencia de la argumentación propuesta.
contrarios a la verdad y el acto acusado se profirió con desconocimiento de los derechos de
audiencia y de defensa.
50 Sentencia C-237 de 2012.
51 Ibid.
52 Ibid.
15
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Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
Las pruebas y los hechos probados
77. En el expediente se probaron los siguientes hechos:
78. El señor Jorge Méndez Hernández fue elegido representante a la Cámara por
la circunscripción electoral para los periodos constitucionales 2018-2022 y 2022-
2026, es decir, para las fechas de los hechos de las demandas ostentaba dicha
condición53.
79. Las actas de las sesiones de Plenaria aportadas54 dan cuenta del cumplimiento
de sus funciones.
80. En los hechos de la demanda se incorporaron unas imágenes, replicadas en la
subsanación, que, a juicio de la parte accionante, eran demostrativas de las
conductas imputadas al demandado. Sin embargo, tales elementos no se solicitaron
como pruebas y, por ende, no fueron decretadas en el proceso.
81. El testimonio de un experto en el análisis de dichos documentos fue denegado,
por incumplir los requisitos legales en auto del 12 de marzo de 202655, decisión que
no fue recurrida.
82. El testimonio del señor Carlos Alberto Bryan Uribe56 fue tachado por la parte
demandada, al considerar que el declarante no es imparcial porque fue competidor
del demandado en las elecciones a la Cámara de Representantes del 2022 y,
además, actuó como demandante en dos procesos de nulidad electoral promovidos
en contra del mismo congresista, en los cuales intervino como apoderado el
abogado de la parte actora del presente proceso.
83. La contraparte se opuso porque, tanto el accionante como el apoderado, no
tenían ninguna relación con el testigo y, además, era posible presentar varias
demandas incluso por los mismos hechos57. El Ministerio Público estimó que era
posible que en cabeza de la parte actora existiera algún interés que respaldara la
tacha, pero reservó el punto para su concepto58.
84. El artículo 211 del CGP permite tachar el testimonio cuando existan
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, bien sea por razones de
parentesco, dependencia, sentimientos o interés con las partes o sus apoderados.
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que los testigos sospechosos
no pueden descartarse de plano, sino que dichos calificativos hacen más rigurosa
53 Certificado del secretario general de la Cámara de Representantes sobre la elección y toma de
posesión (índices n.°s 13 y 16).
54 Ibid.
55 Índice n.° 40.
56 Índice n.° 50, audiencia de práctica de pruebas del 17 de marzo de 2026.
57 Ibid.
58 Ibid.
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Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
su valoración59.
85. En punto de la tacha formulada, la Sala tendrá en consideración el hecho de
que el testigo y el demandado se hubieran enfrentado en los comicios para la
Cámara de Representantes del 13 de marzo de 2022, circunstancia que
razonablemente puede generar algún grado de animadversión entre ellos y,
además, un eventual interés del declarante en que se produzca la desinvestidura
de su contendor político, interés que se puso de presente con el ejercicio previo de
la acción electoral -hecho que aceptó en su declaración y se corrobora en las
documentales aportadas60- aun cuando dichos procesos ya se encuentren
culminados.
86. En consecuencia, si bien tales circunstancias serán tenidas en cuenta al
momento de valorar el testimonio con mayor rigor, conforme a las reglas de la sana
crítica, no constituyen por sí solas razones suficientes para desestimarlo, ni menos
aún para atribuirle automáticamente una falta de credibilidad. Por consiguiente, se
apreciará dicha prueba en estricto rigor con los demás elementos probatorios, sin
perder de vista las circunstancias advertidas en la tacha.
87. El señor Bryan Uribe manifestó haber conocido los actos de campaña del
demandado para el año 2022 y, añadió, que fue su competidor a la Cámara de
Representantes. Indicó que este último realizó gestiones para obtener ayudas
destinadas a los habitantes de la Isla. En particular, señaló que, según pudo
observar en las redes sociales del congresista, dichas gestiones incluyeron la
obtención de la vacuna del COVID-19. Asimismo, sostuvo que tuvo conocimiento
de tales actuaciones por medio de declaraciones públicas y publicaciones en redes
sociales y que por la misma vía electrónica observó al demandado y al gobernador
de la Isla repartiendo mercados.
