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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04840-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04840-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 7 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-01 Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04840-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-01
Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Doble militancia / CONFIRMA
IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de relevancia constitucional.
Reproches tienen como fin emplear la tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario y carecen de la suficiente carga argumentativa

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la
acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 4 de agosto de 2025, el señor Sergio Andrés Jaimes Rueda, en nombre propio,
promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin
de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin
efectos la sentencia de 17 de julio de 2025, emitida dentro del proceso de nulidad
electoral1 que instauró, junto con la señora Yoley Lisset Rincón Velandia, contra el
señor Víctor Guillermo Caicedo Pinzón, con el objeto de obtener la anulación de su
acto de elección como concejal de San José de Cúcuta para el período 2024-2027,
por haber incurrido en doble militancia, en la modalidad de miembros de una
corporación pública2.

2.
En la providencia acusada, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el
señor Víctor Guillermo Caicedo Pinzón3 -en calidad de demandado en el proceso de
1
Expediente 54001-23-33-000-2024-00004-01 (acumulado con el expediente 54001-23-33-000-2024-00017-00).
2
Se señaló el incumplimiento de la obligación de renunciar a la curul anterior, obtenida con el Grupo Significativo de
Ciudadanos Todos por Cúcuta para el período 2020-2023 para el Concejo de esa ciudad, antes de inscribirse a esa misma
corporación, pero con el aval del partido Alianza Verde.
3
Cuestionó la valoración probatoria, advirtiendo que la parte actora se limitó a probar la existencia de un grupo significativo de
ciudadanos denominado Todos por Cúcuta para las elecciones de 2019 y 2024, pero no acreditó que se tratara del mismo

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Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

nulidad electoral-, se revocó la decisión judicial de 24 de octubre de 2024, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a las pretensiones
de la demanda, para en su lugar, negarlas. Se precisó que el Grupo Significativo de
Ciudadanos Todos por Cúcuta conformado para las elecciones territoriales de 2019
dejó de existir luego de que efectuara la inscripción de los candidatos para los
comicios realizados ese año, por lo que el demandado no debía renunciar a su curul
en el concejo para inscribirse por otro partido o movimiento político para las
elecciones territoriales de 2023.

3.
La parte actora sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, pues se
interpretó de manera indebida y descontextualizada el ordenamiento jurídico relativo
a la existencia jurídica de los grupos significativos de ciudadanos en el marco de la
figura de la doble militancia. Se asumió que la existencia de un grupo de la anterior
naturaleza culmina en el momento mismo en que este inscribe a sus candidatos para
una elección específica. A su juicio, dicha afirmación no solo carece de sustento
normativo, pues ninguna norma establece que la vida jurídica de aquel se extinga
por ministerio de la inscripción de candidatos; sino que desconoce la estructura del
sistema democrático de participación regulado por la Constitución y desarrollado por
la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa.

4.
En este caso, el marco normativo reconoce que los grupos significativos de
ciudadanos son mecanismos de participación ciudadana, cuya existencia no se
agota con el acto de inscripción de candidaturas. Por tanto, el razonamiento
planteado en el fallo acusado transforma de facto un acto administrativo de
inscripción en un certificado de defunción jurídica del grupo promotor, lo cual
introduce una ficción normativa carente de todo respaldo legal.

5.
Además, no se tuvo en cuenta que la misma Sección Quinta, en sentencia de 29
de septiembre de 20164, concluyó que la existencia jurídica de un grupo significativo
de ciudadanos debe analizarse conforme a su proyección real y comprobada para el
período siguiente, y no se extingue con la inscripción de candidatos. Es decir, se
señaló que la vida jurídica de un grupo de este tipo se proyecta al periodo para el
cual fue conformado, y que su continuidad debe probarse con hechos posteriores,
no presumirse extinta con la sola inscripción de candidaturas.

