Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2016-00092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Pérdida de investidura de concejal: inhabilidad por parentesco con candidato por el mismo partido y en el mismo municipio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2016-00092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2016-00092-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
6 de abril de 2017
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Inhabilidad por parentesco con candidato por el mismo partido y en el mismo municipio / INHABILIDAD POR COEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES - Justificación / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Por existir vínculo matrimonial con quién también se inscribió por el mismo partido político, para una elección a realizarse en el mismo municipio y en la misma fecha / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Valoración del elemento subjetivo / MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES – Término / VOTO PREFERENTE - Concepto
Probado está, entonces, el vínculo matrimonial entre los señores Jader Alirio Vásquez Castaño y Mabel Montoya Giraldo, así mismo que ambos se inscribieron, por el mismo partido político (Cambio Radical), para una elección a realizarse en el mismo municipio (Marinilla, Antioquia) y en la misma fecha (25 de octubre de 2015), configurándose, en consecuencia, la inhabilidad que se le endilga al demandado. […] los señores Vásquez Castaño y Montoya Giraldo se comprometieron, de manera expresa, a seguir las disposiciones constitucionales y legales que regulaban su participación en la contienda electoral a realizarse el 25 de octubre de 2015, en particular y para el caso en cuestión, aquellas que consagran el régimen de inhabilidades aplicable a dichos servidores públicos y aquellas que regulan la organización y funcionamiento de los procesos electorales, lo que permite acreditar, en igual forma, que tenían pleno conocimiento de ellas y, sin embargo, las transgredieron sin justificación alguna. Así mismo, sumado a lo anterior, en el recurso de apelación presentado por el demandado no hay alegación ni prueba alguna de haber actuado con ausencia de culpa.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y Sección Primera, de 14 de julio de 2016, Radicación 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI), C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 18 de febrero de 2016, Radicación 50001-23-33-000-2015-00128-01(PI), C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 16 de junio de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2009-00291-00(PI), C.P. Myriam Guerrero De Escobar: y de la Corte Constitucional SU 424 de 2016.
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40.4 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48.6 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55.2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 320 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 28 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 30 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 31 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 298 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 299 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 213
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 05001-23-33-000-2016-00092-01 (PI)
Actor: CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR
Demandado: JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO
Referencia: Medio de Control de Pérdida de Investidura
Referencia: Violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura / Incurre en la Inhabilidad prevista numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 «(…) quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha (…)»
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 5 de abril de 2016, mediante la cual se decretó la pérdida de la investidura del señor Jader Alirio Vásquez Castaño, como concejal del municipio de Marinilla (Antioquia) para el período 2016-2019.
I.- Antecedentes
1.- La demanda
1.1.- La causal de pérdida de investidura alegada
El ciudadano Carlos Mario Botero Salazar, actuando en nombre propio, solicitó la pérdida de la investidura del señor Jader Alirio Vásquez Castaño, por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, específicamente en la situación consistente en «(…) quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha."(…)», la cual constituye causal de pérdida de la investidura para los concejales municipales por virtud del numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
1.2.- Los hechos que sustentan la causal de pérdida de investidura alegada
El hecho fundamental que da sustento a la causal de pérdida de investidura alegada es el consistente en que los señores Jader Alirio Vásquez Castaño y Maribel Montoya Giraldo, quienes se encuentran casados desde el día 19 de abril de 2008, se inscribieron como candidatos al concejo municipal del Marinilla (Antioquia) por el Partido Cambio Radical y para el período 2016-2019, elección en la que el señor Jader Alirio Vásquez Castaño fue elegido concejal de aquel municipio para el período señalado.
2.- Contestación de la demanda por parte del concejal Jader Alirio Vásquez Castaño
El demandado, a través de apoderado judicial, y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, procedió a contestar la demanda de pérdida de investidura solicitando que se negaran sus pretensiones.
El demandado resalta que la señora Maribel Giraldo, «desde antes del 25 de octubre de 2015», había renunciado a su candidatura al concejo municipal de Marinilla (Antioquia) por el Partido Cambio Radical, sin que los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil hubieran atendido dicha solicitud.
Debido a esa negativa, la señora Giraldo se desplazó a la Notaría Única de Marinilla (Antioquia), para efectos de realizar una declaración extra juicio en la que manifestaba que se había postulado como candidata al concejo municipal de ese municipio por el Partido Cambio Radical, pero que había decidido retirarse, no obstante, la Registraduría Nacional del Estado Civil no le aceptó dicha renuncia.
Lo anterior indicaría, según el demandado que, al momento de la elección, la señora Giraldo no era candidata al concejo municipal de Marinilla (Antioquia), razón por la que no configuraría la inhabilidad que se le endilga al concejal Vásquez Castaño. Para apoyar sus argumentos cita apartes de las sentencias SU 950 de 2014 y C-1316 de 2000.
3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo del 5 de abril de 2016, decretó la pérdida de la investidura que ostentaba el señor Jader Alirio Vásquez Castaño como concejal del municipio de Marinilla (Antioquia), desestimando, igualmente, la excepción por él propuesta y que denominó «NEGLIGENCIA DEL REGISTRADOR EN RECIBIR LA RENUNCIA NO PODRÁ TRASLADARSE AL DEMANDADO EL SEÑOR JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO».
Inicialmente planteó el problema jurídico que debía resolverse en el presente proceso, en la siguiente forma:
«(…) El problema jurídico fundamental que convoca la atención de la Sala se circunscribe a determinar si el Concejal señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO, quien resultó elegido Concejal del Municipio de Marinilla (Ant.) en los comicios electorales celebrados el 25 de octubre de 2015, para el período constitucional 2016/2019, incurrió en violación del régimen de inhabilidades que rige para los Concejales, por predicarse en su respecto una situación presuntamente generadora de inhabilidad, cual es:
1°. Desconocimiento de lo normado por el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que en su numeral 2°, determina que es causal de la pérdida de investidura de Concejal, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o de conflicto de intereses.
2°. Por estar incurso en la previsión de los numerales 1° y 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, a cuyo tenor se pierde la investidura de Concejal por violación del régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses – numeral 1° - y por las demás causales expresamente previstas en la Ley – numeral 6°-.
3°. Por desconocimiento del régimen de inhabilidades previsto por el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, como fuera modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que determina que NO PODRÁ SER INSCRITO COMO CANDIDATO NI ELEGIDO CONCEJAL MUNICIPAL, ver parte final del numeral 4°- “…quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o única civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha”»
Posteriormente y luego de realizar un análisis de las decisiones de esta Sala, manifestó que el proceso se fallaría «asumiendo que el régimen de inhabilidades consagrado por el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, es causal de pérdida de la investidura de los Concejales Distritales y Municipales».
Luego entró a estudiar si en el presente caso el demandado había incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, manifestando:
«De tal forma que circunscribiendo la causal de inhabilidad que se ha destacado de la preceptiva antes copiada, se tiene que los elementos que es necesario que se encuentren presentes para que resulte procedente una decisión de la estirpe de la que se pretende en el libelo genitor, en la que lo denunciado es que el Concejal elegido está unido por matrimonio con otra de las aspirantes de la misma lista, son las siguientes:
1. La relación conyugal entre los inscritos.
2. La inscripción por el mismo partido o movimiento político de los cónyuges.
3. Que los inscritos hayan aspirado a ser elegidos para el mismo cargo de elección o la misma corporación pública. En este caso para el Concejo municipal de Marinilla.
4. Que la inscripción corresponda a la elección de cargos o de corporaciones de un mismo Municipio.
5. Que la elección deba llevarse a cabo en la misma fecha.
De donde si los anteriores elementos se encuentran reunidos deberá accederse a lo peticionado, de no ser ese el caso, se negarán las súplicas de la demanda.
En cuanto a la relación conyugal existente entre el señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO, quien resultó favorecido por el resultado en el proceso electoral que se verificó el día 25 de Octubre de 2015, con la señora MARIBEL MONTOYA GIRALDO, quien también intervino dentro del certamen electoral ventilando su propia aspiración a ser elegida Concejal del Municipio de Marinilla, no hay la menor duda de la existencia y vigencia de esa relación matrimonial, como más allá de toda argumentación, el propio accionado así lo reconoce por intermedio de su apoderado, aspecto que en todo caso se encuentra debidamente acreditado dentro del infolio con prueba documental idónea, oportunamente aportada al consecutivo, que en momento alguno fue tachada de falsa, ni objetada ni descalificada.
Así mismo está probado que la pareja de esposos se inscribió el mismo día por el mismo partido, por el partido CAMBIO RADICAL, agrupación política que les extendió el respectivo aval para sus candidaturas.
