RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2024-00011-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2024-00011-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2024-00011-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 10 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, negar la prosperidad de estas. TERCERO: RECONOCER personería al doctor Alberto Yepes Barreiro, identificado con tarjeta profesional 29.629 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, en los términos y para los efectos del poder conferido. CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 73001-23-33-000-2024-00011-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de marzo de 2025

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 73001-23-33-000-2024-00011-01
Demandante: JOSÉ OSBALDO ELÍAS MARTÍNEZ FAJARDO
Demandado: JUAN GUILLERMO BELTRÁN AMÓRTEGUI – DIPUTADO DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, PERIODO 2024-
2027

Tema: Inhabilidad por parentesco con candidato inscrito por el mismo
partido a cargo o corporación pública del numeral 6° del artículo 49
de la Ley 2200 de 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado, contra la
sentencia del 10 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El señor José Osbaldo Elías Martínez Fajardo, en nombre propio, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tendiente a obtener la
nulidad del formulario E-26 ASA del 17 de noviembre de 2023, por medio del cual se
declaró la elección del señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui como diputado del
departamento del Tolima, para el periodo 2024-2027.

1.2 Hechos

La parte demandante indicó que el accionado es compañero permanente de la señora
Adriana Paola Rondón García, desde hace más de 20 años, y pariente en segundo grado
de afinidad del señor Juan Enrique Rondón García.

Explicó que el demandado y su cuñado son militantes del partido Cambio Radical y fueron
aspirantes para las elecciones del 29 de octubre de 2023, así:

1 El escrito fue radicado el 19 de enero de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

1

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

• El 29 de julio de 2023, el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui fue inscrito a la
lista de la Asamblea Departamental del Tolima, con el aval de la coalición «CAMBIO
RADICAL – ALIANZA DEMOCRATICA [sic] AMPLIA A.D.A».

• El «27» (sic) de julio de 2023, el señor Juan Enrique Rondón García se inscribió
como candidato a la alcaldía de Honda, por la coalición «Honda Nos Une 2024-
2027»2.

Afirmó que el accionado y su cuñado fueron elegidos diputado del departamento del
Tolima y alcalde del municipio de Honda, respectivamente, para el periodo constitucional
2024-2027.

1.3 Concepto de la violación

Invocó como normas desconocidas los numerales 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022 y 5° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Destacó que la aludida normativa establece que no es posible materializar la candidatura
de un aspirante a la asamblea departamental cuando ya se encuentra inscrito, por el
mismo partido, un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, para un cargo de elección popular o para corporaciones públicas, «[…] dentro
del mismo departamento y con la misma fecha de elección».

Consideró que la inhabilidad invocada pretende combatir o prohibir el nepotismo, para
que clanes familiares no «[…] se apoderen de las entidades territoriales o de los cuerpos
colegiados».

Resaltó que el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui es el compañero permanente de
la señora Adriana Paola Rondón García, quien, a su vez, es hermana del señor Juan
Enrique Rondón García, por lo tanto, este último y el demandado son parientes en el
segundo grado de afinidad.

Adujo que, conforme a los formularios E-6 AL del «27» (sic) de julio de 2023 y E-6 AS del
29 siguiente, el señor Juan Enrique Rondón García y el demandado son militantes del
partido Cambio Radical y se inscribieron como candidatos a la Alcaldía de Honda y a la
Asamblea Departamental del Tolima, en su orden, con lo cual se encuentran probados
cada uno de los elementos de la inhabilidad propuesta.

1.4 Actuaciones procesales

1.4.1 La admisión

Mediante providencia del 1° de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima
corrió traslado por el término de 5 días a las partes, para que se pronunciaran sobre la
solicitud de suspensión provisional propuesta por el demandante.

2 Coalición integrada por los partidos políticos Cambio Radical y Creemos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

El 13 de febrero de 2024, el señor Antonio José París Márquez pidió ser vinculado como
coadyuvante, sin manifestación adicional.

Por medio de auto del 4 de abril de 2024, el a quo admitió la demanda, ordenó notificar
al demandado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional
Electoral, y aceptó la intervención del mencionado ciudadano.

En el mismo proveído, el tribunal negó la solicitud de suspensión provisional del acto
cuestionado, comoquiera que no advirtió «[…] de manera certera y contundente que para
el 29 de julio de 2023 fecha en la cual el demandado JUAN GUILLERMO BELTRÁN
AMORTEGUI se inscribió como candidato a la Asamblea Departamental del Tolima y
hasta el momento de su elección estuviera vigente el vínculo y la calidad de compañero
permanente con la señora ADRIANA PAOLA RONDÓN GARCÍA y por ende con el señor
JUAN ENRIQUE RONDON GARCÍA» [sic para toda la cita].

El 15 de abril de 2024, el accionante presentó reforma a la demanda, con la cual aportó
documentales adicionales a las allegadas con el escrito inicial, para probar el supuesto
vínculo entre el accionado y su compañera permanente.

En virtud de la providencia del 22 siguiente, el tribunal admitió la citada reforma.

1.4.2 Contestaciones de la demanda

1.4.2.1 Registraduría Nacional del Estado Civil

Invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y advirtió que solo se
encarga de la organización de las elecciones, no emite acto administrativo alguno, ni
operación que determine si un voto es válido o no. Realizó un análisis normativo de los
jurados de votación, los testigos electorales y las comisiones escrutadoras, para concluir
que no debe permanecer vinculada al presente asunto.

1.4.2.2 Demandado

Por intermedio de apoderado, aclaró que la señora Adriana Paola Rondón García,
hermana del alcalde electo del municipio de Honda, no era su compañera permanente
desde mayo de 2023; debido a ello, al momento de la inscripción de su candidatura no
existía grado de afinidad alguno.

Expuso que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia3, la calidad de
compañero permanente se deriva de la voluntad de la pareja de establecer un apoyo,
acompañamiento o compromiso constante y permanente de formar una familia, lo cual
no se demostró en este caso. Por el contrario, dijo que la señora Adriana Rondón rindió
una declaración, el 8 de febrero de 2024, en la que manifestó, ante notario, que no había
apoyo económico ni convivencia con el accionado, porque ella reside en Bogotá, en tanto,
aquel vive en el departamento del Tolima.

3 «Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria STC16717-2022, Magistrado Ponente: Dr. Francisco

Ternera Barrios».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Subrayó que la señora Adriana Rondón y él tienen una hija, lo que conlleva el
cumplimiento de deberes en común, sin que ello signifique que sean compañeros
permanentes.

Respecto de las imágenes de un evento en el que asistieron la aludida señora y el
diputado electo, argumentó que «[…] se trata de un acto público que según lo dicho por
el demandante data de la posesión de JUAN ENRIQUE RONDON es decir con
posterioridad a la inscripciones para las elecciones territoriales en el cual asiste
naturalmente miembros de su familia; lo mismo ocurre con la imagen de celebración en
la cual interviene la menor hija de JUAN GUILLERMO BELTRAN, es que la imagen
muestra que a la misma asisten en calidad de padres de la menor, pero no es indicativo
de que al momento de la inscripción de BELTRAN AMORTEGUI fueran compañeros
permanentes» [sic para toda la cita].

Comentó que el señor Juan Enrique Rondón se inscribió por una coalición diferente a la
suya, y si bien ambas están integradas por el partido Cambio Radical, esta conducta no
está prevista como inhabilidad, porque lo que prohíbe la norma es que la inscripción haya
sido por una misma agrupación política, sin importar la filiación.

Invocó los principios pro persona y pro libertatis según los cuales, entre dos
interpretaciones posibles de una norma que regula una prohibición, se debe preferir
aquella que limita en menor grado el derecho de las personas a acceder en igualdad de
condiciones a los cargos públicos.

