Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2017-01062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 11001-03-15-000-2017-01062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2017-01062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2017-01062-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
24 de abril de 2018
PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Finalidad de la audiencia contemplada en el artículo 11 de la Ley 144 de 1994 / AUDIENCIA EN EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Improcedencia de escritos anticipados
La audiencia contemplada en el artículo 11 de la Ley 144 tiene como propósito darles a los sujetos procesales la oportunidad de exponer sus argumentaciones acerca del asunto, de manera pública (dada la calidad del investigado, como representante del pueblo colombiano), además de brindarles una mayor ilustración frente al caso concreto a los consejeros de Estado que integran la sala de lo contencioso-administrativo, en cuyas manos descansa el deber de proferir la decisión. Asimismo, es una oportunidad propicia para que el demandado, directamente, pueda formular sus razones de defensa. Así las cosas, la intervención de quien no asiste a la mentada diligencia no puede ser suplida en forma escrita, pues, aparte de la finalidad de ofrecer claridad de manera abierta a los demás integrantes de la Sala acerca de las razones de la solicitud y de defensa del investigado, como el criterio del Ministerio Público, el legislador estableció que «Las partes podrán presentar al final de su intervención un resumen escrito», por lo que al solicitante en este trámite no le es dable sustituir dicha oportunidad, que debe surtirse, en principio, oralmente, para hacerlo por escrito, máxime cuando no presentó una excusa legalmente válida por su no asistencia. De igual modo, la estructura del procedimiento judicial, incluida la audiencia, se halla gobernada por el principio universal del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, congruente con el deber de observancia de las normas procesales previsto en el artículo 13 del Código General del Proceso (CGP), reiterado, para el caso que nos ocupa, por el artículo 17 (letra a) de la Ley 144 de 1994, cuya violación da lugar al recuso extraordinario de revisión de la sentencia de pérdida de investidura. Permitir que una de las partes no asista a la audiencia y que a cambio presente anticipadamente un escrito para que sea tenido en cuenta en esta diligencia, desconoce: i) el procedimiento legal prestablecido, que es de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento; ii) el deber legal de las partes de «Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias» y «Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias» previstos en el artículo 78 (numerales 7 y 8) del CGP; iii) se altera el equilibrio procesal de las partes, al concederle una prerrogativa (contra legem) a la que estando obligada a concurrir no lo hace, en contra de la que sí se somete al cumplimiento de la ley, y asiste a la audiencia. Aceptar la hipótesis planteada desnaturalizaría la audiencia, en la medida en que la dejaría sin objeto, pues la otra parte también tendría derecho a inasistir y a presentar igualmente escrito anticipado, en gracia de aplicación del principio de la igualdad, pero ese no es el alcance de la ley. En este orden de ideas, la Sala no tendrá en consideración el memorial «[…] PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA» arrimado por el peticionario el 28 de agosto de 2017.
FUENTE FORMAL: LEY 144 DE 1994 – ARTICULO 11
PROHIBICIÓN A QUIENES DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS DE HACER CONTRIBUCIONES A PARTIDOS, MOVIMIENTOS O CANDIDATOS, Y DE INDUCIR A OTROS A QUE LAS HAGAN – Falta de prueba
En el caso que ocupa la atención de esta Sala, de las pruebas recaudadas se tiene que, en lo concerniente a la presente causal, no se encuentran demostrados los supuestos fácticos de la norma constitucional atañederos a «hacer contribución» o «inducir a otros a que lo hagan», por cuanto si bien es cierto que el senador Segundo Senén Niño hace parte del comité ejecutivo nacional del Polo Democrático Alternativo (junto con otros parlamentarios, según Resolución 1938 de 25 de julio de 2015 del Consejo Nacional Electoral) y, en tal condición, ha asistido a algunos eventos del mencionado partido y, conforme a los estatutos de este (artículo 10 , numeral 1), de apoyo a candidatos a la alcaldía (como la doctora Clara López Obregón) y al concejo de Bogotá, también lo es que por su condición de congresista no le está vedado este tipo de participaciones, máxime cuando no comportan contribuciones siquiera de carácter patrimonial. (…) En lo atinente al asunto, se insiste, al congresista investigado no le está constitucional ni legalmente prohibida su participación en el partido Polo Democrático Alternativo, además, su apoyo a la candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá se ciñó a la asistencia a algunos eventos, en su mayoría, en horas inhábiles (sábados 13 de diciembre de 2014, 11 y 25 de abril, 30 de mayo y 22 de agosto de 2015 y 16 de abril de 2016; viernes 27 de marzo y 16 de octubre de 2015; domingos 19 de abril y 13 de diciembre de 2015 y 21 de febrero de 2016) y otros no ocuparon todo el día (la inscripción de la candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá el jueves 23 de julio de 2015 y una rueda de prensa realizada el martes 4 de agosto del mismo año), pero sin que se evidencie que estos interfirieran en el giro ordinario de su función parlamentaria o que se hubiese aprovechado de su calidad de senador para influir en el electorado. (…) Por otra parte, en lo referente a inducir a otros a que hagan contribución a partidos o candidatos, en la solicitud de pérdida de investidura se alega que el accionado designó e impulsó a miembros de su UTL, en particular a los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate (asistentes V y IV, en su orden), para que destinaran la mayor parte de su tiempo laboral en apoyar la campaña de la excandidata a la alcaldía de Bogotá Clara López Obregón (2016-2019) desde agosto de 2014 hasta el 25 de octubre de 2015, sin embargo, advierte la Sala que el material probatorio recaudado tampoco permite evidenciar dicha circunstancia ni mucho menos contribuciones de carácter económico pedidas por el senador a alguno de sus colaboradores de la unidad de trabajo legislativo.
Lo anterior, en atención a que si bien los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate también asistían a reuniones y eventos convocados por el Polo Democrático Alternativo, incluso de apoyo a la entonces candidatura a la alcaldía de Bogotá de la doctora Clara López Obregón, no se demostró que haya sido por inducción del senador accionado, ni que hubiesen realizado aportes económicos a aquella, puesto que a pesar de que el testigo Luis Fernando González Zapata adujo que en una de las reuniones de la UTL el congresista Segundo Senén Niño dijo: «yo designé a unos compañeros de la UTL para que acompañaran la labor o el trabajo de la campaña de Clara López Obregón», ese comentario lo hizo luego de terminada la aludida campaña y no fue testigo directo o presencial de que en alguna ocasión haya designado a alguien para tal propósito o que los mencionados señores hayan sido destinatarios de alguna orden de ese tipo; además, aseguró que acotaciones de esa clase las hacía el señor Hollmann Molano, pues rara vez el senador los acompañó a las reuniones de la UTL durante el 2015, y aquel en una oportunidad les indicó que era obligación de ellos como colaboradores de la UTL seguir la orientación política del senador de apoyar a la mentada candidata, pero no arguyó ser obligado a ello o que le haya tocado cambiar su preferencia política, por lo que fue un comentario sin incidencia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA – ARTICULO 110
INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS – Elementos configurativos / INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS – No se probó que los integrantes de la UTL hubiesen ejercido, durante su horario laboral, tareas distintas a las propias del cargo
Para que se estructure la causal objeto de estudio resulta necesario demostrar que la persona acusada de haber incurrido en ella: (i) haya ejecutado la conducta en condición de congresista; (ii) en ejercicio de su investidura, destine dinero público a propósitos diferentes a los previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, esto es, a materias, actividades o finalidades no autorizadas, o que a pesar de estar avaladas son diferentes a las que se encuentran asignados, o los aplique a objetos prohibidos, superfluos o injustificados; (iii) que lo haga orientado o no a obtener un beneficio económico, propio o ajeno; y (iv) no es indispensable que el congresista sea ordenador del gasto, pues lo importante es que utilice «[…] instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos como ha ocurrido frente a la contratación pública, los anticipos y las autorizaciones. Incluso, […] en los eventos de cesión de tiquetes aéreos, la asignación de funciones distintas a los funcionarios públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo, el desarrollo de funciones a esos mismos funcionarios en lugares diferentes al sitio de trabajo y por motivaciones que no consultan el servicio público, entre otros». (…) En el caso sub examine no se encuentra configurada la causal de indebida destinación de dineros públicos, puesto que, como se dejó anotado en precedencia, no se demostró que el congresista investigado le haya cambiado las funciones a alguno de los servidores públicos que integran su UTL, como lo afirma el demandante, con el propósito de brindar apoyo a la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá (2016-2019), tampoco que los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, quienes se desempeñan como asistentes V y VI, en su orden, de su UTL, hayan ejercido labores distintas a las atañederas al trabajo legislativo del senador demandado o que hayan destinado su tiempo laboral a actividades concernientes a la promulgación y promoción del partido Polo Democrático Alternativo. Lo anterior en la medida en que, en primer lugar, obran publicaciones de fotografías de eventos y reuniones del partido Polo Democrático Alternativo en redes sociales, como Facebook y Twitter, y en otras páginas electrónicas, que en su mayoría no es dable determinar la veracidad de la fecha y hora de esas actividades, pues solo es posible ver en algunas la fecha de publicación, la red social fuente de esta y unas pocas contienen la hora de divulgación, de las cuales se puede destacar que en lo atinente al señor Hollmann Édisson Molano Páez, fueron pocos los eventos a los que asistió, tales como los días lunes 22 de septiembre de 2014 (hora indeterminable), sábado 29 de noviembre de 2014, martes 14 de julio de 2015 (publicación hecha a las 6:11), el viernes 11 de septiembre de 2015 (divulgación efectuada a las 15:39), el martes 15 de septiembre de 2015, el viernes 16 de octubre de 2015, el domingo 21 de febrero de 2016 y el sábado 16 de abril de 2016 (las últimas sin precisar hora). Por otro lado, en lo referente al señor Nelson Emiro Linares Zárate en dichas redes sociales y páginas web se evidencia su participación en varios eventos convocados por el Polo Democrático Alternativo, algunos con ocasión de las campañas de la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá Clara López y de personas postuladas por el partido para juntas administradoras locales y concejo de Bogotá, realizadas en su mayoría los días sábados y domingos, y algunas entre semana (sin que sea posible determinar la hora, pero cuyas publicaciones fueron cerca de las 16:30 o 17:00, incluso en la noche).
Asimismo, la participación en varias actividades realizadas por el aludido partido fueron aceptadas por los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate en la audiencia de testimonios, pero aclararon que fueron en días y horas que no interferían con el ejercicio de sus empleos públicos, sin que hubiesen tenido la necesidad de solicitar permiso alguno para tal propósito, cuya versión coincide con la de las señoras Clara López Obregón y Elizabeth Cortés Suárez, quienes afirmaron, en su orden, que «Las reuniones se hacen en horarios nocturnos porque el grueso de sus integrantes labora en distintos trabajos y no están disponibles durante las horas diurnas […]», y solo ocasionalmente los veían en la casa amarilla, máxime cuando el movimiento del partido empieza en las noches. (…) Se itera que de las pruebas aportadas al expediente no es posible evidenciar que los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate destinaron parte de su tiempo de trabajo a actividades del partido político Polo Democrático Alternativo, en especial, relativas a la candidatura de Clara López Obregón a la alcaldía de Bogotá (2016-2019), puesto que, por una parte, los testigos del solicitante no les constaba si cuando no los veían en la sede del Congreso, en particular al señor Nelson Linares, estaban en la casa amarilla o en el ejercicio de sus labores propias como miembros de la UTL, y, por otra, las reuniones señaladas por el peticionario, en su mayoría fueron los fines de semana y entre semana en horarios nocturnos, esto es, fuera del horario laboral, tal como lo corroboraron los testigos del demandado, incluso si unas pocas tuvieron lugar en horas hábiles, no se demostró durante cuánto tiempo o que interfirieran en el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, no resulta procedente la pérdida de investidura deprecada por la causal de indebida destinación de dineros públicos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA – ARTICULO 183 NUMERAL 4 / LEY 5 DE 1992 – ARTICULO 296
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01062-00(PI)
Actor: JAIME LARA TAMAYO
Demandado: SEGUNDO SENÉN NIÑO AVENDAÑO
Procede la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del proceso relacionado con la acción de pérdida de investidura incoada por el señor Jaime Lara Tamayo contra el señor Segundo Senén Niño Avendaño, como senador de la República durante el período constitucional 2014-2018.
I. LA SOLICITUD (ff. 1A a 20 c. 1).
1.1 Pretensión. El solicitante depreca se declare la pérdida de investidura del senador Segundo Senén Niño Avendaño, elegido para el período constitucional 2014-2018, al haber incurrido en (i) la causal contenida en el artículo 110 de la Constitución Política, según la cual «Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley», (ii) indebida destinación de dineros públicos y (iii) tráfico de influencias debidamente comprobado, «[…] en consideración a […] las conductas de acción y omisión relacionadas en los hechos que a continuación se describen […]».
1.2 Hechos. Relata el peticionario que, con oficio de 14 de junio de 2014, el demandado (en calidad de senador elegido para el período 2014-2018) postuló, ante la dirección general administrativa del Senado de la República, a los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate para hacer parte de su unidad de trabajo legislativo (UTL), quienes fueron nombrados en los cargos de «Asistente grado V y Asistente grado IV», respectivamente, y posesionados en legal forma.
Dice que el demandado dispuso que el señor Hollmann Édisson Molano Páez fuera quien estuviera al frente del funcionamiento de la oficina del congresista y encargado de distribuir las «tareas y obligaciones de los miembros de la U.T.L.».
Que el senador accionado «[…] promueve e impulsa políticamente la candidatura de la Presidencia de su colectividad Dra. CLARA LOPEZ OBREGON a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el periodo 2016-2019 […]» (sic). Asimismo, permitió que los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, quienes hacían parte de su UTL, desde agosto de 2014 participaran activamente en la consolidación de la precandidatura de la doctora López, pues de manera periódica asistieron a reuniones de carácter político, así como el congresista acusado, quien además compartió mesa en la dirección política de la precandidata junto con los aludidos funcionarios; de igual modo, estos intervienen en reuniones de diversa índole en «representación» de la señora Clara López Obregón.
Sostiene que el 13 de abril de 2015 el señor Hollmann Édisson Molano Páez presentó al señor Carlos Fernando Rincón Junco, «estudiante judicante» de la UTL, para que «[…] apoyara la labor del Abogado señor LUIS FERNANDO GONZÁLEZ ZAPATA, ya que el Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO le ha permitido al otro abogado y miembro de la U.T.L. señor NELSON EMIRO LINARES ZARATE, dedicarse al cien por ciento a las actividades de la “Casa Amarilla” […]» (sic), sede de la mencionada precandidata.
Que el 25 de abril de 2015, el Polo Democrático Alternativo «[…] realiza la reunión de líderes nacionales en la “Cumbre del Polo Paz” que contó con la dirección y organización del señor NELSON EMIRO LINARES ZARATE y con la presencia del Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO […]» (sic).
Que el 30 de mayo de 2015 se realiza el «Acto de Proclamación de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON» (sic), en el cual el señor Nelson Emiro Linares Zárate realiza proselitismo político en presencia y con el beneplácito del demandado, quien asiste como promotor de esa candidatura y miembro del citado partido político.
Asegura que el 4 de junio de 2015, «[…] bajo la dirección de la Presidente del partido Polo Democrático Alternativo Dra. CLARA LOPEZ OBREGON y la presencia y participación del Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO, se instala el nuevo Comité Ejecutivo Distrital de Bogotá del Polo Democrático Alternativo del cual, el Sr. NELSON EMIRO LINARES ZARATE es DESIGNADO PRESIDENTE […]» (sic), cuyo propósito era «[…] impulsar las acciones estratégicas de la campaña electoral de octubre de [ese] año […]».
Que conforme a la publicación «El circulo [sic] de Clara López» (portal web lasillavacia.com), el 2 de julio de 2015, los señores «[…] NELSON LINARES y DONALDO CASADO, Presidente y Secretario del Polo respectivamente a nivel distrital, son los enlaces con las bases polistas en la ciudad […]», con quienes se coordinan los eventos en las localidades, el trabajo con ediles y el encuentro con los grupos sociales. El primero de ellos publica en la página oficial del partido comunicados de «[…] dirección del partido y se pronuncia sobre la actualidad política y electoral como se observa en las páginas [del Polo Democrático Alternativo] del 10 de junio de 2015 [… y] 8 de julio de 2015 […]».
Que el 25 de junio de 2015, el señor Nelson Emiro Linares Zárate «[…] pronuncia emotivo discurso a favor de la [doctora] CLARA LOPEZ OBREGON candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Sra. XINIA NAVARRO candidata al Concejo de Bogotá […]» (sic), y el 19 de julio de 2015, en el acto político «Presentación del Programa Bogotá Ciudad de Oportunidades», aquel realiza proselitismo político a favor de la candidatura de la señora López, quien el 23 de los mismos mes y año inscribe su candidatura, acompañada del demandado y el citado señor Linares Zárate.
Afirma que el senador demandado el 12 de noviembre de 2015, en reunión con su unidad de trabajo legislativo, realizó un balance del período electoral y manifestó que «[…] para apoyar la campaña de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON a la Alcaldía Mayor de Bogotá “DESIGNO” a varios compañeros de su U.T.L.».
Que el 8 de octubre de 2015 el señor Nelson Linares, en su condición de presidente del comité ejecutivo distrital del Polo Democrático Alternativo, lidera reunión con servidores distritales a favor de la campaña de la señora Clara López Obregón. Agrega que entre agosto de 2014 y el 25 de octubre de 2015 los referidos funcionarios Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, destinaron la mayor parte de su tiempo laboral a la asistencia, apoyo, organización y dirección de la campaña electoral de la señora Clara López (por designación que les hiciera el demandado), como lo muestran varios medios de comunicación.
Que a pesar de que la contienda electoral terminó el 25 de octubre de 2015, el señor Nelson Emiro Linares Zárate «[…] sigue trabajando en actividad de su partido político como Presidente del Comité Ejecutivo Distrital de Bogotá del Polo Democrático Alternativo, organizando, dirigiendo, promoviendo y realizando manifestaciones públicas de diversa índole, entre ellas, en contra de la nueva administración del distrito capital y sus políticas», incluso, el 23 de enero de 2017 se presenta en rueda de prensa como integrante del comité «UNIDOS REVOCAMOS A PEÑALOSA” de la alcaldía de Bogotá.
Concluye que, pese a los hechos descritos, el demandado mantiene en la nómina del Congreso de la República a los referidos funcionarios como miembros de su unidad de trabajo legislativo, sin haber «[…] manifestado novedad alguna respecto a la situación laboral […]» de ellos.
1.3 Las causales de pérdida de investidura invocadas:
1.3.1 Haber incurrido en la prohibición contenida en el artículo 110 de la Constitución Política, consistente en «[…] hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley». Al respecto el solicitante arguye que «Con la “DESIGNACION” que el Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO hiciera a los funcionarios públicos señores HOLLMAN EDISSON MOLANO PAEZ y NELSON EMIRO LINARES ZARATE para “APOYAR” la campaña política de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el congresista falta con la debida Administración Pública y a su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Colombia, en contra vía de lo dispuesto en su artículo 110» (sic).
1.3.2 Indebida destinación de dineros públicos. El peticionario explica que «Igualmente, con la [aludida]“DESIGNACION” que el Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO hiciera a los [mencionados] funcionarios públicos […] para “APOYAR” la campaña política de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el congresista premeditadamente cambia las funciones que debían cumplir estos servidores como lo es “el logro de una eficiente labor legislativa” del congresista (art. 388 Ley 5 de 1992), por las de: apoyar, acompañar, dirigir, organizar y hacer proselitismo político a favor de su candidata; lo que evidencia que los recursos públicos con los que se cancela el salario y prestaciones a estos funcionarios fueron destinados para un fin diferente al que por Ley estaban destinados […]».
1.3.3 Tráfico de influencias debidamente comprobado. Además de reiterar el argumento relacionado en el párrafo precedente, aduce que el senador demandado «[…] ha utilizado su cargo e investidura para deliberadamente cambiar las funciones que debía cumplir el servidor público Sr. NELSON EMIRO LINARES ZARATE como lo es “el logro de una eficiente labor legislativa” del congresista (art. 388 Ley 5 de 1992) y en su lugar permitir que éste funcionario ejerza como Presidente del Comité Ejecutivo Distrital de Bogotá del Polo Democrático Alternativo y así velar por los intereses y organización de su partido político, en particular los de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON. Por lo que el congresista falta con la debida Administración Pública y a su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Colombia, trasgrediendo su artículo 183 numeral 4 […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
La solicitud de pérdida de investidura fue presentada el 27 de abril de 2017 (f. 1A c. 1), admitida mediante auto de 2 de mayo siguiente (ff. 56 y 56 vuelto c. 1), notificado personalmente el 8 y 12 de los mismos mes y año al agente del Ministerio Público y al demandado, en su orden (ff. 61 y 62 c. 1).
2.1 Contestación de la solicitud (ff. 64 a 129 c. 1). El 17 de mayo de 2017, el demandado, por medio de apoderado, presentó escrito de respuesta a la solicitud de pérdida de investidura, para lo cual se opuso a las pretensiones; asimismo, se refirió a los hechos de esta en el sentido de que los distinguidos con los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 24 y 34 son ciertos, el 16, 25, 33 y 37 lo son parcialmente, el 8, 9, 18, 21, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 41 y 42 no lo son, el 2, 13, 14, 15, 20, 28, 31 y 32 no le constan y el 7, 10, 11, 19, 22, 23, 38, 39 y 40 no constituyen situaciones fácticas.
