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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02702-00

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02702-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, de acuerdo con las consideraciones planteadas en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022- 00128-00. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia y de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018, por Secretaría General COMUNICAR esta decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02702-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

12 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: ROBERTO CARLOS DAZA CUELLO
Accionado: MARÍA DEL MAR PIZARRO GARCÍA
Temas: Causal de pérdida de investidura del numeral 1° del artículo
183 Constitucional – Cosa juzgada en pérdida de investidura

Sentencia de primera instancia

Agotado el trámite procesal correspondiente, atañe a la Sala Especial de Decisión
N° 16 resolver la solicitud de pérdida de investidura formulada por Roberto Carlos
Daza Cuello contra María del Mar Pizarro García en su calidad de Representante
a la Cámara por Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1.1. El dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)1, el señor Roberto Carlos
Daza Cuello, con fundamento en lo previsto en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, así como en la Ley 1881 de 2018, solicitó que se decrete la
pérdida de investidura de la Congresista María del Mar Pizarro García, formulando
como pretensiones las siguientes:

1 Tal y como consta en el PDF denominado “ED_CORREO_DIEGOMARIO” visible en el índice 2 de

SAMAI.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

“Decrétese la pérdida de investidura que, como congresista ostenta la
señora MARÍA DEL MAR PIZARRO GARCÍA con C.C. (…) elegida para el
periodo 2022 a 2026, como Representante a la Cámara por la
circunscripción territorial de Bogotá.

Que se comunique esta decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General
de la Nación para lo de su cargo.” (Mayúsculas y negritas en original).

1.2. Como sustento de su solicitud, el peticionario planteó la siguiente situación
fáctica:

1.2.1. El día trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), los partidos y
movimientos políticos Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática
Amplia (ADA), Colombia Humana, Unión Patriótica (UP), Movimiento
Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Partido Comunista Colombiano
(PCC), presentaron candidatos conjuntos mediante lista cerrada para el
Senado de la República y la Cámara de Representantes para el periodo 2022-
2026, en una coalición que se denominó “Pacto Histórico”.

1.2.2. El trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), a las 17:59 horas
y mediante formulario E-6S, María José Pizarro Rodríguez se inscribió como
candidata al Senado de la República, siendo avalada por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social (MAIS), que, como se indicó, hizo parte de la
coalición del “Pacto Histórico”.

1.2.3. El mismo día, a las 20:34 horas y con formulario E-6CT, modificado por
el formulario E-8CT, María del Mar Pizarro García se inscribió como candidata
a la Cámara de Representantes por Bogotá, avalada por el movimiento político
Colombia Humana, el cual también hizo parte de la coalición del “Pacto
Histórico”.

1.2.4. El trece (13) de marzo de dos mil veintidós (2022), se celebraron las
elecciones para Congreso de la República con la participación de las
candidatas María José Pizarro Rodríguez y María del Mar Pizarro García,
quienes resultaron electas para el cargo al cual aspiraban.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

1.2.5. Según consta en los respectivos registros civiles de nacimiento, María
José Pizarro Rodríguez y María del Mar Pizarro García son hijas de Carlos
Pizarro León Gómez, por lo que están vinculadas en el segundo grado de
consanguinidad, en calidad de hermanas.

A partir de lo anterior, el demandante sostiene que se configuró la causal de pérdida
de investidura de “violación al régimen de inhabilidades”, prevista en el numeral 1°
del artículo 183 de la Constitución Política, por la transgresión a la inhabilidad
consagrada en el numeral 6° del artículo 179 Superior que prescribe que no podrán
ser congresistas:

“6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente,
o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o
grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas
que deban realizarse en la misma fecha.”

A su juicio, la citada prohibición se materializó en el sub judice debido a que María
del Mar Pizarro García se inscribió, de forma simultánea y por el mismo grupo
político por el que participó su hermana María José Pizarro Rodríguez −coalición
del Pacto Histórico−, como candidata a una corporación pública cuya elección se
realizó en la misma fecha −trece (13) de marzo de dos mil veintidós (2022)−, cargo
por el que finalmente resultó electa.

Para el actor, aunque es cierto que formalmente ambas candidatas fueron avaladas
por diferentes colectividades, no puede perderse de vista que estas a su vez
hicieron parte de la coalición llamada “Pacto Histórico” y que, por consiguiente,
“conforma[ron] un mismo grupo al reunir un conjunto de partidos y movimientos
políticos con las mismas afinidades políticas”2; de ahí que, según su criterio, deba
entenderse que una y otra congresista hacen parte del mismo grupo político.

Igualmente, asegura que la conducta reprochada se cometió bajo la modalidad de
culpa grave, pues la señora Pizarro García no puede alegar el desconocimiento del
régimen de inhabilidades al que están expuestos los miembros del Congreso de la
República.

2 Negritas en texto original.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

2. Trámite de admisión y oposición

2.1. Mediante auto de diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022), el
Despacho inadmitió la solicitud de pérdida de investidura por no cumplir los
requisitos de admisión que, para la fecha, contemplaba el artículo 6° del Decreto
Legislativo 806 de 2020, específicamente el relacionado con el aporte de la
constancia de envío de la solicitud a la parte contraria3.

2.2. En escrito de veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), la parte actora
subsanó su solicitud4, por lo que, a través de auto de nueve (9) de junio de esa
anualidad, el Despacho conductor del proceso la admitió y ordenó la notificación
personal de la misma a la congresista María del Mar Pizarro García y al Ministerio
Público5.

2.3. El veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)6, la Congresista, a
través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la solicitud bajo la
consideración de que la causal alegada no se materializó, pues las dos candidatas
se inscribieron por colectividades distintas.

