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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2020-03818-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2020-03818-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura de los concejales accionados. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2020-03818-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 05001233300020200381801
Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de diciembre de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Actor: JESÚS ALONSO ARROYAVE PÉREZ

TESIS: DE LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS COMO
CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJALES. NO SE
CONFIGURA POR HABERSE RECONOCIDO EL PAGO DE HONORARIOS
POR LA ASISTENCIA COMPROBADA A SESIONES PLENARIAS
EXTRAORDINARIAS CITADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los

accionados, a través de apoderado, contra la sentencia de 16 de

diciembre de 2020, proferida por la Sala Plena del Tribunal

Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se decretó la

pérdida de investidura de los concejales del municipio de Valdivia

(Antioquia), señores JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ,

DAVISON ANDRÉS JARAMILLO BERNAL, JULIÁN CAMILO

ARROYAVE GUZMÁN, JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS, DIANA

ISABEL VALENCIA LOPERA, JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ

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Número único de radicación: 05001 23 33 000 2020 03818 01
Solicitante: JESÚS ALONSO ARROYAVE PÉREZ

y CRISTIAN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO, por hechos ocurridos

dentro del período constitucional 2016-2019.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano JESÚS ALONSO ARROYAVE PÉREZ, actuando

en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura de

los concejales del municipio de Valdivia (Antioquia), señores JOSÉ

ABELARDO ESCUDERO ORTIZ, DAVISON ANDRÉS JARAMILLO

BERNAL, JULIÁN CAMILO ARROYAVE GUZMÁN, JOSÉ ELÍAS

ORTIZ HOYOS, DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA, JORGE

ALBERTO OCAMPO ORTIZ y CRISTIAN OBERLI RODRÍGUEZ

SOTO, por hechos ocurridos dentro del período constitucional

2016-2019, al considerar que incurrieron en la causal de pérdida de

investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136

de 2 de junio de 19941, y 48, numeral 4, de la Ley 617 de 6 de

octubre de 20002, esto es, por indebida destinación de dineros

públicos.

1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
2 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222

de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.

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Solicitante: JESÚS ALONSO ARROYAVE PÉREZ

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

Indicó que los señores JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ,

JULIÁN CAMILO ARROYAVE GUZMÁN, JOSÉ ELÍAS ORTIZ

HOYOS, DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA y JORGE ALBERTO

OCAMPO ORTIZ, resultaron elegidos concejales del municipio de

Valdivia (Antioquia), para el período constitucional 2016-2019,

respecto de los cuales tomaron posesión.

Señaló que si bien los señores DAVISON ANDRÉS JARAMILLO

BERNAL y CRISTIÁN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO, no resultaron

elegidos concejales del municipio, ocuparon las curules y se

posesionaron como tales para el referido período, entre el 1º de

mayo y el 15 de agosto de 2018, como consecuencia de vacantes

absolutas.

Sostuvo que el alcalde del municipio de Valdivia (Antioquia),

mediante Decreto núm. 050 de 15 de junio de 2018, convocó al

Concejo Municipal a sesiones extraordinarias a partir del 19 de ese

mes y año, con el objeto de estudiar y aprobar el proyecto de

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Acuerdo núm. 038 de 29 de junio de 2018, “[…] POR EL CUAL SE

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE VALDIVIA PARA QUE

ADQUIERA UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE

UN CONTRATO EMPRÉSTITO Y/O CRÉDITO PÚBLICO, PARA LA

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE

VALDIVIA […]”.

Agregó que el anterior acto fue aclarado mediante Decreto núm.

051 de 2018, en el sentido de precisar que las fechas de inicio y

clausura de las sesiones extraordinarias serían los días 19 de junio

y 5 de julio de 2018, respectivamente.

Sostuvo que el Concejo Municipal se instaló y celebró las sesiones

extraordinarias en las fechas referidas, durante las cuales el

presidente de la Corporación repartió el proyecto de Acuerdo núm.

038 de 2018, el cual correspondió en primer debate a la Comisión

Segunda o de Presupuesto, precedida por el señor JOSÉ

ABELARDO ESCUDERO ORTIZ “[…] por auto designación que él

hiciera […]”.

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Refirió que en el Acta núm. 27 de 29 de junio de 2018, quedó

consignado que la Comisión Segunda del Concejo Municipal de

Valdivia (Antioquia), estaba integrada por los concejales JOSÉ

ABELARDO ESCUDERO ORTIZ, JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS,

JORGE ALBERTO OCAMPO ORTÍZ y DIANA ISABEL VALENCIA

LOPERA, quienes por unanimidad negaron el proyecto de Acuerdo

núm. 038 de 2018 y ordenaron su archivo en los términos del

artículo 653 de la Ley 136.

Manifestó que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valdivia

(Antioquia), mediante Resolución núm. 099 de 5 de julio de 2018,

ordenó el reconocimiento y pago de honorarios a favor de todos los

concejales de la Corporación con ocasión de la asistencia a ocho (8)

sesiones plenarias, hecho que le resulta insólito y constitutivo del

delito de peculado por apropiación, porque “[…] en realidad no hubo

ni una sola sesión plenaria de las sesiones extraordinarias (…) dado

que por unanimidad de los miembros de la comisión de

3 “[…] Artículo 65. Reconocimiento de derechos. Los miembros de los concejos de las
entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias.
Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a un seguro de
vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para los
servidores públicos municipales.
Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las mesas
directivas de los concejos, serán publicadas en los medios oficiales de información
existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá
impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso a la investigación o
proceso correspondiente […]”.

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presupuesto, fue votado negativamente el proyecto de acuerdo

pluricitado, en el primer debate de la comisión y sin que hubiese

sido apelado. Tanto la comisión segunda de presupuesto, a la cual

asistieron los miembros de la misma señalados en el hecho 5 de

esta demanda, como los restantes tres miembros demandados

(DAVINSON ANDRÉS JARAMILLO BERNAL, JULIÁN CAMILO

ARROYAVE GUZMÁN y CRISTIÁN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO), que

no hacían parte de la misma, participaron activamente en la

discusión y decisión del proyecto de acuerdo núm. 038 de 2018,

precisando que todas las sesiones que se llevaron a cabo fueron

todas de comisión para primer debate dicho (sic) proyecto de

acuerdo, sin que válidamente los 7 miembros demandados en

pérdida de investidura, hayan asistido a las sesiones plenarias que

fueron ordenadas en pago por el presidente de la Corporación […] y

que fueron efectivamente cobradas por los 7 demandados ante la

Secretaría de Hacienda […]”.

Añadió que pese a que las reuniones de comisión en sesiones

extraordinarias no son susceptibles de pago, conforme con lo

previsto en el artículo 65, de la Ley 136, los accionados cobraron

ocho (8) sesiones plenarias que, desde su perspectiva, no se

llevaron a cabo por cuanto el proyecto objeto de estudio ya había

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sido negado y archivado en primer debate por la Comisión

Segunda.

Señaló que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Valdivia

(Antioquia), expidió certificado de disponibilidad presupuestal para

el reconocimiento y pago de los referidos honorarios, debido a la

solicitud formulada por el señor JOSÉ ABELARDO ESCUDERO

ORTIZ, en su condición de presidente del Concejo Municipal y

ordenador del gasto, quien a pesar de que se le advirtió la

irregularidad insistió en el pago.

Destacó que la Resolución núm. 099 de 2018 y el Acta núm. 027 de

ese año, en su sentir, dan cuenta que la Comisión Segunda del

Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), se reunió por una sola

vez para decidir la suerte del proyecto de Acuerdo núm. 038 de

2018, sesión en la que solo podían participar los miembros de esa

Comisión sin derecho a remuneración por concepto de honorarios

por no tratarse de una sesión plenaria ni intervenir los demás

integrantes de la Corporación.

Por último, señaló que la Secretaría de Hacienda del Municipio de

Valdivia (Antioquia), certificó el pago de los referidos honorarios a

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los concejales mediante transferencia electrónica a las cuentas

inscritas por éstos ante esa dependencia.

I.3.- Los concejales, actuando en nombre propio, presentaron

escrito conjunto de contestación en el que se opusieron a la

pretensión de la solicitud bajo el argumento de que los actos de

ordenación, reconocimiento y pago de los honorarios equivalentes a

ocho (8) sesiones extraordinarias en las que participaron en los

meses de junio y julio de 2018, no representaron violación a la

Constitución Política, a la ley ni al reglamento interno del Concejo

Municipal de Valdivia (Antioquia).

Luego de relacionar la convocatoria a las sesiones extraordinarias

que dan lugar a la solicitud de la referencia, precisaron que la

Comisión Segunda o de Presupuesto no estaba conformada por

cuatro (4) sino por cinco (5) integrantes del Concejo Municipal, los

enunciados por el solicitante y el señor JULIÁN CAMILO

ARROYAVE GUZMÁN, quien no asistió a la reunión de 29 de junio

de 2018.

Sostuvieron que les llamó la atención que el solicitante, quien tuvo

pleno acceso a toda la documentación relacionada en el caso

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concreto, toda vez que fungió como asesor jurídico de la Alcaldía

Municipal de Valdivia (Antioquia) para la época de los hechos y

hasta el 31 de diciembre de 2019, promoviera la acción de la

referencia, luego de transcurridos dos años, teniendo como

fundamento la sindicación de que los concejales están incursos en

el delito de peculado por apropiación, respecto del cual no se ha

presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades

competentes.

Indicaron que el solicitante desconoce el contenido de las actas de

órdenes del día y de cada sesión elaboradas en el Concejo Municipal

durante las sesiones extraordinarias controvertidas, así como los

audios de éstas, reuniones en las cuales él participó en

representación del Municipio de Valdivia (Antioquia) y tuvo

conocimiento de sus desarrollos.