Como argumentos de defensa, asevera que «[…] En relación con la presunta participación en política de los señores Hollman [sic] Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zarate [sic], es importante establecer que este aspecto es irrelevante en el marco del proceso de perdida [sic] de investidura, puesto que en el presente proceso no se discute la eventual violación de las prohibiciones de participación en política de estos servidores públicos establecidas en la Constitución y la Ley». Pero, «[…] en el caso de que esta discusión sea relevante, es importante manifestar, en primer lugar, que [él] no ha dado orden, directriz o recomendación de participar en política en favor de determinado candidato».
Que «[…] lo que prohíbe el ordenamiento jurídico es el uso de la investidura del empleado público para fines políticos, es decir, que se antepongan las potestades públicas del cargo y se utilicen en pro de determinados intereses. Sobre este punto es importante destacar que no existe prueba de que los señores Hollman [sic] Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zarate [sic] hubiesen utilizado el empleo como medio de presión para favorecer determinada campaña o se hubiesen utilizado las funciones propias del cargo con dicha finalidad».
Que además «[…] no existe prueba de que [él] hubiese inducido a los señores Hollman [sic] Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zarate [sic] a que realizaran contribuciones a algún partido político, movimiento o candidato, siendo este el aspecto esencial de la causal de perdida [sic] de investidura invocada por el accionante. Si existió contribución, pero esta fue realizada por voluntad propia de quienes intervienen no se configura la causal de perdida [sic] de investidura, aspecto que debe estar debidamente comprobado».
Sostiene que no incurrió en tráfico de influencias, puesto que «[…] respecto de que [este] se genera por la participación de los miembros de su UTL en los distintos escenarios de la política nacional, debe indicarse que esta afirmación carece de sustento probatorio y jurídico en los términos exigidos por la jurisprudencia de esa corporación, ya que […] de forma alguna [él] otorgó u ofreció dinero o dadiva a persona alguna, en pro de obtener beneficio alguno, contrario a ello, los funcionarios de su cumplen sus funciones sin que por ello por fuera del ámbito funcional» (sic).
Arguye que «[…] se requiere que el tráfico sea realizado sobre otro servidor público, lo cual, y para el caso que nos atañe, no acontece por varias razones, la principal es que [él] en momento alguno realizó ofrecimiento o promesa de dinero o dadiva [sic] a alguien, cosa que es elemento esencial de la conducta, y que de ninguna manera se demuestra o indica en el escrito de demanda, por otra parte, el consejo de estado [sic] ha sido enfático y reiterativo en indicar que se requiere que dicho ofrecimiento tenga como objeto la decisión favorable por parte de otro funcionario público, sin importar su jerarquía, requisito que […] NO se evidencia en la presente demanda, ya que en el mencionado escrito, la contraparte no hace relación alguna a funcionario público diferente [al demandado], y menos aún indica qué clase de beneficio obtuvo con el presunto tráfico de influencias».
Afirma que tampoco está incurso en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos públicos, toda vez que «[…] contrario a lo que indicó la contraparte en el escrito de demanda, [él] siempre ha propendido por el ejercicio de sus deberes como parlamentario, prueba de ello es su impecable historial de participación en las distintas sesiones del senado y participación activa en los debates a los cuales debe asistir». Por otra parte, «[…] dicho comportamiento se evidencia también, con las diversas directrices impartidas a los miembros de su UTL, en donde […] indica las labores a desarrollar por parte de estos, donde claramente, y tal y como lo indica la contraparte en las actas allegadas en el escrito de demanda, son labores relacionadas exclusivamente con el trabajo legislativo, y NO con injerencia o permisividad respecto de actividades extralaborales que atañen de forma exclusiva al libre albedrio de su equipo legislativo».
Que «[…] nada de lo indicado en el escrito de la demanda, puede llevar a concluir de forma inequívoca, que [él] participó activa u omisivamente en la destinación indebida de dineros públicos, de hecho, esto no resulta más que una aseveración carente de sustento probatorio y que permite evidenciar que el ánimo de la contraparte no es otro distinto al de generar[le] un perjuicio […] utilizando medios engañosos e ilegales para hacer valer sus tesis».
Agrega que «[…] hablar de responsabilidad a título personal de [él] no sería procedente por dos razones específicas, primero porque el desplegar realizado por los integrantes de su UTL no es contrario a derecho, ello acorde con lo expresado por la sentencia C-454/93 […]», además «[…] de él nunca dependió el actuar de los miembros de la UTL en las actividades NO relacionadas con la mencionada unidad».
Que «[…] sería contrario a Derecho indicar, que sobre él existió conocimiento y voluntad a título de dolo (en el evento de haber actuado en contra a derecho, lo cual se reitera NO aconteció) en la ejecución de un presunto tráfico de influencias o la presunta destinación indebida de recursos públicos, esto en razón a que el comportamiento de sus empleados fue conocido de forma efectiva por el senador, pero él nunca creyó que dicho actuar fuere contrario a derecho, ya que con este efectivamente no se obtuvo de forma alguno un provecho contrario a la ley, ni menos aun [sic] fue efectuado en desmejoramiento de la propia UTL, tal y como se demuestra en el acervo probatoria [sic] y con lo cual quedaría desvirtuada cualquiera de las aseveraciones maliciosas de la contraparte».
Por otro lado, formula tacha respecto de los testigos deprecados por el solicitante de la pérdida de investidura, «[…] en relación a lo indicado por el artículo 211 del Código General del Proceso ya que estos testigos se encuentran en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad, esto porque los mismos han instaurado demandas en contra del congreso de la república por la declaratoria de insubsistencia respecto de los cargos que desempeñaban en [su] UTL […], motivo que de suyo evidencia su interés directo respecto de la pretendida pérdida de investidura».
2.2 Período probatorio. A través de auto de 20 de junio de 2017 (ff. 224 a 227 vuelto c. 2), se ordenó tener como pruebas la mayoría de las aportadas por el solicitante y las allegadas por el demandado, se rechazó una, se negaron las grabaciones magnetofónicas de las reuniones de la UTL del accionado (anexadas por el peticionario) y la consistente en oficiar al señor Jorge Bernal acerca de si el señor Nelson Linares Zárate integró los órganos de dirección de la campaña de la doctora Clara López para el período 2016-2019 y si aportó dineros a esta, dada la condición de aquel de gerente de dicha campaña (deprecada por el accionado) y, en su lugar, se dispuso su testimonio; se decretaron las demás pedidas por las partes y de oficio otra, las cuales se practicaron.
Mediante memorial de 10 de julio de 2017 (ff. 316 a 318 c. 2), el apoderado del accionado insiste en la tacha de los testigos planteada en el libelo introductorio (respecto de los señores Luis Fernando González Zapata y Raúl Alberto Galvis Pérez), ya que ellos «[…] se encuentran en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad toda vez que los mismos fueron desvinculados de la Unidad de Trabajo Legislativo de mi poderdante por cuanto no satisficieron las exigencias que, en cuanto al trabajo legislativo, el senador estimaba pertinente. Tal desvinculación fue la consecuencia lógica de continuos roces, discusiones y desavenencias entre mi prohijado y los señores González Zapata y Galvis Pérez».
Alega que «Días después de haber contestado el libelo introductorio fui informado por mi poderdante que, en audiencia preparatoria dentro de una causa penal en la que el senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO es víctima del punible de extorsión, la defensa solicitó como testigo a su favor; y, por ende, en contra del Senador que represento, al señor RAUL ALBERTO GALVIS PEREZ. La sindicada dentro de la causa penal también formó parte de la UTL de mi mandante siendo compañera de trabajo de los deponentes y hoy se encuentra privada de su libertad por haber sido capturada en flagrancia» (sic).
Por lo tanto, «[…] estudiada juiciosa y pormenorizadamente su relación con los deponentes y fundado en los indicios presentados mi prohijado llegó a la conclusión de que posible o presumiblemente los hoy deponentes podrían estar detrás de una estratagema, constituida por una serie de hechos, que podría enmarcarse dentro de una posible participación en actos de extorsión en contra del Senador SEGUNDO SENENE [sic] NIÑO AVENDAÑO, por lo que mi prohijado procedió a denunciarlos penalmente, estando a la fecha investigados por la Fiscalía General de la Nación».
Que «Los testigos LUIS FERNANDO GONZALEZ ZAPATA y RAUL ALBERTO GALVIS PEREZ, tienen interés marcado en las resultas del proceso y manifiesta enemistad con el Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO por lo que su testimonio claramente estará parcializado en contra de mi poderdante y su credibilidad a todas luces viciada, conforme a como se observara en el testimonio por ellos rendido, por lo que la tacha propuesta sobre ellos a todas luces deberá prosperar» (sic), para lo cual anexa «[…] a) Pantallazos de los procesos instaurados por los deponentes en contra del senado de la república; y, b) primera hoja de la denuncia penal instaurada por mi poderdante, por el presunto punible de extorsión, contra los deponentes […]».
El 12 de julio de 2017 (ff. 350 a 391 c. 2), se celebró audiencia de testimonios en la que el solicitante no asistió, el apoderado del demandado reiteró la tacha de los testigos del actor por sospechosos (quienes en efecto asistieron), uno de ellos aportó documentos relacionados con su declaración y el accionado desistió de 4 de los 8 testimonios deprecados en el escrito de contestación, los restantes se recibieron.
Con proveído de 27 de julio de 2017 (f. 467 c. 3), en atención a que la etapa probatoria se encontraba agotada y en aras de garantizar los derechos de defensa y contradicción, se dispuso correr traslado a las partes y al señor agente del Ministerio Público de las pruebas incorporadas al expediente por el término de tres (3) días, conforme al artículo 110 del Código General del Proceso.
2.3 Audiencia pública. Concluida la etapa probatoria, por medio de auto de 17 de agosto de 2017 (f. 485 c. 3), se fijó el 29 de los mismos mes y año para celebrar la audiencia pública prevista en el artículo 10 de la Ley 144 de 1994, en la que intervinieron, en su orden, el magistrado conductor del proceso, el señor agente del Ministerio Público, el demandado y su apoderado (el solicitante no asistió), quienes presentaron por escrito sus alegatos (ff. 674 a 677 c. 3).
2.3.1 Concepto del Ministerio Público (ff. 584 a 628 c. 3). El señor procurador séptimo delegado ante esta Corporación, en su intervención, la cual también aportó por escrito, conceptuó en el sentido de que se deben negar las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.
En primer lugar, manifiesta que «[…] conforme al fundamento fáctico que expresa el actor en su escrito de demanda la pérdida de investidura ha de ser considerada solo en relación con el numeral 4º del artículo 183 Superior, pues el demandante no explica de manera clara la causal del artículo 110 constitucional, tampoco en uso de la labor interpretativa que es inherente al operador jurídico es posible inferir del supuesto fáctico la configuración de esta causal de pérdida de investidura […]».
Que «Tampoco considera viable subsumir el supuesto fáctico expuesto por el demandante en su escrito en la causal de[l] numeral 5o ibídem que se refiere al tráfico de influencias debidamente comprobado pues en ninguno de los apartes del capítulo de hechos de la solicitud de perdida [sic] de investidura el actor hace alusión al hecho de que el senador antepone “…la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el hacer solicitado”».
Estima que «[…] el fondo del asunto litigioso propuesto o problema jurídico planteado en sentir de esta Delegada consiste en determinar si el senador de la República, doctor Segundo Senén Niño Avendaño, incurrió en la causal de pérdida de investidura “Por indebida destinación de dineros públicos”, consagrada en el numeral 4.° del artículo 183 de la Constitución Política, al permitir o designar para la prestación de servicios “Desde agosto de 2014 hasta el 25 de octubre de 2015 los señores HOLLMAN EDISSON MOLANO. PAEZ y NELSON EMIRO LINARES ZARATE siendo funcionarios del Congreso de la República como ASISTENTES de la Unidad de Trabajo Legislativo U.T.L. del senador Segundo SENEN NIÑO AVENDAÑO y bajo la designación y con el beneplácito del congresista, destinaron la mayor parte de su tiempo laboral a la asistencia, apoyo, organización y dirección de la campaña electoral de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGÓN a la Alcaldía Mayor de Bogotá y candidatos al Concejo y Ediles de Bogotá” a los cuales por razón de su vinculación como empleados se les cancelaban sus emolumentos con dineros provenientes del erario […]».
Que «El estudio que se hará por esta Delegada sólo comprenderá la actividad del señor Nelson Emiro Linares Zárate no así la del señor Hollman [sic] Edisson [sic] Molano Páez, por cuanto que la actividad probatoria del demandante no lo comprendió ni siquiera indirectamente, la misma en sentir de esta Agencia del Ministerio Público se refirió a la particular situación del primero de los nombrados».
Luego de relacionar las pruebas relevantes que obran en el expediente, precisa que, en lo referente a la tacha de los testigos de la parte solicitante por sospechosos, «[…] no se evidencia sentimiento o interés alguno que lleve a los testigos a manifestar una versión que no sea acorde con la imparcialidad que le debe orientar, si bien es cierto lo de la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no lo es menos que por tal motivo pueda tacharse el testimonio, se trata de dos procesos distintos entre sí y sin relación alguna; la pérdida de investidura corresponde al ejercicio que tiene todo ciudadano de ejercer control sobre los elegidos senadores». Asimismo, «En lo que atañe con el hecho de estar involucrados en un proceso penal que se iniciara por el punible de extorsión no se prueba tal afirmación en debida forma, no hay elemento que corrobore tal aserto, no existe en el plenario prueba que demuestre la vinculación de los testigos a proceso penal alguna [sic] y que del mismo ellos tengan noticia». Por lo tanto, «[…] la tacha debe ser desestimada y darles el valor a sus declaraciones conforme a las reglas de la sana crítica».
Advierte que «[…] quienes declaran como testigos de cargo no les consta el hecho de que el senador haya tomado esa decisión y designara al servidor de su UTL para atender asuntos de la campaña de la candidata Clara López Obregón, son contestes en manifestar que tal hecho no les consta, - es más al unísono coinciden en que ninguno de ellos recibió instrucción, orden, recomendación o insinuación del senador Niño Avendaño con tal propósito».
De igual modo, «[…] si bien los testigos de cargo afirman que no vieron al señor Linares en las dependencias de la UTL no por ello se puede deducir que su no presencia obedecía a que se encontraba acompañando y prestando sus servicios a la campaña electoral, silogísticamente no resulta válido afirmar que la no presencia en la UTL del servidor permite inferir su participación en la campaña electoral y de contera la destinación de la jornada de trabajo a asuntos distintos a los propios de la labor del congreso». Incluso, «[…] la propia candidata la doctora Clara López manifiesta que del senador Niño Avendaño no recibió propuesta alguna conforme a la cual le asignaría personal de su UTL para que trabajara en la campaña».
Que en «[…] lo relacionado con la participación del señor Linares Zapata [sic] en la campaña electoral destinando para tal actividad el horario de trabajo de la UTL tampoco resulta probado fehacientemente, al punto tal que despoje de toda duda la afirmación por los testimonios, es más conforme a los dichos de estos se tiene que la campaña se adelanta en horarios que no interferían con la actividad ordinaria de los simpatizantes, por ello resulta razonable y comprensible que las actividades se lleven a cabo en horarios nocturnos lo mismo que las reuniones de los militantes que se integran a grupos de coordinación o de dirección que como en el caso del señor Linares Zarate [sic] era una actividad ad honoren y no sujeta a horario alguno, que concurra con su actividad laboral», por lo que resulta una actitud contraria a la lealtad procesal cuando el solicitante afirma, en los hechos del libelo introductorio, que dichas reuniones tuvieron lugar en días y horarios laborales.
Dice que, por otro lado, el hecho de que el señor Nelson Emiro Linares Zárate haya sido parte de la directiva del Polo Democrático Alternativo, «[…] per se no configura ni permite inferir que la actividad que desarrolla como tal coincidía con la de su condición de servidor público, pues como lo certifica el […] Secretario General del partido […] estas dignidades se ejercen ad honoren, sus integrantes no cumplen horario; no hay subordinación ni toman posesión del cargo».
Señala, respecto de las publicaciones de carácter periodístico e informativo, que «[…] el señalamiento que hace el actor de esas innumerables páginas no cumple con el deber de carga probatoria que a él y solo a él le corresponde demostrar el hecho que constituye el supuesto fáctico de la presente acción […]». Además, «[…] los recortes e informaciones de prensa […] no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen. Tales criterios no representan un “numerus clausus”, ni esto se desprende la misma sentencia».
2.3.2 Intervención del demandado (ff. 629 a 637 c. 3). Este en su intervención, luego de hacer alusión a sus logros profesionales, particularmente, en el ejercicio legislativo, asevera que sus «[…] detractores Jaime Lara Tamayo a quien no cono[ce], Luis Fernando González Zapata y Raúl Alberto Galvis Pérez, exfuncionarios de [su] UTL, pretenden enlodar [su] trabajo y poner en duda [su] honorabilidad y actuaciones como Senador acusándo[lo] de cambiar funciones a Holman [sic] Molano y Nelson Linares integrantes de la UTL, para encuadrar artificiosamente en [su] contra dos causales de perdida [sic] de investidura: la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias».
Que la audiencia de pruebas realizada el 12 de junio de 2017 «[…] resultó interesante y reveladora. El señor Luis Fernando González Zapata declaró bajo la gravedad del juramento Primero: que no le consta que yo haya autorizado, sugerido, insinuado u ordenado a Holman [sic] Molano y Nelson Linares hacer parte de la campaña de Clara López a la alcaldía de Bogotá; en el mismo sentido la testigo Dra. Clara López declaró que los señores Linares y Molano no hicieron parte de la estructura de campaña hacia la alcaldía de Bogotá. Segundo: manifestó conocer al señor Jaime Lara Tamayo, lo considera su amigo y compañero de estudios universitarios a quien le confió la elaboración de la acción de perdida [sic] de investidura en contra mía, se la ayudó a elaborar, le aportó pruebas y además le sirvió de testigo. Tercero: manifestó que él me había grabado en mi oficina en muchas ocasiones desde comienzos del año 2015. Grabaciones que se convierten en acciones de espionaje y que atentan contra el ejercicio de mis funciones judiciales y de control político para requerir y emplazar a los Ministros del despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del estado (art. 6 ley 5 de 1992) […]». Situaciones que evidencian la falta de imparcialidad del testigo, quien además «[…] declaró en la audiencia señalada, ser yerno de Jaime Dussán Calderón vicepresidente del Polo Democrático, quién [sic] es hoy mí [sic] enemigo político».
Manifiesta que «Jamás [ha] designado funciones ni por escrito ni verbalmente que no estén relacionadas con [su] eficiente gestión legislativa y menos para que Nelson Linares ejerza un cargo dignatario de carácter voluntario como presidente de la coordinadora distrital del Polo Democrático, organismo que se reúne en las horas de la noche o los días sábados o festivos tal y con forme [sic] lo afirmó en su testimonio la señora Veedora del Polo Democrático Dra. Elizabeth Cortes [sic] quien además agrego [sic] que los estatutos del Polo Democrático no le asignan funciones a los presidentes de las coordinadoras como tampoco establece horario de trabajo ni remuneración alguna».
Que «El señor Nelson Linares sigue cumpliendo funciones inherentes a la Unidad de Trabajo Legislativo como realizar análisis de coyuntura sobre: reforma política, consultas populares, privatización de lo público, monitoreo al proceso de paz y cumplimiento de los acuerdos de la habana [sic], evolución del movimiento estudiantil, desarrollo económico del país, situación de los desplazados, el proceso de reparación de las víctimas del conflicto, impacto de la minería en el medio ambiente, entre otros asuntos de gran importancia y actualidad».
Por último, expresa: «Soy inocente de las faltas imputadas por mis detractores; jamás solicité o insinué el aporte en dinero o especie de la UTL a mi cargo para la campaña de la Dra. Claro López, no he dado manejo indebido a los dineros públicos, no existen pruebas de ello; jamás he traficado con influencias en favor de terceros o en beneficio propio, cargo que tampoco se sustenta con prueba alguna».
2.3.3 Intervención del abogado del demandado. Este sostuvo que lo único que se demuestra a lo largo del debate es que su poderdante ha ejercido su labor parlamentaria conforme a derecho, por lo que jamás ha incurrido en indebida destinación de dineros públicos, máxime cuando según certificación del Congreso de la República no es necesario para el pago de salarios presentar novedad alguna. Además, está comprobado que los miembros de su UTL cumplieron en debida forma sus funciones.
Que, al ser un proceso investigativo, en caso de duda debe absolverse al demandado, pues no solo hay incertidumbre, simplemente no se probaron los fundamentos fácticos alegados por el solicitante.
El defensor aportó por escrito sus alegaciones para pedir que se niegue la totalidad de las súplicas de la solicitud de pérdida de investidura, a partir de varios de los argumentos que expuso en la contestación de la demanda (ff. 644 a 673 c. 3).
Reitera que «[…] si el señor Linares y Molano organizaron y participaron decididamente en las reuniones de la Dra. López Obregón lo hicieron luego del cumplimiento cabal de sus funciones dentro de la UTL de mi representado. En efcto [sic] mi poderdante no es quien [sic] para prohibirle a las personas que participen de manera personal y ajustada a derecho, en actividades de su partido y preferencia política y que su participación, luego del cumplimiento de sus funciones».