Así, señaló que los formularios de inscripción y los avales otorgados muestran que
mientras María del Mar Pizarro García fue avalada por el Movimiento Colombia
Humana, su hermana María José Pizarro Rodríguez lo fue por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social (MAIS), es decir, cada una por una colectividad
distinta.

Bajo esa premisa, indicó que la coalición que posteriormente conformaron, entre
otros, estos movimientos, no puede ser entendida como un grupo político, como
equivocadamente lo pretende el solicitante, pues existen importantes diferencias

3 Índice 4 de SAMAI.
4 Índices 9 y 10 de SAMAI.
5 Índice 11 de SAMAI.
6 El 29 de junio de 2022, la Secretaría de la Sección Quinta remitió con destino a este proceso el

memorial que el abogado Luis Fernando Vela Lugo radicó el 24 de ese mismo mes y año en el
proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-2022-00128-00, que se surtía para el momento contra
la congresista María del Mar Pizarro García, al considerar que ese escrito, en realidad, estaba
dirigido a este proceso de desinvestidura. Por autos de 14 de julio y de 20 de septiembre de 2022,
el Despacho Ponente encontró que, en efecto, la intervención correspondía al asunto que se debate
en al proceso de la referencia (índices 17 y 18 de SAMAI).

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

teóricas y legales entre estas figuras. En ese sentido, afirmó que la coalición del
“Pacto Histórico” no constituyó un grupo político independiente o autónomo de las
agrupaciones que lo integraron, sino que fue una unión temporal de partidos,
grupos y movimientos que “no exting[ió] la personería jurídica de quienes la
conforma[ron]”, ni tampoco creó una nueva colectividad.

De ahí que, a su juicio, no pueda predicarse que las entonces candidatas se
inscribieron por un mismo grupo político por el mero hecho de que los partidos que
las avalaron se hayan coaligado7.

3. Etapa probatoria

Mediante auto del veinte (20) de septiembre dos mil veintidós (2022), el Despacho
decretó las pruebas solicitadas por las partes, las cuales fueron únicamente de tipo
documental, así8:

a. Copia de los registros civiles de nacimiento de María del Mar Pizarro García
y de María José Pizarro Rodríguez9;
b. Copia de los formularios E-6CT10, E-7CT11 y E-8CT12, a través de los cuales
María del Mar Pizarro García se inscribió como candidata a la Cámara por
Bogotá para el periodo 2022-2026;
c. Copia de los formularios E-6S13 y E-8S14, a través de los cuales María José
Pizarro Rodríguez se inscribió como candidata al Senado para el periodo
2022-2026;
d. Copia del formulario E-26CAM, a través de la cual se declaró electa a María
del Mar Pizarro García como Representante a la Cámara por Bogotá para el
periodo 2022-202615;

7 Índice 17 de SAMAI.
8 Índice 29 de SAMAI.
9 Folios 1 y 2 del PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
10 Folios 3 a 11 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
11 Folios 13 a 15 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
12 Folio 16 a PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
13 Folios 43 a 78 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
14 Folios 79 a 81 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
15 Folios 98 a 122 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

e. Copia del documento de conformación de coalición llamado “Pacto Histórico”
para inscribir lista para la Cámara de Representantes por Bogotá para el
periodo 2022-202616;
f. Copia del documento de conformación de coalición llamado “Pacto Histórico”
para inscribir lista para el Senado de la República para el periodo 2022-
202617;
g. Copia del ejemplar ilustrativo del tarjetón electoral de Cámara y Senado para
el periodo 2022-202618;
h. Enlaces que conducen a notas periodísticas de las versiones en línea de El
Tiempo, Noticias Caracol, Revista Semana, El País y El Espectador19;
i. Copia de la Resolución N° 2151 de 2019 expedida por el Consejo Nacional
Electoral “por medio de la cual se dictan algunas medidas operativas para la
implementación de las listas de candidatos en coalición para las
corporaciones públicas”20;
j. Copia de la consulta del nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
elevada al Consejo Nacional Electoral, sobre la aplicación del inciso 5 del
artículo 262 de la Constitución21;
k. Copia de los acuerdos de coalición programática y política suscrita entre los
partidos y movimientos políticos Polo Democrático Alternativo, Alianza
Democrática Amplia (ADA), Colombia Humana, Unión Patriótica (UP),
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Partido Comunista
Colombiano (PCC), para inscribir lista de candidatos a la Cámara de
Representantes por Bogotá22 y al Senado de la República23, para el período
2022-2026;
l. Foto del tarjetón de la Consulta Interpartidista del Pacto Histórico celebrada
el trece (13) de marzo del dos mil veintidós (2022)24;

16 Folios 19 a 35 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
17 Folios 82 a 97 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
18 Folios 123 a 125 PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315” índice 2 de SAMAI.
19 Enlaces disponibles en la solicitud de desinvestidura visible en el índice 2 de SAMAI.
20 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_1RESOLUCION2151DE”, índice 17

de SAMAI.
21 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_2CONSULTASOBRELAA”, índice

17 de SAMAI.
22 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_3ACUERDODECOALICI”, índice

17 de SAMAI.
23 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_4ACUERDODECOALIC”, índice 17

de SAMAI.
24 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_5FOTODELTARJETOND”, índice

17 de SAMAI.

