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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00128-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00128-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad del acto de elección de la señora María del Mar Pizarro García, como representante a la Cámara por Bogotá, período 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM del 11 de abril de 2022, conforme la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. – ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00128-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

8 de septiembre de 2022

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
Cámara por Bogotá, 2022-2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: Acto de elección de la señora María del Mar Pizarro García
como representante a la Cámara por Bogotá – período 2022-
2026.
Temas: Elementos estructuradores de la inhabilidad contenida en el
artículo 179.6 de la Constitución política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado, a dictar fallo de única instancia en el
expediente de la referencia, en el cual se cuestiona la legalidad del acto de elección de
la señora María del Mar Pizarro García como representante a la Cámara por Bogotá,
periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM del 11 de abril de 20221.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda

1. Mediante escrito del 23 de mayo de 20222, el referido como accionante interpuso
el medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, en el que cuestionó la legalidad del acto mencionado, elevando de forma
concreta las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del ACTO DE ELECCIÓN MARIA DEL
MAR PIZARRO GARCÍA mayor, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.032.380.954
y vecina de Bogotá, quien fue elegida Representante a la Cámara por la circunscripción
territorial de Bogotá, para el periodo 2022 – 2026, mediante acta parcial de escrutinio E –
26 y CAM de fecha 11 de abril de 2022, expedida por la comisión escrutadora por la
agrupación política Pacto Histórico Colombia Puede. expedido por los Doctores JESUS
MARIA CARRILLO BALLESTERO Y LUIS FERNANDO CASTRO MAJE como miembros
de la comisión escrutadora.

SEGUNDA: Cancélese la credencial que acredita a MARIA DEL MAR PIZARRO GARCÍA
Representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá, periodo 2022 –
2026.

1
Actuación No. 3 del Sistema SAMAI, documento digital “3_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 3”)
2
1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 3 y con paso al despacho el 24/05/22 REPARTOYRADICACION_11001032800
020220012(.pdf) NroActua 1

1

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
Cámara por Bogotá, 2022-2026

TERCERA: Que se oficie a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al
Consejo Nacional Electoral, y a la Procuraduría General de la Nación, y demás entidades
para lo de su cargo.” (Sic para lo trascrito).

1.2. Hechos

2. Manifestó que los partidos y movimientos políticos Polo Democrático Alternativo,
Alianza Democrática Amplia “ADA”, Colombia Humana, Unión Patriótica UP,
Movimiento Indígena Social “MAIS”, Partido Comunista Colombiano “PCC”, se
coaligaron para presentar candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes en
los comicios del 13 de marzo de 2022, acuerdo que se denominó Pacto Histórico
Colombia Puede.

3. Adujo que el 13 de diciembre de 2021, a las 9:34:45 pm con radicado No. 011, se
inscribió ante los registradores distritales del Estado Civil, la lista por la coalición política
Pacto Histórico a la Cámara de Bogotá, tal y como consta en el formulario E-6CT, entre
los que se encuentra la señora María del Mar Pizarro García, avalada por el movimiento
Colombia Humana, a quien le correspondió el número 106 de dicha lista.

4. En esa misma data, a las 5:59 pm con radicado No. 015, se inscribió por la coalición
del Pacto Histórico, mediante la suscripción del formulario E-6 SN, la señora María José
Pizarro Rodríguez, en representación del Movimiento Alternativo Indígena y Social al
Senado de la República.

5. Sostuvo que las entonces candidatas participaron en el certamen democrático,
resultando electas por la misma coalición política, colectivo que en su postulación lo
hizo a través de listas cerradas.

6. Insistió que las señoras Pizarro García y Pizarro Rodríguez, según los registros
civiles de nacimiento, son hijas del señor Carlos Pizarro Leongomez (QEPD), aspecto
que permite concluir su vínculo en segundo grado de consanguinidad, al ser hermanas.

7. Conforme con lo narrado, concluyó que la señora María del Mar Pizarro García no
podía inscribirse como candidata a la Cámara de Representantes por el mismo partido,
movimiento o grupo político, en este caso la coalición denominada Pacto Histórico, en
la que también se presentó su hermana para el Senado de la República, conforme lo
prohíbe el artículo 179.6 de la Constitución Política.

1.3. Concepto de la violación

8. Señaló que se sustenta en la causal de nulidad, consagrada en el artículo 275.5 de la
Ley 1437 de 2011, en concordancia con el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 13, 40,
179.6, 209 y 258 de la Constitución Política.

9. Para sustentar la violación de las normas señaladas, indicó que el Diccionario de la

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Real Academia de la Lengua Española define la coalición como “reunirse, juntarse,
unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado”.

10. A su vez, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas la
define como “la pluralidad de seres o cosas con alguna característica en común. Acción
y efecto de agrupar o agruparse. Reunirse, juntarse, acercarse, aproximarse, unirse
bajo un solo mando o dirección”.

11. Conforme con lo anterior, concluyó que la demandada infringe el artículo 179.6
Superior dado que: “…, a partir de la interpretación sistemática de estas reglas a los hechos
relatados en el presente libelo, y se concreta en que MARIA DEL MAR PIZARRO GARCIA,
tiene vínculos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad (hermanas) con la
señora MARIA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ y se inscribieron por el mismo GRUPO
(Agrupación Política de Coalición) PACTO HISTÓRICO COLOMBIA PUEDE, para las
elecciones de Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Bogotá y Senado
de la República a realizarse el día 13 de marzo de 2022, en la misma circunscripción por
coincidir la nacional con cada una de las territoriales”. (Sic para lo trascrito).