Insiste en la tacha de los testigos de la parte solicitante y, en relación con las pruebas recaudadas, concluye que «[…] se tiene que, bajo la gravedad del juramento, ambos testimoniantes [sic], manifestaron que a ellos NO LES CONSTA que el senador hubiese ordenado a los señores HOLLMAN MOLANO y NELSON LINARES que destinasen el 100% de su tiempo a las actividades de la “casa amarilla” con el objeto de apoyar la campaña de “Clara López Alcaldesa”, así como tampoco que el senador hubiese ordenado a los miembros de su UTL que participaran en dicha campaña -lo que no es objeto de debate de la presente Litis por no haber sido afirmado por la parte accionante- y menos aún que el senador hubiese destinado bienes o dineros de su UTL al apoyo de dicha campaña -lo que no es objeto de debate de la presente Litis por no haber sido afirmado por la parte accionante-Igualmente afirmaron, de un lado, que a ellos NO LES CONSTA que el senador hubiese utilizado su investidura para que los señores Molano y Linares destinasen el 100% de su tiempo a las actividades de la “casa amarilla” con el objeto de apoyar la campaña de “Clara López Alcaldesa”; y, de otro, que quien participa en la grabación declarada ilegal es el Señor Molano Páez y no mi poderdante -quien dicho sea de paso desconoce, al igual que el senador que represento, ser la voz objeto de grabación ilegal-».
Destaca que el «[…] deponente LUIS FERNANDO GONZALEZ ZAPATA, se tiene que entregó al despacho: 1) Copias de presuntas actas de reuniones del senador en su UTL; 2) Copia de la grabación magnetofónica que el Despacho considero ilegal; y, 3) Copia de unos presuntos chas de whatsapp de los miembros de la UTL», pero advierte que las primeras carecen de firma y los últimos no constituyen prueba confiable ni veraz, porque pueden ser perfectamente manipulables. Igualmente, reitera la ilegalidad de las mencionadas grabaciones.
Por otro lado, solicita «[…] se sirva compulsar [sic] las copias respectivas a la autoridad penal para que investigue, el posible punible por haber realizado una grabación ilegal y pretender, con presunto abuso del derecho y fraude a la ley, utilizarla no solo dentro del sublite [sic] sino dentro de un proceso penal de extorsión donde mi cliente es víctima y el cual se puso de presente previa la declaración del testigo [señor Luis Fernando González Zapata] en la audiencia respectiva».
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva de los artículos 184 y 237 (numeral 5) de la Constitucional Política, 1.º de la Ley 144 de 1994, 37 (numeral 7) de la Ley 270 de 1996 y 111 de la Ley 1437 de 2011, la sala plena de lo contencioso-administrativo de esta Corporación es competente para conocer de la presente solicitud de pérdida de investidura, en única instancia.
3.2 Cuestión previa. Resulta oportuno advertir que a la audiencia pública de que trata el artículo 11 de la Ley 144 de 1994, celebrada el 29 de agosto de 2017 (ff. 674 a 677 c. 3), como se dejó anotado en precedencia, el solicitante de la pérdida de investidura no asistió, sin embargo, el día anterior presentó escrito tendente a excusarse por motivos que «[…] son estrictamente personales e inaplazables», sin explicar cuáles, con el que allegó memorial «[…] PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA», que contiene los argumentos finales que, al parecer, pretendía exponer en dicha diligencia.
En relación con el último documento, el apoderado del demandado radicó en secretaría general el 4 de septiembre de 2017 (ff. 759 a 761 c. 3), escrito en el que se opone a aquel, en el sentido de que «[…] solo cuando se interviene en la audiencia pública del articulo [sic] 144 es cuando se puede presentar un resumen por escrito de la intervención para que los Consejeros lo tengan en cuenta al momento de resolver la investigación», por lo que pide se desestime.
Al respecto, la Sala precisa que el artículo 11 de la Ley 144 de 1994, que regula el proceso de pérdida de la investidura de los congresistas, dispone:
A la audiencia pública asistirá el Consejo de Estado en pleno[] y será presidida por el Magistrado ponente.
Las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El solicitante o su apoderado, el agente del Ministerio Público y el Congresista y su apoderado. Quien presida la audiencia podrá fijar el tiempo para las intervenciones.
Las partes podrán presentar al final de su intervención un resumen escrito.
La Corte Constitucional, en la mencionada sentencia C-247 de 1995, al hacer el estudio de constitucionalidad del precitado artículo, precisó la finalidad de la audiencia pública, en los siguientes términos:
• El artículo decimoprimero consagra la Audiencia Pública como uno de los trámites obligatorios dentro de esta clase de procesos, con el fin de dar al congresista acusado una mayor oportunidad de defensa, mediante su propia intervención y la de su apoderado ante los magistrados.
Se da igualmente la oportunidad de participar al Ministerio Público y al solicitante, atendiendo así la necesidad de sustentar en debida forma los argumentos de una y otra parte para la más adecuada ilustración de quienes resolverán sobre la pérdida de investidura.
Esta norma será declarada exequible, toda vez que la Corte Constitucional no encuentra que se oponga en ningún sentido a la institución de la pérdida de la investidura ni que se aparte de ninguna otra norma constitucional.
Por el contrario, al asegurar la comparecencia de las partes ante el Consejo de Estado, el legislador desarrolla el artículo 29 de la Carta, indicando -como le corresponde- las reglas propias del especialísimo juicio de que se trata y brindando al enjuiciado la necesaria ocasión de exponer, en su defensa, los argumentos y pruebas que puedan favorecerlo y de oponerse a los que se esgriman en su contra.
La importancia que tiene un congresista dentro de la organización del Estado colombiano, su carácter de representante del pueblo, las delicadas funciones que cumple y las graves consecuencias que para su futura actividad política tendría un eventual fallo en contra, hacen de la audiencia pública un adecuado instrumento procesal para que el asunto, de indudable interés colectivo se ventile de manera abierta, a diferencia de lo que ocurre con los debates relativos a intereses y conflictos de alcance meramente particular.
Esta norma será declarada exequible, con excepción de las palabras "en pleno", por las razones ya expuestas [negrilla de la Sala].
Por lo tanto, la audiencia contemplada en el artículo 11 de la Ley 144 tiene como propósito darles a los sujetos procesales la oportunidad de exponer sus argumentaciones acerca del asunto, de manera pública (dada la calidad del investigado, como representante del pueblo colombiano), además de brindarles una mayor ilustración frente al caso concreto a los consejeros de Estado que integran la sala de lo contencioso-administrativo, en cuyas manos descansa el deber de proferir la decisión. Asimismo, es una oportunidad propicia para que el demandado, directamente, pueda formular sus razones de defensa.
Así las cosas, la intervención de quien no asiste a la mentada diligencia no puede ser suplida en forma escrita, pues, aparte de la finalidad de ofrecer claridad de manera abierta a los demás integrantes de la Sala acerca de las razones de la solicitud y de defensa del investigado, como el criterio del Ministerio Público, el legislador estableció que «Las partes podrán presentar al final de su intervención un resumen escrito», por lo que al solicitante en este trámite no le es dable sustituir dicha oportunidad, que debe surtirse, en principio, oralmente, para hacerlo por escrito, máxime cuando no presentó una excusa legalmente válida por su no asistencia.
De igual modo, la estructura del procedimiento judicial, incluida la audiencia, se halla gobernada por el principio universal del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, congruente con el deber de observancia de las normas procesales previsto en el artículo 13 del Código General del Proceso (CGP), reiterado, para el caso que nos ocupa, por el artículo 17 (letra a) de la Ley 144 de 1994, cuya violación da lugar al recuso extraordinario de revisión de la sentencia de pérdida de investidura.
Permitir que una de las partes no asista a la audiencia y que a cambio presente anticipadamente un escrito para que sea tenido en cuenta en esta diligencia, desconoce: i) el procedimiento legal prestablecido, que es de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento; ii) el deber legal de las partes de «Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias» y «Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias» previstos en el artículo 78 (numerales 7 y 8) del CGP; iii) se altera el equilibrio procesal de las partes, al concederle una prerrogativa (contra legem) a la que estando obligada a concurrir no lo hace, en contra de la que sí se somete al cumplimiento de la ley, y asiste a la audiencia.
Aceptar la hipótesis planteada desnaturalizaría la audiencia, en la medida en que la dejaría sin objeto, pues la otra parte también tendría derecho a inasistir y a presentar igualmente escrito anticipado, en gracia de aplicación del principio de la igualdad, pero ese no es el alcance de la ley.
En este orden de ideas, la Sala no tendrá en consideración el memorial «[…] PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA» arrimado por el peticionario el 28 de agosto de 2017.
3.3 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si el senador Segundo Senén Niño Avendaño, para el período constitucional 2014-2018, incurrió en las causales de pérdida de investidura por: (i) haber desconocido la prohibición contenida en el artículo 110 de la Constitución Política, según la cual «Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley», (ii) indebida destinación de dineros públicos (artículo 183, numeral 5, ibidem), y (iii) tráfico de influencias debidamente comprobado (artículo 183, numeral 5, ib.), por cuanto, en criterio del solicitante, aquel designó, impulsó y permitió que miembros de su UTL, en particular los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate (asistentes V y IV, en su orden), destinaran la mayor parte de su tiempo laboral para apoyar la campaña de la excandidata a la alcaldía de Bogotá Clara López Obregón (2016-2019) desde agosto de 2014 hasta el 25 de octubre de 2015, sin que se reportaran las correspondientes novedades laborales ante sus ausencias, lo que conllevó que se les pagaran sus salarios con regularidad.
3.4 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente solicitud, en tal virtud, se destaca:
a) Según copia de certificados del Consejo Nacional Electoral de 17 de abril de 2017 y del secretario general del Senado de la República (ff. 21 y 44 c. 1), mediante Resolución 3006 de 17 de julio de 2014 (ff. 22 a 43 c. 1), se declaró elegido senador de la República al ciudadano Segundo Senén Niño Avendaño por el período 2014-2018, quien actualmente ejerce dicha investidura.
b) Copia de oficio de 14 de junio de 2014, dirigido a la directora general administrativa del Senado de la República, suscrito por el congresista demandado, por medio del cual postula, entre otras personas, a los señores Raúl Alberto Galvis Pérez, Nelson Emiro Linares Zárate y Hollmann Édisson Molano Páez como miembros de su unidad de trabajo legislativo, en los cargos de asistentes III, IV y V, respectivamente (f. 45 c. 1), nombrados a través de Resolución 724 de 21 de julio de 2014 (ff. 46 y 47 c. 1).
c) Copia de actas 201 de 22 de julio y 305 de 23 de julio de 2014 de la dirección general administrativa del Senado de la República (ff. 210 y 214 c. 2) y certificaciones de tiempo de servicios y sueldo básico de la jefatura de la sección de registro y control de esa misma cámara (ff. 211 y 215 c. 2), según las cuales los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate tomaron posesión de los empleos de asistentes V y IV, el 22 y 23 de julio de esa anualidad, en su orden, de la UTL del senador Segundo Senén Niño Avendaño, y no presentan ningún otro tipo de novedad.
d) Constancias de 3 de abril de 2017 del jefe de la sección de registro y control del Senado de la República, que dan cuenta de los emolumentos devengados por los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate desde el 22 de julio de 2014 hasta el 3 de abril de 2017 y del 23 de julio de 2014 al 3 de abril de 2017, respectivamente (ff. 212 a 213 y 216 a 217 c. 2).
e) Oficio DRH-CS-2716-2017 de 29 de junio de 2017 de la división de recursos humanos del Senado de la República (ff. 301 y vuelto c. 2), con destino a este trámite, en el que se sostiene:
De conformidad con lo establecido en el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 186 de 1995 y por el artículo 7 de la Ley 868 de 2003, “Cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada por no más de 10 empleados y/o contratistas. […]
[…]
Acorde con lo anterior, respecto del empleo ASISTENTE de las Unidades de Trabajo Legislativo del Senado de la República, ni de los demás, la ley no establece funciones en particular las cuales se desarrollan de acuerdo con la dinámica y necesidades emergentes de cada unidad, así como los planes y proyectos de los Senadores de la República, quienes a partir de ello distribuyen o asignan entre sus servidores las tareas que considere pertinentes en aras de una eficiente labor legislativa. Por tal razón, no es procedente indicar las funciones de los empleos de los asistentes grado IV y V.
f) Oficio DRH-CS-2783-2017 de 21 de julio de 2017 del jefe de la división de recursos humanos del Senado de la República, dirigido al congresista accionado (ff. 462 y 463 c. 3), en el que le informa:
1. Las certificaciones de cumplimiento de las funciones de los señores HOLLMAN EDISSON MOLANO PÁEZ y NELSON EMIRO LINARES ZARATE, no se encuentran en sus historias laborales, dado que dichas certificaciones de cumplimiento de labores de los miembros de cada Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el respectivo Congresista, lo anterior es de conformidad con la Ley 5 de 1992, artículo 388, inciso 4° […]
Es de aclarar, que si las certificaciones de cumplimiento de funciones no reposan en la historia laboral de los señores HOLLMAN [sic] EDISSON MOLANO PÁEZ y NELSON EMIRO LINARES ZARATE, es porque nunca la han solicitado, ya que estas se expiden y se archivan cuando el interesado las solicita.
[…]
De acuerdo a lo anterior [incisos 1° y 2° del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992], los salarios de los miembros de UTL se hará en salarios mínimos legales mensuales vigentes y el tramite [sic] respectivo para su pago es que el funcionario aparezca en nómina y que no se haya reportado novedades por parte del Senador o del mismo funcionario.
[…]
3. Las certificaciones de cumplimiento de funciones, no es requisito para llevar a cabo el pago del salario de los miembros de Unidad de Trabajo Legislativo de un Senador de la República, pero es de aclarar que para dejarle de pagar a un funcionario, el Senador deberá presentar la respectiva novedad de insubsistencia del cargo o el funcionario presentar la renuncia a la Dirección Administrativa; dicha dependencia da visto bueno y remite a la División de Recursos Humanos para llevar a cabo el procedimiento de insubsistencia o retiro voluntario del cargo y se le pagará hasta el día que quede en firme la Resolución que lo decreta.
g) Oficio suscrito por el señor Hollmann Édisson Molano Páez de mayo de 2017, dirigido al senador investigado, en el que relaciona las actividades realizadas por él, en condición de asistente grado V, desde el 21 de julio de 2014, y de su designación «como COORDINADOR de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), responsabilidad bajo la cual APORTÉ Y COORDINÉ JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, en la investigación, consulta y elaboración de informes y borradores para su estudio, corrección y aprobación […]» (ff. 179 a 181 c. 1).
h) Informe presentado por el señor Nelson Emiro Linares a solicitud del senador Senén Niño (ff. 199 a 202 c. 1), respecto de su labor desempeñada entre agosto de 2014 y mayo de 2015 como asistente IV de su UTL, así:
1. En el periodo de agosto de 2014 a diciembre 16 de 2014, la Unidad de Trabajo legislativo de la cual hago parte, me designó asistir a las comisión legal de ordenamiento territorial para tomar nota y acompañar al Senador en las sesiones que dentro del recinto del Senado se llevaron a cabo en ese periodo, de lo cual da fe el propio Senador y adicionalmente trabajar la propuesta de Proyecto de Ley de la dignidad pensional, exposición de motivos, que se entregó el 15 de diciembre de 2014, cuyo texto anexo, el cual fue recibido como constancia de cumplimiento de mi labor, por parte del Dr. Senén Niño.
2. En el periodo legislativo del 16 de marzo de 2015 al 20 de junio de 2015, se continuó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) contribuyendo de manera colectiva de acuerdo a las directrices determinadas por el Senador en las reuniones de UTL en la oficina, para preparar los diferentes debates de control político en la plenaria y en la Comisión sexta constitucional y la elaboración de constancias que el Senador dejó en ese periodo en la plenaria y en la Comisión e igualmente preparar intervenciones que en el marco de Proyectos de interés el Senador consideraba de importancia.
[…]
3. Del periodo legislativo del 20 de julio del 2015 al 15 de diciembre del 2015, se realizaron actividades (reuniones) con grupos de personas en todas las localidades de la ciudad, excepto la localidad 20, de Sumapaz, donde el Senador, Senén niño por razones de distancia y de tiempo no pudo asistir, en las localidades visitadas, se efectuaron reuniones en casas de familia y algunas en salones de conjuntos residenciales para rendir informe de la labor realizada hasta ese momento, y acercar el papel del Senador en la célula legislativa en la población que había acompañado con su voto la designación como Senador.
[…] (sic para toda la cita).
i) Certificación del secretario general del Polo Democrático Alternativo (f. 219 c. 2), aportada junto con oficio de 19 de mayo de 2017 (f. 218 c. 2), de acuerdo con la cual «[…] a la fecha el Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Distrital son los señores NELSON EMIRO LINARES ZARATE (sic) […] y DONALDO CASADO NIETO […]», cuya designación se hizo el 5 de julio de 2015, «[…] posterior a la Asamblea de la coordinadora distrital y su periodo está vigente hasta tanto dicho CED defina su modificación».
j) Copia auténtica de Resolución 1638 de 25 de julio de 2015 del Consejo Nacional Electoral (ff. 402 a 418 c. 2), por medio de la cual se registra a los miembros que conforman, entre otros órganos del partido Polo Democrático Alternativo, la junta nacional, en cuyo puesto 7 se encuentra como principal el señor Nelson Emiro Linares Zárate, de 70 integrantes, y el comité ejecutivo nacional, en cuyo lugar 5 (de 29) se halla como principal el senador demandado, así como otros congresistas.
k) Oficio de 28 de junio de 2017 (ff. 260 a 262 c. 2), suscrito por el secretario general del Polo Democrático Alternativo, con destino a las presentes diligencias, por medio del cual certifica:
(i) De acuerdo a los estatutos del partido POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO PDA, el Comité Ejecutivo Distrital, está clasificado dentro del CAPITULO VII, perteneciente a la organización territorial; y dentro de este capítulo el parágrafo 2 del artículo 49 establece:
“Parágrafo 2°.- Las Coordinadoras Territoriales contaran [sic] con un Comité Ejecutivo, Presidencia, Secretaria y Tesorería, conforme a la reglamentación que expida el Comité Ejecutivo Nacional. Las Coordinadoras podrán organizar comisiones permanentes para su funcionamiento.”
Así mismo en cuanto a las funciones del Presidente de la Coordinadora Territorial no están definidas dentro de nuestro ordenamiento interno taxativamente sin embargo éstas se desprenden de las funciones de las mismas […]
(ii) Para ejercer la condición de presidente de una coordinadora territorial se requiere; para éste [sic] caso; ser designado por los miembros del Comité Ejecutivo Distrital, no se asume esta calidad mediante acto de posesión, y el desempeño de las funciones de presidencia no implica cumplimiento de horario, no existe subordinación alguna, ni se tienen [sic] asignada remuneración algunos [sic] para este cargo y sus funciones las lleva a cabo a [sic] Ad honorem.
l) Copia de los estatutos del partido Polo Democrático Alternativo (ff. 135 a 178 c.1), de los cuales en lo concerniente al caso se destacan las siguientes disposiciones:
Artículo 10.- Deberes especiales de los afiliados y las afiliadas. Son deberes de los afiliados y afiliadas del Partido:
1. Apoyar las y los candidatos del Partido escogidos de conformidad con los presentes Estatutos.
[…]
4. Respetar, acoger e impulsar las decisiones legítimamente adoptadas por el Partido, en todas sus instancias, y ser leales al Partido y a su Ideario de Unidad.
[…]
Artículo 11.- Prohibiciones. Las y los afiliados del Partido tienen prohibido:
[…]
3. Los afiliados y afiliadas del PDA no podrán apoyar candidaturas distintas a las inscritas por el Partido, o candidaturas distintas a las que las Coordinadoras Territoriales o el Comité Ejecutivo Nacional hayan decidido apoyar.
[…]
Parágrafo 2º.- Los elegidos y elegidas a corporaciones públicas por el PDA, que incurran en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, además de ser sancionados hasta con la separación definitiva del Partido, perderán inmediatamente la curul que ostentan.
[…]
Artículo 25.- Conformación y elección de la Junta Directiva Nacional. La Junta Directiva Nacional estará conformada por ciento treinta (138 [sic]) personas, así:
1. Los integrantes principales y suplentes del Comité Ejecutivo Nacional.
2. Setenta (70) integrantes elegidos por el Congreso Nacional con su respectivo suplente.
3. Ocho (8) representantes de los sectores poblacionales.
[…]
Artículo 27.- Comité Ejecutivo Nacional. Presidencia y Secretaría General. El Comité Ejecutivo Nacional está integrado de la siguiente manera:
Veinticinco (25) integrantes generales con sus respetivos suplentes.
Tres (3) integrantes por las circunscripciones poblacionales y sus suplentes, en razón de uno por cada una de ellas.
Un (1) miembro elegido compartido por pueblo Rrom, Raizal y los colombianos y colombianas residentes en el exterior.
El Presidente(a).
El Secretario(a) General.
[…]
El Comité Ejecutivo Nacional tendrá la responsabilidad de actuar como instancia de dirección política y organizativa del Polo entre sesiones del Congreso Nacional, con sujeción a las decisiones de éste y de conformidad con los Estatutos y el Ideario de Unidad.
[…]
Parágrafo: Los parlamentarios que no hagan parte del Comité Ejecutivo Nacional del PDA, podrán asistir a sus reuniones con voz pero sin voto.