88. Al exhibírsele las imágenes consignadas en la demanda y la subsanación, el
testigo se limitó a identificar al demandado y a algunos funcionarios de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina -entre ellos, el gobernador Ever Hawkings, el señor
Norberto Gari y la gerente para la reconstrucción del departamento tras el paso del
huracán Iota-, afirmando que en ellas se veía al congresista repartiendo mercados
y ayudas. Sin embargo, reconoció no haber presenciado los hechos allí captados,
ignoraba la fecha exacta de su obtención -apenas las ubicó genéricamente en la
pandemia- y no intervino ni en su elaboración ni en su divulgación.
89. Como puede observarse, su dicho descansa por completo en imágenes de
origen y autoría no verificados, lo que revela un conocimiento meramente referencial
y, por ende, de escasa fuerza demostrativa.
90. Para finalizar, el testigo señaló que conocía, sin indicar el fundamento de su
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014, exp. 29195;
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Reiterado por la Subsección A de la misma Sección, en
sentencia del 7 de julio de 2022, exp. 57819, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
60 Obrantes en el índice n.° 35, copia de la sentencia del 25 de mayo de 2023, exp. 11001-03-28-
000-2022-00034-00, acumulado, expediente que fue trasladado al presente proceso en el índice n.°
48.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
dicho, que el demandado siempre se valía de su gestión para obtener votos y
presionar para ello a funcionarios a través de la realización de debates de control
político, lo cual confirma su carácter en extremo impreciso y general.
91. De otro lado, vale recordar que los documentos tenidos como pruebas se
limitaron a aquellos aportados junto con la solicitud de pérdida de investidura61 y su
escrito de subsanación62. En la segunda demanda no se solicitaron unos
diferentes63. La parte demandada allegó otros documentos en sus dos
contestaciones64.
92. En cuanto a la prueba trasladada del expediente n.° 11001-03-28-000-2022-
00034-00, acumulado65, como quedó visto en el estudio de la excepción de cosa
juzgada, aquella se contrae a los hechos de la segunda demanda y, por lo tanto, no
aportan sobre lo aquí analizado.
93. Vale recordar que la temporalidad es diferente, comoquiera que en el proceso
citado se juzgaron unas supuestas reuniones ocurridas en febrero de 2022,
mientras que las aquí analizadas al parecer ocurrieron antes, tanto que la última
manifestación de la conducta continuada imputada ocurrió el 20 de mayo de 2021.
94. Además, es preciso tener en cuenta que la conducta analizada en el proceso
electoral se encaminó a la violencia sobre el electorado -funcionarios municipales
en contra de empleados y contratistas-, al tiempo que aquí se pretende imputar la
realización de unas actividades del demandado, prevaliéndose de su condición de
congresista.
95. En todo caso, en la acción electoral ni siquiera se logró demostrar la
participación del aquí accionado, razón por la cual se descarta su mérito probatorio
en lo aquí resuelto, toda vez que dicha intervención es un presupuesto mínimo y
necesario en este tipo de juicios.
61 Obrantes en el índice n.° 2. Corresponden a las copias de la solicitud de documentos del 7 de abril
de 2022, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil; del acta parcial de escrutinio general del 13
de marzo de 2022; del escrito contentivo de una acción de tutela; de las sentencias del 24 de junio
de 2025 del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito y del 8 de julio del mismo año del Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Primera Civil de Decisión. Estas últimas referidas a unas peticiones del
actor dirigidas a la secretaría de la Cámara de Representantes para que se suministrara una
información relativa a la posesión y demás documentales sobre la condición del demandado.
Finalmente, se aportó la constancia de envío de la demanda al demandado.