1.5 Otras actuaciones de la primera instancia

• En el término de traslado de las excepciones propuestas por la parte accionada, el
demandante afirmó, entre otras cosas, que es «[…] de conocimiento público […] que la
residencia de la pareja BELTRAN-RONDON en la ciudad de Honda durante el año 2023
y 2024 ha sido la casa ubicada en la carrera 16 calle 11 esquina Honda Tolima esquina
[sic], residencia que fue la manifestada por el demandado en su declaración extraprocesal
rendida ante la notaría tercera de la ciudad de Ibagué de fecha 08 de octubre de 2023».

Aunado a ello, solicitó el decreto de pruebas documentales y testimoniales para
controvertir las excepciones de fondo.

• El 17 de junio de 2024, durante la audiencia inicial del artículo 283 del CPACA, el
Tribunal Administrativo del Tolima determinó que la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil sería resuelta
con la sentencia; tuvo como pruebas las documentales allegadas por las partes y decretó
las testimoniales4, el interrogatorio de parte del accionado y las que de oficio5 consideró

4 De la parte demandante decretó los testimonios solicitados con la demanda y en el escrito en el que se pronunció

frente a las excepciones de las siguientes personas: Henry Tocora Muñetones, Margot Alvarado González, José Rafael
Herrera Martínez, Óscar Fernando Guzmán, Fabián Alexander Andrade, Flórez y Édgar Hernández Gaitán. Por la parte
accionada, accedió a escuchar las declaraciones de Leydi Lorena Álzate León, Hernán Darío Páez Gutiérrez, Jhoanna
Alexandra Montoya Muñoz, Carmen Lucía Pérez Rodríguez y Adriana Virginia Giraldo Lamprea. El testimonio de la
señora Adriana Paola Rondón García fue decretado por solicitud de ambos extremos de la litis.
5 El a quo ordenó requerir a las Registradurías Nacional del Estado Civil, Departamental y Municipal de Honda para

que aportaran «[…] (i) formulario inscripción en el que se indique especialmente la fecha en que se radicó la inscripción
de los señores Juan Guillermo Beltrán Amórtegui y Juan Enrique Rondón García a sus respectivas candidaturas,
debiendo indicar bajo qué partido o partidos en caso de coalición, y allegar el acto de coalición correspondiente y (ii)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

necesarias para resolver la controversia planteada. Además, fijó el litigio de la siguiente
manera:

En consecuencia, la Sala Unitaria considera que, el problema jurídico a resolver se
circunscribe a determinar si es válida la declaratoria de la elección de Juan Guillermo
Beltrán Amórtegui, como diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, contenida en
el E-26 ASA del 17 de noviembre de 2023.

Para tal efecto, resulta necesario resolver el siguiente interrogante:

Si el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui se encuentra inmerso en la causal de
inhabilidad consagrada en la parte final del numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
por haberse inscrito, a juicio del accionante, por el mismo partido, agrupación política y/o
coalición que su cuñado, el señor Juan Enrique Rondón García, quien resultó elegido
alcalde del Municipio de Honda (Tol.).

Para ello, se requiere establecer si entre el demandado Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
y la señora Adriana Paola Rondón García existe o existió un vínculo de unión permanente
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección que ubicara a su hermano el señor
Juan Enrique Rondón García en el segundo grado de afinidad contemplado en la norma
como inhabilitante para participar en las elecciones que se realizaron en el departamento
del Tolima en la misma fecha, con el fin de establecer si en el presente caso se materializa
la causal de anulabilidad electoral contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del
C.P.A.C.A.

• El 12 de julio de 2024, el magistrado sustanciador del tribunal realizó la audiencia de
pruebas en el curso de la cual incorporó las documentales aportadas que habían sido
requeridas de oficio; practicó las testimoniales de la parte demandada, donde escuchó
las declaraciones de la señora Leydi Lorena Alzate León, Jhoanna Alexandra Montoya
Muñoz y Hernán Páez Gutiérrez; y, aceptó el desistimiento de los demás testimonios
requeridos.

Por su parte, comoquiera que la parte demandante no asistió ni concurrieron los testigos
citados, no practicó las pruebas decretadas a su favor; pese a ello, el a quo y el Ministerio
Público interrogaron al demandado.

Dentro de la misma diligencia, el togado requirió a la Administradora de los Recursos el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a la EPS Suramericana SA,
para que «[…] certifique[n] si dentro del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de
2022 y el 1 de noviembre de 2023, el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui cambió su
estatus de beneficiario a cotizante, debiendo indicar quien era su cotizante en los
momentos en que fungió como beneficiario y la fecha exacta de su cambio».

Además, en aplicación del inciso final del artículo 181 del CPACA, prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y les ordenó a las partes que presentaran sus
alegatos de conclusión por escrito y al Ministerio Público para que rindiera su concepto
respectivo.

todos los actos que se expidieron con el fin de declarar como diputado electo de la Asamblea Departamental del Tolima
al señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui y, como alcalde electo al señor Juan Enrique Rondón García».
Asimismo, requirió al partido Cambio Radical para que aportara una certificación en la que constara la filiación de los
señores Juan Guillermo Beltrán Amórtegui.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

• A través de auto del 19 de julio de 2024, el magistrado conductor del proceso tuvo como
prueba los documentos que allegó la testigo Leidy Lorena Alzate León «[…] como soporte
de su dicho y como la actual compañera permanente del señor Juan Guillermo Beltrán
Amórtegui […]» y les corrió traslado de estos a los demás sujetos procesales.

• Mediante providencia del 30 de octubre de 2024, el tribunal dejó sin efectos la decisión
de concederles a las partes el término para que allegaran sus alegatos de conclusión, les
corrió traslado de unas pruebas documentales aportadas por la EPS SURA y el ADRES
y ordenó que, una vez ejecutoriado el auto, aquellas presentaran sus alegaciones finales.

2. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de providencia del 10 de diciembre de
2024, accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Enunció los elementos contenidos en el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, para la configuración de la inhabilidad.

Recordó que el demandado, en sus alegatos, afirmó que conforme a la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia6, no puede haber más de dos uniones maritales de hecho
y que él mantiene una desde el 2021 con la señora Leidy Lorena Álzate León; por el
contrario, la relación que tuvo con la señora Adriana Paola Rondón García no fue
constante ni singular, y, en todo caso, solo se mantuvo hasta mayo de 2023.

Al respecto, explicó que la unión marital de hecho no se sujeta a las mismas exigencias
de la sociedad patrimonial y/o de los procesos civiles tramitados ante la jurisdicción
ordinaria, puesto que la acción electoral protege otros bienes jurídicos, por ende, la
relación simultanea no era óbice para excluir el estudio del parentesco controvertido y
era irrelevante para el caso analizado.

Arguyó que la declaración del demandado fue evasiva y coincidente con su interés de
demostrar que no hubo permanencia en la relación con la señora Adriana Paola Rondón
García, pese a que las pruebas documentales evidencian lo contrario. Por ejemplo, la
póliza del seguro de salud en la que se expresa la calidad de compañera permanente de
la señora Rondón7.

Resaltó que la señora Adriana Rondón y el demandado coinciden en que su relación
sentimental inició en la década del 2000, «[…] vínculo que de conformidad con lo
establecido por la contestación de la demanda se mantuvo coincidencialmente y se
finiquitó en el mes de mayo de 2023, por lo que, resulta imposible para esta Sala tener
por probado que dentro de la misma no se haya creado en un espacio de más de 14 años
una unión permanente con vocación de socorro, apoyo y ayuda mutua, pues otro hecho
que es coincidente entre ambos es que su relación desde sus inicios fue a distancia a
causa del desempeño profesional de ambos, permitiendo ello concluir que, era una
dinámica familiar pactada y no como lo pretende dejar entrever el demandado a tal punto
que, de su relación con el paso de los años nació una niña […]».

