Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00207-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00207-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00207-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Accionada: Angélica Librada Montañez Sánchez
Tema: Causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos. Reconocimiento de honorarios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Hernando Quintana Camacho, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2, solicitó la pérdida de
investidura de la señora Angélica Librada Montañez Sánchez, concejal del
municipio de Chía (Cundinamarca) para el período 2024-2027.
I.1.1. Los hechos
2.Realizó un estudio detallado de la sesión de 4 de octubre de 2024, en el siguiente
sentido:
3. Explicó que el 4 de octubre de 2024, previa convocatoria desde el día anterior
para sesionar hora 4:30 p.m., se hizo un primer llamado a lista en el cual se constató
la presencia de siete (7) de los quince (15) concejales integrantes del concejo del
municipio de Chía: Pablo Andrés Castro Castro, Natalia Gil Loaiza, Angélica
Librada Montañez Sánchez, Jorge Hernán Salazar Gordillo, Víctor Fernando Torres
Moreno, Javier Ernesto Valdivieso Fonseca y Luis Felipe Galvis Ramos.
1
Demanda. Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Rar «TEXTO DEMANDA.pdf». En el índice 9 obra el
escrito de subsanación de la demanda.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
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Accionante: Hernando Quintana Camacho
4. Sostuvo que el secretario general del concejo, luego de realizar cuatro llamados
a lista adicionales e inobservando el tiempo reglamentario de 30 minutos para el
llamado a lista, le otorgó la oportunidad a la concejal Marcela Pedraza Camero de
responder al llamado a lista, y luego de ello, el secretario general de la duma
informó que “[…] hay ocho concejales presentes en la sesión. […]”.
5. Precisó que el artículo 22 del Reglamento Interno adoptado mediante el Acuerdo
140 de 20183 dispone que las sesiones plenarias inician a las 4:30 p.m. y fija un
lapso de 30 minutos para el llamado a lista y verificación del cuórum por lo que, de
no llegar a conformarse, resulta obligatorio cancelar la sesión.
6.En el desarrollo de la sesión, la accionada puso de presente que “[…] únicamente
en el recinto nos encontrábamos […] varios honorables concejales que acaba de
nombrar la concejal NATALIA GIL y que en la parte de afuera se encontraban varios
concejales desde las 4:00 de la tarde que no quisieron hacer ingreso y por ese
motivo la última concejal ingresa sobre las 5:00 de la tarde y hace que la
sesión del día de hoy “se caiga”; por irresponsabilidad de los honorables
concejales que no entraron a sesión antes de la hora indicada. […]”. (Negrilla y
subrayado del texto).
7. Señaló que, luego de varias intervenciones, la presidente del concejo, Natalia Gil
Loaiza, tomó la decisión de cancelar la sesión de 4 de octubre de 2024 por falta de
cuórum, para lo cual expresó: “[…] qué pena con todos esta situación, le solicito a
prensa cortar la transmisión y finaliza lo que hoy estamos haciendo, que no es una
sesión y claro está que no será pagada […]”. (Subrayado del texto).
8. La concejal Angélica Librada Montañez Sánchez, junto con otros cinco
cabildantes presentaron cuentas de cobro por la sesión de 4 de octubre de 2024, a
pesar de que esa sesión no constituye una reunión plenaria válida para el
reconocimiento y pago de los honorarios.
9. El secretario general del concejo, Juan Carlos Hurtado, expidió certificación de
asistencia para el pago de los honorarios, incluyendo la sesión de 4 de octubre de
2024, y ahí quedó consignada la siguiente anotación “[…] 4 de octubre. NO HUBO
QUÓRUM, solo llegaron 7 concejales a la sesión dentro del tiempo reglamentario
de espera, de los cuales una concejal renunció al cobro de la sesión por asistencia
[…]”.
10. La mesa directiva del concejo municipal de Chía expidió la Resolución 145 de 1.
de noviembre de 20244, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de honorarios
3
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO No. 12 DE 2010 Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA […]”.
4
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TERCER PERÍODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y SE ORDENA EL PAGO A LOS CONCEJALES DEL
MUNICIPIO DE CHÍA […]”.
3
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Accionante: Hernando Quintana Camacho
correspondientes al tercer período de sesiones ordinarias del mes de octubre de
2024, incluyendo la sesión de 4 de octubre de esa anualidad, la cual no se realizó
por falta de cuórum.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
11. Destacó que la accionada incurrió en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 5, en
concordancia con el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
20006, referente a la indebida destinación de dineros públicos.
12. Sostuvo que la remuneración a que tiene derecho el servidor público como
retribución por sus servicios personales, en razón a un vínculo legal y reglamentario
existente entre este y el Estado, presupone el correlativo deber de prestar
efectivamente el servicio de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que
rigen la administración del personal. Por lo tanto, no existe en cabeza del servidor
público el derecho a la remuneración por los servicios no prestados, y como
resultado de ello, no surge para el Estado la obligación de pagarlos.
13. Adujo que la concejal Angélica Librada Montañez Sánchez, en su calidad de
primera vicepresidenta de la mesa directiva del concejo, expidió la Resolución 145
de 1°. de noviembre de 2024, mediante la cual reconoció y ordenó pagar los
honorarios a favor de los señores Pablo Andres Castro Castro, Angelica Librada
Montañez Sánchez, Jorge Hernan Salazar Gordillo, Víctor Fernando Torres
Moreno, Javier Ernesto Valdivieso Fonseca y Luis Felipe Galvis Ramos, incluida la
correspondiente a la reunión de 4 de octubre de 2024, a la que no tenían derecho
porque esta sesión no existió por falta de cuórum necesario para instalar la sesión.
14. En criterio del accionante, tal proceder da lugar a la violación de los principios
de legalidad, buena administración, autotutela, subsidiariedad, publicidad.
transparencia y moralidad administrativa.
15. Igualmente, se le reprocha a la accionada haber presentado la cuenta de cobro
que incluye la sesión de 4 de octubre de 2024, la cual no puede ser considerada
válida para efectos del pago y el reconocimiento de los honorarios.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
16. A través de auto de 25 de abril de 20257, la magistrada sustanciadora del
proceso admitió la demanda por cumplir con los requisitos previstos en la Ley 1881
5
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
6
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
7
Cfr. índice 11 del expediente digital de primera instancia. A través de este auto se ordenó escindir la demanda presentada
por el ciudadano Hernando Quintana Camacho en contra de los señores Natalia Gil Loaiza, Angélica Librada Montañez
Sánchez, Pablo Andrés Castro Castro, Luis Felipe Galvis Ramos, Jorge Hernán Salazar Gordillo, Víctor Fernando Torres
Moreno, Javier Ernesto Valdivieso Fonseca y Juan Carlos Hurtado, concejales del municipio de Chía, Cundinamarca, para
asumir el conocimiento del proceso de la referencia únicamente frente a la concejal Angélica Librada Montañez Sánchez, al
4
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Accionante: Hernando Quintana Camacho
de 15 de enero de 20188 y ordenó que se surtieran las notificaciones y trámites de
ley.
I.3. Oposición de la concejal9
17. El apoderado de la concejal Angélica Librada Montañez Sánchez se opuso a las
pretensiones de la demanda.
18. Refirió que, en la sesión plenaria de 4 de octubre de 2024, se hicieron presentes
siete (7) de los quince (15) concejales de la corporación, de tal suerte que al
contarse con el cuórum deliberatorio era procedente la apertura de la sesión
plenaria de conformidad con la Constitución Política, la Ley 136 y el artículo 133 del
Reglamento Interno. Ahora, el hecho de que no existiera cuórum decisorio para
proceder con las votaciones ello no impedía tener como abierta la sesión.
19. Anotó que era procedente el reconocimiento y pago de los honorarios a favor de
la accionada, en cuanto resultó comprobada su asistencia a la sesión plenaria de 4
de octubre de 2024.
20. Destacó que la inculpada, en su condición de primera vicepresidenta e integrante
de la Mesa Directiva, reconoció y ordenó el pago de los honorarios a favor de los
concejales por su asistencia plenamente comprobada, según certificación de 31 de
octubre de 2024 expedida por el Secretario General, mediante la cual se relacionó
a cada uno de los cabildantes, las sesiones a las que asistieron y el respectivo valor
a reconocer y pagar, documento público que se presume auténtico, legal y veraz.
21. Reiteró que la convocada cumplió con sus deberes legales y reglamentarios por
cuanto se limitó a reconocer y pagar los honorarios certificados por el secretario por
la asistencia comprobada a las sesiones del mes de octubre de 2024, incluida la
del 4 de octubre de 2024.
22. Advirtió que la accionada no destinó estos dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados; tampoco a los sí permitidos, pero diferentes a los
cuales esos recursos se encuentran asignados. No se trató de una aplicación de
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución Política, la ley o el reglamento ni se demostró que la aplicación se
diera para materias innecesarias o injustificadas o que tuviera la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o para derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
considerar que este medio de control persigue una responsabilidad subjetiva, por lo que no se podía considerar que existe
una pluralidad de accionados bajo la misma causal de pérdida.