62 Ver índice n.° 14. Estos son: la copia de la cédula de ciudadanía del demandante y la constancia
de envío del escrito de subsanación a la contraparte.
63 Así se precisó en el auto de pruebas del 12 de marzo de 2026, índice n.° 40.
64 Obrantes en los índices n.°s 34 y 35, consistentes en el poder y su constancia de remisión por
correo; copias de la demanda de nulidad electoral en contra del aquí demandado; de las sentencias
del 26 de septiembre de 2024, exp. 11001-03-28-000-2022-00109-00, acumulado y del 25 de mayo
de 2023, exp. 11001-03-28-000-2022-00034-00, acumulado, y del auto de archivo del 27 de 2026 de
la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación. Esta última relacionada
con las supuestas presiones a los funcionarios y contratista de San Andrés para que votaran por el
demandado.
65 Magistrada Ponente Rocío Araújo Oñate, demandante Carlos Alberto Bryan Uribe.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
La demanda inicial y su subsanación
96. En este acápite se realizará el análisis de los requisitos objetivos de las causales
alegadas en contra del demandado y si están demostrados se abordará el análisis
subjetivo, es decir, la calificación de la conducta para determinar si fue dolosa o
gravemente culposa en el marco de la consumación de tales imputaciones (artículo
1º de la Ley 1881 de 2018).
De la violación al régimen de inhabilidades
97. La causal de pérdida de investidura del numeral 1° del artículo 183 de la
Constitución Política, cuyo contenido fue reiterado en el artículo 280 de la Ley 5ª de
1992, tiene como sujeto activo de la conducta, según el artículo 179 de la
Constitución Política, a quien aspire a ostentar a la calidad de congresista. Por
consiguiente, la inhabilidad se predica de quienes sean ciudadanos en ejercicio y
tengan más de veinticinco (25) años a la fecha de la elección, conforme a lo
dispuesto en el artículo 177 Superior para los representantes a la Cámara.
98. En voces del numeral 3º del artículo 179 pluricitado dicha inhabilidad se
configura, solo si las conductas descritas se realizan durante los seis (6) meses
anteriores a la elección y siempre que esté probada: (i) la intervención en la gestión
de negocios ante entidades públicas; o (ii) la celebración de contratos con entidades
públicas en interés propio o en el de terceros, o (iii) la representación legal de
entidades administradoras de tributos o contribuciones parafiscales, siempre que
dichas actuaciones tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la
respectiva elección. Salvo por el lugar o su territorialidad, no se tratan de exigencias
concomitantes, sino de conductas individuales, en tanto atienden a
comportamientos diferenciables66.
99. Llama la atención de la Sala que tanto la demanda como su escrito de
subsanación se hayan centrado en la condición del demandado como congresista
para atribuirle las conductas que, a juicio del actor, configuran la causal invocada.
En efecto, se afirmó que, en ejercicio de dicha investidura, participó en diversas
reuniones con funcionarios de distintos niveles y, además, promovió y desarrolló
controles políticos en sesiones de la Plenaria de la Cámara de Representantes, con
el propósito de presionar la obtención de ayudas destinadas a atender los daños
ocasionados por el paso del huracán Iota y, de ese modo, influir en los electores
para que votaran por él en los comicios del 13 de marzo de 2022; sin embargo, no
hay pruebas encaminadas a probar tales imputaciones.
100. Tampoco la temporalidad estaría cumplida comoquiera que, según lo expuesto
en el estudio de la caducidad, en el mes de mayo de 2021 se realizaron las últimas
actuaciones cuestionadas, mientras que la elección tuvo lugar el 13 de marzo de
2022, lo que evidencia un lapso superior a los seis meses exigidos normativamente
entre ambas fechas.