Agregaron que las ocho (8) sesiones plenarias fueron siempre de

estudio, corrección y búsqueda de claridad del proyecto de Acuerdo

núm. 038 de 2018, a las cuales asistieron los once (11) miembros

del Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), comparecencia que,

en sus criterios, dio lugar a que la Mesa Directiva de la Corporación

ordenara reconocer y pagar los honorarios por cada sesión plenaria

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a la que asistieron “[…] sin que sea un requisito que en estas se

decida o no un proyecto de acuerdo como lo pretende indicar la

demanda, como queriendo decir que si no hay decisión no hay pago

(…), fue mucho el tiempo invertido por todos los Concejales en

estudiar y conocer a fondo el proyecto que fue propuesto por el

ejecutivo municipal en el mes de junio de dos mil dieciocho (2018,

y repetimos, en sesiones plenarias se desarrollaron todas estas

actividades (…). El debate, después de toda esa información

recibida y la investigación y averiguaciones desplegadas por los

concejales, se hizo en la comisión permanente respectiva y allí

encontraron serios reparos de orden legal que aconsejaban no

aprobar dicho proyecto […]”.

Agregaron que no se dan los presupuestos para acceder a la

solicitud, pues no obraron con dolo alguno, malicia, ‘dañina

intensión’ y asistieron a las ocho (8) sesiones plenarias por las que

se les pagaron los honorarios de ley.

Finalmente, adujeron que de conformidad con la jurisprudencia de

la Corporación4, la causal de pérdida de investidura endilgada no se

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de marzo de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
13001-23-33-000-2016-01107-01.

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configura toda vez que los dineros con los que se les pagaron los

honorarios por las sesiones cuestionadas, presupuestalmente están

destinados para ello y devienen de una situación fáctica

comprobada, por tanto “[…] al ser nuestra conducta acorde al

ordenamiento jurídico y el Reglamento del Concejo Municipal de

Valdivia, al haber recibido unos dineros provenientes del erario

público como producto de una actividad que como servidores

públicos cumplimos a cabalidad5, al no haber en nuestra conducta

malicia o dañina intensión o culpa grave o gravísima, al no

acompañarnos en ningún momento hacerle daño al Municipio o

apropiarnos de sus recursos económicos, no se tipifica entonces la

causal escogida […]”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 16 de diciembre de 2020,

decretó la pérdida de investidura de los accionados, para lo cual,

luego de relacionar el acervo probatorio allegado y recaudado en

debida forma en el expediente, de referirse a la naturaleza jurídica

de la acción de pérdida de investidura, así como de la causal

alegada por el solicitante, mencionó que el aspecto objetivo o de
5 Asistir puntualmente a todas las sesiones plenarias a la (sic) que fuimos convocados y
citados por la autoridad competente.

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materialidad de la conducta se encontraba debidamente acreditado

por cuanto los concejales participaron de unas sesiones

extraordinarias convocadas por el alcalde del municipio de Valdivia

(Antioquia), para estudiar un solo proyecto de acuerdo, el cual, por

su contenido económico, fue repartido a la Comisión Permanente

encargada de los temas presupuestales y una vez votado fue

negado en primer debate.

Adujo que, por esta razón, no había lugar a segundo debate o

plenaria y, como fue archivado, “[…] evidentemente no se llevó a

cabo ninguna sesión de plenaria, no obstante lo cual, los concejales

demandados cobraron y les fueron pagados honorarios por un total

de ocho sesiones plenarias, -siete sesiones por uno de los

concejales-, que, como se lleva dicho no tuvieron lugar, con lo cual,

quienes así obraron defraudaron el pacto político que con su

elección a esa dignidad se había generado entre el elector y el

elegido […]”.

Seguidamente se pronunció sobre la acreditación de la condición de

concejales, respecto de los cuales estimó que para el período

indicado en la solicitud éstos se encontraban revestidos de tal

condición.

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Indicó que de acuerdo con el oficio núm. 120.3.7.006 de 1o. de

diciembre de 2020, suscrito por el secretario de Recursos

Financieros del municipio de Valdivia (Antioquia), se acreditó que

para la época de los hechos eran once (11) los concejales que

integraban el Concejo Municipal, esto es, los siete (7) accionados y

los señores JHON FREDY PULGARÍN CUARTAS, RUBÉN DARÍO

ZAPATA CARDONA, CLAUDIA PATRICIA PERIAÑEZ PARRA y

FREDY ALBERTO BARRIENTOS GÓMEZ, de los cuales, solo los

accionados cobraron y recibieron los honorarios por unas supuestas

sesiones plenarias, pues estos últimos cuatro (4) pese a que

también asistieron a dichas sesiones, se solicitó el pago de éstas y

se les giró el respectivo cheque, manifestaron por escrito que

renunciaban a ellos, “[…] en definitiva, ni los cobraron ni los

recibieron ni hicieron efectivos los cheques que se habían emitido

[…], con lo cual no se materializó la conducta consistente en la

indebida destinación de dineros públicos, porque, por lo menos en

principio, y tan solo porque no recibieron suma alguna no se

cumple el presupuesto exigido por la causal que es efectivamente

se haya afectado el presupuesto del Estado […]”.

Precisó que la Ley 136 establece que: i) las sesiones de los

concejos distritales y municipales son de dos especiales: ordinarias

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y extraordinarias, ii) los debates requeridos para que un proyecto

sea acuerdo deben superar dos debates, los cuales deben

verificarse en días distintos, uno a nivel de comisión y otro en

plenaria, debiendo superar un condicionamiento de carácter

temporal que es: aprobado el proyecto de acuerdo en la comisión

solo podrá ser sometido al conocimiento de la plenaria pasados tres

(3) días, y iii) los miembros de los concejos municipales tienen

derecho al reconocimiento de honorarios, por su asistencia

comprobada, a las sesiones plenarias, ordinarias o extraordinarias;

no obstante, la Ley 617 prevé que no toda las reuniones plenarias

dan derecho a remuneración y, por tanto, fijó un tope máximo.

Explicó que los concejos de los municipios de sexta categoría, como

es el caso de Valdivia (Antioquia), si bien pueden llevar a cabo

hasta 160 sesiones plenarias, solo hay lugar a la remuneración de

hasta 70 sesiones y, asimismo, solo hay lugar a remunerar hasta

20 días sesiones plenarias extraordinarias aunque el alcalde

convoque otras.

Agregó que de acuerdo con lo previsto en los artículos 23, 67 y 73

de la Ley 136, el Concejo de Valdivia (Antioquia), solo podía

examinar el proyecto de acuerdo para el cual fue convocado sin

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poder ocuparse en otro asunto, que una vez presentado éste al

Secretaria de dicho organismo debía repartirlo a la comisión

correspondiente para surtir primer debate, correspondiéndole al

presidente de la Corporación designar un ponente para ambos

debates, sin necesidad de convocar al concejo para presenciar el

reparto del documento.

Ahora, el primer debate se da en comisión, en el cual el proyecto

puede ser aprobado, en cuyo caso pasaría a sesión plenaria a

segundo debate, reunión esta última que es la que genera

remuneración de honorarios para los concejales que asistan

efectivamente a las mismas y, “[…] las sesiones de comisión nunca,

en ningún caso, se remuneran con honorarios […] si bien no

generan honorarios si generan gastos de transporte […] a los

concejales que residan en las zonas rurales […]”. No obstante, si el

proyecto de Acuerdo es negado en primer debate, se debe archivar

sin que se generen honorarios de ninguna especie, que fue lo que

ocurrió con el proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018.

Añadió que la ley es muy clara en señalar que el estudio de

cualquier proyecto de acuerdo se lleva a cabo en un primer

momento procesal en comisión donde se surte el primer debate,

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por tanto, no es posible “[…] trastocar las categorías jurídicas para

por esa vía tener que aceptar que el PRIMER DEBATE a un proyecto

de acuerdo lo dé la Plenaria del Concejo, tan solo para generarle

honorarios a los concejales que participen […]”.

Insistió en que en el caso sub examine estaba demostrada la

tipicidad de la conducta desde el punto de vista objetivo puesto que

los concejales gestionaron el reconocimiento y pago y percibieron

efectivamente una remuneración por concepto de honorarios por su

asistencia a unas sesiones de plenaria del Concejo Municipal de

Valdivia (Antioquia) que nunca se llevaron a cabo, toda vez que el

único proyecto de acuerdo para el cual fueron convocados no

superó el primer debate y por tanto fue archivado “[…] sin que

jurídicamente hubiera habido lugar a pasar el tema del estudio del

referido proyecto de Acuerdo a la Plenaria del cabildo, la cual nunca

entró en funcionamiento […], no se dio el presupuesto legal

necesario habilitando la causación de honorarios, los cuales por ser

dineros públicos, al ser gestionados, reconocidos, cobrados y

percibidos en beneficio propio se dio una indebida destinación de

esos recursos públicos […]”.

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Respecto del aspecto subjetivo precisó que comoquiera que la

pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad se requiere

de la demostración del elemento de culpabilidad, bien se a título de

dolo o culpa grave, presupuesto que de acuerdo con la

jurisprudencia6 del Consejo de Estado, la culpabilidad de los

concejales fue la dolosa por cuanto éstos se enriquecieron

injustamente haciéndose pagar unos honorarios a los que no tenían

derecho.

Sostuvo que según lo previsto en la Ley 136 y el Acuerdo núm. 034

de 28 de febrero de 2018, “Por medio del cual se expide el

reglamento interno del Concejo Municipal de Valdivia,

Antioquia, y se deroga el Acuerdo Municipal núm. 041 del 27

de noviembre de 2013”, las reuniones que se realicen con

desconocimiento de las disposiciones legales son inválidas (artículo

7º) y solo hay lugar al reconocimiento de honorarios cuando el

concejo sea convocado y citado válidamente a sesión plenaria

ordinaria o extraordinaria (artículo 8º).

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de
diciembre de 2019, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-00771-01.

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Destacó que el Concejo de Valdivia (Antioquia) tenía claro que el

acto de convocatoria a las sesiones extraordinarias debía indicar

con exactitud las fechas de inicio y de clausura de éstas; no

obstante, como el Decreto 050 de 2018 omitió señalar la de

clausura no se le podía dar aplicación a dicho acto, situación que

fue reconocida por los concejales en el escrito de contestación de la

solicitud en el que señalaron que ante tal omisión le sugirieron al

alcalde municipal expedir un nuevo acto en el que indicará la fecha

de terminación de esas sesiones.