8
“ […] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES […]”.
9
Cfr. índice 27 del expediente digital de primera instancia. «41_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
GmailCONTESTACION(.pdf) NroActua 27».
5
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
23. Explicó que el artículo 22 del Reglamento Interno exige que, para instalar una
sesión plenaria del concejo del municipio de Chía, se debe verificar el cuórum
decisorio y no simplemente el cuórum deliberatorio.
24. Por ello, con sustento en el artículo 138 de la Ley 1437, solicitó la inaplicación
por inconstitucionalidad del referido artículo 22 del Reglamento Interno por resultar
contrario a los artículos 145 de la Constitución Política, 29 de la Ley 136 y 133 del
Reglamento Interno, en cuanto estas normas establecen que el cuórum
deliberatorio se requiere para que la plenaria abra una sesión, pero no exigen el
cuórum decisorio el cual tiene como única función habilitar la toma de decisiones
por parte del concejo.
25. Planteó
como excepciones de mérito las que tituló: i) “[…] DEBIDA
DESTINACIÓN DE LOS DINEROS PÚBLICOS POR PARTE DE LA H.C.
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ AL COBRAR Y OBTENER EL
PAGO DE LA SESIÓN PLENARIA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024. […]”; ii) “[…]
DEBIDA DESTINACIÓN DE LOS DINEROS PÚBLICOS POR PARTE DE LA H.C.
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ AL RECONOCER Y ORDENAR EL
PAGO DE LA SESIÓN PLENARIA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024 A LOS
CONCEJALES. […]” y; iii) “[…] AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS
COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA. […]”.
I.4. La etapa probatoria y la audiencia pública
26.La magistrada sustanciadora del proceso a través de auto de 16 de junio de
202510 se pronunció respecto de las pruebas que serían practicadas en el proceso.
27. El 28 de julio de 202511, se realizó la audiencia pública prevista en los artículos
11 y 12 de la Ley 1881 con la asistencia y participación del accionante, la señora
Procuradora 55 Judicial II para Asuntos Administrativos12, la accionada y su
apoderado.
I.4.1. La intervención del accionante13
28. El solicitante reiteró los argumentos de la demanda.
I.4.2. La intervención de la agente del Ministerio Público14
29.La agente del Ministerio Público solicitó que las pretensiones de la demanda
sean desestimadas.
10
Cfr. índice 36 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. índice 66 del expediente digital de primera instancia.
12
Dra. Fanny Contreras Espinosa
13
Cfr. índice 69 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. índice 67 del expediente digital de primera instancia.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
30. Explicó que de conformidad con los artículos 145, 148 y 312 de la Constitución
Política, 29 de la Ley 136 y 133 y 144 del Reglamento Interno del Concejo Municipal
de Chía, el derecho al reconocimiento y pago de honorarios se causa por la
asistencia comprobada a las sesiones las cuales se pueden abrir si se cuenta con
cuórum deliberatorio, el cual equivale a la cuarta parte de los integrantes de la
corporación.
31. Adujo que el 4 de octubre de 2024 sí se inició una sesión plenaria del concejo
del municipio de Chía, dado que se logró conformar el cuórum deliberatorio exigido
por el Reglamento Interno, equivalente a la cuarta parte de sus miembros conforme
lo disponen los artículos 29 de la Ley 136 y 133 del Acuerdo 140 de 2018. La
presencia de siete (7) concejales válidamente registrados, incluida la presidenta de
la corporación permitió abrir la sesión y realizar el llamado a lista.
32. Anotó que la sesión del 4 de octubre de 2024 cumplió el requisito del cuórum
deliberatorio para entenderse abierta conforme lo preceptúa el artículo 29 de la Ley
136, en cuanto expresamente contempla que “[…] De conformidad con el artículo
148 de la Constitución Política, las normas sobre quórum y mayorías previstas para
el Congreso de la República, regirán en el Concejo Municipal de Chía. […]”.
33. Expuso que verificado el cuórum deliberatorio requerido para abrir la sesión
conforme al artículo 29 de la Ley 136 y al artículo 133 del Acuerdo 140 de 2018 y,
acreditada la asistencia efectiva de la concejal se configura el supuesto que da
lugar al pago de honorarios, sin que pueda supeditarse el reconocimiento de estos
emolumentos a la verificación del cuórum decisorio o a la instalación formal de la
sesión.
I.4.3. La intervención de la accionada
34. La accionada ratificó los argumentos expuestos en el escrito de contestación
de la demanda.
I.5. La sentencia de primera instancia15
35. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia de 11 de agosto de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
36. Indicó que debía resolverse si la concejal Angélica Librada Montañez Sánchez
incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4. del artículo
48 de la Ley 617, consistente en la presunta indebida destinación de dineros
públicos, al solicitar y recibir honorarios por su asistencia a la sesión del concejo
del municipio de Chía realizada el 4 de octubre de 2024.
15
Cfr. índice 71 del expediente digital de primera instancia.
7
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
37. El Tribunal analizó los siguientes asuntos: i) la naturaleza jurídica de la pérdida
de investidura y la indebida destinación de dineros públicos; ii) los antecedentes
sobre el pago de honorarios a concejales como remuneración por su asistencia a
sesiones plenarias (artículo 312, inciso 3. de la Constitución Política), para luego;
iii) estudiar el caso concreto.
38. Realizó un estudio de los medios de prueba y encontró probado lo siguiente:
39. i) El 4 de octubre de 2024, hora 4:30 p.m. acorde con el registro audiovisual se
realizaron cuatro llamados a lista.
40. ii) La concejal Angélica Librada Montañez Sánchez, como ponente del
Proyecto, intervino con el fin de poner de presente que varios cabildantes se
encontraban fuera del recinto y se negaron a ingresar, lo cual provocó la “[…] caída
de la sesión […]”, pues la última de los cabildantes en ingresar hizo su arribo sobre
las 5:00 pm.
41. iii) Finalizada la intervención de la accionada, la presidenta del concejo Natalia
Gil Loaiza, ante la notoria ausencia de sus colegas y tras múltiples llamados a lista
y reclamos declaró expresamente: “[…] por salvar mi responsabilidad he decidido
no instalar la sesión […]” y, añadió: “[…] qué pena con todos esta situación, le
solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza lo que hoy estamos haciendo, que
no es una sesión y claro está que no será pagada […]”.
42. iv) El día 4 de octubre de 2024 asistieron a la sesión plenaria un total de siete
(7) de los quince (15) concejales que integran la duma municipal de Chía,
conformándose el cuórum deliberatorio, más no el decisorio y;
43.v) Mediante acto administrativo que se presume legal fueron reconocidos
honorarios por dicha sesión.
44. Explicó que al margen de las manifestaciones hechas por la accionada en la
sesión de 4 de octubre de 2024, respecto de la caída de la sesión o de la efectuada
por la presidenta de la corporación quien manifestó su decisión de no instalar la
sesión, lo cierto es que sí se alcanzó el cuórum deliberatorio al encontrarse
presentes siete (7) de los quince (15) cabildantes que integran el concejo del
municipio de Chía, motivo por el cual lo procedente era instalar la sesión como en
efecto sucedió de acuerdo con el registro audiovisual.
45. Precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que el pago
de honorarios a los concejales está legalmente justificado por su asistencia
comprobada a las sesiones y, por lo tanto, el uso de esos fondos se considera
acorde con los fines establecidos en la Constitución Política y en la ley. De este
modo, no se configuran los requisitos objetivos de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos cuando los honorarios
corresponden a la presencia verificada a las sesiones, ni siquiera de manera
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
indirecta pues el cobro de honorarios legítimamente causados no distorsiona el
propósito del gasto.
46. En cuanto a la aplicación de la excepción de ilegalidad solicitada por la parte
accionada, consideró que “[…] deberá aplicarse el contenido del artículo 133 del
Acuerdo Municipal N° 140 de 2018, por ser este posterior al artículo 22 del mismo
estatuto y estar vigente al momento de los hechos; conforme al artículo 2°, la ley
posterior prevalece sobre la ley anterior si son preexistentes al hecho que se juzga,
con lo cual opera una interpretación sistemática de la ley sin necesidad de aplicar
la exceptiva propuesta. […]”
I.6. El recurso de apelación16
47. El accionante consideró que la concejal incurrió en la causal prevista en el
artículo 48, numeral 4., de la Ley 617, consistente en la indebida destinación de
dineros públicos, al haber participado en la expedición de un acto administrativo
mediante el cual se ordenó pagar honorarios por una reunión que no cumplió con
los requisitos legales para ser considerada una sesión válida, ya que no se
desarrolló dentro del tiempo reglamentario, no hubo cuórum deliberatorio ni
decisorio, no se aprobó el orden del día ni hubo acta de sesión plenaria.
