Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05569-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05569-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05569-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05569-01
Accionante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral / CONFIRMA NEGATIVA DE
AMPARO. Ausencia de carga argumentativa en escrito de impugnación.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 5 de septiembre de 2025, el señor José Osbaldo Elías Martínez Fajardo, en
nombre propio, promovió acción de tutela1 contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 6 de marzo de 2025,
emitida en el proceso de nulidad electoral 2 que instauró contra el señor Juan
Guillermo Beltrán Amórtegui, con el objeto de obtener la anulación de su acto de
elección como diputado del departamento del Tolima para el período 2024-2027, de
conformidad con el artículo 49 (numeral 6) de la Ley 2200 de 20223.
2.
En la providencia acusada se revocó4 la decisión judicial de 10 de diciembre de
2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar probada la excepción de falta
1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva.
2 Expediente 73001-23-33-000-2024-00011-01.
3 Indicó que el demandado y un pariente en el segundo grado de afinidad son militantes del partido Cambio
Radical y se inscribieron como candidatos a la Asamblea del Tolima y a la Alcaldía de Honda, en su orden.
4 La sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad electoral fue apelada por el demandado en ese
trámite, el señor Juan Guillermo Beltrán Amórtegui. Además de objetar el análisis probatorio y sustantivo
realizado por el Tribunal, sustentó su recurso a partir de 2 argumentos centrales, que resume así: (i) "La causal
de inhabilidad propuesta por el demandante no se adecua a la situación fáctica probada en el proceso electoral
como quiera que la inscripción de candidatos por coalición no está prevista por el legislador como causal de
inhabilidad por lo que el presupuesto modal de la prohibición no se materializó” y (ii) “Inexistencia de la calidad
de compañeros permanentes entre Juan Guillermo Beltrán Amórtegui y Paola Rondón García como parte del
elemento parental exigido para materializar la inhabilidad prevista en la ley”.
1
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de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y negar dichas súplicas. Se precisó que el material probatorio recaudado
no daba certeza sobre la existencia de la relación alegada por el demandante, al
momento de la inscripción del demandado como candidato a la Asamblea del Tolima,
y que el a quo dejó de valorar pruebas que desvirtuaban la contundencia de sus
afirmaciones. En todo caso, de aceptarse esa relación, no se cumplirían los
requisitos de singularidad y permanencia para la conformación de la unión marital de
hecho. Por consiguiente, no se acreditó el parentesco de afinidad, en segundo grado,
entre el demandado y el señor Juan Enrique Rondón y, con ello, no se acreditó el
elemento parental de la inhabilidad invocada. Circunstancia que torna innecesario
analizar el elemento modal, consistente en si la inhabilidad aplica para quienes
pertenecen a un mismo partido, pero se inscribieron por una coalición diferente.
3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico porque se le otorgó
valor probatorio al testimonio de la señora Adriana Paola Rondón García, para
demostrar la finalización de su relación sentimental con el diputado accionado, pese
a que en ese proceso se solicitó su ratificación, conforme a los artículos 188 y 222
del Código General del Proceso (CGP), pero ella no compareció, por lo que su
declaración debió desecharse y no ser tenida en cuenta.
4.
De igual modo, se incurrió en tal irregularidad, al no darle valor probatorio a los
elementos de convicción aportados por las partes en el proceso de nulidad electoral,
con los que se acreditaba la existencia de la calidad de compañeros permanentes
entre el demandado Juan Guillermo Beltrán Amórtegui y la señora Adriana Paola
Rondón García. En ese sentido, se omitió (i) la contradicción entre la declaración de
la señora Lorena Álzate con las rendidas por el accionado, pues mientras ella dice
que convivió con él desde el 2021, él indicó, en su contestación, que vivió con la
señora Rondón hasta mayo de 2023, y en el interrogatorio de parte señaló que dicha
convivencia tuvo lugar desde el 2002 hasta dos o tres años después del nacimiento
de su hija (2016), esto sería hasta el 2019; (ii) la falta de afiliación del demandado
como beneficiario en salud por parte de la señora Álzate, la cual sí tuvo la señora
Rondón hasta el 31 de diciembre de 2023; (ii) el domicilio del demandado para el 9
de octubre de 2023, de acuerdo a la declaración que él rindió ante la Notaría Tercera
de Ibagué, era Honda, y no Ibagué, en un inmueble de propiedad de la señora
Rondón desde 1997; y (iv) el video del acto de posesión del hermano de la señora
Rondón, en la que se hace referencia a ella como esposa del diputado demandado,
así como fotografías en las que aparecen en diferentes eventos públicos.