Sostuvo que el decreto de convocatoria de las sesiones

extraordinarias era irregular, contrario al reglamento interno y solo

podían ser llevadas a cabo con la expedición del Decreto núm. 051

de 2018, que citó al Concejo a partir del 19 de junio y hasta el 5 de

julio de ese año, razón por la que consideró que la única sesión que

se llevó a cabo válidamente fue la de la Comisión Segunda

celebrada el 29 de junio, consignada en el Acta núm. 027, en la

cual no se aprobó el proyecto de Acuerdo, con una votación de 4

votos en contra y ninguno de aprobación, de manera tal que al no

llevarse a cabo ninguna sesión plenaria en el trámite del proyecto

de Acuerdo núm. 038 de 2018, no podía gestionarse ni percibirse ni

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recibir ningún concejal valor alguno por concepto de asistencia a

sesiones plenarias.

Adujo que, como todos los concejales participaron en el estudio,

discusión, análisis y aprobación del reglamento interno del Concejo

Municipal de Valdivia (Antioquia), tema del cual se habían ocupado

de forma muy reciente, -28 de febrero de 2018-, no se les podía

endilgar culpa grave sino dolo debido a que conocían lo que estaban

haciendo y “[…] sí encauzaron su condición hacia el logro de un

rendimiento personal absolutamente irregular, y más allá de eso,

defraudaron el Tesoro Público del Estado […]”, presupuesto que

tomaba fuerza si se tenía en cuenta que cuatro (4) de los once (11)

integrantes del Concejo de Valdivia (Antioquia), esto es, los

concejales CLAUDIA PATRICIA PERIAÑEZ PARRA, JHON

FREDY PULGARÍN CUARTAS, RUBÉN DARÍO ZAPATA

CARDONA y FREDDY ALBERTO BARRIENTOS GÓMEZ, que

también participaron de las sesiones extraordinarias y gestionaron

los pagos de los honorarios cuestionados, renunciaron “[…] al pago

de honorarios que fueron ordenados por la mesa directiva mediante

la resolución 099 del 05 de julio de 2018, por concepto de la

asistencia a sesiones extraordinarias del mes de junio de 2018,

convocadas mediante decretos números 050 y 051 de 2018 […]”.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Los concejales, actuando a través de apoderado judicial,

interpusieron recurso de apelación contra la referida sentencia, en

el que solicitaron revocar la decisión del a quo y, en su lugar,

proferir un fallo sin responsabilidad o absolutorio en el que se

niegue la pretensión de la solicitud de pérdida de investidura, con

fundamento en los siguientes argumentos:

En lo que tiene que ver con el dolo imputado, señalan que la forma

de actuar en las sesiones extraordinarias cuestionadas es la manera

como tradicionalmente actúa el Concejo Municipal de Valdivia

(Antioquia), en situaciones similares durante muchos años, razón

por la cual ni obraron con el fin de obtener fraudulentamente el

pago de unos honorarios, sino que, por el contrario, siempre

actuaron de buena fe y creyendo que su proceder consultaba el

principio de legalidad.

Sostienen que en las actas de los órdenes del día de los años

20117, 20168, 20179 y 201910, se describen las actuaciones de

7 23 y 26 de agosto de 2011.
8 2 de agosto de 2016.
9 20 de junio de 2017.

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sesiones ordinarias y extraordinarias en las que se indica que en

sesión plenaria se da la designación del concejal ponente de cada

proyecto de acuerdo, puesto a consideración de la Corporación; y

que en esa misma reunión se dispone el estudio por parte del

Concejo en pleno del respectivo documento.

Anotan que los anteriores documentos ratifican la forma de actuar

del Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), respecto del manejo

que se le da a los proyectos de acuerdo; y que si bien la sentencia

de primera instancia indica que no es la más ‘ortodoxa’, lo cierto es

que sí es indicativa de que obedece a una forma de conducta “[…] a

una manera de trabajar que ellos de la mejor buena fe

consideraban que era la correcta, a que estaba apegada a la ley y

sirve también para confirmar […] que en el trámite que le dieron al

proyecto de acuerdo 038 de 2018, no fue insular o que se

inventaron para ese preciso momento y así poder cobrar el valor de

los honorarios de las sesiones plenarias […]”.

Insisten en que como su actuar en el trámite del proyecto de

acuerdo cuestionado fue el tradicional impartido en otros proyectos,

resulta genuino, desprovisto de malicia o dañina intención.

10 7 de mayo de 2019.

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Aducen que la sentencia de primera instancia erige un indicio grave

de responsabilidad en contra de los concejales, en el hecho de que

desde el 26 de julio de 2018, la Secretaría de Hacienda del

municipio de Valdivia (Antioquia), devolvió las cuentas que

disponían el pago de los honorarios de los concejales por las

sesiones extraordinarias; sin embargo, ello no sucedió pues ni al

presidente del Concejo Municipal ni a los demás miembros de la

mesa directiva ni a los demás concejales les fue entregado el

referido oficio.

Estiman que el Tribunal debió resolver tres situaciones jurídicas

distintas a saber: i) la actuación del señor LUIS FERNANDO

MUNERA CHAVARRÍA, Secretario del Concejo de Valdivia

(Antioquia), quien proyectó los órdenes del día, los llamados a lista,

las actas de comisión y de plenaria y las resoluciones con las que se

ordenó el pago de los honorarios cuestionados; ii) los señores JOSÉ

ABELARDO EXCUDERO ORTIZ, JHON FREDY PULGARÍN y

DAVINSON ANDRÉS JARAMILLO, integrantes de la Mesa

Directiva, quienes con sus firmas ordenaron los pagos y señalaron

la forma de actuar en plenarias en las sesiones de junio y julio de

2018; y, iii) los señores JULIÁN CAMILO ARROYAVE GUZMÁN,

JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS, DIANA ISABEL VALENCIA

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LOPERA, JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ y CRISTIÁN

OBERLI RODRÍGUEZ SOTO, quienes no tomaron ninguna

decisión, no ordenaron ni dispusieron de recurso alguno, no

ostentaban autoridad administrativa al interior a la Corporación, no

emitieron certificación alguna sino que obedecieron y acataron con

sumisión los llamados de la mesa directiva, acudieron

cumplidamente a las convocatorias hechas y participaron con

seriedad en las sesiones, actuaron sin malicia y con la convicción de

que estaban actuando conforme a la ley, sujetos respecto de

quienes no encuadra la adecuación de la tipificación de disponer

indebidamente de recursos públicos, pues ni material ni

jurídicamente lo hicieron sino que se limitaron a acatar el llamado

de la mesa directiva para participar de las sesiones extraordinarias

controvertidas.

Agregan que si bien en la solicitud de la referencia se señala que las

sesiones extraordinarias llevadas a cabo entre el 19 de junio y el 4

de julio de 2018, fueron de comisión, razón por la que ninguna

reunión podía ser cobrada ni pagada por virtud de la ley, el

parágrafo 4º, del artículo 2º, de la Ley 2075 de 8 de enero de

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202111, prevé el pago de dichas sesiones a las que asistan los

concejales, recibiendo el mismo valor de una sesión ordinaria,

normativa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la

Constitución Política, es más favorable a los accionados.

Concluyen que el factor subjetivo de la culpabilidad obra en favor

de los concejales al actuar en los hechos investigados sin culpa

alguna y mucho menos con dolo o la intención inequívoca de

disponer indebidamente de dineros del erario, que sobrevino el

fenómeno de favorabilidad con la entrada en vigencia de la Ley

2075 que permite el pago de las sesiones de comisión; y que en

caso de no estar de acuerdo con lo anterior, se revoque la sanción

impuesta a los cabildantes JULIÁN CAMILO ARROYAVE

GUZMÁN, JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS, DIANA ISABEL

VALENCIA LOPERA, JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ y

CRISTIÁN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO, frente a quienes no se

tipifica la conducta endilgada toda vez que no tenían dignidad

alguna al interior del Concejo.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

11 “Por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la liquidación de honorarios

de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría y se adoptan
medidas en seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno”.

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El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1.- El solicitante, a través del memorial radicado el 21 de mayo

de 2021, indica que debe confirmarse la sentencia de primera

instancia, por cuanto se demostró con certeza, a través de las

pruebas allegadas, que los honorarios cobrados se pagaron

efectivamente a los concejales sin que se hubieran realizado las

sesiones plenarias, pues el proyecto de Acuerdo por el cual se

convocaron las sesiones extraordinarias fue negado en primer

debate por la Comisión Segunda, criterio que se sustentó en un

marco legal y jurisprudencial adecuado y acorde con los hechos y

fundamentos invocados en la solicitud.

IV.2.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si los concejales municipales de

Valdivia (Antioquia), señores JOSÉ ABELARDO ESCUDERO

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ORTIZ, DAVISON ANDRÉS JARAMILLO BERNAL, JULIÁN

CAMILO ARROYAVE GUZMÁN, JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS,

DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA, JORGE ALBERTO OCAMPO

ORTIZ y CRISTIAN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO, incurrieron en

la comisión de la causal de pérdida de investidura de indebida

destinación de dineros públicos, prevista en los artículos 55,

numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, a partir

de la expedición de la Resolución núm. 099 de 05 de julio de 2018,

mediante la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valdivia

(Antioquia), ordenó el reconocimiento y pago de honorarios a favor

de los concejales accionados, por haber asistido a ocho (8) sesiones

plenarias en las que se votó el proyecto de Acuerdo núm. 038 de

2018.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como

causal de pérdida de investidura de concejal12

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número
único de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de
radicación 50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de
radicación 66001233300020180024601.

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presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de

la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el

siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de

3 de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con relación a los congresistas, pertinente también

para los restantes miembros de corporaciones públicas de elección

popular, como los concejales, precisó:

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“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros
públicos a unas finalidades y cometidos estatales
distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley
o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes
casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o
propósitos autorizados pero diferentes a los cuales
esos dineros se encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o
en el de terceros […]”13 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio
de 2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de
octubre de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones
Pinilla.