48. Explicó que a pesar de que la presidenta del concejo declaró públicamente que
la sesión de 4 de octubre de 2024 no sería pagada, esta decisión de cancelación
de la sesión era un hecho cumplido por lo que la única oportunidad para abolir o
derogar esa decisión era el mecanismo previsto en el artículo 43 del Reglamento
Interno, esto es, la apelación.
49. Adujo que la conducta reprochada a la accionada constituye una infracción al
deber legal funcional conforme lo disponen los numerales 1, 3, 9, 14, 16 y 22 del
artículo 38 de la Ley 1952 de 28 de enero de 201917 y, en particular, la descrita en
el numeral 14 del artículo 39 ibidem relativa a la prohibición de ordenar el pago o
percibir remuneración oficial por servicios no prestados.
50. Explicó que a pesar de que en la sesión de 4 de octubre de 2024 se hicieron
cuatro (4) llamados a lista nunca existió cuórum ni se instaló formalmente la sesión.
Además, la presidenta del concejo ordenó cortar la transmisión y cancelarla. En
consecuencia, no hubo aprobación del orden del día ni debate en los términos del
artículo 94 de la Ley 5ª de 1992.
51. Adujo que existe confusión respecto del tipo de cuórum que se ha debido
considerar. Para ello, explicó que legalmente se puede iniciar la sesión plenaria
programada desde las 4:30 p.m. con la verificación y existencia del cuórum
16
Cfr. índice 78 del expediente digital de primera instancia.
17
“[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
9
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
deliberatorio pero para poder instalar la sesión plenaria se debe contar con el
cuórum decisorio, el cual se debe verificar antes de completar la media hora de
lapso concedido por el artículo 22 del Reglamento Interno. Si llegada la hora 5:00
pm no se ha conformado el cuórum decisorio, queda cancelada la sesión
programada.
52. Precisó que la accionada actuó con culpa grave dado que estaba en
condiciones de comprender los hechos que configuraban esta causal y le era
exigible un comportamiento ejemplar frente al Reglamento Interno.
53. Reiteró que para la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos deben demostrarse los siguientes
elementos: i) que la accionada ostente la condición de concejal; ii) que se esté
frente a dineros públicos y iii) que estos hayan sido indebidamente destinados, los
cuales encontró acreditados.
54. Explicó que la accionada en su condición de primer vicepresidente del concejo
municipal de Chía, al haber ordenado el reconocimiento y pago de unos honorarios,
dispuso de unos recursos públicos que integran el presupuesto de la entidad
territorial.
55. Anotó que “[…] existieron móviles en la emisión de las certificaciones que
demuestran efectivamente el incumplimiento normativo vigente y de otra parte se
acudió a la falsedad para certificar la asistencia al recinto que no está debidamente
autorizado en la ley ni en el reglamento para el pago de honorarios […]”.
56. Anotó que se incurrió en la indebida destinación de dineros públicos porque se
destinaron los dineros a: i) actividades o propósitos no autorizados; ii) objetos,
actividades o propósitos diferentes a los cuales se encuentran asignados; iii)
objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución
Política, la ley o el reglamento; iv) materias innecesarias o injustificadas y, además,
v) con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.
57. El recurrente formuló una serie de reparos sobre los argumentos esgrimidos
por la parte accionada y por la señora agente del Ministerio Público para insistir en
que el reconocimiento de los honorarios se genera por la asistencia comprobada a
las sesiones plenarias y no por la simple presencia del concejal a una sesión. Una
sesión para que exista debe instalarse y, de lo contrario, no se puede considerar
que hubo sesión plenaria sino solo convocatoria.
58. Solicitó valorar las pruebas que aportó para demostrar, de manera directa, los
errores conceptuales y de interpretación en que se ha incurrido y que demuestran
que, efectivamente, si están llamadas a prosperar las pretensiones de
desinvestidura.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
I.7. Trámite del recurso de apelación
59. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de auto
de 8 de septiembre de 202518, concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo
de Estado y a través de auto de 27 de enero de 202619 se admitió el recurso.
60. El accionante guardó silencio.
61. La parte accionada, mediante memorial presentado el 4 de febrero de 202620
sostuvo que el escrito de apelación, más allá de su extensión y del uso de
afirmaciones conclusivas, no desvirtúa de forma directa los pilares determinantes
del fallo, sino que en buena medida reproduce la narrativa de la demanda, reitera
apreciaciones sobre la “[…] inexistencia […]” de la sesión y sobre la supuesta
ilegitimidad del pago, y adiciona calificaciones ajenas al juicio de pérdida de
investidura, a través de alusiones a hipótesis disciplinarias o penales que, por su
naturaleza, no pueden suplir la carga argumentativa propia del recurso ni ampliar
el marco de decisión del juez de la investidura.
62. Precisó que el artículo 29 de la Ley 136 prevé que los concejos no pueden abrir
sesiones y deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros, mientras que
para decidir se requiere la mayoría correspondiente. Esta misma lógica es
coherente con el diseño constitucional para corporaciones públicas (la deliberación
y la decisión responden a umbrales distintos) y, por ello, el cuórum decisorio no es
un requisito de existencia de la sesión como realidad institucional sino una
condición para adoptar determinaciones válidas. Precisamente esta fue la premisa
normativa que aplicó el Tribunal, al dejar sentado que “[…] la apertura de las
sesiones no puede estar condicionada a la presencia de quórum decisorio sino
únicamente quórum deliberatorio, es decir, la asistencia de la cuarta parte de sus
concejales […]”.
63. Destacó que el 4 de octubre de 2024 sí se verificó cuórum deliberatorio y, por
tanto, sí era jurídicamente viable abrir e instalar materialmente la sesión plenaria
convocada al estar presentes siete (7) de los quince (15) concejales del municipio
de Chía.
64. Anotó que la situación fáctica fue objeto de análisis por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia de 25 de septiembre de 2025 21, en la cual se
sostuvo que no incurrió en indebida destinación de dineros públicos la accionada
en ese proceso, por haber reconocido y ordenado pagar honorarios por una sesión
plenaria ordinaria que no contó con cuórum decisorio, partiendo de la comprensión
de que bastaba la concurrencia del cuórum deliberatorio para adelantar la sesión
18
Cfr. índice 80 del expediente digital de primera instancia.
19
Cfr. índice 7 del expediente digital de segunda instancia.
20
Cfr. índice 10 del expediente digital de segunda instancia.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de septiembre de 2025,CP: Nubia Margoth
Peña Garzón, radicado núm.: 25000-23-15-000-2025-00336-01.
11
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
una vez instalada. En esa misma providencia, la Sala explicó que el artículo 22 del
Reglamento Interno “[…] no puede subsistir de forma contraria a lo previsto en la
Constitución Política y la Ley […]”, reafirmando que la sesión puede existir y
desarrollarse deliberativamente aun sin mayoría para decidir.
65. Precisó que el presupuesto de causación de honorarios que no es otro que la
asistencia comprobada a las plenarias se acreditó. Por ello, debe mantenerse la
conclusión del a quo, la cual se encuentra armonizada con la sentencia de 25 de
septiembre de 2025.
66. Añadió que “[…] El Tribunal valoró el acervo en su conjunto, incorporó los
documentos oficiales allegados, constató la asistencia y la secuencia administrativa
del reconocimiento, y sobre esa base estructuró su conclusión jurídica principal:
que el pago correspondía a honorarios por asistencia y no a un fin extraño o
prohibido, razón por la cual no se configuraba indebida destinación. […]”.
67. Sostuvo que se debía desestimar las tachas del apelante contra la certificación
expedida por la secretaría general por cuanto estos argumentos no revelan error
judicial relevante sino un desacuerdo subjetivo respecto de la valoración hecha por
el a quo.
68. Destacó que tampoco se demostró que la accionada haya actuado con dolo o
culpa grave. Al respecto, adujo que la apelación, en este punto, se limitó a formular
imputaciones genéricas sin sustento probatorio concreto, lo cual se torna en
insuficiente para activar una sanción de máxima gravedad como la pérdida de
investidura.
69. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
70. La Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la
acreditación de la calidad de la concejal como parte pasiva de la acción de pérdida
de investidura; iii) cuestión previa relativa al recurso de apelación formulado por la
parte accionada en contra del auto de 16 de junio de 2025; iv) el problema jurídico;
v) la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
y su desarrollo jurisprudencial; vi) el reconocimiento de los honorarios de los
concejales por su asistencia comprobada a sesiones ordinarias o extraordinarias y;
vii) estudio de los presupuestos de la causal.
II.1. La competencia
71. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
12
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201922, modificado por el artículo 1. del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202423.
II.2. La acreditación de la calidad de la concejal como parte pasiva de la acción
de pérdida de investidura
72. La condición de la señora Angélica Librada Montañez Sánchez se encuentra
acreditada con: i) el Formulario E-2724 expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, mediante el cual se expide la credencial y; ii) el Acta 01 de 2 de enero
de 202425, en la cual se efectuó la posesión de los concejales electos para el
período constitucional 2024-2027. Queda así acreditada su condición como parte
pasiva de este medio de control de pérdida de investidura.