6 Citó las sentencias «SC4361 DE 2018» y «SC4263 DE 2020».
7 Póliza de salud global de Seguros SURA, para la vigencia comprendida del 14 de abril de 2022 al 14 de abril de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Precisó que la señora Adriana Rondón, bajo la gravedad de juramento, acreditó la unión
marital de hecho, cuando en su declaración de bienes y rentas, del 25 de enero de 2023,
para ingreso a un cargo público indicó que el demandado era su compañero permanente,
información que goza de plena validez.

Adicionalmente, recordó que en una declaración extraproceso, el 9 de octubre de 2023,
el señor Juan Guillermo Beltrán manifestó que «[…] era soltero con unión marital de
hecho vigente y que su residencia y domicilio correspondía a un inmueble que, de
conformidad con el certificado de libertad y tradición allegado, es propiedad de la señora
Adriana Paola Rondón García […]», información que coincide con la contenida en las
certificaciones expedidas por el ADRES y la EPS SURA; por consiguiente, consideró
evidente «[…] el vínculo filial entre ellos para el 29 de julio de 2023 fecha en la que
coexistieron entre los candidatos no solo las inscripciones de sus candidaturas
respectivas, sino también su vínculo de afinidad […]».

Analizó videos y fotografías como pruebas documentales y enlaces de publicaciones del
perfil de Facebook del alcalde electo de Honda y de la página oficial de la alcaldía de la
referida entidad territorial que valoró como mensajes de datos, con los cuales coligió que
quien se encuentra al lado del demandado, en el acto de posesión del señor Juan Enrique
Rondón García, el 31 de diciembre de 2023, es la señora Adriana Paola Rondón.
Además, en dicho evento se evidenció un saludo al señor Juan Guillermo Beltrán
Amórtegui, como diputado electo, y a su esposa, la señora Rondón.

Por lo anterior, en aplicación de las reglas de la experiencia, dedujo que la relación de
pareja existió al momento de la inscripción de la candidatura del accionado, sin que él
llegase a demostrar, con las pruebas aportadas, que el vínculo hubiese terminado en
mayo de 2023.

En cuanto al elemento modal, estimó que el hecho de que el demandado y el señor Juan
Enrique Rondón García se hayan inscrito por coaliciones distintas a la Asamblea
Departamental del Tolima y a la Alcaldía de Honda, en su orden, no desvirtúa el hecho
de que sus «[…] postulaciones son por la misma agrupación política – Cambio Radical-,
en tanto, como se señaló, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala
Electoral del Consejo de Estado, quien se inscribe a través de este mecanismo, mantiene
su filiación y deber de lealtad con la organización que lo avala, sin que – la unión con otro
movimiento o partido político en coalición - pueda predicarse la creación de una nueva
colectividad y con ello, una pertenencia a ésta que implique la inaplicación de la conducta
prohibida por la ley».

Expuso que los mentados candidatos se inscribieron el mismo día, el 29 de julio de 2023,
para las elecciones territoriales celebradas en el departamento del Tolima, para cargos o
corporaciones públicas que se celebraron el 29 de octubre de 2023; sin embargo, lo fue
en distintas horas, como lo evidencian los formularios E-6, de los cuales se infiere que el
demandado fue el segundo en materializar su aspiración, por lo cual se configuró la
inhabilidad invocada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

3. El recurso de apelación8

Inconforme con la decisión, el demandando, por intermedio de apoderado, formuló
recurso de apelación y destacó que el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
no establece que la inhabilidad se configure cuando la inscripción de los candidatos sea
por una coalición, aunque tengan la misma filiación política, conforme al criterio de la
Sección Quinta del Consejo de Estado9.

Precisó que la «[…] Ley 1475 de 2011, establece la posibilidad de inscribir candidatos,
mediante coaliciones de lo cual se dejara evidencia en el formato o formulario de
inscripción, bajo esta hipótesis, se efectúo la inscripción de JUAN GUILLERMO
BELTRAN AMORTEGUI según el radicado E6ASA290000006884002 DEL 29 DE JULIO
DE 2023 por los siguientes partidos en coalición CAMBIO RADICAL – ALIANZA
DEMOCRATICA A.D.A y la inscripción de JUAN ENRIQUE RONDON GARCIA según el
radicado E6ALC290640005671001 DEL 29 DE JULIO DE 2023 por los siguientes
partidos en coalición PARTIDO CAMBIO RADICAL – PARTIDO POLITICO CREEMOS»
[sic para toda la cita].

Mencionó que los conceptos de partidos o movimientos políticos no son sinónimos de
coalición, por consiguiente, la interpretación realizada por el tribunal para declarar
probada la inhabilidad en la sentencia apelada no es restrictiva, ni aplicó los principios
pro persona y pro libertatis, en los términos definidos por la Corte Constitucional10.

En lo que concierne al parentesco, comentó que el a quo calificó de irrelevante que él
sea compañero permanente de la señora Leidy Lorena Álzate León, pese a que la Ley
54 de 1990 y la sentencia STC16717-2022 de la Corte Suprema de Justicia establecen
que los elementos que permiten ostentar la calidad de compañeros permanentes es la
comunidad de vida permanente, apoyo, socorro mutuo y la singularidad11.

Indicó que en la declaración extrajudicial de la señora Adriana Paola Rondón García
quedó claro que «[…] ha tenido una relación afectiva con JUAN GUILLERMO BELTRAN
que no ha sido PERMANENTE O BAJO EL MISMO TECHO existiendo
INTERRUPCIONES y un distanciamiento más prolongado en el mes de mayo de 2023 y
siguientes». Adicionalmente, ella afirmó que no recibe apoyo económico de aquel ni tiene
el ánimo de conformar una familia, lo cual es congruente con lo manifestado por el
demandado en el interrogatorio de parte.

Frente a las pruebas aportadas, resaltó que en los «[…] registros fotográficos no se
observan muestras de afecto, siempre se observa a PAOLA RONDON cerca a su
hermano el Alcalde electo de Honda y otras personalidades como la Gobernadora del
Tolima» y el hecho de que hayan coincidido en actos públicos no significa que tengan un
vínculo como pareja.

8 Concedido por el tribunal, mediante auto del 16 de enero de 2025.
9 Citó la sentencia: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrada Ponente:

Rocío Araújo Oñate, providencia del ocho (08) de septiembre de dos mil veintidós (2022), Referencia: Nulidad Electoral,
Radicación: 11001-03-28-000- 2022-00128-00».
10 Citó las sentencias: «C-200 de 2001» y «SU-207 de 2022».
11 Citó igualmente las sentencias SC4361 de 2018 y SC4263 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Aclaró que la señora Leydi Lorena Alzate, su compañera permanente, no asistió a los
actos políticos porque es servidora pública de la DIAN, por ende, tiene proscrito actuar
en este tipo de eventos o apoyos.

Citó las pruebas documentales aportadas por la señora Leydi Alzate, incorporadas por el
tribunal, que dan cuenta de que el diputado electo y ella son compañeros permanentes
desde 2021, tales como, pólizas de seguros, declaraciones de bienes y rentas efectuadas
por ella en 2023 y 2024 en las que consta que el señor Juan Guillermo Beltrán es su
«cónyuge», afiliación al fondo de empleados, oficio de Colpensiones, contratos de
arrendamiento, así como el registro «[…] fotográfico allegado por la declarante, da cuenta
de su acompañamiento a la inscripción como acto público, al cual se le resto eficacia
probatoria por el fallador de primera instancia, a pesar de ser posible de imprimirle valor
como documento no tachado».

Lo anterior, se acompasa con la declaración de la señora Jhoanna Alexandra Montoya
Muñoz, amiga cercana de la señora Adriana Paola Rondón García, quien sostuvo que la
señora Rondón y el accionado no convivían y no conocía que tuvieran una relación
sentimental.

Explicó que, aunque en una declaración ante notario expuso que su estado civil era
soltero y con un domicilio en un inmueble de propiedad de Adriana Rondón, de ello no se
infiere que tengan la calidad de compañeros permanentes, ni suma o refuerza esa
conclusión, por cuanto, ella vive en la ciudad de Bogotá. Además, existen otras pruebas
que dan cuenta de que él reside en Ibagué, con la señora Leidy Alzate.