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Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

m. Certificado proferido por el Movimiento Colombia Humana del aval otorgado
a la señora María Del Mar Pizarro García para participar como candidata a la
Cámara de Representantes por Bogotá para el período 2022-2026 y su
pertenencia a dicha agrupación25; y
n. Certificado proferido por el Movimiento Alternativo Indígena y Social −MAIS−
del aval otorgado a la señora María José Pizarro Rodríguez para participar
como candidata al Senado de la República para el período 2022-2026 y su
pertenencia a dicha agrupación26.

4. La audiencia pública

El treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022) se llevó a cabo la audiencia
pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, diligencia en la que las
partes y el Ministerio Público intervinieron en los términos que la Sala resume así:

4.1. La parte solicitante: puso de presente que mediante sentencia de ocho (8)
de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida dentro del proceso
electoral 11001-03-28-000-2022-00128-00, interpuesto también por Roberto
Carlos Daza Cuello contra la congresista María del Mar Pizarro García, la
Sección Quinta del Consejo de Estado ya resolvió el mismo problema
jurídico que subyace al caso concreto, encontrando que la referida
Representante a la Cámara no está incursa en la causal de inhabilidad
alegada.

En este sentido, señaló que, pese a que no comparte los fundamentos de la
referida providencia, consideraba del caso informar de la existencia de la
misma y, por consiguiente, evidenciar que, en aplicación de lo reglado en el
parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018, en el sub examine acaeció
la cosa juzgada.

4.2. La Congresista acusada: el apoderado de la Congresista también solicitó
que se decrete el acaecimiento del fenómeno de la cosa juzgada como

25 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_6CERTIFICADOPROFE”, índice 17

de SAMAI.
26 PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_7CERTIFICADOPROFE”, índice 17

de SAMAI.

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Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

consecuencia de la expedición de la sentencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado del ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Por su parte, la señora Pizarro García insistió en que ella y su hermana
militan en colectividades políticas diferentes.

4.3. Ministerio Público: Finalmente, el Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa ante el Consejo de Estado, en el mismo sentido
de las intervenciones de las partes, solicitó que en el caso concreto se
decrete la excepción de la cosa juzgada. Sin embargo, indicó que, en
cualquier caso, las pretensiones de la solicitud debían ser desestimadas, ya
que, a su juicio, no solo no se acreditaron los supuestos que hacen
procedente la inhabilidad propuesta, sino que, además, la interpretación
propuesta por el actor desconoce la hermenéutica restrictiva con la que
deben analizarse las inhabilidades como limitaciones al derecho político a
ser elegido.

Igualmente, se refirió a la naturaleza jurídica de las coaliciones explicando
que ellas son asociaciones de partidos políticos individualmente
considerados, de manera que no pueden equipararse a un grupo político.
Por consiguiente, a su juicio es claro que la señora Pizarro García no se
inscribió por la misma colectividad que su hermana, toda vez que mientras
la primera fue avalada por el movimiento Colombia Humana, la segunda lo
fue por el Movimiento Alternativo Indígena y Social −MAIS−, sin que el hecho
de que estas se hayan coaligado permita afirmar que se trata del mismo
grupo político.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Especial de Decisión N° 16 es competente para resolver en primera
instancia la solicitud de la referencia, de conformidad con los artículos 184 y 237.5
de la Constitución Política y 2 de la Ley 1881 de 2018, así como con el Acuerdo del

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Consejo de Estado N° 11 de 2018 y el Reglamento Interno de esta Corporación,
Acuerdo N° 080 de 201927.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala Especial de Decisión establecer si la congresista María del
Mar Pizarro García se encuentra incursa en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 1° del artículo 183 Constitucional ⎯“violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”⎯,
por la transgresión de la inhabilidad contemplada en el numeral 6° del artículo 179
ibidem, según la cual no podrán ser congresistas “[q]uienes estén vinculados entre
sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo
partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de
corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en contra de esta misma congresista y por
razones similares a las aquí argüidas fue promovida una acción de nulidad electoral
que ya fue decidida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
sentencia del ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022), expediente
11001-03-28-000-2022-00128-00, la Sala advierte necesario establecer
previamente si en el sub judice acaeció el fenómeno de cosa juzgada28.

Para el efecto, la Sala efectuará algunas breves consideraciones generales
respecto a la naturaleza de la acción de pérdida de investidura y los elementos de
la cosa juzgada en este tipo de asuntos, para luego entrar a analizar el caso
concreto.

27 “ARTÍCULO 33. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura, de que trata la Ley

1881 de 2018, estarán conformadas por 5 Magistrados, uno por cada sección de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, atendiendo a la misma conformación de las salas especiales de
decisión creadas mediante Acuerdo 321 de 2014. La presidencia informará sobre el particular a la
Sala Plena y a cada uno de los Consejeros de Estado.”
28 Documento público que obra en la relatoría del Consejo de Estado, en la dirección

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080//TitulacionRelatoria/ResultadoBuscadorProvidencias
Tituladas.aspx?BusquedaDictionary=%7b%22corporacion%22%3a%221100103%22%2c%22filtro
%22%3a%22(numproceso+eq+%2711001032800020220012800%27)%22%2c%22busqueda%22
%3a%22%22%2c%22searchMode%22%3a%22all%22%2c%22orderby%22%3a%22FechaProvid
encia+desc%22%7d&. Además, puede ser consultado en el aplicativo de gestión judicial de la
jurisdicción contencioso administrativa, SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
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3. La acción de pérdida de investidura

Consciente de la responsabilidad que comporta el ejercicio de un cargo de elección
popular y con el propósito de reforzar la legitimidad del Congreso de la República,
al momento de definir el denominado Estatuto del Congreso el constituyente
determinó la necesidad de instituir un régimen de inhabilidades y de conflictos de
intereses riguroso para los congresistas, en el que, además, se preocupó de que
dichas prohibiciones y restricciones se cumplieran de manera efectiva, de manera
que su desconocimiento acarreara consecuencias reales.