II.3. Cuestión previa relativa al recurso de apelación formulado por la parte
accionada en contra del auto de 16 de junio de 2025
73. La accionada, en la contestación de la solicitud de pérdida de investidura, pidió
la práctica26, entre otras, de la siguiente prueba:
“[…] Solicito al Honorable Despacho decretar el testimonio del Doctor JUAN
CARLOS HURTADO […]. Este testimonio es conducente, pertinente y útil, por
cuanto la defensa pretende ilustrar al Honorable Despacho acerca del trámite
común surtido al interior de la Corporación de elección popular de Chía para la
fecha de los hechos, respecto a la apertura de sesiones, certificación de asistencia
de los concejales y trámites inherentes para el reconocimiento y pago de los
honorarios, de lo cual el entonces Secretario puede ahondar en punto a los hechos
que le consten en relación con tal ejercicio de funciones a su cargo y especialmente
lo conciente (sic) a la sesión plenaria del cuatro (04) de octubre de 2024. Con ello
se busca fundamentar y comprobar la inexistencia de conducta alguna de la H.C.
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ, que derive en una indebida
destinación de dineros públicos. […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).
74.La magistrada sustanciadora del proceso a través de auto de 16 de junio de
202527 se pronunció respecto de las pruebas que serían practicadas en el proceso.
75. La providencia indicada supra, negó el decreto de la prueba testimonial referida
previamente en los siguientes términos:
“[…] Al respecto, el Despacho negará el decreto de la prueba testimonial solicitada
por la parte demandada, por no resultar necesaria, ni útil o pertinente, pues de las
actas de sesión del Concejo y otros documentos se puede probar el trámite común
surtido y la asistencia de los concejales, por lo tanto, lo pretendido a través del
testimonio se puede obtener de las documentales aportadas al expediente y de las
decretadas de oficio a petición de parte. […]”.
22
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
23
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
24
Cfr. índice 09 del expediente digital de primera instancia. «9_MemorialWeb_Otro-ANEXO11CREDENCIA(.pdf) NroActua
9».
25
Cfr. índice 09 del expediente digital de primera instancia «11_MemorialWeb_Otro-ANEXO13ACTAPOSE(.pdf) NroActua 9».
26
Cfr. índice 27 del expediente digital de primera instancia. «37_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
1CONTESTACIONDEMA(.pdf) NroActua 27.pdf». Página 38.
27
Cfr. Índice 36 del expediente digital de la primera instancia.
13
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
76. La accionada presentó recurso de reposición y en subsidio28 apelación en contra
del auto de 16 de junio de 2025, en cuanto negó el decreto de la prueba testimonial
solicitada en el escrito de contestación, para lo cual expuso que resultaba útil,
conducente y pertinente para el esclarecimiento de los hechos debatidos en el
proceso.
77. Explicó que la referida prueba es pertinente, toda vez que resulta esencial para
indagar sobre las razones por las cuales se ordenó el pago de los honorarios a
favor de los concejales, incluida la accionada, por la sesión plenaria realizada el 4
de octubre de 2024, aspecto que resulta fundamental para desvirtuar una posible
indebida destinación de dineros públicos y, porque en todo caso, las pruebas
documentales existentes no explican las razones o motivos por los cuales se
certificó esa reunión.
78. Agregó que la referida prueba resulta conducente, al ser el medio idóneo para
demostrar la convicción generalizada en el concejo del municipio de Chía sobre la
sesión de 4 de octubre y para indagar sobre aspectos relacionados con el trámite
efectuado al interior del concejo sobre el pago de los honorarios que implican sus
particularidades.
79. Adujo que resulta útil para demostrar la existencia de hechos que no pueden ser
probados con los documentos aportados en el proceso, en particular, lo referido a
la práctica interna para el pago de los honorarios de los concejales, la
responsabilidad que implica la expedición de los certificados de asistencia y para
conocer las razones específicas por las cuales el secretario general certificó la
asistencia a la mencionada sesión.
80. La secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrió traslado de los
recursos interpuestos29.
81. La magistradasustanciadora mediante auto de 7 de julio de 202530, en el
numeral 2. dispuso no reponer el auto de 16 de junio de 2025, en los siguientes
términos:
“[…] SEGUNDO: NO REPONER el auto proferido el dieciséis (16) de junio de dos mil
veinticinco (2025) en lo relativo a la negación de la prueba testimonial solicitada por
la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. […]”. (Negrilla del texto).
28
Cfr. Índice 43 del expediente digital de la primera instancia.
29
Cfr. Índice 44 del expediente digital de la primera instancia.
30
Cfr. Índice 46 del expediente digital de la primera instancia. A través del numeral 1. se dispuso: “[…] ACLARAR el numeral
tercero de la parte resolutiva del auto del dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025), en el entendido que una vez
allegadas las pruebas decretadas a petición de parte al H. Concejo Municipal de Chía, estas deberán ser remitidas tanto a la
parte actora para su contradicción, de conformidad con el artículo 170 del CGP, como al Ministerio Público, al igual que todas
las actuaciones, pruebas o documentos que se alleguen al expediente, para lo cual, a través de la Secretaría General, se
ordenará remitir el enlace con acceso al expediente electrónico de la referencia a la Procuradora 55 Judicial II para Asuntos
Administrativos, delegada como agente del Ministerio Público en el presente asunto, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”. (Negrilla del texto).
14
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
82. Para adoptar esa decisión, formuló los siguientes argumentos:
“[…] En relación con lo manifestado por la parte demandada en su recurso, el
Despacho reitera que la solicitud probatoria testimonial solicitada no cumple con los
requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad, como quiera que, obran pruebas
documentales que permiten determinar lo que pretende probar la Concejal, al
respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, así se ha
pronunciado:
«Recuerda el Despacho que las condiciones de conducencia, pertinencia y utilidad
de la prueba hacen referencia, a: i) la primera, a la idoneidad legal que tiene una
prueba para demostrar determinado hecho, implica que no esté prohibida y que el
hecho o hechos controvertidos se puedan demostrar en el proceso con el empleo de
ese medio probatorio; ii) la segunda, a la adecuación entre los hechos y los
medios de prueba o, en otras palabras, es la estrecha relación de facto entre
los hechos que se pretenden demostrar y que tengan que ver con la situación
controvertida, y iii) la tercera, tiene que ver con que sean determinantes para
generar la certeza suficiente para decidir. Podría decirse que dichas probanzas son
el motivo que conducen al convencimiento del Juez, de tal manera, que si una prueba
que se pretende aducir no tiene este propósito, debe ser rechazada de plano por
aquel. Ello comporta, además, que unas pruebas inconducentes e impertinentes
tampoco son útiles para el proceso. En términos generales, la prueba es inútil cuando
sobra por no ser idónea, en relación con la utilidad que le debe prestar al proceso»31.
(Resaltado nuestro)
Ahora bien, la presente solicitud de pérdida de investidura se fundamenta en la causal
de indebida destinación de dineros públicos en la que presuntamente habría incurrido
la Concejal demandada y con el testimonio del señor Juan Carlos Hurtado, ex
Secretario General del Concejo Municipal de Chía para el año 2024, no se busca dar
claridad sobre los hechos y la interpretación de las pruebas documentales obrantes
sino una apreciación subjetiva del declarante sobre la práctica interna de la
Corporación en el manejo de pagos y las razones específicas por las cuales certificó
la asistencia y el derecho al pago de la sesión, ajeno a la discusión de la causal,
motivo por el cual, el Despacho confirmará lo resuelto en el auto proferido el 16 de
junio de 2025. […]”. (Negrilla del texto)
83. La primera instancia, en virtud de lo establecido en el artículo 323 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201232, profirió la sentencia de 11 de agosto de 2025, sin haberse
resuelto el recurso de apelación presentado en subsidio del de reposición en contra
del auto de 16 de junio de 2025.
84. La Sala procederá a resolver el recurso de apelación, conforme la habilitación
del artículo 323 de la Ley 1564, norma que establece:
“[…] En caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las
apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible. […]”
85. Corresponde determinar si la prueba testimonial negada en el auto de 16 de junio
de 2025 cumple o no con los requisitos establecidos en la ley para su decreto.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024), Rad. No.: 110010328000202300138 00 (principal) 110010328000202300140 00, C. P.: Pedro Pablo Vanegas Gil.
32
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
15
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
86. El artículo 16833 de la Ley 156434 establece que, para que una prueba sea
decretada, debe cumplir con los requisitos de utilidad, pertinencia y conducencia.
87. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 35 precisó
que la utilidad hace referencia “[…] al poder enriquecedor del convencimiento del
juez que determinada prueba conlleva […]”; la pertinencia alude a que la prueba
debe tener conexión directa con el problema jurídico a resolver, y la conducencia es
la idoneidad o aptitud de determinado medio probatorio para probar o establecer
determinada circunstancia fáctica.
88. De acuerdo con la norma y jurisprudencia citadas supra, la solicitud probatoria
para que se decrete la prueba testimonial del señor Juan Carlos Hurtado, quien
fungió como secretario del concejo para la época de los hechos, para que ilustre
sobre “[…] la apertura de sesiones, certificación de asistencia de los concejales y
trámites inherentes para el reconocimiento y pago de los honorarios […]” es
impertinente e inútil para resolver el fondo de la controversia.
89. En efecto, según la demanda, la accionada incurrió en la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos toda vez que en su
condición de primera vicepresidente del concejo municipal de Chía expidió la
Resolución 145 de 1. de noviembre de 2024, mediante la cual reconoció y ordenó
pagar los honorarios a favor de los concejales Pablo Andres Castro Castro, Angelica
Librada Montañez Sánchez, Jorge Hernan Salazar Gordillo, Víctor Fernando Torres
Moreno, Javier Ernesto Valdivieso Fonseca y Luis Felipe Galvis Ramos, incluida la
correspondiente a la reunión de 4 de octubre de 2024. Igualmente, se le reprocha
haber presentado la cuenta de cobro por la asistencia a esa sesión.
90. En consecuencia, aspectos relacionados con la práctica interna de la corporación
para el pago de los honorarios de los concejales, la responsabilidad que implica la
expedición de los certificados de asistencia y las razones específicas que llevaron
al secretario general a certificar la asistencia de la sesión de 4 de octubre de 2024
no son pertinentes ni útiles para resolver el presente asunto.
91. Por lo expresado, se confirmará el auto de 16 de junio de 2025, proferido por la
magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto
negó el decreto de la prueba testimonial referida previamente.
II.4. El problema jurídico
92. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
33
Por remisión del artículo 21 de la Ley 1881
34
Por remisión del artículo 21 de la Ley 1881.
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 1° de julio de 2021. Expediente: 11001-03-15-
000- 2020-03585-00(B). C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437, el
problema jurídico tiene como finalidad establecer:
92.1. Si se debe decretar la pérdida de investidura de la señora Angélica Librada
Montañez Sánchez por haber incurrido en la comisión de la causal prevista en el
numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4. del artículo 48 de la Ley
617, toda vez que en su condición de primera vicepresidente del concejo municipal
de Chía expidió la Resolución 145 de 1°. de noviembre de 2024, mediante la cual
reconoció y ordenó pagar los honorarios a favor de los concejales Pablo Andres
Castro Castro, Jorge Hernan Salazar Gordillo, Víctor Fernando Torres Moreno,
Javier Ernesto Valdivieso Fonseca y Luis Felipe Galvis Ramos, incluido el
reconocimiento a su favor, por la sesión de 4 de octubre de 2024.
92.1.1.Igualmente, si se configuró la causal de pérdida de investidura referida
previamente, al haber presentado la cuenta de cobro que incluye la sesión de 4 de
octubre de 2024, la cual no puede ser considerada válida para efectos del pago y
el reconocimiento de los honorarios.
92.2. En el evento de encontrarse demostrados los requisitos concurrentes de la
causal de pérdida de investidura que integran el aspecto objetivo deberá analizarse
si se encuentra probado el elemento subjetivo de conformidad con el artículo 1. de
la Ley 1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003 de 19 de noviembre de
201936 que exige el análisis del dolo o la culpa grave.
II.5. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos y su desarrollo jurisprudencial
93. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
se encuentra prevista en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136, en consonancia
con el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:
[…]
3. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”. (Negrilla del texto y subrayado
fuera de texto).
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales Municipales
y Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados
y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”. (Negrilla del texto y subrayado
fuera de texto).
36
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
17
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
94. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
no está definida expresamente en la ley, por ello, le ha correspondido a la
jurisprudencia de esta Corporación, a través de la Sala Plena, sus salas
especializadas y esta Sección delimitar su desarrollo y los eventos en los que tiene
lugar su configuración.
95. Esta causal es autónoma e independiente de los tipos penales, pues si bien es
cierto que algunas conductas son sancionadas desde el derecho penal, no
necesariamente debe tratarse de conductas tipificadas como delitos debido a que
cada uno de estos juicios persiguen objetos y finalidades diferentes.
96. La Sección Primera, al igual que la Sala Plena de esta Corporación 37, ha
señalado que para la configuración de esta causal de pérdida de investidura se
requiere de la conjunción de dos elementos: el sujeto activo que desarrolla la
conducta debe ser un servidor público de elección popular que ejerza competencias
inherentes a su investidura y, por otro lado, debe estar presente una conducta que
se configura cuando el sujeto activo, al ejercer dichas atribuciones “[…] traicione
[…]”, “[…] cambie […]” o “[…] distorsione […]” los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución Política, la Ley y el reglamento.
97. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
siguiendo los distintos desarrollos jurisprudenciales, procede cuando: i) se destinan
a objetos, actividades o propósitos no autorizados; ii) se aplican a objetos,
actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales se encuentran
asignados; iii) se destinan a objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento; iv) cuando la
aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas; v) con la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o; vi) cuando el propósito
sea el de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de
terceros38.
II.6. El reconocimiento de los honorarios de los concejales por su asistencia
comprobada a sesiones ordinarias o extraordinarias
98. De conformidad con los artículos 312 de la Constitución Política, precepto
interpretado armónicamente con el artículo 65 de la Ley 136 y el artículo 58 de la
Ley 617, los concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia
comprobada a sesiones ordinarias o extraordinarias.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de julio de 2003, expediente: 11001-03-
15-000-2003-00278-01, accionante: Belma Genith Olarte Casallas, accionado: Wellington Ortiz Palacio, CP: Tarsicio Cáceres
Toro.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio de 2004, radicado:
25000-23-15-000-2002-03005-01, actor: Juana Celmira González Guarnizo, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa,
MP: Camilo Arciniegas Andrade.
18
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
99. A su vez, el artículo 66 de la Ley 136, modificado por el artículo 1. de la Ley
1368 de 29 de diciembre de 200939, en armonía con el artículo 14440 del Reglamento
Interno del concejo de Chía, establece que el valor de los honorarios por cada sesión
que asistan los concejales varía según la categoría del municipio al que pertenecen,
en el siguiente sentido:
“[…] ARTÍCULO 6641.
Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la categorización establecida en
la Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los
concejales será el señalado en la siguiente tabla:
Categoría Honorarios
por sesión
Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862
A partir del primero (1°) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la
tabla anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la variación del IPC
durante el año inmediatamente anterior.
En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente
ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al
año. En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán anualmente setenta
(70) sesiones ordinarias y hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año.
Parágrafo 1°. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación
proveniente del tesoro público del respectivo municipio, excepto con aquellas
originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones
previstas en la Ley 4ª de 1992.
39
“[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones. […]”.
40
“[…] ARTÍCULO 144.- HONORARIOS Y SEGUROS DE LOS CONCEJALES. El pago de honorarios a los Concejales se
causará durante los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Corporación. Los Concejales tendrán
derecho durante el período para el cual han sido elegidos, a un seguro de vida y de salud, de conformidad con lo establecido
en la Constitución y la Ley. […]”.
41
El texto original de la Ley 136 de 1994 ha sido modificado por las siguientes normas: la Ley 617 de 2000, la Ley 1148 de
2007 y la Ley 1368 de 2009 -vigente para el momento en que desarrolló la conducta objeto de pronunciamiento- y más
recientemente por la Ley 2461 de 2025.
Cabe destacar que la referida Ley 2075 de 2021 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-075 de 3 de marzo de 2022, con ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, mediante la cual se ordenó “[…]
PRIMERO. - Declarar INEXEQUIBLE la Ley 2075 de 2021 “[p]or medio de la cual se modifica el régimen vigente para la
liquidación de honorarios de los concejales en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; se adoptan medidas en
seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno. SEGUNDO. - En consecuencia, disponer la REVIVISCENCIA del
artículo 1° de la Ley 1368 de 2009, y del artículo 23 de la Ley 1551 de 2012 […]”. (Negrilla del texto). En virtud del fenómeno
de la reviviscencia declarado por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-075 de 3 de marzo de 2022, la norma vigente
para la época de los hechos juzgados es la prevista en el artículo 1. Ley 1368 de 2009 que modificó el artículo 66 de la Ley
136 de 1994. El texto que se transcribe corresponde al del artículo 1. de la Ley 1368.
19
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
Parágrafo 2°. Se exceptúan del presente artículo los concejales de la ciudad de
Bogotá, por cuanto el Decreto-ley 1421 de 1993, regula la materia […]”. (Negrilla del
texto).