Agregó que, para la fecha de su inscripción como candidato a la Asamblea Departamental
del Tolima no tenía la calidad de compañero permanente Adriana Paola Rondón García,
de modo que no se erige el parentesco en segundo grado de afinidad entre él y el señor
Juan Enrique Rondón García.

4. Actuaciones en segunda instancia

Por medio de providencia del 6 de febrero de 202512, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la
sentencia de primera instancia y corrió traslado para alegaciones finales y concepto del
Ministerio Público.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

5.1 Demandado13

A través de apoderado, reiteró el argumento según el cual el tribunal interpretó de manera
errada que las postulaciones de él y del señor Juan Enrique Rondón García se hicieron
por la misma agrupación política, cuando lo cierto es que se inscribieron por coaliciones;
aspecto que no cumple con uno de los presupuestos enunciados en la inhabilidad
contenida en el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, referente a que la

12 Índice 5 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
13 Índice 13 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

inscripción debe ser por el mismo partido o movimiento político.

Adujo que, en la práctica, el a quo extendió los efectos de la causal invocada a un caso
no previsto, «[…] so pretexto de que tanto al caso regulado (la inscripción por parte de
partidos y movimientos políticos) como al no regulado (la inscripción por coaliciones), les
pueden ser imputadas las mismas consecuencias jurídicas porque en uno y otro caso se
concretaría la finalidad que el legislador quiso con la inhabilidad».

En cuanto al parentesco de afinidad dijo que, del análisis integral y completo de todas las
pruebas obrantes dentro del expediente, no se demostró plenamente, sin asomo de duda,
la existencia de la unión permanente entre él y la señora Rondón García, al momento de
la inscripción como candidato, el 29 de julio de 2023.

Destacó que el tribunal excluyó material probatorio que demostraba la inexistencia del
vínculo, debido a la diferencia en el domicilio, a la ausencia de dependencia económica
y de convivencia permanente, por lo cual, es evidente que el demandante no logró probar
los hechos de la demanda que sustentan sus pretensiones, pese a que tenía la carga de
ello.

Insistió en que «[…] para el momento en que se realizó la inscripción referida tantas
veces, con suficiencia fue probada la existencia de la unión permanente […] [con] la
señora Leydi Lorena Alzate León, lo que descarta, bajo el presupuesto de la singularidad,
la existencia de una unión diferente y adicional (especialmente con la señora Paola
Rondón García)».

5.2 Registraduría Nacional del Estado Civil14

Por intermedio de apoderado, reiteró los argumentos de su contestación, en el sentido
de solicitar que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. Concepto del Ministerio Público

Guardó silencio dentro del proceso de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 15 numeral 7 literal
(a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, esta Sección es
competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 10 de diciembre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda.

14 Índice 9 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de
los diputados de las asambleas departamentales […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

2.2 Cuestión previa

Dos aspectos confluyen en este capítulo, el primero en relación con el escrito de alegatos
de conclusión allegado por quien fungía como apoderado del demandado y, el segundo,
frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.2.1. De los alegatos de conclusión

Revisado el expediente, se advierte que, el 17 de febrero de 2025, se realizaron las
siguientes actuaciones:

(i) A las 11:32 am, el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui remitió, al correo
electrónico de la secretaría de esta Sección, el poder conferido al doctor Alberto
Yepes Barreiro, para que lo represente judicialmente en el proceso de la
referencia16.

(ii) A las 11:50 am, el abogado Wilson Leal Echeverri, quien fungía como
apoderado del demandado, presentó escrito con el cual renunció al mandato
otorgado, junto con el paz y salvo por concepto de honorarios17.

(iii) A las 4:55 pm, el doctor Alberto Yepes Barreiro formuló los alegatos de
conclusión y anexó los documentos correspondientes para que se le reconociera
personería18.

(iv) A las 4:58 pm, el doctor Leal Echeverri radicó los alegatos de conclusión, en
nombre del accionado19.

(v) A las 6:03 pm, el mismo abogado solicitó no tener en cuenta el anterior
memorial, en el entendido que ya no actúa como apoderado judicial del
demandado20.

Al respecto, se recuerda que, en los términos del artículo 75 del Código General del
Proceso (CGP), aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, «[…] [e]n ningún caso
podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona».

Sumado a ello, el artículo 76 del CGP prevé que «[…] [e]l poder termina con la radicación
en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado […]».

Así las cosas, comoquiera que, en primer lugar, el señor Juan Guillermo Beltrán
Amórtegui radicó ante la secretaría el poder conferido a su nuevo apoderado, el doctor
Alberto Yepes Barreiro, este último fue quien quedó facultado para representar los
intereses de su poderdante y no el abogado Wilson Leal Echeverri, a quien le fue

16 Índice 15 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
17 Índice 12 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
18 Índice 13 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
19 Índice 14 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
20 Índice 17 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

revocado de manera tácita.

Por consiguiente, y, en atención al memorial allegado por el doctor Leal, en el que solicita
que no se tengan en cuenta los alegatos presentados por él, la sala solo analizará los
allegados por el abogado facultado para ello, cuyos argumentos fueron sintetizados en
precedencia.

2.2.2 Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado
Civil

Esta Sala de decisión considera necesario precisar que, aun cuando la registraduría
propuso la excepción en comento, el tribunal de primera instancia omitió pronunciarse
sobre el particular. En efecto, durante la audiencia inicial del 17 de junio de 2024, el a quo
dispuso que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil sería resuelta con la sentencia; sin embargo,
luego de acceder a las pretensiones de la demanda, no hizo manifestación alguna.

En el entendido de que ese es un aspecto procesal que puede y debe declararse, se
procederá a resolverlo. De cualquier forma, se exhorta al Tribunal Administrativo del
Tolima, para que, en lo sucesivo, atienda el procedimiento previsto para la resolución de
ese tipo de excepciones.

Como se expuso en los antecedentes, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó
que se le desvinculara, toda vez que no tiene injerencia en la realización de los escrutinios
ni en los resultados de estos.

De entrada, debe advertirse que esta excepción tiene que ser declarada probada, porque
la competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil en materia de inscripción de
candidaturas es clara, la cual no incluye la revisión de causales de carácter subjetivo de
nulidad electoral, tanto el candidato como el partido o movimiento político o coalición.
Únicamente se refiere a la verificación de que quienes participen en consultas de carácter
popular o internas de un partido, movimiento o agrupación política no se inscriban por
otro diferente en el mismo proceso electoral o se pretenda la inscripción de uno distinto
al seleccionado mediante dicho mecanismo.

Estas razones conllevan a la conclusión de que la Registraduría Nacional del Estado Civil,
para este caso en concreto, cumple funciones de verificación formal de requisitos para la
inscripción de las candidaturas. De modo que, en relación con la naturaleza del vicio por
el cual se acusa la legalidad del acto de elección demandado, esto es, presuntamente
haber incurrido en la inhabilidad por haberse inscrito para un cargo o corporación pública
por un mismo partido o movimiento político con quien tiene parentesco en segundo grado
de afinidad, es posible advertir que esta causal no encuentra relación alguna ni se
enmarca en la órbita de funciones otorgadas a la referida entidad, que amerite mantener
su vinculación en el presente proceso.

En suma, los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Registraduría Nacional del
Estado Civil tienen vocación de prosperidad. En consecuencia, se declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

2.3 Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia recurrida. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia
del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia
de primer grado y los reparos del recurrente.

Conforme a los lineamientos fijados por el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, se deberá establecer (i) si el demandado tenía parentesco en el segundo grado de
afinidad con el señor Juan Enrique Rondón García, aspirante a la Alcaldía de Honda, al
momento de la inscripción de su candidatura como diputado de la Asamblea
Departamental del Tolima, el 29 de julio de 2023; y, (ii) si la causal de inhabilidad
contenida en la norma ibidem, en su elemento modal, se extiende a los aspirantes que
se inscriban por coaliciones.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco jurídico
y jurisprudencial de la inhabilidad del numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,
por parentesco con candidato inscrito por el mismo partido a cargo de elección popular o
corporación pública; y, (ii) el caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo
anterior.