66 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 26 de mayo de 2022, exp. 1001-03-28-000-
2022-00058-00, M.P. Rocío Araujo Oñate, y del 29 de febrero de 2024, exp. 11001-03-28-000-2022-
00107-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
101. Lo mismo ocurre con la territorialidad si se tiene en cuenta que las últimas
conductas fueron ejecutadas en la ciudad de Bogotá y el demandado fue elegido
por el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
102. De lo expuesto, además de que la imputación no se adecúa de manera correcta
a la causal, el análisis probatorio tampoco aportó más elementos67.
103. Por lo tanto, se impone desestimar este cargo.
Del conflicto de intereses68
104. El artículo 182 de la Constitución Política obliga a los congresistas a informar
sobre posibles conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de las
funciones que les corresponden.
105. El ordinal 1º del artículo 183 Superior señala que los congresistas perderán su
investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses. Por su parte, la Ley 5ª de 1992, en los artículos
286 al 295, algunos modificados por la Ley 2003 de 2019, regula lo correspondiente
al conflicto de intereses de los congresistas.
106. Con base en las normas citadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha
construido unas exigencias para la verificación de esta causal de pérdida de
investidura: (i) que exista un interés directo, particular y actual: moral o económico;
(ii) que el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que tener un interés
como el expuesto en la decisión que se ha de tomar, (iii) no haya sido separado del
asunto mediante recusación, (iv) participe en los debates y/o vote, y (v) que la
participación del congresista se haya producido en relación con el trámite de leyes
o de cualquier otro asunto sometido a su conocimiento69.
107. En esta causal, a diferencia de lo ocurrido con la anterior, el sujeto activo sí es
el congresista. En esta dirección, conviene recordar que los hechos descritos en la
demanda primigenia y su subsanación se concretaron en el periodo comprendido
entre marzo de 2020 (sic) hasta junio de 2021, lapso durante el cual se encuentra
acreditado la referida condición del demandado. No obstante, se reiteran las
mismas falencias probatorias, en la medida en que lo único demostrado
67 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 11001-03-28-000-
2022-00054-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
68 En el presente desarrollo se tomó en cuenta lo desarrollado en la sentencia del 9 de noviembre
de 2016, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 11001031500020140311700 (PI), M.P.
William Hernández Gómez. Igualmente, la sentencia de primera instancia del 14 de octubre de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2024-03957-00, M.P. María Adriana Marín, confirmada mediante sentencia
del Pleno del 11 de marzo de 2025, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
69 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero de
2015, exp. 11001031500020120113900 (ACUM), M.P. María Claudia Rojas Lasso. Reiterada en las
sentencias del Pleno del 9 de noviembre de 2016, exp. 11001031500020150133300, M.P. Ramiro
Pazos Guerrero; del 5 de septiembre de 2018, exp. 11001031500020180032000, M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
corresponde a las intervenciones en las sesiones plenarias70, orientadas a poner de
presente la situación vivida por los habitantes de la Isla y la búsqueda de ayuda.
108. En efecto, no obra prueba alguna que permita concluir que tales actuaciones
excedieron el mandato propio de una democracia representativa. Por el contrario,
el control político se produjo bajo el ropaje del cumplimiento de las funciones propias
del cargo, lo cual descarta per se la configuración de un interés directo, particular y
actual, hasta el punto de ubicarse dentro de los eventos que no configuran la causal
analizada, comoquiera que bien puede afirmarse que el interés del congresista
coincidió o se fusionó con el de los electores, tal como lo excepciona el literal a) del
artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019.
109. Tampoco hay elementos que, tal como quedó referido en el análisis probatorio,
permitan afirmar que se haya ejercido presión sobre los funcionarios o el electorado
para favorecer al demandado en la elección para la Cámara de Representantes
llevada a cabo el 13 de marzo de 2022, so pretexto de pedir ayudas para superar la
emergencia generada por el paso del huracán Iota. Lo probado es que se
adelantaron unas gestiones e, incluso, debates por parte del demandado, pero no
en el contexto descrito en la demanda, sino en el de las funciones propias de los
congresistas.