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ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos
en la Constitución, en la ley o en los reglamentos
[…]”14 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
200315 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en
su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de
la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer
las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a
otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es
obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras
personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la
conducta del congresista bien puede ser delictiva o no,
ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del
gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy
distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los
reglamentos’ […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201,
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en

sentencia de 6 de marzo de 2003, número único de radicación
2000123310002002100701, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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De allí que, para que la causal se configure es necesario que
el Congresista, en su condición de servidor público,
distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en la
Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o
que estando autorizados sean diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado
los recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la
causal ostente la condición de nominador u ordenador del
gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el
patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este
sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal
comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200516 señaló: “[…] Para
la configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183
de la Constitución Política (reproducida en el numeral
4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o
requieren dos elementos como son la conducta y el fin
[…]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución,
la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos
a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a
aquéllos que autorizados son diferentes a los que se
encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a

16Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii)
obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de
terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de
terceras personas, etc. […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta
Corporación se ha referido en distintas oportunidades al
sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta
funcional al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución,
la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o
cuando aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la
finalidad es obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o
de terceras personas […]”.

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Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo17 y
también por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre
otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm.
2003-00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm.
2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas
Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700,
Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de
diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011
(Expediente núm. 2011-00009, Consejera ponente María
Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013
(Expediente núm. 2012-00151, Consejera ponente María
Elizabeth García González) […]”18 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]” 19, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su

17 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801
(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número
único de radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth
García González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de

marzo de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero
ponente Rafael Francisco Suárez Vargas.

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indebida destinación20 son aquellos en los que un miembro de la

corporación pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están

autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los

cuales están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente

prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente

económico, en su favor o en el de terceros.

20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos21.

V.3.- Del derecho de los concejales a percibir honorarios por

la asistencia comprobada a sesiones ordinarias y

extraordinarias22

Los concejales tienen derecho a percibir honorarios por su

asistencia comprobada a sesiones ordinarias o extraordinarias,

según se desprende del contenido de los artículos 312 de la

Constitución Política, precepto interpretado armónicamente con los

artículos 65 y 66 de la Ley 136, y el artículo 58 de la Ley 617. Las

normas citadas son del siguiente tenor:

[…] Artículo 312, Constitucional. Modificado por el art. 5,
Acto Legislativo 01 de 2007. <El nuevo texto es el siguiente>
En cada municipio habrá una corporación político-

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
abril de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero
ponente Carmelo Perdomo Cuéter.
22 Capítulos extraídos y citados, in extenso, de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, sentencias de 21 de mayo de 2021, número único de
radicación 50001-23-33-000-2020-00758-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés y de 10 de febrero de 2022, número único de radicación
70001233300020210001501, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro
(4) años que se denominará concejo municipal, integrado por
no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la
ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación
podrá ejercer control político sobre la administración
municipal.

La ley determinará las calidades, inhabilidades, e
incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones
ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la
calidad de empleados públicos.

La ley podrá determinar los casos en que tengan
derecho a honorarios por su asistencia a sesiones.

Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta
absoluta […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

[…] Artículo 65, Ley 136. Reconocimiento de derechos.
Los miembros de los concejos de las entidades territoriales
tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la
asistencia comprobada a las sesiones plenarias.

Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual
fueron elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-
asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para
los servidores públicos municipales.

Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de
honorarios expidan las mesas directivas de los
concejos, serán publicadas en los medios oficiales de
información existentes en el respectivo municipio o
distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá impugnarlas, y
la autoridad competente, según el caso, dará curso a la
investigación o proceso correspondiente […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

“[…] Artículo 66, Ley 136. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1368 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente23:> Atendiendo la categorización establecida

23 La redacción original del texto de la Ley 136 de 1994 ha sido objeto de numerosas
modificaciones por la Ley 617 de 2000, la Ley 1148 de 2007, la Ley 1368 de 2009 y, más
recientemente, la Ley 2075 de 2021. El texto de la Ley 1368 de 2009 corresponde a la
redacción vigente al momento de ocurrencia de los hechos que dio origen a la demanda de
pérdida de investidura.

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en la Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por
cada sesión a que asistan los concejales será el
señalado en la siguiente tabla:

Categoría Honorarios por sesión

Especial $ 347.334
Primera $ 294.300
Segunda $ 212.727
Tercera $ 170.641
Cuarta $ 142.748
Quinta $ 114.967
Sexta $ 86.862

A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los
honorarios señalados en la tabla anterior se incrementarán en
un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el
año inmediatamente anterior.

En los municipios de categoría especial, primera y segunda,
se pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año.
En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán
anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta
veinte (20) sesiones extraordinarias al año.

Parágrafo 1o. Los honorarios son incompatibles con
cualquier asignación proveniente del tesoro público del
respectivo municipio, excepto con aquellas originadas
en pensiones o sustituciones pensionales y las demás
excepciones previstas en la Ley 4ª de 1992.

Parágrafo 2o. Se exceptúan del presente artículo los
concejales de la ciudad de Bogotá, por cuanto el Decreto-ley
1421 de 1993, regula la materia […] (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

“[…] Artículo 58, Ley 617. Honorarios y seguros de
concejales. A los concejales se les reconocerán
honorarios por su asistencia a las sesiones plenarias y
a las de las comisiones permanentes que tengan lugar
en días distintos a los de aquellas. Por cada sesión a la
que concurran, sus honorarios serán iguales a la
remuneración mensual del alcalde mayor dividida por veinte
(20).

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En todo caso el monto de los honorarios mensuales de los
concejales no excederá la remuneración mensual del alcalde
mayor.

También tendrán derecho, durante el período para el cual
fueron elegidos, a un seguro de vida equivalente a trescientos
(300) salarios mínimos mensuales legales y a un seguro de
salud. El alcalde contratará con una compañía autorizada los
seguros correspondientes.

Cuando ocurran faltas absolutas, quienes llenen las vacantes
correspondientes tendrán derecho a los beneficios a que se
refiere este artículo, desde el momento de su posesión y
hasta que concluya el período respectivo.

El pago de los honorarios y de las primas de los seguros aquí
previstos estará a cargo del Fondo Rotatorio del Concejo […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta

Corporación expresó lo siguiente:

[…] 1. La Ley 136 de 1994 contempla los honorarios para los
concejales como un incentivo por su labor, sin que constituyan
remuneración de carácter laboral, y señaló límites para su
reconocimiento. Sin embargo, para que los concejales tengan
derecho al pago completo de los honorarios que se les
reconozcan es necesario que asistan a las sesiones plenarias
para las cuales sean convocados; en caso contrario, deberá
reconocérseles una suma proporcional a las sesiones plenarias
a que efectivamente asistieron en cada mes, sin perjuicio de la
correspondiente sanción disciplinaria a que haya lugar.

2. El derecho al pago de honorarios corresponde a la
asistencia de los concejales a las sesiones plenarias de
los períodos ordinarios o extraordinarios.

3. Si los concejales asisten a tiempo a una convocatoria para
una sesión plenaria del concejo, realizada de conformidad con
el reglamento interno, pero ella no se lleva a cabo por razones
ajenas a su voluntad, de este hecho debe dejarse la
correspondiente constancia por el secretario del concejo según
el mismo reglamento (art. 31 ibídem). En este caso, la

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asistencia debidamente comprobada se computará para el pago
de los honorarios.

4. El artículo 23, parágrafo 1º, de la Ley 136 de 1994 dispone
claramente que cada período ordinario "podrá ser prorrogado
por diez días calendario más, a voluntad del respectivo
concejo"; de manera que la prórroga de las sesiones de los
concejos municipales está autorizada por la ley hasta por diez
días.

5. El artículo 65, inciso final, de la Ley 136 de 1994
autoriza a las mesas directivas de los concejos para
reconocer los honorarios de los concejales, siempre que
sean ordenados previamente por acuerdos y estén
incluidos en los correspondientes presupuestos de
gastos. Los pertinentes actos administrativos, una vez en
firme, son obligatorios sin más requisitos y no requieren,
por lo mismo, autorización del alcalde.

6. Según los principios generales, contra los actos
administrativos particulares, que pongan término a un proceso
o actuación administrativa, proceden los recursos de la vía
gubernativa, prescritos por los artículos 50 y siguientes del
Código Contencioso Administrativo, salvo excepción legal. En
este orden de ideas, contra las resoluciones relativas al
reconocimiento de honorarios a los concejales, expedidas por
las mesas directivas de los concejos, sólo procede el recurso de
reposición -porque no tienen superior jerárquico-, que los
interesados pueden o no interponer. Previa decisión del recurso
de reposición o directamente pueden impugnar esos actos ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a las
disposiciones del Código Contencioso Administrativo. Además,
cualquier persona, mediante acción pública o popular de
nulidad, puede controvertir esos actos, en interés público
general, ante la misma jurisdicción […]”24 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en virtud de lo dispuesto

en el artículo 31 de la Ley 136, los concejos expedirán un

reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan,

24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto con radicación núm. 631

de 24 de agosto de 1994, consejero ponente Humberto Mora Osejo.

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entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación

de los concejales y su remuneración y la validez de las

convocatorias y de las sesiones25.