6.
En todo caso, de aceptarse la postura de la autoridad accionada, de que aquellos
grupos se extinguen automáticamente tras la inscripción de sus candidatos, se pasó
por alto que el Grupo Significativo de Ciudadanos “Todos por Cúcuta” ha participado
activamente en al menos tres procesos electorales desde su creación en 2015,
cuenta con representación vigente en el Concejo Municipal y ostenta, actualmente,
la alcaldía de la ciudad.

grupo o que se hubiera perpetuado. Igualmente calificó como un yerro jurídico considerar que estas organizaciones tienen
carácter permanente.
4
Expediente 05001-23-33-000-2015-02495-02, C. P. Rocío Araújo Rentería.
2

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7.
De igual modo, se incurrió en desconocimiento del precedente. Se desatendió
el criterio uniforme de la misma autoridad judicial accionada5 respecto de la vocación
de permanencia de los mencionados grupos y su sometimiento al régimen de
inhabilidades. Postura que debilita los controles institucionales sobre la
representación política, al permitir que quienes fueron elegidos con el aval de un
grupo significativo de ciudadanos cambien de filiación política sin enfrentar
consecuencias jurídicas, lo cual desdibuja el principio de lealtad política inherente a
la prohibición constitucional de doble militancia. Además, la autoridad accionada
debió exponer una suficiente carga argumentativa si se iba a apartar de dicha
postura, pero no lo hizo.

8.
Asimismo, se presentó una violación directa de la Constitución, pues se
quebrantó el artículo 107 Superior, que consagra expresamente la prohibición de
doble militancia como límite al ejercicio del derecho a la participación política. Figura
que ha sido interpretada por la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional,
en el sentido de indicar que aquella se extiende a los grupos significativos de
ciudadanos.

9.
De aceptar la tesis del juez natural, la prohibición de doble militancia devendría en
una ficción inoperante para aquellas agrupaciones, lo cual no solo vacía de contenido
la ratio decidendi de la sentencia C-490 de 2011, sino que atenta contra el principio
de disciplina partidista, entendido en sentido amplio y, por ende, contra los derechos
de los electores que depositan su confianza en un proyecto político que,
supuestamente, representa una ideología o identidad colectiva. Es decir, quienes
resulten electos por un grupo significativo de ciudadanos, aunque lleguen al cargo
gracias al respaldo de ciudadanos que firmaron y votaron para construir una
alternativa electoral, podrían inscribirse en otro partido con principios o ideales
distintos a los que inicialmente les otorgó la curul, sin que ello implique sanción
alguna.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 17 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no
superar el presupuesto de relevancia constitucional. Se determinó que el debate
planteado en la solicitud de amparo ya fue zanjado en sede ordinaria, por cuanto el
recurso de apelación interpuesto por el allí demandado se circunscribió a señalar
que el Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta no tenía vocación de
permanencia, frente a lo cual el tutelante se pronunció en ese litigio. Sin embargo, la
autoridad judicial acogió la tesis del demandado.

11.
En ese sentido, se observa que la parte actora pretende que se estudie
nuevamente lo relativo a la vocación de permanencia del aludido grupo, a pesar de

5
Sentencias de 24 de febrero de 2016, expediente 05001-23-33-000-2015-02495-02, C. P. Rocío Araújo Oñate; y 18 de enero
de 2016, expediente 05001-23-33-000-2015-02379-02, C. P. Rocío Araújo Oñate.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-01
Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

que el juez natural del asunto ya efectuó una valoración probatoria sobre dicho
aspecto y explicó las razones por las cuales consideró que dicha agrupación política
no tenía vocación de permanencia, motivo por el cual concluyó que no se configuró
la figura de la doble militancia ni ninguna otra causal que permitiera declarar la
nulidad electoral pretendida.

C. La impugnación

12.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, bajo el
fundamento de que la discusión no versa sobre la nulidad electoral en sí misma, sino
sobre si el fallo acusado puede sustraerse del control constitucional, pese a alterar
sin justificación el alcance del artículo 107 de la Constitución Política, desconocer la
sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional y quebrantar de manera grave
el principio de seguridad jurídica.