Así también, está fuera de discusión que marido y mujer se inscribieron aspirando a resultar elegidos para una curul del Concejo Municipal de Marinilla (Ant.), resultando elegido el concejal demandado no así su señora esposa.
En cuanto a que la inscripción se haya verificado postulándose para ser elegidos por una curul de concejales en el mismo Municipio, es también un hecho averiguado desde un principio, desde los albores del proceso y que está debidamente fijado con prueba documental válidamente allegada al informativo, circunscribiéndose la aspiración de la pareja de esposos al Concejo municipal de Marinilla (Ant.).
Ahora, que la elección debiera haberse llevado a cabo el mismo día, constituye otro aspecto en torno al cual hubo el necesario consenso entre accionante y accionado, no observándose vacilaciones de ninguna especie en torno a la fecha en la que se llevó a cabo el proceso electoral en el que los nombres de la pareja de esposos figuraron en los respectivos tarjetones, proceso eleccionario cumplido el día 25 de octubre del año inmediatamente anterior.
Por otra parte, la circunstancia de que uno solo de los esposos hubiera resultado elegido Concejal y el otro no, en nada altera la lista de chequeo a la que se pasó revista en los párrafos que anteceden, en tanto en el encabezado del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, se consagra con tal índole inhabilitante tanto el inscribirse como candidato como el resultar elegido concejal, es decir, no es que si por el hecho de haber salido elegido tan solo uno de los integrantes de la pareja la causal no se materialice, en tanto la disposición normativa contempló con esa connotación inhabilitante el inscribirse como candidato y así también el resultar elegido.
Por supuesto que si ninguno de los miembros de la pareja hubiera resultado elegido la causal no produce ningún efecto, en tanto la inhabilidad se predica es de concejales real y efectivamente elegidos, de ahí que para el caso de marras la demanda se hubiera promovido en contra de uno solo de los integrantes de la pareja y no del otro, por cuanto uno solo logró sacar avante su aspiración, ahora, que si los dos hubieran resultado favorecidos por el resultado de las urnas, por modo más que evidente que una eventual solicitud de pérdida de investidura hubiera prosperado en contra de la pareja.
(…)
Ahora que, por supuesto, si bien la parte demandada admitió algunos de los hechos que se fundamentó la solicitud de desinvestidura, lo hizo pero matizando sus respuestas, siendo así como advirtió que si por una parte era cierto que el señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO y la señora MARIBEL MONTOYA GIRALDO, son esposos, y que, más aún, no discuten que hagan vida en común, aspecto que también está acreditado con suficiente prueba documental, también y por otra parte era igualmente cierto que la señora MARIBLE MONTOYA GIRALDO había renunciado a su aspiración al Concejo de Marinilla pocos días antes de verificarse el certamen electoral al cual habían aspirado, tan solo que el funcionario de la Registraduría se habría negado a recibir y tramitar la renuncia de la que se habla, y en prueba de la verdadera intención de renunciar se habría formulado una declaración extrajuicio en la Notaría Única de Marinilla (Ant.).
En efecto, tal como se indicó al relacionar los medios acreditativos allegados al juicio tanto por las partes, con la demanda y con la contestación, y así mismo a instancia del despecho del Magistrado conductor de las pesquisas, la parte accionada allegó un ejemplar del Acta N°. 1715 de la Notaría Única de Marinilla, fechada el 22 de Octubre de 2015, en la que se lee la declaración extraproceso rendida por la señora MARIBEL MONTOYA GIRALDO, identificada con la Cédula de ciudadanía N°. 1.038.406.237 de Marinilla (Ant.), en la textualmente se lee:
(…)
Sin todavía entrar a valorar la eficacia de la gestión que a menos de tres días previos a la realización del proceso electoral que se llevó a cabo el día Domingo 25 de Octubre de 2015, cumplió la señora MARIBEL MONTOYA GIRALDO en la Notaría Única de Marinilla (Ant.), lo cierto es que dentro del proceso no obra la supuesta carta de renuncia que dice la compareciente que no le fue aceptada por los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil acantonados en el municipio de Marinilla. Es decir, que ese argumento no pasa de ser una simple afirmación sin sustento probatorio que lo respalde, a menos que lo que se pretenda dar a entender esa que la antes mencionada es que de viva voz le solicitó al Registrador que la retirara o que le aceptara la renuncia a su aspiración a ser elegida concejal de esa municipalidad y que ante ese reclamo verbal el funcionario se negó a atenderla.
En cualquier caso, una y otra opción son meras especulaciones dado que la prueba con la que se hubiera podido acreditar lo que fuera del caso, como sin lugar a la menor duda lo era la declaración juramentada que tanto la parte accionante como la accionada solicitaron, cual fue que se escuchara en jurada al señor Registrador Municipal del Estado Civil de Marinilla, señor Hosman Velásquez Quintero, así como a la propia señora Maribel Montoya Giraldo, y que el Despacho sustanciador decretó no se llevó a cabo por ausencia de las partes y de los testigos a la audiencia pública que se programó con tal finalidad, con lo cual se entendió que uno y otro extremo procesal desistieron de su recaudo, pues además de que no concurrieron a la audiencia, tampoco insistieron en la prueba ni mucho menos acreditaron excusa alguna con case en la cual se hubiera argumentado la ocurrencia de alguna situación de fuerza mayor que les hubiera impedido asistir.
Oportunidad para el rechazo o para la renuncia a una inscripción por un partido o movimiento político con personería jurídica. Por el aspecto que se anuncia en el epígrafe, necesariamente debemos remitirnos a lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1475 de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, en tanto es la norma que regula con fuerza de ley estatutaria, con lo cual hace parte del bloque de constitucionalidad, temas neurálgicos para la solución del tema que se debate, como son los relacionados con el período de inscripción de candidatos y de listas a cargos y corporaciones de elección popular, así como a la modificación de las inscripciones, sin pasar por alto el derecho de los candidatos a no aceptar o inclusive a renunciar a su candidatura, y los plazos dentro de los cuales se puede hacer uso de esa prerrogativa válida y oportunamente.
(…)
Así las cosas, basta la lectura de la norma (se refiere al artículo 30 de la Ley 1475 de 2011) para saber que si el período de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular dura un (1) mes y se inicia con cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente elección, y se conoce, que la jornada electoral se va a llevar a cabo el día Domingo 25 de Octubre de 2015, fácil resulta concluir que el período de inscripción de candidatos se había iniciado cuatro (4) meses antes, esto es, el 25 de Junio de 2015, y que como el mismo dura un (1) mes se venció el día 25 de Julio de 2013, fecha esta última que coincide con la de inscripción de la candidatura de los esposos VÁSQUEZ Y MONTOYA, luego por lo menos la inscripción de ambos, el mismo día, en el mismo momento, fue oportuna.
Otra cosa es la atañadera (sic) a la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular que solo podrá verificarse, bien sea por falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, que únicamente puede tener lugar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.
Así lo previene el artículo 31 de la Ley Estatutaria, en cuanto ordena: (se cita) (…) Con lo cual, si la fecha de cierre de las inscripciones fue el 25 de julio de 2015, la modificación de la inscripción por falta de aceptación, que no fue el caso porque la pareja de esposos concurrió personalmente a formalizar su inscripción como candidatos aspirantes a resultar elegidos en sendas curules del concejo municipal de Marinilla (Ant.), o por renuncia, que tenían derecho a renunciar a su candidatura, para ello el plazo preclusivo y perentorio transcurrió con silencio de los integrantes de la unión matrimonial durante el lapso comprendido entre el DÍA LUNES VEINTISIETE Y EL DÍA VIERNES TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015), resultando cualquier manifestación en tal sentido se presentara con posterioridad absolutamente ineficaz por razón de su extemporaneidad.
(…)
Con todo lo cual y valorado el acervo probatorio recopilado, es de fuerza concluir que se encuentra plena y debidamente estructurada la causal invocada de pérdida de la investidura del Concejal del municipio de Marinilla (Ant.), por parte del ciudadano accionado señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO (…)».
4.- El recurso de apelación presentado por el concejal Jader Alirio Vásquez Castaño
Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandada, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque dicha providencia judicial y en se denieguen las pretensiones de la demanda, conforme a los siguientes argumentos:
«(…) HECHOS:
El pasado 5 de abril se profiere por parte del tribunal superior de Antioquia (sic) fallo de primera instancia dentro del cual se profiere fallo decretando la pérdida de investidura contra el concejal electo del municipio de marinilla (sic) el señor JADER ALIRIO VASQUEZ bajo el entendido de estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que supone la norma al tenor del numeral 4to del art 40 de la ley 617 de 2006 (sic).