12. Sostuvo que el acto electoral demandado, desconoce el fin de la inhabilidad
estudiada esto es, evitar la concentración de poder al interior de las colectividades, que
sean manejadas por un clan o consanguíneo, circunstancia que contraría el propósito
democrático que debe irradiar a los partidos, movimientos o grupos políticos quienes
deben organizarse consultando las mayorías y prohibiendo la mala práctica
denominada nepotismo político.

13. Insistió en que, al estructurarse todos los elementos normativos de la causal de
inelegibilidad analizada, esto es, (I) el parentesco, (II) la inscripción de las candidaturas
por una misma agrupación, (III) dentro de un mismo proceso democrático, (IV) en la que
confluye el factor territorial dado que la circunscripción nacional coincide con la distrital,
emana claro el vicio de ilegalidad del acto electoral demandado.

1.4 Trámite procesal

1.4.1 Admisión de la demanda y traslado para su contestación

14. En providencia del 2 de junio del presente año, se admitió la demanda al considerar
que cumple con las exigencias de los artículos 162, 163 y 164.2 literal a) de la Ley 1437
de 2011. En ese sentido, se ordenaron las notificaciones de rigor, luego de las cuales
intervinieron:

15. El 24 de junio de 2022, el apoderado judicial de la demandada3 contestó
señalando que es cierto que las señoras Pizarro García y Pizarro Rodríguez son

3
El escrito va dirigido al magistrado Nicolás Yepes Corrales, en su condición de integrante de la Sala Especial de Decisión No. 16
para los procesos de pérdida de investidura; no obstante, el número de radicación con el cual se identificó la contestación, hace
referencia al presente medio de control, razón por la cual, los argumentos de defensa serán tenidos en cuenta en lo que hace al
proceso de nulidad electoral.

3

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hermanas; no obstante, para la acreditación de la causal de inelegibilidad endilgada, se
requiere que la inscripción de las personas que se aducen parientes, sea por la misma
agrupación política, aspecto que no se concreta en el presente caso, en tanto la primera
pertenece al movimiento Colombia Humana y la segunda al MAIS.

16. Conforme con lo anterior, no se puede predicar que pertenezcan a la misma
colectividad por el hecho que éstas (MAIS y Colombia Humana), suscribieran acuerdo
de coalición para presentar candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá y
Senado de la República, respectivamente, ello por cuanto, este medio de participación
se erigió para que las agrupaciones aunaran esfuerzos para lograr los escaños en las
corporaciones públicas.

17. Siendo así, las mismas no pierden su individualidad dado que los candidatos deben
manifestar la agrupación política a la que pertenecen, quedando claro que se unen
esfuerzos entre colectividades para lograr el favor ciudadano a través del voto.

18. Así las cosas, en este caso, a su juicio, al pertenecer la demandada y su hermana a
colectividades diferentes, no se concreta la inhabilidad consagrada en el artículo 179.6
Superior.

19. El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, el 29 de junio de 2022,
solicitó se denieguen las pretensiones, al considerar al igual que la parte demandada,
que la inscripción de candidaturas a través del mecanismo de coaliciones no permite
concluir la pertenencia a una misma agrupación política, en tanto es una asociación de
carácter coyuntural para un propósito común que no se constituye en una nueva
agrupación.

20. Por manera que, no se estructura el elemento objetivo de la inhabilidad consagrada
en el artículo 179.6 de la Constitución Política, lo que implica la falta de materialización
de la misma.

1.4.2 Auto que decidió la posibilidad de dictar sentencia anticipada4

21. En providencia de la fecha mencionada, el despacho de la consejera ponente
dispuso decidir sobre las excepciones presentadas en la oportunidad correspondiente 5,
la incorporación de los medios de convicción aportados y se fijó el litigio.

22. Finalmente, se ordenó correr traslado de las pruebas incorporadas y decretadas,
para que, con posterioridad a ello, se procediera a otorgar la oportunidad a las partes
para alegar de conclusión con el fin de dictar sentencia anticipada.

4
AUTOQUEDECIDESOBREEXCEPCIONESP REVIAS(.pdf) NroActua 20 del sistema SAMAI.
5
Sobre este aspecto, se dejó claro que no se presentaron excepciones previas o mixtas que decidir.

4

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1.4.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

23. La demandada, por intermedio de su apoderado judicial, presentó escrito de
conclusión en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda. Tras efectuar una
relación de cada uno de los hechos probados al interior del plenario, consideró que al
no ser las coaliciones una nueva colectividad política, no se puede predicar que quien
se inscribe como candidato por ese mecanismo, pierda su militancia o pertenencia a su
agrupación de base, por lo que, al no pertenecer la demandada al mismo partido de su
hermana, no se estructura la inhabilidad endilgada6.

24. Adicionalmente, sostuvo que no participaron en los comicios del pasado 13 de
marzo por la misma coalición, en tanto, la señora María del Mar Pizarro García, avalada
por el movimiento político Colombia Humana, integró una coalición para participar como
candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá; mientras que, la señora María
José Pizarro Rodríguez, avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-
integró otra distinta para aspirar al Senado de la República.

25. El 29 de agosto de 2022, el CNE presentó sus alegaciones finales reiterando los
argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

26. El demandante, el 5 de septiembre de 2022 presentó su escrito e el que reiteró su
petición anulatoria. Para sustentar su pretensión, adujo que en el plenario, se encuentra
demostrado el vínculo de parentesco y que la elección se debía adelantar en la misma
data.

27. En lo que hace a la inscripción, indicó que al inscribirse por un mismo grupo político
se materializó la inhabilidad endilgada. Como fundamento de lo mencionado, sostuvo
que la ley no reguló la expresión “grupo”, por lo que se debe acudir a la definición que
de ella trae la RAE, de donde se entiende con claridad que ésta hace referencia a un
conjunto, agrupación, estructura asociativa compleja.