Esta Sección, entonces, en reiterada jurisprudencia26 ha

considerado que el derecho de los concejales al reconocimiento de

honorarios se deriva de su asistencia comprobada a las sesiones

plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a cabo en

días diferentes a los de aquellas, puesto que:

[…] De los fundamentos de orden constitucional, legal y
jurisprudencial citados surge la inequívoca consideración que
el derecho de los concejales al reconocimiento de
honorarios se deriva de su asistencia comprobada a las
sesiones plenarias y a las comisiones permanentes que
se lleven a cabo en días diferentes a los de aquellas.
(…)

Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta
Política, y en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la
Ley 617 de 2000, los concejales tienen derecho al pago
de honorarios por su asistencia comprobada a las
sesiones de la respectiva corporación, sin que se
establezca otra condición en dichas normas, de la que
se haga depender la causación del respectivo derecho.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 10 de febrero de 2022, número único de radicación 70001233300020210001501,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
26 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, número único de radicación 25000-23-42-
000-2017-04038-01, consejera ponente María Elizabeth García González; ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio
de 2018, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-04041-01, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2021, número único de
radicación 50001-23-33-000-2020-00758-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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Para la Sala, el análisis del acervo probatorio que obra dentro
del expediente permite concluir que el presupuesto
constitucional y legal que se exige para el
reconocimiento de honorarios a quienes ostentan la
condición de concejales, se encuentra satisfecho pues
está acreditado con las actas de las sesiones del concejo
municipal de El Colegio – Cundinamarca, con los registros de
asistencia a las mismas y, con la certificación allegada por el
Presidente de dicha Corporación, que el señor Manuel
Ignacio Trujillo Rodríguez, en su condición de Concejal,
asistió a las sesiones extraordinarias realizadas los días
8, 11 y 14 de marzo de 2016, así como a la sesión
ordinaria que se celebró el 9 de mayo de 2016, en las
cuales participó en la discusión de aspectos
relacionados con el nombramiento del Personero
Municipal y en la votación que en ellas se realizó.

Vistas, así las cosas, el concejal Manuel Ignacio Trujillo
Rodríguez, por haber asistido a las sesiones previamente
referenciadas, sí tenía derecho a recibir, como
contraprestación, los honorarios que en efecto le
fueron reconocidos por la Secretaría de Hacienda del
Municipio de El Colegio – Cundinamarca, mediante las
Resoluciones nros. 027 de marzo 14 y 040 de mayo 31 de
2016. Honorarios que se pagan con recursos presupuestados
como gastos de funcionamiento de los Concejos y que se
ubican dentro del concepto jurídico de “dineros públicos”
conformados por los impuestos, las tasas, las contribuciones y
los recursos de capital, los cuales deben cumplir con la
destinación prevista en el respectivo Presupuesto, de
conformidad con el mandato del artículo 345 de la
Constitución Política […]27 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Así lo determinó también la Corte Constitucional al considerar:

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 22 de febrero de 218, radicado: 25000 2342 000 2017 04038 01, actora: Glory
Estefanny Ortega Guerrero, demandado: concejal del municipio de El Colegio, MP: María
Elizabeth García González. Este criterio fue reiterado en posterior sentencia del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número de radicado:
25000-23-42-000-2017-04041-01, actora: Glory Estefanny Ortega Guerrero, demandado:
Juan Carlos Sosa Reyes, MP: Oswaldo Giraldo López.

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“[…] 5. Sobre el régimen laboral y prestacional de los
concejales municipales, el artículo 312 de la Constitución
Política señala en sus incisos segundo y tercero que “los
concejales no tendrán la calidad de empleados públicos” y que
“la ley podrá determinarlos casos en que tengan derecho a
honorarios por su asistencia a las sesiones”.

“En desarrollo de las anteriores disposiciones superiores, el
artículo 65 de la Ley 136 de 1994 prescribe que los miembros
de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a
reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a
las sesiones plenarias […]”.

[…]

Con sujeción a lo establecido en el artículo 312 de la Carta
Política, y en los artículos 65 de la Ley 136 de 1994 y 58 de la
Ley 617 de 2000, los concejales tienen derecho al pago de
honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones de la
respectiva corporación, sin que se establezca otra condición
en dichas normas, de la que se haga depender la causación
del respectivo derecho […]”28.

En este sentido, a las mesas directivas les corresponde expedir las

resoluciones para efectos del reconocimiento de los honorarios,

actos administrativos que deben ser publicados en los medios

oficiales existentes en el respectivo municipio o distrito, con el fin

de que cualquier ciudadano pueda impugnarlos, en cuyo caso, la

autoridad competente debe dar trámite a la investigación

correspondiente.

Del contenido de las normas y jurisprudencia transcritas, es dable

colegir las siguientes reglas para la verificación del correcto
28Sentencia C-043 de 28 de enero de 2003, Referencia: expediente D-4169, Magistrado
Ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra

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reconocimiento de honorarios a los concejales, por la asistencia

demostrada a sesiones ordinarias y extraordinarias:

(i) El reconocimiento de honorarios a los concejales se causa por su

asistencia comprobada a sesiones plenarias y de comisiones

permanentes que se lleven a cabo en días distintos a los de

aquellas, tanto ordinarias como extraordinarias, sin que la Ley

establezca otra condición de la que se haga depender la causación

del respectivo derecho; (ii) el pago se hace con cargo a los

respectivos presupuestos municipales o distritales; (iii) el valor de

los honorarios varía dependiendo de la categoría del municipio al

que pertenecen; (iv) tales pagos resultan incompatibles con

cualquier asignación proveniente del tesoro público, excepto en

aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales; (v)

las resoluciones que para el reconocimiento de honorarios expidan

las mesas directivas de los concejos deben ser publicadas en los

medios oficiales de información existentes en el respectivo

municipio o distrito y cualquier ciudadano o persona puede

impugnarlas, en cuyo caso, la autoridad competente debe dar curso

a la investigación o procedimiento administrativo correspondiente, y

(vi) la ley estableció un número máximo de sesiones ordinarias y

extraordinarias que deben celebrar los concejos y que dan lugar al

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reconocimiento del pago de honorarios dependiendo de su

categorización.

V.4.- Del caso concreto

Los señores JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ, JULIÁN

CAMILO ARROYAVE GUZMÁN, JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS,

DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA y JORGE ALBERTO

OCAMPO ORTIZ, fueron elegidos concejales del municipio de

Valdivia (Antioquia), para el período constitucional 2016-2019,

según consta en el Formulario E-26 CON de 27 de octubre de 2015.

El señor CRISTIAN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO se posesionó

como concejal municipal de Valdivia (Antioquia), para el período

constitucional 2016-2019, según consta en Acta núm. 016 de 24 de

mayo de 2016, luego de haber sido llamado a ocupar la curul que

dejó vacante el concejal SERGIO ELÍAS GÓMEZ JIMÉNEZ, quien

renunció de forma irrevocable al cargo.

Por su parte, el señor DAVISON ANDRÉS JARAMILLO BERNAL

se posesionó como concejal municipal de Valdivia (Antioquia), para

el período constitucional 2016-2019, según consta en Acta núm.

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003 de 13 de febrero de 2018, luego de haber sido llamado a

ocupar la curul que dejó vacante la concejal LEIDY JOHANA

MARTÍNEZ FLÓREZ, quien renunció a su cargo.

Y, de igual forma, obra el Oficio núm. 120.3.7.006 de 1o. de

diciembre de 2020, suscrito por el secretario de Recursos

Financieros del municipio de Valdivia (Antioquia), en el que consta

que dentro de los concejales que conformaban ese cabildo durante

la época de los hechos, -junio y julio de 2018-, aparecen los siete

accionados en la presente solicitud.

Frente a los restantes concejales del municipio de Valdivia

(Antioquia), elegidos para período constitucional 2016-2019,

señores JHON FREDY PULGARIN CUARTAS, RUBÉN DARÍO

ZAPATA CARDONA, CLAUDIA PATRICIA PERIAÑEZ PARRA y

FREDY ALBERTO BARRIENTOS GÓMEZ, el Tribunal determinó

que si bien asistieron a las mismas sesiones, se solicitó su pago y

se les giró el respectivo cheque, éstos renunciaron a tales

honorarios y, en definitiva, ni los cobraron ni los recibieron ni

hicieron efectivos los cheques que se habían emitido a su nombre,

con lo que no se materializó la conducta consistente en la indebida

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destinación de dineros públicos, circunstancia que, por demás, no

fue objeto de la impugnación.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de las pruebas

recaudadas en el expediente obra:

.- Copia del Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018 “[…] Por el cual

se autoriza al alcalde municipal de Valdivia para que adquiera un

cupo de endeudamiento y la celebración de un contrato de

empréstito y/o crédito público, para la financiación del proyecto de

inversión denominado Construcción de viviendas nuevas en el

municipio de Valdivia y se dictan otras […]”.

.- Copia del Decreto núm. 050 de 15 de junio de 2018, expedido

por el alcalde municipal de Valdivia (Antioquia), “[…] Por medio del

cual se convoca al Honorable Concejo municipal a sesiones

extraordinarias […]”, a partir de 19 de junio de 2019, para la

aprobación del proyecto de acuerdo para realizar un empréstito

para la construcción de viviendas de interés social, como quiera que

en las sesiones ordinarias de mayo de 2018 se inició su estudio y se

requirió efectuar unas correcciones que fueron subsanadas,

haciéndose necesario viabilizar dicho proyecto y dar cumplimiento

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al Plan de Desarrollo Municipal ‘JUNTOS POR VALDIVIA 2016-2019’;

y a través del Decreto núm. 051 de 28 de junio de 2018, expedido

por el alcalde municipal de Valdivia (Antioquia), se complementó el

Decreto núm. 050 de 15 de junio de 2018, en el sentido de fijar

como fecha límite de tales sesiones extraordinarias, el 5 de julio de

2018.

.- Copia del oficio S.G.G-0120-2018 de 18 de junio de 2018, por

medio del cual el alcalde municipal de Valdivia (Antioquia) remitió al

presidente del Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia) el Proyecto

de Acuerdo núm. 038 de 2018, para ser estudiado en las sesiones

extraordinarias, con la exposición de motivos de dicho proyecto de

acuerdo.

.- Copia del Acta núm. 01 de 19 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia) en pleno y el

alcalde de ese municipio, en sesión plenaria extraordinaria,

instalaron el período de sesiones extraordinarias del mes de junio

de 2018. En ésta, tomó la palabra el alcalde municipal de Valdivia

(Antioquia), señor JONÁS DARÍO HENAO CARDONA, quien le

manifestó al cabildo que citó a extraordinarias por la necesidad de

la construcción de estas viviendas, a lo que el presidente de la

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corporación, concejal JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ, le

agradeció al burgomaestre y le expresó que el estudio del proyecto

lo iban a articular con él, y si sus ocupaciones no lo permitían, con

sus funcionarios.