Dentro de la parte inicial alega la parte accionante que el señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO se había inscrito ante la registraduria municipal de Marinilla (sic) Antioquia para los comicios del pasado 28 de octubre de 2015 como parte del listado que optaba para el concejo municipal por el partido CAMBIO RADICAL y que dentro de esta misma lista luego se encontró también inscrita la señora Maribel Montoya Giraldo la cual hacía parte de la lista con el fin de cumplir con la cuota correspondiente a las mujeres que debían optar en las listas del partido como lo estipula la ley 1475 del año 2011, y que se tiene en cuenta para la parte accionante que demostró que entre ambas personas existe un vínculo matrimonial antecedente a estos actos.
Que al revisar estos elementos también se demostró que la señora Maribel Giraldo presentó su voluntad de dimitir a estas contiendas bajo el entendido que esto generaba la causal que invoca el accionante, pero cuando trata de hacer efectiva su renuncia no es tomada por parte de la registraduria municipal del estado civil (sic) de marinilla Antioquia y por lo cual procede a buscar el método expedito y válido para expresar su voluntad para no participar de los comicios antes mencionados por lo que recurre a la notaría única del municipio donde bajo declaración juramentada presenta su dimisión de la lista y su voluntad de no participación como aspirante en estas contiendas.
Como respuesta a todo lo expuesto por el demandante dentro de la acción como contraparte mi prohijado siempre ha intentado demostrar que en los actos de inscripción llevados a cabo dentro de la registraduria municipal de marinilla Antioquia se tenía desconocimiento del impedimento que podía causar el llevar a cabo la inscripción de dos personas que ante el registro civil aparecieran como cónyuges y que al momento llevar (sic) la conducta de la inscripción lo hicieron como personas totalmente independientes toda vez que para el momento presentaban problemas de su relación y se encontraban separados de facto, hecho que consecuentemente dentro del transcurso de la contienda política fue subsanado por los cónyuges y que motiva a la señora Maribel Montoya a renunciar a la aspiración tratando así de que el señor Jader Alirio Vásquez no incurriera en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades lo que podría predicarse como un error sobre la conducta ya que para la señora Maribel Montoya era la expresión de su voluntad la de no participar en las contiendas electorales del pasado 25 de octubre de 2015 y es por ello que como se resaltó en la contestación de la demanda inicial es la misma señora Maribel Montoya quien busca la forma de renunciar a esta aspiración y que por motivos de cronograma electoral como lo da a entender a la mencionada señora el registrador municipal se niega a dar recibo de la misma renuncia por lo cual se busca la forma más expedita y de demostrar su voluntad y es por ello que acude ante el notario municipal del Marinilla (sic) Antioquia con el fin de que por medio de la declaración extra juicio se exprese la renuncia de la misma y sea tomada como expresión de voluntad dice el decreto 960 de 1970 en su art. 3ro en su numeral 8 (se cita) es decir que como hecho notorio puede tomarse la expresión de voluntad de la señora Maribel.
(…)
Pero cabe destacar de la norma transcrita que el elegir es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos y a la vez una de sus más grandes responsabilidades como parte del estado, por lo cual cuando un ciudadano ejerce este derecho al votar por un candidato inscrito dentro de una lista para algún cuerpo colegiado más concretamente en el caso en cuestión para el concejo municipal de Marinilla Antioquia está expresando de la manera más pura y objetiva ese sentir sobre ese candidato en el cual refugia su representación con el estado (sic), bajo el entendido de confianza que le debe generar y con la cual debe pensar el ciudadano que actúa dicho aspirante al momento de presentar su aspiración, es decir que al momento en que ese aspirante adquiere la votación requerida para ser declarado electo más exactamente como concejal se virtua (sic) allí una doble connotación y se perfecciona esta proclama constitucional con la cual el pueblo expresó su derecho y su voluntad. Es desde aquí que pido empiece entonces a ser tomada en cuenta que declarar la pérdida de investidura del señor JADER ALIRIO VASQUEZ sería el equivalente a desconocer el derecho ejercido por todos estos ciudadanos desde su ordenanza constitucional bajo el entendido de que desde el mismo preámbulo de la norma el pueblo es reconocido como residente del poder es decir que el pueblo al ejercer sus derechos faculta confía (sic) y ordena la representación que por ellos quiere ser llevada a cabo, en el caso concreto más de 300 votos respaldando la aspiración del señor JADER VASQUEZ demuestran que un grupo importante de ciudadanos confían y le respaldan para que les represente ante esta corporación edilicia del municipio de marinilla (sic).
FRENTE A LA CAUSAL DE INHABILIDAD
La finalidad teleológica de la causal invocada en la demanda es evitar que se presente el nepotismo y la configuración de dinastías electorales, circunstancias que de ninguna manera acontecen en el presente caso de estudio, ya que no se reúnen las calidades necesarias para que así sea, el ad quo (sic) realizo una interpretación simple y sucesiva de causas y efectos, sin entrar a considerar la finalidad perseguida por la norma inhabilitante, y por ello adquen (sic) deberá modificar el fallo a favor del señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ.
(…)
De lo anterior se puede deducir que la finalidad (teleológica) del inciso final del numeral 4, artículo 43 de la Ley 617 de 2000 era llevar la interdicción a las dinastías electorales familiares territoriales, además de evitar el nepotismo y el potencial uso de las influencias y el poder familiar, situación que no fue considerada en la sentencia objeto de apelación y que de ninguna manera se configura bajo los hechos que le dieron su motivación.
Las siguientes apreciaciones son puestas a consideraciones del Adquen (sic) para que decida:
Considerando 1. Utilizar Fuerza Electoral para arrastrar al otro: (…) El señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO y la señora MARIBEL MONTOYA GIRALDO son cónyuges, fueron inscritos por el mismo partido en una lista de voto preferente o también llamada lista abierta, para aspirar al mismo cargo en la misma fecha. Bajo estos supuestos de ninguna manera la fuerza electoral de uno de los cónyuges podrá arrastrar al otro, por el contrario, entre ambos se restaron votos. Cabe resaltar que la lista abierta se presenta cuando la colectividad deja que los ciudadanos voten, no sólo por el partido sino también por cada uno de sus candidatos individualmente, ello de ninguna manera los favorece. Adicional a lo anterior, ninguno de los cónyuges previo a las elecciones, había ocupado alguna curul política o cargo administrativo, es decir, su potencial electoral se encontraba supeditado al esfuerzo que cada uno realizar individualmente durante la campaña electoral, esto es, no se configura la fuerza electoral y el favorecimiento del uno hacia el otro.
1.1. Lista Cerrada: (…) La causal de inhabilidad objeto de análisis continuó su vigencia a través del tiempo fue constituida para el sistema electoral anterior al año 2004, y su finalidad, -teleología- era evitar que en la lista cerrada se utilice la fuerza electoral de uno para arrastrar a sus parientes más cercanos y crear dinastías electorales. Esta causal de inhabilidad no cobra relevancia en el método de elección por lista preferente ya que los candidatos deben trabajar individualmente, y por el contrario uno siempre le restra votos al otro.
Bajo estas circunstancias, confirmar el fallo de primera instancia sería violatorio del derecho que tienen los ciudadanos a ser elegidos como representante de los votantes en un cargo determinado, constituido en el artículo 40 de la Carta Política el cual excepcionalmente puede ser limitado.
Considerando 2. Nepotismo: (…) Siguiendo la misma línea y en razón de la finalidad de la causal de inhabilidad constituida en el inciso final, numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 era evitar el Nepotismo y las dinastías familiares o electorales, de lo indicado por el Concejo de Estado (sic) sobre el concepto y alcance del nepotismo, se puede concluir que tampoco se configura para el caso en estudio.
Considerando 3. Carácter fundamental y político a ser elegido. (…) Bajo la premisa plantada (sic) por el Consejo de Estado, necesariamente se debe verificar si la causal de inhabilidad que se endilga al señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO se configura bajo la interpretación teleológica, toda vez que como se ha podido demostrar, su finalidad es evitar que se configuren dinastías familiares a través de la utilización de la fuerza electoral de uno para arrastrar a sus parientes más cercanos, situaciones que definitivamente no podrían predicarse bajo la lista por voto preferente, menos aún en el caso en estudio. Adicional a ello el Consejo de Estado en la sentencia en revisión ha indicado que el derecho que tiene todo ciudadano a ser elegido es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido excepcionalmente.
(…)
FRENTE AL HECHO DE RENUNCIA DE LA SEÑORA MARIBLE GIRALDO.