13.
A pesar de que el fallo impugnado constata la existencia de cargos
constitucionales, los aborda como si fueran simples discrepancias de legalidad, sin
efectuar el análisis de si la interpretación que vacía de contenido el artículo 107
Superior y desconoce la referida sentencia de la Corte configura o no un problema
constitucional.

14.
Se dejó de examinar que la sentencia objeto de censura (i) rompe sin justificación
una línea jurisprudencial previa sobre la vocación de permanencia de los grupos
significativos de ciudadanos y el sometimiento de sus elegidos al régimen de doble
militancia; y (ii) introduce una tesis inexistente en el ordenamiento, según la cual un
grupo de esa naturaleza deja de existir una vez culmina el acto de inscripción o las
elecciones, incluso cuando aquel ha obtenido representación en corporaciones
públicas.

15.
En esa medida, la decisión judicial acusada desconoce el deber de los jueces de
decidir conforme al precedente, desestabiliza las expectativas legítimas de los
ciudadanos y de las agrupaciones políticas y erosionan la previsibilidad del derecho
en materia electoral y de participación política.

D. Trámite en segunda instancia
16.
El 5 de febrero de 2026 el presente asunto fue asignado por reparto para surtir el
trámite de impugnación al despacho a cargo del consejero Fernando Pardo Flórez,
quien manifestó su impedimento para asumir su conocimiento, el cual fue aceptado
con auto de 17 del mismo mes y año, en el que se dispuso sortear dos conjueces
entre los magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección Tercera de
esta Corporación. Diligencia que se realizó el 25 siguiente y en la que resultaron
elegidos los consejeros Fredy Hernando Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-01
Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

17.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

18.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por el tutelante sea
suficiente para tener por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional,
motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada.

19.
Para que se habilite el examen de constitucionalidad de la decisión judicial
censurada, se debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que
no se configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una
inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia atacada.
Como lo anotó el a quo, se pretende emplear esta acción como una instancia
adicional del proceso de nulidad electoral, con la finalidad de reabrir el debate jurídico
ya definido por el juez natural de la causa, sin desarrollar una suficiente carga
argumentativa para tal propósito. El simple desacuerdo con una decisión judicial que
le resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo faculta para que acuda ante el
juez constitucional con el objeto de modificarla.

20.
En ese sentido, se advierte que, aunque la parte actora invocó las causales
específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial de defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, los
argumentos están dirigidos a que se acoja la tesis que pregona sobre la vocación de
permanencia de los grupos significativos de ciudadanos, en particular, el
denominado “Todos por Cúcuta”, con el fin de que se aplique con base en este la
figura de doble militancia al demandado en el asunto ordinario.

21.
Al respecto, esta Sala evidencia que la Sección Quinta hizo referencia al artículo
28 de la Ley 1475 de 2011, el cual brindó la posibilidad a tales grupos de inscribir
candidatos a las distintas contiendas electorales. También citó jurisprudencia de esa
misma Sala7, en la que se sostuvo que dichos grupos recogen una manifestación
política coyuntural. Con base en ello, adujo que “las agrupaciones en mención son
manifestaciones políticas coyunturales que carecen de vocación de permanencia y
de un nivel de organización que le permita asegurar un estado de institucionalidad;
por ende, tales grupos tienen como objeto recoger una voluntad popular

6
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
Sentencias de 8 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00128-00, C. P. Rocío Araújo Oñate; 13 de junio
de 2024, expediente 47001-23-33-000-2023-00288-02, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra; y 30 de enero de 2025, expediente
68001-23-33-000-2023-00844-02, C. P. Gloria María Gómez Montoya.
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cuantitativamente importante, con la finalidad de obtener resultados concretos
sociales y económicos, o solo participar en un proceso electoral determinado”.

22.
En ese sentido, concluyó que “la finalidad de los grupos significativos de
ciudadanos es la inscripción del candidato a un cargo o corporación pública, pues es
de esa forma como se materializa el propósito para el cual se crearon”. Por tanto, el
Grupo Significativo de Ciudadanos Todos por Cúcuta dejó de existir luego de que se
realizara tal acto para las elecciones territoriales de 2019, por lo que el demandado
no debía renunciar a su curul en el concejo para inscribirse por otro partido o
movimiento político para las elecciones territoriales de 2023.