[…]
m) Original de declaración extraprocesal del señor Carlos Fernando Rincón Junco de 17 de mayo de 2017 rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, en la cual manifiesta que es integrante de la UTL del senador Segundo Senén Niño Avendaño desde abril de 2015 y que dicho congresista «[…] jamás me ha siquiera insinuado como función, instrucción u orden y mucho menos constreñido a realizar actividades tendientes a promocionar candidatos o campañas políticas, así como de ninguna otra clase que no tenga que ver con el cumplimiento de una eficiente labor legislativa, la cual el Senador ha desempeñado con estricto cumplimiento de la Ley Quinta del 92, la Constitución Política y demás normativa concordante» (ff. 132 y 133 c. 1).
n) Tres discos versátiles digitales (DVD), que contienen archivos que en su mayoría son fotografías, imágenes y videos tomados de algunas redes sociales, tales como Facebook y Twitter, y de las páginas electrónicas del Polo Democrático Alternativo (en adelante PDA) y de algunos medios de comunicación (f. 313 c. 2), de los cuales se observa:
DVD 1:
(i) Artículo publicado en la página wp.claralopez.org/page/21/ el 22 de septiembre de 2014, titulado «Tendencia Polo por la Paz y la Justicia Social inició talleres participativos para diseñar plataforma programática para Bogotá con miras a elecciones de 2015», en cuya fotografía aparecen los señores Hollmann Molano Páez y Nelson Emiro Linares junto con otros miembros del PDA, incluida la doctora Clara López.
(ii) Foto publicada en la cuenta de Facebook del senador demandado, en la que se observa al señor Hollmann Molano Páez en evento realizado con ocasión de la candidatura de la doctora Clara López Obregón el sábado 29 de noviembre de 2014.
(iii) Imágenes divulgadas en la página de Twitter del senador Senén Niño publicadas el sábado 13 de diciembre de 2014 tituladas «Nos encontramos en Usaquén unidos por Bogotá, unidos por un cambio», en las que aparece con el señor Nelson Emiro Linares, entre otras personas.
(iv) Artículo denominado «En foro de partidos alternativos acuerdan lucha contra la desigualdad social en Soacha», publicado en la página electrónica prensabolivariana.com, según el cual dicho foro tuvo lugar el domingo 14 de diciembre de 2014, en el que estuvo presente el señor Nelson Linares «en representación de la Dra. Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo», entre otros.
(v) Fotografía extraída del Twitter de la doctora Clara López Obregón de domingo 15 de marzo de 2015, titulada «A esta hora, presentación de la Lista Distrital Polo por La Paz para el IV congreso del @PoloDemocrativo», en la que aparecen reunidas varias personas, incluido el señor Nelson Linares, junto con la entonces candidata Clara López.
(vi) Fotografía publicada en el Twitter de la doctora Clara López el viernes 27 de marzo de 2015, en la que indica: «En Tunja apoyando candidatura de @Pedropsalas. Poder territorial que construirá la Paz. @IvanCepedaCast @SenadorSenen», en la que aparecen junto a ella los senadores Iván Cepeda y Senén Niño.
(vii) Fotos divulgadas en el Facebook del senador accionado, en las que se le observa con el señor Nelson Linares en reunión del PDA del sábado 11 de abril de 2015, «Celebrando el cumpleaños de la futura alcaldesa Clara López».
(viii) Audio con imagen del senador Senén Niño, en el que este invita a votar por Clara López a la alcaldía mayor de Bogotá y asistir el 16 de octubre a las cuatro de la tarde en la Plaza de Bolívar para reafirmar su compromiso con Bogotá (pero no se sabe la fuente de la que se extrajo).
(ix) Publicaciones hechas en el Facebook del senador investigado, en las que anota «Unir para cambiar a Colombia, porque la tenemos Clara, votemos este 19 de abril en el IV Congreso del Polo y en la Lista Territorial Bogotá estamos con Carlos Eduardo Gutiérrez M.», entre otros mensajes referentes a dicho congreso.
(x) Fotografía de reunión de militantes del PDA, extraída del Twitter de Clara López Obregón del lunes 20 de abril de 2015 publicadas a las 20:15, en la que aparece el señor Nelson Linares junto a ella y otras personas.
(xi) Fotografías y video atañederos a reunión del mencionado partido por la paz y la justicia social del sábado 25 de abril de 2015, en cuya mesa aparece el senador demandado junto con otros integrantes del PDA, igualmente, se observa como asistente al señor Nelson Linares.
(xii) Fotos divulgadas en la cuenta de Twitter @PrensaCelioNiev concernientes a encuentro del PDA el martes 12 de mayo de 2015 (publicadas a las 19:44), en las que aparece como asistente el señor Nelson Linares, la doctora Clara López, entre otros miembros de ese partido.
(xiii) Publicaciones en cuentas de Twitter y video acerca del IV congreso nacional del PDA realizado el 15 y 16 de mayo de 2015, a la que asistieron e intervinieron varios congresistas afiliados a dicho partido, incluido el senador accionado (minuto 04:19:21 a 04:29:46 del video), pero no se sabe con exactitud el día de su participación ni la hora.
(xiv) Publicaciones de fotografías en redes sociales el lunes 25 de mayo de 2015 de reunión de integrantes del PDA, incluido el señor Nelson Linares, al parecer, impulsando la candidatura de Clara López Obregón (una de ellas divulgada a las 15:57).
(xv) Fotografías y videos de evento de proclamación de Clara López como candidata oficial del PDA a la alcaldía de Bogotá, publicados el sábado 30 de mayo de 2015, tomados de diferentes redes sociales, en los que se observa al señor Nelson Linares entre los participantes. Igualmente, en la instalación del evento se hace un llamado a diferentes integrantes del partido que se encuentran en el recinto para que suban a la tarima y hagan parte de la mesa principal, llaman al señor Nelson Linares, a quien anuncian como vicepresidente de asuntos sociales, y al senador Senén Niño (minuto 18:41 y 20:41, respectivamente).
(xvi) Fotos extraídas del Facebook de Jorge Robledo de reunión de miembros del partido del jueves 4 de junio de 2015 a las 16:20, incluido el senador Niño Avendaño y el señor Nelson Linares, de promoción de la doctora Clara López como candidata a la alcaldía de Bogotá.
(xvii) Artículo divulgado en la página electrónica www.polodemocratico.net, acerca de la instalación del nuevo comité ejecutivo distrital del aludido partido el jueves 4 de junio de 2015, entre los cuales se encuentra el señor Nelson Linares como miembro principal.
(xviii) Imágenes y artículos de diferentes redes sociales y páginas electrónicas acerca de la instalación del primer comando de «liberales con Clara» en la localidad de Rafael Uribe Uribe el martes 16 de junio de 2015 en la noche, en la que estuvo presente el señor Nelson Linares.
(xix) Artículo tomado de la página electrónica www.semanariovoz.com, sobre la inauguración de la casa cultural Jaime Pardo Leal en Ubaque el domingo 22 de junio de 2015, en la que estuvo presente el señor Nelson Linares.
(xx) Fotos difundidas en cuenta de Twitter acerca de visita de la candidata Clara López en la localidad de Engativá acompañada por el señor Nelson Linares el sábado 4 de julio de 2015.
(xxi) Fotografía divulgada en red social Twitter en la que aparece el señor Nelson Linares junto con otros seguidores del PDA en reunión con «líderes» de Barrios Unidos el jueves 9 de julio de 2015 a las 17:35.
(xxii) Fotos propagadas en Twitter el viernes 10 de julio de 2015 (sin especificar hora), atañederas a la instalación del equipo de campaña de Teusaquillo de la doctora Clara López, en las que se observa la presencia del señor Nelson Linares (pero no como integrante de ese grupo).
(xxiii) Fotografía publicada en red social Twitter el martes 14 de julio de 2015 a las 6:11 de reunión de partidarios del PDA en Ciudad Bolívar, a la que asistieron los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares.
(xxiv) Foto divulgada en el Facebook de Clara López y video, en los que se observa al señor Nelson Linares participando activamente en reunión de apoyo a la candidatura de ella el domingo 19 de julio de 2015.
(xxv) Fotografías publicadas en Facebook y Twitter y en diferentes medios de comunicación acerca de la inscripción de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá el jueves 23 de julio de 2015, a la que la acompañaron varios afiliados del PDA, como el senador demandado y el señor Nelson Linares, tal como se evidencia en aquellas.
(xxvi) Fotos difundidas en la cuenta de Twitter de la doctora Clara López Obregón el martes 4 de agosto de 2015 y video, relacionados con «[…] rueda de prensa con la Bancada Parlamentaria del Polo y líderes sociales: Que pare la Guerra Sucia», en las que aparecen, entre otros congresistas afiliados a ese partido, el senador investigado y el señor Nelson Linares.
(xxvii) Fotografías publicadas en la cuenta de Facebook de la doctora Clara López el martes 18 de agosto de 2015, en las que aparecen simpatizantes del PDA con la mencionada candidata y el señor Nelson Linares (no se especifica la hora).
(xxviii) Fotos publicadas en cuentas de Twitter en las que se observa al señor Nelson Linares en reunión de apoyo a candidatos del PDA a edil y concejal de Bogotá el jueves 20 de agosto de 2015 a las 16:02.
(xxix) Fotografías tomadas el día de proclamación de la candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá que tuvo lugar el sábado 22 de agosto de 2015, acompañada por la bancada parlamentaria y demás correligionarios del PDA, entre los cuales estuvieron el senador Niño Avendaño y el señor Nelson Linares.
(xxx) Fotos divulgadas en redes sociales el martes 26 de agosto de 2015 sobre la presentación de ediles para la localidad de Chapinero por el PDA, en las que está presente el señor Nelson Linares.
(xxxi) Fotografía revelada por Clara López Obregón en su cuenta de Twitter el jueves 27 de agosto de 2015 en reunión con vendedores ambulantes en Teusaquillo acerca de sus propuestas al llegar a la alcaldía, a la que asistió el señor Nelson Linares (no es posible determinar la hora exacta).
(xxxii) Foto de reunión de la doctora Clara López con simpatizantes, divulgada en Twitter el sábado 29 de agosto de 2015, en la que aparece el señor Nelson Linares.
(xxxiii) Fotografías en las que se observan militantes del PDA en apoyo a candidata a edil por la localidad de Antonio Nariño el domingo 30 de agosto de 2015, en la que se hace presente el señor Nelson Linares.
DVD 2:
(i) Fotos de reunión en apoyo a la campaña de la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá Clara López Obregón, por parte de militantes del partido Liberal, a la cual asistió, entre otros, el señor Nelson Linares, publicadas el 8 de septiembre y 20 de octubre de 2015, pero no es dable determinar la fecha de dicho evento.
(ii) Fotografías divulgadas el jueves 8 de octubre de 2015 a las 6:54, en la cuenta de Twitter de Clara López Obregón en evento denominado «TEUSAQUILLO, reunión del Comité Político de nuestra campaña», en las cuales aparecen el señor Nelson Emiro Linares y el senador Senén Niño.
(iii) Imágenes de reunión de apoyo de dirigentes sindicales a la candidatura de la señora López, difundidas en Twitter el miércoles 9 (a las 17:38) y jueves 10 de septiembre de 2015, donde aparecen en la mesa principal senadores del PDA como Jorge Robledo y Senén Niño, entre otros, y se observa al señor Nelson Emiro Linares como participante.
(iv) Fotos de reunión de candidatos del PDA al concejo de Bogotá, publicadas el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 15:39, en la mencionada red social, en las que se observa en una de ellas la presencia del señor Hollmann Édisson Molano Páez en la mesa con dichos candidatos.
(v) Imágenes propagadas en redes sociales como Facebook y Twitter, el martes 15 de septiembre de 2015, y video de reunión de apoyo a la aludida candidata, a la que asistieron en tarima los señores Nelson Emiro Linares y Hollmann Édisson Molano Páez (sin que se especifique la hora).
(vi) Fotos de reunión de candidatos y congresistas del PDA, publicadas en Twitter el miércoles 16 de septiembre de 2015 (a las 7:10), en la que estuvo presente el señor Nelson Linares.
(vii) Fotografías divulgadas en Twitter el viernes 18 (a las 19:36) y el sábado 19 de septiembre de 2015 de reunión de las negritudes bajo el lema «CON LA FUERZA DE LA POBLACIÓN AFRO», en las que se observa la participación del señor Nelson Emiro Linares.
(viii) Imagen de nota periodística de 20 de septiembre de 2015 sobre las encuestas al interior del PDA en la que se lee: «La apuesta para la recta final, dice el director distrital del Polo, Nelson Linares, es hacer una inversión más seria en propaganda y profundizar el discurso social para hacerle contrapeso a Peñaloza…» (sic), publicada en página web chrmonitoreo.org/ETB/PRENSA/septiembre2015.
(ix) Fotografías publicadas en el Twitter de la doctora Clara López el lunes 5 de octubre de 2015 a las 16:58, con el mensaje «Logramos la convergencia democrática más amplia de la historia reciente, así aseguramos la victoria», y video acerca de un evento en cuya mesa principal se encuentra aquella junto con el señor Nelson Emiro Linares, entre otros.
(x) Fotos de reunión de seguidores del PDA, entre cuyos asistentes está el señor Nelson Emiro Linares en la mesa principal, pero no se identifica el evento, la fecha de su publicación y su fuente.
(xi) Imágenes de reportes periodísticos de la revista Semana, el portal de internet de La Silla Vacía y el diario El Tiempo, el primero de ellos titulado «¿Funcionarios del Distrito apoyan la campaña de Clara López?», y del segundo se destaca: «Fue una reunión privada a la que estos funcionarios y contratistas fueron invitados por personas dentro de las secretarías de Gobierno con la técnica del “voz a voz”. Duró casi una hora y media, después del horario laboral y fue presidida por Nelson Linares, uno de los cuadros de la campaña de Clara López. La Silla se coló de incógnita en la reunión y esta es la transcripción de lo que sucedió», publicado en la página electrónica lasillavacia.com/silla-nacional el 8 de octubre de 2015.
(xii) Fotografía divulgada en cuenta de Twitter el jueves 15 de octubre de 2015, titulada «Equipo de @XiniaNavarro organizando evento en plaza de bolívar», en la que se observa al señor Nelson Emiro Linares reunido con miembros del PDA (sin determinar hora).
(xiii) Fotos y video de evento denominado «LA GRAN OLA DE LA VICTORIA», realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá el viernes 16 de octubre de 2015, con la intervención de la citada excandidata a la alcaldía y varios miembros del PDA, entre ellos, el senador Senén Niño, Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares.
(xiv) Publicación realizada el viernes 4 de diciembre de 2015 por la página electrónica www.polodemocratico.net, en la que el comité ejecutivo del PDA, presidido por el señor Nelson Emiro Linares, anunció su oposición al gobierno Peñalosa en Bogotá «por privatizador y por pretender cercenar derechos sociales».
(xv) Fotografías de la II asamblea nacional del PDA por la paz, divulgadas en cuentas de Twitter el domingo 13 de diciembre de 2015, en la que estuvo presente, entre otros senadores, Senén Niño junto con el señor Nelson Linares.
(xvi) Publicaciones realizadas en la página electrónica del PDA, sobre los detalles de la reunión celebrada el jueves 14 de enero de 2016 en la casa amarilla, para realizar un balance del proceso electoral de octubre de 2015, a la que asistieron, entre otros, la doctora López Obregón, el senador Senén Niño y el presidente del comité ejecutivo distrital del partido Nelson Emiro Linares (no es dable establecer la hora de dicha reunión).
(xvii) Fotos publicadas en distintas páginas electrónicas y video de rueda de prensa denominada «Unidos Revocamos a Peñalosa» realizada el sábado 23 de enero de 2016, en la cual se observa que diferentes voceros se pronuncian acerca del proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa; asimismo, se nombra al señor Nelson Linares como uno de ellos (minuto 14:02 del video).
(xviii) Fotografía publicada en la página electrónica del PDA el 5 de febrero de 2016, del foro sobre expansión urbana y conflictos ambientales realizado el jueves 4 de los mismos mes y año, en la sede de la Cooperativa del Magisterio (Coodema), instalado por la presidenta del partido Clara López Obregón; se observa en la mesa principal al señor Nelson Emiro Linares, pero se desconoce la hora del evento.
(xix) Publicación efectuada el 9 de febrero de 2016 en la página electrónica del PDA, acerca de que su comité ejecutivo distrital (presidido por el señor Nelson Emiro Linares) convoca a una movilización frente a las políticas del gobierno Peñalosa.
(xx) Fotografías de reunión con dirigentes distritales y nacionales del PDA, propagadas en la cuenta de Twitter de Clara López y en la de Facebook del senador Senén Niño el domingo 21 de febrero de 2016, en la cual participan aquellos y los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares.
(xxi) Fotos divulgadas en Twitter el sábado 16 de abril de 2016 de evento de militantes del PDA, en el que estuvieron presentes los senadores Iván Cepeda y Senén Niño junto con los señores Hollmann Molano y Nelson Linares.
De igual manera, cabe anotar que este DVD incluye una carpeta denominada «Artículos de Prensa», relacionados con las publicaciones descritas anteriormente.
DVD 3:
(i) Video de acto de inscripción a la precandidatura de la señora Xinia Navarro Prada y la de todos los representantes a las juntas administradoras locales; en la instalación se da un saludo de bienvenida al señor Nelson Linares, presidente del comité ejecutivo distrital del Polo Democrático Alternativo, quien hace una intervención (minuto 9:36); se desconoce la fecha y hora de este evento.
(ii) Video de lanzamiento de la campaña de Xinia Navarro Prada al concejo de Bogotá, instalado por ella, en el que saluda a la señora Clara López como candidata a la alcaldía de la ciudad y al senador de la República Senén Niño, para quien pide un aplauso (minuto 5:01); video realizado por www.priradiotv.com; se desconoce fecha y hora en que fue grabado.
(iii) Evento denominado «LA GRAN OLA DE LA VICTORIA» realizado en la Plaza de Bolívar el 16 de octubre de 2015, con la intervención de la excandidata a la alcaldía y varios miembros del PDA; en el discurso la señora López saluda al senador Senén Niño (minuto 53:12).
ñ) De la audiencia de testimonios celebrada el 12 de julio de 2017 (ff. 350 a 391 c. 2), se destacan las siguientes declaraciones:
• El señor Luis Fernando González Zapata afirmó que conoce al congresista denunciado, porque trabajó con él cerca de dos años en su UTL (desde el 1° de agosto de 2014), quien le solicitó la carta de renuncia protocolaria. Que, desde agosto de 2014, se empezó a escuchar dentro de la UTL acerca de la intención que tenía el senador en compañía con los señores Hollmann Molano (en quien estaba en parte delegada la organización de la UTL del demandado, pues coordinaba las tareas que se hacían en esta, de acuerdo con la profesión de cada uno de los empleados) y Nelson Linares en «acompañar» la posible campaña de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá. Que esto se hizo más evidente cuando por medio de mensajes, vía «WhatsApp», a un grupo creado por el señor Molano enviaba imágenes de los eventos en los que el señor Nelson Linares y él acompañaban al congresista en correrías para hacer promoción de la campaña de la mencionada doctora.
Que para finales de enero de 2015, el señor Hollmann Molano cita a una reunión a los servidores de la UTL para, entre otros asuntos, aclarar que es un año electoral y que el compromiso del senador es apoyar la candidatura de la doctora Clara López y que su UTL debería estar encaminada a lo mismo. Por esos días también el señor Nelson Linares le dice, en reunión de la UTL, cuando estaba repartiendo el señor Molano las tareas, que a él le queda muy difícil asumir esas labores, porque estaba muy colgado y que tenía que hablar con el senador acerca de cuál era su distribución de tiempo.
Que para febrero y los siguientes, notó que el señor Molano deja de distribuirle tareas al señor Nelson Linares y este deja de asistir a la oficina, por lo que le dijeron a aquel que el trabajo estaba recargado, teniendo que trabajar además de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos para cumplir la labor legislativa. Para abril de 2015, el señor Hollmann Molano les presenta a los miembros de la UTL al señor Carlos Rincón, que al parecer iba a hacer la judicatura y apoyar el trabajo legislativo, ya que el señor Nelson Linares iba a cumplir unas tareas especiales, en palabras del señor Hollmann Molano: «el senador le dio permiso para que se dedicara cien por ciento de su tiempo a la casa amarilla, casa matriz casa base de la campaña de la doctora Clara López Obregón».
Posteriormente, en otra reunión de UTL vuelve y recalca el señor Hollmann Molano que el señor Nelson Linares no los acompaña en las reuniones, porque ya todos saben qué labores está desempeñando, en particular, por intereses del senador Senén Niño y, además, «son intereses que nos convienen a todos dada la campaña de la doctora Clara López Obregón». En una nueva reunión de UTL, en la cual estaba presente el señor Senén Niño, les solicitó rendir informes del trabajo asignado y aclara que «compañeros yo designé a unos compañeros de la UTL para que acompañaran la labor o el trabajo de la campaña de Clara López Obregón».
Asegura el testigo que se enteró de la asistencia del señor Nelson Linares, por diferentes medios de comunicación, en la precandidatura y candidatura de la doctora Clara López, acompañándola a uno u otro evento, e incluso a concejales y ediles. El testigo aporta los mensajes vía «WhatsApp» a los que se refirió en un CD, igualmente, asevera que en las reuniones de la UTL se le pedía a la secretaria que levantara actas de lo que ahí se decía, pero al final eran modificadas por el señor Hollmann Molano, por lo que él tomó la decisión de grabar esas reuniones, ya que tuvo inconvenientes con algunas órdenes dadas por este, las cuales también aporta en el CD.