.- Copia del Acta núm. 02 de 20 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en sesión plenaria

extraordinaria, designó ponente para el referido Proyecto de

Acuerdo núm. 038 de 2018 “[…] POR EL CUAL SE AUTORIZA AL

ALCALDE MUNICIPAL DE VALDIVIA PARA QUE ADQUIERA UN CUPO

DE ENDEUDAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE

EMPRÉSTITO Y/O CRÉDITO PÚBLICO, PARA LA FINANCIACIÓN DEL

PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE

VIVIENDAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES […]”, correspondiéndole al presidente de la

corporación, concejal JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ. El

tercer punto del orden del día se denominó y desarrolló como el

“[…] Primer día de estudio en plenaria del proyecto de

acuerdo N° 038 de 2018 […]’, y se dejó constancia, entre otros

aspectos, de lo siguiente:

“[…] El señor presidente y ponente del proyecto de acuerdo
038, procede entonces a realizar lectura al contenido del

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proyecto de acuerdo, así mismo a la exposición de motivos y
a los anexos que acompañan el proyecto. Durante la lectura
se percataron de varias inconsistencias, la ilegibilidad de los
anexos no permitió que se realizara un análisis más objetivo
del proyecto, se encontraron cifras que no correspondían con
la realidad o lo que se pretende hacer en el lote de las
viviendas. En vista de estos inconvenientes el señor alcalde le
manifiesta a los concejales que para que tengan una mejor
comprensión del proyecto y se realicen las correcciones
necesarias, nuevamente pasara el proyecto corregido y bien
legible, para que de esta forma puedan hacer un estudio más
eficiente del proyecto, ya que en verdad hay documentos que
no se pueden leer porque no se alcanza a observar su
contenido […]”.

.- Copia del Acta núm. 03 de 21 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en sesión plenaria

extraordinaria, en el segundo punto del orden del día adelantó el

“[…] Segundo día de estudio en plenaria del proyecto de

acuerdo N° 038 de 2018 […]”, para lo cual se dejó constancia,

entre otros, de lo siguiente:

“[…] Ya con el proyecto corregido y nuevamente presentado
comienza dando lectura al contenido, el cual fue corregido y
es mucho más legible y claro, tanto así que se adicionaron
imágenes muy nítidas y en 3D, de las viviendas que se
pretenden construir, pero de igual forma encuentran
inconsistencias en cuanto a los siguiente: en la página 11, en
el documento que trata sobre el objeto de la disponibilidad,
ésta no fue corregida y continua con un error en cuanto al
área a construir. La señora tesorera expresa que no se
verifico esta parte, pero que de inmediato hace la corrección
en cuanto a las medidas.

El señor presidente también hace mención que, con relación a
la certificación expedida por la empresa de servicios públicos,
tampoco hay coherencia con el área a construir, es diferente a
todas las demás, por lo tanto, expresa que parece que no hay

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articulación entre las diferentes secretarias, ya que cada una
da una medida diferente del área del proyecto y las viviendas
[…]”.

.- Copia del Acta núm. 04 de 22 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en sesión plenaria

extraordinaria, en el segundo punto del orden del día adelantó el

“[…] Tercer día de estudio en plenaria del proyecto de

acuerdo N° 038 de 2018, visita al lote Villa Alba, con el

acompañamiento del Secretario de Planeación Didier López

Alarcón y el arquitecto Carlos Arturo Herrera Mosquera […]”

para lo cual se dejó constancia, entre otros aspectos, de lo

siguiente:

“[…] Toma la palabra el señor presidente y saluda a todos los
honorables concejales acto seguido le sugiere a los concejales
realizar el desplazamiento hacia el sector villa alba, donde
está ubicado el terreno donde se pretende construir las
viviendas.

Estando en el lote, hacen la verificación de la extensión del
terreno, son dos terrazas, una con 22 metros de ancho y 48
metros de largo mirando hacia la carretera, dice el arquitecto
Carlos que hay que entrar en la montaña 20 metros más.
Para poder organizar el espacio que se necesita.

El secretario de planeación hace entrega a cada concejal de
una hoja que contiene gráficamente cómo van a quedar
ubicadas las viviendas en ambas terrazas, se observa que
están de forma enumerada y en bloques, lo anterior para una
mejor comprensión por parte de los concejales […]”.

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.- Copia del Acta núm. 005 de 25 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en sesión plenaria

extraordinaria, en el segundo punto del orden del día adelantó el

“[…] Cuarto día de estudio en plenaria del proyecto de

acuerdo 038, con el acompañamiento de la señora MARLENY

ZAPATA HERRERA – tesorera municipal y el señor alcalde

JONÁS DARÍO HENAO CARDONA […]” para lo cual se dejó

constancia, entre otros aspectos, de lo siguiente:

“[…] Toma la palabra el señor presidente y saluda a todos los
honorables concejales y a los invitados. Expresa que el
objetivo del día de hoy es conocer el impacto que tendrá el
proyecto en el marco fiscal de mediano plazo ya que el crédito
es a 5 años, y también para hacer claridad en cuanto a la
inquietud del señor Julián Camilo Arroyave.

Toma la palabra la señora tesorera y dice que todo está
enmarcado en dos partes, hace mención de la ley que regula
el marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal de mediano
plazo está por 10 años, y uno de sus propósitos es la
planificación financiera de la entidad territorial, también hay
unos componentes, como el plan financiero metas y medidas
superávit primerio, la relación de los pasivos exigibles, como
tal este marco fiscal de mediano plazo está vigente, lo único
que se incorpora es la actualización del IPC, cada año […]”.

.- Copia del Acta núm. 006 de 26 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en sesión plenaria

extraordinaria, en el segundo punto del orden del día adelantó el

“[…] Quinto día de estudio en plenaria del proyecto de

acuerdo 038, teniendo en cuenta el EOT y el Plan de

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Desarrollo 2016-2019 […]” para lo cual se dejó constancia,

entre otros aspectos, de lo siguiente:

“[…] Toma la palabra el señor presidente y saluda a todos los
honorables concejales y a los invitados. Expresa que el
objetivo del día de hoy es analizar el proyecto de acuerdo
teniendo en cuenta el EOT y el Plan de Desarrollo Municipal
[…]”.

.- Copia del Acta núm. 007 de 27 de junio de 2018, mediante la

cual el Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en sesión plenaria

extraordinaria, en el segundo y tercer punto del orden del día

adelantó la “[…] Lectura de 4 actas pendientes […]” y se

escuchó la “[…] Intervención del señor Alcalde, JONÁS DARÍO

HENAO CARDONA, la secretaria de gobierno, ANA MARÍA

URIBE ZULETA, la tesorera Municipal, MARLENY ZAPATA

HERRERA, y la gerente de EMPVAL, MONICA BLANDÓN […]”,

respectivamente, para lo cual se dejó constancia, entre otros

aspectos, de lo siguiente:

“[…] El señor secretario realiza lectura al acta número 001
instalación sesiones extraordinarias junio 2018, el señor
presidente la somete a votación la cual fue aprobada por
todos los concejales presentes. El señor secretario realiza
lectura al acta número 002, designación ponente proyecto de
acuerdo 038, el señor presidente la somete a votación la cual
fue aprobada por todos los concejales presentes. El señor
secretario realiza lectura al acta número 003, primer día de
estudio del proyecto de acuerdo 038, el señor presidente la
somete a votación la cual fue aprobada por todos los
concejales presentes. El señor secretario realiza lectura al
acta número 004, segundo día de estudio del proyecto de

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acuerdo 038, visita al lote donde se pretende construir las
viviendas. El señor presidente la somete a votación la cual fue
aprobada por todos los concejales presentes.
(…)
Toma la palabra el señor presidente da a conocer lo siguiente,
dice que en el reglamento interno artículo 118, parágrafo 2,
dice que el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias
que convoca el alcalde debe tratar sobre los proyectos que se
van a estudiar y el período por el cual se convoca indicando la
fecha de inicio y la fecha de clausura. Entonces es pedirles
aquí de forma verbal pero también lo haremos por escrito,
que ustedes por favor nos envíen un nuevo acto
administrativo donde se aclare el decreto y nos digan de que
fecha y hasta que fecha va, para cumplir con lo estipulado en
el reglamento interno y así darle mayor confiabilidad a estas
sesiones que se han realizado hasta el día de hoy. Lo otro es
escucharlos de lo que quieran compartir con nosotros en esta
mañana […]”.

Luego de esa sesión plenaria extraordinaria de 27 de junio de 2018,

aparece copia del Acta núm. 027 de 29 de junio de 2018, mediante

la cual la ‘Comisión Segunda o de Presupuesto’ del Concejo

Municipal de Valdivia (Antioquia), en primer debate, discutió y votó

la ponencia desfavorable al Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018,

presentada por el concejal JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ,

quien expresó que:

“[…] en el artículo segundo no hay claridad cuando se habla
de pignorar los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones.

Si se está solicitando un cupo de endeudamiento por
$2.179.176.540 millones de pesos, se está actuando en
contravía del ACUERDO No. 004, (31 de mayo de 2016) POR
LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2016 — 2019 “JUNTOS POR VALDIVIA” donde en el Plan
Plurianual de Inversiones en el sector vivienda se proyectó
que solo se solicitaría un crédito hasta por $ 400.000.000

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millones de pesos. Lo anterior significa que para que el
alcalde pueda solicitar un cupo de endeudamiento superior a
lo contemplado en este acuerdo debe solicitar una
modificación al Acuerdo del Plan de desarrollo, ya que solo un
acuerdo puede entrar a modificar o derogar otro acuerdo.

De aprobarse el crédito solicitado el Concejo municipal sería
cómplice de la desfinanciación de lo aprobado en el Plan de
Desarrollo, ya que esta fue la proyección contemplada para
los cuatro años. Lo anterior está contemplado en la Ley 358
de 1997 […]”.