Es de recalcar que la señora Maribel Giraldo demostró toda su voluntad de renuncia y de no proseguir en la contienda electoral pensando este togado que el no reconocimiento de este acto como válido viola un principio fundamental como lo es el del libre desarrollo de la personalidad por medio de la coacción de la voluntad.
(…)
Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico impera también es cierto que el mismo no podrá coartar el libre albedrio de ningún ciudadano en la toma de sus decisiones, máxime en el caso en concreto donde la señora Maribel Giraldo que expreso de la manera más expedita posible su voluntad de no proseguir en la contienda política y considerar lo contrario implicaría querer imponer a la misma una orden contraria al ordenamiento constitucional ya que como derecho de doble vía ella podía optar por la opción de no ser elegida y no participar en la contienda política lo cual al no ser considerada por el juez de primera instancia viola de manera directa al orden constitucional frente a las misma, y es de recordar que las normas no están hechas como simples enunciados taxativos para ser cumplidos sino como un ordenamiento abstracto para que sea analizado en concreto como sustrato frente a cada ciudadano en sus actuaciones cuando estas concuerden con ese mismo enunciado abstracto.
También se nota esta restricción al no ser recibida la renuncia por el registrador municipal del municipio de Marinilla Antioquia que al no aceptar dentro de su despacho la renuncia tiene que buscar el medio efectivo para expresar su voluntad y lo hace acudiendo al notario del municipio quien se considera puede dar testimonio de su voluntad como certeza de la fe pública que le reviste la normatividad.
(…)
FRENTE A LOS HECHOS PROBATORIOS
Frente a este ítem pido a este tribunal sea revisada la pasividad frente a la práctica por parte del tribunal administrativo de Antioquia que pide en un momento procesal específico el testimonio de la señora Maribel Giraldo Montoya y a su vez del señor Registrador municipal de Marinilla Antioquía, los cuales no comparecen pero de ningún manera (sic) se halla que el mismo tribunal busque que se de efectividad a estos testimonios que pueden generar una visual real y distinta a la que ha tenido el mismo tribunal, pudiéndose confrontar allí el hecho de la renuncia de la señora Maribel Giraldo y lo cual seguiría siendo el ítem principal para desvirtuar que se incurriera en la inhabilidad que dicho tribunal aduce, es por ello que pido a esta corte de ser posible nuevamente se decrete de manera efectiva este acto probatorio y se dé transcurso a las diligencias que atañan al mismo (…)».
5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del agente del Ministerio Público
Mediante auto de 5 de julio de 2016, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.
5.1.- Los alegatos de conclusión presentados por la parte demandante
El demandante intervino en esta etapa procesal y afirmó que el apelante no había sustentado el recurso en la medida en que no consignó las razones dirigidas a obtener la revocatoria de la sentencia de primera instancia y consideró que en el recurso solo se esgrimen razonamientos vagos y genéricos, alejados de la controversia debatida en el proceso.
Continúa su argumentación indicando que aquel no cuestionó, como era su obligación, los fundamentos de la decisión apelada y, adicionalmente, para el demandante resulta claro que el impugnante admitió todos los hechos de la demanda, por lo que consideró que la sentencia de primera instancia es un fiel reflejo de lo acreditado en él, por lo que solicita su confirmación.
5.2.- Los alegatos de conclusión presentados por el apoderado judicial de la parte demandada
El demandado, de manera oportuna, allegó sus alegatos de conclusión manifestando, en primer lugar, que el medio de control de pérdida de investidura, por oposición al de nulidad electoral, evalúa la conducta del demandado y por ello propone a esta Sala realizar una valoración de los elementos subjetivos presentes en el caso en estudio y que se abstenga, en consecuencia, de realizar una interpretación literal de la causal de inhabilidad que le endilga el demandante al concejal enjuiciado.
Posteriormente, el demandado reitera lo expuesto en su recurso de apelación y solicita la reconsideración de la decisión de instancia para, en su lugar, desestimar las pretensiones de la demanda.
5.3.- El concepto de fondo presentado por el señor agente del Ministerio Público
Mediante el Concepto No. 00143 del 2 de septiembre de 2016, el agente del Ministerio Público solicitó la confirmación de la decisión de primera instancia.
Para el efecto, encontró acreditada la relación conyugal entre Jader Alirio Vásquez Castaño y Mabel Montoya Giraldo; su inscripción para el concejo municipal de Marinilla (Antioquia), el mismo día y por el mismo partido político; la elección del demandado como concejal de ese municipio.
Frente a lo expuesto por el apelante frente a la renuncia presentada por la señora Montoya Giraldo, el agente del Ministerio Público comparte en su totalidad el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al señalar que:
«Esta Delegada del Ministerio Público, comparte el criterio del A-quo en el sentido de que si la fecha de cierre de las inscripciones fue el 25 de julio de 2015, la modificación de la inscripción por falta de aceptación, que no fue el caso porque la pareja de esposos concurrió personalmente a formalizar su inscripción como candidatos aspirantes a resultar elegidos en sendas curules del Concejo Municipal de Marinilla (Ant), o por renuncia, que tenían derecho a renunciar a su candidatura, para ello el plazo perentorio transcurrió con silencio de los integrantes de la unión matrimonial durante el lapso comprendido entre el DÍA LUNES VEINTISIETE Y EL DÍA VIERNES TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015), lapso frente al cual cualquier manifestación que en tal sentido se presentara con posterioridad, sería ineficaz por razón de su extemporaneidad; y en el presente caso, la parte accionada allegó un ejemplar del Acta N° 1715 de la Notaría Única de Marinilla, fechada el 22 de Octubre de 2015, - tres (3) días antes de las elecciones – en la que la señora MARIBEL MONTOYA GIRALDO mediante declaración extraproceso, presentó renuncia a su candidatura»
5.4.- La actividad probatoria desplegada por este despacho
Mediante auto del 7 de diciembre de 2016, el despacho instructor de este proceso, en segunda instancia, ordenó, conforme al artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la práctica de los testimonios de los señores Hosman Vásquez Quintero y Maribel Montoya Giraldo.
La práctica de esta prueba fue ordenada, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin embargo, no se llevó a cabo por culpa de la parte demandada, no obstante, se consideró importante que los testimonios fueran recepcionados en esta instancia a fin de esclarecer los hechos que sustentan la causal de pérdida de investidura alegada, en particular, los medios defensivos que pretenden enervar su configuración, atendiendo los graves efectos que apareja la declaratoria de pérdida de investidura.
En cumplimiento de la orden impartida, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en diligencia del 27 de febrero de 2017, recepcionó los testimonios de las personas señaladas anteriormente, todo lo cual consta en el disco compacto que reposa a folio 67 del cuaderno del Consejo de Estado.
II.- Consideraciones de la Sala
1.- Procedibilidad de la acción pérdida de investidura
Para acreditar que el demandado ostentaba la condición de concejal del municipio de Marinilla (Antioquia) para el período 2008-2011, se allegó certificación expedida por parte del registrador municipal de Marinilla (Antioquia), señor Hosman Velásquez Quintero, en la que ese servidor público manifestó: «Comedidamente certifico que según el escrutinio Municipal de Marinilla Antioquia, el señor JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO, fue elegido como concejal para el período 2016 - 2019». (fol. 15-19, cuaderno principal)
Con dicha certificación, se anexó el acta general del escrutinio de las elecciones de las autoridades locales del municipio de Marinilla, realizadas el 25 de octubre de 2015, en la cual consta: «(…) Se declara como electos los siguientes candidatos para la corporación CONCEJO (…) PARTIDO CAMBIO RADICAL candidato (a) JADER ALIRIO VÁSQUEZ CASTAÑO con cédula de ciudadanía 70907732».
Probada la condición señalada, el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.
2.- Problema jurídico
Corresponde establecer a la Sala si el señor Jader Alirio Vásquez Castaño, concejal del municipio de Marinilla (Antioquia), debe ser despojado de su investidura por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto el demandado, junto con su esposa Maribel Montoya Giraldo, se inscribieron como candidatos al concejo municipal de aquel ente territorial, por el mismo partido político, lo cual constituye causal de pérdida de la investidura por virtud del numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
Para desatar el problema jurídico propuesto, la Sala deberá examinar, en primer lugar, si en el presente caso se presentan los elementos previstos en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 para que se configure dicha inhabilidad; y en segundo lugar se analizarán los medios de defensa planteados por el demandado, siguiendo para el efecto el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al tenor indica:
«ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.»
.