Frente a la pregunta del despacho acerca de que precisara si expresamente el senador delegó a alguno de sus colaboradores para apoyar la precandidatura o candidatura de la señora Clara López en alguna de las reuniones de la ULT, el testigo aseguró que muy rara vez el senador los acompañó a esas reuniones en el año 2015, pues eso venía de voz del señor Hollmann Molano de acompañar a la candidata; alguna vez precisó que «era nuestra obligación» seguir la orientación política del senador Senén Niño de apoyar la candidatura de la señora Clara López «en tanto que no estaba bien visto que el senador siguiera a las izquierdas y nosotros al otro lado […]. A mi particularmente nunca me dijo que tenía que apoyar esto o esta es la orientación, a mi particularmente nunca me lo dijo».
Asimismo, a una de las preguntas de la parte investigada, indicó que estudió con el solicitante de esta pérdida de investidura la carrera de derecho, luego de graduarse este se dedicó al litigio, pero siguieron en contacto y una vez se desvinculó de la UTL, le comentó al demandante acerca de su labor en esta «lentamente, y se fue interesando en el tema y fue investigando y me dijo que eso valía la pena denunciarlo, yo la verdad en principio no quise, […] por miedo […] él fue quien me dio un poco de valor» y así fue como le dio las grabaciones. Aclaró que no conoce de ninguna denuncia penal en su contra.
A las preguntas del agente del Ministerio Público, dijo que le consta que «al final de la campaña, en una reunión [el senador demandado] manifestó que “designé a unos compañeros de la UTL para que acompañaran en ánimo de apoyo a la campaña de la doctora Clara López Obregón”, pero ahí en ese momento ya había pasado la campaña, eso me consta». Que no le consta que algún miembro de la UTL del senador haya hecho uso de los bienes de esta en favor de la aludida campaña. Afirmó que quien dirigía en su mayoría las reuniones de la UTL era el señor Hollmann Molano, puesto que no asistía el senador, y aquel era quien se dirigía al grupo en nombre del congresista, eso era lo que todos entendían. Que las grabaciones las realizó por unos malos entendidos con el señor Hollmann Molano, quien lo hacía quedar mal ante el senador, por lo que decidió grabar las reuniones de UTL, además las actas que hacía la secretaria no eran fieles a lo que se decía en esas reuniones porque el mencionado señor ordenaba modificarlas. Que aporta algunas de las actas que realizó la secretaria, que coinciden en su mayoría con las grabaciones que él hizo.
Respecto del CD que allegó el testigo, según el cual contenía los mensajes de «WhatsApp» de la UTL del senador demandado, se observa un único archivo de Bloc de notas que tiene de manera genérica, al parecer, un chat, sin que se pueda identificar el número celular o correo electrónico de donde provienen los mensajes. De igual modo, no es dable determinar la confiabilidad de las conversaciones y de lo dicho por las personas que intervienen en ella, puesto que ese documento es fácilmente modificable.
En lo referente a los audios de las reuniones de la UTL del congresista investigado aportados por el testigo (las cuales eran dirigidas por el señor Hollmann Molano), se tiene que de las nueve allegadas, tres coinciden con las arrimadas con la solicitud de pérdida de investidura, las cuales fueron rechazadas en auto de 20 de junio de 2017; en las demás no es posible establecer la identidad de los que intervienen ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su grabación; asimismo, no resultan relevantes para la resolución del presente asunto.
Por otro lado, las actas, que arrima el testigo, son documentos sin firma, que al verificar los referidos audios, al parecer atañen a las reuniones grabadas de la UTL del demandado (pues no coinciden con exactitud, aparentemente son un resumen), pero aquellas solo conciernen a la organización y distribución del trabajo en esa unidad; tampoco es dable delimitar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron dichas reuniones, ni las de su elaboración.
• El señor Raúl Alberto Galvis Pérez señaló que trabajó con el senador demandado desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 5 de marzo de 2016, como miembro de su UTL; su desvinculación fue por declaratoria de insubsistencia, por lo que interpuso una acción por violación al debido proceso. Aclaró que no se le ha notificado ni tiene idea acerca de alguna denuncia penal contra él. Por otra parte, asegura que, a principios del 2015, en una reunión a finales de enero, el señor coordinador de la UTL Hollmann Molano advirtió que era un año político, que comentó que «el señor Nelson Linares como que iba a tener un permiso especial o algo así para dedicarse a unos temas de interés del senador […] durante la mayor parte del 2015 el señor Nelson Linares no lo vi en las reuniones de la UTL».
Ante la pregunta del despacho acerca de que si le constaba que el mencionado senador pidió a sus colaboradores de la UTL el apoyo activo a la precandidatura y candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía mayor de Bogotá (2016-2019), contestó que dado su máster en educación se le «ordenó» en alguna ocasión ir a unas reuniones para participar en la propuesta educativa de la doctora Clara López, pero aclara que su contribución fue de análisis de documentos y conversar con el equipo que estaba elaborando la propuesta. Esas reuniones tenían lugar luego de las 4 de la tarde. A la pregunta sobre si le consta que a alguna de las reuniones de la UTL el senador insinuó o le pidió a alguno de sus colaboradores que apoyaran y participaran en la mencionada candidatura, no le consta, que eso lo hacía el señor Hollmann Molano cuando dijo que era un año político.
Que a finales del 2015 el senador «comentó que había enviado a algunas personas a colaborar en los trabajos de la casa amarilla», pero respecto de la pregunta de que si le constaba en qué consistió esa colaboración, dijo no. Recuerda una reunión de 2015, en la que el señor Hollmann Molano mencionó que es un año electoral y que mal haría que el equipo de trabajo tuviera una proyección política diferente a la de izquierda, «por la cual estaba caminando el senador y que específicamente la persona más indicada que él había analizado para trabajar con ella era la doctora Clara López Obregón». Que solo le consta que el señor Nelson Linares no asistió a la mayoría de las reuniones de la UTL en el año 2015, sin embargo, «que me conste si participaba o no como director o no director eso uno lo veía […] por redes sociales, etc.». Que tenían un «WhatsApp» para el equipo de la UTL y el señor Hollmann Molano enviaba fotos de las reuniones del Polo Democrático Alternativo donde «se veía al senador, uno veía a Nelson, en ocasiones uno veía al coordinador».
A la pregunta del abogado del demandado atañedera a su horario de trabajo en la UTL, el testigo afirmó que trabajaba desde las 7 de la mañana, en ocasiones a partir de las 6, hasta las 4 o 5 de la tarde (lunes, martes, miércoles y jueves [una gran mayoría]), casi todos los viernes a discreción o de acuerdo con la necesidad de los temas que se desarrollaban y por solicitudes del senador, dadas a través del coordinador Hollmann Molano, es decir, que su actividad laboral terminaba, por lo general, entre las 4 y 5 de la tarde, pero aclara que «cuando uno empieza a desarrollar ejercicios […] las comisiones tienen unos horarios y la plenaria, otros horarios, las plenarias generalmente sacan los proyectos que hay que estudiar y sobre lo que hay que pronunciarse los días jueves […] y a veces los viernes y a nosotros generalmente nos llegaba el ejercicio de parte del señor coordinador o los jueves en la tarde o los viernes y uno los días lunes a las 8 de la mañana generalmente nos citaban para presentar los informes […] de tal manera que uno honestamente le tocaba trabajar con su responsabilidad en el momento que le correspondiera […]».
Que no le consta que el senador les haya dado instrucción directa a los señores Nelson Linares y Hollmann Molano acerca de participar en la campaña de Clara López, no obstante, precisa que al primero no lo vio durante el 2015 y que, a finales de ese año, recuerda, que el senador les indicó que había enviado a unas personas a trabajar con la doctora Clara López en la casa amarilla.
• El señor Hollmann Édisson Molano Páez aseguró que trabaja en la UTL del senador demandado y lo conoce desde hace muchos años, porque fueron educadores en Tunja (Boyacá). Que «jamás hemos sido invitados ni forzados de manera alguna por el señor senador a participar a ninguna campaña política […] es un hecho atroz y un dicho atroz pretender que el señor senador en alguna oportunidad haya siquiera sugerido la participación […]».
Ante la pregunta del despacho consistente en que si en alguna de las reuniones de la ULT, según los hechos de la demanda, durante el 2015 el mencionado senador les pidió a sus colaboradores y designó a alguno de ellos para colaborar activamente con la precandidatura y candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía mayor de Bogotá, el deponente indicó que no, «el temario de las reuniones tiene que ver con el desempeño legislativo y de control político, tenemos reuniones en donde se debate, se presentan informes y en donde se proyecta el trabajo […]. No es cierto que se impartan instrucciones de orden político en nuestras reuniones».
En relación con la pregunta del apoderado del accionado de que, si alguna vez el senador le pidió que se desplazara a la casa amarilla, dejando sus funciones, para colaborar con la campaña de la candidata a la alcaldía Clara López, el deponente manifestó: «no es cierto, es absolutamente falso. El tiempo de nuestro trabajo en el senado casi que no nos permite tener respiros en el horario normal de labores, que incluso llega a horas de la noche. Por supuesto que en las horas de la noche y los fines de semana haciendo uso de nuestro tiempo libre lo disponemos de manera libre, lo repito, sin ninguna injerencia de nadie […].
En lo concerniente a la pregunta de si el senador le pidió que les trasmitiera a los miembros de su UTL órdenes respecto de votar por determinada candidata, en este caso particular, por la doctora Clara López, señaló: «eso no es cierto […] no doy órdenes en la UTL […] soy un compañero más […]». Frente a la cuestión de si alguna vez dejó de cumplir sus funciones por estar a cargo de la campaña de la doctora Clara López, aseguró: «absolutamente, soy un juicioso trabajador, cumplidor de mi deber, lo hago con gusto y con agradecimiento por la oportunidad de participar en tan alto espacio y mi participación de la que tanto se habla en la campaña no obedece más que a […] mi tiempo libre escuchar las propuestas de quienes seguramente obtienen después el favor de mi voto, es un ejercicio ciudadano que no tiene nada que ver con el ejercicio de mis funciones, donde a pesar de no haber un horario ni la necesidad ni la obligatoriedad de estar asistiendo al Senado lo hacemos con periodicidad y con mucho juicio».
Acerca de que informara al despacho si coaccionó, obligó o instigó en nombre propio o en nombre del senador accionado a los miembros de la UTL mediante chats, correos electrónicos o grupos de «WhatsApp» para que ellos se entregaran a la campaña de la entonces candidata Clara López, dijo: «no señor, eso es falso, supongo que la pregunta está motivada en algo que aquí se debió decir, y me parece preocupante que la gente de manera irresponsable […] haga una aseveración de este tipo, si es que se produjo […]. Nadie puede demostrar de manera alguna porque nunca ha ocurrido que siquiera se les invite, es un tema de un ejercicio de respeto […] y mucho menos que el senador haya impartido orientación y mucho menos órdenes al respecto […]». Frente al interrogante de si el senador o él pusieron bienes objetos dineros propios o públicos al servicio de la campaña de la doctora Clara López, manifestó: «Absolutamente no, no me consta que se haya hecho aporte alguno por parte del senador y en lo personal no rotundo […]».
En lo relativo a la pregunta formulada por el agente del Ministerio Público acerca de si en el curso de las citadas reuniones se levantaban actas, registros de audio, video o cualquier otro medio de prueba que evidenciara los asuntos tratados en las respectivas sesiones de trabajo, señaló: «no, formalmente no, y no formalmente en la oficina […] cada uno toma nota de sus responsabilidades y cada uno entrega sus informes, pero grabaciones de ninguna manera, absolutamente, y actas tal vez la secretaria tomaría algunas notas, pero actas formales no hay, debe haber una cantidad de notas de reunión tras reunión y de la actividad, muchas notas; actas como tal jamás».
También se le interrogó sobre uno de los hechos de la demanda, consistente en que desde agosto de 2014 hasta octubre de 2015, siendo funcionarios de la UTL del senador demandado y bajo la designación y con el beneplácito del congresista, el señor Nelson Linares y él dedicaron la mayor parte de su tiempo laboral a la asistencia, apoyo y organización de la campaña electoral de la señora Clara López, ante lo cual precisó: «[…] las UTL no tienen funciones, no tienen horario, y no obligan jamás una permanencia de sus funcionarios en las oficinas del Congreso […]. Como no hay horario, no hay unas funciones, salvo la orientación directa y las órdenes recibidas del señor senador, mal podría decirse si estuvimos o no, pero nosotros sí estábamos en la oficina trabajando de manera juiciosa, y suponer que se dispuso, se ordenó o siquiera se sugirió por parte del senador que nos fuéramos a trabajar en campañas políticas es absurdo, absolutamente falso […]».
De igual modo, respecto de las funciones o actividades de apoyo legislativo que desarrolló el señor Nelson Linares durante el 2015, afirmó: «como todos los demás […] haciendo un juicioso estudio de los proyectos de ley no podría precisar no recuerdo qué proyectos […] El compañero Linares muy activo, por ejemplo, en el tema ambiental tuvimos un período largo frente al tema de la reserva Van Der Hammen y recuerdo que estuvo vinculado haciendo trabajo de campo y empapándose del tema ambiental, recorridos por la reserva, etcétera; entonces, funciones como todos los demás en el tema puramente legislativo y funciones extramurales en el tema gremial, en el tema social, como somos muy activos en el tema de educación […]».
• La señora Clara Eugenia López Obregón expresó que conoce al demandado, como senador por el Polo Democrático Alternativo, partido del cual fue presidenta, con quien además tiene lazos de amistad y respeto. Que para la campaña se estableció una sede en el Park Way de La Soledad. Que «ni Hollmann Molano ni Nelson Linares participaron de ese equipo de campaña, que hayan ido a reuniones de carácter político para la difusión del programa seguramente asistieron. Pero hasta donde yo recuerdo no hicieron parte de mi equipo de campaña». Que en su condición de presidenta del PDA juramentó al comité ejecutivo distrital (no recuerda la fecha exacta), el cual se menciona en la demanda, y este tenía como presidente al señor Nelson Linares y como vicepresidente al señor Casado.
Indica que «Según nuestros estatutos, en todos los departamentos y en la ciudad de Bogotá existen equipos coordinadores, que están encargados de adelantar labores de presencia del partido y de su trabajo, como partido político, ante la sociedad. Son dignidades de carácter honorífico que no llevan anexas ningún tipo de dependencia laboral, ni remuneración, ni horario, ni subordinación de ninguna clase, y por lo general, estoy segura que esa debió ser la situación […] de esa reunión de juramentación. Las reuniones se hacen en horarios nocturnos porque el grueso de sus integrantes labora en distintos trabajos y no están disponibles durante las horas diurnas […] Esas dignidades de partido no son de tiempo completo, es más nos pasamos mucho esfuerzo tratando de impulsar a esos comités que se reúnan periódicamente, porque ni se reúnen regularmente, es muy a la voluntad de los equipos respectivos. No sé cuántas veces al mes se haya reunido el comité distrital, pero no, no hay un trabajo de tiempo completo y por lo general las labores de esos comités […] se hacen en los fines de semana y en los horarios posteriores a las cinco de la tarde para obtener la mayor asistencia posible en función de los compromisos laborales de sus integrantes».
A la pregunta del apoderado del accionado de si el senador Senén Niño alguna vez puso a disposición de su campaña a los señores Hollmann Molano y Nelson Linares o le entregó alguna dádiva a ella o a su campaña, la testigo afirmó: «absolutamente negativo, el senador Senén Niño nunca se aproximó a plantearme que me estaba destacando personal alguno para el apoyo de mi campaña y, desde luego, tampoco hizo ninguna contribución de carácter monetario a la misma. Nosotros hicimos una campaña muy austera […] nosotros recolectamos los recursos principalmente entre mi familia, empresarios, muy poco de ellos, y tratamos a través de cocteles financieros y demás, pero jamás he recibido algún apoyo financiero ni de Senén Niño ni de ningún senador de mi partido y tristemente tampoco de mi partido como tal».
• El señor Nelson Emiro Linares Zárate manifestó:
[…] yo sí soy militante del Polo Democrático, igual que el senador es miembro del Polo Democrático Alternativo. Como miembro de su unidad de trabajo legislativo, a la cual se le dedica el tiempo que se requiere para cumplir las labores que encomienda el senador en tanto que esta no tiene pues unas líneas establecidas para desarrollarse, pero en ese marco nunca nosotros tuvimos indicación alguna y en el caso particular mío del senador o de Hollmann como coordinador de la unidad frente a directrices de orden electoral […]. En segundo lugar, como consta por el propio senador mis labores en la UTL, en el marco de lo que él ha determinado se han cumplido, y lo que tiene que ver con la actividad electoral, pues desde luego que yo tengo unos principios y como militante cumplo unas labores dentro del marco de mi tiempo libre del cual puedo disponer […] desde luego que cuando uno es militante de un partido hay una comisión ejecutiva nacional que determina unas líneas y ellas en el marco, sin afectar la labor laboral, se pueda cumplir y eso es lo que yo he asumido […] la presidencia o la coordinación que se hace en el Polo Democrático en la ciudad es una coordinación voluntaria que ni siquiera está reglada en los estatutos, que es ad honorem, que no requiere, ni cumplimiento de horario, ni hay dispendio de ninguna especie, digamos que yo como afiliado y militante del Polo Democrático en mi tiempo libre participé en algunas actividades en las horas nocturnas y en algunos fines de semana, que no se cruzaban con la labor ejecutada o desempeñada en la UTL […].
Por otra parte, dice acerca de su labor dentro de la UTL del senador accionado que «[…] no se requiere estar dentro específicamente en la oficina, sino que hay que hacer trabajo de campo y en eso el senador me encomendó a mí unas tareas muy específicas […]». Insiste en que en ninguna de las reuniones de UTL «fuimos insinuados o coartados u obligados a participar electoralmente en cabeza de la doctora Clara, yo creo que él [el senador demandado] ha sido respetuoso […]».
En relación con las actividades como presidente del comité ejecutivo distrital del Polo Democrático Alternativo, declaró: «digamos que estas son labores muy simples, porque como son ad honorem y voluntarias, todo el equipo de coordinación de Bogotá, absolutamente todo, es voluntario todo es voluntario, por lo tanto no se tiene una regularidad no se tiene una exigencia de tiempo…el comité ejecutivo se reúne esporádicamente y si lo hace se hace en las horas nocturnas, en la tarde o en la disponibilidad de tiempo que tenga el conjunto de quienes hacen parte de ella, porque todos actúan voluntariamente, por lo tanto, no se puede hacer uso en el horario del día ni en un horario laboral de ninguno […] Si hemos hecho en los tres, dos años que llevo coordinando esa tarea unas diez reuniones de ese comité ejecutivo, son muchas».
Agregó que no ha solicitado permisos para asistir a reuniones políticas atañederas a la candidatura de la doctora Clara López, pues «[…] como lo he dicho, en las labores de la UTL no estaba esa obligatoriedad y, en segundo lugar, de asistir por cuenta mía, por voluntad propia, a algún evento de la actividad de la doctora Clara, lo hice en algunas ocasiones en horario no laboral». Asimismo, expresó: «nunca destiné mi horario ni nunca hice uso del tiempo de la UTL para la campaña electoral de la doctora Clara, como ya lo manifesté, este hecho sucedió en mi tiempo libre, ocasionalmente, porque sabía que mi principal labor era cumplirle a las tareas señaladas por el senador, que no eran pocas tareas».
Acerca de la naturaleza del comité ejecutivo distrital del aludido partido, indicó: «[…] como consta en los estatutos, ni siquiera aparece señalado, lo que aparece es que en los territorios hay unas coordinaciones que no tienen ninguna reglamentación ni ningún régimen interno, y por lo tanto se cumple de manera voluntaria por quienes allí lo integran […] tampoco hice parte de algún órgano de dirección de la campaña de la doctora Clara López Obregón […] si no me ordenaron participar en la campaña, mucho menos realizar aportes […]».
Respecto de que algunos miembros de la UTL, según los primeros deponentes, no lo vieron en las oficinas del Congreso durante el año 2015, aseveró: «bueno no podría tener la certeza de que me vieron o no me vieron, porque le consta al senador Senén que yo estuve en las reuniones de coordinación y en las tareas que tanto a nivel interno él me establecía, como por ejemplo hacerle algunos documentos para la comisión sexta y para la comisión de ordenamiento territorial, que no implica estar en la oficina sino en las oficinas donde funcionan estas entidades o estas comisiones, tanto como la una constitucional como la otra legal y desde luego, puede ser que algunos compañeros no lo vean a uno sentado allá, pero sí estábamos cumpliendo la labor interna que señalaba el senador en esas tareas». Que durante el 2015 «se trabajó en un proyecto de ley que requirió mucho tiempo, se hicieron varios documentos bastantes documentos sobre el tema que le interesó mucho al senador», de lo cual hay constancia.
• La señora Elizabeth Cortés Suárez afirmó que es la veedora del PDA, elegida durante el congreso del partido los días 15, 16 y 17 de mayo de 2015. Sus funciones están previstas en las Leyes 1475 y 130, las cuales son de control y verificación de que todos los organismos del partido y sus afiliados se ajusten al cumplimento de la ley y, fundamentalmente, de los estatutos; en particular, les hace seguimiento a los elegidos, en la medida en que deben actuar en bancada.
Aclaró que en el partido hay unos niveles jerárquicos que son la junta nacional, el comité ejecutivo nacional, la comisión de ética y garantías y la veeduría, estos dos últimos como organismos de dirección y control del partido; los demás organismos en el partido son, por lo general, organismos de coordinación. Existen las coordinadoras territoriales, que tienen la función de coordinar determinadas actividades en sus territorios.