En este contexto, nace la pérdida de investidura como una herramienta cuya
finalidad es “garantizar bajo una rigurosa sanción, el respeto al régimen de
inhabilidades y conflicto de intereses, de forma que las sanciones por las
violaciones a sus deberes sean drásticas”29, bajo el entendido de que la dignidad
de congresista implica un “altísimo nivel” entre los servidores del Estado30.

Así, el artículo 183 de la Constitución Política prevé que ante la materialización de
alguno de los supuestos allí consagrados opera la desvinculación inmediata del
cargo y la imposibilidad de ocupar alguna dignidad de elección popular en el futuro,
en lo que se conoce como un juicio de “muerte política” que limita el derecho a ser
elegido. En ese sentido, se trata de una de las acciones constitucionales más
severas en lo que a la sanción a imponer se refiere31.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018 32 y
tratándose de una manifestación del denominado ius puniendi del Estado, en su
análisis no solo debe salvaguardarse el debido proceso propio de cualquier proceso

29 Gaceta Constitucional N° 51 pág. 27.
30 Ibídem.
31 En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU- 424 de 2016 al concluir:

“La pérdida de investidura es una acción pública, que comporta un juicio de naturaleza ética que
tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos
colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma
naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política”.
32 “Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad

subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al
artículo 29 de la Constitución Política.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

judicial, sino también deben atenderse principios como los de pro personae,
favorabilidad, pro libertate, in dubio pro sancionado, legalidad, prohibición de la
aplicación de la analogía o extensión, culpabilidad, razonabilidad y
proporcionalidad33, pues la naturaleza sancionatoria de esta clase de juicios impone
el respeto con rigor de los derechos del demandado, en particular, frente a las
gravísimas consecuencias que le puede acarrear una condena.

Adicionalmente, la aplicación de los citados principios implica que para decretar la
pérdida de investidura de un determinado miembro de una corporación pública no
basta con acreditar el elemento objetivo [tipicidad] de la causal alegada, sino que,
además, es menester efectuar un juicio de responsabilidad subjetivo [culpabilidad],
en donde el dolo y/o la culpa grave del demandado adquieren un papel
preponderante, pues solo las conductas cometidas bajos esos títulos podrán dar
lugar a decretar la desinvestidura de su dignidad.

4. La cosa juzgada en los procesos de pérdida de investidura

Pese a las marcadas diferencias que existen entre las acciones de pérdida de
investidura y de nulidad electoral ⎯particularmente en cuanto a su objeto, finalidad,
los procedimientos consagrados para resolverlas, así como los efectos que se
derivan de las sentencias que las deciden⎯, ambas herramientas judiciales
comparten como una de las causales de procedencia la violación al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

En efecto, el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución prescribe que “los
congresistas perderán su investidura: 1. [p]or violación del régimen de inhabilidades
e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”, mientras que el
numeral 5° del artículo 275 del CPACA dispone que: “[l]os actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no
reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se
hallen incursas en causales de inhabilidad”.

33 En el mismo sentido consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 9,

sentencia del 5 de marzo de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00318-00 (antes 11001-03-
15-000-2017-02460-00).

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De ahí entonces que sea posible que una misma situación fáctica pueda dar lugar,
de forma simultánea, a una demanda de nulidad electoral y a una de pérdida de
investidura.

Por tal razón, el legislador decidió regular expresamente la institución de la cosa
juzgada dentro del proceso de pérdida de investidura; así, en el parágrafo del
artículo 1° de la Ley 1881 de 2018 se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 1: (…) PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem.
Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a
una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito
a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados,
excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es
exclusivo del proceso de pérdida de investidura.

En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa
juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la
configuración objetiva de la causal.”

Al respecto, el Consejo de Estado ha resaltado que, como se desprende del tenor
literal de esta disposición, con ella se busca salvaguardar el principio de non bis in
idem como garantía fundamental del derecho al debido proceso del congresista,
elemento transversal de los procesos sancionatorios y derecho fundamental de
aplicación inmediata de quien está sometido a esta clase de juicios34. De ahí que,
si se dan los supuestos para ello, el juez está obligado, incluso de oficio, a analizar
si en el asunto sometido a su consideración se materializa la excepción de cosa
juzgada. Así, sobre el punto, está Corporación ha precisado:

«El postulado del non bis in idem, es una garantía que resulta extensiva al
campo del ius puniendi del Estado35. Dicho principio se “proyecta,
complementa y realiza36” en la aplicación del principio constitucional de
cosa juzgada. De allí que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional “[…]
pensar en la noción de “cosa juzgada” sin hacerlo a la vez en el non bis in
ídem, es prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29

34 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021,

radicación 68001-23-33-000-2020-00829-01.
35 Cita en original: «La Corte Constitucional, en sentencia C-870 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa, subrayó: “[…] la aplicación del principio non bis in idem no está restringida al derecho
penal, sino, como lo ha dicho esta Corporación, “se hace extensivo a todo el universo del derecho
sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho
contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por
indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - disciplinario aplicable a
ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)”».
36 Cita en original: “C- 979 de 2005 de la Corte Constitucional, MP: Jaime Córdoba Triviño.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

de la Constitución prohíbe al Estado juzgar a una persona dos veces por el
mismo hecho, está haciendo referencia a ambas37”, de tal suerte que no
resulta posible concebir una institución jurídica sin la otra.