3.- La configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Inicialmente debe señalarse que esta Sala, en decisiones judiciales precedentes, ha concluido que la violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales, es causal de pérdida de la investidura. Así, en reciente sentencia del 14 de julio de 2016, reiteró dicha posición, en la siguiente forma:
«La Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia de 28 de julio de 2002 sostuvo que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no contiene la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, no significa que ésta haya sido suprimida, pues el numeral 6º ibidem establece la posibilidad de que otras normas también consagren causales de pérdida de investidura.
Dijo la Sala:
«Teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló “íntegramente” lo relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando en el numeral 6 dispuso que se perdería la investidura: “por las demás causales expresamente previstas en la ley”. Tal regulación reconoce de manera expresa la vigencia, y por ende, la obligatoriedad de lo que otras leyes señalan al respecto. Y es preciso tener en cuenta que la Ley 617 de 2000, como ya se advirtió, sólo introdujo cambios parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se trató de una derogatoria total ni de una “sustitución en bloque”, aspecto en el que resulta muy ilustrativo su título o encabezamiento en el que se precisa su alcance así: “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994...”. Como no existe razón meritoria que induzca a una consideración distinta, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, exégesis que habrá de orientar la definición de esta litis.»
Así, tratándose de la imputación de una causal de inhabilidad, la Sala pasa a considerarla.»
Atendiendo la posición de esta Sala, la cual no es objeto de debate en el presente proceso judicial, resulta procedente analizar si se presentan los elementos para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, disposición que al tenor señala:
«(…) ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha." (…)»
Esta Sala ha considerado que deben acreditarse los siguientes elementos para que se configure la inhabilidad regulada en dicho artículo:
«(i) el parentesco; (ii) que los parientes se inscriban como candidatos por el mismo partido o movimiento político; (iii) que se inscriban para elecciones de cargos o corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito; y (iv) que las elecciones se realicen en la misma fecha»
Con la demanda fue aportada copia autentica del registro civil de matrimonio (folio 4, cuaderno principal), el cual consigna los siguientes datos: (1) que el matrimonio se celebró en el municipio de Marinilla (Antioquia); (2) que se celebró el día 19 de abril de 2008; (3) que los contrayentes fueron «VASQUEZ CASTAÑO JADER ALIRIO (…) C.C. NRO 70.907.732 MARINILLA ANTIOQUIA» y «MONTOYA GIRALDO MARIBEL (…) C.C. NRO 1.038.406.237 MARINILLA ANTIOQUIA».
Igualmente, se aportó de la solicitud «(…) PARA LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS Y CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA (…)» del Partido Cambio Radical, para la elecciones de concejales del municipio de Marinilla (Antioquia) a realizarse el 25 de octubre de 2015, correspondiente al período 2016-2019 (folio 6-9, cuaderno principal).
En esta solicitud, radicada ante la autoridad electoral el 25 de julio de 2015, se detallan los candidatos que el partido político presentaría a la mencionada elección, dentro de los que se encuentran: «(…) 1 (…) Jader Alirio (…) Vásquez Castaño (…) 70907732» y «(…) 13 (…) Maribel (…) Montoya Giraldo (…) 70907732».
Probado está, entonces, el vínculo matrimonial entre los señores Jader Alirio Vásquez Castaño y Mabel Montoya Giraldo, así mismo que ambos se inscribieron, por el mismo partido político (Cambio Radical), para una elección a realizarse en el mismo municipio (Marinilla, Antioquia) y en la misma fecha (25 de octubre de 2015), configurándose, en consecuencia, la inhabilidad que se le endilga al demandado.
Verificada la configuración de la causal de pérdida de investidura, conforme lo ha indicado la Corte Constitucional, esta Sala debe examinar:
«(…) si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión. (…)»,
Lo anterior por cuanto el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este proceso de carácter sancionatorio es de carácter subjetivo, pues
«(…) en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable. (…)».
Para el análisis propuesto no puede perderse de vista que la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales, entre otras disposiciones, regula lo atinente a las campañas electorales y, en particular, la inscripción de candidatos, señalando en su artículo 28 que:
«(…) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad (…)».
La Sala debe manifestar frente a la conducta de los señores Jader Alirio Vásquez Castaño y Maribel Montoya Giraldo, que estos suscribieron el formulario E- 6CO, en la que manifestaron:
«Bajo la gravedad del JURAMENTO, declaro NO haber participado en consultas internas de otro partido, reúno las calidades y no estoy incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad consagradas en la Constitución o la Ley, por lo que acepto la candidatura para la corporación, circunscripción y período».
En esa medida, los señores Vásquez Castaño y Montoya Giraldo se comprometieron, de manera expresa, a seguir las disposiciones constitucionales y legales que regulaban su participación en la contienda electoral a realizarse el 25 de octubre de 2015, en particular y para el caso en cuestión, aquellas que consagran el régimen de inhabilidades aplicable a dichos servidores públicos y aquellas que regulan la organización y funcionamiento de los procesos electorales, lo que permite acreditar, en igual forma, que tenían pleno conocimiento de ellas y, sin embargo, las transgredieron sin justificación alguna.
Así mismo, sumado a lo anterior, en el recurso de apelación presentado por el demandado no hay alegación ni prueba alguna de haber actuado con ausencia de culpa.
No hay evidencia de un actuar diligente por parte del demandado solicitando, a manera ilustrativa, el concepto de las autoridades electorales o de entidades públicas relacionadas con los temas electorales, respecto de su situación particular, o que hubiere actuado al amparo de decisiones judiciales que, aplicadas al caso particular, le permitieran su participación en la contienda electoral, por lo que su actuación puede catalogarse, al menos, como culposa.
Además de lo anterior y como se verá líneas atrás, la cónyuge del demandado, señora Maribel Montoya Giraldo, omitió dar cumplimiento a los postulados del artículo 31 de la Ley 1475 de 2012, que otorga el término de 5 días siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones para efectos de modificar la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular en los eventos de falta de aceptación o renuncia a la candidatura.
4.- Los medios de defensa esbozados por el demandado
4.1.- La renuncia que presentó la señora Mabel Montoya Giraldo a su candidatura para el concejo municipal de Marinilla (Antioquia)
El apelante insiste en que la señora Maribel Montoya Giraldo demostró su voluntad de renunciar y no proseguir en la contienda electoral para la cual se inscribió, tal y como lo muestra la declaración presentada ante el Notario Único del Círculo de Marinilla. El no reconocimiento de dicha situación por parte de la primera instancia viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Para efectos de establecer la prosperidad o no del medio defensivo alegado por el apelante, debe indicarse que al proceso fue allegada una declaración extra procesal rendida por Maribel Montoya Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía 1038406237, ante el notario único de Marinilla (Antioquia), el día 22 de octubre de 2016, cuyo contenido es el siguiente:
«(…) Con relación a los hechos motivo de la diligencia, bajo la gravedad del juramento manifestó: (…) YO ME POSTULE (sic) COMO CANDIDATA AL CONCEJO MUNICIPAL DE MARINILLA POR EL PARTIDO CAMBIO RADICAL. Y EN ESTOS MOMENTOS DESEO RETIRARME DE ESTA CANDIDATURA. PERO EN LA REGISTRADURIA (sic) NO ME ACEPTAN LA RENUNCIA PORQUE EL TIEMPO LÍMITE PARA ESTOS TRÁMITES YA CADUCÓ. (…) ES POR ESO QUE NECESITO ESTA DECLARACIÓN PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE MI RENUNCIA (…)» (fol. 43, cuaderno principal)
Las disposiciones que regularon la práctica de esta declaración, esto es, las contenidas en el Código de Procedimiento Civil, señalan que los testimonios recibidos fuera del proceso judicial deben ratificarse en el mismo en el evento en que se hayan rendido en otro proceso sin la citación o intervención de la persona contra quien se aducen en el posterior y cuando se hayan rendido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.
El artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, al regular los testimonios que se recepcionan ante notarios y alcaldes, como ocurrió en el presente caso, indica que en el caso en que los testimonios tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria, solo estarán destinados a servir de prueba sumaria en los asuntos para los cuales la ley autoriza esta clase de prueba y solo tendrán valor para dicho fin.
Si bien el testimonio de la señora Maribel Montoya Giraldo no fue recepcionado, pese a que fue decretado por el despacho en el auto del 8 de marzo de 2016, mediante el cual se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (folio 50, cuaderno principal), debido a la inasistencia de los testigos a la audiencia del 11 de marzo de 2016 (folio 56, cuaderno principal), este despacho, mediante auto del 7 de diciembre de 2016, ordenó la práctica del testimonio de la señora Maribel Montoya Giraldo, el cual fue practicado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 27 de febrero de 2017.