Se dejó constancia que, puesta a consideración la aprobación del

Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018 en primer debate de la

comisión, éste no fue aprobado con la siguiente votación: cero (0)

votos a favor y cuatro (4) en contra. En esta sesión de comisión

participaron los concejales JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ,

JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS, JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ

y DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA, y estuvo ausente el señor

concejal JULIÁN CAMILO ARROYAVE GUZMÁN.

Finalmente, se tiene copia del Acta núm. 008 de 04 de julio de

2018, mediante la cual el Concejo Municipal de Valdivia

(Antioquia), en sesión plenaria extraordinaria, en el tercer, cuarto y

quinto punto del orden del día adelantó la “[…] Lectura de actas

pendientes […]”, se llevó a cabo la “[…] Clausura de las

sesiones extraordinarias citadas a través de decreto No.51

del 28 de junio de 2018, por medio del cual se establece el

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alcance del Decreto 50 de 2018, que convocó al honorable

concejo municipal a sesiones extraordinarias, clausura que

será realizada por el señor alcalde JONÁS DARÍO HENAO

CARDONA […]”, y se hizo la “[…] Lectura de comunicaciones

[…]”, respectivamente, y se dejó constancia, entre otros aspectos,

de lo siguiente:

“[…] El señor secretario realiza lectura de las siguientes actas,
005, 006 y 007, el señor presidente somete una a una a
consideración de la plenaria, las cuales fueron aprobadas una
a una por todos los concejales presentes.
(…)

Pidamos el favor a la administración municipal, si el alcalde va
a hacer presencia, o si designó en alguno de los secretarios
de despacho para hacer la clausura de las sesiones
extraordinarias del mes de junio de 2018, el señor secretario
manifiesta que al averiguar nadie va a venir a realizar la
clausura de las sesiones extraordinarias, entonces el señor
presidente manifiesta lo siguiente: que en vista de que la
administración municipal ninguno va a venir a realizar la
clausura entonces me corresponde a mi determinar la
clausura de las sesiones para las cuales fuimos citados,
agradecerles a cada uno de ustedes por habernos
acompañado durante este proceso de sesiones donde se hizo
el estudio, análisis y debate del proyecto de acuerdo por el
cual fuimos citados relacionado con el empréstito y del cual
pues a continuación daremos a conocer el acta elaborada por
la comisión. No queda más que declarar estas sesiones
clausuradas y continuar señor secretario con el orden del día
y la lectura del acta de comisión.
(…)

El señor secretario procede a realizar lectura, al acta de la
comisión segunda o de presupuesto de la siguiente forma:

Acta no. 027, comisión segunda o de presupuesto,
Siendo las 3:00 de la tarde del 29 de junio de 2018, se
reunió la Comisión Segunda o de Presupuesto en el

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Honorable Concejo Municipal de Valdivia Antioquia,
para dar primer debate al proyecto de Acuerdo 038,
"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
DE VALDIVIA PARA QUE ADQUIERA UN CUPO DE
ENDEUDAMIENTO Y LA CELEBRACION DE UN
CONTRATO DE EMPRESTITO Y/0 CREDITO PUBLICO,
PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS
EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA Y SE DICTAN OTRAS".
(…)
Habiendo suficiente ilustración del proyecto, se pone a
consideración la aprobación del proyecto de acuerdo en
primer debate de la comisión, el cual no fue aprobado.
La votación fue la siguiente, 0 Votos a favor y 4 en
contra del proyecto, habiendo dado primer debate en
los términos legales.
(…)
Nuevamente y para dejar pues constancia en la grabación,
entonces el proyecto de acuerdo no pasa en comisión, por lo
tanto según lo contempla el reglamento interno no llega a la
plenaria, en el acta se deja constancia de los argumentos
jurídicos y técnicos, como los personales expresados por los 4
de los 5 integrantes de la comisión y por lo tanto no es que se
tenga en contra de la administración o que se quiera
torpedear su gestión, sino que hay razones válidas de peso,
tal como lo argumenté en mi exposición, si se pretende lograr
un cupo de endeudamiento superior al que se dejó planeado
en el plan de desarrollo pues se debe solicitar mediante
acuerdo que es la única figura que permite la modificación o
el cambio de otro proyecto de acuerdo, continuemos entonces
señor secretario con el orden del día […]”.

Reposa, a su vez, (i) copia de la Resolución núm. 099 de 5 de julio

de 2018, “[…] Por medio de la cual se reconoce un pago […]”, a

través de la cual la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valdivia

(Antioquia) ordenó el reconocimiento y pago de los honorarios a

los concejales JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ, JHON

FREDY PULGARÍN CUARTAS, DAVINSON ANDRÉS JARAMILLO

BERNAL, RUBÉN DARÍO ZAPATA CARDONA, JULIÁN CAMILO

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ARROYAVE GUZMÁN, DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA,

JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ, CRISTIAN OBERLI

RODRÍGUEZ SOTO, CLAUDIA PATRICIA PERIAÑEZ PARRA,

FREDY ALBERTO BARRIENTOS GÓMEZ y JOSÉ ELÍAS ORTIZ

HOYOS; (ii) copia de la solicitud de expedición de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal, presentada por el presidente del

Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia) de 5 de julio de 2018,

para el pago de los honorarios a los concejales por las sesiones

extraordinarias del mes de junio de 2018; (iii) copia del oficio núm.

060/2018 de 19 de julio de 2018, suscrito por el presidente del

Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), solicitando a la Tesorera

Municipal el pago de los honorarios causados por las sesiones

extraordinarias de junio de 2018; (iv) copia del Certificado de

Disponibilidad Presupuestal CDP núm. 00525 de 25 de julio de

2018, por la suma de $10.374.094,00, expedido por el alcalde

municipal de Valdivia (Antioquia) como ordenador del gasto y la

Tesorera Municipal; (v) copia del Certificado de Registro y

Compromiso Presupuestal CRP núm. 00532 de 25 de julio de 2018,

por la suma de $10.374.094 expedido por el alcalde municipal de

Valdivia (Antioquia) como ordenador del gasto y la Tesorera

Municipal; (vi) copia del Comprobante de Egreso CE núm. 00962 de

25 de julio de 2018, por la suma de $10.374.094, expedido por el

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alcalde municipal de Valdivia (Antioquia) y la Tesorera Municipal; y

(vii) copia de la Orden de Pago OP núm. 00933 de 25 de julio de

2018, por la suma de $10.374.094, suscrita por el alcalde municipal

de Valdivia (Antioquia), la Tesorera Municipal y el presidente del

Concejo Municipal, por concepto de pago de los honorarios a los

concejales por el período de sesiones extraordinarias del mes de

junio 2018.

Y, por último, copia de certificado expedido por la secretaria de

Hacienda del municipio de Valdivia (Antioquia), señora MARLENY

ZAPATA HERRERA, en el que hace constar el nombre de los

concejales que cobraron los honorarios por las sesiones

extraordinarias llevadas a cabo entre el 19 de junio y el 5 de julio

de 2018 y reconocidas por la Mesa Directiva del Concejo municipal

de Valdivia, mediante la Resolución núm. 099 de 5 de julio de

2018, en el que aparecen todos los accionados en el caso concreto,

así:

“[…] LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
VALDIVIA CERTIFICA QUE:

El concejo municipal se reunió extraordinariamente, por
citación que le hiciera el Alcalde, mediante decretos 050 y 051
de 2018, para debatir y decidir sobre el proyecto de Acuerdo
N° 038 de 2018, “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL DE VALDIVIA PARA QUE ADQUIERA UN CUPO DE

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ENDEUDAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE
EMPRÉSTITO Y/O CRÉDITO PÚBLICO, PARA LA FINANCIACIÓN
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO
DE VALDIVIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, razón
por la cual, una vez terminado el período de sesiones
extraordinarias, llevadas a cabo entre el 19 de junio y el 5 de
julio de 2018, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Valdivia, mediante resolución N° 099 del 5 de julio de 2018,
procedió a ordenar el pago de los honorarios a favor de los
concejales que a continuación se relacionan:

NOMBRE DEL CONCEJAL CÉDULA NÚMERO VALOR TOTAL
DE PAGADO PAGADO
SESIONES POR
EN PAGO CADA
SESIÓN

JOSÉ ABELARDO ESCUDERO ORTIZ 3.652.6 8 $120.62 965.032
DAVINSON ANDRÉS JARAMILLO 53
1.045.079.9 8 9
$120.62 965.032
BERNALCAMILO ARROYAVE GUZMÁN
JULIÁN 87
1.045.079.3 8 9
$120.62 965.032
JOSÉ ELÍAS ORTIZ HOYOS 24 3.650.3 8 9
$120.62 965.032
DIANA ISABEL VALENCIA LOPERA 65
22.189.1 8 9
$120.62 965.032
JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ 82
15.296.2 7 9
$120.62 844.403
CRISTIAN OBERLI RODRÍGUEZ SOTO 39
15.296.0 8 9
$120.62 965.032
TOTAL 55 55 9
$120.62 $6.634.595
9

Así mismo, aunque se ordenó el pago de honorarios para
otros cuatro concejales, estos renunciaron al cobro allí
ordenado, quienes a la fecha no han hecho cobro algún (sic),
según desistimiento escrito con radicados internos 0328,
0329, 0333, 0326 de julio de 2018, ellos son:

NOMBRE DEL CONCEJAL CÉDULA NÚMERO VALOR TOTAL
DE PAGADO PAGADO
SESIONES POR
EN PAGO CADA
SESIÓN
JHON FREDY PULGARÍN CUARTAS 70.541.0 8 $0 $0
FREDY ALBERTO BARRIENTOS GÓMEZ 06
3.650.1 8 $0 $0
CLAUDIA PATRICIA PERIAÑEZ PARRA 1.045.076.8
11 7 $0 $0
RUBÉN DARÍO ZAPATA CARDONA 1215.295.2 8 $0 $0
94

Finalmente, se certifica que el pago de honorarios se efectuó
mediante cheque, girado a nombre de cada uno de los
concejales que realizaron el cobro, teniendo como prueba de
ello la relación de concejales anexa a la resolución 099 de

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2018 y en la que se plasmó la firma de quienes recibieron el
pago por dicho concepto.