100. La jurisprudencia de esta Corporación de manera consistente ha señalado que
el derecho de los concejales al reconocimiento de honorarios se deriva de su
asistencia comprobada a las sesiones plenarias y a las comisiones permanentes
que se lleven a cabo en días diferentes a los de aquellas, sin que se establezca otra
condición para la causación del respectivo derecho.
101. Esta Sección, en sentencia de 25 de diciembre de 2023 42, reiteró la línea
jurisprudencial en esta materia, en los siguientes términos:
“[…] 53. Esta Sección, en reiterada jurisprudencia43 ha considerado que el derecho
de los concejales al reconocimiento de honorarios se deriva de su asistencia
comprobada a las sesiones plenarias y a las comisiones permanentes que se
lleven a cabo en días diferentes a los de aquellas, puesto que: “[…] con sujeción
a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Política, y en los artículos 65 de la Ley
136 de 1994 […] los concejales tienen derecho al pago de honorarios por su
asistencia comprobada a las sesiones de la respectiva corporación, sin que se
establezca otra condición en dichas normas, de la que se haga depender la
causación del respectivo derecho […]”. (Negrilla fuera del texto).
102. La Corte Constitucional en sentencia C- 043 de 200344 señaló:
“[…] 5. Sobre el régimen laboral y prestacional de los concejales municipales, el
artículo 312 de la Constitución Política señala en sus incisos segundo y tercero que
“los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos” y que “la ley podrá
determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a
sesiones”. […]
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2023, MP:
Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm.: 76001 2333 000 2023 00563-01.
Entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de febrero de
2022, MP: Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm.: 70001-23-33-000-2021-00015 01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2022, MP: Nubia Margoth Peña Garzón, radicado
núm.: 05001-2333-000-2020-03818-01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 17 de febrero de 2022, Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm.:50001-2333-000-2020-00032-01; iv)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, MP: Hernando
Sánchez Sánchez, radicado núm.: 500012333000202000081-01; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2022, MP: Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 50001-23-33-
000-2020-00789-01; vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio
de 2022, MP: Nubia Margoth Peña Garzón, radicado núm.: 76001-2333-000-2022-00294-01; vii) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de julio de 2022, MP: Nubia Margoth Peña Garzón, radicado
núm.: 76001-2333-000-2022-00292-01; viii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 21 de octubre de 2022, CP: Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 70001-23-33-000-2020-00275-01; ix)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de diciembre de 2022, MP:
Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm.: 68001-23-33-000-2022-00199-01; x) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de junio de 2023, MP: Hernando Sánchez Sánchez, radicado núm.: 68001-
2333-000-2023-00008-01; xi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22
de febrero de 2018, C.P María Elizabeth García González, radicado núm.: 25000-23-42-000-2017-04038-01; xii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P Oswaldo Giraldo
López, radicado núm.: 25000-23-42-000-2017-04041-01; xiii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 50001-23-33-000-
2020-00758-01, entre otras.
43
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero
de 2018, C.P María Elizabeth García González, radicado núm.: 25000-23-42-000-2017-04038-01; ii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P Oswaldo Giraldo López, radicado
núm.: 25000-23-42-000-2017-04041-01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 21 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 50001-23-33-000-2020-00758-01
44
Sentencia C-043 de 28 de enero de 2003, CP: Marco Gerardo Monroy Cabra
20
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
7. Sobre las dos preguntas que por su temática más interesan al presente asunto
constitucional, relativas a si los concejales tienen derecho a la seguridad social a que
se refiere el artículo 48 de la Constitución y a si el seguro de vida y de atención
médico asistencial a que alude el artículo 65 de la Ley 136 de 1994 puede
considerarse como satisfacción del derecho de seguridad social para los concejales,
la Sala de Consulta dijo lo siguiente
“Teniendo en cuenta los términos del artículo 312, inciso 3º de la Carta, los concejales
tienen “derecho a honorarios por sus asistencia a sesiones” de acuerdo con la ley y
la seguridad social que se les reconoce en los términos de los artículos 65, 68
y 69 de la Ley 136 de 1994, […]”. (Negrilla del texto).
103. Además de lo anterior, la jurisprudencia45 ha señalado que para el
reconocimiento de los honorarios por la asistencia a las sesiones ordinarias o
extraordinarias se deben seguir las siguientes reglas:
“[…] (i) El reconocimiento de honorarios a los concejales se causa por su asistencia
comprobada a sesiones plenarias y de comisiones permanentes que se lleven a cabo
en días distintos a los de aquellas, tanto ordinarias como extraordinarias, sin que la
Ley establezca otra condición de la que se haga depender la causación del respectivo
derecho; (ii) el pago se hace con cargo a los respectivos presupuestos municipales o
distritales; (iii) el valor de los honorarios varía dependiendo de la categoría del
municipio al que pertenecen; (iv) tales pagos resultan incompatibles con cualquier
asignación proveniente del tesoro público, excepto en aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales; (v) las resoluciones que para el
reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los concejos deben ser
publicadas en los medios oficiales de información existentes en el respectivo
municipio o distrito y cualquier ciudadano o persona puede impugnarlas, en cuyo
caso, la autoridad competente debe dar curso reconocimiento del pago de honorarios
dependiendo de su categorización. […]”. (Negrilla del texto).
II.7. Estudio de los presupuestos de la causal
i) La calidad de la concejal como sujeto activo de la conducta
104. La señora Angélica Librada Montañez Sánchez, en su calidad de primera
vicepresidente de la mesa directiva, expidió la Resolución 145 de 1°. de noviembre
de 2024, mediante la cual se reconocieron honorarios a favor de los concejales por
la asistencia comprobada a las sesiones realizadas en el mes de octubre de 2024.
En consecuencia, la accionada dispuso de los recursos públicos de manera directa
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 111 de 15 de enero
de 199646.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2022, CP: Nubia
Margoth Peña, radicado núm.: 05001-2333-000-2020-03818-01.
46
“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico
del presupuesto […]”.
ARTÍCULO 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales
cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de capital
y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional;
b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los
departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de
21
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
105. Además de ello se probó que la accionada presentó cuenta de cobro por la
asistencia a veintiséis (26) sesiones equivalentes por un valor de $580.713, con
corte parcial del tercer período de sesiones ordinarias realizadas entre el 1. de
octubre de 2024 al 31 de octubre de esa anualidad, incluida la sesión de 4 de
octubre de 2024.
106. Al respecto, cabe aclarar que la Sala Plena de esta Corporación y esta Sección
han señalado que la indebida destinación de dineros públicos puede realizarse de
manera directa o indirecta. La primera ocurre cuando el servidor público de elección
popular, “[…] con capacidad de ordenación del gasto - dispone ilícitamente de
recursos del erario, bien sea para obtener finalidades particulares […] o para
ordenar una destinación diferente a la establecida en el Presupuesto para esos
dineros públicos […]47”, mientras que la modalidad indirecta se presenta “[…]
cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el
respectivo Presupuesto, la congresista propicia con su conducta una destinación
distinta al objeto para el cual fueron consagrados. […]48”.
b) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una
actividad económica del Estado
107. Los recursos destinados para el pago de los honorarios a favor de los concejales
del municipio de Chía, incluido el efectuado a la accionada, se encuentra
incorporado dentro del rubo núm.: “[…] 2.1.1.01.030.006 Honorarios Concejales
[…]” del presupuesto, por lo que se encuentra cumplida esta exigencia49.
c) Que se trate de una conducta prohibida
108. Para demostrar la indebida destinación de dineros públicos, en el expediente se
encuentra probado lo siguiente:
109. - Consta el registro audiovisual de la sesión del concejo municipal de Chía de 4
de octubre de 202450, en el cual se evidencia lo siguiente:
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los
reglamentos, y
(Expresión subrayada, declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-230A de 2008)
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general
de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (L. 38/89, art. 7º; L. 179/94, arts. 3º, 16
y 71; L. 225/95, art. 1º).
47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de noviembre de 2001, radicado: 11001-
03-15-000-2001-0101-01, accionante: Abel Benito Castro, accionado: Franklin Segundo García Rodríguez, CP: Ligia López
Díaz.
48
Ibidem.
49
La jurisprudencia ha señalado que los honorarios que se pagan a favor de los concejales municipales y distritales están
inmersos dentro de los gastos de funcionamiento de los concejos y su pago se realiza con ingresos corrientes de libre
destinación, en virtud de los artículos 3. y 10 de la Ley 617. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2023, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 7001-23-33-000-
2023-00044-0).
50
. Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Rar: ANEXO 2. VÍDEO REUNIÓN CONCEJO - OCTUBRE 4 DE
2024.mp4 .
22
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
110. En un primer momento se hizo el llamado a lista a los concejales Pablo
Andrés Castro Castro, Angélica Librada Montañez Sánchez, Jorge Hernán Salazar
Gordillo, Víctor Fernando Torres Moreno, Javier Ernesto Valdivieso Fonseca, Luis
Felipe Galvis Ramos, Claudia Marcela Pedraza Camelo y Natalia Gil Loaiza,
quienes contestaron el llamado a lista, para un total de ocho (8) cabildantes.