2.4. La causal de inhabilidad por parentesco con candidato inscrito por el mismo
partido a cargo de elección popular o corporación pública del numeral 6° del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén en
la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales21.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad examinan
la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que «[…] auscultan en
los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y las
actividades lucrativas del interesado»22.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de acceso
a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo de su
régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por parte
de esta Corporación, al establecer, en diferentes oportunidades, que el único facultado
para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho es el
legislador23.

21 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también: Sentencias C-558 de

1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
22 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial Ibáñez, 2014,

p. 24.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Expedientes
110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado. C.P. Alberto
Yepes Barreiro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Tratándose de los diputados, el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 24 enunció causales
inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser elegidos como tales. En
relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto
con el siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 33.- De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido diputado:

5. […] Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y
se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.

Posteriormente, la anterior disposición fue reproducida en el numeral 6° del artículo 49
de la Ley 2200 de 202225, fundamento normativo de la pretensión de anulación del
demandante, en los términos que se citan a continuación:

ARTÍCULO 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades
establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito
como candidato, ni elegido diputado:
[…]

6. […] Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco
dentro del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por
el mismo partido o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que
deban realizarse en el departamento en la misma fecha.

En cuanto a la finalidad de la citada inhabilidad, esta Sala Electoral ha sostenido que no
es otra que la de «[…] evitar el nepotismo electoral o la existencia de clanes familiares
en los destinos públicos, esto es, aquella práctica nociva para la democracia, donde
miembros de una misma familia se valen del poder electoral de uno de sus parientes para
conquistar otros cargos de elección popular, lo que viene a quebrantar el principio de
igualdad entre los contendientes y la transparencia del proceso electoral. […]»26.

Además, ha aclarado que «[…] la debida interpretación que debe hacerse de la causal
del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, es que solo afecta al segundo inscrito,
puesto que cuando se inscribe el primero, no hay vicio alguno que lo inhabilite»27.

En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden extraer
los siguientes elementos estructuradores, a saber28:

1. Elemento parental: que exista un vínculo por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

24 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley

orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización,
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional».
25 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos».
26 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de enero de 2021. Expediente 15001-23-33-000-2019-00588-

01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Expediente 54001-23-33-000-2019-

0345- 01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de enero de 2021. Expediente 15001-23-33-000-2019-00588-

01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

2. Elemento modal: que uno de los referidos parientes se inscriba por el mismo partido o
movimiento político para ser elegido en cargos o corporaciones públicas.
3. Elemento territorial: que las elecciones deban realizarse en el mismo departamento.
4. Elemento temporal: que el certamen se lleve a cabo en la misma fecha.

Frente a lo anterior, cabe aclarar que estos elementos deben ser concurrentes, de modo
que, para que se configure la inhabilidad, es necesario que todos estén satisfechos, pues,
no basta con que uno de ellos se acredite, en la medida que el supuesto fáctico de la
norma lo constituye un conjunto inescindible.

2.5 Caso concreto

Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima que accedió a las pretensiones
de la demanda, al considerar que el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui y la señora
Adriana Paola Rondón eran compañeros permanentes al momento de la inscripción de
la candidatura del demandado como diputado del departamento de Tolima, por lo cual, él
y el señor Juan Enrique Rondón García, aspirante a la alcaldía de Honda, tenían un
parentesco en el segundo grado de afinidad.

Aunado a ello, determinó que el accionado y el alcalde electo eran militantes del mismo
partido, Cambio Radical, por consiguiente, aunque se inscribieron por diferentes
coaliciones su filiación y deber de lealtad se mantenía frente a la organización política
que los avaló, lo que configura el elemento modal de la inhabilidad invocada.

Agregó que el demandado inscribió su aspiración horas después que la del señor Juan
Enrique Rondón García, y que ambos participaron en las elecciones territoriales en el
departamento del Tolima, con lo que se encuentran demostrados los demás parámetros
contenidos en el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

Por su parte, el accionado alega que el tribunal no estudió la totalidad del material
probatorio, del cual es posible deducir que tuvo una relación sentimental con la señora
Adriana Rondón hasta el mes de mayo de 2023 y que es compañero permanente de la
señora Leidy Alzate.

Adicionalmente, arguye que la inhabilidad debe ser interpretada de manera restrictiva,
dando aplicación a los principios pro persona y pro libertatis, y que esta no se configura
cuando la inscripción de los candidatos sea por una coalición, aunque tengan la misma
filiación política.

Sobre el particular, se recuerda que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP29, aplicables por

29 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […] [Se resalta].

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

remisión de los artículos 296 y 306 del CPACA, por lo tanto, la Sala se pronunciará
exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente.

En ese orden de ideas, la sala analizará, en primer término, el elemento parental
contenido en el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 y, de encontrarse
configurado, estudiará si se cumple el modal, en los términos señalados en el problema
jurídico.

2.5.1 Elemento parental

Dicho criterio exige «que exista un vínculo por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil»;
no obstante, este no puede entenderse de manera aislada, sino, concordante con el
elemento temporal, comoquiera que el vínculo debe estar probado al momento de la
inscripción de la candidatura del demandado.

Como viene de explicarse, la parte actora afirma que los señores Juan Guillermo Beltrán
Amórtegui y Juan Enrique Rondón García, tenían un parentesco en el segundo grado de
afinidad; debido a ello, resulta imperioso, como primera medida, determinar si el
demandado y la hermana del señor Rondón30 tenían una unión marital de hecho vigente
para el 29 de julio de 202331, fecha de la inscripción de las candidaturas.

Así, resulta pertinente recordar que la Ley 54 de 199032 denominó la «Unión Marital de
Hecho, la formada entre dos mayores de 18 años que, sin estar casados, hacen una
comunidad de vida permanente y singular».

Cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia33 ha establecido que, para que configure
la referida unión se debe demostrar la «“voluntad responsable de conformarla” que se
extrae del artículo 42 de la Constitución, también conocido como affectio maritalis,
consiste en la intención seria y concurrente de conformar una familia, se traduce en la
expresión de voluntad de la pareja, encaminada a alcanzar, de manera consciente,
propósitos compartidos, en un marco de afecto, ayuda y respeto recíproco».

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
30 No fue discutido dentro del proceso y no existe duda sobre el parentesco de consanguinidad entre la señora Adriana

Paola Rondón García y el señor Juan Enrique Rondón García, conforme a los registros civiles de nacimiento aportados
al expediente.
31 Según el formulario E-6AS, en el que consta la lista de candidatos inscritos por la colación Cambio Radical – Alianza

Democrática AMPLIA A.D.A., para la Asamblea Departamental del Tolima y el E-26 AL con el cual se inscribió el señor
Juan Enrique Rondón García a la Alcaldía de Honda por la coalición «Honda Nos Une 2024-2027».
32 «Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes».
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Sentencia del 26 de julio de 2024. Expediente.

15469-31-03-001-2019-00112-01. M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Del mismo modo, la Corte34 desarrolló cada uno de los criterios fijados por la norma que
regula la materia, referentes a la comunidad de vida permanente y singular, así:

(ii) «La comunidad de vida», que trasciende la esfera de la intención para materializar
comportamientos uniformes de los compañeros, que confluyen en unos mismos objetivos
mediatos e inmediatos, con apoyo mutuo y solidario, en una relación afectiva de unidad
como núcleo familiar, compartiendo aspectos existenciales esenciales y cotidianos, con
miras al bienestar común y al crecimiento personal, social, profesional y laboral;
involucrando obligaciones de carácter alimentario y de atención sexual del uno para el otro,
así como deberes parentales, en caso de tener hijos, distribuyéndose la carga
correspondiente a su crianza y educación.
[…]

(iii) «La permanencia», que excluye el simple noviazgo, encuentros sexuales ocasionales,
trato cariñoso esporádico o relaciones intermitentes, sin duración prologada en el tiempo,
pues la estructuración de una comunidad de vida requiere la presencia de un vínculo estable
y permanente de afecto, socorro y compromiso en correspondencia recíproca, con vocación
de continuidad para formar un grupo familiar.