Cordialmente,

Firmado
MARLENY ZAPATA HERRERA
Secretaria de Hacienda […]”.

Contrario a lo sostenido por el Tribunal en la providencia objeto de

apelación, la Sala, con fundamento en todo el acervo probatorio

recopilado en el asunto bajo examen, logra evidenciar, sin lugar a

dudas, que los concejales accionados sí asistieron a las sesiones

plenarias extraordinarias convocadas por el alcalde municipal de

Valdivia (Antioquia), -a través de los Decretos 050 de 15 de junio y

051 de 28 de junio de 2018-, y que debían tener lugar entre el 19

de junio y 5 de julio de 2018, lo cual ocurrió, oportunamente, el 19,

20, 21, 22, 25, 26 y 27 de junio y 4 de julio de 2018, para un total

de ocho (8) sesiones plenarias extraordinarias, que tenían por

objeto estudiar y discutir el Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018

“[…] Por el cual se autoriza al alcalde municipal de Valdivia para

que adquiera un cupo de endeudamiento y la celebración de un

contrato de empréstito y/o crédito público, para la financiación del

proyecto de inversión denominado Construcción de viviendas

nuevas en el municipio de Valdivia y se dictan otras […]”.

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El concejal JORGE ALBERTO OCAMPO ORTIZ estuvo ausente en

la primera de las sesiones plenarias extraordinarias, según consta

en el Acta núm. 01 de 19 de junio de 2018, razón por la que le

fueron reconocidos y pagados los honorarios de siete (7) reuniones;

los demás accionados asistieron a la totalidad de las ocho (8)

sesiones plenarias extraordinarias, como se pudo comprobar en el

plenario y, por lo mismo, sí tenían derecho a percibir los

respectivos honorarios, habida cuenta que el único requisito exigido

para tal fin es la asistencia comprobada a las sesiones.

A diferencia de las sesiones ordinarias, las extraordinarias son

aquellas que no se efectúan por derecho propio sino por iniciativa

del alcalde del municipio y tienen como propósito someter a estudio

y debate los asuntos previstos en el decreto de la convocatoria, sin

perjuicio del control político que por mandato constitucional se

puede ejercer en cualquier tiempo29, todo lo cual se constató en las

29 Por así disponerlo el artículo 138 de la Constitución Política que regula las reglas de
funcionamiento del Congreso de la República. Sobre este tópico, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C- 565 de 1997 al referirse a la categorización de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Congreso de la República ha señalado: «Las primeras, a
las que se refiere el artículo 138 de la Carta Política, tienen lugar por derecho propio -
es decir, que no dependen de la convocación o citación por parte del Gobierno ni
de otro órgano y que no exigen siquiera la presencia del Presidente de la República en su
instalación para que puedan llevarse a cabo válidamente (art. 139 C.P.)- y se extienden
durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período
principia el 20 de julio y termina el 16 de diciembre y el segundo comienza el 16 de marzo
del año siguiente, para culminar el 20 de junio. Durante estas sesiones el Congreso puede
ejercer la plenitud de sus atribuciones constitucionales, es decir, ejercer el Poder
Constituyente derivado, la función legislativa y el control político sobre los actos
de la administración. Las sesiones extraordinarias se efectúan, en cambio, no por

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actuaciones desplegadas por los concejales en el caso concreto,

quienes en sus reuniones plenarias siempre abordaron el estudio,

discusión y negación final del Proyecto de Acuerdo núm. 038 de

2018, para autorizarle un cupo de endeudamiento al alcalde

municipal, así como la celebración de un contrato de empréstito y/o

crédito público para financiar la construcción de viviendas nuevas

en la jurisdicción de ese ente territorial.

En síntesis, en la sesión plenaria extraordinaria de 19 de junio de

2018, se instaló el período de sesiones extraordinarias convocadas

por el alcalde municipal de Valdivia (Antioquia), que de manera

personal la instaló e indicó el objeto e importancia que para la

administración representaba el estudio del Proyecto de Acuerdo

núm. 038 de 2018, documento en el que se consignó que “[…] se

actuará en sesión plenaria en el estudio de ese proyecto de acuerdo

[…]”; en la sesión plenaria extraordinaria de 20 de junio de 2018,

además del reparto o designación del ponente del Proyecto de

Acuerdo núm. 038 de 2018, se adelantó el primer estudio al

mismo; en la sesión plenaria extraordinaria de 21 de junio de 2018,

la iniciativa y el impulso de los congresistas ni por derecho propio, sino, por
fuera del tiempo de las ordinarias, por la convocación que haga el Ejecutivo
mediante decreto, y, en tal evento, el Congreso únicamente puede ocuparse en el
estudio y decisión de aquellos asuntos que el Presidente señale en el Decreto
convocatorio, sin perjuicio del control político que, por expresa disposición del
artículo 138 de la Carta, "podrá ejercer en todo tiempo"» (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

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con el Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018 corregido, intervino

la secretaria de Hacienda Municipal; en la sesión plenaria

extraordinaria de 22 de junio de 2018, todos los concejales

visitaron los predios donde se tenía proyectado construir las

viviendas para las cuales se solicitó la autorización del empréstito

incluido en el Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018; en la sesión

plenaria extraordinaria de 25 de junio de 2018, estuvieron

presentes el alcalde y la secretaria de Hacienda Municipal,

explicando el marco fiscal de mediano plazo y toda la situación

económica y financiera del municipio de Valdivia (Antioquia), a raíz

del impacto del Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018; en la

sesión plenaria de 26 de junio de 2018, nuevamente asistieron el

alcalde y la secretaria de Hacienda Municipal, en cuyo desarrollo se

dirigieron a todos los concejales en aras de obtener la viabilidad del

Proyecto de Acuerdo núm. 038 de 2018; en sesión plenaria

extraordinaria de 27 de junio de 2018, se le sugirió al alcalde

municipal que mediante decreto fijará la fecha de clausura de las

sesiones extraordinarias del Proyecto de Acuerdo núm. 038 de

2018, debido a que en el acto de convocatoria no se indicó y

adicionalmente se aprobó “[…] por parte de la plenaria del Concejo,

el contenido de las actas número 001, 002, 003 y 004 […]”; y en

sesión plenaria extraordinaria de 4 de julio de 2018, se aprobaron

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las actas número 005, 006 y 007 por el concejo, se conoció el

informe de debate que la Comisión Segunda o de Presupuesto dio al

proyecto de Acuerdo núm. 0038 de 2018 y se invitó al alcalde y

demás funcionarios de esa dependencia al acto de clausura,

quienes no asistieron ante la molestia por la negativa del Proyecto

de Acuerdo núm. 038 de 2018.

De cualquier forma, y a partir de la reiterada jurisprudencia de la

Sala, al Juez no le es procedente establecer la invalidez o

improductividad de las sesiones ordinarias o extraordinarias, en la

medida que constan en actas que gozan de presunción de legalidad

y dicho aspecto no está relacionado directa e inescindiblemente con

la causal de indebida destinación de dineros públicos por el pago de

honorarios a los concejales, por lo que, en aras de desvirtuarla, los

cabildantes deberán demostrar la asistencia a aquellas sesiones por

las cuales recibieron el pago de honorarios.

En virtud de lo anterior, no les asistió razón al solicitante y al

Tribunal al considerar que una vez negado el Proyecto de Acuerdo

núm. 038 de 2018 en sesión de la Comisión Segunda o de

Presupuesto’ del Concejo Municipal de Valdivia (Antioquia), en

primer debate, no podía reconocerse el pago de honorarios por

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concepto de las sesiones plenarias extraordinarias que habían

tenido ocurrencia con anterioridad, esto es, el 19, 20, 21, 22, 25,

26 y 27 de junio, así como tampoco a la posterior, de 4 de julio de

2018, porque solo en las reuniones de comisión podía adelantarse

el análisis y estudio del citado proyecto, pues dejaron de lado que, -

si bien en la sesión de comisión se efectuó la votación

correspondiente al primer debate-, a las sesiones plenarias

extraordinarias asistieron todos los accionados y en éstas se

adelantaron las discusiones preparatorias, cuestionamientos e

indagaciones frente a la materia, visitas a los predios del proyecto

de vivienda, reuniones deliberatorias con el alcalde municipal y sus

secretarios y demás ajustes del proyecto de acuerdo, sin que

resulte como requisito exclusivo que en éstas tenga que votarse

formalmente un proyecto como único criterio para proceder al pago

de honorarios.

En síntesis, con el reconocimiento y pago de los honorarios a los

accionados por su asistencia comprobada a las ocho (8) sesiones

plenarias extraordinarias citadas por el alcalde municipal de Valdivia

(Antioquia), con el objeto de discutir la aprobación del Proyecto de

Acuerdo núm. 038 de 2018, lo que tuvo ocurrencia el 19, 20, 21,

22, 25, 26 y 27 de junio y 4 de julio de 2018, los concejales no

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incurrieron en la causal de pérdida de investidura de indebida

destinación de dineros públicos, como quiera que no cubrieron

objetos, actividades o propósitos no autorizados; no costearon

objetos, actividades o propósitos que sí estuvieran autorizados,

pero que son diferentes a aquellos para los cuales están

previamente asignados; no sufragaron objetos, actividades o

propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

reglamento; no pagaron por materias innecesarias o injustificadas;

no destinaron los dineros públicos con la finalidad de obtener un

incremento patrimonial personal o de terceros; y tampoco

destinaron dineros públicos con la finalidad de derivar un beneficio,

no necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.

La Sala, por lo tanto, al no encontrar probado el elemento objetivo

de la causal de indebida destinación de dineros públicos, lo que

impide continuar con el abordaje del elemento subjetivo, procederá

a revocar la sentencia apelada que decretó la pérdida de

investidura de los concejales accionados y, como consecuencia de

ello, denegará la solicitud de desinvestidura de los concejales, como

en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de diciembre de 2020,

proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar,

DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura de los concejales

accionados.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de febrero de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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