5.
Además, debe tenerse en cuenta que los testimonios de los señores Jhoana
Alexandra Montoya Muñoz y Hernán Darío Páez Gutiérrez solo dan cuenta de que
ellos vivían en Bogotá y que no le conocieron pareja a la señora Rondón, lo cual
resulta acertado, pues la pareja tenía como su lugar de residencia el municipio de
Honda.
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6.
Tampoco se consideró que, conforme a la sentencia SAC-3982 de 13 de
diciembre de 2022 de la Corte Suprema de Justicia (Sala Civil) 5, el hecho de que la
señora Adriana Paola viviera en Bogotá, por tener aquí su relación laboral, no
implicaba la inexistencia de la unión marital de hecho con el diputado demandado,
así como tampoco la existencia de la posible relación sentimental con la señora
Lorena Álzate era motivo para manifestar que el vínculo marital permanente y estable
se finalizó, ni que no existe singularidad en la relación, porque es común que las
esposas o compañeras permanentes admitan la existencia de aventuras amorosas
de sus esposos, porque las consideran temporales.
7.
Además, no se demostró que el vínculo con la señora Rondón hubiere terminado
en mayo de 2023. No se aportó sentencia o escritura pública de liquidación de la
sociedad patrimonial por la relación de compañeros permanentes que existió entre
las partes, al aceptar el diputado una relación desde el 2002 hasta el 2023, es decir,
una temporalidad de 21 años.
B. Sentencia de primera instancia
8.
Mediante sentencia de 2 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado, al
considerar que no se configuró defecto fáctico en la providencia acusada. Se
determinó que la autoridad accionada suministró una motivación suficiente y
coherente que justifica la decisión que adoptó, en la que se pronunció sobre cada
uno de los reparos planteados por el tutelante.
9.
En ese sentido, se observa que el juez natural encontró acreditada la existencia
de la menor de edad, hija del demandado en ese asunto y de la señora Adriana Paola
Rondón García, lo cual conllevaba a inferir algún vínculo entre ellos. No obstante,
también se comprobó la existencia de una posible relación marital de hecho con la
señora Leidy Lorena Álzate, con pruebas importantes y equivalentes a las que
inmiscuían a la primera de las mencionadas. Es decir, así como se aportaron pruebas
del vínculo con la señora Rondón García, también se allegaron otras que
desvirtuaban una relación actual (declaración de bienes y rentas y registro de
intereses de 23 de enero de 2024 rendida por ella y su declaración extrajudicial de 8
de febrero de esa anualidad y la de sus compañeros de trabajo, así como lo
manifestado por la señora Álzate).
10.
Además, la decisión judicial no solo se fundamentó en la declaración de la señora
Rondón García, sino en las pruebas incorporadas al proceso, por tanto, la falta de
ratificación de aquella declaración, no resulta suficiente para desecharla y cambiar
la decisión.
11.
Con base en lo expuesto, se evidencia un desacuerdo con las conclusiones
probatorias a las que arribó la autoridad judicial accionada, con el fin de que los
5 M. P. Luis Alfonso Rico Puerta.
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elementos de convicción sean analizados nuevamente en sede de tutela, lo cual no
procede en este mecanismo constitucional.
C. La impugnación
12.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, sin exponer
argumentación alguna.
D. Trámite en segunda instancia
13.
El 28 de enero de 2026, el presente asunto fue asignado por reparto para surtir el
trámite de impugnación al despacho a cargo del consejero Fernando Pardo Flórez,
quien manifestó su impedimento para asumir su conocimiento, el cual fue aceptado
con auto de 17 de febrero de la presente anualidad, en el que se dispuso sortear dos
conjueces entre los magistrados que integran las Subsecciones B y C de la Sección
Tercera de esta Corporación. Diligencia que se realizó el 25 de los mismos mes y
año y en la que resultaron elegidos los consejeros Alberto Montaña Plata y Diego
Enrique Franco Victoria.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.
F. Análisis del caso concreto
15.
La parte actora interpuso impugnación, sin exponer argumentación alguna que
diera cuenta del motivo de su inconformidad con la determinación adoptada por el a
quo, máxime cuando en esta se abordó de fondo el asunto constitucional planteado.
16.
Si bien la acción de tutela reviste carácter de informalidad, pues no se exige mayor
tecnicismo ni conocimiento jurídico para su presentación, en atención a que puede
ser promovida por cualquier persona, lo cierto es que cuando tiene por objeto atacar
una providencia judicial se exige, entre otros presupuestos, que los reproches se
desarrollen con una suficiente carga argumentativa.