28. De allí que concluya: “… que grupo, no es grupo significativo de ciudadano, sino la
unión de varias personas naturales y personas jurídicas que conformaron la coalición pacto
histórico y ello se evidencia con el documento de conformación suscrito por los representantes
legales de los partidos ADA, COLOMBIA HUMANA, MAIS, PARTIDO COMUNISTA, todo con
un fin común, con un logo único responsabilidades, perciben recursos por reposición de votos,
bancadas, responsabilidades, etc…”.

29. Por lo relatado, infiere que cuando la norma inhabilitante se refiere al término grupo,
lo hace como asociaciones de todo orden que incluye a los grupos significativos de
ciudadanos, movimientos u organizaciones sociales y las coaliciones, de allí que a su
juicio esta norma es la que permite que se controle la actividad de las alianzas en la
materia.

6
Se recuerda que la demandada refirió su militancia al partido Colombia Humana y su pariente al MAIS.

5

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30. El 5 de septiembre de 2022, la procuradora séptima delegada ante el Consejo
de Estado, solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la figura de
la coalición comprende una alianza estratégica de colectividades individualmente
consideradas, en donde se delimitan los términos del acuerdo y la responsabilidad de
quienes intervienen en ella; por lo que, el uso de la figura señalada no implica en sí
mismo una fusión de partidos o movimiento, ni mucho menos la eliminación de su
autonomía, responsabilidad y derechos.

31. En cuanto al entendimiento de la expresión “grupo”, adujo que: “… ante la ausencia
de norma expresa que avale la interpretación del actor, se considera ha de privilegiarse aquella
que garantiza el derecho a ser elegida de la demandada, en contraste con el principio de la
eficacia del voto de quienes le eligieron, recordando que, en materia de inhabilidades, opera el
principio de interpretación restrictiva, por lo que ha de desestimarse la cuerda argumental
concebida por el demandante en la que pretende derivar de la suscripción de un acuerdo de
coalición, el que las agrupaciones que lo integran se consideran un mismo partido o movimiento
político, conllevando en su entender a que se configure la inhabilidad”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

32. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para tramitar en única
instancia el presente proceso, en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral 3º 7
de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de
2019 –Reglamento del Consejo de Estado–, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problema jurídico

33. La Sala considera que, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar
si es válida la declaratoria de la elección de María del Mar Pizarro García, como
representante a la Cámara de Bogotá, contenida en el E-26 CAM del 11 de abril de
2022.

34. Para tal efecto, resulta necesario resolver el siguiente interrogante:

• Si la señora María del Mar Pizarro García se encuentra inmersa en la
inhabilidad consagrada en el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución Política,

7
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. (Artículo modificado por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021) El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia
de los siguientes asuntos: 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el
Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento
Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las
entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan
aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.

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por haberse inscrito, a juicio del accionante, por el mismo partido, agrupación
política y/o coalición que su hermana, la señora María José Pizarro Rodríguez.

35. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, se procederá a estudiar, i) una
breve referencia al concepto y fundamentación de las inhabilidades para el ejercicio de
cargo públicos; (ii) elementos estructuradores de la causal de inelegibilidad prevista en
el numeral 6º del artículo 179 constitucional; y (iii) el caso concreto.

2.3 Resolución de los planteamientos propuestos

2.3.1 Concepto y fundamentación de las inhabilidades8

36. En cuanto a la primera temática señalada, se parte de resaltar que la Constitución
Política de 1991, al establecer desde el artículo 1º la forma de organización que se
adoptaría, precisó que Colombia es una República unitaria “democrática, participativa y
pluralista”, determinándose que en el marco de las finalidades del Estado -art. 2º-, se
encuentra la de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

37. Bajo este principio fundante de nuestra estructura constitucional, resulta importante
para efectos del presente estudio, hacer referencia al derecho de participación política
en su componente de acceso al ejercicio de funciones públicas. Desde 1994 9 se ha
señalado que la democracia participativa no se limita con establecer procedimientos
para la toma de decisiones, entendiendo que bajo la decisión constituyente de 1991
esta fue redefinida buscando la “estructuración de nuevos escenarios en los que el
ciudadano no agota su rol político en movilización para votaciones periódicas, sino que, el
Constituyente propició nuevos escenarios de injerencia social y política, caracterizados por
mayores espacios de deliberación y de decisión, sobre temas que le afectan o en los que tiene
interés.”10

38. Bajo esta concepción de la democracia participativa, se tiene que la misma
encuentra un instrumento para su materialización en los denominados derechos
políticos consagrados en el artículo 40 constitucional11, el cual precisa:

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

8
Este acápite, reitera apartes de lo dispuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 27 de julio
del 2021, radicado 11001-03-28-000-2020-00004-00; M.P. Rocío Araújo Oñate.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
10
Corte Constitucional. Sentencia C- 101 del 24 de octubre del 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Es de resaltar que, sobre este derecho, la Corte Constitucional también ha predicado su naturaleza universal y expansiva. En
decisión C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz se indicó que esta garantía es universal bajo el entendido de que
compromete diversos escenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada, y además, porque el concepto de
política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado, lo que justifica la
injerencia en la distribución, el control y la asignación del poder social. De otro lado, en la misma decisión, se desarrolló su
naturaleza expansiva, porque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a partir del respeto y la constante
reivindicación de un mínimo de democracia política y social, la cual debe ampliarse de manera progresiva con la finalidad de
conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia, lo que exige de los principales actores públicos y
privados, un ineludible compromiso con su efectiva construcción.