110. Además, las pruebas allegadas con la demanda, no aportan elemento alguno
que permita acreditar las conductas endilgadas; se circunscriben a demostrar la
condición de congresista del demandado y las solicitudes elevadas por el
accionante a la Secretaría de la Cámara de Representantes sobre el particular -
incluida una acción de tutela para tal fin-; el envío al demandado de los escritos de
la demanda, subsanación y la segunda demanda, además de algunas providencias
judiciales y disciplinarias relacionadas con las conductas imputadas en el último de
los escritos.
111. De los hechos probados, las actas de control político se limitan a describir la
labor del congresista demandado en el ejercicio de sus funciones de control político,
pero de ellas no es posible derivar presiones o las conductas endilgadas en la
demanda.
112. En cuanto al control político se tiene que es una función permanente del
Congreso. Estos debates son “el escenario natural en el Estado de Derecho, lo cual
permite la disputa civilizada por el poder político y la visión de sociedad que los
partidos o las colectividades políticas pretenden imponer democráticamente en el
país”71. Igualmente, se ha dicho que, en principio, salvo prueba en contrario, “no es
dable predicar impedimentos o recusaciones por conflicto de intereses con motivo
de los debates de control político, porque se trata de acciones que indudablemente
tienen un evidente interés ideológico y político”72.
70 Índice n.° 55 y 62.
71 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 9 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-
0002014-03117-00, M.P. William Hernández Gómez.
72 Ibid.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
113. En dicho marco, al Congreso de la República le corresponde, en cualquier
tiempo, el ejercicio del control político sobre el Gobierno y la administración
(artículos 114, 135 numerales 8 y 9, y 138 de la Constitución Política). Igualmente,
se encuentra facultado para requerir la asistencia de funcionarios del orden
ejecutivo de todos los niveles (artículo 208 ejusdem). Por su parte, los artículos 233
a 235 de la Ley 5ª de 1992, que regularon dicha atribución, en su orden, determinan
los funcionarios que pueden ser citados, los requisitos para ello y el retiro de la
proposición de citación.
114. Para finalizar, la Sala comparte los argumentos de la defensa consistentes en
que la referencia al numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2001 y al artículo
209 de la Ordenanza 17 de 2018 resulta improcedente, en la medida que en la
primera se regulan conductas de unos sujetos diferentes al aquí demandado, tales
como: los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.
No es posible su aplicación extensiva a los congresistas, en atención al principio de
tipicidad en materia sancionatoria. Por su parte, la última disposición no fue
aportada al proceso, con lo cual se incumplió las cargas impuestas en el artículo
167 del CPACA, aplicable por remisión del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018,
respecto de las normas que no tienen alcance nacional y, por consiguiente, resulta
inviable su análisis.
115. Por lo tanto, este cargo también está llamado a desestimarse.
La indebida destinación de dineros públicos
116. En reciente providencia, el Pleno determinó que, desde el punto de vista
objetivo, los siguientes presupuestos para la configuración de la causal, a saber: el
sujeto es calificado, en la medida que debe tener la calidad de congresista. La
materia se contrae a los recursos públicos, en la forma arriba explicada, y la finalidad
se concreta en la destinación diferente a la impuesta por el ordenamiento jurídico73.
117. Huelga recordar que en la demanda y la subsanación se adujo que los hechos
en estudio ocurrieron entre marzo de 2020 (sic) hasta junio de 2021, fecha para las
cuales el demandado ostentaba la calidad de congresista. En esa medida, dicho
presupuesto se encuentra cumplido.
118. No ocurre lo mismo con los demás requisitos, pues se insiste en la referida
falencia probatoria, toda vez que más allá de la participación del demandado en
unas sesiones plenarias, no existen pruebas de que se hubieran ejercido presiones
sobre funcionarios ni obtenido ayudas a favor de los habitantes de la Isla a cambio
de votos. Ello hace improcedente el estudio de su destinación diferente, como el
apoyo de la elección del demandado en los comicios del 13 de marzo de 2022,
puesto que ni siquiera está acreditada su consecución o su manejo en cabeza del
demandado.