El principio del non bis in idem, así considerado, tiene una triple dimensión:
(i) es un derecho fundamental de aplicación directa e inmediata; (ii) es un
principio dirigido a las autoridades judiciales con el fin de impedir que una
persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos y (iii) constituye un
límite al legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa.»38

Ahora bien, lo anterior implica establecer que se encuentran acreditados los
elementos propios de esta figura, esto es, que exista igualdad de partes, de objeto
y de causa entre estos procesos39. Así, tanto la nulidad electoral como la pérdida
de investidura deben dirigirse contra el mismo congresista40, fundarse en los
mismos hechos y referirse a la misma causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés, para concluir que se materializa el fenómeno de la cosa juzgada.

Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado:

«Frente al fenómeno de la cosa juzgada, la Sección ha determinado:

“[…] Para desatar la controversia planteada por el apelante, es necesario
recordar que el fenómeno de la cosa juzgada impide que los asuntos
decididos sean nuevamente sometidos a debate judicial, lo cual es reflejo
de la garantía constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho, contenida en el artículo 29 de la Carta Política.

37 Cita en original: “C- 004 de 2003 de la Corte Constitucional, MP: Eduardo Montealegre Lynett.”
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-

33-000-2020-00829-01.
39 El artículo 303 del Código General del Proceso dispone: “La sentencia ejecutoriada proferida

en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes. // Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las
del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. // En los procesos en
que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de
filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.// La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.” (Resalta la
Sala).
40 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 30 de junio de 2015, radicación

11001-03-15-000-2013-00115-00, citado en Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 2021
radicado 25000-23-15-000-2019-00217-01, concluyó que “tratándose de la pérdida de la investidura,
por su naturaleza pública, la identidad de partes no se puede entender como se hace en un proceso
contencioso ordinario, en cuanto cualquier ciudadano puede interponerla, razón por la que no se
puede pretender que el demandante en un proceso y otro sea el mismo. // Por tanto, en esta clase
de procesos solo se exige esa identidad en cuanto al demandado –parte pasiva-, por cuanto por
disposición constitucional, el Ministerio Público siempre tendrá que participar y cualquier ciudadano
puede demandar la pérdida”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

(…) Para que se presente el fenómeno de la cosa juzgada, la doctrina 41
siguiendo los parámetros del citado artículo 303 del Código General del
Proceso, ha resaltado que se deben reunir los siguientes elementos:

«(…) 1.- Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia dictada. Si en el primer proceso la sentencia no
está ejecutoriada, no opera la excepción de cosa juzgada sino la de pleito
pendiente (…).

2.- Que ese nuevo proceso sea entre unas mismas partes, o, como lo anota
el art. 303, que “haya identidad jurídica de partes”.

(…) 3.- Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto (art. 303). Tal
como lo dice con acierto la Corte, “el objeto de la demanda consiste en las
prestaciones o declaraciones que se reclaman a la justicia”, que son
precisamente los puntos sobre los cuales versa la parte resolutiva de la
sentencia; Devis señala que el “objeto del proceso lo constituye el derecho
reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en relación con una
cosa o varias cosas determinadas, o la relación jurídica declarada según el
caso”.

(…) 4.- Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó
el anterior. La causa es la razón por la cual se demanda; los motivos que
se tienen para pedir al Estado determinado sentencia. Esos motivos, por
disposición del art. 82 del CGP, deben aparecer expresados en toda
demanda y surgen de los hechos de ella, por cuanto de su análisis es como
se puede saber si en verdad existe identidad de causa.»

En lo que tiene que ver con los procesos de pérdida de investidura, el
fenómeno de la cosa juzgada tiene plena aplicación en virtud del artículo
15 de la Ley 144 de 1994: (…)

Ese orden de ideas, esta Sección42, ha encontrado pertinente la
aplicación del fenómeno de cosa juzgada en los procesos de pérdida
de investidura, en la siguiente forma:

«(…) 3.1 La figura de la cosa juzgada.

La cosa juzgada es una institución de tipo procesal que se predica de las
sentencias que adquieren el carácter de firmeza, a fin de salvaguardar el
principio de la seguridad jurídica. Desde esta perspectiva, es un efecto
que se produce por la firmeza que cobra una decisión judicial que
pone fin a un proceso y resuelve el fondo del asunto planteado en él,
de forma tal que se genera la imposibilidad de dictar una nueva
decisión sobre un asunto que tenga el mismo objeto y la misma causa.

41 Cita en original: “LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio., Código General del Proceso, Bogotá D.C.,

DUPRE Editores, 2016. Páginas 688-690.”
42 Cita en original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno (E), sentencia de 18 de julio de 2012, número único
de radicado 07001-23-31-000-2011-00065-01(PI)”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

La identidad de objeto y de causa se presenta cuando coinciden tanto
en la decisión que está en firme como en el nuevo proceso puesto a
conocimiento del juez, los hechos y fundamentos de derecho (causa
petendi) y la situación jurídica o pretensión procesal (objeto).

(…) También se ha sostenido con acierto, que la cosa juzgada
garantiza el principio de non bis in ídem, dado que impide el que se
pueda abrir el debate jurídico que encontró fin en una decisión
judicial, de forma que se proscribe que el afectado con la decisión sea
juzgado dos veces por un mismo hecho […]”43»44 (Negritas y subrayas
en original).