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1. Elegir y ser elegido. (…)

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. (Énfasis de la
Sala).12

39. Entendiendo que no existen derechos absolutos, se predica de la anterior
prerrogativa constitucional que la misma puede ser objeto de restricciones razonables y
proporcionales, establecidas por el texto fundamental y por el legislador -arts. 123 y
150, numeral 23 de la Constitución- y que, por lo tanto, se contraponen directamente al
interés del ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y control del poder
político13. Es de resaltar que estas limitaciones también encuentran su fundamento en
la finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los intereses de la
población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como son la igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ello conforme al
artículo 209 Superior14.

40. Bajo el panorama antes descrito, se presenta la figura jurídica de las inhabilidades.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esta se entiende de la
siguiente manera:

“(…)las inhabilidades son ‘aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que
impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público
(…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad,
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos
públicos’, y que las mismas pueden tener naturaleza sancionatoria, en materia penal,
contravencional, disciplinaria, correccional y de punición por indignidad política; en los
demás casos no tienen dicha naturaleza.”15.

41. Las decisiones de esta Corporación han sido pacíficas en señalar igual concepto
respecto de la figura en estudio. En fallo de unificación la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo precisó respecto del concepto de inhabilidad16:

“3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues
buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran afectadas por
situaciones, circunstancias o condiciones, que el Constituyente anticipó como riesgos que
afectan intereses, valores y principios superiores protegidos.”
12
No sobra indicar que, en virtud del bloque de constitucionalidad consagrado en los incisos 1º y 2º de artículo 93 de la Constitución,
el reconocimiento de esta garantía se encuentra incorporado en diversos tratados internacionales hace parte de nuestro
ordenamiento interno, por lo que es importante referenciar igualmente al contenido del artículo 21 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
13
Se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
C-408 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
15
Al respecto, ver: sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-348 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-
181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Todas las anteriores, citadas en: Corte Constitucional. Sentencia C-903 del 2008. M.P. Jaime
Araújo Rentería.
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29 de enero del 2019. Radicación
11001-03-28-000-2018-00031-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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2.3.2 Elementos constitutivos de la causal de inhabilidad alegada

42. Efectuado el breve recuento conceptual anterior, se expone a continuación los
requerimientos normativos que estructuran la causal de inhabilidad alegada en la
demanda bajo estudio. Así las cosas, se tiene que la literalidad del numeral 6º del
artículo 179 constitucional dispone:

ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas: (…) 6. Quienes estén vinculados entre sí por
matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o
grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban
realizarse en la misma fecha.

43. La disposición normativa en comento prescribe, más allá de los vínculos de
consanguinidad o afinidad establecidos en la norma, que la inscripción de quienes
detentan dichos lazos familiares, sea gestionada por la misma formación política, en el
contexto de una sola elección, que en este caso sería para el Congreso de la
República.

44. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 9 de febrero de
200617, adujo que la finalidad de este supuesto inhabilitante se centraba en:

“… conjurar el nepotismo político, evitando que se sigan sucediendo las dinastías
electorales, donde miembros de una misma familia se valen del poder electoral de uno de
sus parientes para conquistar los cargos de elección popular, lo que en verdad viene a
quebrantar el principio de la igualdad que debe reinar en todo proceso electoral”.

45. De allí que este presupuesto de inhabilidad defienda el establecimiento de
condiciones de igualdad entre los candidatos que persiguen ocupar una curul al interior
del Congreso, toda vez que el ejercicio eleccionario se somete a la depuración de
conductas que conlleven a simular los ambientes propicios para el ejercicio de labores
proselitistas que exige cualquier Estado Democrático de Derecho.

46. Esta Sección18 frente a la causal 6° del artículo 179 Superior, ha sostenido que se
refiere a situaciones que tengan lugar en la misma contienda electoral, en este caso el
Congreso de la República, en cualquiera de sus dos cámaras.

47. Así las cosas, se tiene que para su estructuración se debe acreditar:

17
M.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Rad. 080001-23-31-000-2004-00093-02 (3900). Demandado: Diógenes Hernández
Casado.
18
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de abril de 1993,
M.P. Amado Gutiérrez Velásquez, Rad. 0639, 0623, 0624, 0632, 0633, 0636, 0638, 0643, 0645, 0647, 0651, 0652, 0654, 0655,
0656, 0659, 0661, 0667.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, M.P. Susana
Buitrago Valencia, Rad. 11001-03-28-000-2014-00113-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 7 de septiembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2014-00095-00;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de marzo de 2019, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2018-00090-00 (Acumulado 11001-03-28-000-2018-00110-00).

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
Cámara por Bogotá, 2022-2026

Elementos Ingrediente normativo
Que exista entre los inscritos el vínculo que establece la norma:
Subjetivo matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
La inscripción al cargo o como miembro de corporación pública de elección
Objetivo popular por parte de los parientes se haga por el mismo partido o
movimiento político.
Circunstancial La inscripción sea para la misma corporación pública, esto es, el Congreso
de la República entendido en sus dos cámaras.
Temporal Que la elección deba realizarse en la misma fecha.

48. Del aparte trascrito es posible establecer entonces elementos de naturaleza
subjetiva, objetiva y circunstancial, cuya materialización deberá ser concurrente19
con el propósito de configurar los efectos y consecuencias jurídicas de la condición de
inelegibilidad, entre ellas, la declaratoria de nulidad de la elección que se demanda.

2.3.3 Resolución del problema jurídico

49. Elemento subjetivo20: Se debe recordar, que con esta inhabilidad el constituyente
quiso impedir las dinastías electorales, de modo que era necesario proscribir que la
fuerza electoral de uno de los parientes se utilizara para favorecer al otro, según lo
sostuvo la Corte Constitucional21, en donde determinó que:

“… La extensión de la inhabilidad concebida por la Constitución para uno de los más
importantes cargos electivos de carácter nacional, a la esfera de los cargos electivos
municipales, puede ser vista como un desarrollo del principio constitucional de igualdad
en el acceso a los cargos públicos. La interdicción a las dinastías electorales familiares -
propósito de las normas -, es una forma de asegurar la igualdad real y efectiva entre los
diferentes aspirantes a ocupar cargos de elección popular.