En dicho testimonio la señora Maribel Montoya Giraldo manifiesta que efectivamente se dirigió ante el notario único de Marinilla (Antioquia) y allí rindió una declaración juramentada, toda vez que los funcionarios de la notaría le indicaron que no le recibían la carta de renuncia que llevaba, pues lo que allí se hacía era una declaración. Sin embargo, no puede dar cuenta de que dichos documentos, esto es, la renuncia y la declaración extra juicio, le hubieran sido entregadas a autoridad electoral alguna.
El testimonio del señor Hosman Alexis Velásquez Quintero, funcionario de la Registraduría municipal de Marinilla (Antioquia) para la época de los hechos, igualmente practicado en virtud del auto del 7 de diciembre de 2016, proferido por el despacho instructor del proceso en segunda instancia, igualmente da cuenta de que a las autoridades electorales no se entregó renuncia alguna por parte de la señora Maribel Montoya Giraldo, así:
«(…) MAGISTRADO: PREGUNTADO: Sírvase decirle al despacho sí la señora Maribel Montoya Giraldo… presentó en algún momento una renuncia escrita manifestando su intención de renunciar como ya se ha dicho, a si suene reiterativo, a su aspiración a ser elegida como concejal por el municipio de Marinilla en las elecciones que se llevaron a cabo o se llevarían a cabo para ese entonces el 25 de octubre de 2015. CONTESTÓ: Recuerdo que el 23 de octubre si se presentó ella con la renuncia realizada ante la notaría del mismo municipio en la cual nosotros como entidad no le dimos procedencia toda vez que era extemporánea la presentada renuncia. MAGISTRADO: PREGUNTADO: O sea ella presenta una renuncia escrita el 23 de octubre de 2015. CONTESTÓ: Si la cual de parte de la Registraduría no se la recibimos. (…) MAGISTRADO: PREGUNTADO Usted en ese momento para el 23 de octubre de 2015 sírvase decirle al despacho era usted registrador municipal de Marinilla CONTESTÓ: En ese momento, no. Fui hasta el 15 solamente… 15 de octubre de 2015 fui registrador del municipio en encargo MAGISTRADO: PREGUNTADO: Sírvase decirle al despacho para ese momento el 23 de octubre de 2015 quien era el registrador. CONTESTÓ: El señor Daniel Giraldo Cuartas. MAGISTRADO: PREGUNTADO: Sírvase decirle al despacho si la señora Maribel Montoya Giraldo habló con el señor Daniel Giraldo Cuartas, manifestándole su intención de renunciar y en caso afirmativo qué recuerda usted de esa entrevista entre la señora Maribel Montoya Giraldo y el señor Daniel Giraldo Cuartas. CONTESTÓ: No, no recuerdo que se hayan de pronto hablado o que haya presentado ante él alguna renuncia. MAGISTRADO: PREGUNTADO: (…) Sírvase decirle al despacho si usted recuerda si la señora Maribel Montoya Giraldo habló con quién era para ese entonces el registrador municipal de Marinilla, señor Daniel Giraldo Cuartas. CONTESTÓ: No, no creo que lo haya hecho. MAGISTRADO: PREGUNTADO: (…) Sírvase decirle al despacho si la señora Maribel Montoya Giraldo habló con usted solamente en la Registraduría municipal del Marinilla o si habló con alguien más. CONTESTÓ: No, solamente conmigo el día 23 de octubre. MAGISTRADO: PREGUNTADO: (…) Sírvase decirle al despacho si ella llevaba algún documento en donde usted leyó que ella presentaba renuncia a su aspiración como concejal para el municipio de Marinilla para las elecciones del 25 de octubre. CONTESTÓ: No recuerdo que me haya presentado documento alguno. MAGISTRADO: PREGUNTADO: (…) O sea usted no tuvo en sus manos en ningún momento un documento donde leyera que ella estaba presentando su renuncia a su aspiración como concejal. CONTESTÓ: No señor. MAGISTRADO: PREGUNTADO: Sírvase decirle al despacho si tal como usted lo manifestó en una de sus respuestas anteriores la señora Maribel Montoya Giraldo en época para la cual le hemos entendido era usted el registrador municipal de Marinilla, se comunicó con usted, se entrevistó con usted y le manifestó su intención de declinar su aspiración a ser elegida concejal en las elecciones del 25 de octubre. ¿Es eso cierto? ¿Eso es lo que usted nos dijo? CONTESTÓ: Si, o sea lo que ella se presentó fue para presentar pues la renuncia en la cual le dije que no se la podíamos recibir toda vez que ya pues por lo que era extemporánea, en lo cual nosotros como Registraduría o institución dependemos de la misma Ley 1475 en la cual lo nombra el artículo 31 en la parte de inscripción y fechas de inscripción de las mismas. Ya aparte de ello si nosotros recibiésemos algo extemporáneo tendría que ser directamente con el Concejo Nacional Electoral quienes son los únicos que pueden dar la autorización de que pueda aceptar la renuncia o no ahí mismo. MAGISTRADO: PREGUNTADO: En ese momento cuando ella… la señora Maribel Montoya habló con usted ella que le manifestó. CONTESTADO: Que cuales eran los procedimientos para poder renunciar ya a última instancia. MAGISTRADO: PREGUNTADO: Y usted qué le dijo? Si lo recuerda CONTESTADO:
Lo recuerdo bien y fue que tenía que presentar la renuncia ante el partido, renuncia ante la Notaría como tal para sea autenticada y mandarla directamente al Concejo Nacional Electoral toda vez que dos días antes del proceso ya nosotros no éramos garantes de poderle dar una renuncia avalada (…)»
Finalmente, es necesario indicar que la Ley 1475 de 2011, ley estatutaria por la cual se adoptaron las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos política, de los procesos electorales y se dictaron otras disposiciones, claramente reguló el término para efectos de presentar renuncia a las candidaturas, así:
«(…) ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.
Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su reemplazo.
La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente.»
El período de inscripción fue regulado en el artículo 30 de dicha ley, el cual establece:
«ARTÍCULO 30. PERIODOS DE INSCRIPCIÓN. El periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.
En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones.
La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora.
PARÁGRAFO. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente.»
Así, como lo indicó el Tribunal Administrativo de Antioquia, si la jornada electoral se llevaba a cabo el 25 de octubre de 2015, el inicio del período de inscripciones se dio el 25 de junio de 2015 (4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación), y hasta el día 25 de julio de 2015 (1 mes), fecha en la que los señores Jader Alirio Vásquez Castaño y Maribel Montoya Giraldo inscribieron sus candidaturas al concejo municipal de Marinilla (Antioquia), como lo acredita la copia del citado formulario que reposa en el expediente (folio 6-9, cuaderno principal).
Contaba la señora Maribel Montoya Giraldo o, en su defecto, su partido político, con el término de 5 días, contados a partir del día siguiente a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones para efectos de modificar, por renuncia, la inscripción de los candidatos al concejo municipal de Marinilla (Antioquia), por el Partido Cambio Radical.
Es por ello que, cualquier manifestación en dicho sentido, si la hubiera habido, debió presentarse desde el día 27 de julio hasta el día 31 de julio de 2015. La manifestación hecha por la demandante en dicha declaración extra procesal fue realizada el día 22 de octubre de 2015, esto es, en forma extemporánea, además de que la misma no fue presentada a ninguna autoridad electoral, lo cual hace palpable el actuar culposo de los señores Montoya Giraldo y Velásquez Quintero.
Lo anterior es confirmado con el testimonio del señor Hosman Alexis Velásquez Quintero, quien indicó:
«(…) APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: PONE DE PRESENTE EL FORMULARIO E-6 CO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE (…) Bajo la gravedad del juramento doctor Hosman manifieste al despacho si después del 25 del mes de julio del año 2015 y antes del 31 se presentó alguna renuncia de los que allí figuran. CONTESTADO: Bueno efectivamente hubo una modificación que fue en la casilla número 3 Alberto León no recuerdo quien fue el que lo reemplazó pero la modificación si hubo la modificación fue un formato E-7 donde se consagraron las registradurías y efectivamente ya después de eso se hace E-8 que es el definitivo o lista definitiva de los mismos. MAGISTRADO. PREGUNTADO: O sea si se presentó una renuncia de uno de los integrantes de esa lista y se tramitó regularmente. CONTESTADO: si se hizo modificación de la misma. MAGISTRADO. PREGUNTADO: O sea fue exitosa esa renuncia CONTESTADO: con el formulario E-7. PREGUNTADO APODERADO PARTE DEMANDANTE: (…) Usted manifestó que el límite para la modificación de candidatos por renuncia o no aceptación de las inscripción era el 31 de julio Sírvase manifestar si la señora Maribel Montoya Giraldo quien figura en el renglón 13 presentó alguna renuncia en ese tiempo. CONTESTÓ: No pues… hasta donde se tiene entendido como tal cuando se hace el formulario E-8 que es el mismo día del cierre 25 de julio… perdón hasta el 5 de agosto que es la posibilidad de hacer modificaciones y cierre total en el cual se hizo el E-8 definitivo en la cual no se hizo más modificaciones. (…)»
El Tribunal Administrativo de Antioquia no violó, entonces, ningún derecho fundamental de la parte demandada, pues el medio defensivo, como se evidenció, carece de vocación de prosperidad.