En este punto cabe precisar que, si bien hacer vida marital debe conducir a los compañeros
a compartir mesa, techo y lecho, a decir de esta Corporación, cohabitar no significa que, en
todos los casos, la pareja ha de coincidir residencialmente en la misma morada, puesto
que, en ciertos eventos, circunstancias relativas al oficio o profesión, estudios, salud, entre
otras, impiden la concurrencia habitacional; sin que se desnaturalice la coparticipación de
vida […].

(iv) «La singularidad», que se traduce en una exclusiva dedicación al hogar constituido,
sin abrir espacios a la multiplicidad de vínculos naturales o matrimoniales sin mediar
separación de cuerpos; restricción que responde, más que a una cuestión moral, a razones
jurídicas tendientes a evitar la conflictividad que generaría la simultaneidad de lazos
factuales y nupciales.

No obstante, las relaciones extramaritales no conllevan necesariamente la terminación de
la unión de hecho, puesto que su disolución tiene ocurrencia entre otras causas, al
presentarse la efectiva separación de la pareja; culminación que, con todo, puede
presentarse ante la infidelidad de uno de los consortes «si la nueva relación, por sus
características, sustituye y reemplaza a la anterior y se convierte en un nuevo estado marital
para sus integrantes, o, en su defecto, si los actos de deslealtad entre los compañeros
producen el resquebrajamiento de la convivencia por ocasionar la ‘separación física y
definitiva de los compañero’».

Bajo tales parámetros, la sala entrará a relacionar y analizar las pruebas aportadas e
incorporadas al proceso por el tribunal de instancia.

De acuerdo con el registro civil de nacimiento aportado, se tiene que el demandado y la
señora Adriana Rondón tienen una hija nacida el 8 de abril de 2016.

En la «declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés» de fecha 25 de
enero de 2023, para ingreso como contratista a la Agencia de Desarrollo Rural, la señora
Rondón informó que su compañero permanente era el accionado.

Aunado a lo anterior, se advierte que la parte demandante aportó una declaración
extrajuicio rendida por el accionado ante la Notaría Tercera del Círculo de Ibagué, el 9 de
octubre de 2023, en la cual manifestó, entre otras circunstancias, que tenía una unión

34 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

marital de hecho, sin expresar el nombre de su compañera permanente, y que residía en
la «CRA 16 CALLE 11 ESQUINA, Casa DEL 12 Honda,Tol.».

Al respecto, se verifica que obra un certificado de tradición y libertad, allegado por el
actor, en el que se indica que la señora Adriana Rondón es propietaria del inmueble
ubicado en el municipio de Honda, en la siguiente dirección:

Conforme a la certificación emitida por la Administradora de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) del 23 de septiembre de 2024, durante
el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2022 y el 1° de noviembre de 2023,
el demandado era beneficiario de la señora Adriana Rondón, así:

Asimismo, el 24 de septiembre de 2024, la EPS Suramericana SA dejó constancia de la
siguiente información:

Obra documento del 26 de enero de 2024, con la cual se le remite al accionado la caratula
de una póliza de salud global de Seguros SURA, para la vigencia comprendida del 14 de
abril de 2022 al 14 de abril de 202335, con la modalidad de pagos semestral, en el que
constan los siguientes asegurados:

35 Sin embargo, no fue aportada dicha caratula.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

En los términos de la respuesta otorgada por los delegados departamentales del
registrador nacional del Estado Civil para el Tolima, el 21 de febrero de 2024, la
ciudadana Adriana Paola Rondón tiene el siguiente lugar de votación:

Ahora bien, la parte actora allegó imágenes y videos que serán valorados como pruebas
documentales y se presumen auténticos, en los términos del artículo 244 del CGP,
comoquiera que no fueron tachados por el demandado conforme al artículo 269 de la
norma ibidem.

Sobre el particular, se observan las siguientes imágenes que fueron tomadas el día de la
posesión36 del señor Juan Enrique Rondón García, como alcalde del municipio de Honda:

37

En el video que atañe al aludido evento, se escucha que la moderadora de este menciona
el nombre de algunos asistentes, entre ellos, el del señor Juan Guillermo Beltrán y de la
señora Adriana Paola Rondón, a quien se refirió como la esposa de aquel.

36 Ambas partes aceptaron que las fotografías fueron capturadas en dicho evento.
37 Las personas que se encuentran señaladas en el círculo rojo son el señor Juan Guillermo Beltrán y la señora Adriana

Paola Rondón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

La parte demandante aportó, con el escrito por medio del cual se pronunció frente a las
excepciones propuestas por la parte accionada, los enlaces de las fotos que
corresponden a las inicialmente allegadas con la demanda, que direccionan al perfil de
la Alcaldía de Honda en la red social Facebook, en el cual se puede evidenciar que el
evento se celebró el 31 de diciembre de 2023, así:

En otros videos, que obran en el expediente, no se logra determinar qué día fueron
tomados o en qué evento; sin embargo, se evidencia al demandado junto con la señora
Adriana Rondón, como se puede verificar en las siguientes capturas de pantalla extraídas
por la sección, con fines ilustrativos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

De la misma manera, se verifica que obra una captura de pantalla de una red social38 (sin
identificar), concerniente al cumpleaños número 43 del demandado, quien se encuentra
al lado de la señora Adriana Rondón y de quien parece ser su hija, del 24 de abril de
202339.

Por otra parte, en la «declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés»
del demandado, que fue diligenciada para la posesión como diputado de la Asamblea
Departamental del Tolima el 1° de enero de 2024, el accionante indicó que no tenía
sociedad conyugal o de hecho vigente.

En la misma línea, en la «declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés»
del 23 de enero de 2024, que presentó la señora Adriana Rondón ante la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, señaló que no tenía cónyuge ni compañero
permanente.

Mediante declaración extrajudicial del 8 de febrero de 2024, la señora Adriana Paola
Rondón manifestó ante el Notario Treinta y Ocho del Círculo de Bogotá, entre otros
hechos, que (i) su estado civil era soltera sin unión marital de hecho; (ii) residente en
dicha ciudad desde diciembre de 2002; (iii) inició una relación afectiva con el señor Juan
Guillermo Beltrán en julio 2008; (iv) tiene una hija con el demandado; (v) no depende
económicamente de él; (vi) no convive con el accionado y su vínculo no ha sido
permanente ni continuo; (vii) durante los periodos de ruptura han coincidido en diversos
eventos; (viii) el demandante vive y desarrolla su actividad en la ciudad de Ibagué, lo que
provocó un distanciamiento que fue más prolongado en mayo de 2023 40; y (ix) afilió al
demandado a seguridad social cuando reinició la relación afectiva, sin que ello implicara
apoyo económico, convivencia, ni el ánimo de crear una convivencia.

38 Fue aportada con el escrito que se pronunció frente al traslado de las excepciones.
39 El accionado nació el 24 de abril de 1980, según su cédula de ciudadanía.
40 Coincide con lo expresado por el accionado en la contestación de la demanda, cuando, al pronunciarse sobre los

hechos señalados por el demandante, adujo: «Hecho 10. No es cierto este hecho como se relata, pues, […] si bien
existió una relación sentimental con la señora ADRIANA PAOLA RONDON GARCIA, esta no fue permanente, bajo el
mismo techo y continuada, la cual solo se mantuvo hasta mayo de 2023, por lo tanto deberá probarse se existía la
calidad de compañeros permanentes».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

El demandado allegó pruebas documentales con las que pretende demostrar que la
señora Adriana Rondón reside y labora en la ciudad de Bogotá, a saber, certificación de
la institución educativa en la que estudia la hija que tienen en común, así como los
contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora Rondón y la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la Secretaría Distrital de Ambiente
y la Agencia de Desarrollo Rural, de 2020 a 2023, con ejecución en este territorio; así
como el otrosí de la operación de leasing habitacional de vivienda no familiar celebrado
entre ella y el Banco Occidente41 sobre un inmueble ubicado en Bogotá, donde reside42.