Desde otro ángulo, las normas demandadas pretenden establecer una situación de paridad
respecto de las condiciones de ejercicio de la actividad política, sin desconocer, desde
luego, las diferencias que existen entre los distintos cargos de elección popular. El peligro
del nepotismo y del uso de las influencias y poder familiar, se predican tanto de las
elecciones de congresistas como de concejales y alcaldes municipales. También el
perjuicio que se causa a la democracia por este factor, se extiende a todas las elecciones.
No puede, en este orden de ideas, resultar censurable, que por la vía de la ley se extienda a
los cargos electivos locales, la inhabilidad que la Constitución ha previsto para los
congresistas y que, precisamente, se ha considerado idónea para enervar el fenómeno que
se quiere extirpar…”.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00.
Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P. Susana
Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-
00628-00. Sentencia de 16 de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 24 de noviembre de 2018. M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de agosto de 2015, M.P: Luis Rafael Vergara
Quintero, Radicado No. 11001-03-15-000-2014-02211-00(PI) y 11001-03-15-000-2014-02770-00(PI)
21
Corte Constitucional, sentencia C-373 del 24 de agosto de 1995, M.P: Carlos Gaviria Díaz.

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Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
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50. Es así como, este elemento deviene en trascendental para la configuración de la
presente causal de inelegibilidad, dado que en él se soporta su finalidad y es la de
evitar el nepotismo, por lo que se procederá a establecer si existe el vínculo que
materializa este elemento.

51. En este punto, obra en el plenario los registros civiles de nacimiento con serial
21411117 de la señora María del Mar Pizarro García y NUIP 52425419 de la señora
María José Pizarro Rodríguez, de donde se puede extraer, que son hermanas al tener
el mismo padre:

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52. Teniendo en cuenta la prueba del parentesco se tiene por acreditado este primer
elemento.

53. Elemento Objetivo22 Este elemento lo compone la inscripción de la candidatura
y que éste ocurra por la misma agrupación política.

54. Frente al primero, esto es, el registro como candidato, la jurisprudencia de la
Sección Quinta23 ha señalado que: “…de la misma literalidad de la causal de inhabilidad de
coexistencia de inscripciones se desprende que para su configuración se requiere de una
inscripción previa, veamos: “quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se
inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones
públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”. Las expresiones
“vínculo”, “mismo” y “misma” evidencian que quien primero se inscribe no puede ser
sujeto de la inhabilidad toda vez que a su inscripción no le “coexiste” ninguna otra.”
(Negrilla del texto original, subrayas añadidas).

55. De lo anterior se extrae, que quien se inscribe primero no se encuentra inhabilitado,
dado que, para la materialización del presente elemento, se requiere que coexistan las
candidaturas y, esto solo es posible cuando el segundo ciudadano concreta su
pretensión de someterse a las urnas y postula su nombre formalmente ante la
organización electoral.

56. Así lo ha reiterado la Sala Electoral cuando señaló24:

Ahora bien, recordemos que en cuanto a su interpretación evidencian, tanto la parte
actora como la demandada, diferentes posiciones. De un lado, para el demandante
parece ser claro que, en la medida en que la norma nada dice sobre el factor temporal,
este es indiferente para su aplicación. Por otro, la defensa del demandado argumenta que
dicho criterio debe tener toda la relevancia ya que, cuando el señor Henry Hernández
Hernández efectuó su inscripción no estaba incurso en prohibición alguna, de manera
que, su conducta ajustada a la norma no podría traer una consecuencia de nulidad.

Una y otra posición pueden respaldarse con jurisprudencia de la Sección. Por
mucho tiempo se consideró que, ya que la causal involucraba a dos candidatos,
debía entenderse que nunca el primero en inscribirse se encontraría inhabilitado en
consideración a que cuando éste efectuó su inscripción, no se materializaban los
elementos de la causal, pues ningún familiar suyo estaba inscrito aún.25

Cuatro años después, esta Sección, mediante sentencia del 5 de Agosto de 1999, se
apartó de la anterior interpretación al considerar que “siendo válidas ambas
inscripciones, una de ellas no puede resultar pasible de nulidad y la otra incólume

22
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Expediente: 54001-23-33-000-2019-0345-01. M.P:
Carlos Enrique Moreno Rubio.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 50001-23- 31-000-2011-00691-01.
Sentencia de 6 de mayo de 2013. M.P Alberto Yepes Barreiro.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013, M.P: Alberto Yepes
Barreiro, Radicado No. 5001-2331-000-2011-00691
25
Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, sentencias del 8 de junio de 1995 (1271), 17 de Julio de 1995 (1305) y 6 de
octubre de 1995 (1400).

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en caso de victoria electoral compartida; eso sería tanto como sujetar la suerte de
un candidato a la habilidad de su pariente cercano a quien le bastaría inscribirse
temprano para inhibir a aquel de hacerlo y frustrarle sus aspiraciones por razones
muchas veces contingentes, que la jurisdicción administrativa no puede secundar sin
romper el equilibrio y la mesura que son inherentes a la gestión de sus órganos”26.

Pues bien, esta Sala, con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen,
encuentra que la primera de las interpretaciones es la que debe privilegiarse: (…)

Es aquí cuando las dos interpretaciones posibles de la inhabilidad objeto de estudio se
enfrentan, y, justamente, lo que acontece es que bajo una de ellas la afectación del
segundo principio es menor, bajo la otra es total. Para la primera, el primer candidato
inscrito puede resultar elegido, y al mismo tiempo se garantiza que, en su zona de
influencia, exista democratización del poder. Para la segunda, la finalidad también se
cumple, sin embargo, ninguno de los candidatos inscritos pueden resultar elegidos.
Naturalmente, desde que el presupuesto de la inhabilidad los cobije a ambos por igual.