4.2.- La teleología de la causal de pérdida de la investidura que se le endilga al demandado
El demandante considera necesario que en la aplicación de la disposición legal que consagra la causal de inhabilidad, se acuda a su «finalidad teleológica», lo cual no realizó la primera instancia.
Dicha «finalidad teleológica» es, de acuerdo con el demandante, «llevar la interdicción a las dinastías electorales familiares territoriales, además de evitar el nepotismo y el potencial uso de las influencias y el poder familiar», situaciones que, en su parecer, no se configuraron.
Explica, en primer lugar, que los señores Vásquez Castaño y Montoya Giraldo se inscribieron en una lista de voto preferente y en virtud de ello, según el apelante, «de ninguna manera la fuerza electoral de uno de los cónyuges podrá arrastrar al otro, por el contrario, entre ambos se restaron votos». Agrega que la causal de inhabilidad, al haber sido regulada cuando se conservaba el sistema de lista cerrada, «no cobra relevancia en el método de elección por lista preferente ya que los candidatos deben trabajar individualmente, y por el contrario uno siempre le resta votos al otro».
En segundo lugar y frente al fenómeno del nepotismo, cita la sentencia de 22 de octubre de 2009, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el expediente 11001-03-28-000-2008-00014-00, consejera ponente: María Nohemí Hernández Pinzón, para indicar que no se configura.
Para desatar el cargo formulado en contra de la sentencia de primera instancia, cabe indicar que esta Sala, en providencia del 18 de febrero de 2016, se refirió al fundamento de esta causal de inhabilidad, en la siguiente forma:
«7.4.3. La configuración de la causal de pérdida de investidura invocada.
a.- Fundamento legal y elementos de la causal de inhabilidad esgrimida en la demanda.
(…)
Con posterioridad, la Ley 617 de 2000 modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, estableciendo la inhabilidad que se alega en este proceso en los siguientes términos:
“Articulo 40. De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
[…]
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. […]" (Negrillas ajenas al texto original).
El legislador al modificar el texto del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 además de variar el grado de consanguinidad que configura la inhabilidad examinada (que pasó de ser de tercer a segundo grado) suprimió el parágrafo de dicha norma, relativo a que, entre otras, esta inhabilidad, se refiere a situaciones que tengan lugar en la circunscripción del municipio en la cual se efectué la respectiva elección.
(…)
4.2.- Ámbito de aplicación de la causal de inhabilidad imputada al demandado y contenida en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000
(…)
Observa la Sala que la prohibición inmersa en esta causal de inhabilidad va dirigida a evitar el nepotismo electoral, esto es que la fuerza electoral de unos sirva para proyectar las aspiraciones que en el mismo terreno tengan sus allegados, de modo que vayan colmando el poder político en forma escalonado, con detrimento del principio de igualdad respecto de los candidatos que no gozan de esa ventaja. Sin embargo, el tema de interés aquí es precisar, para el caso de los concejales, hasta dónde se extiende esa prohibición, si los allegados o parientes que se inscriben en las mismas elecciones por el mismo partido o movimiento político, deben serlo en la circunscripción municipal o si también pueden serlo en la circunscripción departamental, en fin qué ha de entenderse cuando el legislador refirió la inhabilidad a las elecciones deben cumplirse “en el mismo municipio”. El auténtico sentido de este predicado lo halla la Sala a través de los siguientes argumentos:
(…)
2.- Una visión finalística del problema jurídico sub examine lleva a la Sala a idéntica conclusión. Tal como se dijo en precedencia, esta causal de inhabilidad busca erradicar de las costumbres políticas nacionales el fenómeno de las dinastías electorales, según las cuales algunas familias se apoderaban del poder político gracias a que la votación de unos favorecía a sus próximos para que también llegaran al poder político, generándose así una seria afectación en la procura de la satisfacción de los intereses generales desde los cargos o corporaciones públicas de elección popular al estar representados en ellos no los intereses generales sino los intereses de alguna o algunas familias. Así, la Doctrina Constitucional ha considerado que:
“El artículo 179-6 de la C.P., reza: (…). Las normas acusadas [Ley 136/1994 Arts. 43.7 y 95.6], en realidad, se limitaron a extender la inhabilidad establecida por la Constitución para los congresistas, a los alcaldes y concejales. Si bien los cargos son diferentes, todos poseen la nota común de la elección popular, que para los efectos de la inhabilidad es la relevante, pues como lo recuerda el Ministro de Gobierno, lo que se propuso el Constituyente fue cabalmente evitar que “se utilice la fuerza electoral de uno para arrastrar a sus parientes más cercanos y crear dinastías electorales” (Gaceta Constitucional No. 79 del 22 de mayo de 1991, p. 16).
Las normas acusadas consagran respecto de los candidatos a concejal y alcalde, una inhabilidad similar. El nepotismo y las dinastías electorales, condenados por el Constituyente, no se reducen a las que tienen proyección nacional, pues resultan igualmente perniciosas para la democracia las que tienen asiento local y florecen al amparo de la urdimbre de poder que puede emanar de unas pocas familias.
La extensión de la inhabilidad concebida por la Constitución para uno de los más importantes cargos electivos de carácter nacional, a la esfera de los cargos electivos municipales, puede ser vista como un desarrollo del principio constitucional de igualdad en el acceso a los cargos públicos. La interdicción a las dinastías electorales familiares - propósito de las normas -, es una forma de asegurar la igualdad real y efectiva entre los diferentes aspirantes a ocupar cargos de elección popular” (Negrillas de la Sala)
Es decir, teleológicamente hablando encuentra la Sala que los anteriores argumentos de la Corte Constitucional resaltan la tesis de la Sala, ya que la prohibición de nepotismo electoral pasó de considerarse solamente dentro de los niveles seccional o local, individualmente entendidos, para configurarse también entre candidatos a cargos o corporaciones públicas de uno y otro nivel, de modo que la inscripción para unas mismas elecciones y por un mismo partido o movimiento político, inhabilita a esos aspirantes allegados o parientes cuando uno lo hace para un cargo o corporación pública del nivel departamental (Gobernación o Asamblea) y el otro para un cargo o corporación pública del nivel municipal (Alcaldía, Concejo o Juntas Administradoras Locales).
Por lo mismo, no atina la apoderada del demandado cuando en sus alegatos de conclusión dice, luego de recoger algunas precisiones de los antecedentes legislativos que dio vida jurídica a la Ley 617 de 2000, que con ello no se produjo ninguna “ampliación de la circunscripción electoral o territorial en la cual deben ocurrir los hechos inhabilitantes”, pues por el contrario, el endurecimiento de la ley en cuanto al régimen de inhabilidades y de contera en el propósito de erradicar el nepotismo electoral, se hizo explícito cuando la misma apoderada informa:
“El proyecto de Ley que dio origen a la Ley 617 de 2000 fue radicado inicialmente en Cámara bajo el No 049 de 1999, y publicado en la Gaceta del Congreso No. 257 de 17 de agosto de 1999. En el numeral 3.3 (Págs. 14 y 15) denominado ‘Transparencia de la gestión territorial’, consta que el objeto de la ley en esta materia es el ‘fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, la extensión en el tiempo de las incompatibilidades, la ampliación de las causales de perdida (sic) de investidura para concejales y diputados. Igualmente se reglamentan las prohibiciones a los diputados y concejales y se establecen sus excepciones’” (C. 4 fl. 362)
3.- Por último, no es cierta la violación de los principios de interpretación restrictiva pro homine o pro libertatis consagrados en el ordenamiento jurídico interno e internacional, puesto que la hermenéutica de la Sala no ha hecho más que establecer el genuino sentido de la causal de inhabilidad imputada al demandado, que tuvo por fin cambiar las costumbres políticas, ampliando la prohibición de aquéllas prácticas que no son sanas para la democracia”. (Cursivas originales – Negrillas y subrayas agregadas por la Sala para resaltar)»
Siendo ese el propósito para la consagración de la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el hecho de que los señores Vásquez y Montoya se postularan para la misma corporación de elección tiene precisamente el efecto que la norma quiere evitar, esto es, que dinastías familiares pretendan apoderarse del poder político.