Aunado a lo anterior, se incorporaron documentales con las cuales se pretende demostrar
que el demandado tiene una unión marital de hecho vigente con la señora Leydi Lorena
Alzate León, de las que se destacan las siguientes pruebas:

• Contratos de arrendamiento de dos inmuebles diferentes, ubicados en la ciudad
de Ibagué, de 1° de agosto de 202143 y 31 de mayo de 202444, en los que la
arrendataria es la señora Alzate y el deudor solidario es el accionado.

• Declaración de bienes y rentas y actividad económica privada, rendida por la
señora Leydi Alzate, el 31 de mayo de 2023, en la que consta que el domicilio
principal es en Ibagué y que:

• Cuentas bancarias de la señora Alzate en las que constan operaciones bancarias
y transacciones relacionadas con el demandado, para demostrar, el supuesto45,
apoyo económico recíproco.

• Imágenes extraídas, aparentemente, de un celular, así:

41 En esta operación no tuvo participación alguna el accionado.
42 Concuerda con el lugar de domicilio informado por la señora Rondón en la declaración que rindió ante el Notario

Treinta y Ocho del Círculo Judicial de Bogotá.
43 La duración del referido negocio jurídico era de 1 año, del 1° de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.
44 Con fecha de inicio del 1° de junio de 2024 y de vencimiento el 31 de mayo de 2025.
45 Comoquiera que no todas las transacciones son concluyentes, en cuanto a que el demandado es el titular de las

cuentas que fueron resaltadas en los aludidos documentos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

• Seguro de vida para un grupo de Seguros Mundial del 2 de julio de 2024, en el
cual se constata que dentro de los beneficiarios se encuentra el señor Juan
Guillermo Beltrán Amórtegui, en calidad de «cónyuge».

• Respuesta de Colpensiones del 23 de abril de 2024, en virtud de la cual la
administradora de pensiones le informa a la señora Leydi Alzate que recibió, de
manera satisfactoria, la petición en la que le comunica a la entidad que el señor
Juan Guillermo Beltrán es su cónyuge, para que sea tenido en cuenta como su
beneficiario en caso de fallecimiento.

En el curso del proceso se recibió el interrogatorio de parte, donde el accionado narró
que su compañera permanente es la señora Leydi Lorena Alzate, con quien tiene una
relación hace 4 años, aproximadamente, y con quien convive en la ciudad de Ibagué.
Igualmente, comentó que la señora Adriana Rondón es madre de su segunda hija, y que,
si bien inició una relación antes de 2002, esta fue esporádica, por lo cual, al momento de
las elecciones no estaba vigente; en todo caso, nunca han convivido, porque ella reside
y desempeña su profesión en la ciudad de Bogotá, debido a ello, no fue de público
conocimiento cuándo empezó o terminó su relación.

El tribunal escuchó el testimonio de la señora Leydi Lorena Alzate, quien indicó que
conoce al demandando desde 2020 y que convive con él desde 2021 en la ciudad de
Ibagué, como da cuenta el contrato de arrendamiento de un inmueble que fue allegado;
lugar en el que permanecieron hasta el 2024, cuando cambiaron de residencia, conforme
al segundo negocio jurídico de la misma naturaleza.

La testigo explicó que supo sobre la relación que su compañero permanente tuvo con la
señora Adriana Rondón, pero no la conoce personalmente. Además, que no asistió a
eventos de campaña porque es servidora pública, aunque, lo acompañó al momento de
la inscripción de su candidatura, como da cuenta la fotografía del 29 de julio de 2023 que
aportó con su declaración; que su relación es de público conocimiento; y cuando van al
municipio de Honda se hospedan en las casas familiares del accionado o de la
declarante.

Asimismo, el a quo recibió el testimonio de la señora Jhoanna Alexandra Montoya Muñoz,
amiga de la señora Adriana Rondón, quien señaló que la conoce desde 2003 y le consta
que tiene una hija con el señor Juan Guillermo Beltrán y tuvieron una relación durante un
tiempo; en todo caso, no ha visto que hayan convivido comoquiera que la señora Rondón
siempre ha residido en la ciudad de Bogotá, con su hija46, y tampoco ha escuchado
comentarios que le permitieran conocer que tienen algún tipo de vínculo de pareja.

Por último, el señor Hernán Darío Páez Gutiérrez explicó que conoce a la señora Adriana
Rondón hace 17 años, en un contexto laboral, y que no le consta que haya sido
compañera permanente del demandado, sino que es el padre de su hija, sin información
adicional, habida cuenta que no compartió espacios diferentes al contexto del trabajo.

En ese orden de ideas, resulta pertinente recordar que los medios probatorios
relacionados fueron incorporados por el tribunal y no se invocó la tacha o el

46 Con excepción de un lapso durante la pandemia, cuando vivió en Honda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

desconocimiento de su contenido, según corresponda; en consecuencia, estos deben ser
valorados en su conjunto47 y sobre ellos tiene que hacerse un análisis integral48, en
aplicación del principio de la unidad de la prueba, según el cual todos los medios y datos
de prueba conforman un acervo probatorio indivisible 49, contrario al análisis parcial
realizado por el tribunal. Con todo, serán analizadas aquellas pruebas que den cuenta de
situaciones acaecidas en 2023, que atañe al año de la inscripción de la candidatura del
accionado.

Luego entonces, teniendo como punto de partida los parámetros definidos por la Corte
Suprema de Justicia para la conformación de una unión marital de hecho, esta sala de
decisión no evidencia que el material probatorio dé certeza sobre la existencia de la
relación alegada por el accionante, al momento de la inscripción del demandado como
candidato a la Asamblea Departamental del Tolima y que el tribunal dejó de valorar
pruebas que desvirtúan la contundencia de sus afirmaciones.

Lo anterior, dado que la declaración de bienes y rentas de la señora Rondón, de 25 de
enero de 2023, en la que ella informó que el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui era
su compañero permanente, la imagen relativa a la celebración del cumpleaños del
demandado el 24 de abril de 2023 y la certificación de seguros Suramericana SA 50, que
venció el 14 de abril de esa anualidad, no contradicen el argumento sostenido por el
accionado, en su contestación, y la señora Adriana Rondón, en su declaración extrajuicio
del 23 de enero de 2024, referente a que la relación finalizó en mayo de 2023.

En efecto, fue la misma señora Rondón, quien manifestó, ante notario, que no convive
con el señor Juan Guillermo Beltrán y su vínculo con él no ha sido permanente ni continuo
y que en todo caso cesó en mayo de 2023, lo que refuerza que no puede aseverarse, de
manera categórica, la existencia de la unión cuando no es dable predicar que existió «la
voluntad responsable de conformarla».

A su vez, el testimonio de la señora Jhoanna Alexandra Montoya Muñoz da cuenta de
que, pese a que conoce a su amiga Adriana Rondón desde el año 2003 y supo que ella
tuvo una relación con el accionado, fruto de la cual nació una niña, no ha visto ni ha tenido
conocimiento de que ellos tengan una unión marital de hecho o algún tipo de vínculo
sentimental, reciente, y que su relación se limita al trato que debe existir entre las
personas que asumen la responsabilidad de ser padres.