Ahora bien, en el trámite legislativo de la Ley 1881 de 2018 se examinaron los
eventuales escenarios que podrían configurarse “ante la presentación simultánea
de las dos acciones [nulidad electoral y pérdida de investidura] por la causal de
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades”45, y las consecuencias
que la primera decisión adoptada puede generar para el otro proceso. Una de ellas,
que resulta pertinente para la presente causa, es que “[s]e decida primero el
proceso de nulidad electoral y declare la validez de la elección, porque el candidato
no se encontraba inhabilitado. En este escenario, el juez de la pérdida de
investidura debe reconocer la cosa juzgada en relación con la configuración del
hecho y declararla de oficio. En estas circunstancias, no se realiza un juicio
subjetivo de conducta, porque ya está juzgado que la inhabilidad no existía”46.

43 Cita en original: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia del 24 de noviembre de 2016. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente
radicación nro. 81001-23-33-003-2016-00001-01 (PI).”
44 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 2021, radicación: 25000-23-

15-000-2019-00217-01(PI).
45 Gaceta de la Cámara de Representantes N° 478 de 2017, disponible en
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/.
46 Ibidem. En la referida discusión se incluyeron otros supuestos, a saber: “a) Se decida primero el

proceso de nulidad electoral y declare la nulidad de la elección, porque el candidato se encontraba
inhabilitado. En este evento, el juez de la pérdida de investidura debe reconocer la cosa juzgada en
relación con la configuración del hecho y su competencia se limita al análisis de responsabilidad
subjetiva o culpabilidad del congresista, para determinar si actuó con dolo o culpa, o si en su
conducta concurrió una causal que exima su responsabilidad. (…) c) Se decida primero el proceso
de pérdida de investidura y sea declarada, porque el candidato se encontraba inhabilitado y su
conducta fue dolosa o culposa. En este evento, el juez de la nulidad debe reconocer la cosa juzgada
en relación con la configuración del hecho y, por tanto, debe estarse a lo resuelto y proceder a la
declaratoria de nulidad del acto electoral. // d) Se decida primero el proceso de pérdida de investidura
y no sea declarada porque el candidato no se encontraba inhabilitado. En este caso, el juez de la
nulidad electoral deberá declarar la cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia de pérdida
de investidura. // e) Se decida primero el proceso de pérdida de investidura y se declare probado el
hecho de la inhabilidad pero se absuelva al congresista por considerar que no actuó con culpa o
dolo o estaba amparado en una circunstancia eximente como la buena fe exenta de culpa. En este
caso, el juez de la nulidad electoral también está atado por la cosa juzgada y debe proceder a
declarar la nulidad del acto de elección.”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

Esa situación, ha dado lugar a que el Consejo de Estado, verificado el cumplimiento
de los supuestos de la cosa juzgada, haya aplicado esa figura en distintas
oportunidades. Así lo hizo, por ejemplo, la Sección Primera de esta Corporación en
la sentencia del catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021), proferida dentro
del radicado 68001-23-33-000-2020-00829-01, en la cual se declaró la
configuración de la cosa juzgada en un proceso de pérdida de investidura seguido
contra un diputado de Santander, respecto del que también se había presentado
demanda de nulidad electoral que ya contaba con decisión ejecutoriada:

“(..) es un hecho cierto que ambos procesos -la nulidad electoral y la
presente pérdida de investidura- se adelantaron en contra del señor
Giovanni Heraldo Leal Ruíz, diputado de la asamblea departamental de
Santander, quien fuere elegido para el período constitucional 2020-2023;
en segundo lugar, los presupuestos fácticos, la causal invocada y el
fundamento jurídico de los dos expedientes es exactamente el mismo, pues
ambos procesos se contraen a determinar si tal servidor público incurrió en
la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley
617 de 2000, por tener parentesco en segundo grado de consanguinidad
con la funcionaria Claudia Yaneth Leal Ruiz, pues en su condición de
Secretaria Local de Salud, encargada, y de Directora Técnica de la
Dirección de Salud Pública, ejerció autoridad política y administrativa dentro
del período inhabilitante y en ese mismo departamento, dentro de los doce
(12) meses anteriores a su elección. En consecuencia, la causa de pedir o
causa petendi en ambos procesos es la misma (…)

Por todo lo expuesto esta Sala de Decisión considera que, en relación con
el elemento objetivo de la violación del régimen de inhabilidades de los
diputados por incurrir el acusado en la conducta prevista en el numeral 5°
del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, el primer fallo de 5 de febrero de
2021, que fuere proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en
el expediente identificado con el núm. 68001-2333-000-2020-00039-00
hace tránsito a cosa juzgada en este proceso, en cumplimiento de lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018; decisión
judicial que, valga resaltarlo, se encuentra debidamente ejecutoriada.”

Finalmente, debe advertirse que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que para entender que el “primer fallo” hace tránsito a cosa juzgada, esa decisión
debe estar ejecutoriada y en firme47, toda vez que eso “las convierten en imperativas

47 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de abril de 2019, radicación 11001-03-28-

000-2018-00080-00 (Acumulado) y Consejo de Estado, Sala Plena del Consejo de Estado,
sentencia de 21 de enero de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2019-01604-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

y de obligatorio cumplimiento y, por ello, resulta evidente que no es posible hablar
de cosa juzgada sin ejecutoria”48.

Conforme con estas consideraciones pasa la Sala a examinar el caso concreto.

5. Caso concreto

En el caso concreto, el demandante afirma que la señora Pizarro García debe
perder su investidura como congresista en tanto se configuró la inhabilidad prevista
en el numeral 6° del artículo 179 ibidem, de acuerdo con la cual no podrán ser
congresistas: “[q]uienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión
permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo
para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban
realizarse en la misma fecha.”