Que «en la campaña propiamente digamos de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá no tenía una incidencia directa en su organización, en sus actividades, de tal suerte que, posiblemente, los encontré [a los señores Hollmann Molano y Nelson Linares] en algunas ocasiones en algún tipo de actividad de campaña, pues todos los militantes del partido y afiliados estábamos en la obligación de apoyar esa campaña, incluido por supuesto el senador, con mayor claridad». Asimismo, que ninguno de ellos, desde su designación como veedora, ha tenido cargo de dirección dentro del partido. A ellos los ha visto poco, al señor Nelson Linares, muy eventualmente. En lo que atañe a la campaña de la doctora Clara López, esta tenía otra sede diferente a la del partido, a la cual ella casi no asistía.
Precisa que las reuniones del comité ejecutivo nacional inician generalmente a las 5 de la tarde, para que no interfieran con los horarios de los senadores que son miembros de dicho comité (todos los senadores por el PDA son miembros de ese comité). Respecto de la frecuencia con que veía a los señores Nelson Linares y Hollmann Molano, expresó que solo ocasionalmente, pues en el horario de ella los veía muy poco, máxime cuando el movimiento del partido empieza en las noches. Explica que ningún coordinador tiene obligación de permanecer en ninguna sede, en Bogotá la coordinadora territorial tiene una oficina allí, que no es atendida, por lo general está cerrada, pero tiene una secretaria que presta sus servicios ad honorem, sin embargo, no ha visto casi nunca al señor Linares en horas del día, que coincida con ella.
o) Copia de Resoluciones 322 de 5 de abril y 762 de 3 de agosto, ambas de 2016, a través de las cuales se declara insubsistente del cargo de asistente III de la unidad de trabajo legislativo del senador demandado al señor Raúl Alberto Galvis Pérez y se le acepta la renuncia del señor Luis Fernando González Zapata del empleo de asistente IV de la misma UTL, en su orden (ff. 309 y 310 c. 2).
p) Impresiones tomadas de la página electrónica de la rama judicial (enlace consulta de procesos), que dan cuenta de que el señor Luis Fernando González Zapata (junto con otras personas que no se determinan) interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de febrero de 2017 contra el Congreso de la República (expediente 11001-33-35-009-2017-00059-00), que cursa ante el Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Bogotá; así como que el señor Raúl Alberto Galvis Pérez también incoó demanda de igual naturaleza y contra el mismo demandado el 2 de noviembre de 2016 (expediente 11001-33-35-011-2016-00465-00), que se tramita ante el Juzgado Once (11) Administrativo de Bogotá (ff. 203 a 205 c. 1).
q) Certificaciones DJU-CS-1882-2017 y DJU-CS-1881-2017 de la jefe de la división jurídica del Senado de la República de 6 de julio de 2017 (ff. 299 y 300 c. 2), que dan fe de que el señor Raúl Alberto Galvis Pérez formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 11001-33-35-011-2016-00465-00, que cursa ante el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá) contra el Congreso de la República, con el fin de obtener la anulación de la Resolución 322 de 5 de abril de 2016, por medio de la cual la dirección general administrativa del Senado de la República declaró insubsistente su nombramiento en el empleo de asistente, grado III. Igualmente, que el señor Luis Fernando González Zapata presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación contra ese ente legislativo e incoó demanda de la misma naturaleza con ocasión de la expedición de la Resolución 762 de 3 de agosto de 2016, en la que se le aceptó su renuncia al cargo de asistente grado IV (expediente 11001-33-35-009-2017-00059-00, que se adelanta ante el Juzgado 9° Administrativo de Bogotá).
3.5 Tacha formulada respecto de los testimonios rendidos por los señores Luis Fernando González Zapata y Raúl Alberto Galvis Pérez:
Sobre este aspecto, cabe anotar que el apoderado del demandado alega que los testigos carecen de credibilidad e imparcialidad (ff. 316 a 318 c. 2), dado que (i) han instaurado demandas contra el Congreso de la República con ocasión del retiro del servicio del cual fueron objeto en su condición de miembros de la UTL del congresista investigado; (ii) el señor Raúl Alberto Galvis Pérez fue llamado como testigo (a favor de la sindicada) dentro del proceso penal que cursa contra una ex compañera de trabajo de la UTL, por el punible de extorsión, del cual fue víctima el senador demandado; y (iii) este último decidió denunciar a los mencionados testigos, al estimar que también participaron en hechos constitutivos del señalado delito; por todo lo anterior, los deponentes tienen un interés evidente en las resultas del proceso y una manifiesta enemistad hacia el accionado.
Con el propósito de fundamentar su solicitud, además de aportar las impresiones tomadas de la página electrónica de la rama judicial (enlace consulta de procesos) y las certificaciones de la división jurídica del senado de la República de 6 de julio de 2017, relacionadas en las letras p y q del acápite anterior, allegó fotocopia de la primera página de la denuncia penal que instauró el aquí demandado el 4 de julio de 2017 ante la Fiscalía General de la Nación contra los mentados testigos, por los presuntos delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir, sin embargo, no es posible determinar por cuáles hechos (f. 319 c. 2).
Igualmente, a la audiencia de testimonios celebrada el 12 de julio de 2017, el apoderado del accionado, arrimó al estrado escrito firmado (junto con la correspondiente huella) por la señora Rocío Rojas A. de 11 de julio (quien es la persona imputada por el punible de extorsión), en el que pide disculpas al aludido senador, en su condición de víctima, como un acto de reparación simbólica, al haber obtenido grabaciones de sus reuniones «[…] en su entorno familiar y laboral las cuales no son delito ni actuación indelicada por parte del Señor Segundo Niño, decidí extorsionarlo y amenazarlo, manifestando que existía una banda delincuencial» (f. 356 c. 2). El abogado del demandado agregó que en el proceso penal que se adelanta por extorsión, la imputada reconoció que tomó grabaciones del senador, aportadas con la solicitud de pérdida de investidura, y que participó con otras personas del entorno laboral de él con el propósito de extorsionarlo por dinero, amenazándolo con hacerlo perder su investidura, y, dice el apoderado: «casualmente estamos ante» una solicitud de tal naturaleza.
Acerca de los hechos que fundamentan la tacha, de la audiencia de testimonios se destaca que el señor Luis Fernando González Zapata afirmó (i) haber laborado en la UTL del demandado, quien le pidió la renuncia protocolaria, motivo por el cual interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de obtener la anulación del respectivo acto administrativo; (ii) ser compañero de universidad, colega y amigo del accionante, a quien le contó lo que pasaba dentro de la UTL y le propuso que era oportuno denunciar al aludido senador, así fue como le entregó las grabaciones para anexarlas a este trámite; y (iii) haber visto a la señora Carmen Rocío Rojas solo en dos ocasiones a inicios del 2015, porque cuando él inició labores en la UTL no sabía de ella, solo hasta 6 meses después se enteró que era compañera de la unidad. Por su parte, el señor Raúl Alberto Galvis Pérez dijo que fue declarado insubsistente su nombramiento como empleado de la UTL del senador demandado, por lo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de lograr el amparo de sus derechos laborales; y que no conoció a la señora Carmen Rocío Rojas, a la que se refiere el abogado del demandado, tal vez es una señora que era de Boyacá.
Ahora bien, los señores Luis Fernando González Zapata y Raúl Alberto Galvis Pérez presentaron memoriales los días 17 y 18 de agosto de 2017 (ff. 486 a 500 y 545 a 548 c. 3), en su orden, orientados a oponerse a la tacha formulada por el apoderado del accionado, por cuanto, en resumen, si bien es cierto que incoaron medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión de su desvinculación de la UTL del demandado, también lo es que lo hicieron con el propósito de reclamar sus derechos laborales, empero ello no indica que su testificación esté parcializada.
Adicionalmente, que no conocen de alguna denuncia penal contra ellos por el delito de extorsión, ni han tenido relación con la mencionada señora Carmen Rocío Rojas, tanto así que en las grabaciones aportadas con el libelo introductorio no se escucha la voz de ella (como lo aduce el señor Luis Fernando González Zapata); aseveran que tampoco han sido llamados a testificar a favor de ella en proceso penal alguno, razón por la cual piden que se «sirva compulsar copias» a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los posibles punibles de falsa denuncia y obstrucción a la justicia por parte del aquí accionado.
Por su parte, el apoderado del accionado, en escrito de 29 de agosto de 2017 (ff. 582 y 583 c. 3), alega que resulta extraño que los testigos presenten memoriales en los que pretenden defenderse «[…] en forma absolutamente extemporánea y antiprocedimental, respecto de la tacha formulada sobre ellos –la que ahora es más que evidente por su parcialidad-», pese a que no son parte ni tienen la facultad de controvertir la tacha, además el señor González pretende insistir en unas grabaciones que fueron rechazadas por el despacho sustanciador por ser ilegales, motivo por el cual pide tener por no presentados esos memoriales.
Al respecto, dirá la Sala que si bien el actual estatuto procesal (Código General del Proceso [CGP]) preceptúa que al formularse la tacha se deben expresar las razones en que se funda, únicamente exige del juez analizar «[…] el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso» (artículo 211). Es decir, que no es dable desestimar el testimonio de la persona que es tachada por encontrarse en situaciones que podían afectar su imparcialidad o dar por cierto que faltó a la verdad en su declaración, pues en virtud del principio de la sana crítica en la valoración probatoria, resulta pertinente apreciar el testimonio sospechoso con los demás medios probatorios recaudados durante el curso del proceso, para determinar su credibilidad o no.
Pese a lo anotado, cabe aclarar que aunque los testigos tienen demandas en curso contra el Congreso de la República por su desvinculación de la UTL del senador investigado, por sí solas no evidencian enemistad con este; además, lo alegado acerca de la denuncia penal interpuesta contra ellos no deja de ser una disputa que no atañe a este asunto, máxime cuando ellos ni siquiera conocían al momento de la audiencia de testimonios de aquella y aseguraron no haberse tratado de manera personal con la señora Carmen Rocío Rojas, implicada en el delito de extorsión, con la que el accionado vincula a los mencionados testigos, situación que aún es materia de investigación, por lo que no le corresponde a esta Sala analizarla, ya que no hace parte de su ámbito de competencia y comportan simples conjeturas del demandado.
De igual manera, que uno de los testigos haya aceptado que le colaboró al abogado que interpuso esta solicitud de pérdida de investidura con la aportación de algunas pruebas incluido su testimonio, no permite entrever la parcialidad de su declaración, como lo asevera el apoderado del accionado, toda vez que es una persona que tuvo conocimiento de unos hechos que estimó el accionante como constitutivos de causal de pérdida de investidura, por lo que esta circunstancia no implica per se la falta de credibilidad del testigo.
Asimismo, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de los memoriales de los testigos orientados a desvirtuar su tacha por sospechosos y aportar documentos con tal finalidad, habida cuenta que los únicos autorizados para presentar documentos de contradicción dentro del trámite de esta solicitud de pérdida de investidura, como elementos probatorios, son los sujetos procesales que participan en este asunto y ellos no están reconocidos ni como terceros intervinientes (coadyuvantes del peticionario); adicionalmente, para efectos de determinar su parcialidad o no, en la diligencia de testimonios se indagó a los mentados testigos, tanto por el despacho sustanciador como por el apoderado del accionado, acerca de las situaciones fácticas que sustentan la aludida tacha.
Por lo tanto, tampoco le es dable a la Sala acceder a la solicitud de los testigos de «[…] compulsar las copias respectivas a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN […]» para que investiguen el posible punible de falsa denuncia contra el aquí accionado (ff. 500 y 548 c. 3), al implicarlos en el delito de extorsión con la finalidad de tacharlos como testigos sospechosos, cuanto más si ello concierne a hechos ajenos a los que se contrae el presente asunto, por lo que, si a bien lo tienen, podrán ejercer por sus propios medios los mecanismos legales que estimen pertinentes.
Por último, respecto de la petición del apoderado del demandado, en el sentido de que se envíe copia de la presente actuación a la autoridad competente con el fin de que se investigue «[…] el posible punible por haber realizado una grabación ilegal y pretender, con presunto abuso del derecho y fraude a la ley, utilizarla no solo dentro del sublite [sic] sino dentro de un proceso penal de extorsión donde mi cliente es víctima y el cual se puso de presente previa la declaración del testigo [señor Luis Fernando González Zapata] en la audiencia respectiva» (f. 669 c. 3), considera la Sala que las grabaciones aportadas por el mencionado testigo de reuniones de la UTL del demandado, de las cuales tres coinciden con las allegadas con el libelo introductorio, como se dejó anotado en el auto de pruebas de 20 de junio de 2017 (ff. 224 a 227 vuelto c. 2), no resultan de recibo, al haber sido obtenidas de manera indebida, toda vez que no aparece demostrado que se hicieron con orden judicial ni con el consentimiento de los asistentes, lo que deviene en inconstitucional, por violar el artículo 29 superior, salvo que quien hace la grabación sea una víctima.
En consecuencia, la Sala se abstendrá de enviar a la Fiscalía General de la Nación copia de las actuaciones surtidas en este trámite (incluidos los documentos allegados por el señor Luis Fernando González Zapata), comoquiera que este adujo en su testimonio que realizó las aludidas grabaciones con el fin de tener claridad acerca de las tareas y labores asignadas tanto por el congresista demandado como por su coordinador en cada una de las reuniones de los miembros de la UTL, por lo que no se evidencia un móvil delictual.
3.6 Causal de pérdida de investidura por hacer contribución a candidata a la alcaldía de Bogotá (2016-2019) e inducir a otros a que lo hicieran.
Conforme al artículo 110 de la Constitución Política, «Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura».
Esta Corporación dilucidó los elementos de la causal de pérdida de investidura que contempla el citado artículo 110 constitucional, en sentencia de 20 de septiembre de 2011, expediente 11001-03-15-000-2010-01357-00 (PI), de acuerdo con los derroteros que al respecto se han dado en torno al tema, así:
Es de la segunda de las modalidades en las que se puede incurrir en esta causal de pérdida de investidura, de la que se acusa al demandado y su estructuración requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos:
(i) La calidad de congresista de quien ejerce la inducción, lo que comporta la exigencia de que el acusado hubiera tomado posesión del cargo.
(ii) El sujeto pasivo de la conducta, bien puede ser un servidor público o un particular, dado que lo que se busca con la prohibición es que el funcionario, en este caso el congresista, no sólo no contribuya a la financiación de movimientos, partidos o candidatos, sino que tampoco se aproveche de su posición para lograr que otros hagan dichas contribuciones. Por lo tanto, resulta indiferente que la persona en contra de quien se dirija la conducta prohibida ostente o no la calidad de servidor público para que se configure la causal.
(iii) Que el destinatario de la contribución sea un movimiento, partido o candidato. No obstante, aclara la Sala que en relación con el destinatario de la contribución la norma debe ser entendida desde su finalidad, que no es otra que la de evitar que los servidores estatales participen en la financiación de movimientos políticos o induzcan a otros a hacer esas contribuciones para beneficio propio o de terceros.
La pertenencia de los congresistas a un partido o movimiento social o grupo significativo de ciudadanos permite inferir que la contribución que se haga a aquél beneficia directamente a la colectividad política a la cual pertenece. Basta recordar que conforme al artículo 1º de la Ley Orgánica 974 de 2005, que desarrolló el Acto Legislativo 1º de 2003, al modificar el artículo 107 de la Constitución, los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituye una bancada en la respectiva corporación, siendo a continuación perentorio el mandato de que cada miembro de una corporación pública pertenezca exclusivamente a una bancada.
En este orden de ideas, la contribución que se haga a un congresista, indirectamente, beneficia al partido, o movimiento social, o grupo significativo de ciudadanos al cual pertenece, dado que tales contribuciones apuntan a la permanencia del congresista en el Congreso, con lo cual se beneficia indirectamente al partido al cual pertenece. Un alcance diferente a la norma, en tanto ignorar el destino de las contribuciones a un congresista, desconocería su teleología, que no es otra que evitar la inducción a hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos.
(iv) Que la contribución se logre mediante inducción, conducta que se manifiesta a través del apremio o sugerencia tácita o expresa del congresista, que prevalido de su investidura logra el aporte en dinero o en especie, con destino a un partido político o al patrocinio de una candidatura.
(v) No se requiere que la coacción ejercida se materialice en actos de violencia física o en amenazas directas y concretas, dado que el término ‘inducir’ implica simplemente que de alguna manera se dirija la voluntad de otra persona hacia un fin determinado.
En el caso que ocupa la atención de esta Sala, de las pruebas recaudadas se tiene que, en lo concerniente a la presente causal, no se encuentran demostrados los supuestos fácticos de la norma constitucional atañederos a «hacer contribución» o «inducir a otros a que lo hagan», por cuanto si bien es cierto que el senador Segundo Senén Niño hace parte del comité ejecutivo nacional del Polo Democrático Alternativo (junto con otros parlamentarios, según Resolución 1938 de 25 de julio de 2015 del Consejo Nacional Electoral) y, en tal condición, ha asistido a algunos eventos del mencionado partido y, conforme a los estatutos de este (artículo 10 , numeral 1), de apoyo a candidatos a la alcaldía (como la doctora Clara López Obregón) y al concejo de Bogotá, también lo es que por su condición de congresista no le está vedado este tipo de participaciones, máxime cuando no comportan contribuciones siquiera de carácter patrimonial.
Lo anotado en armonía con lo estimado por esta Sala en fallo de 11 de mayo de 2004, expediente 25000-23-15-000-2002-2147-01 (IJ), con ponencia del doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, al precisar que «[…] si bien los miembros de las corporaciones públicas de elección popular y “ciertos empleados” que no ejercen cargos de jurisdicción o autoridad civil o política o de dirección administrativa, ni pertenecen a los órganos judicial, electoral o de control, pueden participar específicamente en las “actividades” de los partidos y movimientos y en las “controversias” políticas, esa atribución no sustrae a ninguno de estos “servidores públicos”, que lo son todos, de acuerdo con el artículo 123 Constitucional, de acatar la prohibición de “no contribuir”, así sea mínimamente, en la “financiación” de los partidos, movimientos y candidatos, esto es, dar dinero, o proveer recursos análogos que puedan considerarse actos de financiamiento, pues si lo hacen, dependiendo de su condición, estarán llamados a enfrentar la remoción del cargo o la pérdida de la investidura. Ello por cuanto, a no dudarlo, el acto de contribución o financiamiento que el artículo 110 Constitucional proscribe, no hace parte de las atribuciones de participar en política (en actividades y controversias) que la Constitución limitadamente reconoce […]» (subrayado fuera de texto).
Sobre este último aspecto, resulta oportuno anotar que el artículo 127 superior prevé que «A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución», y «Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria».
Acerca de la participación política de los servidores estatales, a la que se refiere este artículo, la Corte Constitucional, en fallo C-794 de 29 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo, dijo:
(i) La Constitución consagra el derecho de participación política de todas las personas, incluidos los servidores del Estado, apoyado en la facilitación de la participación como fin esencial del Estado -CP 2- y en el deber constitucional de participación -CP 95.5-. (ii) Prohíbe a los miembros activos de la fuerza pública el ejercicio del derecho de sufragio y de intervención en actividades o debates partidistas -CP 219-. (iii) Prohíbe a los empleados estatales en general, y específicamente a los de la rama judicial, órganos electorales, de control y de seguridad, la participación “en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas” -CP 127, inc 2-. (iv) Admite la participación eventual de los empleados estatales diferentes a los especificados en el punto anterior, en actividades partidistas y controversias políticas, sólo por autorización del Legislador estatutario y en las condiciones que llegare a disponer -CP 127, inc 3-. (v) Establece como causal de mala conducta, para todo empleado estatal, la utilización del empleo para presionar el respaldo ciudadano a una causa o campaña política -CP, 127, inc 4.
Asimismo, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, a través de concepto de 3 de diciembre de 2013, radicado 11001-03-06-000-2013-00534-00 (2191 y 2191 adición), C. P. Álvaro Namén Vargas, en lo concerniente a los servidores públicos a los que no les está rotundamente vedada su participación en política, expresó:
[…] la Sala estima que de acuerdo con la Constitución el funcionario, so pena de sanción por abuso del derecho, no puede: (i) utilizar la autoridad de la cual está investido para ponerla al servicio de una causa política; (ii) usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral; (iii) usar, con los mismos fines, información reservada a la cual tenga acceso por razón de su cargo; (iv) exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política; (v) disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar ese tipo de intereses. Sin embargo, “la limitación anotada no puede ser motivo para suponer que toda actividad de estos servidores pueda ser sopesada bajo una lupa incriminadora que pretenda hallar en cada uno de sus actos un interés adverso al general, pues ello llevaría al entorpecimiento de actividades que son propias del desempeño de ciertos cargos que tienen como uno de sus cometidos los constantes encuentros con diversos miembros y sectores de la sociedad”.
De la norma constitucional trascrita, en armonía con las reglas jurisprudenciales precitadas, es dable colegir que si bien la Carta Política permite la participación en política para algunos servidores estatales, esta no es de carácter absoluto, en atención a los principios inherentes a la función pública, que deben preservarse, por lo que tienen, entre otras limitaciones, la de disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo con el propósito de realizar actividades relacionadas con la participación política.