17.
La anterior exigencia tiene como fundamento la posible afectación a los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada que cobijan a las providencias judiciales
ejecutoriadas. Por tanto, dicho ejercicio argumentativo es el que le permite al juez de
tutela superar la disyuntiva en favor de la parte actora y así abordar de fondo su
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
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estudio, con el fin de esclarecer si la decisión judicial objeto de censura genera o no
la afectación constitucional alegada.
18.
Avalar que se realice un estudio sobre el asunto sin ninguna carga argumentativa
que lo habilite, equivaldría a imponer al juez de tutela que desempeñe el papel de
uno de instancia, dado que examinaría la decisión del litigio desde una óptica de
corrección, para lo cual no fue instituido este mecanismo constitucional. Su finalidad
es dilucidar si aquella quebranta o no derechos fundamentales, es decir, ejercer un
juicio de validez. Por tanto, no toda decisión judicial que le resulte desfavorable a
una de las partes implica vulneración de garantías superiores, por lo que esa
situación por sí sola no la habilita a acudir a la tutela para obtener una decisión que
sea favorable a sus intereses bajo el argumento de transgresión de sus derechos
fundamental.
19.
En ese sentido, la persona interesada en acudir a este escenario constitucional
deberá exponer en la solicitud de amparo, como uno de los requisitos necesarios
para que sean estudiadas sus inconformidades una suficiente carga argumentativa.
Tal presupuesto no solo se circunscribe al escrito de tutela, sino también se hace
extensivo al escrito de impugnación7.
20.
Al respecto, se tiene que el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 prevé que “El
juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo”. Es decir, parte del hecho de una sustentación,
al imponer analizar “el contenido” de la impugnación, la cual delimitará el estudio que
se efectúe en segunda instancia, pues esta, conforme a dicho precepto legal, deberá
ser cotejada con las pruebas que obren en el plenario y la decisión adoptada por el
a quo, para decidir si esta se encuentra ajustada a derecho.
21.
Por lo anterior, la parte que se encuentre en desacuerdo con el fallo de tutela de
primera instancia deberá exponer las razones que justifiquen su disenso, pues ello
permitirá que el juez de tutela de segunda instancia las aborde.
22.
Se recuerda que no se cuestiona cualquier acción de las autoridades públicas; se
trata de una providencia judicial frente a la cual procede la acción de tutela bajo un
estricto régimen que requisitos que exigen la revelación de un defecto. Si esto es así,
no se encuentra adecuado estudiar una impugnación que ni siquiera expresa o
enuncia algún motivo de inconformidad.
23.
En otras palabras, si la exigencia de una carga argumentativa es necesaria para
poder vislumbrar la procedencia del estudio al cuestionar en sede de tutela una
providencia judicial, lo propio se puede decir de la impugnación, más aún cuando el
juez de primera instancia ya ha descartado la alegada vulneración, y se espera de la
7 Criterio expuesto por la Sección Tercera – Subsección A en sentencia de 22 de agosto de 2023, expediente
11001-03-15-000-2023-00663-01, C. P. Martha Nubia Velásquez Rico. Así como por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 21 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-
04466-01, C. P. Alberto Montaña Plata.
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parte accionante una argumentación que de manera seria objete las razones que
dicho juez constitucional expuso para negar la pretensión de amparo.
24.
En el sub lite si bien es cierto que el tutelante presentó de manera oportuna
memorial en el que indicó que impugnaba la sentencia de primera instancia, también
lo es que no planteó los reproches que soportaban tal actuación. Omisión que impide
en sede de impugnación examinar la determinación adoptada por el a quo con base
en los argumentos de disenso. No bastaba la intención de impugnar del tutelante,
pues se requería de una carga argumentativa que le suministrara a esta Sala las
cuestiones que debía resolver, es decir, le proporcionara un marco claro para
estudiar el caso y emitir un pronunciamiento sobre el asunto.
25.
No se puede pretender que el juez de tutela adelante un estudio oficioso, sin
advertir los motivos por las cuales se estima que lo razonado por el juez de primera
instancia no resulta adecuado o admisible desde la óptica constitucional.
26.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión impugnada, al no existir en este
escenario argumentos sobre los cuales se deba resolver.
27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo
constitucional reclamado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
8 VF
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05569-01
Accionante: José Osbaldo Elías Martínez Fajardo
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Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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