111. La Presidenta del concejo manifestó que la sesión quedó instalada y, a
continuación, se dio lectura al orden del día a desarrollar, el cual era el siguiente: i)
llamado a lista y verificación del cuórum; ii) lectura, discusión y aprobación del orden
del día y; iii) estudio en segundo debate del proyecto de Acuerdo 020 de 2024 “[…]
Por medio del cual se establece un cupo de endeudamiento y conceden facultades
al Alcalde municipal de Chía para contratar operaciones de crédito público y se
dictan otras disposiciones […]”.
112. Instalada la sesión, la concejal Angélica Librada Montañez Sánchez, en su
calidad de ponente del proyecto de acuerdo, cuestionó el hecho de que varios
cabildantes se hubiesen quedado por fuera del recinto como medida para impedir
el avance de los proyectos en esa corporación, sumado a que la señora Claudia
Marcela Pedraza Camelo entró al recinto a las 5:00 p.m., lo que hacía que se “[…]
cayera la sesión […]”.
113. La presidenta del concejo lamentó la situación advertida por la concejal
Angélica Librada Montañez Sánchez, coincidió en que no había quorum para “[…]
instalar la sesión[…]” y, luego, ordenó al secretario general que diera lectura a una
carta remitida por los presidentes de las juntas de acción comunal del municipio.
114. Luego, intervinieron los siguientes concejales: i) Claudia Marcela Pedraza
Camelo; ii) Víctor Fernando Torres Moreno; iii) Pablo Andrés Castro Castro; iv)
Angélica Librada Montañez Sánchez; v) William Andrés Vela Lozano; vi) Natalia Gil
Loaiza; vii) William Andrés Vela Lozano y; viii) Angélica Librada Montañez Sánchez.
115. Finalmente, la presidenta del concejo Natalia Gil Loaiza tomó la decisión de
cancelar la sesión de 4 de octubre de 2024 “[…] por salvar mi responsabilidad he
decidido no instalar la sesión […]” y, añadió: “[…] qué pena con todos esta situación,
le solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza lo que hoy estamos haciendo, que
no es una sesión y claro está que no será pagada […]”.
116. - Consta que el municipio de Chía forma parte de la primera categoría y el
valor de la sesión para el año 2024 corresponde a la suma de $580.713. cada una 51.
117. - A través de certificación de 31 de octubre de 202452, la secretaría general
del concejo indicó lo siguiente:
51
Cfr. índice 27 del expediente digital de primera instancia. «39_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-3PRUEBAS(.pdf)
NroActua 27». Página 185.
52
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Rar: «ANEXO 6. CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO No.
202411229999901061.pdf».
23
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
“[…] NO HUBO QUORUM, solo llegaron 7 concejales a la sesión dentro del tiempo
reglamentario de espera, de los cuales una concejal renunció al cobro de esa sesión.
[…]”.
118. Fue así como certificó que los concejales a quienes les fueron pagados los
honorarios por la sesión de 4 de octubre de 2024 por valor de $580.713 fueron los
siguientes: Pablo Andrés Castro Castro, Luis Felipe Galvis Ramos, Angélica Librada
Montañez Sánchez, Jorge Hernán Salazar Gordillo, Víctor Fernando Torres Moreno
y Javier Ernesto Valdivieso Fonseca, excluyendo así el pago a favor de la señora
Natalia Gil Loaiza, quien a pesar de haber asistido a esa reunión decidió no cobrar
los honorarios de esa sesión plenaria, así:
24
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
119. - La accionada, en su calidad de primera vicepresidente de la mesa directiva,
suscribió la Resolución 145 de 1o. de noviembre de 202453, mediante la cual se
ordenó el reconocimiento de los honorarios a los concejales correspondiente al mes
de octubre de 2024, quedando comprendida la sesión de 4 de octubre de 2024.
120. - La accionada presentó cuenta de cobro54 por la asistencia de las veintiséis
(26) sesiones ordinarias realizadas entre el 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre
de esa anualidad, por su asistencia a 26 sesiones, equivalentes a un valor de
$580.713 cada una y consta el comprobante de egreso núm.: EGS – 2024000307
de 1 de noviembre de 202455 por concepto del pago de los honorarios a favor de la
accionada.
121. - A través de certificación de 1°. de abril de 202556, el secretario del concejo
municipal de Chía informó que el día 4 de octubre de 2024 se hizo llamado a lista
para la verificación del cuórum y respondieron “[…] presente […]” los siguientes
concejales:
53
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Rar: «ANEXO 10. RESOLUCIÓN No. 145 del 1 noviembre 2024 -
PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024.pdf».
54
Cfr. índice 55 del expediente digital de primera instancia « 87Recibememorial_202507040011300878(.pdf) NroActua 55».
Página 3.
55
Cfr. índice 55 del expediente digital de primera instancia « 87Recibememorial_202507040011300878(.pdf) NroActua 55».
Página 13.
56
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Rar: «ANEXO 11. CERTIFICACIÓN ASISTENCIA - NO QUÓRUM
• NO ORDEN DEL DÍA.pdf».
25
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Accionante: Hernando Quintana Camacho
122. - A través de certificación de 1°. de abril de 202457, el secretario general del
concejo municipal de Chía informó que “[…] revisados los archivos tanto digitales
como físicos que reposan en la Corporación, se evidenció que para la Vigencia 2024
durante el tercer periodo de sesiones ordinarias comprendido entre el 1° de octubre
al 30 de noviembre de 2024, para el mes de octubre entre el 1° y 10 de octubre la
presidencia del Concejo Municipal citó en nueve (9) oportunidades para las cuales
el orden del día a desarrollar, el número de acta correspondiente y la fecha de sesión
[…]”, en el siguiente sentido:
57
Cfr. índice 2 del expediente digital de primera instancia. Rar: «ANEXO 22. CERTIFICACIÓN SESIONES 1 AL 10 OCTUBRE
2024.pdf».
26
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
123. En este punto, se precisa que, como lo señaló la parte accionada al presentar
su escrito de intervención ante esta instancia, esta Sección, en sentencia de 25 de
septiembre de 202558, tesis reiterada en fallo de 29 de enero de 202659 analizó
idéntica situación a la que es objeto de reproche en este proceso, esto es, si la
concejal Natalia Gil Loaiza, en su calidad de presidenta de la mesa directiva, incurrió
en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
derivado de su intervención en la suscripción de la Resolución 145 de 1. de
noviembre de 2024.
124. La sentencia supra refirió a las generalidades de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, los elementos que
estructuran el aspecto objetivo y el derecho de los concejales a percibir los
honorarios por la asistencia comprobada a sesiones ordinarias y extraordinarias. A
partir de una valoración integral del material probatorio, según las reglas de la sana
crítica, arribó a las siguientes conclusiones:
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de septiembre de 2025,CP: Nubia Margoth
Peña Garzón, radicado núm.: 25000-23-15-000-2025-00336-01.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2026, CP: Carlos Fernando Mantilla
Navarro, radicado núm.: 25000-23-15-000-2025-00337-01.
27
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
[…] La Sala encuentra que no está demostrada una indebida destinación de dineros
públicos en cabeza de la accionada porque, como quedó visto, los 6 concejales de
Chía (Cundinamarca) sí tenían derecho al reconocimiento y pago de sus honorarios
ante su comprobada asistencia a la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de
2024, sin que para tales efectos presupuestales la ley prevea otro requisito del cual
se haga depender la causación de estos emolumentos.
La accionada presidente no distorsionó la finalidad del gasto, que es uno de los
presupuestos que se requieren para que se configure la causal de pérdida de
investidura, pues con su actuación destinó los dineros públicos al reconocimiento
de la retribución por la asistencia de los 6 concejales a la sesión plenaria ordinaria
de 4 de octubre de 2024.
Resulta indispensable hacer énfasis en que, para los fines de esta causal de
desinvestidura, consistente en la indebida destinación de dineros públicos cuando
media el reconocimiento y pago de honorarios a concejales por su asistencia a
sesiones, basta con verificar que el cabildante hubiera hecho presencia durante la
reunión citada por su corporación, atendiendo el llamado a lista, para que adquiera
el derecho a percibir su retribución. Y, por lo mismo, discusiones distintas como las
propuestas por el solicitante, relacionadas con la conformación, o no, del quorum
decisorio, el horario oportuno para contestar el llamado a lista, la duración de las
sesiones, el tiempo de espera para el arribo de los concejales, entre otros asuntos,
escapan a la órbita de la mencionada causal de pérdida de investidura.
De hecho, concluir lo contrario, implicaría castigar, de forma inaceptable, a los 6
concejales que precisamente asistieron a la sesión plenaria ordinaria, cumpliendo
con su deber constitucional y legal de acudir al recinto del Concejo del municipio
Chía (Cundinamarca), el día y hora que habían sido estipulados por la mesa
directiva.