23.
La anterior conclusión no comporta arbitrariedad o capricho alguno en cuanto a la
interpretación de la existencia jurídica de los grupos significativos. Por el contrario,
se hizo referencia a la normativa que los regulaba y se estimó que, conforme a su
naturaleza, carecen de vocación de permanencia. Aserción que no fue desvirtuada
por el tutelante desde una óptica constitucional, pues lo que se evidencia es que
pretende la imposición de su hermenéutica frente a dichas agrupaciones.

24.
De igual modo, no se evidencia en qué sentido se desatendió la sentencia de 29
de septiembre de 2016, máxime cuando consultada esta providencia contiene
precisamente el criterio acogido por la autoridad judicial accionada. En dicho
pronunciamiento se indicó que al catalogar a los grupos significativos de ciudadanos
como coyunturales, no se contrariaba la sentencia C-490 de 2011 de la Corte
Constitucional, “puesto que si bien la Corte reconoció allí los derechos de esa clase
de agrupaciones, también corroboró su definición ajustada a un carácter transitorio”.

25.
Además, el accionante aduce que de acuerdo con la mencionada decisión judicial
se debía analizar su proyección real y continuada para el período siguiente y no
debía tenerse como extinguida con la inscripción de candidatos. En ese sentido,
señaló que no se tuvo en cuenta que el Grupo Significativo de Ciudadanos “Todos
por Cúcuta” participó en al menos tres procesos electorales desde su creación en el
2015.

26.
Sin embargo, la autoridad judicial consideró no demostrada la continuidad alegada
por la parte actora en las diligencias ordinarias, razón por la cual, en atención a ello
y a que realizó inscripción para las elecciones territoriales de 2019, concluyó que
esta se había extinguido al efectuarse tal acto y no era la misma de las elecciones
de 2015. Conclusión que no se considera carente de razonabilidad.

27.
Por otro lado, el accionante alegó que la autoridad accionada desatendió la
postura que ella misma había fijado, en cuanto a la vocación de permanencia de los
mencionados grupos y su sometimiento al régimen de inhabilidades. No obstante,
como se anotó en precedencia, el juez natural del asunto citó jurisprudencia que
respaldaba su postura, por tanto, no resultaba indispensable que desarrollara una
carga argumentativa al respecto, en la medida en que no la inobservó.

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28.
Por último, el tutelante señaló que se quebrantó el artículo 107 Superior, así como
el alcance que le dio la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011.

29.
Sobre el particular, no se advierte una argumentación suficiente para sustentar la
irregularidad advertida, pues la autoridad accionada citó el mencionado precepto
constitucional, así como el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, que regula la figura de
la doble militancia, en especial, lo referente a la modalidad de miembros de una
corporación pública. Diferente es que haya determinado que no existía prueba
alguna que acreditara la continuidad de la agrupación con el fin de que sus
integrantes fueran objeto de la figura de doble militancia. Es decir, lejos de indicar
que un grupo significativo de ciudadanos no era pasible de la prohibición de doble
militancia, ello se condicionaba a su continuidad, lo cual no se demostró en el sub
lite.

30.
Por tanto, más allá de la configuración de alguna de las causales específicas de
procedibilidad invocadas, lo que se observa es que la parte actora hace alusión a un
criterio jurídico que defiende y que considera correcto, sin desvirtuar desde la óptica
constitucional que el acogido por el juez natural del asunto constituye la afectación
constitucional que alega, máxime cuando se pretende dejar sin efectos una
providencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable
que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente
de manera abierta con la Carta Política.

31.
En tal sentido, acceder a lo pretendido por el actor implicaría invadir la órbita de
competencia del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido
instituido como una tercera instancia, en el que se defina de nuevo el debate jurídico
ya zanjado por aquel.

32.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, al no superarse el requisito de relevancia
constitucional.

33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente
la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04840-01
Accionante: Sergio Andrés Jaimes Rueda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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