Esta causal, conocida comúnmente como “coexistencia de inscripciones”, tiene
como fin evitar prácticas que signifiquen nepotismo, de manera que grupos o clanes
familiares no puedan ocupar cargos de elección popular de manera simultánea, a
efectos de conformar dinastías políticas o afines49. Su materialización, en lo que al
especto objetivo concierne, exige la acreditación de los siguientes elementos50:

• La existencia del vínculo que establece la norma (matrimonio o unión
permanente) o del parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil;

48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación: 68001-23-

33-000-2020-00829-01.
49 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2009, radicación 080001-23-

31-000-2004-00093-02.
50 Al respecto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo

de 2015, radicación: 11001-03-28-000-2014-00113-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de agosto de 2015, radicación: 11001-03-15-000-
2014-02211-00 (Acumulado); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de septiembre de
2015, radicación: 11001-03-28-000-2014-00095-00; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
del 18 de febrero de 2016, radicación: 50001-23-33-000-2015-00128-01; Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencia del 6 de abril de 2017, radicación: 05001-23-33-000-2016-00092-01 y
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de septiembre de 2020. Radicación 54001-
23-33-000-2019-0345-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

• La inscripción al cargo de elección popular por parte de los parientes o
vinculados por un mismo partido, movimiento o grupo político; y
• La elección que debe ser realizada en una misma fecha.

Además, esta Corporación ha entendido que la inhabilidad recae sobre la segunda
persona que realice la inscripción, pues es en ese momento en el que se genera la
denominada coexistencia de inscripciones51.

Pues bien, en el sub examine, está demostrado que María de Mar Pizarro García
fue elegida como Representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2022-2026,
pues así se desprende del formulario E-26CAM, a través del cual el Consejo
Nacional Electoral declaró su elección52.

Está acreditado además, que contra la referida congresista fueron promovidas
simultáneamente una acción de nulidad electoral (radicado N° 11001-03-28-000-
2022-00128-00) y una de pérdida de investidura (radicado N° 11001-03-15-000-
2022-02702-00), que se sustentaron en los mismos hechos y por la misma causal.
En el primero, mediante sentencia de única instancia del ocho (8) de septiembre de
dos mil veintidós (2022), la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió de fondo
el asunto, pronunciándose específicamente sobre la configuración de la inhabilidad
de “coexistencia de inscripciones” endilgada a la congresista acusada.

En efecto, del referido fallo ⎯documento público y oponible a terceros53⎯, se
desprende la siguiente información:

51 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de mayo de 2013, radicación

50001-23-31-000-2011-00691-01 y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de
septiembre de 2020, radicación 54001-23-33-000-2019-0345-01.
52 Folios 98 a 122 del PDF denominado “ED_PRUEBA16052022_16315”, disponible a índice 2 de

SAMAI. Al respecto, se advierte que esta Corporación ha entendido que, tratándose de los procesos
de pérdida de investidura, la calidad de congresista se encuentra acreditada con el mero acto que
declara la elección, razón por la cual el formulario que contiene esa declaración es suficiente para
dar por satisfecho este requisito. Sobre el punto, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil, concepto N° 1135 del 22 de julio de 1998; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, auto de ponente 23 de junio de 2010, radicación 11001-03-15-000-2010-00640-00;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de febrero de
2016, radicación 11001-03-15-000-2015-00102-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-15-000-
2014-03886-00.
53 La Sala Especial de Decisión N° 19 en sentencia del 3 de marzo de 2020 proferida dentro del

proceso 11001-03-15-000-2009-01177-00, señaló que “las providencias judiciales, al ser otorgadas

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

i. En el considerando número 1 de la sentencia, consta que el veintitrés (23)
de mayo de dos mil veintidós (2022) el señor Roberto Daza Cuello, quien
funge como parte actora también en este asunto, formuló demanda de
nulidad electoral contra el acto a través del cual se declaró electa a la señora
María del Mar Pizarro García como Representante a la Cámara de Bogotá
para el periodo 2022-2026. Como sustento de su demanda, alegó la causal
de nulidad electoral contemplada en el numeral 5° del artículo 275 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), de acuerdo con la cual los actos electorales son nulos cuando
“[s]e elijan candidatos (…) que se hallen incurs[o]s en causales de
inhabilidad.”

Específicamente, se aseguró que la señora Pizarro García estaba incursa
en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 6° del artículo 179
Superior, toda vez que ella y su hermana María José Pizarro Rodríguez se
inscribieron por el mismo grupo político ⎯coalición del “Pacto Histórico”⎯
para acceder a cargos de elección popular, como Representante a la
Cámara y Senadora, respectivamente; dignidades que se elegirían en la
misma fecha, esto es, el trece (13) de marzo de dos mil veintidós (2022)54.

ii. En dicho fallo, tal como consta en los considerandos 33 y 34 de la
providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó el siguiente
problema jurídico:

“La Sala considera que el problema jurídico a resolver se circunscribe a
determinar si es válida la declaratoria de la elección de María del Mar
Pizarro García, como representante a la Cámara de Bogotá, contenida
en el E-26 CAM del 11 de abril de 2022.

Para tal efecto, resulta necesario resolver el siguiente interrogante:

Si la señora María del Mar Pizarro García se encuentra inmersa en la
inhabilidad consagrada en el numeral 6 del artículo 179 de la
Constitución Política, por haberse inscrito, a juicio del accionante, por el

por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, ostentan el carácter de documento público
en los términos del artículo 243 del CGP.”.
54 Folios 1 a 3 de la sentencia del 8 de septiembre de 2022, disponible en el índice 33 de SAMAI

proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00128-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

mismo partido, agrupación política y/o coalición que su hermana, la
señora María José Pizarro Rodríguez.”55

iii. Surtido el trámite previsto para el proceso de nulidad electoral56, en la
referida providencia de única instancia la Sección Quinta resolvió:

“NEGAR las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad
del acto de elección de la señora María del Mar Pizarro García, como
representante a la Cámara por Bogotá, período 2022-2026, contenido en
el formulario E-26 CAM del 11 de abril de 2022, conforme la parte motiva
de este proveído.”57 (Negritas en original).