Sólo la primera de las interpretaciones, es decir, aquella bajo la cual la conducta lícita del
primer candidato no puede ser sancionada, pasa el test de necesidad puesto que es la
única que garantiza la igualdad electoral sacrificando lo menos el derecho fundamental a
elegir y ser elegido.

Así, confirma la Sala que sin duda es la interpretación que debe ser adoptada por la
Sección.” (Negrillas fuera del texto original).

57. Por manera que, para la determinación del elemento objetivo, se consultarán los
formularios E-6 respectivos, con el fin de determinar si la demandada fue la primera en
inscribirse, circunstancia que configuraría el presente criterio.

58. El E-6 SEN, que se corresponde con la lista al Senado, se expone a continuación

26
En el mismo sentido Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, sentencia del 24 de febrero de 2005 (3442).

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59. De la lectura del mismo se extrae que la lista al Senado por la coalición
denominada Pacto Histórico, se suscribió el 13 de diciembre de 2021, a las 17:59.

60. Revisado el E-6CT de la demandada, encontramos:

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61. Del documento electoral se extrae que la demandada se inscribió el 13 de
diciembre de 2021, a las 9:34:45 pm.

62. Por manera que, el elemento objetivo, en lo que hace al factor de inscripción de la
candidatura, se encuentra acreditado, en tanto las 2 ciudadanas se postularon en igual
data, esto es, 13 de diciembre de 2021 para las elecciones de Congreso de la
República que se celebraron el 13 de marzo de 2022; no obstante, la demandada fue la
última en registrarse como candidata, dado que la aspiración quedó formalizada ante la
Organización Electoral, a las 9:34:45 pm, mientras que la de su hermana fue a las
05:59 pm, por lo que queda plenamente demostrado que fue la segunda en materializar
su aspiración y con ello, ser objeto de la presente causal de inhabilidad.

63. Corresponde ahora determinar si la inscripción se hizo por el mismo partido o
movimiento político conforme la regla constitucional.

64. Para corroborar este requisito, se tiene que en los anexos de la demanda obra la
Resolución No. 2151 del 5 de junio de 201927, por medio de la cual el CNE dictó
algunas medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas.

65. Esta normativa señala en su artículo 1° que los partidos y movimientos con
personería jurídica, deberán registrar en el momento de la inscripción de la lista el
acuerdo de coalición que deberá contener como mínimo la descripción clara y expresa
de la filiación política de cada uno de los candidatos y de las organizaciones políticas
que otorga expresamente el aval.

27
25_MemorialWeb_1.Resolución2151de2019delConsejoNacionalElectoralpormediodelacualsedictanalgunasmedidasoperativaspara
laimplementacióndelaslistasdecandidatosencoaliciónparacorporaciones(.pdf) NroActua 17 del sistema SAMAI.

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66. En virtud de ello, y al haberse inscrito la demanda y su pariente a través de la figura
de la coalición28 denominada Pacto Histórico, corresponde verificar los respectivos
acuerdos para determinar su filiación política.

67. El acuerdo de coalición suscrito para la Cámara de Representantes por Bogotá,
señala lo siguiente:

68. Corresponde ahora determinar la filiación política de la señora María José Pizarro
Rodríguez, a saber:

28
Esto conforme se demostró con los registros de los formularios E-6 de la Cámara por Bogotá y del Senado de la República.

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69. Del tenor literal de los documentos que soportaron la inscripción de las
candidaturas, se tiene que las demandadas pertenecen a colectividades diferentes, esto
es, la demandada al movimiento político Colombia Humana, mientras que, su hermana
al MAIS.

70. Adicional a lo manifestado, se tiene que el artículo 93 del Código Electoral,
establece que:

“En la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del partido o
movimiento político por el cual se inscribe una candidatura o lista de candidatos, y
los inscriptores harán ante el respectivo funcionario electoral, bajo juramento, la
declaración de que son afiliados a ese partido o movimiento político. Para los
candidatos tal juramento se entiende prestado por su firma en el memorial de aceptación
de la candidatura”.

71. Así las cosas, no queda duda, que las demandadas no fueron inscritas por la
misma colectividad política al Congreso de la República.

72. Surge ahora responder el interrogante del demandante, en el sentido de entender
que las entonces candidatas participaron en el certamen democrático resultando
electas por la misma coalición política, colectivo que en su postulación lo hizo a
través de listas cerradas.

73. Con el fin de determinar si este factor se puede acreditar con la pertenencia a una
coalición política, la Sala encuentra que este interrogante debe absolverse desde varias
perspectivas, a saber:

74. Interpretación restrictiva: De lo revisado de forma pretérita, la norma inhabilitante
consagró la prohibición de inscribirse por el mismo partido, movimiento o grupo sin que
hiciera mención alguna a las coaliciones, asunto que no puede ser entendido en este
caso como elemento estructurador de la causal de inelegibilidad analizada, en tanto
sería dar una comprensión extensiva a la misma, aspecto que se encuentra prohibido
en materia de inhabilidades, al ser una restricción al derecho fundamental de
participación política.

75. Al respecto, la Corte Constitucional señaló29:

“No se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango constitucional, son
excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos públicos, que no sólo
está expresamente consagrado por la Carta sino que constituye uno de los elementos
fundamentales de la noción misma de democracia. Así las cosas, y por su naturaleza
excepcional, el alcance de las inhabilidades, incluso de aquellas de rango
constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos
corriendo el riesgo de convertir la excepción en regla. Por consiguiente, y en función del
principio hermenéutico pro libertate, entre dos interpretaciones alternativas posibles de una

29
Conste Constitucional, sentencia C-147 de 1998.

17

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norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos limita el derecho
de las personas a acceder igualitariamente a los cargos públicos.” (Negrillas propias).