Sumado a ello, aunque en precedencia se citó el criterio de la Corte Suprema de Justicia,
concerniente a que el hecho de que los compañeros permanentes no compartan el mismo
domicilio, debido a situaciones profesionales o personales, no impide la conformación de
una unión marital de hecho; lo cierto es que, en este caso, es posible colegir que la señora
Adriana Rondón organizó su vida en la ciudad de Bogotá, donde ha asumido obligaciones
personales51, mientras que el señor Juan Guillermo Beltrán constituyó la suya en el
departamento del Tolima, específicamente, en la ciudad de Ibagué, donde,
aparentemente, ha convivido con la señora Leydi Alzate, desde el año 2021.

47 Artículo 176 del CGP.
48 López Blanco, Hernán Fabio (2017). Código General del Proceso Pruebas. DUPRE Editores Ltda.
49 Ruiz Jaramillo, Luis Bernardo (2019). La Prueba como derecho en el Código General del Proceso. Tirant lo Blanch.
50 En la que el accionado era tomador y la señora Rondón su beneficiaria.
51 Verbigracia el inmueble en el que vive con su hija, para el cual celebró un crédito de leasing.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Frente a esta última relación sentimental, se constata que, en la declaración de bienes y
rentas, del 31 de mayo de 2023, la señora Leydi Alzate realiza la manifestación de que
el accionado es su compañero permanente y en el contrato de arrendamiento del año
2021 ella funge como arrendataria y el señor Juan Guillermo Beltrán como su codeudor.
Además, en su testimonio, la señora Alzate comentó que ellos han convivido desde el
año 2021.

Ahora bien, no desconoce esta sección electoral que hay pruebas con las que se
pretende probar la prolongación y permanencia de la relación con la señora Adriana
Rondón, al momento de la inscripción de la candidatura: (i) las imágenes y un video del
evento en el que se posesionó el alcalde de Honda en diciembre de 2023, este último en
el cual la presentadora de la reunión menciona que se encuentra presente el demandado
junto con su esposa, haciendo referencia a la señora Rondón; y (ii) las certificaciones del
ADRES y de la EPS SURA en las que consta que el señor Juan Beltrán estuvo afiliado
en calidad de beneficiario de aquella, quien era la cotizante, desde el año 2022 y hasta
finalizando el 2023.

En lo que atañe a las imágenes, en aplicación de las reglas de la experiencia, no se
desprende de ellas manifestación alguna de afecto o acercamiento común entre las
relaciones de pareja, que sugiera, al menos de manera somera, que para ese momento
el demandado y la señora Adriana Rondón eran compañeros permanentes.

Además, la expresión que utilizó la presentadora del evento del alcalde de Honda no
constituye el vínculo, pues se trata, simplemente, de una apreciación que no logra
desvirtuar que ellos hubiesen dado por terminada su unión, en el entendido que este es
un aspecto que hace parte de la órbita privada de las parejas.

Por otra parte, en cuanto a las certificaciones de afiliación a seguridad social en salud,
esas pruebas no son concluyentes por sí mismas, pues deben analizarse a la luz de los
demás medios probatorios. Por ende, que el demandado fuese el beneficiario de la
señora Rondón en el año 2023 no significa per se que su relación perduró hasta finalizar
esa anualidad, ni riñe con el hecho de que esta terminó en mayo de 2023.

Aun así, de aceptarse que tales constancias demuestran la prolongación del vínculo
sentimental entre el accionado y la señora Rondón, dada la existencia de la relación y
aparente convivencia que él sostuvo con la señora Leydi Alzate en 2023, no se cumpliría
el requisito de singularidad para la conformación de la unión marital de hecho, que se
«[…] traduce en una exclusiva dedicación al hogar constituido, sin abrir espacios a la
multiplicidad de vínculos naturales o matrimoniales sin mediar separación de cuerpos;
restricción que responde, más que a una cuestión moral, a razones jurídicas tendientes
a evitar la conflictividad que generaría la simultaneidad de lazos factuales y nupciales»52.

Sobre el particular, esta sala de decisión, al estudiar sobre un caso en el que un alcalde
electo tuvo diversas relaciones sentimentales, destacó53:

52 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Sentencia del 26 de julio de 2024. Expediente.

15469-31-03-001-2019-00112-01. M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.
53 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de agosto de 2024. Expediente 70001-23-33-000-2023-00174-

02. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

134. Sobre este punto, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente
para que se configure la unión marital de hecho:

“Tres son, pues, en esencia, los requisitos que deben concurrir para la configuración de
una unión material de hecho: la voluntad por parte de un hombre y una mujer -en el
contexto de la ley 54 de 1990-, de querer conformar, el uno con el otro, una comunidad
de vida, y, por ende, dar origen a una familia; que dicho proyecto común se realice
exclusivamente entre ellos, de tal manera que no existan otras uniones de alguno o de
ambos con otras personas, que ostenten las mismas características o persigan similares
finalidades; y que tal designio y su concreción en la convivencia se prolonguen en el
tiempo”54. […] [Subraya del texto original].
[…]

146. En ese orden, lo que concluye la Sala es que, más allá de las imprecisiones
mencionadas por el demandante que habrían presentado las declaraciones de los testigos
sobre algunos aspectos fácticos, lo cierto es que de su declaración y de los documentos
analizados es evidente que existe duda sobre la unión marital entre Alcides Pérez Barrios
y Lizeth Urzola Aznate. Más aún, se tiene que él tuvo varias relaciones con otras mujeres.
[…]

153. Así las cosas, la Sala resalta que lo configuraría el elemento subjetivo de la inhabilidad
en este caso, sería la relación de compañeros permanentes entre Alcides Pérez Barrios y
Lizeth Urzola Aznate, para lo cual se requiere tener la certeza que este vínculo se presentó
de manera permanente y singular, como lo exige la Ley 54 de 1990. En todo caso, se debe
resaltar que, la existencia de un hijo en común no configura per se la unión, pues se pudo
tratar de un episodio, sin convivencia, lo que también impide predicar la unión marital de
hecho.

Ante este panorama, la parte actora no logró demostrar la existencia de la unión marital
de hecho entre el demandado y la señora Adriana Rondón al momento de la inscripción
de la aspiración del señor Juan Guillermo Beltrán como diputado del Tolima, puesto que,
no existe certeza de que este vínculo se hubiese presentado de manera permanente y
singular, en los términos de la Ley 54 de 1990. Por consiguiente, tampoco se acreditó el
parentesco de afinidad, en segundo grado, entre él y el señor Juan Enrique Rondón y,
con ello, no se cumple el primero de los elementos de la inhabilidad invocada.

De allí que, al tratarse de criterios concurrentes, y al no hallarse probado el parental, no
se analizará el modal, referente, en este caso, a si la inhabilidad invocada aplica para
quienes pertenecen a un mismo partido, pero se inscribieron por una coalición.

Bajo tales parámetros, los cargos propuestos no tienen vocación de prosperidad; en
consecuencia, se revocará la providencia del 10 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.

2.6 Otras decisiones

Comoquiera que el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui confirió poder al doctor
Alberto Yepes Barreiro, para que represente sus intereses en el presente asunto, se le
reconocerá personería en los términos y para los efectos allí enunciados55.

54 Cita del texto original: «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de diciembre del 2011.

Rad. 11001- 3110-022-2003-01261-01. MP. Arturo Solarte Rodríguez».
55 Índices 13 y 15 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Demandante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Demandado: Juan Guillermo Beltrán Amórtegui
(diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, periodo 2024- 2027)
Rad: 73001-23-33-000-2024-00011-01

Con fundamento en lo anterior, conforme al artículo 76 del CGP, se entiende revocado el
por otorgado al abogado Wilson Leal Echeverri56, por lo cual no es necesario aceptar la
renuncia por él radicada.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 10 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda. En su
lugar, negar la prosperidad de estas.

TERCERO: RECONOCER personería al doctor Alberto Yepes Barreiro, identificado con
tarjeta profesional 29.629 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial
de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, en los términos y para los
efectos del poder conferido.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »

56 Índice 12 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.