73 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 29 de julio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2023-
05331-02, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Referencia: Pérdida de investidura
119. Las razones expuestas son suficientes para desestimar el cargo en estudio.
El tráfico de influencias
120. Sobre esta causal, el Pleno ha señalado como presupuestos para que se
configure: (i) que la persona que ejerce la influencia ostente la calidad de
congresista, la cual se adquiere a partir de la posesión en el cargo; (ii) que se
invoque esa calidad o condición ante el servidor público sin tener en consideración
el orden jerárquico de este; (iii) que se reciba, haga dar o prometer para sí o para
un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la
Ley 5 de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus
regiones; (iv) que se anteponga la investidura con el fin de obtener beneficio de un
servidor público en asunto que este encuentre conociendo o haya de conocer en su
condición.
121. Se ha puntualizado que no se requiere que la relación entre el congresista y el
funcionario público sea de carácter jerárquico, e igualmente se ha afirmado que sí
es elemento esencial que aquel tenga la posibilidad de influir en este, con el objetivo
de conseguir provecho de su actuar74.
122. Sobre el punto, la Sala echa de menos pruebas que permitan establecer, más
allá de la condición de congresista del demandado y la participación en unas
sesiones plenarias y del desarrollo propio de sus funciones, las supuestas presiones
en contra de funcionarios y el electorado con los fines que advierte la parte actora.
Lo anterior resulta suficiente para desestimar el cargo en estudio.
La segunda demanda
123. Se desarrollarán las dos causales formuladas en el siguiente orden:
De la violación al régimen de inhabilidades
124. Desarrollado como está su alcance en la demandada primigenia, se tiene que
respecto del régimen de incompatibilidades e inhabilidades de la segunda demanda,
la parte actora se limitó a citar como fundamento jurídico el numeral 1º del artículo
183 Superior y explicar que se causa porque el demandado empleó “violencia
psicológica” para influir indebidamente en el electorado, a través del ofrecimiento de
dádivas, como la entrega de mercados, materiales de construcción y contratos
estatales.
125. La causal en estudio en sede de desinvestidura (numeral 1º del artículo 183
Superior) es una norma en blanco que debe ser complementada con otras
disposiciones que permitan particularizar la conducta, lo cual se echa de menos en
esta oportunidad.
126. De acuerdo con el artículo 179 de la Constitución Política no podrán ser
74 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 21 de febrero de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-
00497-00(PI), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
congresistas quienes hayan:
(i) Sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos (numeral 1º);
(ii) Ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección
(numeral 2º);
(iii) Intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración
de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección (numeral
3º);
(iv) Perdido la investidura de congresista (numeral 4º);
(v) Tenido vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en tercer
grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que
ejerzan autoridad civil o política (numeral 5º);
(vi) Estado vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco
dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y
se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o
de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha
(numeral 6º);
(vii) Tenido doble nacionalidad, salvo los colombianos por nacimiento (numeral 7º),
y
(viii) Finalmente, tampoco les es permitido ser elegido para más de una corporación
o cargo público, ni para una corporación o cargo, si los respectivos periodos
coinciden en el tiempo, así sea parcialmente (numeral 8º).
127. Por su parte, el artículo 180 Superior dispone que a los congresistas les está
prohibido desempeñar cargo o empleo público o privado (numeral 1º); la gestión, en
nombre propio o ajeno, de asuntos ante entidades públicas, celebrar contratos con
ellas por sí o por interpuesta persona (numeral 2º); ser miembros de juntas o
consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o
instituciones que administren tributos (numeral 3º), y celebrar contrato o realizar
gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban
donaciones de este (numeral 4º).
128. De lo expuesto es claro que los hechos de la demanda y sus imputaciones
jurídicas no se ajustan a la causal en estudio, toda vez que la violencia al electorado
no se encuadra dentro de la misma. Tampoco se atribuye una conducta de las
descritas en los párrafos anteriores ni hay pruebas que evidencien su causación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
En esa medida se impone negar este cargo.