76. Por manera que, no puede entenderse que las coaliciones se encuentran
comprendidas dentro de la causal de inhabilidad endilgada a la demandante en razón a
que ello desconocería su carácter restrictivo y la literalidad misma de la norma en
comento.

77. Contenido de las nociones de partido, movimiento, grupo y coalición: Para
soportar la anterior conclusión y dotar de mayor claridad lo afirmado, se impone traer a
colación, la razón por la cual el concepto de coalición no se encuadra en la
denominación de partido, movimiento o grupo político.

78. Para ello, es necesario acudir a lo consagrado en el artículo 2° de la Ley 130 de
1994, que trae la definición de partidos y movimientos políticos a saber:

“Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político,
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y
manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de
elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.

Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para
influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones.

79. La Corte Constitucional en sentencia C-089 de 1994 frente a la constitucionalidad
del mencionado artículo señaló:

“La definición de partido que consagra el artículo 2 recoge, en lo esencial, las funciones
sumariamente descritas, como quiera que la anterior relación de funciones, equivale a
postular que en aquél se refleja el pluralismo político y, por su conducto, se promueve y
encauza la participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad
popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en
las decisiones políticas. Con la constitucionalización de los partidos se pretende,
entonces, establecer reglas de juego que permitan mejorar las condiciones de
competencia pluralista, fundamento del sistema democrático, y con ello develar y controlar
una actividad en la que se determina lo esencial del poder político y de la función pública.
(…)

El movimiento de tipo político, por su grado de organización y permanencia, está llamado
a convertirse eventualmente en partido. La organización social, en cambio, mantiene sus
propósitos políticos como objetivos que adquieren importancia coyuntural en la
consecución de los fines de tipo social que posee la institución. El movimiento social no
tiene el grado de organización del partido o de la organización social. Sus objetivos
también son circunstanciales, pero su evolución puede derivar en un movimiento político.

80. Ahora bien, en cuanto a los grupos significativos de ciudadanos estableció:

“Las entidades y fuerzas políticas que se manifiestan en la sociedad son clasificadas por
el texto constitucional con base en el criterio de organización política. Si por organización
se entiende un conjunto humano ordenado y jerarquizado que asegura la cooperación y la

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coordinación de sus miembros con el objeto de alcanzar los fines propuestos, la
enumeración de entidades hecha por la Constitución posee dos polos opuestos: el partido
político, de un lado, y el grupo significativo de ciudadanos, del otro. El primero tiene una
clara estructura consolidada, con jerarquías permanentes y claramente diferenciadas,
valores, tradiciones y códigos disciplinarios. El grupo significativo de ciudadanos, en
cambio, es una manifestación política coyuntural que recoge una voluntad popular
cualitativamente importante. El término significativo sólo puede ser sopesado en
términos sociológicos y teniendo en cuenta la importancia de la manifestación política del
grupo dentro de unas circunstancias específicas…” Negrilla fuera de texto.

81. De lo conceptos reseñados, se tiene que los partidos políticos y movimientos
políticos son organizaciones consolidadas, ordenadas y jerarquizadas, que se rigen
por sus estatutos en donde se estipula, como mínimo: 1. Su denominación y símbolos
distintivos, 2. El régimen de pertenencia, esto es, las reglas de afiliación y retiro, así
como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros. 3. Autoridades, órganos
de dirección, gobierno, administración, órganos de control, entre estos el Consejo de
Control Ético y el Veedor de la respectiva organización, junto con las reglas para su
designación y remoción. 4. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar
procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas,
entre otros30.

82. Por otro lado, los grupos significativos son asociaciones coyunturales de
ciudadanos que se suman para atender una circunstancia específica sin que tengan
esa vocación de permanencia que se deriva de los partidos y movimientos políticos; lo
cual no obsta, para que puedan ser denominadas y estar definidas por su propio logo
que identifique la manifestación política que recoge.

83. Finalmente, en lo que hace a las coaliciones, su definición ha sido desarrollada por
esta Sección31, dado que el ordenamiento jurídico colombiano no lo señaló
expresamente por ello, se acude a lo normado en la Ley 130 de 1994, que enseña:

“Art. 13 (…) los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando
coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes estatales a
la campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de gastos.”

84. Con fundamento en dicha regla, se consideró que las coaliciones32 son alianzas
propias del proceso democrático no prohibidas por las leyes electorales, en las que:

“… se desenvuelven los movimientos y partidos, (…). Tanto es así que el artículo 13 de la
Ley 130 de 1994, inciso final, no solamente las avala sino que autoriza expresamente que
los partidos o movimientos políticos que formen coaliciones puedan determinar

30
Ver artículo 4 de la Ley 1475 de 2011.
31
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Rad.
11001-03-28-000-2014-00088-00.
32
Ídem.

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previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña, so pena de
que pierdan el derecho a la reposición de gastos estatales.” 33.

85. De otra parte, se ha establecido que las coaliciones “… se constituyen como
mecanismos estratégicos que cuentan con el aval constitucional, para ser aplicados en los
procesos de escogencia de candidatos (Art. 107 C.P.), comoquiera que constituyen una
expresión del libre ejercicio del derecho de participación y de postulación política…”.34

86. Así mismo, se ha referido que aquellas: “…surgen de la manifestación libre y voluntaria
de las organizaciones políticas, llámense partidos o movimientos políticos, o
asociaciones o grupos significativos de ciudadanos; que se pueden pactar antes de las
elecciones y con el propósito de conquistar el poder político en las urnas, y que también se
pueden dar esos acuerdos con fines programáticos o de gobierno, posteriores a la jornada
electoral (…)”35 (Se resalta).