Como sustento de esta decisión, la Sala Electoral encontró que, aunque
estaba demostrado el parentesco entre María del Mar Pizarro García y María
José Pizarro Rodríguez, no podía predicarse que ambas se inscribieron por
el mismo partido, grupo o movimiento político, pues mientras la primera lo
hizo por el Movimiento Colombia Humana, la segunda se inscribió por el
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

En ese sentido, la Sección Quinta descartó el argumento de la parte actora
de que la coalición del Pacto Histórico que luego conformaron, entre otros,
estos dos movimientos, debía entenderse como un mismo grupo político,
pues, de acuerdo con la Sala:

“(…) cuando la norma superior reseña el término “grupo” no se refiere
a coaliciones, sino a las formas organizativas que la Constitución y la
ley confiere la potestad de inscribir directamente candidatos, llámese
partido, movimiento o asociaciones, las cuales, bajo el principio de
autonomía de la voluntad, pueden unirse para conformar una coalición
y de allí surge la candidatura única ya sea a un cargo o por listas.

Es decir, las coaliciones no son una forma organizativa que por sí
misma pueda inscribir candidatos, todo lo contrario, quien hace la
postulación democrática es cada partido, movimiento o grupo
significativo a través de sus representantes legales o bajo el sistema
de recolección de firmas, los cuales, cuando cuentan con la
personería jurídica -partidos y movimientos-, pueden aunar esfuerzos

55 Folio 6 de la sentencia del 8 de septiembre de 2022, disponible en el índice 33 de SAMAI proceso

de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00128-00.
56 Según consta en el acápite 1.4.2 de los antecedentes del fallo del del 8 de septiembre de 2022,

por auto del 8 de agosto de este mismo año se dispuso dar aplicación a lo reglado en el artículo 182
A del CPACA y, por consiguiente, aplicar el trámite para dictar sentencia anticipada.
57 Índice 33 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00128-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

para lograr alcanzar las curules a las que aspiran, sin que ello implique
la concreción de una nueva fuerza.

Se concluye de lo reseñado, que los conceptos de partido, movimiento
o grupo político, no devienen en sinónimos de las coaliciones, en tanto
los primeros, son las formas organizativas reconocidas por la
Constitución y las leyes para alcanzar la satisfacción de unos ideales
u objetivos coyunturales, a través del acceso al poder político desde
sus diferentes estructuras; mientras que, las segundas se erigen
como un medio con que éstas cuentan para lograr dicho fin.

(…) Por lo expuesto, el hecho que las hermanas Pizarro se hayan
inscrito por las coaliciones denominadas Pacto Histórico, al Senado y
Cámara de Representantes, no quiere decir, que sus postulaciones
sean por la misma agrupación política (…)”.58

iv. Dicha providencia fue notificada el nueve (9) de septiembre de dos mil
veintidós (2022)59, sin que se presentara solicitud de adición o aclaración
alguna, razón por la que el día diecinueve (19) del citado mes y año se
registró el archivo del proceso, al tratarse de una causa que se surte en única
instancia60.

Conforme con lo expuesto, es claro que en el sub examine se materializan todos los
elementos para decretar el acaecimiento de la cosa juzgada, como quiera que al
contrastar los supuestos del proceso de nulidad electoral 11001-03-28-000-2022-
00128-00 antes descritos con los del proceso de pérdida de investidura 11001-03-
15-000-2022-02702-00 que fueron reseñados en los antecedentes de esta
providencia, se advierte que entre uno y otro existe: i) identidad de partes, tanto en
el extremo activo como en el pasivo de la litis; ii) identidad de objeto, pues los hechos
en los que se fundan uno y otro medio de control son exactamente los mismos, esto
es, los referidos a la inscripción de la candidatura de la señora María del Mar Pizarro
como congresista para el periodo constitucional 2022-2026; e iii) identidad de causa,
en tanto en los dos se alega la configuración de la misma causal de inhabilidad, esto
es, la contemplada en el numeral 6° del artículo 179 Superior.

58 Ibidem.
59 Índice 35 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00128-00.
60 Índice 36 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00128-00.

21

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

Por lo demás, está acreditado que en el proceso de nulidad electoral ya se produjo
fallo y que aquél se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme, de manera que
dicho proceso ya fue archivado.

En consecuencia, no es posible que esta Sala Especial efectúe un nuevo análisis
sobre la existencia de la inhabilidad atribuida a la congresista Pizarro García , pues
ese asunto ya cuenta con una decisión ejecutoriada y en firme que, por expresa
disposición legal, constituye cosa juzgada respecto de este proceso de pérdida de
investidura en lo que hace al aspecto objetivo de configuración de la causal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de
Decisión N° 16, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, de
acuerdo con las consideraciones planteadas en la parte motiva de esta providencia;
en consecuencia, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado el ocho (8) de septiembre de dos mil
veintidós (2022), dentro del proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-
00128-00.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia y de conformidad con el artículo 15 de
la Ley 1881 de 2018, por Secretaría General COMUNICAR esta decisión a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, a la
Presidencia del Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior para lo de su
cargo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente

22

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02702-00
Accionante: Roberto Carlos Daza Cuello

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consejero Consejero

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera Consejero

23

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