En este orden de ideas, en lo atinente al asunto, se insiste, al congresista investigado no le está constitucional ni legalmente prohibida su participación en el partido Polo Democrático Alternativo, además, su apoyo a la candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá se ciñó a la asistencia a algunos eventos, en su mayoría, en horas inhábiles (sábados 13 de diciembre de 2014, 11 y 25 de abril, 30 de mayo y 22 de agosto de 2015 y 16 de abril de 2016; viernes 27 de marzo y 16 de octubre de 2015; domingos 19 de abril y 13 de diciembre de 2015 y 21 de febrero de 2016) y otros no ocuparon todo el día (la inscripción de la candidatura de la doctora Clara López a la alcaldía de Bogotá el jueves 23 de julio de 2015 y una rueda de prensa realizada el martes 4 de agosto del mismo año), pero sin que se evidencie que estos interfirieran en el giro ordinario de su función parlamentaria o que se hubiese aprovechado de su calidad de senador para influir en el electorado.
Igualmente, resulta oportuno destacar que la participación en política del senador accionado se ha circunscrito al marco de actuar que establecen los estatutos del Polo Democrático Alternativo que, en su artículo 10, prevén el deber especial de sus afiliados de apoyar a los candidatos del partido, y en el 27 se contempla la posibilidad de que los parlamentarios integren el comité ejecutivo nacional, tal como lo ratificó la veedora del partido Elizabeth Cortés Suárez en el testimonio que rindió ante el despacho sustanciador, cuyas reuniones, como ella lo afirmó y coincidió la señora Clara López, se realizan los fines de semana y en horarios que no interfieran con sus compromisos laborales.
Por otra parte, en lo referente a inducir a otros a que hagan contribución a partidos o candidatos, en la solicitud de pérdida de investidura se alega que el accionado designó e impulsó a miembros de su UTL, en particular a los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate (asistentes V y IV, en su orden), para que destinaran la mayor parte de su tiempo laboral en apoyar la campaña de la excandidata a la alcaldía de Bogotá Clara López Obregón (2016-2019) desde agosto de 2014 hasta el 25 de octubre de 2015, sin embargo, advierte la Sala que el material probatorio recaudado tampoco permite evidenciar dicha circunstancia ni mucho menos contribuciones de carácter económico pedidas por el senador a alguno de sus colaboradores de la unidad de trabajo legislativo.
Lo anterior, en atención a que si bien los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate también asistían a reuniones y eventos convocados por el Polo Democrático Alternativo, incluso de apoyo a la entonces candidatura a la alcaldía de Bogotá de la doctora Clara López Obregón, no se demostró que haya sido por inducción del senador accionado, ni que hubiesen realizado aportes económicos a aquella, puesto que a pesar de que el testigo Luis Fernando González Zapata adujo que en una de las reuniones de la UTL el congresista Segundo Senén Niño dijo: «yo designé a unos compañeros de la UTL para que acompañaran la labor o el trabajo de la campaña de Clara López Obregón», ese comentario lo hizo luego de terminada la aludida campaña y no fue testigo directo o presencial de que en alguna ocasión haya designado a alguien para tal propósito o que los mencionados señores hayan sido destinatarios de alguna orden de ese tipo; además, aseguró que acotaciones de esa clase las hacía el señor Hollmann Molano, pues rara vez el senador los acompañó a las reuniones de la UTL durante el 2015, y aquel en una oportunidad les indicó que era obligación de ellos como colaboradores de la UTL seguir la orientación política del senador de apoyar a la mentada candidata, pero no arguyó ser obligado a ello o que le haya tocado cambiar su preferencia política, por lo que fue un comentario sin incidencia.
Cabe anotar que en similar sentido se pronunció el deponente Raúl Alberto Galvis Pérez, quien adicionalmente aseguró no constarle si el senador Niño Avendaño le dio alguna instrucción directa a los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate acerca de participar en la campaña de la doctora Clara López. Sin embargo, manifestó que en una ocasión se le pidió ir a la casa de campaña de la candidata para discutir el programa educativo dado su máster en el tema, empero, su asistencia se contrajo solo a escuchar la propuesta en ese aspecto y conversar con el equipo que la elaboró, sin que haya hecho parte de la redacción del texto definitivo o le haya tocado apoyar constantemente esa candidatura o incluso de manera económica.
No obstante, lo expresado por los anteriores declarantes de la parte solicitante fue desmentido por los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate en sus testimonios, habida cuenta de que pese a reconocer que son militantes del partido Polo Democrático Alternativo y haber apoyado la campaña de la doctora Clara López con su asistencia a algunos eventos y reuniones con tal propósito, aseguraron haberlo hecho en forma voluntaria, en horarios no laborales y dichas actividades nunca interfirieron con sus funciones como empleados de la UTL del senador investigado, mas no porque el demandado se los pidiera u ordenara. Argumento que coincide con el de la señora Clara López Obregón, al afirmar: «ni Hollmann Molano ni Nelson Linares participaron de[l] equipo de campaña, que hayan ido a reuniones de carácter político para la difusión del programa seguramente asistieron» y «el senador Senén Niño nunca se aproximó a plantearme que me estaba destacando personal alguno para el apoyo de mi campaña y, desde luego, tampoco hizo ninguna contribución de carácter monetario a la misma […] jamás he recibido algún apoyo financiero ni de Senén Niño ni de ningún senador de mi partido y tristemente tampoco de mi partido como tal».
De igual modo, el señor Carlos Fernando Rincón Junco, en declaración extraprocesal de 17 de mayo de 2017 rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, que valga decir no fue controvertida por el solicitante de la pérdida de investidura, expresó que, como integrante de la UTL del senador Segundo Senén Niño Avendaño desde abril de 2015, este «[…] jamás me ha siquiera insinuado como función, instrucción u orden y mucho menos constreñido a realizar actividades tendientes a promocionar candidatos o campañas políticas […]».
En conclusión, a pesar de que los testigos de la parte peticionaria de la pérdida de investidura aseveraron haber oído decir al senador en una ocasión que había enviado compañeros para apoyar la candidatura a la alcaldía de Bogotá de Clara López, (i) no pudieron decir a quiénes, (ii) solo por suposiciones pensaron que fue al señor Nelson Linares y (iii) no les consta en qué oportunidad y contexto se dio esa orden, por el contrario, además de haber sido objeto de tacha por sospechosos, sus declaraciones en tal sentido fueron desvirtuadas por los testigos Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, quienes señalaron no haber sido obligados o insinuados por el senador a que participaran de ninguna manera de la campaña de la doctora Clara López, quien por cierto aseveró no haber tenido personal de la UTL del accionado a su disposición dentro de su equipo de campaña, ni haber recibido financiación por parte de él.
Por lo tanto, los deponentes de la parte solicitante comportan la condición de testigos de oídas, que al ser indagados en la audiencia de testimonios conforme al artículo 221 (numeral 3) del Código General del Proceso, su dicho solo se limitó al comentario que señalan haber escuchado del senador Niño Avendaño, pero no es factible darles credibilidad, en la medida en que, se itera, los demás testigos los desmintieron y aseguraron no ser objeto de órdenes o insinuaciones para participar o realizar aportes económicos a la campaña de la doctora Clara López, amén de que afirmó no haber tenido personal de la UTL del senador accionado en su equipo de candidatura.
Por consiguiente, al no estar comprobado que el senador Segundo Senén Niño Avendaño haya hecho contribución en dinero o en especie a la candidatura de la doctora Clara López Obregón a la alcaldía de Bogotá y al partido Polo Democrático Alternativo, o haya inducido a otros a hacerlo, se despacha la causal materia de estudio de manera negativa.
3.7 Causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos.
Los numerales 4 de los artículos 183 de la Constitución Política y 296 de la Ley 5ª de 1992, entre otras causales de pérdida de investidura de congresistas, preceptúan la de indebida destinación de dineros públicos, invocada por el solicitante.
Por su parte, la sala plena de lo contencioso-administrativo de esta Corporación ha precisado que «[…] el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc.».
Asimismo, en sentencia de 6 de mayo de 2014, se delimitaron las condiciones indispensables para que se configure dicha causal de pérdida de investidura, en los siguientes términos:
[…] para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 2005 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
Finalmente, debe advertirse que se trata de una causal autónoma, por eso no es necesaria una sentencia condenatoria en material [sic] penal, por los hechos objeto de estudio en la jurisdicción administrativa. No obstante, debe señalarse que el criterio de la Corporación era diferente en vigencia del artículo 301 de la Ley 5 de 1992. En efecto, debe advertirse que en 1993 la Sala Plena estableció: “Cuando se trata de indebida destinación de dineros públicos, la causal requiere de previa sentencia penal condenatoria ejecutoriada o en firme, trasladada al Consejo de Estado en pleno por la autoridad respectiva; o conformación de la decisión y comprobación del hecho, si es la Mesa Directiva de alguna de las Cámaras la que solicite al Consejo de Estado la declaratoria de pérdida de investidura del Congresista. En concordancia con lo anterior, el artículo 301 de la misma Ley 5ª de 1992, al referirse a la solicitud de pérdida de investidura, formulada por cualquier ciudadano, establece que dicha solicitud deberá estar acompañada de las pruebas que así lo ameriten, en las condiciones legales, y si ello no fuera posible de demostraciones sumarias sobre la causal invocada.” Sin embargo, se insiste, esta tesis se modificó [].
Por manera que, para que se estructure la causal objeto de estudio resulta necesario demostrar que la persona acusada de haber incurrido en ella: (i) haya ejecutado la conducta en condición de congresista; (ii) en ejercicio de su investidura, destine dinero público a propósitos diferentes a los previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, esto es, a materias, actividades o finalidades no autorizadas, o que a pesar de estar avaladas son diferentes a las que se encuentran asignados, o los aplique a objetos prohibidos, superfluos o injustificados; (iii) que lo haga orientado o no a obtener un beneficio económico, propio o ajeno; y (iv) no es indispensable que el congresista sea ordenador del gasto, pues lo importante es que utilice «[…] instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos como ha ocurrido frente a la contratación pública, los anticipos y las autorizaciones. Incluso, […] en los eventos de cesión de tiquetes aéreos, la asignación de funciones distintas a los funcionarios públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo, el desarrollo de funciones a esos mismos funcionarios en lugares diferentes al sitio de trabajo y por motivaciones que no consultan el servicio público, entre otros».
En relación con la naturaleza de dineros públicos de los salarios que se pagan a los servidores de las unidades de trabajo legislativo de un congresista, recientemente, en fallo de 28 de marzo de 2017, expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00, se destacó que «[…] los dineros con que se paga la nómina de los empleados públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo son recursos públicos y más concretamente «dineros públicos», pues, provienen de una actividad económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal, con el propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las necesidades que demanda el interés general. Se aclara, entonces, que dentro del ciclo presupuestal, los salarios hacen parte del componente de gastos y, específicamente, de gastos de funcionamiento y, por ello, son recursos públicos y per se dineros públicos […]».
Acerca de la forma de destinación, esta Corporación ha indicado que «Será DIRECTA cuando el congresista - con capacidad de ordenación del gasto - dispone ilícitamente de recursos del erario, bien sea para obtener finalidades particulares (a través, por ejemplo, de la celebración de contratos estatales sin establecer su necesidad, oportunidad o conveniencia, tal y como se examinó en la sentencia del 20 de junio de 2000, Expedientes AC-9875 y AC-9876) o para ordenar una destinación diferente a la establecida en el Presupuesto para esos dineros públicos. Y se presentará la destinación INDIRECTA cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para el objeto previsto en el respectivo Presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación distinta al objeto para el cual fueron consagrados».
En el caso sub examine no se encuentra configurada la causal de indebida destinación de dineros públicos, puesto que, como se dejó anotado en precedencia, no se demostró que el congresista investigado le haya cambiado las funciones a alguno de los servidores públicos que integran su UTL, como lo afirma el demandante, con el propósito de brindar apoyo a la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá (2016-2019), tampoco que los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, quienes se desempeñan como asistentes V y VI, en su orden, de su UTL, hayan ejercido labores distintas a las atañederas al trabajo legislativo del senador demandado o que hayan destinado su tiempo laboral a actividades concernientes a la promulgación y promoción del partido Polo Democrático Alternativo.
Lo anterior en la medida en que, en primer lugar, obran publicaciones de fotografías de eventos y reuniones del partido Polo Democrático Alternativo en redes sociales, como Facebook y Twitter, y en otras páginas electrónicas, que en su mayoría no es dable determinar la veracidad de la fecha y hora de esas actividades, pues solo es posible ver en algunas la fecha de publicación, la red social fuente de esta y unas pocas contienen la hora de divulgación, de las cuales se puede destacar que en lo atinente al señor Hollmann Édisson Molano Páez, fueron pocos los eventos a los que asistió, tales como los días lunes 22 de septiembre de 2014 (hora indeterminable), sábado 29 de noviembre de 2014, martes 14 de julio de 2015 (publicación hecha a las 6:11), el viernes 11 de septiembre de 2015 (divulgación efectuada a las 15:39), el martes 15 de septiembre de 2015, el viernes 16 de octubre de 2015, el domingo 21 de febrero de 2016 y el sábado 16 de abril de 2016 (las últimas sin precisar hora).
Por otro lado, en lo referente al señor Nelson Emiro Linares Zárate en dichas redes sociales y páginas web se evidencia su participación en varios eventos convocados por el Polo Democrático Alternativo, algunos con ocasión de las campañas de la entonces candidata a la alcaldía de Bogotá Clara López y de personas postuladas por el partido para juntas administradoras locales y concejo de Bogotá, realizadas en su mayoría los días sábados y domingos, y algunas entre semana (sin que sea posible determinar la hora, pero cuyas publicaciones fueron cerca de las 16:30 o 17:00, incluso en la noche).
Asimismo, la participación en varias actividades realizadas por el aludido partido fueron aceptadas por los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate en la audiencia de testimonios, pero aclararon que fueron en días y horas que no interferían con el ejercicio de sus empleos públicos, sin que hubiesen tenido la necesidad de solicitar permiso alguno para tal propósito, cuya versión coincide con la de las señoras Clara López Obregón y Elizabeth Cortés Suárez, quienes afirmaron, en su orden, que «Las reuniones se hacen en horarios nocturnos porque el grueso de sus integrantes labora en distintos trabajos y no están disponibles durante las horas diurnas […]», y solo ocasionalmente los veían en la casa amarilla, máxime cuando el movimiento del partido empieza en las noches.
También resulta oportuno anotar que, según certificaciones del secretario general del Polo Democrático Alternativo, el señor Nelson Emiro Linares Zárate desde el 5 de julio de 2015 fue escogido como presidente del comité ejecutivo distrital, sin embargo, esta designación no implica «[…] cumplimiento de horario, no existe subordinación alguna, ni se tienen [sic] asignada remuneración algunos [sic] para este cargo y sus funciones las lleva a cabo a [sic] Ad honorem», lo cual, de igual manera, fue ratificado por las testigos Clara López Obregón y Elizabeth Cortés Suárez, al relatar, respectivamente, que: (i) «Esas dignidades de partido no son de tiempo completo, es más nos pasamos mucho esfuerzo tratando de impulsar a esos comités que se reúnan periódicamente, porque ni se reúnen regularmente, es muy a la voluntad de los equipos respectivos. No sé cuántas veces al mes se haya reunido el comité distrital, pero no, no hay un trabajo de tiempo completo y por lo general las labores de esos comités […] se hacen en los fines de semana y en los horarios posteriores a las cinco de la tarde para obtener la mayor asistencia posible en función de los compromisos laborales de sus integrantes»; y (ii) ningún coordinador tiene obligación de permanecer en ninguna sede, en Bogotá la coordinadora territorial tiene una oficina allí que no es atendida, por lo general está cerrada, pero tiene una secretaria que presta sus servicios ad honorem, sin embargo, no se ve casi nunca al señor Linares en horas del día, pues ningún coordinador tiene la obligación de permanecer en la sede del partido.
En similar sentido se pronunció el señor Nelson Linares, al referir: «[…] son labores muy simples, porque como son ad honorem y voluntarias, todo el equipo de coordinación de Bogotá, absolutamente todo, es voluntario todo es voluntario, por lo tanto no se tiene una regularidad no se tiene una exigencia de tiempo…el comité ejecutivo se reúne esporádicamente y si lo hace se hace en las horas nocturnas, en la tarde o en la disponibilidad de tiempo que tenga el conjunto de quienes hacen parte de ella, porque todos actúan voluntariamente, por lo tanto, no se puede hacer uso en el horario del día ni en un horario laboral de ninguno […] Si hemos hecho en los tres, dos años que llevo coordinando esa tarea unas diez reuniones de ese comité ejecutivo, son muchas».
Ahora bien, en relación con el horario laboral dentro de la UTL del congresista demandado, los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, en sus declaraciones coincidieron en expresar que las funciones de los miembros de las UTL las asigna el congresista, conforme al artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, que preceptúa: «Cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada por no más de 10 empleados y/o contratistas […]», y según lo certificado por la división de recursos humanos del Senado de la República, que da cuenta de que «[…] respecto del empleo ASISTENTE de las Unidades de Trabajo Legislativo del Senado de la República, ni de los demás, la ley no establece funciones en particular las cuales se desarrollan de acuerdo con la dinámica y necesidades emergentes de cada unidad, así como los planes y proyectos de los Senadores de la República, quienes a partir de ello distribuyen o asignan entre sus servidores las tareas que considere pertinentes en aras de una eficiente labor legislativa. Por tal razón, no es procedente indicar las funciones de los empleos de los asistentes grado IV y V».
De igual modo, tanto los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate como el señor Raúl Alberto Galvis Pérez manifestaron que no hay un horario de trabajo fijo dentro de la unidad de trabajo legislativo, pues la jornada laboral puede iniciar muy temprano en horas de la mañana (entre 7 o 6 a. m.) y terminar entre las 4 o 5 de la tarde (de lunes a jueves); los viernes asisten de acuerdo con la necesidad de los temas que se desarrollan y por solicitud del senador, incluso algunos proyectos de ley son entregados los viernes y deben presentar informes de estos los lunes siguientes, es decir, que deben estar disponibles para trabajar en cualquier momento.
En lo referente a lo dicho por los testigos Luis Fernando González Zapata y Raúl Alberto Galvis Pérez, en el sentido de que durante el año 2015 no vieron en la oficina al señor Nelson Emiro Linares Zárate, a quien lo distinguían en publicaciones de redes sociales, páginas electrónicas y artículos de prensa, relacionadas con reuniones y eventos del partido Polo Democrático Alternativo, en especial concernientes a la candidatura de la doctora Clara López Obregón, y en atención a los comentarios del señor Hollmann Édisson Molano Páez, acerca de que tenía un permiso especial, y como no asistía a las reuniones de la UTL, concluyeron que se dedicaba a la citada campaña electoral, precisa la Sala que esa circunstancia no conduce a la certeza de que el señor Nelson Linares no haya ejercido sus funciones.
En efecto, contrario a las mencionadas afirmaciones, los señores Hollmann Édisson Molano Páez (quien era el portavoz del senador ante sus demás compañeros en lo relativo a la organización del trabajo) y Nelson Emiro Linares Zárate explicaron que este realizó labores de campo y «[…] funciones extramurales en el tema gremial, en el tema social, como somos muy activos en el tema de educación […]», además, el último dijo: «[…] le consta al senador Senén que yo estuve en las reuniones de coordinación y en las tareas que tanto a nivel interno él me establecía, como por ejemplo hacerle algunos documentos para la comisión sexta y para la comisión de ordenamiento territorial, que no implica estar en la oficina sino en las oficinas donde funcionan estas entidades o estas comisiones, tanto como la una constitucional como la otra legal y desde luego, puede ser que algunos compañeros no lo vean a uno sentado allá, pero sí estábamos cumpliendo la labor interna que señalaba el senador en esas tareas».
Adicionalmente, no es dable asentir el argumento de los deponentes Luis Fernando González Zapata y Raúl Alberto Galvis Pérez de que como no veían a su compañero Nelson Linares en la UTL, asumieron que estuvo en campaña con la doctora Clara López, pues resultan ser suposiciones y apreciaciones personales de aquellos testigos, que fueron desvirtuadas por los demás, como se dejó anotado en precedencia, habida cuenta de que las reuniones políticas a las que asistía el señor Linares se realizaban en horarios inhábiles (tal como se documentó en algunas de las publicaciones aportadas por el solicitante y lo narraron las señoras Clara López y Elizabeth Cortés, quienes en sus condiciones de presidenta y veedora del Polo Democrático Alternativo, en su orden, dieron fe de ello).
Por lo tanto, no se evidencia el incumplimiento de las funciones, como asistentes V y IV de la UTL del senador Segundo Senén Niño, respectivamente, de los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate, que haya ameritado que el aludido congresista hubiese tenido el deber de reportar alguna novedad para efectos salariales, máxime cuando existen actividades de los miembros de la UTL que implican salir de la sede del Congreso para efectos de evidenciar necesidades de grupos sectoriales, con la finalidad de desarrollar la actividad legislativa de una mejor manera, que sea coherente con la realidad social.
Por ende, si bien es cierto que, pese a no ser el congresista ordenador del gasto, de su debida información acerca de las novedades relacionadas con el personal a su cargo, en particular las tocantes con las ausencias de sus servidores, destina en forma indirecta dineros públicos para el pago de los salarios de los miembros de su UTL, también lo es que no aparece demostrado que lo haya hecho para propósitos diferentes al cumplimiento de las funciones de estos.