87. Quiere decir ello, que las coaliciones son alianzas propias que hacen parte del
proceso democrático, cuya génesis es la existencia previa de agrupaciones políticas
que quieran de manera libre inscribir candidatos a través de este mecanismo; es decir,
su existencia se deriva no del surgimiento de una nueva forma organizativa que busca
lograr el poder, sino de la unión de esfuerzos de colectividades preexistentes para
dichos fines políticos.

88. De lo anterior se tiene que, cuando la norma superior reseña el término “grupo” no
se refiere a coaliciones, sino a las formas organizativas que la Constitución y la ley
confiere la potestad de inscribir directamente candidatos, llámese partido, movimiento o
asociaciones, las cuales, bajo el principio de autonomía de la voluntad, pueden unirse
para conformar una coalición y de allí surge la candidatura única ya sea a un cargo o
por listas.

89. Es decir, las coaliciones no son una forma organizativa que por sí misma pueda
inscribir candidatos, todo lo contrario, quien hace la postulación democrática es cada
partido, movimiento o grupo significativo a través de sus representantes legales o bajo
el sistema de recolección de firmas, los cuales, cuando cuentan con la personería
jurídica -partidos y movimientos-, pueden aunar esfuerzos para lograr alcanzar las
curules a las que aspiran, sin que ello implique la concreción de una nueva fuerza.

90. Se concluye de lo reseñado, que los conceptos de partido, movimiento o grupo
político, no devienen en sinónimos de las coaliciones, en tanto los primeros, son las
formas organizativas reconocidas por la Constitución y las leyes para alcanzar la
satisfacción de unos ideales u objetivos coyunturales, a través del acceso al poder

33
Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 25000-
23-24-000-2001-01189-01(8575).
34
Corte Constitucional sentencia C-490 de 2011.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 1 de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
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político desde sus diferentes estructuras; mientras que, las segundas se erigen como
un medio con que éstas cuentan para lograr dicho fin.

91. En reciente decisión, la Sala36 sostuvo que cuando se conforman coaliciones no
surge “… una nueva agrupación política con la posibilidad de tener afiliados como ocurre
con las que sí son reconocidas como tales por el ordenamiento jurídico, ni tampoco, que en
virtud de la coalición el candidato de un partido se desafilie automáticamente del mismo
para pasar a una nueva agrupación que es distinta a la suma de organizaciones que
contribuyeron a su creación...”.

92. Lo anterior quiere decir, que cuando un ciudadano inscribe su candidatura por una
coalición, debe quedar claro al momento de su registro, de una parte, la colectividad a
la que se encuentra afiliado, y de otra, las que deciden apoyar de forma conjunta su
aspiración electoral, con fundamento en la Resolución No. 2151 del 5 de junio de 2019
del CNE.

93. Como sustento de ello, se señaló 37: “De acuerdo con lo expuesto, uno de los requisitos
que se deben cumplir en la inscripción de candidatos por parte de coaliciones de partidos o
movimientos políticos es que en el formulario E-6 se deje claro no solo las agrupaciones
políticas que integran la coalición, sino la filiación política del candidato, para que, en
palabras de la Corte Constitucional, se proteja la libertad del elector, puesto que de esa manera
sabe con certeza a qué partido pertenece, ya que la coalición podría generar confusión al
respecto. Así las cosas el formulario E-6 para coaliciones, sirve para demostrar el partido
de origen del candidato. (…)”.

94. Vale la pena resaltar, que se extraña en el ordenamiento jurídico una disposición
que extienda la inhabilidad consagrada en el numeral 6 del artículo 179 Superior, a las
coaliciones, es decir, el legislador no incluyó en su decisión de prevenir el nepotismo,
las alianzas.

95. Por lo expuesto, el hecho que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por las
coaliciones denominadas Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no
quiere decir, que sus postulaciones sean por la misma agrupación política, en tanto,
como se señaló, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Electoral del
Consejo de Estado, sostienen que quien se inscribe a través de este mecanismo,
mantiene su filiación y deber de lealtad con la organización que lo avala, sin que pueda
predicarse la creación de una nueva colectividad y con ello, una pertenencia a ésta que
implique la coincidencia prohibida.

96. De otra parte, surge como necesario aclarar, que la demandada no se inscribió por
la misma coalición dado que por cada circunscripción se suscribió un acuerdo

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 1 de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
37
Ibidem.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
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separado, del cual se puede advertir que no representa una fusión administrativa o
financiera ni de otro tipo entre los partidos. Al respecto se tiene:

97. Para el senado se presentó lo siguiente:

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00128-00
Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello
Demandada: María del Mar Pizarro García – Representante a la
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98. Así las cosas, tampoco se puede decir, que fue el mismo documento el que
suscribieron las señoras Pizarro, que permita inferir que se trata de la misma coalición,
dado que los textos firmados, parten de obligaciones contraías en acuerdos diferentes,
de donde se extrae sin ninguna duda que esta alianza no implica la formación de una
nueva entidad distinta de quienes se unieron para la suscripción del mismo.

99. En conclusión, al no materializarse componente objetivo de la inhabilidad, resulta
vano estudiar los demás elementos que la componen. Por consiguiente, corresponde a
la Sala Electoral denegar las pretensiones de la demanda de nulidad que nos ocupa, tal
como se dejará consignado en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad del
acto de elección de la señora María del Mar Pizarro García, como representante a la
Cámara por Bogotá, período 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM del 11 de
abril de 2022, conforme la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. – ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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