Indebida destinación de dineros públicos
129. Toda vez que ya se desarrollaron los presupuestos de la causal de indebida
destinación de dineros públicos, se considera que las falencias probatorias
advertidas de manera recurrente respecto del estudio de esta misma causal en la
demanda original y la subsanación impiden tener por probados los supuestos que
se exigen para su configuración.
130. Ahora, el señor Carlos Alberto Bryan Uribe75 depuso sobre lo ocurrido respecto
de unas supuestas reuniones realizadas, sin precisar la fecha, por altos funcionarios
del municipio de San Andrés, encaminadas a persuadir a sus empleados y
contratistas para que votaran por el demandado en las elecciones al Congreso de
la República del 13 de marzo de 2022. El testigo señaló que sobre tales hechos
hubo un video que se entregó a la Sección Quinta76. Narró que, en el 2022, el
demandado obtuvo más de 900 votos, mientras que para el 2026 bajó a casi 100,
lo cual, a su juicio, evidenciaba que en la primera elección hubo un constreñimiento
al electorado. Además, afirmó que hubo entregas de hojas de Eternit.
131. Como ya se explicó, el referido testimonio debe ser analizado con estricto rigor
y, en consonancia, con las demás pruebas. Estas últimas, descritas en el estudio
del primer cargo de la demanda inicial y la subsanación, no permiten determinar que
existieron recursos públicos recolectados por el demandado y, por lo tanto, es
innecesario el análisis de la indebida destinación.
132. Además, dicho video fue valorado dentro de la sentencia del 25 de mayo de
2023, junto con los testimonios y demás pruebas allí recaudadas, lo cuales fueron
traslados a este proceso. La Sala comparte la conclusión de dicha providencia en
el sentido de “que existen elementos de juicio relevantes que ponen en tela de juicio
las declaraciones de los anteriores ciudadanos, tendientes a negar que impartieron
instrucciones a los contratistas y funcionarios de Providencia, de votar por el señor
Jorge Méndez Hernández, so pena que se viera afectada su vinculación con el
municipio de Providencia”, pero no así de la participación del aquí demandado.
Como se observa, lo anterior lleva a concluir que ni siquiera se probó que ejerció la
influencia en su calidad de congresista, muchos menos que la hubiera invocado
ante los destinatarios.
133. Por lo expuesto es claro que los elementos de la causal en estudio tampoco
están dados. No se logró demostrar que el demandado hubiera ejercido influencia.
De ello se sigue que tampoco pudo haber puesto de presente su calidad de
congresista o invocarla ante el servidor público. Luego, es imposible predicar que
se impuso tal investidura, con el fin de obtener beneficio de un servidor público en
un asunto que este se encontrara conociendo o haya de conocer en su condición.
75 Índice n.° 50.
76 Exp. números 11001-03-28-000-2022-00034-00, acumulado.
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Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
134. En suma, visto que no están acreditados los elementos objetivos de las
causales señaladas en las solicitudes, la Sala se releva del estudio subjetivo de
estas.
Costas
135. No hay lugar a condena en costas, toda vez que en los términos del artículo
188 del CPACA, resultan improcedentes en procesos en los que, como el presente,
se ventila un interés público.
136. Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Primera Especial
de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de cosa juzgada, en los
términos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de las solicitudes de pérdida de
investidura presentada por el señor Olaff Enrique Cotes Fernández en contra de
Jorge Méndez Hernández, en los términos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de esta providencia a los presidentes de la Cámara de
Representantes y del Senado de la República.
CUARTO: Sin costas.
QUINTO: En firme esta providencia, por secretaría, ARCHIVAR el presente
proceso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00731-00
Demandante: Olaff Enrique Cotes Fernández
Demandado: Jorge Méndez Hernández
Referencia: Pérdida de investidura
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
27
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