Consecuente con ello, las confusas aseveraciones hechas por la accionada durante
la sesión plenaria de 4 de octubre de 2024, relativas a dar por instalada la sesión,
luego a que se debía tener por no realizada y, por lo tanto, no se iba a pagar porque
no se había desarrollado ante la falta de quorum decisorio, pero al final sí participó
en la expedición del acto administrativo de reconocimiento y pago de tales
honorarios, además de contradictorias e indecisas, carecen de la entidad necesaria
para tornarlo en irregular y no alteran el sentido de las consideraciones expuestas
por la jurisprudencia de la Sección pues, como se mencionó, responden a
discusiones que se mantienen al margen de lo analizado en este proceso. […]”
125. De los apartes transcritos se evidencia que no se demostró la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, por cuanto los
concejales que asistieron a la sesión plenaria de 4 de octubre de 2025, sí tenían
derecho al reconocimiento y pago de sus honorarios ante su comprobada asistencia
a dicha reunión, sin que la ley prevea otro requisito del cual se haga depender la
causación de estos emolumentos.
126. Además, se destacó que la acción de pérdida de investidura no constituye el
instrumento adecuado para controvertir el desarrollo de esa reunión de 4 de octubre
de 2024 del concejo del municipio de Chía, con ocasión de la oportuna convocatoria
efectuada por parte de la accionada, en calidad de presidente de esa corporación y
tampoco era el mecanismo previsto para cuestionar la validez de lo ocurrido en ella.
28
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
127. Sin perjuicio de ello, la sentencia de 25 de septiembre de 2025 indicó que de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 148 de la Constitución Política,
en consonancia con el artículo 29 de la Ley 136, el concejo del municipio de Chía,
conformado por quince (15) concejales, estaba facultado para abrir sus sesiones y
deliberar con cuatro (4) de ellos, -pues una cuarta parte arroja 3.75-, lo que en la
práctica significa que la sesión plenaria ordinaria de 4 de octubre de 2024 sí tuvo el
número de cabildantes necesarios para configurar el cuórum deliberatorio y abrir la
sesión.
128. La referida providencia consideró que a partir de una lectura sistemática y no
aislada de las normas del Reglamento Interno, en especial, de los artículos 21, 22
y 133, debía considerarse que la apertura e instalación de las sesiones depende de
la concurrencia de la cuarta parte de sus miembros -cuórum deliberatorio-, de tal
suerte que “[…] del artículo 22 del reglamento interno de esa corporación no puede
inferirse la exigencia del quorum decisorio para la instalación de sus sesiones […]”.
129. Además, la citada sentencia señaló que la invocación de las normas
disciplinarias invocadas por el actor “[…] como lo son las de la Ley 195260, incluidas
no solo las que instituyen faltas, prohibiciones o causales exonerativas, sino
también, como en el caso concreto, que definen los eventos de ‘ordenar el pago’ o
‘percibir remuneración oficial por servicios no prestados’, no operan con fines de
pérdida de investidura por cuanto si bien ambos procesos implican la manifestación
del poder punitivo del Estado, responden a actuaciones autónomas de distintas
naturaleza y finalidad […]”.
130. Así las cosas, en aplicación del antecedente jurisprudencial citado, la Sala
considera que en el presente caso tampoco se demostró que la concejal Angélica
Librada Montañez Sánchez incurrió en la causal de pérdida de investidura de
indebida destinación de dineros públicos, en la medida en que si bien participó en
la suscripción de la Resolución 145 de 1°. de noviembre de 2024, se dio
cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios para reconocer los
honorarios por haberse comprobado la asistencia a esa reunión por parte de los
concejales antes citados. Tampoco se demostró que la accionada, al haber
presentado la cuenta de cobro, haya propiciado una destinación distinta al objeto
para el cual fueron previstos los dineros públicos.
131. Sumado a ello, conforme lo consideró el a quo, al margen de las declaraciones
hechas por la accionada en la sesión de 4 de octubre de 2024 sobre la “[…] caída
de la sesión […]” o de la decisión adoptada por la presidenta del concejo de “[…]
no instalar la sesión, le solicito a prensa cortar la transmisión y finaliza lo que hoy
estamos haciendo, que no es una sesión y claro está que no será pagada […]”, lo
cierto es que acorde con lo dispuesto en los artículos 145 y 148 de la Constitución
Política, en consonancia con el artículo 29 de la Ley 136 y el artículo 133 del
Reglamento Interno, la duma municipal de Chía si contaba con el número de
60
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2025, número único de radicación 25000-2315-000-2024-00691-01, consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
29
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
cabildantes necesarios para conformar el cuórum deliberatorio y, por ende, para
declarar abierta la sesión, al encontrarse presentes siete (7) de los quince (15)
cabildantes que integran el concejo de esta corporación pública –que arroja un valor
de 3,75-.
132. Resulta oportuno destacar que el cuórum decisorio no constituye un requisito
de existencia de la sesión sino para adoptar decisiones y aprobar iniciativas a cargo
de los concejos. En este sentido, el Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Chía diferencia el cuórum deliberatorio del decisorio. El primero se requiere para
que la plenaria y las comisiones permanentes del concejo puedan abrir sesiones,
discutir proyectos e iniciar debates de citación y se conforma con la cuarta parte de
los miembros integrantes del concejo. Por su parte, el segundo se exige para que
puedan tomar decisiones y aprobar o no iniciativas y a diferencia del primero se
conforma con la mitad más uno de los miembros integrantes de la plenaria y/o de
la comisión permanente respectiva (artículo 13361 del Reglamento Interno).
133. Por otro lado, el apelante en el recurso de alzada adujo que la certificación de
asistencia de los concejales expedida por el secretario resulta falsa, toda vez que
en el presente caso no existió acta de sesión plenaria de 4 de octubre de 2024.
134. Al respecto, se debe señalar que las certificaciones de asistencia expedidas
por el secretario de la corporación pública gozan de presunción de autenticidad,
mientras no hayan sido tachadas de falsas de conformidad con el artículo 244 de
la Ley 1564.
135. Nótese que para el caso del municipio de Chía, el Reglamento Interno señala
que de las sesiones plenarias y de las comisiones los secretarios respectivos
levantarán actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, las
intervenciones, los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones
designadas y las decisiones adoptadas. Estas deben elaborarse con base en el
orden del día aprobado, incluyendo lugar, fecha, hora, nombre de los concejales
asistentes a la sesión, funcionarios e invitados (artículo 27).
136. Asimismo, el artículo 28 ibidem señala que: i) las sesiones del concejo deberán
ser grabadas en su totalidad; ii) la grabación y la digitación del contenido de las
grabaciones será vigilada, dirigida y controlada por el secretario general de la
corporación; iii) la custodia de la grabación de las mismas será responsabilidad del
secretario; iv) la transcripción total de las actas se hará únicamente por solicitud de
un cabildante, del secretario general o de la autoridad competente y; v) se debe
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“[…] Artículo 133.- Quorum. De conformidad con el artículo 148 de la Constitución política, las normas sobre quorum y
mayorías previstas para el Congreso de la República regirán en el Concejo Municipal de Chía.
Quorum Deliberatorio: Es el número de concejales cuya presencia se requiere para que la Plenaria y las Comisiones
Permanentes del Concejo Municipal de Chía puedan abrir sesiones, discutir proyectos e iniciar debates de citación.
El quórum deliberatorio se conforma con la cuarta parte de los miembros integrantes de la Plenaria y de las
Comisiones Permanentes respectivas.
Quorum Decisorio: Es el número de concejales cuya presencia se requiere para que la Plenaria y/o las Comisiones
Permanentes del Concejo Municipal de Chía, puedan tomar decisiones y aprobar o no iniciativas. El quórum decisorio
se conforma con la mitad más uno de los miembros integrantes de la Plenaria y/o de la Comisión Permanente
respectiva […]”. (Negrillas y subrayado fuera de texto).
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
conservar la fidelidad de lo expresado y su contenido será certificado por el
secretario en ejercicio.
137. Así las cosas, el hecho de que el secretario general del municipio de Chía haya
expedido la certificación de asistencia teniendo en cuenta los archivos digitales no
resta de validez lo consignado en dicho documento, el cual se presume auténtico y
veraz, sumado a que la norma interna del concejo señala que las actas de las
sesiones deben ser grabadas y la transcripción total de las mismas se hará
únicamente por solicitud de un cabildante, del secretario general o de autoridad
competente.
138. Por las razones expuestas y siguiendo el antecedente jurisprudencial de esta
Sección en sentencia de 25 de septiembre de 2025, reiterada en fallo de 29 de
enero de 2026, se debe confirmar la providencia de 11 de agosto de 2025, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 16 de junio de 2025 proferido por la magistrada
sustanciadora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto negó el
decreto de una prueba testimonial, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00207-02
Accionante: Hernando Quintana Camacho
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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