Se itera que de las pruebas aportadas al expediente no es posible evidenciar que los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate destinaron parte de su tiempo de trabajo a actividades del partido político Polo Democrático Alternativo, en especial, relativas a la candidatura de Clara López Obregón a la alcaldía de Bogotá (2016-2019), puesto que, por una parte, los testigos del solicitante no les constaba si cuando no los veían en la sede del Congreso, en particular al señor Nelson Linares, estaban en la casa amarilla o en el ejercicio de sus labores propias como miembros de la UTL, y, por otra, las reuniones señaladas por el peticionario, en su mayoría fueron los fines de semana y entre semana en horarios nocturnos, esto es, fuera del horario laboral, tal como lo corroboraron los testigos del demandado, incluso si unas pocas tuvieron lugar en horas hábiles, no se demostró durante cuánto tiempo o que interfirieran en el cumplimiento de sus funciones.
En consecuencia, no resulta procedente la pérdida de investidura deprecada por la causal de indebida destinación de dineros públicos.
No obstante, comoquiera que la conducta desplegada por los señores Hollmann Édisson Molano Páez y Nelson Emiro Linares Zárate podría eventualmente comportar reproche desde el punto de vista del derecho disciplinario, se dispondrá enviar copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación.
3.8 Causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Los numerales 5 de los artículos 183 de la Constitución Política y 296 de la Ley 5ª de 1992 prevén como causal de pérdida de investidura de congresistas el tráfico de influencias debidamente comprobado, también invocada por el solicitante. Esta Corporación ha explicado que esta causal se estructura siempre que se demuestre que (i) la persona haya sido o sea congresista, (ii) invoque esa condición ante el servidor público, (iii) reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones establecidas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones, y (iv) con el propósito de obtener un beneficio de un servidor público en algún asunto que este conozca o haya de conocer.
Ahora bien, en lo tocante a la mencionada causal, el solicitante de la pérdida de investidura en el libelo introductorio se limitó a afirmar:
40. Así mismo, con la “DESIGNACION” que el Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO hiciera a los funcionarios públicos señores HOLLMAN EDISSON MOLANO PAEZ y NELSON EMIRO LINARES ZARATE para “APOYAR” la campaña política de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el congresista falta con la debida Administración Pública y a su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Colombia, trasgrediendo su artículo 183 numeral 4 que señala: “Artículo 183: Los congresistas perderán su investidura:... 4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.”
41. El Senador SEGUNDO SENEN NIÑO AVENDAÑO ha utilizado su cargo e investidura para deliberadamente cambiar las funciones que debía cumplir el servidor público Sr. NELSON EMIRO LINARES ZARATE como lo es “el logro de una eficiente labor legislativa” del congresista (art. 388 Ley 5 de 1992) y en su lugar permitir que éste funcionario ejerza como Presidente del Comité Ejecutivo Distrital de Bogotá del Polo Democrático Alternativo y así velar por los intereses y organización de su partido político, en particular los de la Dra. CLARA LOPEZ OBREGON. Por lo que el congresista falta con la debida Administración Pública y a su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Colombia, trasgrediendo su artículo 183 numeral 4 que señala: “Artículo 183: Los congresistas perderán su investidura:... 4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.”
Tal como el peticionario sustentó la aludida causal, es evidente que carece de los elementos constitutivos de aquella, pues su argumentación fáctica no encuadra en los supuestos de hecho de las normas constitucional y legal que la contienen (numerales 5 de los artículos 183 de la Constitución Política y 296 de la Ley 5ª de 1992), por lo que advierte la Sala que su fundamento concierne a las dos causales anteriormente analizadas y despachadas en forma negativa. Además, verificado el acervo probatorio, esta Corporación tampoco observa de qué manera la conducta del congresista investigado casa con la prevista en las citadas disposiciones. Por lo tanto, esta causal invocada no prospera.
Así las cosas, con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala negará la solicitud de pérdida de investidura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º NIÉGASE la solicitud de pérdida de investidura formulada por el ciudadano Jaime Lara Tamayo contra el senador Segundo Senén Niño Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía 6.756.763, conforme a lo indicado en la parte motiva.
2.º Comuníquese esta providencia al Ministerio del Interior, al Consejo Nacional Electoral y a la mesa directiva del Senado de la República.
3.° Por secretaría general, envíese a la Procuraduría General de la Nación copia de esta providencia para los fines a que haya lugar en materia disciplinaria, conforme a lo dicho en la parte motiva.
4.º Ejecutoriada la presente sentencia, archívese el expediente, previas las constancias y anotaciones que fueren menester.
Notifíquese, publíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sesión de Sala Plena de la fecha.
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
MILTON CHAVES GARCÍA
STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
MARÍA ADRIANA MARÍN
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
CARMELO PERDOMO CUÉTER
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZMARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
ALBERTO YEPES BARREIRO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01062-00(PI)
Actor: JAIME LARA TAMAYO
Demandado: SEGUNDO SENÉN NIÑO AVENDAÑO
A continuación expongo las razones por las cuales aclaré mi voto en el fallo proferido el 24 de marzo pasado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través del cual se denegó la solicitud de pérdida de investidura de la referencia.
En efecto, comparto el sentido del fallo y las principales consideraciones de la sentencia porque el acervo probatorio arrimado al expediente no demostró la conducta objeto de reproche con la certeza que se requiere en este tipo de procesos sancionatorios. Sin embargo, considero que la conclusión plasmada en la página 59 de la sentencia -al final de la valoración probatoria-, lleva a equívocos interpretativos frente a las permisiones o prohibiciones de los congresistas en materia de aportes a campañas u organizaciones políticas, según lo regulado en la Constitución Política y la ley.
En dicho aparte, la sentencia concluye que «[…] al no estar comprobado que el senador […] haya hecho contribución en dinero o en especie a la candidatura de la doctora Clara López Obregón a la alcaldía de Bogotá y al partido Polo Democrático Alternativo, o haya inducido a otros a hacerlo, se despacha la causal materia de estudio de manera negativa. […]».
Una lectura rápida y desprevenida de esta afirmación permitiría concluir contrario sensu que si se hubiera demostrado un aporte económico del congresista a la campaña o al partido político, este incurriría en la causal de pérdida de investidura endilgada. La lectura puede darse, además, porque en párrafos anteriores de la sentencia se citaron varias decisiones judiciales que afirmaban categóricamente que a los congresistas, como a los demás servidores públicos, les está vedado hacer contribuciones o aportes a las campañas.
Pese a lo anterior, ello no es así, porque la prohibición regulada constitucionalmente, con base en la cual se produjeron las decisiones judiciales citadas en el fallo, ya no es absoluta en virtud de la excepción introducida por el artículo 27 ordinal 6.º de la Ley 1475 de 2011, la cual permite a los miembros de corporaciones públicas de elección popular realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan (aunque les continúe prohibido inducir a otros para que lo hagan). Esta permisión legal y sus características fueron analizadas recientemente por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de abril de 2018.
Por tanto, considero que las citas jurisprudenciales realizadas y la frase conclusiva visible en la página 59 de la sentencia debieron acompañarse del contexto en el que fueron proferidas aquellas decisiones judiciales e indicarse que a partir de la reforma legal en comento, los miembros de las corporaciones públicas de elección popular están exceptuados de la prohibición constitucional y por lo tanto no es sancionable que estos hagan contribuciones o aportes a las campañas políticas y a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, en la forma regulada allí.
De esta forma dejo expresas las razones que me llevan a aclarar el voto frente al fallo que profirió la Corporación en este caso.
Cordialmente,
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Magistrado
En la que se explica: «En otras palabras, después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, para tales servidores públicos ha cambiado radicalmente la situación, pues ya no enfrentan la tajante prohibición señalada en la Carta Política anterior. 4. En concordancia con la mayor libertad de acción que se reconoce y para impedir su ejercicio abusivo, se sanciona, ya no la participación del empleado en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña».
«Respecto del documento aducido en el numeral 3, esto es, la «Gaceta del Congreso de la República No. 470 de 2014», al verificar el CD contentivo de esta, se observa que el archivo correspondiente no abre, pero es posible su consulta en la página electrónica www.secretariasenado.gov.co/index.php/gaceta-del-congreso, la cual atañe al acta 1 de la sesión ordinaria del día domingo 20 de julio de 2014 del senado, en la que se hizo presente el demandado, en su condición de miembro de esta corporación pública, sin embargo, el despacho no advierte su utilidad para probar alguno de los hechos narrados en el libelo introductorio, motivo por el cual, en virtud del artículo 168 del Código General del Proceso (CGP), recházase la aludida prueba».
«En lo concerniente a los documentos indicados en los numerales 14 y 25, relativos a las grabaciones magnetofónicas de las reuniones de la unidad de trabajo legislativo (UTL) del accionado de 13 de abril y 12 de noviembre de 2015, niéganse, habida cuenta de que fueron obtenidas de manera indebida, toda vez que no aparece demostrado que estas se hicieron con orden judicial ni con el consentimiento de los asistentes, lo que deviene en inconstitucional, por violar el artículo 29 superior. En este sentido, vale señalar que no se requiere tal orden cuando quien hace la grabación es la víctima, circunstancia que no ocurre en el presente evento».
«[…] al ser este el medio probatorio conducente para corroborar la mencionada situación fáctica. Su citación se surtirá a través del apoderado del acusado».
«Ofíciese, por secretaría general, al secretario general del senado de la República para que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación, envíe copia del acta de posesión del senador Segundo Senén Niño Avendaño, para el período 2014-2018, junto con sus anexos». Quien se excusó, mediante escrito de 28 de agosto de 2017 (f. 573 c. 3), por motivos «[…] estrictamente personales e inaplazables», con el que además aportó memorial tendente a presentar los correspondientes alegatos (ff. 574 a 581 c. 3). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28 de noviembre de 2000. Radicación No. AC-11349. Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de agosto de 2005. Radicación No. 11001-03-15-000-2005-00446-00(PI). Consejero Ponente: Alejandro Ordoñez [sic] Maldonado. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de mayo de 2007. Radicación No. 11001-03-15-000-2006-01268-00(PI). Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-247 de 1995, M. P. José Gregorio Hernández Galindo
«Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley». A la cual no asistió el solicitante, pero los dos primeros testigos corresponden a los deprecados por él en el libelo introductorio. Radicados luego de haberse proferido el auto de 17 de agosto de 2017, por el cual se fijó fecha para celebrar la audiencia pública prevista en el artículo 10 de la Ley 144 de 1994 (f. 485 c. 3).
Como soporte de sus memoriales, aportan unos documentos relacionados con sus demandas contencioso-administrativas (ff. 508 a 544 y 550 a 561 c. 3) y la renuncia de la señora Carmen Rocío Rojas como asistente IV de la UTL del senador demandado desde el 2 de abril de 2015 (ff. 504 a 507 c. 3), así como fotocopia autenticada en notaría de escrito suscrito por ella el 2 de agosto de 2017 dirigido a esta Corporación, en el que expresa que dichos señores «[…] NO tienen conocimiento alguno NI participación alguna en los hechos de ESTORSION [sic] en los que me vi implicada y denunciada por el Senador SEGUNDO SENEN [sic] NIÑO AVENDAÑO ante la Fiscalía General de la Nación y por los cuales tengo retención de mi libertad» (ff. 501 y 549 c. 3). Corte Constitucional, sentencia T-003 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía. «Toda persona tiene derecho a un contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su asentimiento o conformidad, el titular renuncie a su privilegio total o parcialmente. Entendido así el derecho a la intimidad, es claro que este, fuera de garantizar a las personas el derecho de no ser constreñidas a enterarse de lo que no les interesa, así como la garantía de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, impide también que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente, a espaldas de todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se pretende es divulgarlas o convertirlas en pruebas judiciales […] la prueba obtenida con violación del derecho a la intimidad también quebranta el debido proceso, pues, al suponer la utilización de una maquinación moralmente ilícita, constituye clara inobservancia de los principios de la formalidad y legitimidad de la prueba judicial y de la licitud de la prueba y el respeto a la persona humana». Criterio reiterado en fallo T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Derrotero reiterado en auto de esta sala plena de lo contencioso-administrativo de 16 de noviembre de 2016, expediente 110010315000201601503-00, demandado Édgar Alexánder Cipriano Moreno, consejero ponente Ramiro Pazos Guerrero. Demandado: Luis Enrique Salas Moisés, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. En sentencia de 6 de mayo de 1997, exp. Ac-4539, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, la Sala precisó: “Se aprecia sin dificultad alguna, que el sujeto pasivo de la prohibición debe ser aquel que desempeñe funciones públicas, las cuales no puede entrar a ejercer “sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben” (Art. 122 Constitución Política) o lo que es igual sin posesionarse del cargo. Según lo anterior y verificado como está que la posesión del demandado se llevó a cabo el 20 de julio de 1994, se concluye, entonces, que con anterioridad a esta no podía quebrantar la referida norma constitucional sin haber tomado posesión de su curul, pues los hechos que se señalan como constitutivos de infracción de aquella tuvieron ocurrencia, según la demanda, en los meses de marzo a junio de 1994, razón mas que suficiente para concluir que no pudo haberla infringido, si para entonces no obró como funcionario público sino como particular”. En relación con este aspecto, en sentencia de 8 de febrero de 2000, exp. C-8931, C.P. Daniel Manrique Guzmán, se señaló expresamente que la persona en contra de quien se ejerza la inducción puede ser un servidor público o un particular. El texto del artículo 107 de la Constitución, con la reforma que le introdujo el Acto Legislativo 01 de 2003, es el siguiente: “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos”. Ha señalado la Sala que debe tratarse de una conducta activa. Por lo tanto, no queda incurso en la prohibición aquél a quien se le acusa de mera permisividad, condescendencia o de observar una conducta complaciente. Sentencia de abril 19 de 1995, Exp. AC-2444, C.P. Sentencia de 8 de febrero de 2000, exp. AC-8931, Daniel Manrique Guzmán. Sobre los elementos de esta causal pueden verse, entre muchas otras, la sentencia de 5 de junio de 2001, exp. AC-11759, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Al respecto ver la sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 1993 y la sentencia del Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 11 de mayo de 2004. Radicación número: 25000 - 23 - 15 - 000 - 2002 - 2147 - 01(IJ)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección "A". Sentencia de 28 de abril de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-1998-00655-02(6210-03)
«Los testimonios según el conocimiento del testigo pueden ser de oídas o "directo o presencial". El primero de estos, oídas o ex auditu, puede definirse como el relato que [un] tercero hace ante el juez en el proceso con respecto a lo que le escuchó relatar a otra; el declarante como se observa carece de percepción directa sobre el hecho que se le pregunta; narra en sus propios términos el dicho de otra persona o lo que oyó sobre lo que otros dijeron. Al respecto el numeral 3 del artículo 228 del C.P.C enseña:
“...si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído,...el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance”. La valoración del testimonio de oídas dependerá de la imposibilidad de recaudar una prueba original fehaciente sobre el hecho a probar (1) y el juez, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 228 pretranscrito, es quien deberá escudriñar el contenido para apreciar y valorar su alcance de acuerdo con los demás medios probatorios»: Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, expediente 12703, consejera ponente María Elena Giraldo Gómez. Reiterada en fallo de la misma sección (subsección C) de 7 de julio de 2011, expediente 20001-23-31-000-1999-00136-01(21156), consejero ponente Enrique Gil Botero.
«3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance». PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del Profesional. Décima tercera edición. Bogotá, 2002, pp. 311 y 317: «Cuando los testigos son todos de oídas, que afirman haber oído decir, o que les dijeron, sin ningún apoyo en otra prueba, sin nada serio que justifique frente a ellos el relato, no se les puede dar credibilidad». «Si el testigo de oídas afirma que conoce los hechos, por haberle sido narrado por una de las partes que participan en el proceso.
En este caso, y atendidas las circunstancias, sobre todo si aparece corroborado por otras pruebas, y demás si la contraparte no tachó de sospechosos al testigo, el juez puede edificar la sentencia basado en ese testimonio o testimonios».
«Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes». Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 30 de mayo de 2000, consejero ponente: Germán Rodríguez Villamizar, expediente AC-9877, demandado: Octavio Carmona Salazar. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, expediente 11001-03-15-000-2013-00865-00 (PI), demandado: Roy Leonardo Barreras Montealegre. Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sentencia del 3 de septiembre de 1993, rad. AC-742. C.P. Yesid Rojas Serrano. Criterio jurisprudencial reiterado, entre otros, en fallos de 14 de julio de 2015, expediente 11001-03-15-000-2012-01350-00, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; 22 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-02938, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y 28 de marzo de 2017, expediente: 11001-03-15-000-2015-00111-00, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Cita original: Sentencia de 23 de mayo de 2000, Expediente AC-9878, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, demandado Luis Norberto Guerra Vélez, Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes; sentencia de 30 de mayo de 2000, Expediente AC-9877, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, demandado Octavio Carmona Salazar, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes; sentencia de 5 de febrero de 2001, expedientes acumulados AC-10528 y AC-10967, M.P. Germán Ayala Mantilla, demandado Juan Ignacio Castrillón Roldán, Vicepresidente de la Cámara de Representantes. En estas oportunidades se juzgó la conducta de unos Congresistas, quienes en su calidad de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, dispusieron y avalaron una serie de contrataciones, desconociendo lo establecido en las normas presupuestales y los principios de la contratación pública. Cita original: Sentencia de 8 de agosto de 2001, expedientes acumulados AC-10966 y AC-11274, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, demandado Darío Saravia Gómez, Representante a la Cámara. En esta oportunidad, se probó que los dineros públicos pagados a un contratista a título de anticipo fueron destinados al pago de comisiones por la adjudicación del contrato a favor del congresista demandado y, en consecuencia, se declaró la pérdida de investidura. Cita original: Sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC-12546, M.P. Elena Giraldo Gómez, demandado Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, Senador. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 13 de noviembre de 2001, exp. 2001-0101-01 (PI), M.P. Ligia López Díaz. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 110010315000201001357-00 (PI); M.P. Ruth Stella Correa Palacio, actor: Fernando Augusto Ramírez Guerrero, demandado: Luis Enrique Salas Moisés
Cita original: Sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC-12546, M.P. Elena Giraldo Gómez, demandado Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, Senador. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativa, sentencia de 14 de julio de 2015, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2012-01350-00, demandada: Amanda Ricardo de Páez. Demandado: Carlos Enrique Soto Jaramillo, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, consejera ponente Ligia López Díaz, sentencia de trece (13) de noviembre de dos mil uno (2001), expediente 11001-03-15-000-2001-0101-01 (PI), demandado: Franklin Segundo García Rodríguez. Derrotero reiterado en providencias de 4 de septiembre de 2012, expediente 11001-03-15-000-2011-00616-00 (PI), C. P. Mauricio Fajardo Gómez, y 14 de julio de 2015, radicado 11001-03-15-000-2012-01350-00, C. P. Ramiro Pazos Guerrero.
Según lo aseverado por los señores Luis Fernando González Zapata, Raúl Alberto Galvis Pérez y Nelson Emiro Linares Zárate y el oficio suscrito por el mismo señor Hollmann Édisson Molano Páez visible en folios 179 a 181 c. 1. Diccionario de la Real Academia Española, disponible en HYPERLINK "http://www.rae.es" www.rae.es:
«campo
Del lat. campus 'terreno llano', 'campo de batalla'.
[…]
de campo
[…]
3. loc.adj. Dicho de un trabajo o de una investigación: Que se realiza mediantedesplazamiento del investigador al medio donde se encuentra el objeto o seproduce el fenómeno estudiado. 4. loc.adj. Dicho de un investigador: Que lleva a cabo su investigación en el lugardonde se encuentra el objeto o se produce el fenómeno estudiado». De lo que da cuenta el informe presentado por el asistente IV de la UTL del senador demandado, señor Nelson Linares, acerca de que «Del periodo legislativo del 20 de julio del 2015 al 15 de diciembre del 2015, se realizaron actividades (reuniones) con grupos de personas en todas las localidades de la ciudad, excepto la localidad 20, de Sumapaz, donde el Senador, Senén niño por razones de distancia y de tiempo no pudo asistir, en las localidades visitadas, se efectuaron reuniones en casas de familia y algunas en salones de conjuntos residenciales para rendir informe de la labor realizada hasta ese momento, y acercar el papel del Senador en la célula legislativa en la población que había acompañado con su voto la designación como Senador» (sic). Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sentencia de 1° de noviembre de 2016 (expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00, C. P. María Elizabeth García González) y 19 de septiembre de 2017 (expediente 11001-03-15-000-2014-01602-00, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter). Ver ordinal (iii) de la cita de la sentencia del Consejo de Estado proferida en el radicado 11001-03-15-000-2010-01357-00 (PI) que textualmente dice: «[…] lo que se busca con la prohibición es que el funcionario, en este caso el congresista, no sólo no contribuya a la financiación de movimientos, partidos o candidatos, sino […]» página 51-52; así mismo, la cita que se hizo del fallo de 11 de mayo de 2004, expediente 25000-23-15-000-2002-2147-01 (IJ) al subrayar que los miembros de las corporaciones públicas no pueden hacer aportes a campañas políticas en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 constitucional «[…] Ello por cuanto a no dudarlo, el acto de contribución o financiamiento que el artículo 110 Constitucional proscribe, no hace parte de las atribuciones de participar en política (en actividades y controversias) que la Constitución limitadamente reconoce […]», páginas 53-54. Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Recuérdese que el tipo prohibitivo consagra dos descripciones típicas distintas de la conducta a) «hacer contribución alguna» o b) «inducir a otros a que lo hagan». Proferida por el Consejo de Estado entro del proceso radicado 1001-03-13-000-2017-00328-00 (PI) solicitante Hugo Alexander Vásquez Jiménez, congresista investigado Alfredo Ape Cuello Baute.
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