Ahora bien, la configuración de la inhabilidad en nada se afecta por la forma en que el Partido Cambio Radical dispuso su lista optando por la opción del voto preferente. El voto preferente, de acuerdo con la doctrina:
«[E]s un mecanismo mediante el cual los electores tienen la posibilidad de reorganizar las listas presentadas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, o por los grupos significativos o movimientos sociales (…) En este caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se reorganiza de mayor a menor votación, teniendo en cuenta las votaciones de cada uno de los que conforman la lista».
El Consejo de Estado, frente a este mecanismo de elección de los candidatos a corporaciones públicas, explicó:
«En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2003 cuyos artículos 12 y 13 modificaron y adicionaron los artículos 263 y 263 A de la Constitución Política, respectivamente, definió los actuales sistemas de elección y de adjudicación de escaños, preceptuando que en todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos pueden presentar listas y candidatos únicos en un número de integrantes que no podrán superar el número de curules o cargos a proveer en la respectiva elección. Estableció que la distribución de las curules en los casos de elección para Corporaciones Públicas se hará bajo el sistema de cifra repartidora, pese a lo cual previó la exigencia de obtener porcentajes mínimos de votos para que las listas o candidatos sean considerados en el momento de la asignación de las curules mediante dicho mecanismo. Definió la cifra repartidora como el resultado menor que se obtiene de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos obtenidos por cada lista, ordenados en forma decreciente en igual número de curules a proveer y, asimismo, previó la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos, optaran por el mecanismo de voto preferente, caso en el cual el elector puede votar por el candidato de su preferencia de la respectiva lista que aparezca en la tarjeta electoral, evento en cual, luego de realizados los comicios se debe reordenar la lista de acuerdo al número de votos válidos obtenidos por cada candidato, para efectos de tener en cuenta el orden en que se debe proveer las faltas temporales o definitivas de los Congresistas titulares que resultaron ganadores en las elecciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 –Modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 1993 – que, en todo caso, debe realizarse en orden sucesivo y descendente por los candidatos que correspondan a la misma lista electoral».
Dentro de este sistema de elección, resulta claramente posible que los señores Vásquez y Montoya pudieran ser elegidos como concejales del municipio de Marinilla (Antioquia) y, de esa que se diera el resultado que pretendía evitar la norma, esto es, el nepotismo electoral.
Además, no hay ninguna evidencia que, en concreto, permita afirmar que este sistema de elección, como lo afirma el demandante, los hubiera afectado o que uno de los candidatos no pudiera aprovecharse de la fuerza electoral del otro, por lo que resultan ser, por ello, meras especulaciones del apelante, razón para desestimar los argumentos defensivos esbozados por aquel.
4.3.- La pasividad en la práctica de pruebas que le endilga el apelante al Tribunal Administrativo de Antioquia
Finalmente, el apelante solicita que sea revisada la pasividad del Tribunal Administrativo de Antioquia en la práctica de las pruebas testimoniales decretadas pues ante la inasistencia de los testigos, la primera instancia no buscó que se diera:
«(…) efectividad a estos testimonios que pueden generar una visual real y distinta a la que ha tenido el mismo tribunal, pudiéndose confrontar allí el hecho de la renuncia de la señora Maribel Giraldo y lo cual seguirá siendo el ítem principal para desvirtuar que se incurriera en la inhabilidad que dicho tribunal aduce, es por ello que pido a esa corte de ser posible nuevamente se decrete de manera efectiva este acto probatorio y se dé transcurso a las diligencias que atañan al mismo (…)».
Al respecto debe indicarse que tanto el demandante como el demandado solicitaron la práctica de los testimonios de los señores Hosman Vásquez Quintero y Maribel Montoya (folio 2 y 44, Expediente). El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto del 8 de marzo de 2016 decretó la práctica de dichos testimonios y fijó esa diligencia para el día 11 de marzo de 2016.
El citado día (11 de marzo de 2016), la primera instancia se constituyó en audiencia para practicar dichos testimonios, sin embargo, «no se hacen presentes ni las partes, ni sus apoderados, ni los testigos citados para la misma». Por parte de los testigos o el apoderado de la parte demandada que ahora tiene tanto interés en que se practiquen, no se presentó excusa alguna para su inasistencia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia prescindió de los testimonios considerando que «No sobra recordar que como lo ordena el numeral 11 del artículo 78 del Código General del Proceso, es deber y responsabilidad de las partes citar a los testigos cuya declaración haya sido decretada a instancia suya, por cualquier medio eficaz y allegar al expediente la prueba de la citación. El anterior deber de las partes lo reitera el artículo 217 de la misma obra».
De acuerdo con el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es legalmente posible la práctica de pruebas en segunda instancia, cuando «decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento», supuesto de hecho que no se presentaba en el presente caso puesto que la imposibilidad de practicar los testimonios solicitados es producto del incumplimiento de los deberes que la ley le impone, en este caso, a la parte demandada y a su apoderado judicial, por lo que no era procedente, entonces, acceder a la petición elevada por la parte demandada.
Sin embargo, mediante auto del 7 de diciembre de 2016, el despacho instructor del proceso ordenó, siguiendo los lineamientos del artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la práctica «(…) de los testimonios de los señores Hosman Vásquez Quintero y Maribel Montoya Giraldo, a fin de que declaren todo lo que sepan y les conste en relación con la renuncia de la señora Maribel Montoya Giraldo a su candidatura, por el Partido Cambio Radical, al concejo municipal de Marinilla (Antioquia), para el período 2016-2019 (…)», testimonios que han sido analizados líneas atrás.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera que los argumentos del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera no tienen vocación de prosperidad en atención a que se evidenció la presencia de los elementos previstos en el núm. 4 de la Ley 617 de 2000 para la configuración de la inhabilidad que se le endilga al demandante, además de acreditarse el actuar cuando menos culposo del demandado y su cónyuge, Maribel Montoya Giraldo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 5 de abril de 2016 proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se decretó la pérdida de la investidura del señor Jader Alirio Vásquez Castaño, como concejal del municipio de Marinilla (Antioquia) para el período 2016-2019, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia judicial.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)
ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.
ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
Disposición que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI), Actor: JAIRO NÚÑEZ MARTÍNEZ, Demandado: HERNAN TORRES SAENZ, Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL
Radicación 7177. Actor: Julio Vicente Niño Mateus. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 50001-23-33-000-2015-00128-01(PI), Actor: LUIS REINALDO ROJAS VELÁSQUEZ, Demandado: OMAR YESID MESA JIMÉNEZ. Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 19 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del señor OMAR YESID MESA JIMÉNEZ como Concejal Municipal de La Primavera (Vichada).
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016
Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016
El mismo notario indicó que «(…) Con tal fin la suscrita Notaría le recibió el juramento de acuerdo con los artículos 229 del Código de procedimiento (sic) Civil (…)».
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 50001-23-33-000-2015-00128-01(PI), Actor: LUIS REINALDO ROJAS VELÁSQUEZ, Demandado: OMAR YESID MESA JIMÉNEZ. Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 19 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del señor OMAR YESID MESA JIMÉNEZ como Concejal Municipal de La Primavera (Vichada).
Corte Constitucional. Sentencia C-373 del 24 de agosto de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. (cita original)
A nivel interno la fuente de este principio aparece en el numeral 4 del artículo 1 del Código Electoral, que al tratar del principio de la capacidad electoral, ha prescrito: “Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le límite su derecho. En consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida”. (cita original)
En el plano internacional, como acertadamente lo señala la apoderada del demandado, el sustento jurídico de tales principios está dado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (cita original)
REYES GONZALEZ, Guillermo Francisco. Derecho electoral, procedimiento electoral y el contencioso administrativo. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2015 p. 189.
Este es el denominado umbral que sólo es aplicable para las elecciones a Corporaciones Públicas. Está constituido por el 2% del número de votos para el Senado y en el cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral, en el caso de las demás corporaciones (medio cuociente). Como el cuociente electoral es el resultado de dividir el número total de votos válidos emitidos por el número de curules a proveer, se tiene que el umbral para el caso de elecciones a corporaciones públicas distintas del Senado de la República, es este mismo número, divido por dos.
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR,
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil nueve (2009), Radicación numero: 11001-03-15-000-2009-00291-00(PI), Actor: RENZO EFRAIN MONTALVO JIMENEZ, Demandado: RODRIGO LARA RESTREPO. Resuelve la Sala la solicitud de pérdida de investidura del Senador de la República Rodrigo Lara Restrepo, interpuesta por el ciudadano Renzo Efraín Montalvo Jiménez.
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